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Etiqueta: Estado Social de Derecho

La Constitución Política cumplió 75 años en medio de serias amenazas

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Carolina Zúñiga Castro

El 7 de noviembre se cumplieron 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el voto femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, derecho a la salud, la paz social, la educación, las garantías sociales, la jornada laboral de 8 horas, la seguridad jurídica, la división de poderes (Legislativo, Ejecutivo, Judicial), que es de suma importancia para una sana democracia, pero sobre todo, fundó las bases de un modelo de Estado Social que le permitió a la población de nuestro país un enorme progreso y desarrollo.

Nuestra Carta Magna fue promulgada durante el período histórico conocido como la fundación de la Segunda República, en el gobierno de facto de José Figueres Ferrer, don “Pepe”, pero los avances que trajo para nuestra población están hoy amenazados de muerte, quizá como nunca antes, con el gobierno de Rodrigo Chaves Robles.

Intentos como el de implementar las jornadas laborales 4×3 y derribar la histórica jornada laboral de 8 horas, la venta de instituciones públicas como el BCR y el INS y ni qué decir de la conocida Ley Jaguar, sobre la cual la Sala IV, bajo el expediente 24-021741-0007-CO interpuesto por el Tribunal Supremo de Elecciones, encontró vicios de constitucionalidad.

Como actora social, creyente y practicante de los valores de Justicia Social, considero que alejarse de las ideas que se integraron en la Constitución Política de 1949 es una grave amenaza a nuestro modelo de Estado Social que se alimentó de la diversidad de distintas corrientes de pensamiento durante la primera parte del Siglo XX en nuestro país y que lograron consolidar un modelo social que, a pesar de múltiples intentos para destruirlo, continúa en pie.

Si hay que avanzar hacia un nuevo modelo de Constitución, deberá ser tomando en cuenta la integración de los Derechos Humanos y la consolidación de nuestro modelo de Estado Social y no a la inversa, mientras no sea ese el camino, deberemos seguir defendiendo la actual constitución y lo que su legado histórico ha representado para el desarrollo y progreso social de los habitantes de nuestra Patria.

Las raíces de los males de hoy

Escrito el . Publicado en Análisis.

Luis Fernando Astorga Gatjens

La sociedad costarricense del presente no es la misma que la de ayer. Aclaro eso sí que no soy un nostálgico del pasado. Los significativos avances sociales, producto del Estado Social de Derecho (ESD), que logramos desarrollar entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior, se ha erosionado tanto que cada vez es más irreconocible.

El neoliberalismo económico que emergió, con fuerza en la década de los años ochenta del siglo XX, hizo lo que hace una lluvia tenaz sobre un terreno fértil sin barreras de protección. Lo erosionó de tal manera que hoy es un terreno cada vez más pobre.

Así las cosas, lo que el país construyó en cuarenta años, aún con todas sus limitaciones y defectos, empezó una cuenta regresiva que nos ha llevado a un presente cada vez más sombrío.

Los avances en derechos sociales en salud, en educación y en protección social, que singularizaron a Costa Rica en el contexto latinoamericano, se han convertido en una casa llena de goteras donde no alcanzan los baldes para recoger tan consumado deterioro.

Aun cuando los organismos financieros internacionales hegemonizados por Estados Unidos, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, no lo quieran reconocer, sus recetas neoliberales han fracasado y siguen fracasando al llevar progreso y desarrollo a los países que las aplican. Son pequeñas minorías y élites rapaces las grandes beneficiarias mientras la pobreza y desigualdad golpea a amplios sectores sociales. No por casualidad, los avances y logros en erradicar la pobreza en nuestro país, muestra magros resultados y el país se encuentra entre los diez más desiguales del mundo.

La cultura individualista ha ganado terreno en nuestra sociedad al compás del avance neoliberal, en detrimento de valores y políticas centradas en la solidaridad y los derechos sociales.

El gobierno de Rodrigo Chaves es la culminación de un proceso erosionador del ESD, que se refleja en el deterioro de la CCSS y su rol en la atención de la salud; en una educación pública sin ruta para la movilidad social y donde la reducción presupuestaria es su guía; y en el progresivo debilitamiento de programas sociales, que afectan a distintos sectores y grupos sociales. Para este gobierno, su presidente y ministro de Hacienda, su desvelo son las cifras macroeconómicas y la atención obsesiva de los golosos acreedores, externos e internos.

Y este momento de deterioro social se da en medio de una crisis de inseguridad como nunca había padecido el país, donde los tentáculos del narcotráfico y el crimen organizado han alcanzado todos los poderes sin que el Estado dé muestras de que está ganando la batalla. Todo lo contrario.

Asimismo, la corrupción se ha convertido en la noticia cotidiana. Ahí donde hay poder político siempre emerge la tentación del acto corrupto, el robo y apropiación de recursos públicos, utilizando mil maneras en función de asegurarse la impunidad. Actos de corrupción siempre han existido en toda nuestra historia republicana. Sin embargo, tales actos se han venido exacerbando en los últimos gobiernos del siglo anterior y en todos los del presente siglo XXI. Ninguno se libra y muchos de esos escándalos no han terminado en alguna condena. La impunidad se ha salido con la suya y la justicia no ha prevalecido.

En este presente sombrío muchos de los políticos responsables de las políticas neoliberales, del deterioro del ESD e, incluso, responsables por acción u omisión de actos corruptos, señalan a Rodrigo Chaves como responsable de lo que sucede, después de dos años y medio de su nefasto gobierno. Tienen razón en algunas caracterizaciones y diagnósticos de quizás una de las peores administraciones, pero pareciera que perdieron la memoria histórica y política. Es como si este gobierno de rasgos autoritarios hubiese surgido por generación espontánea.

Su desmesurada ambición politiquera y su escasez autocrítica los hace señalar todo a partir del 8 de mayo del año 2022. No. Señoras y señoras del PLN, del PUSC, del PAC y de otros partidos neoliberales minoritarios, Rodrigo Chaves (incluidos su legión de troles y fanáticos), es un producto depurado de su abandono de las políticas sociales, de su corrupción y de ver la hacienda pública como un botín de corsarios y piratas.

Tengo la convicción de que no todo está perdido y que hay esperanzas redentoras. Pienso que en lo que queda de esos partidos, con seguridad hay costarricenses honestos que realmente quieran que Costa Rica avance por una senda de profundización de la democracia, de la justicia social y el respeto de los derechos humanos. Ahí no incluyo a quienes siempre llegaron a servirse y lucrar con recursos públicos, aunque tengan un mentiroso discurso pseudo-progresista. Tampoco incluyo entre los que la autocrítica es brisa y no huracán.

Aquí si incluyo a las y los jóvenes que no han sido contaminados por las miasmas de la politiquería centrada en la ambición personalista y la insolidaridad.

Se puede construir una Patria buena y justa en un país que tiene reservas humanas, sociales y recursos naturales suficientes para emprender ese camino.

Ya no serán las mismas sendas del siglo anterior. Serán otras que se deberán combinar con los avances científicos y técnicos del presente, las redes sociales y la Inteligencia Artificial. Pero hay que empezar por identificar, sin subterfugios, las raíces de los males del presente.

