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Etiqueta: Estado Social de Derecho

BUSSCO fortalece la unidad y plantea qué modelo de país queremos

Comunicado

Este martes 8 de septiembre, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) realizó una Sesión de trabajo de sus organizaciones integrantes para analizar la coyuntura nacional e internacional, fortalecer la organización y avanzar en la definición de posiciones y acciones conjuntas.

La Sesión de BUSSCO contó con la participación de Jorge Coronado, quien expuso sobre la situación política internacional y las acciones imperialistas de Estados Unidos en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Analizó el respaldo de EEUU a fuerzas y gobiernos de ultraderecha con posiciones antidemocráticas y las presiones y bloqueos ilegales contra gobiernos que mantienen posiciones soberanas.

Coronado también analizó la situación fiscal y económica de Costa Rica, la desaceleración económica y la falta de una política estatal decidida para impulsar la producción nacional, generar empleo y fortalecer el mercado interno.

La evasión fiscal ocupó un lugar central en el análisis, por su impacto sobre las finanzas públicas y la capacidad del Estado para atender las necesidades del país. También se abordaron las propuestas gubernamentales en materia tributaria y de deuda, así como las implicaciones del Presupuesto Nacional 2027.

Para BUSSCO, la respuesta a los problemas fiscales no puede consistir en trasladar nuevos sacrificios a las personas trabajadoras y los sectores populares. El país debe enfrentar seriamente la evasión y la elusión fiscal y avanzar hacia una política tributaria justa y progresiva.

Pero la discusión va mucho más allá del presupuesto, el déficit o la deuda. BUSSCO considera necesario plantear una pregunta fundamental: ¿Qué modelo de país queremos?, ¿Qué Costa Rica y para quiénes?

Costa Rica debe decidir entre un modelo neoliberal que concentra la riqueza, debilita la institucionalidad pública y beneficia a unos cuantos, o un proyecto nacional orientado al bienestar de las grandes mayorías, la justicia social, la producción nacional, el empleo digno y una distribución más equitativa de la riqueza.

Por ello, no basta con responder aisladamente ante cada recorte o política regresiva. Es necesario construir una propuesta de país y fortalecer la unidad, organización y movilización del movimiento sindical y social.

La defensa de la CCSS, la educación y los servicios públicos, los salarios, las pensiones, el empleo digno, los derechos laborales y sindicales, la producción nacional, las libertades democráticas y el Estado Social de Derecho forma parte de esta agenda.

BUSSCO continuará impulsando la articulación con otros sectores sociales y populares y preparando acciones de información, denuncia, organización, presión política y movilización.

La pregunta está planteada: ¿Una Costa Rica para unos cuantos o una Costa Rica para todas y todos?

BUSSCO apuesta por una Costa Rica para todas y todos, construida desde la unidad, el diálogo, la organización, la propuesta de una Agenda Nacional y la movilización social.

Encendemos nuestros faroles: la democracia no es un regalo, es una construcción colectiva

Colectiva Autónoma por la Resistencia Social

La Colectiva Autónoma por la Resistencia Social (CARS) surgió a partir de la organización de diversas personas de la sociedad civil que sintieron la urgente necesidad de alzar la voz en defensa de las injusticias sociales, recortes presupuestarios, ataques a la institucionalidad y amenazas a nuestra democracia que atravesamos a nivel país. Su primera aparición fue en el Plantón por la Defensa del ICE, en donde a través de la unión de muchísimos sectores sociales, universidades, sindicatos e instituciones logramos desconvocar la votación del proyecto de ley de armonización, iniciativa que hubiera afectado la calidad de vida de miles de costarricenses.

Esta organización no surge como un hecho aislado, sino que nace como una respuesta ciudadana en defensa de los principios democráticos que han caracterizado a la idiosincrasia costarricense por muchos años. Es así como a través de la articulación y unión de esfuerzos comienza a tomar forma una movilización que el día de hoy conocemos como el Plantón por la Justicia Democrática. Iniciativa que marcó un precedente histórico para las movilizaciones sociales de los últimos años, convocando miles de personas en todas las regiones del país, que tomaron la bandera de la patria y de la democracia para salir a defender la división de poderes y el Estado Social de Derecho.

El Plantón se concibe como una respuesta ciudadana y un punto de partida para esta Colectiva y para los movimientos sociales del país, en donde se dio un espacio democrático, transparente y apartidario en el cual las personas pudieran manifestar sus inconformidades y transmitir sus demandas a los diversos poderes del Estado. En una coyuntura en la cual la administración Chaves-Robles y posteriormente la administración Fernández-Delgado se han dedicado a debilitar nuestro tejido social, desfinanciar y debilitar nuestras instituciones, hacer recortes sistemáticos a áreas fundamentales como educación, cultura y salud, a atacar y perseguir a activistas y creadores de contenido e irrespetar los principios constitucionales y de derechos humanos del marco jurídico nacional e internacional. Bajo este panorama, la CARS surge como una alternativa para reactivar y articular el tejido social y fungir como un puente entre la sociedad y actores sociales como sindicatos, organizaciones, instituciones públicas y demás actores en defensa de los principios democráticos y la soberanía ciudadana.

A partir de este recorrido, del éxito masivo del Plantón, de su impacto a nivel nacional e internacional, la CARS se establece como un referente de los movimientos sociales en el país, a ser la portavoz de todas esas voces y demandas que en los últimos años han sido silenciadas.

La afirmación anterior nos llevó a darnos cuenta que no podemos quedarnos con acciones aisladas, el Plantón fue el punto de partida para una serie de movilizaciones a nivel país, quedó demostrado con la marcha en defensa del FEES y el plantón por la defensa de la CCSS. Y nuevamente le demostraremos al Ejecutivo que los costarricenses demandamos una Costa Rica justa, democrática, libre de persecución y libre de corrupción en la Faroleada por la Democracia. Este próximo 14 de septiembre nos volveremos a unir de forma pacífica en diversos puntos del país como San José, Cartago, Limón, Puntarenas, Heredia, Alajuela, Liberia, Nicoya, Pérez Zeledón y muchísimos otras comunidades, esta vez en defensa de la democracia, de la independencia de Costa Rica, de nuestras instituciones públicas y de la libertad.

Esta actividad no pretende competir o desconvocar las actividades tradicionales de nuestras fiestas patrias; reconocemos el valor cultural y político que tiene el famoso desfile de faroles en nuestro país, especialmente para las infancias. Sin embargo, creemos que es fundamental que como costarricenses nos apropiemos de nuestras fechas históricas, acontecimientos que llevaron a constituir la democracia que hoy defendemos y cuidamos. El 14 de septiembre no es una fecha que le pertenece al gobierno; le pertenece a las personas costarricenses, a las personas trabajadoras, agricultoras, ganaderas, jefas de hogar, madres, padres, niños y niñas, mujeres, pescadoras y a toda la ciudadanía en general.

