COMUNICADO

• Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo insta al Poder Ejecutivo de Costa Rica a priorizar la protección de las conquistas del Estado Social de Derecho

• Proponen establecer un diálogo entre los tres poderes de la República y la sociedad civil para encontrar soluciones concretar y garantizar el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política.

Las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, así como el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y firmantes, se dirigieron a Casa Presidencial con una profunda preocupación por la creciente destrucción de los fundamentos del Estado Social de Derecho en nuestro país, y por las consecuencias que esto trae en la supervivencia de distintos sectores de la sociedad costarricense.

El compromiso con los principios fundamentales de la Constitución Política de Costa Rica busca el mayor bienestar para todas y todos los ciudadanos, fortaleciendo el sector productivo nacional y promoviendo una equitativa distribución de la riqueza.

Además, el movimiento aboga por garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el reconocimiento de los derechos humanos, como parte esencial para la convivencia democrática y el progreso de la nación.

El incumplimiento de las responsabilidades constitucionales y sociales de este Gobierno se centra en 12 áreas críticas entre las que se destacan:

• Protección de la democracia y las autonomías
• Respeto de los derechos
• Reforzamiento de la educación pública.
• Mejoras en los sistemas de la salud pública y la seguridad
• Soberanía y seguridad
• Creación de empleo y
• Justicia económica y
• Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
• Facilidad de acceso a la
• Reducción de la pobreza y pobreza
• Preservación del medio ambiente y la promoción de energías
• Fortalecimiento de la cultura y el
• Más y mejores oportunidades de

Por todo lo anterior, los sectores que representan este movimiento hacemos un llamado enérgico al Gobierno de la República y a todos los actores políticos para establecer un diálogo social de alto nivel, que involucre a la sociedad civil organizada y a los tres Poderes de la República, con el objetivo de encontrar soluciones concretas a los desafíos que enfrenta el país.

Esto garantizaría el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución Política, que establece el derecho a un ambiente sano y la obligación del Estado de garantizarlo, el cual ha sido desatendido hasta el momento.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo entiende que la solución integral de los problemas del país requiere la participación y el compromiso de todas y todos, incluidos los poderes de la República, sin olvidar que, el artículo 9 de la Constitución Política reconoce que el gobierno también lo ejerce el pueblo.