(26 de octubre, 2024)

Congreso Nacional de la ANDE/Sindicato, 2024

Escrito el . Publicado en Trabajo.

ANDE:  construye la Justicia Social

Mons. José Rafael Quirós Quirós
Arzobispo Metropolitano de San José
San Antonio, Belén, 23 de octubre de 2024

Agradezco la atenta invitación para participar en el acto inaugural del septuagésimo noveno Congreso Nacional de la ANDE/Sindicato, en el marco celebrativo del octogésimo segundo aniversario de fundación de la Asociación.

El presente Congreso Nacional reviste suma importancia para estudiar, dialogar, discernir y actuar a favor de la justicia social en nuestro país. Se dice que no sabemos para dónde vamos, si olvidamos de dónde venimos. De ahí, la importancia que adquiere recordar los motivos e ilusiones que impulsaron a costarricenses amantes de la patria, por construir una sociedad más justa, equitativa y fraterna con los empobrecidos y vulnerables de nuestros campos y ciudades.

Muchas de las mentes y los corazones de aquellos costarricenses vibraron y se comprometieron con las palabras del Maestro por excelencia, vengan a mí benditos de mi Padre a heredar el Reino prometido, porque tuve hambre y me dieron de comer; fui forastero (migrante) y me hospedaron; estuve en la cárcel y enfermo y me visitaron; desnudo y me vistieron; con sed y me dieron de beber, porque siempre que lo hicieron con uno de éstos mis hermanos más pequeños conmigo lo hicieron (cfr. San Mateo 25,34-36).

Esos costarricenses construyeron un proyecto de vida personal y social, inspirados en los valores cristianos, y en el pensamiento social de la Iglesia, de justicia social, fraternidad, bien común y otros. Esos compatriotas habían integrado a su escala de valores la paz como fruto de la justicia, la verdad, el amor, la fe y la esperanza. Nunca tuvieron miedo ante corrientes contrarias.

Diseñaron y edificaron un Estado benefactor con los habitantes desfavorecidos de fortuna y empobrecidos. Un Estado Social de Derecho, para que fuera la ley el árbitro de toda controversia. Fortaleció el equilibrio de poderes en lo legislativo, judicial y ejecutivo descartando todo absolutismo.

Esos costarricenses visionarios diseñaron políticas públicas y forjaron instituciones de bienestar social para la distribución de la tierra, la vivienda popular y generar empleo. Destinaron un alto porcentaje del producto interno bruto en inversión educativa, para la alimentación de los escolares, impulsar la infraestructura educativa, estimular el pago profesional de los docentes y lo necesario para un futuro mejor. Las Universidades Públicas abrieron sus puertas al desarrollo de la cultura, la investigación, la tecnología, el cultivo de las artes y letras, al conocimiento en procesos humanísticos para la superación de las personas de escasos recursos económicos, que permitiera la movilidad social, la equidad e igualdad entre nosotros.

Esos compatriotas nos dejaron un sistema de seguridad social, atento a robustecer un seguro de salud y un seguro de invalidez, vejez y muerte, con la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, para que fuera universal y solidaria con los más pobres. Un sistema de salud que llegara a todos los rincones de nuestro país, donde se procuró agua potable, electricidad y caminos vecinales.

El establecimiento de los Estancos del Consejo Nacional de Producción fue un signo de la posibilidad de un comercio más justo y una economía solidaria, dejando de lado la voracidad del mercado. De ahí, el apoyo al productor nacional y las políticas públicas a favor del desarrollo agropecuario de esos tiempos y del futuro.

Estimados educadores, el presente Congreso Andino es una posibilidad de juzgar porqué esa Costa Rica ha perdido su ruta original, aventurándonos en un país donde crece la pobreza, las desigualdades e iniquidades. Se mermó la inversión social y se favoreció a los centros de poder económicos, financieros e intereses extranjeros; acrecentando la injusticia social.

Sigue siendo la riqueza insolidaria, la expresión del egoísmo y de la injusticia. Riqueza amasada muchas veces de medios no del todo éticos ni lícitos.

Los Obispos de Costa Rica, hemos manifestado nuestra preocupación y observaciones al texto base del Proyecto de Ley N° 24.290, (CECOR, 035-2024, 19 de junio de 2024) para el establecimiento de las jornadas laborales excepcionales, conocidas como proyecto de las jornadas 4 x 3, que no solo priva a los creyentes cristianos de consagrar el día domingo como expresión del derecho humano a la libertad religiosa y de culto, sino a las mujeres trabajadoras que además de la presunta jornada diaria de 12 horas, deben invertir tiempo en el traslado del puesto de trabajo a sus hogares y sumar más horas a las labores domésticas, cuido y educación de sus hijos; afectando gravemente la salud física, emocional y mental, de esas madres, esposas, muchas de ellas jefas de hogar. Asimismo, se privaría a muchos jóvenes de asistir a la educación nocturna y se afectaría gravemente el derecho al descanso y al ocio en familia de los trabajadores y otros asuntos de fondo. Entonces, habrá que preguntarse: ¿a quién beneficiará dicha jornada laboral?

Apreciados Andinos, es fundamental luchar contra el individualismo, el egoísmo y la división. No permitamos que se asiente “el sálvese el que pueda”. Preguntémonos ¿Qué nos ha pasado?; ¿qué nos hizo cambiar?; ¿hacia dónde vamos ahora?

Hay quiénes se han dejado manipular e invierten los valores. Para mi generación una mentira era una mentira, en cambio ahora se constata que hay mentiras a las que se les llama verdad. También, lo bueno ahora puede ser malo y lo malo ser bueno. Es así como se nos quiere convencer, respecto al aborto, que de manera evidente es el asesinato de un niño indefenso en el vientre de su madre, y lo proclaman como un derecho humano de la mujer. ¿Qué nos ha pasado?, ¿por qué hemos endurecido el corazón olvidando la dignidad de los hijos de Dios y la fragilidad de los hermanos?

Precisamente en este Congreso de ANDE/Sindicato se abre una ventana de oportunidades para que los educadores costarricenses, juzguen y ofrezcan aportes que reviertan el sendero por donde nos han conducido, cuya estrategia es la división y confrontación entre nosotros, en favor de los intereses de grupos de poder. A esos intereses ocultos les ha funcionado la estrategia política: divide y vencerás.

Que no sea así entre nosotros, todavía podemos salvar nuestro hermoso país. Dios nos ayudará. Echemos mano a nuestras raíces cristianas, a nuestra fe en Jesucristo, nuestro compromiso social desde la tarea educativa.

Andinos, hagan lo que está en sus manos, Dios les pedirá cuentas de lo que podían hacer y dejaron de hacer.

No se dejen llevar por el pesimismo, la indiferencia, las dificultades que les toca vivir, la crítica hiriente y malsana en sus centros educativos, sino antepongan el amor a sus estudiantes.

No se cansen de servir, no callen la verdad, superen el miedo y temores.

No se dejen conquistar por simples ideologías de momento.

Defiendan la vida en todas sus expresiones, desde la ternura de un niño por nacer, los bosques exuberantes de nuestro trópico hasta la grandeza y belleza del planeta tierra. Seamos custodios de la creación de Dios.