El trasfondo político de los faroles en Costa Rica va mucho más allá de una actividad escolar o una tradición infantil. Su origen está ligado a la lucha por la independencia de Centroamérica y al papel que jugó el pueblo en ese proceso.

El 14 de septiembre de 1821, en la ciudad de Guatemala, mientras las autoridades debatían si declarar o no la independencia de España, una mujer llamada Dolores Bedoya salió a las calles con antorchas y faroles para reunir a la población y presionar a los dirigentes para que tomaran la decisión independentista. Los ciudadanos se congregaron frente al Palacio Nacional gritando consignas como “¡Viva la Patria!” y “¡Viva la Libertad!”. Ese movimiento popular ayudó a crear el ambiente político que culminó con la firma del Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821.

En Costa Rica, los faroles simbolizan precisamente esa luz de libertad que acompañó al pueblo centroamericano en su camino hacia la independencia. Sin embargo, la tradición del desfile de faroles no nació en 1821, sino en 1953, después de la Guerra Civil de 1948, cuando el Estado costarricense impulsó el fortalecimiento de los valores cívicos y la identidad nacional. El educador Víctor Manuel Ureña Arguedas organizó oficialmente los primeros desfiles para inculcar patriotismo y conciencia histórica en la niñez.

Es por esto por lo que cuando los costarricenses encienden un farol el 14 de septiembre, no sólo recuerdan la independencia; también evocan el derecho de los ciudadanos a hacerse escuchar y a participar activamente en el destino de su nación. Esa es la razón histórica y política que da sentido a una de las tradiciones patrias más queridas de Costa Rica.

La Faroleada por la Democracia nace como continuidad del trabajo que hemos venido desarrollando desde la Colectiva. El pasado 6 de agosto organizamos el Plantón por la Justicia Democrática, como un espacio de participación ciudadana y expresión pública en defensa de los principios democráticos. A través de la Faroleada buscamos dar continuidad a ese proceso desde nuestras comunidades, reivindicando la importancia de la democracia, las instituciones públicas, la división de poderes, el Estado Social de Derecho, la educación pública y las distintas luchas sociales que forman parte de las preocupaciones de nuestras comunidades.

Los faroles tienen además un profundo significado histórico: representan la participación popular, expresiones artísticas y políticas y la libertad y la capacidad de la ciudadanía de organizarse y hacerse escuchar. Nuestra propuesta retoma precisamente ese simbolismo para plantear una actividad pacífica, cívica y patriótica. Queremos que esta jornada no sea únicamente una actividad central, sino también una oportunidad para que cada comunidad pueda organizarse, encontrarse y articular sus propias demandas, preocupaciones y propuestas.

Inspirados en ese legado histórico, convocamos a la ciudadanía a una Faroleada por la Democracia, una actividad pacífica, cívica y patriótica para recordar que la democracia se fortalece cuando las personas participan, se expresan y defienden las instituciones que garantizan nuestras libertades. No se trata únicamente de celebrar la independencia alcanzada hace más de dos siglos; se trata también de reafirmar nuestro compromiso con los valores democráticos que han distinguido a Costa Rica: el respeto al Estado de Derecho, la separación de poderes, la libertad de expresión, las elecciones libres y la convivencia pacífica.

Hoy más que nunca debemos unirnos, defender la patria, el Estado Social de Derecho y nuestra libertad. En un contexto hostil en el cual incluso se promueven discursos de odio, ataques, persecución política, granjas de troles, contratación de autobuses y compra de arroz con pollo y arroz cantonés para que seguidores del chavismo se presenten a atacar las actividades y movilizaciones en defensa de la democracia, debemos demostrar que somos más fuertes, que estamos más unidos y que la defensa de la democracia no se vende o se compra con favores o dinero malversado.

Así como Dolores Bedoya encendió una luz para convocar al pueblo a defender su futuro, hoy encendemos nuestros faroles para recordar que la democracia no es un regalo permanente, sino una construcción colectiva que requiere vigilancia, participación y compromiso ciudadano.

Este 14 de septiembre, cada farol será un símbolo de esperanza, libertad y responsabilidad cívica. Una luz encendida por Costa Rica, por la democracia y por las futuras generaciones.

Porque la libertad se celebra, pero la democracia también se defiende.

Haga clic en este enlace para ver la galería de imágenes del Plantón por la Justicia Democrática que subió Isaac Zamora.

Las siguientes son las convocatorias comunicadas hasta el miércoles 9 de setiembre al mediodía:

De la protesta del Plantón a la del Farolazo el 14 de setiembre

Vladimir de la Cruz

En Costa Rica conocemos históricamente muchas formas de luchas sociales y protestas ciudadanas. Resistencias y rebeliones indígenas, cuando las hubo en la colonia, las protestas anticoloniales, que contribuyeron al proceso de la Independencia, las luchas de los pequeños propietarios campesinos en Guanacaste, en los primeros años de la vida independiente, cuando se empezaron a privatizar las tierras de pastoreo y se cercaron los accesos a los ríos y pozos de agua, que habían tenido un carácter comunal abierto en la colonia…

En la vida independiente, durante el desarrollo y surgimiento del Estado las diversas modalidades de luchas políticas y electorales que fueron surgiendo durante el siglo XIX, hasta que empezó a manifestarse el capitalismo agrario en el último tercio del siglo XIX y la modernización que empezó a tener el país con la construcción del ferrocarril al Atlántico, como se decía, con la traída de mano de obra extranjera afrodescendiente de Panamá y luego de Jamaica, para esos duros trabajos industriales que exigía el ferrocarril, el muelle y la ciudad de Limón, especialmente, junto a los chinos y los italianos, grupos sociales que en sus trabajos impulsaron y desarrollaron luchas más típicamente capitalistas, en defensa de sus salarios, de defensa de sus contratos de trabajo, que desarrollaron huelgas, paros y otras formas de protesta, más de carácter sindical, cuando los sindicatos estaban en gérmenes iniciándose con sus organizaciones antecesoras, las sociedades mutualistas, de mutuo auxilio y de socorros mutuos, junto con las sociedades de trabajadores, de artesanos y de obreros, hasta que con las transformaciones capitalistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX surgieron las Ligas de Obreros y los Sindicatos tal y como ahora los conocemos.

Con el ferrocarril luego se impulsó la producción bananera que prácticamente desde su origen tuvo en sus trabajos protestas laborales y huelgas, casi una docena de huelgas desde 1890 hasta 1934, siendo la más importante y bulliciosa la de 1934, dirigida por el Partido Comunista que se acababa de fundar en 1931.

En aquellos años, desde principios de siglo XX, las huelgas y las huelgas de, o en solidaridad, con otros huelguistas, habían aparecido, así como ciertas políticas sociales relacionadas con pensiones, y otras regulaciones en materia laboral para trabajadores organizados, como fueron entre ellos los maestros y educadores, y los trabajadores del campo que luchaban por la ley de accidentes de trabajo, que se logró en 1925. La jornada de trabajo de 8 horas ya se había logrado en diciembre de 1920, la que se llevó al Código de Trabajo de 1943 y a la Constitución Política de 1943 y luego a la vigente de 1949.

