El SIUNED expone su posición en torno a la redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y la defensa del financiamiento de la educación pública en todos sus niveles.
El sindicato universitario, hace un llamado a la unidad de todas las universidades públicas y sus actores -Rectorías, Consejos Universitarios, movimiento estudiantil y organizaciones sindicales- para ejercer, de manera decidida, la defensa de la educación pública en general y del FEES en específico. Esto frente a las políticas neoliberales que, durante los últimos años, han afectado al sistema educativo costarricense.
Se cree firmemente en que las iniciativas de articulación entre las universidades públicas y otros actores del sistema educativo, como los sindicatos del Magisterio y JUPEMA, son esenciales para exigir el cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB para la educación. La lucha por la educación pública costarricense es unitaria y no puede fragmentarse en la defensa de los intereses de un único sector.
Además, el sindicato está convencido de que la unidad del sector educativo es el camino para alcanzar estos objetivos. No se defiende a la educación pública con fracturas ni ataques entre universidades hermanas, sino con cohesión y lucha compartida, tal y como lo ha señalado la Federación de Estudiantes de la UNA mediante su presidenta, Raquel Loría.
En este marco, el SIUNED respalda la redistribución del FEES. Se considera que esta es una medida necesaria para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas con menores ingresos, su estabilidad institucional, fomentar la permanencia estudiantil y el reconocimiento de mejores condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras.
Los mismos argumentos dados desde la UCR para rechazar los alcances de la redistribución, son los que llevan a el SIUNED a apoyarla, pues en la UNED hay condiciones históricas de desventaja que deben corregirse, tanto en el financiamiento de sus funciones operativas, como en la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras.
La redistribución es, además, la vía para materializar el artículo 40 del Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, que compromete a las universidades públicas a contar con bases salariales, procedimientos de evaluación e incentivos similares en sus regímenes de salarios.
Las desigualdades salariales entre universidades públicas son notorias desde las mismas bases salariales y han afectado especialmente a la UNED, la cual mantiene rezagos históricos en comparación con las demás casas de estudio.
Otras instituciones también tienen graves problemas, por ejemplo, la Universidad Técnica Nacional (UTN), perdió recursos en el segundo acuerdo de redistribución, y donde aún, a sus personas trabajadoras, ni siquiera se les ha reconocido el costo de vida del año 2020, algo que refleja las brechas persistentes entre las universidades. Sí, una universidad pública miembro de CONARE, es la única institución pública donde aún no se ha reconocido el costo de vida 2020, algo que debería preocupar al CONARE en su conjunto, al ser -por decir lo menos- una situación bochornosa.
Asimismo, de parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES), no existe ningún acuerdo ni comunicado firmado en contra de la redistribución del FEES.
Como FESITRAES, las únicas solicitudes presentadas ante el CONARE han sido:
- La inclusión de los sindicatos universitarios en la Comisión de Enlace del FEES, en donde en ningún momento se aludió el asunto de la redistribución. Esto se logró parcialmente, al incorporarse a representantes sindicales en el grupo de apoyo para la negociación del FEES 2026.
- El diseño de una campaña de sensibilización nacional que visibilice los aportes de las universidades públicas al país.
Se les invita a cada sindicato a expresar su postura sobre los temas aquí abordados.
Por otra parte, el SIUNED se lamenta que ante las discrepancias entre las rectorías respecto del asunto de la redistribución se dieran alusiones dirigidas a cuestionar los Fondos del Sistema, acuerdo de antigua data y que ha beneficiado al sistema universitario público en su conjunto.
Se cuestiona que, como parte de la estrategia de comunicación desde la UCR, se hiciera mención al monto absoluto aportado por la UCR durante los últimos 10 años a este fondo, con la finalidad de generar una imagen amplificada de este aporte.
Se aclara acerca de las manifestaciones equivocadas expresadas en el Consejo Universitario de la UCR durante la Sesión ordinaria N.° 6931 de la semana anterior (hora 1, minuto 57), en donde, entre otras críticas a la UNED y su rectoría, se aludió a que en la UNED se han dado problemas porque se han aumentado los salarios, algo que es incorrecto, dado que lo único que se reconoció a partir de este 2025, fue el costo de vida del año 2020, que aún estaba pendiente de pago por la Administración y que se logró tras una intensa lucha de la clase trabajadora.
Es más, por la restricción de recursos con que cuenta la UNED, el pago retroactivo de dicho reconocimiento tuvo que acordarse en tractos: hasta 2028 se terminará de pagar el último retroactivo del costo de vida 2020, mientras, en una parte de las otras universidades, este reconocimiento se hizo desde el mismo 2020.
Se reitera que la defensa del financiamiento de la educación pública exige firmeza y coherencia.
Para garantizar el 8% constitucional, superar las negociaciones anuales del FEES y fortalecer al sistema universitario, es indispensable avanzar en una agenda unitaria de lucha que enfrente con decisión las políticas de recorte, en lo cual las Rectorías y Consejos Universitarios están llamados a mostrar su liderazgo y determinación durante las negociaciones y, en general, en la relación con los actores de los gobiernos de turno.
Como Sindicato, se comprende las dificultades que pueden presentarse en las negociaciones del FEES, pero también se considera que faltó mayor capacidad de articulación durante las negociaciones, así como la convocatoria a la discusión y movilización de las comunidades universitarias por parte de las Rectorías y el CONARE.
Por esto mismo, en diferentes espacios, se ha manifestado que no había nada que celebrar cuando se llegó al acuerdo del FEES para el 2026, un acuerdo que podría valorarse como ruinoso para las universidades públicas, porque ni siquiera reconoce la banda baja de la meta inflacionaria señalada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el próximo año y, donde, en alguna medida, se cedió a condicionamientos impuestos por el gobierno.
También, y habida cuenta de los resultados de las negociaciones del FEES en los últimos años, es claro el balance negativo para las universidades. Asimismo, que se ha impuesto la voluntad de un gobierno recortista, que prefiere garantizar el pago de la deuda con los organismos financieros internacionales, antes de financiar adecuadamente la educación pública, la salud y la inversión social. Un gobierno que se ha configurado en el verdadero enemigo de las universidades públicas, las comunidades estudiantiles y de la clase trabajadora.
Aun así, CONARE sigue confiando en las estrategias legales para hacer frente a las acciones del gobierno, por ejemplo, en cuanto al depósito a las universidades de los montos del FEES para este 2025, sin ningún llamado a la discusión y movilización de las comunidades universitarias.
Junto con la defensa del FEES, las universidades deberían colocar en la agenda pública la problemática de la evasión y la elusión fiscal, pues estas constituyen las principales causas de la falta de recursos en el presupuesto nacional. Mientras no se atienda con seriedad este flagelo, se seguirán trasladando, injustamente, sus consecuencias negativas a la inversión social, a la inversión en educación, a la inversión en salud y a las personas trabajadoras, todo lo cual debilita a las universidades públicas.
Por último, como sindicato de clase, y de conformidad con sus principios, se manifiesta que defienden la libertad sindical y denunciarán por los medios que sean necesarios, cualquier acción de las patronales contra las organizaciones sindicales y sus personas afiliadas.