Así, bendito el docente que hace de su profesión una misión amorosa, construyendo la espiritualidad del educador cristiano y que confía que todo lo puede en Cristo que le fortalece (Cfr. Efesios, 4,13).

Que la herencia histórica de sus predecesores andinos, que fortalecieron el Estado Social de Derecho, y otras reivindicaciones para la construcción de la justicia social, marque los derroteros del porvenir.

Finalmente, deseo felicitarlos por los 82 años de fundación de ANDE, y encomendar a San José Obrero, las jornadas de trabajo que han programado, para que no falte la alegría en el desempeño profesional, y la esperanza en los años venideros en procura de una Asociación Nacional de Educadores, comprometida en continuar construyendo la paz social, como fruto de la justicia, la defensa de la vida y una educación pública a favor de los más pobres.

Que la dignidad humana presente en los educandos y educadores, ayuden a perfilar el futuro de ANDE/Sindicato de cara a los retos por venir.

Les deseo muy feliz Congreso.

El Frente Amplio promoverá una convergencia verdaderamente progresista por el bienestar del país

Escrito el . Publicado en Derechos.

El actual Gobierno ha dado continuidad y ha profundizado un modelo de desarrollo qué deteriora los servicios públicos, que niega el cumplimiento pleno de los derechos a la vivienda, la educación, la salud, a un salario digno y muchos otros. Un modelo que beneficia a unos pocos mientras daña a miles. Este Gobierno ha continuado con décadas de un modelo que nos han convertido en un país profundamente desigual y fracturado. La dirección es la misma, pero han intensificado el accionar y ahora han agregado claras señales de autoritarismo

En el transcurso del actual gobierno hemos sido testigos de una serie de decisiones políticas, discursos, acciones y omisiones que constituyen un ataque directo a los pilares fundamentales de nuestra convivencia democrática.

Ante este panorama, urge una respuesta clara, organizada y participativa de todas las fuerzas políticas progresistas y de las organizaciones sociales, eclesiásticas, organizaciones productivas, sindicatos, movimientos sociales, empresariado, academia y todas aquellas personas dispuestas cambiar el rumbo del actual Gobierno y a avanzar en las transformaciones sociales urgentes.

El Partido Frente Amplio expresa su disposición a participar en procesos de diálogo y articulación de fuerzas políticas y propuestas que conduzcan a retomar el camino del desarrollo con justicia social, el rescate de la educación pública y el sistema de salud, a renovar y profundizar finalmente nuestra democracia en términos políticos, sociales, culturales y económicos.

Queremos ser parte y promover la convergencia en la diversidad con un horizonte político claro. Sabemos que es posible encontrar muchas coincidencias con diferentes fuerzas y organizaciones, y por eso apostamos a esa diversidad para construir mucho a partir de lo que nos une.

Pero no promovemos la convergencia por la convergencia misma. Mucho menos la convergencia únicamente motivada por objetivos electoreros. Promovemos la convergencia alrededor de una propuesta política claramente progresista, que apunte a mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras, de los sectores vulnerables, de nuestro sector productivo. Promovemos la convergencia alrededor de una propuesta política claramente demócrata, defensora de los derechos humanos y del medio ambiente. Por supuesto no nos sumaremos nunca a quienes tienen propuestas políticas que solo benefician a elites poderosas con acciones en contra del pueblo, de las personas trabajadoras, del medio ambiente y de la democracia.

Ante los grandes retos nacionales, el Frente Amplio recibe con esperanza los llamados que han hecho desde varias semanas atrás diferentes actores y ponemos a disposición nuestra experiencia de más de 20 años de lucha contra la corrupción y contra las destructivas políticas neoliberales, así como por la defensa y mejora del Estado Social de Derecho y nuestra democracia.

Entendemos que nuestra responsabilidad es sumarnos para enfrentar los grandes retos nacionales. Entendemos que ante el deterioro social, ambiental y político, es nuestra responsabilidad dialogar con distintas organizaciones y personas, para construir una agenda compartida que permita revertir los retrocesos y construir las grandes reformas que nos exige este Siglo XXI.

-Comisión Política, Frente Amplio, 22 de octubre de 2024

 

Compartido con SURCOS por Gerardo Hernández Naranjo.

Llamamiento a la convergencia de las fuerzas democráticas y progresistas

Escrito el . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Roberto Salom E.

Comparto esta propuesta para consensuar y procurar un gran apoyo en la sociedad civil.

Una reflexión inicial sobre la crisis política

Costa Rica se caracterizó por una gran estabilidad política, después de la guerra civil de 1948, sobre todo con la constitución del bipartidismo.

Después de la guerra civil del 48 y hasta la consolidación del bipartidismo, se impulsaron y recrearon muchas reformas institucionales que complementaron las conquistas sociales de los años 40, cuyo régimen se plasmó en la Constituyente que dio paso a la Segunda República.

Sin embargo, como se dice, “en la virtud estuvo el pecado”, desde que se consolidó el sistema bipartidista empezó un declive en las políticas públicas que habían garantizado el progreso en la educación, la salud, la redistribución de la riqueza y la estabilidad democrática.

A partir de allí se inició un proceso, más o menos acelerado de ensanchamiento de la brecha social, al punto de que nuestro país llegó a ser, si no el más, uno de los más desiguales del subcontinente más desigual del mundo, cual es América Latina.

Por su parte, la prevalencia del bipartidismo se blindó con el sistema de financiación de los partidos políticos, hasta que, en el año 98 del pasado siglo XX se inició el declive de los dos partidos llamados tradicionales, cuando en las elecciones de ese año, aún cuando fueron ganadas por uno de esos partidos, disminuyeron sintomáticamente la suma de los votos que obtuvieron ambas agrupaciones políticas. Aunado a ello aumentó dramáticamente el abstencionismo, al pasar del 18% promedio a más del 30%, sin haber bajado nunca más desde entonces.

La sociedad civil mostraba cierto hartazgo con las élites dominantes, evidenciado en el inicio de una progresiva proliferación de nuevas agrupaciones políticas, a la derecha y a la izquierda de los partidos tradicionales, que fueron capaces de disputar con más o menos éxito, el acceso al Poder Ejecutivo, forzando en varias ocasiones la segunda vuelta en algunos procesos electorales, en un sistema en el que alcanzar el 40% de la votación para obtener el triunfo electoral, en las condiciones prevalecientes hasta entonces, era una tarea menos difícil que en otros países, en los que el triunfo electoral se obtiene con el 50% de los votos.

Esta tendencia a la proliferación de partidos políticos, producto del descontento con las élites en el poder, se agudizó después de dos gobiernos sucesivos de un partido alternativo, al que el elector le volvió la espalda en las elecciones del 2022.

En ese último año las elecciones las ganó, de nuevo en segunda vuelta, un partido que adoptó como candidato a la presidencia a un exfuncionario de un organismo financiero internacional, que tenía treinta años de estar fuera del país y que había sido cooptado por el gobierno de Carlos Alvarado para administrar la hacienda pública, el cual finalmente fue cesado tras algunos meses de desempeño y de desencuentros con el Presidente.