La prensa diaria y la prensa social, surgida en la última década del siglo XIX, que atendía la situación de los trabajadores, de los chaquetas, descamisados y descalzos, de los grupos urbanos marginados, recibiendo información de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas en Europa, y los Estados Unidos, que culminaron con las triunfantes huelgas de Chicago de 1886, 1890 y las siguientes para imponer a partir de este año esa lucha a escala internacional, fueron también, desde aquellos años, hasta la segunda década del siglo XX, que se acompañaron con otros procesos huelguísticos en el país de trabajadores migrantes, españoles especialmente, y con una migración europea intelectual de gran valía en el campo educativo, de las ciencias, las artes y la cultura en general, hicieron surgir también una conciencia política anti oligárquica, de carácter popular.

En el campo político con el surgimiento de los partidos políticos a partir de 1890 surgieron también las organizaciones políticas de los trabajadores, que incluso en la última década del siglo XIX pudieron nombrar o elegir sus propios diputados, como lo fue el Partido Independiente Demócrata, que forzó para que los partidos oligárquico liberales crearan a su amparo los clubes respectivos de trabajadores, artesanos y obreros, eligiendo ellos también un diputado representante de estos trabajadores, en esos años.

Ese final de siglo XIX se fortaleció en el campo de las ideas políticas, además del liberalismo, cuando por la prensa, especialmente, empezó a llegar la información de las ideas y de los movimientos anarquistas, socialistas, socialdemócratas y socialcristianas de Europa. Estas últimas con el impacto que tuvo la Encíclica Rerum Novarum, que con el Obispo Bernardo Augusto Thiel, impulsó su Carta Pastoral No. 30 reproduciendo prácticamente su contenido, a los “desposeídos de bienes de fortuna”, donde defendió el derecho de organización sindical, el derecho a la huelga y el derecho a un justo salario, creando las condiciones para que la Iglesia impulsara y apoyara el Partido Unión Católica, e hiciera surgir a un grupo de cristianos muy importante socialmente que también se organizaron alrededor del periódico La Justicia social.

En otro ámbito del debate político la Iglesia desde sus publicaciones religiosas atacaba violentamente a los masones y la influencia que tenían en el desarrollo institucional y político del Estado y de la sociedad costarricense.

Las elecciones de 1910 tuvieron la organización de partidos regionales obreros en Limón, Grecia y San José, por las concentraciones de trabajadores agrícolas y urbanos, que surgían y se impulsaban con los cultivos de café y sus Beneficios, y con la caña de azúcar y sus Ingenios.

Desde 1900-1902 con el surgimiento de los sindicatos se pasó en 1905 a la constitución de la primera Federación de Trabajadores de San José, fortaleciendo más la organización y las luchas de los trabajadores. En 1909, con el surgimiento del Centro de Estudios Sociales Germinal, estas organizaciones y luchas se consolidaron. Hicieron surgir en 1913 la primera Confederación General de Trabajadores que dio origen, desde entonces, a la celebración del Primero de mayo en Costa Rica, como día internacional del Trabajador, y a poner en alto la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas, la que se logró establecer en el país den 1920.

Entre 1909 y 1913, entre 1917 y 1921 y luego, entre 1927 y 1934 se produjeron grandes movimientos y “oleadas” huelguísticas en el país, que se acompañaron, en esos mismos años, con el surgimiento de esos grupos políticos de trabajadores, en el Centro Socialista de Costa Rica del Dr. Aniceto Montero, que fue el primer intento importante de desarrollar y organizar un Partido Comunista en el país, que organizó desfiles de duelo de trabajadores, por la muerte de Lenin, del partido Reformista, impulsado por el sacerdote Jorge Volio Jiménez, y luego por el surgimiento, en 1931 del Partido Comunista de Costa Rica.

Esos años, desde principios del siglo XX hasta mediados de la década de 1930-1940, se dieron una diversidad importante de movimientos y de luchas nacionalistas, antiimperialistas y patrióticas, con participación importante de sectores de la oligarquía nacional y de ricos empresarios que salían afectados con los contratos que se celebraban con empresas extranjeras y con el Tratado de Comercio con Estados Unidos que se celebró en esos años.

En la lucha contra la dictadura de los Tinoco, 1917-1919, papel importante jugaron los maestros y los estudiantes de los colegios de la capital.

El antiimperialismo, y en las décadas de 1930 y 1940 el antifascismo y el antinazismo también fueron movimientos políticos importantes que se manifestaron en Costa Rica.

La década de 1940 surgieron los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, como una nueva fuerza social organizada. En este mismo tiempo los maestros y educadores también fortalecieron sus niveles organizativos y de luchas.

El marco de la II Guerra Mundial y la derrota del nazi fascismo provocó una nueva situación política nacional muy particular, que dio por resultado la alianza del Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y la Iglesia Católica costarricense, liderada por su arzobispo Dr. Víctor Manuel Sanabria Martínez, a cuyo amparo se aprobaron las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, situación que condujo, por los problemas político electorales de esos años, a la guerra civil de marzo y abril de 1948, que impuso en el gobierno, durante los años 1948-1949, al grupo armado victorioso de la guerra civil que gobernó con el nombre de Segunda República de Costa Rica.

Durante el período de la Segunda República, desde el gobierno de Otilio Ulate Blanco, 1949-1953, se dieron luchas políticas intensas por recobrar la legalidad e institucionalidad política democrática, que se afectó hasta 1975, por los efectos de la guerra civil.

La democracia costarricense, así se fortaleció de nuevo en su derechos y libertades ciudadanas. El valor democrático de su institucionalidad igualmente se fortaleció.

El Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho se consolidaron más. Se amplió la sociedad democrática a los jóvenes con el sufragio a los 18 años, el de las mujeres desde 1949, y la igualdad de género se ha fortalecido ampliamente.

Los Derechos Humanos de han fortalecido en la institucionalidad nacional, convirtiéndose en el gran paraguas de la vida social y política nacional.

Durante la Segunda República a su vez se crearon una serie de instituciones dentro de una perspectiva de un Estado más proteccionista de los sectores populares y sociales más débiles, y de una clase media vigorosa que se creó en estos años, hoy muy amenazada en el conjunto de sus condiciones vitales.

Las políticas económicas y públicas que se han desarrollado desde 1980 del mismo modo han contribuido a debilitar este Estado Social de Derecho, al tiempo que se fortaleció el Estado de Derecho con el establecimiento de la Sala Constitucional de la República, o Sala IV como popularmente se le conoce.