Este exfuncionario internacional convertido ya en presidente de la República, la emprende contra todo el andamiaje institucional, esgrimiendo para ello una confrontación con quienes llama la “clase política tradicional corrupta”, procurando recrear su ascendiente sobre quienes llama “la gente de a pie”, haciendo gala de un lenguaje chabacano, soez y confrontativo en sus frecuentes intervenciones públicas, pese a la infertilidad de su gestión, producto de su desconocimiento de la institucionalidad, así como de la ausencia de una “carta de navegación” que oriente el rumbo del gobierno.

Pese a ello, su prestigio ha ido decayendo, pero no se ha desvanecido en caída libre en las encuestas de opinión más confiables, como resultado de que sus seguidores se atienen más al discurso que a los alcances de la obra de gobierno, y al hecho de que la oposición al gobierno se encuentra dispersa, sin liderazgo y sin voz a un año y cinco meses de las elecciones del primer domingo de febrero del 2026.

En consecuencia, con lo anterior, la situación actual, desde el punto de vista político, se puede caracterizar al menos por tres tendencias: 1) una crisis del sistema de partidos, evidenciada en su inestabilidad; 2) una situación anómica desde el punto de vista político; y 3) una orfandad política de las masas

Por su parte, el actual gobierno se ha erigido en una amenaza contra la institucionalidad democrática, atentando contra el sistema de frenos y contrapesos, en particular buscando controlar a la Asamblea Legislativa, arremetiendo contra la independencia del Poder Judicial y buscando afectar las potestades de control de la Contraloría General de la República; es decir, haciendo gala de un comportamiento autoritario, confrontativo y desestabilizador de la sociedad costarricense en su conjunto.

Hacia una convergencia democrática

Por lo anterior, es necesario, desde la efervescente sociedad civil, hacer un llamado a las fuerzas vivas, sociales y políticas, para emprender decididamente una convergencia de todas las fuerzas democráticas y progresistas.

Debe ser un agrupamiento plural en lo ideológico, con la condición que prevalezcan la tolerancia, el respeto y la amplitud de miras que las circunstancias exigen, para la construcción de un muro de defensa de la institucionalidad democrática, que a su vez sea la base para continuar la ruta por la senda de la paz y la justicia social, en procura de más solidaridad, mejor distribución de la riqueza, ética en la función pública, más democracia, en garantía de un avance hacia una sociedad de derechos.

Lo anterior pasa necesariamente, por garantizar el respeto y fortalecimiento, si es del caso, del sistema de frenos y contrapesos que la división de poderes exige en una democracia.

Ello constituye un requisito indispensable para ampliar la democracia y dar un combate decidido a la pobreza y la inequidad social, territorial, de género, y propiciar el avance en derechos ciudadanos, de manera que se garantice la inclusividad que a su vez permita continuar construyendo una sociedad en la que quepan todas las personas habitantes del territorio.

Hay que darle la importancia debida a la rendición de cuentas en todos los poderes públicos para combatir la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, que favorece a muy pocos y perjudica a la mayoría, y que tiene un efecto profundamente desestabilizador de la sociedad y del sistema político.

También las agrupaciones políticas deben rendir cuentas de sus actuaciones, de manera que se garantice un régimen de partidos políticos accesible, democrático y respetuoso de la Constitución y las leyes de la República.

Debe revisarse el régimen de financiamiento de las agrupaciones políticas, para garantizar condiciones de equidad en la participación electoral, y evitar la intromisión en los partidos políticos de recursos financieros mal-habidos.

Es necesario fortalecer una legislación que regule el régimen de partidos políticos para garantizar la existencia de agrupaciones políticas estables, permanentes y participativas, verdaderamente comprometidas con sus planteamientos y propuestas, así como con el respeto a la Constitución y las leyes de la República.

Por otra parte, el Estado costarricense debe ser garante de condiciones mínimas de vida, más abajo de las cuales no viva nadie, así como de un régimen distributivo y tributario de naturaleza progresiva que procure la equidad en las condiciones de vida de toda la población.

Hoy día es necesario renovar las garantías de respeto absoluto al régimen de libertades públicas: libertad irrestricta de elección de las autoridades públicas, de expresión y de prensa, de movimiento dentro y hacia fuera del territorio, de asociación y el derecho a huelga y a la protesta.

Igualmente, debe enfatizarse de nuevo en el respeto a los valores patrios que articulan la nacionalidad y la identidad costarricense.

Frente al rezago educativo y otros problemas de la educación, deben darse verdaderas garantías de acceso al sistema y que la misma educación garantice a todas las personas estudiantes, una formación integral, humanista, de alto contenido científico y de respeto absoluto a los valores de la nacionalidad costarricense. De igual manera es imprescindible luchar también por respetar la Constitución de la República en forma estricta en lo conducente a las universidades públicas, para garantizar el régimen de autonomía especial por el que se rigen y consecuentemente, su seguridad financiera. Es imperativo que se respete la asignación del 8% del PIB, establecido por la Constitución Política para todo el sistema de educación pública.

De igual forma debe asegurarse el derecho a la salud a todas las personas que habitan el territorio nacional, y realizar un esfuerzo especial por saldar la deuda pública con la Caja Costarricense del Seguro Social, y vigilar permanentemente por la adecuada financiación de esta imprescindible institución.

Es necesario también garantizar el derecho de la ciudadanía y de todas las personas que habitan el territorio nacional a disfrutar de un ambiente sano, combatiendo las causas de la depredación del medio ambiente y comprometiéndose con el desarrollo sostenible y sustentable con la naturaleza y con la vida, que fortalezca la tradición de Costa Rica como un país verde, que abra el camino progresivamente a la sustitución del combustible fósil por energías limpias, buscando hacia el 2050 la carbono neutralidad.

En las actuales circunstancias y frente a las amenazas que se ciernen sobre la institucionalidad pública debe respetarse el régimen de autonomía de estas instituciones en todos sus alcances, de manera que se impida cualquier pretensión de imponerles desde afuera y arbitrariamente, políticas ajenas a sus fines y a su constitución.

Es necesario velar sobre la salud de las finanzas públicas, redoblando los esfuerzos por la adecuada recaudación de los impuestos, sobre la base de un régimen progresivo, de manera que la atención de la deuda pública no sofoque la financiación adecuada de las instituciones públicas.

Para garantizar la defensa del Estado Social de Derecho, así como las reivindicaciones sociales y políticas que respaldan esa iniciativa, debe consolidarse y estimularse la democracia participativa en comunidades e instituciones, procurando el avance de la ciudadanía en la conciencia sobre las responsabilidades y derechos que ello implica y para contribuir a vigilar la no intromisión del narcotráfico y el crimen organizado en la vida social y política de nuestro país.

Coincidiendo con Nogui, la impostergable reforma tributaria

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Greivin Hernández González*

Lleva razón el ministro de Hacienda cuando afirma que la reforma fiscal de 2018 ya se agotó, y que los ingresos tributarios han empezado a escasear, son insuficientes para satisfacer las obligaciones estatales, y las aspiraciones de la sociedad costarricense. El ministro está en lo cierto además, cuando afirma que la solución pasa por generar ingresos frescos. En un evento auspiciado por la Academia de Centroamérica sugirió dos posibles fuentes: renta global e impuesto mínimo global.

Sobre renta global coincidimos, este esquema cerraría portillos a la elusión tributaria, y traería más equidad al sistema vigente. Sobre el impuesto mínimo global también, no tanto porque haya muchas empresas de origen costarricense generando rentas masivas en el exterior, sino más bien, porque la falta de una tributación de este tipo, facilita la evasión y elusión, pues no permite que las autoridades tributarias indaguen lo suficiente sobre las operaciones que personas o empresas tienen en otros países, y que en muchas ocasiones obedecen a esquemas de evasión tributaria (recordemos los Papeles de Panamá). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que los flujos ilícitos del comercio internacional representan el cerca del 15% de la producción nacional de Costa Rica, tal manipulación de precios reduce severamente los ingresos fiscales.

En ambas propuestas del ministro, se trata de impuestos que no recaen sobre las clases empobrecidas ni medias, por cuanto no tienen capacidad de generar ingresos significativos de múltiples fuentes, ni menos aún de llevar a cabo negocios en otros países.

Una reforma fiscal se aproxima, y es imprescindible que desde ya se tenga claro tres objetivos por cumplir: poner a tributar a los que tienen capacidad en su justa medida, cerrar los portillos para la elusión, y elevar el costo de la evasión; en todas el país está en pañales.

Sobre el primero, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya había advertido la precariedad tributaria del país, el “Estudio Económico de Costa Rica, 2020” caracterizaba el desempeño tributario en rango mediocre. Concluyó que lo que recauda el Estado costarricense en impuestos por concepto de ingresos, beneficios y ganancias de capital de las personas, es seis veces menor de lo que recaudan por el mismo concepto sus pares de la OCDE, y en el caso de los impuestos sobre la propiedad, nuestro Estado recauda 4,4 veces menos.

Abordando esta tarea de manera moderada, equiparándonos al promedio de la OCDE, sumaría más de nueve puntos porcentuales del PIB en materia de recaudación tributaria, suficiente para atender las obligaciones sociales y la creciente deuda pública costarricenses. Aquí no debe caber duda de que, quienes no están contribuyendo según su capacidad, son las clases más favorecidas, la crítica de la OCDE es sobre la escasa tributación de quienes obtienen rentas del capital y de la propiedad, factores productivos de los que las personas en pobreza y los asalariados carecen.

En el caso de los otros objetivos, los esfuerzos para cerrar los portillos a la evasión y elusión, que deben ser continuos y crecientes, en Costa Rica están estancados; dos hechos lo demuestran, el proyecto más prometedor llamado “Hacienda Digital” se encuentra severamente retrasado, y las autoridades no han anunciado nuevas iniciativas. Adicionalmente, las recomendaciones de expertos que han investigado significativos hechos de evasión tributaria (p.e. los “Papeles de Panamá”) no han sido incorporadas en nuestra legislación.

Dado lo anterior, vemos que se mantienen los riesgos señalados por entes auditores como la Contraloría General de la República, quien señala que casi el 60% de los profesionales liberales declara cero impuesto sobre las utilidades, y la CEPAL, quien estima que la evasión corporativa en el impuesto sobre la renta en el país es superior al 65%, de las más altas de la región latinoamericana.

En la práctica tributaria lo que ocurre es que los individuos que se benefician de altas rentas realizan una “planificación fiscal” agresiva, apoyados por despachos especializados en beneficiar a sus clientes afectando a la sociedad como un todo, encontrar los portillos que tienen las leyes, y las oportunidades de nuevas formas de organización de la producción, para minimizar el pago de impuestos. Es por ello por lo que, en los países desarrollados las reformas tributarias son constantes, mientras que en nuestro medio tardan décadas.

Por otra parte, en los últimos años se han llevado a cabo múltiples esfuerzos por sanear las finanzas públicas desde el lado del gasto, con reformas a los sistemas de pensiones, el empleo público, la regla fiscal y eliminación de destinos específicos. Muchas de estas reformas ciertamente abordaron temas necesarios y urgentes, sin embargo, este espacio parece haberse acabado, y es necesario mirar hacia el lado de los ingresos, en particular de aquellos que llevan décadas sin aportar al fisco lo que les corresponde.

Desde la fundación de la Segunda República, Costa Rica se configuró como un Estado Social de Derecho, una sociedad en la que el Estado “procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” (Constitución Política art. 50), en el que a sus ciudadanos se les garantiza amplios derechos esenciales como el acceso a la salud, la educación, un ambiente sano, trabajo, vivienda digna, entre otros. A pesar de esta norma visionaria, que ha hecho del país una nación singular y envidiable en el contexto latinoamericano, hay quienes no se ven comprometidos con ella, y la dinamitan desde dentro y fuera del Estado.

El no llevar a cabo los esfuerzos suficientes para dotar al Estado costarricense de los recursos necesarios para ofrecer un nivel de vida digno a los ciudadanos, representa una traición a esta visión inscrita en la Constitución Política. Parafraseando a José Mujica, cuando decimos que no hay suficientes fondos públicos “es porque tenemos la cobardía política de no cobrarles, pedirles y meterles la mano en los bolsillos a los que pueden”.

Entonces sí, coincidiendo Hacienda, la impostergable reforma tributaria, la esperanza es que hagamos una con la valentía de cobrar lo justo a quienes se debe.

* Economista, fue Director de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) y Ex Director Ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

¿La nueva ruta de la educación costarricense?

Escrito el . Publicado en Educación.

Dra. Yamileth González
Ex-Rectora UCR, Colectivo Mujeres por Costa Rica

Hemos escuchado al presidente decir que gobierna para los pobres y que va a eliminar las “coronas” que tradicionalmente llevaron algunos funcionarios de gobiernos anteriores. Nada más alejado de la verdad, sus años de gobierno muestran lo contrario: la reducción del presupuesto en educación ha tenido como consecuencia el empobrecimiento de los grupos más vulnerables, precisamente esos que dice proteger y ¡gran contradicción! muchos de los cuales, absurdamente, son, engañados, los que le dan apoyo.

La crisis educativa que hoy se vive, profundizada por este gobierno, tiene como efecto que miles de estudiantes, la mayoría de las zonas urbanas marginales y costeras, dejen las aulas: en 2023, más de 23 mil abandonaron los centros educativos a consecuencia de la reducción de las becas, de la alimentación y del transporte; servicios que, tradicionalmente, recibían y ahora, el gobierno les quita; imposible para este grupo, estudiar sin esos beneficios, son jóvenes de hogares muy pobres, muchos de Puntarenas (el 22% ) y de Limón ( 23% ). Otro severo golpe lo constituye el reciente recorte al presupuesto de los colegios científicos, un bastión significativo de la educación pública.

Se ha estimado que sólo en 2023, el recorte de becas lleva a casi 6 mil hogares a la pobreza y a muchos menores de edad a la pobreza extrema y que 7.000 estudiantes dejaron las aulas. El problema crece ya que no solo caen en la pobreza, sino que, al abandonar sus estudios, son fácilmente reclutados por bandas criminales, o sea, que estos recortes expulsan a los jóvenes de los centros escolares, los empobrecen y los llevan a las filas de la delincuencia y del narcotráfico. ¿Será esta la nueva ruta de la educación costarricense?