El período político más reciente ha contribuido a desarrollar nuevos grupos económico financieros, con poca expresión política, pero con éxito electoral para haber alcanzado el Gobierno de la República en el período 2022-2026 y 2026-2030, con el propósito claramente definido de acabar con el Estado de Derecho, de su institucionalidad democrática, de los controles institucionales existentes de la Administración Pública, y acabar también con el Estado Social de Derecho para lo cual han venido, en estos dos gobiernos, impulsando medidas con acabar con todas las instituciones sociales existentes, con derechos fundamentales de los ciudadanos y de los trabajadores, con políticas de estado que claramente conducen a un mayor empobrecimiento de toda la población, especialmente de los grupos sociales marginales, excluidos, agrupados en la extrema pobreza, en la pobreza, que se hacen más pobres, y en sectores medios que son empujados hacia la pobreza. El congelamiento de salarios y pensiones por los últimos cinco años y proyectados de igual manera para los siguientes cinco años, el debilitamiento económico de las universidades públicas, el desfinanciamiento de las instituciones sociales, pilares de estos grupos sociales, son parte de este proceso, que se impulsan bajo los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, gobiernos que no ocultan sus intenciones autoritarias, dictatoriales, tiránicas y militaristas.

El enfrentamiento que han hecho contra los poderes públicos que no controlan son parte de este proceso, de estas políticas y de este propósito que impulsan.

Dichosamente el pasado 6 de agosto se produjo el llamado Plantón por la Democracia, que se constituyó en un gran movimiento popular, expresado en distintas partes y pueblos del país, con gran éxito, como un gran movimiento popular que se logró articular en defensa de la institucionalidad democrática, en defensa de la independencia de los Poderes Públicos, de las Libertades y Derechos Ciudadanos, en defensa de las instituciones controladoras de la corrupción y de las finanzas en la Administración Pública.

El Plantón como manifestación de protesta, de esa forma, no se había realizado antes en el país. Como concentración pacífica, popular, prolongada como ll fue para exigir respeto por el Estado de Derecho y el cese de la agresión a la Independencia de los poderes públicos, resultó un gran éxito.

Se convocó a la Plaza de la Democracia en San José y ante los principales edificios públicos y de gobierno, como en las calles públicas en los pueblos donde se realizó ese Plantón.

Fue una gran muestra de apoyo de la población, de reconocerse en esa lucha distintos sectores y ciudadanos identificados totalmente con la Democracia como sistema político y de vida nacional.

El plantón del 6 de agosto fue igualmente una manifestación de fuerza popular y un claro mensaje a las autoridades del Poder Ejecutivo para que paralicen sus discursos ofensivos, irrespetuosos contra ciudadanos y podres públicos, y cesen sus amenazas y acciones contra la libertades públicas, entre ellas las de prensa y expresión ciudadanas.

Para el próximo 14 de setiembre, en paralelo con el tradicional desfile que se organiza simbólicamente que trae, desde Guatemala hasta Cartago, la Antorcha de la noticia de la Independencia, que había dispuesto Guatemala y comunicaba al resto de las Provincias, para que cada una decidiera lo correspondiente respecto a España, se está llamando a otro Plantón Popular.

Se le llama el Farolazo, para que de igual manera en todo el país, con faroles, como los escolares y colegiales, la gente se manifieste por la Independencia Nacional, por la Independencia de los Poderes Públicos amenazados por Rodrigo Chaves y su gobierno mancomunado con Laura Fernández, para evitar el establecimiento de un gobierno autoritario y despótico.

En mi opinión es que pasado el Plantón del Farolazo hay que convocar para el Primero de Diciembre, día en que se celebra la abolición del ejército en Costa Rica, otro Plantón popular festejando y apoyando la abolición del Ejército, y exigiendo que no se introduzcan los grados militares en el ordenamiento y organización policial del país. Ese es el camino disfrazado con el que el concubinato político de Rodrigo Chaves y Laura Fernández quieren avanzar hacia el restablecimiento del ejército para tener un brazo armado en capacidad de sostener una gobierno absolutista, dictatorial, tiránico, autoritario, antidemocrático, antinacional costarricense.

En la encrucijada de la historia

Por Arnoldo Mora

Los caminos de la historia han llevado a nuestra Costa Rica a enfrentar una encrucijada, la primera de este siglo, como solamente las ha debido asumir dos veces en cada uno de los dos siglos de nuestra vida republicana, a saber, con nuestros próceres Braulio Carrillo y Juanito Mora en la construcción del Estado Nación en el siglo XIX y luego, en el siglo pasado, al verse obligada a enfrentar a la dictadura de los hermanos Tinoco y posteriormente la Guerra Civil de 1948. Todas estas encrucijadas quedaron registradas en los archivos de nuestra historia con letras de sangre, debido a los enfrentamientos militares que desgarraron a la familia costarricense.

La presente encrucijada que la historia nos ha deparado, tiene sus orígenes fuera de nuestras fronteras, en razón de la situación que atraviesa la humanidad con la decadencia y agonía de la hegemonía de Occidente en el mundo entero; vacío que está siendo llenado por China como emergente potencia mundial. Todo lo cual hace que la potencia que ha asumido el hegemón de Occidente, nuestros vecinos de América del Norte, vea reducido su poderío a Nuestra América, dado que el mundo se encamina hacia hegemonías regionales. Los grandes desafíos que enfrenta y ponen en riesgo su sobrevivencia, hacen que la humanidad tome conciencia de que sólo tiene un destino; pero paradójicamente, lejos de unirse, se fragmenta en regiones que se enfrentan, no sólo por motivos ideológicos sino por múltiples causas de índole cultural y lingüístico, religioso o simplemente geográfico. Este fenómeno explica lo que se da en las fronteras de las regiones geopolíticas, donde emergen nuevos polos hegemónicos al interior mismo de Occidente. Tal es el caso de la guerra en una región que nunca ha estado en paz, como es el Mediterráneo, en especial, el Mediterráneo Oriental. Otro tanto sucede en Nuestra América con el Mar Caribe, porque el que es dueño del Mar Caribe es dueño de todo el Continente, sobre todo, a partir de inicios del siglo pasado, con la construcción del Canal de Panamá, la vía interoceánica más importante del mundo.

Para enfrentar esta situación mundial, el gobierno de Trump ha recurrido de manera explícita y brutal, a la vieja Doctrina Monroe, que siempre ha sido la inspiración y guía de toda la política norteamericana hacia sus vecinos del Continente. Los Estados Unidos siempre han creído ser los sucesores de las potencias colonialistas que se repartieron Nuestra América: Inglaterra, España y Portugal. Es por eso que mantiene 78 bases militares en la región siendo así que no hay enemigos militares que puedan temer. En concreto, para Trump nuestras naciones no tienen derecho a la soberanía, somos tan sólo protectorados de su decadente imperio hoy reducido a una hegemonía regional. Para ello debe enfrentar una creciente oposición de nuestros pueblos.

Esto repercute en forma decisiva en la política doméstica de la pequeña Costa Rica, situada en una zona geopolíticamente de la mayor importancia en la política internacional. Todo lo cual nos permite comprender el porqué de la política que el gobierno actual pretende implementar de entero sometimiento a la hegemonía imperial yanqui. El todo poderoso expresidente y actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, antiguo empleado del Banco Mundial, siguiendo instrucciones del Norte, ve al Estado Nación forjado en el siglo XIX, como su mayor enemigo. Su política consiste en destruir, no sólo el concepto de democracia forjado en el siglo XX como Estado Social de Derecho, sino el menor indicio de soberanía nacional. Eso explica el enfrentamiento con las dos familias más poderosas de la oligarquía nacional, como son la familia Arias Sánchez, a cuyo máximo representante, el expresidente y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, se le negó la visa de entrada a los Estados Unidos, lo mismo que a su hermano, Rodrigo, presidente entonces de la Asamblea Legislativa y la familia Jiménez Borbón, dueños de la empresa de comunicación tradicionalmente más influyente en la política nacional por ser el vocero de la oligarquía criolla. Ambas están en la actualidad enfrentadas con el régimen chavista, hegemónico en Zapote y Cuesta de Moras y que cuenta, hasta ahora, con una nada desdeñable base social de apoyo, sobre todo en zonas periféricas a la GAM.

Para enfrentar a la grave crisis que atraviesa el mundo actualmente y cuya repercusión vivimos dramáticamente en nuestro país, sólo cabe una solución y así poder salir airosos de esta encrucijada que nos ha deparado la historia. Esta solución consiste en forjar un frente político en el que se unan todos aquellos que se oponen a que nuestra patria se convierta en un protectorado del Tío Sam y que, por el contrario, sea la heredera de quienes murieron en la Guerra Patria de 1856 para darnos una patria soberana. Para ello se requiere que este frente patriótico se inspire en un programa de gobierno que profundice las conquistas que nos han permitido disfrutar de un régimen democrático definido como Estado Social de Derecho, actualmente tan deteriorado debido a las políticas neoliberales que han implementado los gobiernos en lo que llevamos de este siglo. La época de las divisiones inspiradas en criterios meramente ideológicos ha terminado. Los partidos políticos deben dejar de ser simples empresas que se dedican a hacer “marketing” electoral; pero que sólo existen ante el pueblo durante los meses previos a las elecciones y que durante el resto del tiempo sólo se expresan a través de sus bancadas parlamentarias. La muestra más fehaciente de la voluntad popular se hizo patente en las multitudinarias manifestaciones del jueves 6 de agosto – fecha que pasará a la historia – que se escenificaron en todos los rincones de la geografía nacional. Estas multitudes, cobijadas por la bandera tricolor, entonaron el Himno Nacional y la Patriótica Costarricense.

El protagonismo de ese movimiento patriótico nacional, debe trascender el quehacer de los partidos políticos tradicionales y ser liderado por los movimientos sociales, surgidos en la sociedad civil al calor de las luchas populares. Esto no quiere decir que los partidos políticos deban desaparecer. Al contrario, los partidos políticos deben ser activos todo el tiempo, pues no sólo se trata de enfrentar a la política apátrida del régimen imperante, sino, ante todo, de contribuir a elevar la conciencia cívica del pueblo, a fin de que no se deje seducir por los cantos de sirena de una poderosa maquinaria politiquera que, con los recursos del erario público, pretende seducirlos con espejismos que sólo llevan al abismo y al fin de nuestras libertades democráticas, invaluable patrimonio heredado de nuestros próceres. La nueva y auténtica democracia, más que una “tercera república”, sólo será posible si se nutre de los valores cívicos. Para lograr lo cual los medios de comunicación, tanto de alcance nacional como regional, juegan un papel imprescindible. El diálogo permanente entre la dirigencia y los diputados con todos los ciudadanos y no sólo con quienes los eligieron, es igualmente imprescindible. Hemos vuelto a 1856. La unidad de todos los patriotas formando un frente común, constituye la única vía para hacer realidad aquí y ahora la Patria por la que vivió y murió Juanito Mora.

FESITRAES se solidariza con UDECO ante la persecución sindical en la cooperativa Dos Pinos

Comunicado

Desde las organizaciones sindicales de las universidades públicas costarricenses, articuladas en la Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES), manifestamos nuestra más enérgica condena ante los actos de persecución sindical ejecutados por la administración de la Cooperativa Dos Pinos contra el Sindicato UDECO y el compañero Ricardo Fallas.

Denunciamos:

  1. El despido arbitrario y político del compañero Ricardo Fallas, delegado sindical de la planta de concentrados, destacada figura en la organización de la personas trabajadoras en la cooperativa. Este ataque directo se disfrazó bajo la figura del artículo 85 inciso d) del Código de Trabajo, sin mediar explicación ni debido proceso, con la única intención de castigar la labor de representación sindical.

  2. La estrategia de hostigamiento sistemático de la gerencia de Dos Pinos, que utiliza el miedo y la presión para intentar desarticular el derecho legítimo de los trabajadores a defender sus intereses colectivos y la organización sindical.

Exigimos el cumplimiento irrestricto de la normativa:

  • La libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación como derechos innegociables y principios básicos dentro de las relaciones laborales y la organización sindical (Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación). No existe democracia laboral en un clima de amenazas y temor.

  • Protección contra la discriminación antisindical: los actos que condicionan el derecho al trabajo de las personas afiliadas o que buscan castigar la labor sindical, son a todas luces violatorias de la libertad sindical y ponen en riesgo la existencia misma de las organizaciones de la clase trabajadora. Estas situaciones son inadmisibles (Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva).

  • Fuero sindical y garantías para delegados: La protección es indispensable para los delegados sindicales, quienes deben ejercer su mandato con total independencia y sin represalias patronales (Convenio 135 de la OIT sobre los representantes de los trabajadores). El despido de dirigentes sindicales busca amedrentar a toda la base trabajadora, lo que resulta inaceptable.

Por tanto, solicitamos:

  1. Reinstalación inmediata del compañero Ricardo Fallas en su puesto, con el pago de salarios caídos y el respeto pleno a su investidura sindical.

  2. Cese de ataques contra UDECO: Exigimos el fin de toda forma de acoso e intimidación contra los afiliados y dirigentes sindicales de UDECO por parte de la patronal de la Cooperativa Dos Pinos.

  3. Respeto a la autonomía sindical: Exigimos que la empresa debe abstenerse de cualquier injerencia en la administración y actividades del sindicato (Convenio 98 de la OIT).

FESITRAES brinda su respaldo al Sindicato UDECO y al trabajador despedido. La ley no puede ser usada como mazo para quebrar la voluntad de las personas trabajadoras.

¡Alto a las políticas antisindicales!

¡La solidaridad de la clase trabajadora no tiene límites institucionales ni sectoriales!

Confederación UAS respalda lucha de UDECO ante la persecución patronal

A las personas trabajadoras y al movimiento social de Costa Rica:

Desde la Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS), manifestamos nuestra firme, activa y categórica solidaridad de clase con las y los compañeros del Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa Dos Pinos (UDECO), ante la grave ofensiva desatada por la empresa Dos Pinos, contra la libertad sindical y el derecho constitucional a la negociación colectiva.