Así, el panorama nacional es desolador: con este gobierno se ha ampliado la desigualdad y la brecha entre la educación pública y la privada ha crecido; los recortes, además de menoscabar los programas de equidad ya mencionados, dejan a la enseñanza pública sin la posibilidad de enfrentar los rezagos existentes, sin la opción de crecer y mejorar, por ejemplo, la conectividad a internet de banda ancha, de acceder a servicios informáticos, al equipamiento de las bibliotecas, al desarrollo de colegios científicos, a los bilingües y del bachillerato internacional; no permiten fomentar habilidades científicas en la juventud, ni ampliar el currículo completo para educación primaria…, condiciones con las que si cuenta la educación privada.

Los estudiantes de colegios públicos quedan en condiciones de inferioridad, sin posibilidad de avanzar, de tener en el futuro trabajos más calificados o ingresar a la educación superior. ¿Tienen las universidades la responsabilidad de que no ingresen a sus aulas más estudiantes de colegios públicos? ¿o es el gobierno que, con sus políticas, propicia esa desventaja? Es urgente hacer valer el derecho de la juventud de las zonas marginales y menos favorecidas, a tener una formación que les de mejores posibilidades de desarrollo.

En Costa Rica hemos tenido un estado social de derecho, que debemos defender, con oportunidades para todos los grupos sociales que, sin embargo, ha venido deteriorándose, y este gobierno ha agudizado con acciones inauditas, afectando principalmente a la población que vive en zonas marginales y restando así las posibilidades de movilidad social, que, en otro momento, como en mi caso y muchos más, pudimos acceder a una educación universitaria de calidad para poder, de ese modo servir al país.

Imagen: compartida en varias cuentas de redes digitales.

La lucha por el presupuesto universitario es por la Patria

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La lucha por el presupuesto universitario la iniciamos los estudiantes que formábamos parte del Frente de Acción Universitaria, FAU, durante los años 1967 -1973. Por aquellos años la Universidad de Costa Rica, la única en ese momento en el país, recibía el 10% del presupuesto nacional de Educación.

La lucha que dimos fue por igualar el presupuesto de la Universidad al de la Corte Suprema de Justicia, el 6% del Presupuesto Nacional.

Fue una lucha prolongada, intensa, dura y tensa. Las organizaciones estudiantiles existentes en la Universidad se fueron integrando a esta lucha. La Federación de Estudiantes y los otros grupos políticos levantaron esta bandera.

En el gobierno de José Figueres organizamos la Gran Marcha del 6%. En la noche anterior a la marcha el presidente Figueres envió al Dr. Luis Burstin a la Federación de Estudiantes, donde estábamos en el Comité Organizador de la Marcha, a convocarnos a su casa para hablar sobre la petición de los estudiantes. Fuimos allí, entre otros, Oscar Madrigal, Constantino Urcuyo, Francisco Barahona, entonces presidente de la Federación de Estudiantes y yo. Figueres nos planteó suspender la marcha. Nosotros mantuvimos la tesis de la asignación presupuestaria.

La marcha se realizó majestuosamente. Gigantesca fue la marcha. Desde el Balcón de Radio Monumental hablamos tres personas, por su orden, Vladimir de la Cruz, por el Comité de Huelga y Organizador de la Marcha, Francisco Barahona, presidente de la Federación de Estudiantes y el Rector de la Universidad, Eugenio Rodríguez Vega.

El terreno de la lucha universitaria por un presupuesto justo para la Universidad estaba abonado. La lucha se mantuvo con presión hacia los diputados, que finalmente aprobaban el Presupuesto Nacional de la República.

Las luchas del movimiento estudiantil en aquellos años, y los cambios que se operaban en la Universidad de Costa Rica, especialmente bajo las directrices del III Congreso Universitario, a principios de la década de 1970, llevaron al Presidente Figueres, y luego al Presidente Daniel Oduber, en esos gobiernos desde 1970 hasta 1978, a impulsar la apertura de las otras instituciones de educación superior en el país, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Probablemente impulsaron esas universidades con la finalidad de neutralizar a la Universidad de Costa Rica, en la politización que se había alcanzado, especialmente en su movimiento estudiantil. Las otras instituciones de educación superior, a como iban surgiendo, se iban sumando a esta lucha y otras nacionales y patrióticas.

Con ello el presupuesto de la Universidad de Costa Rica empezó a verse en la dimensión de garantizar el presupuesto para todas las instituciones de educación superior, lo que llevó a las reformas constitucionales respectivas y a la constitución del Fondo Especial para la Educación Superior, FEES. Constitucionalmente se llegó a garantizar un 8% del PIB, al igual que para la educación nacional pública.

El porcentual constitucional ha sido objeto de debate, de luchas y de movilizaciones, año tras año. En algunos gobiernos con más intensidad que en otros. No ha importado si han sido gobiernos dirigidos por el partido Liberación Nacional, creador de estas últimas universidades, a las que hoy se suma la Universidad Técnica Nacional, de Alajuela, que también forma parte del FEES, o la Universidad de Costa Rica creación del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que el partido Unidad Social Cristiana, ni bajo la influencia de Rafael Ángel Calderón Fournier, ha hecho nada por defenderla. La Universidad de Costa Rica, creada el 26 de agosto de 1940, también fue fortalecida por Liberación Nacional, con el desarrollo de la Ciudad Universitaria, especialmente en la década de 1950.

Ambos partidos, hoy con una bancada importante de diputados que ellos tienen, solo ellos dos, de casi 30 diputados, tienen una obligación con la Patria, de darle el presupuesto que los Rectores y el Consejo Nacional de Rectores, han solicitado superior al 4% del PIB, para garantizar el funcionamiento de las Universidades en sus nobles propósitos científicos, académicos, literarios, culturales, artísticos, de continuar garantizando lo mejor de la producción de profesionales, que alrededor del 80% de la totalidad de profesionales de la educación superior se insertan en el sector privado y público nacional, contribuyendo de esa manera al mejor desarrollo del país.

Al momento de escribir este artículo, el pasado lunes por la noche, estos dos partidos, que han gobernado el país desde 1953 hasta el 2014, que han creado estas universidades, no han abierto la boca para defenderlas. Ni un solo pronunciamiento público, ni un solo llamamiento para sumarse a las marchas de hoy miércoles ante la Asamblea Legislativa y de mañana jueves en todo el territorio nacional, especialmente donde existen las distintas sedes universitarias, han realizado. Pareciera que estos partidos han muerto. O lo peor, cooperan con la muerte anunciada que ha hecho el inquilino de Zapote.

Los Secretarios Generales, los Presidentes y los Secretarios o líderes juveniles de estos partidos son letra muerta en el escenario político nacional. No se sienten, no aparecen ni existen, y en pocos meses estarán solicitando votos para la campaña nacional electoral del próximo año.

¡Qué decadencia de partidos políticos y de sus dirigentes políticos y juveniles!, con este silencio ante la ejecución tipo sicariata que está haciendo el Jaguar de Zapote a las universidades, cuando ya instruyó sus felinos ministros de acabar presupuestariamente con las universidades.