Denunciamos la táctica dilatoria del Departamento Jurídico del Ministerio de Trabajo al postergar indefinidamente el estudio de membresía sindical, sin causa justificable, paso indispensable para avanzar en la convención colectiva. De igual forma, rechazamos contundentemente la maniobra de la empresa Dos Pinos que busca instrumentalizar la legislación para identificar y vulnerar el fuero sindical de la dirigencia con intenciones de despido antisindical.

En la UAS, nos unimos y solidarizamos públicamente con la lucha de UDECO por la plena garantía de los derechos laborales, el respeto irrestricto al fuero sindical y el cese de la persecución patronal e institucional.

Reiteramos nuestro compromiso con la unidad de la clase trabajadora y de igual forma nos sumamos al llamado de UDECO, a respaldar activamente la manifestación pacífica convocada para el martes 11 de agosto de 2026 a las 14:30 horas en el Ministerio de Trabajo (Barrio Tournón, San José).

¡Respeto pleno a las garantías y derechos laborales!

CONFEDERACIÓN UNIDAD EN LA ACCIÓN SINDICAL
¡En defensa del Estado Social de Derecho!

San José, Costa Rica — 3 de agosto de 2026

Cuando una presidenta confunde gobernar con advertir: La cárcel mental del poder

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo H. Campos Hernández

Lo más grave de las declaraciones de la presidenta no es únicamente que haya propuesto llevar niños, niñas y adolescentes de barrios empobrecidos a una cárcel para que “vean” dónde podrían terminar. Eso ya sería suficientemente grave. Lo verdaderamente alarmante es lo que esa afirmación deja ver sobre la calidad de su juicio político, jurídico y humano.

Una persona que conduce los destinos de un país no puede permitirse pensar en voz alta desde el prejuicio. Mucho menos puede convertir ese prejuicio en insinuación de política pública.

Aquí no estamos ante una simple torpeza verbal. Estamos ante una concepción del Estado.

Cuando desde la Presidencia se sugiere que ciertos niños deben conocer una prisión porque viven en determinados barrios, se está diciendo algo devastador: que el Estado ya no los mira como sujetos plenos de derechos, sino como futuros infractores en proceso de formación. Se les mira no desde la promesa democrática, sino desde la sospecha penal. No desde la escuela, la cultura, el deporte, la salud mental o las oportunidades, sino desde la celda.

Ese es el verdadero escándalo.

La presidenta no solo habló de cárceles. Habló desde una cárcel mental: la cárcel ideológica de quienes creen que la pobreza debe ser disciplinada antes que comprendida; vigilada antes que acompañada; amenazada antes que dignificada.

Un gobernante democrático debe saber distinguir entre prevenir el delito y criminalizar simbólicamente la vulnerabilidad. Debe comprender que el narcotráfico no seduce a jóvenes porque les falte miedo a la prisión, sino porque muchas veces el Estado llegó tarde, llegó mal o nunca llegó. Donde no hubo becas, deporte, empleo, arte, salud, acompañamiento familiar ni horizontes de vida, no se resuelve nada organizando una excursión pedagógica al castigo.

La cárcel no puede convertirse en aula para los pobres.

Y si el Estado necesita mostrar una prisión para explicarles a ciertos niños cuál podría ser su futuro, entonces el problema no está en esos niños: está en el fracaso de una institucionalidad incapaz de imaginar para ellos algo distinto.

Pero hay algo todavía más serio. Una presidenta que selecciona simbólicamente a la niñez pobre como destinataria privilegiada del miedo punitivo compromete su propia idoneidad como conductora del país. Porque gobernar no es lanzar frases efectistas. Gobernar no es alimentar la ansiedad social con imágenes de castigo. Gobernar no es convertir la marginalidad en espectáculo preventivo.

Gobernar exige prudencia. Exige conocimiento. Exige comprensión de los límites del poder. Exige saber que la palabra presidencial no es una ocurrencia privada, sino un acto político con consecuencias reales. Cuando una presidenta habla, clasifica. Cuando clasifica, autoriza miradas. Cuando autoriza miradas, puede abrir la puerta a políticas públicas discriminatorias.

Por eso este debate no se agota en pedir una disculpa. El problema no es solamente que se haya dicho algo ofensivo. El problema es que se dijo algo revelador.

Revelador de una mirada que reduce la seguridad a castigo.

Revelador de una pedagogía basada en el miedo.

Revelador de una idea profundamente desigual de la niñez.

Revelador de una forma de poder que parece más interesada en exhibir prisiones que en construir futuro.

Un país democrático no necesita presidentes que lleven niños pobres a conocer cárceles. Necesita gobernantes capaces de impedir que la cárcel sea el único horizonte que el Estado les ofrece.

Porque cuando el poder mira a un niño y lo imagina primero como preso antes que como ciudadano, el que ha fracasado moralmente no es el niño.

Ha fracasado el poder.

La hora de la República

Gerardo Castillo Hernández

Manifiesto de adhesión al Bloque Patriótico Costarricense

Hay momentos en la historia de los pueblos en que permanecer indiferente equivale a renunciar al deber ciudadano. Este es uno de esos momentos.”

No escribo estas palabras movido por el resentimiento, ni por ambiciones personales, ni por intereses partidarios. Las escribo porque amo profundamente a Costa Rica y porque estoy convencido de que nuestra democracia enfrenta uno de los mayores desafíos desde la fundación de la Segunda República.

Mi adhesión al Bloque Patriótico Costarricense nace de una convicción ética antes que política. No responde a una identidad ideológica exclusiva, sino al deber de defender la República cuando sus principios fundamentales muestran señales de deterioro. Hay circunstancias excepcionales en las que las diferencias partidarias deben ceder espacio a una causa superior: la preservación de la democracia, del Estado Social de Derecho y de la convivencia civilizada.

Costa Rica no es una casualidad histórica. Es el resultado del esfuerzo de generaciones que comprendieron que la libertad debía estar acompañada por la justicia; que el desarrollo económico debía caminar junto a la solidaridad; y que el poder político debía estar limitado por la Constitución, las leyes y el respeto a la dignidad humana.

Nuestra identidad nacional se forjó en la Campaña Nacional de 1856, cuando el pueblo defendió la soberanía; se fortaleció con las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, que reconocieron la dignidad de las personas trabajadoras; se consolidó con la Constitución Política de 1949, que fortaleció el Estado de Derecho y la independencia de los poderes públicos; y alcanzó un reconocimiento mundial cuando Costa Rica abolió el ejército para invertir en educación, salud y desarrollo humano.

Ese legado no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Pertenece al pueblo costarricense.

Por eso duele observar cómo se debilita el respeto por valores que durante décadas dieron prestigio a nuestra nación.