La actitud del gobierno frente a las universidades es típicamente una acción sicariata. Disparar a la cabeza y corazón de las universidades, a su presupuesto, para matarlas. Es una ráfaga de fuego contra los casi 125.000 jóvenes universitarios, de ellos un 60% son mujeres, dejarlos sin posibilidad de estudiar, para enviarlos a las calles e insertarlos, de esa manera, en las organizaciones criminales existentes y crecientes en el país en los trabajos que se les puedan ofrecer, en el cuido y manejo callejero, de la bodega más grande de drogas de la región.

Las marchas de hoy miércoles y de mañana en todo el territorio nacional son absolutamente válidas, justas. Son marchas por la Educación Nacional y por la Educación Superior Pública. Son marchas por los jóvenes que hoy estudian en las universidades. También son marchas por los jóvenes que hoy se encuentran en las escuelas y los colegios, para garantizarles su futura posibilidad y oportunidad de una educación superior universitaria. Son marchas por las familias de todos los jóvenes, por sus padres y madres, por sus hermanos y hermanas, por sus calidades de vida. Son marchas para garantizar las posibilidades familiares de que sus hijos y nietos puedan tener asegurado un futuro de estudio y de formación profesional, que les permita servir mejor al país, a la Patria y que también les genere un futuro más seguro económicamente, alejado de la pobreza, de la extrema pobreza, del desempleo, del subempleo y del trabajo informal, que les permita constituir futuras familias, sólidas y felices familias.

El inquilino de Zapote quiso doblegar a las autoridades universitarias bajo la amenaza de que aceptaban el 1% del PIB como incremento presupuestario para el 2025, o nada, respecto al 4.03% que pedían las universidades. Después de convocarlos a una humillante reunión en su guarida de Zapote, les dijo que no proyectaba ni el 1% del PIB. Que su presupuesto se iba con un 0% para las universidades y que fueran a luchar a la Asamblea Legislativa el presupuesto universitario.

El animal de Zapote, el Jaguar, además amenazó que darle el presupuesto constitucional, que tiene obligación de cumplirlo, significaba reducir otras asignaciones presupuestarias que tenían que ver, entre otras, con salud y seguridad. De la manera más vulgar se atrevió a asustar a la población nacional con esto.

Las partidas presupuestarias de salud, educación, de las universidades están señaladas en la Constitución Política y en la práctica de elaboración de los presupuestos nacionales, que contemplan sus crecimientos anuales correspondientes. El inquilino de Zapote tiene obligación constitucional de garantizarlas y cumplirlas.

Lo que sucede es que el actual gobierno lo que tiene al frente es un grupo de oscuros personajes interesados en destruir el Estado Social de Derecho, en destruir y debilitar sus instituciones sociales, en tercerizar y privatizar sus servicios, junto con el aniquilamiento del Estado de Derecho; en limitar las acciones de los Poderes Legislativo y Judicial y en acabar con las instancias de control político establecidas en la Constitución, en la legislación nacional y en las instancias de la vida democrática, cívica y ciudadana.

La norma constitucional del Artículo 85, ordena al Poder Ejecutivo dotar a las universidades del patrimonio propio que les garantice su funcionamiento. El artículo 85 constitucional señala que el presupuesto de las universidades no puede ser reducido, ni abolido, ni disminuido, y que tiene que crear rentas para asegurarlo.

El artículo 85 constitucional remite a la Asamblea Legislativa la discusión y aprobación del presupuesto para las universidades, si en la Comisión de Enlace, como se llama la comisión creada con el Gobierno y las Universidades, no se llega a ningún acuerdo. Por eso es la marcha de hoy miércoles y las de mañana jueves en todo el territorio nacional, solicitando los fondos adecuados y necesarios para el funcionamiento de las Universidades estatales.

Desde el mes de setiembre hasta el mes de noviembre se discutirá en la Asamblea Legislativa el Presupuesto que envía el Poder Ejecutivo.

El presupuesto para el 2025 enviado a la Asamblea Legislativa va con 0% de incremento para las universidades. Eso significa que se asigna a las universidades el mismo presupuesto de este año 2024. Ni siquiera se proyecta el 3% de inflación que se calcula para el 2025.

El presupuesto formal la Asamblea Legislativa debe enviarlo el 30 de setiembre a la Contraloría General de la República, de manera que, aunque los diputados aprobaren una cifra mayor, siempre se iniciaría el 2025 con el monto presupuestario igual al 2024. Solo hasta el 30 de setiembre se puede saber con certeza cuanto podría incrementarse el presupuesto de las universidades.

Esto significa que la lucha de las universidades apenas está hoy comenzando ante la Asamblea Legislativa, y ante los diputados de los distintos partidos políticos. Significa que hasta el 30 de setiembre hay que mantener la presión en las calles y en la propia Asamblea Legislativa.

Todo el mes de setiembre deben organizarse marchas de estudiantes y de universitarios a la Asamblea Legislativa. Debe establecerse un piquete permanente frente a la Asamblea Legislativa como se hizo con ALCOA, con el Combo del ICE o con el TLC, con tiendas de campaña si fuera necesario.

También deben realizarse piquetes de presión en las casas de los diputados en sus respectivas comunidades. Si son representantes populares el pueblo, los estudiantes, los universitarios y sus familias pueden irles a pedir, a sus casas, el apoyo para las universidades. Los diputados tienen que entender y comprender que ese derecho de petición de los ciudadanos directamente en sus casas es válido.

También deben realizarse marchas a las sedes de los partidos y dirigentes políticos pidiéndoles su pronunciamiento, especialmente con los partidos y diputados que están comprometidos con la creación de las universidades.

La lucha de las universidades, de sus estudiantes, que hoy marchan, es por Costa Rica, la de hoy y la del futuro.

La lucha por el presupuesto universitario justo hay que apoyarla, es una lucha nacional, de todos los estudiantes y sus familias. Es una lucha por la Patria.

Compartido con SURCOS por el autor.

Callejón sin salida

Escrito el . Publicado en Análisis.

Walter Antillón

Como cabeza de la organización estatal para impartir la justicia en Costa Rica, desde hace varios decenios la Corte Suprema ha venido errando en los fines y en los medios, en una demostración ‘muy humana’ de arrogancia, sometimiento e improvisación.

Hace mucho tiempo nuestro sistema judicial viene dando muestras inequívocas de obsolescencia, pero el grueso de los miembros de la Corte finge no advertirlo, porque sabe que, técnicamente hablando, uno de los cambios requeridos es la desaparición de sus propias potestades de dirección y gobierno del sistema (con el prestigio, los lazos y los anejos privilegios); lo cual para ellos, simplemente, no es negociable.

Costa Rica no está sola en esta deslucida situación: la acompaña todo el resto de Centro América y no pocos países del Sur en, los que hasta ahora el poder político y económico ha sido detentado por oligarquías o tiranos que no quisieron ni querrían vérselas alternando con órganos judiciales independientes y garantistas que, irremediablemente, les pedirían cuentas de sus actos.