Me preocupa la normalización de la mentira como herramienta de confrontación política; el descrédito permanente de quienes piensan distinto; la sustitución del debate por el insulto; la descalificación de periodistas, universidades, organizaciones sociales, sindicatos, sectores productivos y ciudadanos que ejercen su derecho a disentir.

Me preocupa el debilitamiento del respeto entre los Poderes de la República y cualquier conducta que pueda erosionar la independencia judicial, la autonomía de las instituciones y el equilibrio constitucional que protege nuestras libertades.

Me preocupa la violencia verbal y política contra las mujeres, incompatible con una sociedad que proclama la igualdad y el respeto a la dignidad humana.

Me preocupa el deterioro del lenguaje público, porque las palabras crean cultura, y una democracia no puede sostenerse cuando el odio desplaza al diálogo y la descalificación sustituye al argumento.

También me preocupa cualquier proceso que conduzca al debilitamiento de instituciones que constituyen patrimonio de toda la ciudadanía: la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Banco Popular, las universidades públicas, el sistema educativo, las municipalidades, el Tribunal Supremo de Elecciones y todas aquellas entidades creadas para garantizar derechos, igualdad de oportunidades y cohesión social.

Estas instituciones pueden y deben mejorar. Deben ser transparentes, eficientes y responsables. Pero reformarlas no significa desprestigiarlas ni poner en riesgo la misión histórica para la que fueron creadas.

Como ciudadano comprometido con la ética pública, considero indispensable que toda denuncia sobre presuntas irregularidades en el financiamiento político, posibles vínculos del crimen organizado con estructuras de poder, actos de corrupción, tráfico de influencias o utilización del Estado para favorecer intereses particulares sea investigada por las autoridades competentes con independencia, transparencia y pleno respeto al debido proceso. La democracia exige que nadie esté por encima de la ley y que la justicia actúe sin privilegios ni presiones.

Costa Rica también debe proteger el prestigio internacional que construyó durante décadas. Nuestro país ha sido reconocido por su vocación de paz, por el respeto a los derechos humanos, por su tradición diplomática y por su compromiso con el derecho internacional. Ese capital moral no puede ser sacrificado por la confrontación interna ni por decisiones que debiliten la confianza en nuestras instituciones.

Frente a estos desafíos nace el Bloque Patriótico Costarricense.

No nace para imponer una ideología.

No nace para sustituir a los partidos políticos.

No nace para alimentar el odio ni la división.

Nace porque miles de costarricenses comprendemos que existen momentos históricos en los que la defensa de la democracia debe convertirse en un punto de encuentro para personas de distintas ideas, creencias y trayectorias.

Hoy el verdadero debate nacional no es entre izquierda o derecha; entre liberales o socialdemócratas; entre creyentes o no creyentes.

El verdadero desafío consiste en decidir si queremos una República sustentada en instituciones fuertes, en la separación de poderes, en la libertad de expresión, en la transparencia y en el respeto a la Constitución Política, o si aceptaremos que el poder se concentre progresivamente, que el adversario sea tratado como enemigo y que el deterioro institucional se convierta en una nueva normalidad.

Por ello doy este paso con serenidad, pero también con firmeza.

Pongo mi experiencia, mi trabajo y mi compromiso al servicio del Bloque Patriótico Costarricense, porque creo que la defensa de la democracia no corresponde únicamente a quienes ocupan cargos públicos. Es una responsabilidad compartida por toda la ciudadanía.

Convoco a las personas trabajadoras, al movimiento sindical, al sector cooperativo, a los agricultores, a los empresarios comprometidos con el país, a las mujeres, a las juventudes, a las personas adultas mayores, a las universidades, a las iglesias, a los pueblos indígenas, a los profesionales, a los artistas, a las organizaciones comunales y sociales, y a cada costarricense de buena voluntad a reencontrarnos en aquello que siempre nos ha unido: el amor por la Patria y el compromiso con la República.

No estamos llamados a pensar igual.

Estamos llamados a defender las reglas que permiten convivir en nuestras diferencias.

La democracia no exige uniformidad; exige respeto.

La libertad no significa imponer una sola voz; significa garantizar que todas puedan expresarse.

El patriotismo no consiste en seguir ciegamente a un gobernante; consiste en ser fiel a los principios que sostienen la Nación.

No nos reúne el odio.

Nos reúne la esperanza.

No nos mueve la ambición de poder.

Nos mueve el deber de proteger el país que heredamos y la responsabilidad de entregar a nuestros hijos y nietos una Costa Rica donde las instituciones sean más fuertes que los caudillos, donde la verdad tenga más fuerza que la propaganda y donde el diálogo prevalezca sobre la confrontación.

La historia demuestra que las democracias rara vez desaparecen de un solo golpe. Se debilitan lentamente cuando los ciudadanos dejan de defenderlas, cuando la indiferencia reemplaza el compromiso y cuando el miedo desplaza la participación.

No quiero ser parte de ese silencio.

Por eso hoy doy un paso al frente.

Me adhiero al Bloque Patriótico Costarricense porque creo en la República, en la Constitución Política, en el Estado Social de Derecho y en la dignidad del pueblo costarricense.

Lo hago con humildad, pero también con la firme convicción de que el futuro de Costa Rica dependerá de la capacidad de su pueblo para reencontrarse en los valores que hicieron de nuestra Nación un ejemplo de democracia, paz, solidaridad y justicia social.

Que nadie renuncie a la esperanza.

Que nadie abandone la defensa de nuestras instituciones.

Que nadie permanezca indiferente cuando la República nos llama.

Porque la Patria no pertenece a un gobierno.

La Patria pertenece a su pueblo.

Porque la democracia no se hereda; se construye y se defiende cada día.

Hoy es la hora de la República.

Hoy es la hora de Costa Rica.

El movimiento sindical rechaza la decisión del consejo de gobierno de desconocer la voluntad democrática de las organizaciones sindicales

Comunicado

La decisión del Consejo de Gobierno pone en riesgo el normal funcionamiento de la CCSS y el derecho a la salud de la población

El Movimiento Sindical de Costa Rica manifiesta su más enérgico rechazo al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, mediante el cual se rechazó el nombramiento de la señora Rocío Alfaro Molina como representante titular y de la señora Martha Elena Rodríguez González como representante suplente ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), poniendo en riesgo el funcionamiento de su Junta Directiva.

Esta decisión constituye un grave precedente para la democracia, la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores, al desconocer la voluntad soberana expresada por el Movimiento Sindical mediante el procedimiento democrático previsto en el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS.

El Consejo de Gobierno ha sustituido, mediante valoraciones subjetivas y discrecionales, la decisión adoptada por las organizaciones sindicales, arrogándose una facultad que la ley no le confiere. La potestad de verificar el cumplimiento de requisitos legales no autoriza a descalificar a la persona democráticamente electa mediante interpretaciones restrictivas ni a imponer requisitos que el legislador nunca estableció.

El Movimiento Sindical reafirma que la representación de las personas trabajadoras ante la Junta Directiva de la CCSS pertenece a las organizaciones sindicales y debe respetar la decisión adoptada democráticamente por estas, conforme al mandato de la Ley Constitutiva de la institución.

Por ello, anunciamos que agotaremos todas las vías de presión social, administrativas y judiciales nacionales e internacionales que el ordenamiento jurídico reconoce para la defensa de la autonomía sindical, la legalidad y el respeto al Estado Social de Derecho.

Finalmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes en defensa de su derecho a la salud, a las pensiones, a la vida y de la institucionalidad democrática que garantiza la CCSS.

La defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social también exige defender el respeto a la ley, la democracia y la representación legítima de las personas trabajadoras.

La damnatio memoriae: analogía sobre la descalificación del pasado como estrategia populista

Maximiliano López López*

Destruir una estatua, eliminar un nombre de algún monumento o incluso prohibir que este se pronuncie, no borra su historia ni oculta su legado. Sin embargo, esta fue una práctica relativamente común en el Egipto antiguo y se volvió más notoria durante el Imperio Romano. La damnatio memoriae (condena de la memoria) fue una estrategia usada por el poder para tratar de “borrar” de su pasado, a figuras consideradas indignas por sus actos o por ser declaradas enemigas del Estado. Intentos semejantes se pueden advertir en la sociedad contemporánea con la destrucción de monumentos en naciones de la antigua URSS, en China o Irak, por mencionar ejemplos.

En analogía con aquella realidad clásica, los ensayos contemporáneos de damnatio memoriae no son menos ineficaces, pero pueden causar cierto efecto si se utilizan como estrategia política. En este sentido es claro que toda sociedad construye instituciones, pero también memorias sobre su pasado y muchas veces son estas representaciones las que actúan como fuente de legitimidad. Por ello, cuando un proyecto político busca establecer su concepción de mundo, generalmente se disputa el pasado. Y es justo esa disputa por la memoria y la posibilidad de reescribirla, lo que sustenta la analogía que se propone con la damnatio memoriae.

El poder hoy no ataca los monumentos, pero se enfoca en sus actores; hoy no prohíbe el uso de nombres, pero intenta descalificarlos; tampoco va en contra de la historia, pero impulsa su narrativa para reescribir la memoria histórica sobre el pasado y crear la sensación de un cambio que le dé legitimidad. Se trata entonces de colocar la memoria histórica al servicio del poder y por ello la “condena de la memoria” se vuelve simbólica y material al mismo tiempo. Una estrategia expone el pasado como responsable de la situación actual y otra promueve la transformación de las condiciones que presuntamente configuraron ese pasado.

Ahora bien, es necesario aclarar que no toda crítica del pasado puede ser comparada con una damnatio memoriae como se propone en esta analogía, pues la crítica histórica, sesuda, fundamentada y propositiva es lo que ha permitido a la democracia crecer como forma de gobierno y florecer como forma de vida. Además, es claro que toda fuerza política necesita hilvanar un relato que justifique su presente y lo proyecte hacia el futuro, pues así opera el poder. En este ejercicio, la estrategia actual ha sido la de confrontar a un pueblo “puro” con unas élites corruptas y esta confrontación ha sido estratégica para sentar la diferenciación entre la difusa categoría de “pueblo” con la de “ticos con corona”.

En el caso costarricense se observa que la estrategia simbólica se enfoca en las élites que abusaron del poder para beneficio propio, aprovechándose de lo que el discurso del poder ha llamado la “dictadura” perfecta de la democracia. Es claro que tal mensaje no alude solo a las élites como fuente del poder hegemónico en determinado contexto, sino que cuestiona el modelo de sociedad que se construyó bajo un liderazgo de “canallas, corruptos y comunistas”. La otra estrategia que se visualiza es más elaborada y compleja. Esta propone que eliminar privilegios, modernizar al país y cambiar las instituciones “capturadas” por las élites corruptas, necesita, irónicamente, del control del poder como lo hicieron las élites que critican. La paradoja de esta propuesta es que la responsabilidad del cambio no es del gobierno de turno, sino de la población que debe aportar la legitimidad para hacerlo. En el caso costarricense, esta paradoja quedó claramente retratada en la búsqueda de los 38 diputados como requisito para lograr el cambio.

Este proceso de damnatio memoriaea la tica” claramente no va contra los vestigios del pasado. La analogía de este proceso reside en un plano simbólico que pone en entredicho algunos aspectos de ese pasado. Por ejemplo, la democracia costarricense que otrora hacía sentir orgullo de esta tierra es cada vez más cuestionada por un porcentaje creciente del “pueblo”. Ver con beneplácito la existencia de mandatos de corte autoritario, aceptar la concentración del poder o incluso respaldar la erosión de las instituciones que han protegido los derechos de los costarricenses, es un síntoma de la manera en que la memoria histórica del costarricense empieza a “disputarse”. En ese juego de “resignificación” de la memoria, el Estado de Bienestar pasa a ser directamente responsable de tener ticos con corona, mientras que al Estado Social de Derecho es co-culpable de la impunidad y corrupción actuales. De esta forma, la estrategia se ocupa en replantear la imagen de villanos y héroes, así como de consignar responsabilidades sobre el pasado en un intento por reescribir la memoria.

Al “pueblo” se le convence de que la capacidad de sobreponerse a ese pasado supone el camino para una transformación social que se ha postergado por años, al tiempo que se expulsa del escenario político a los responsables de los males descritos. Aquí entra el viejo bipartidismo y todas sus ramificaciones, pero especialmente el “fantasma” del comunismo que dejó de ser un discurso de campañas políticas y ahora es presentado como una amenaza real, parlamentaria, peligrosa y opuesta a ese cambio anhelado por el “pueblo”. Este giro es fundamental, pues el enemigo se materializa, ya no es solo parte de la memoria.

Estamos por tanto ante una estrategia que tiene como objetivo cuestionar la memoria que desde mediados del siglo XX se ha construido sobre la Costa Rica que conocemos hoy. Para ello se vale de un discurso de ruptura y cambio que intenta hacer de la memoria histórica, un recurso al servicio del poder. Lamentablemente, el éxito de esta tendencia se alimenta de los reclamos, válidos, de muchos sectores que por años no recibieron la atención debida. Entretanto, el movimiento actual se presenta como el que escucha, mientras construye sus propias élites, incrementa el control del poder y trabaja en desmotar lo que queda de ese pasado con el fin de asumir el rol hegemónico.

De esta manera, aunque las sociedades no olvidan todo, la “condena de la memoria” se convierte en una herramienta de quienes buscan convencer a la sociedad sobre lo que debe o merece ser recordado. Ahí reside el peligro para la memoria histórica, la cual, una vez debilitada, erosiona la cohesión social, afecta la identidad colectiva y vuelve a la sociedad vulnerable ante la manipulación.

* Profesor e investigador de la Escuela de Historia, Universidad Nacional.