A través de sus órganos especializados, como el Consejo y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y varias Relatorías Especiales, la Organización de las Naciones Unidas ha atesorado la mejor doctrina existente en materia de organización judicial. Y Costa Rica ha tenido el privilegio de que la ONU se haya interesado particularmente en los problemas de la justicia que el País está enfrentando, y ha ofrecido su ayuda para superarlos con criterios modernos y bien probados. Pero la Corte Plena le ha cerrado la puerta, y con ello se ha cortado a sí misma la salida, con una muestra inconcebible de ceguera y absurda prepotencia.

El problema para Costa Rica es que, a lo que parece, nuestra organización de justicia se está acercando al final del callejón, donde empieza a aparecer la sumatoria de las consecuencias de las improvisaciones y los palos de ciego, los abusos de poder, las indebidas tolerancias, el crecimiento de las frondas burocráticas, la sumisión al poder político, la maraña de las comisiones sin estrategia; la formación de bandos transversales con lazos politiqueros para ejercer el ‘lobbismo’ interno e interinstitucional: todo menos la simple y serena administración de la justicia, independiente e imparcial. Veamos algunos hechos significativos en orden cronológico:

  1. Año 2002, un hombre con influencias, Oscar Arias Sánchez, negocia con algunos magistrados de la Sala Constitucional una reforma de la Carta que le permitirá aspirar a la reelección presidencial. Esto (y otros hechos anteriores y posteriores) fue posible porque, como es vergonzosamente obvio, el sistema de nombramiento de magistrado coloca a éste a merced de las cúpulas políticas.
  2. Aprobado en 2007 el TLC con Estados Unidos, y sometidas sus leyes complementarias a escrutinio constitucional durante los años siguientes, el Presidente Arias negocia con el Presidente de la Corte para colocar a un asesor suyo como magistrado suplente en la Sala Cuarta, a fin de asegurar con su presencia el rechazo mayoritario de los recursos planteados contra dichas leyes (las correspondientes resoluciones de la Sala ostentan los honorabilísimos votos salvados de Fernando Cruz y Gilbert Armijo).
  3. Durante la década siguiente, profundizando la tendencia de las cúpulas políticas de subordinar la justicia a sus intereses, se suceden en la Asamblea Legislativa nombramientos y reelecciones de magistrados políticamente comprometidos, como fueron los casos de Jesús Ramírez, Luis Fernando Salazar, Carlos Chinchilla, Celso Gamboa y otros.
  4. En fecha 24 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamó la atención a Costa Rica sobre el tema de independencia judicial interna por procesos disciplinarios seguidos en la Corte Suprema de Justicia a un juez por aplicar criterios de convencionalidad e instó a “asegurar y proteger la independencia e imparcialidad de los jueces y garantizar que la toma de decisiones judiciales esté libre de todo tipo presiones e injerencias”.
  5. En setiembre del mismo año la Asamblea Legislativa cocina el nombramiento de Luis Porfirio Sánchez Rodríguez como magistrado de la Sala Segunda: pero la cosa estuvo consumada a trechos, con fórceps, en condiciones equívocas, quedando derrotadas dos candidatas especialistas con mucho mayor experiencia y preparación. Fue un nombramiento parte de una serie de nombramientos políticamente arreglados que tuvieron lugar en esos años, con el designio tramposo de domar a la Corte, ‘para tranquilidad de todos’. (Estaban recientes las condenas de los expresidentes)
  1. El escándalo del Cementazo, en su vertiente judicial, destapado en 2017, provoca la defenestración de tres magistrados de la Sala Penal (entre ellos, el Presidente de la Corte), y del Fiscal General, y una sanción para el veterano magistrado Ramírez: todos ellos atrapados en componendas con diputados, empresarios y personajes políticos. Este episodio mancha la hasta entonces impoluta imagen de la justicia costarricense; y desencadena la preocupación de los órganos especializados de Naciones Unidas: como se verá, las deficiencias judiciales de nuestro País concentrarán su atención en los años siguientes. Pero en la Corte Plena el asunto no pasa a más: todos miran para otro lado y el resto de los ‘lobbistas’ encaja el golpe y continúa sus actividades.
  1. En 2018 arranca la presidencia de Carlos Alvarado con la Ley de Fortalecimiento Fiscal, aprobada gracias al oportuno blindaje de la Sala Cuarta, y a pesar de una prolongada huelga general del funcionariado público. Es un nuevo capítulo del asedio neoliberal a nuestro Estado Social de Derecho.
  2. Entretanto, la Relatoría Especial de la ONU sobre independencia judicial, pasado un tiempo prudencial sin iniciativas de cambio de parte de la Corte, dirige “al Gobierno de Costa Rica” la nota OL-CRI 3/19 del 12 de julio de 2019, en la que lo insta a “adoptar y aplicar las medidas necesarias para garantizar que el proceso de selección y nombramiento de las altas magistraturas esté basado exclusivamente en criterios objetivos y transparentes y que tengan por objetivo asegurar la integridad, idoneidad y la formación o calificación idónea de las personas seleccionadas. Dicho proceso ha de adecuarse a los estándares y principios internacionales de la independencia judicial.” Para el gobierno de Alvarado y su mayoría parlamentaria la crisis judicial era ‘miel sobre hojuelas’, porque favorecía su estrategia neoliberal; de modo que la instancia del Relator Especial queda en el vacío.
  1. Con el control legislativo, la pasividad del Poder Judicial y la ayuda de la prensa, Alvarado consigue, entre otros golpes, debilitar las pensiones judiciales y las instituciones de la huelga y el sindicato, imponer la Regla Fiscal y tramitar una nueva Ley Marco de Empleo Público.
  2. Entre tanto, a fin de reforzar futuras gestiones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con fecha 23 de julio de 2020, instó “a todos los Gobiernos a cooperar con el Relator Especial y a prestarle asistencia en el desempeño de su cometido, a facilitarle toda la información necesaria que solicite, a responder sin dilaciones indebidas a las comunicaciones que les haga llegar, y a considerar la posibilidad de acceder a sus solicitudes para visitar sus países y de poner en práctica sus recomendaciones”.
  3. Pocos meses después, en la misma línea, la citada Relatoría Especial, mediante la nota OL CRI 3/2020 de 27 de octubre de 2020, aborda de nuevo el problema judicial de Costa Rica, para recomendar: “2. Que se impulsen los esfuerzos necesarios para cesar las amenazas a la independencia judicial causadas por intromisión en la autogestión del poder judicial, la regresividad de derechos sociales y económicos y que se adopten las medidas de derecho interno que sean necesarias para dejar sin efecto, y haciendo cesar, los actos causantes de las violaciones a la independencia judicial aquí establecidas. 3. Exhortar al Estado de Costa Rica a adecuar su legislación a los principios y garantías de la independencia judicial consagrados internacionalmente y resolver lo antes posible las acciones constitucionales que ponen en entredicho ciertas leyes”.
  4. Acogiéndose a una ‘invitación abierta’ de la Cancillería costarricense (Oficio DGPE-838-2019 de 29 de agosto de 2019), la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció la intervención del Relator Especial Diego García Sayán en la sesión de Corte Plena del 24 de mayo de 2021, la cual fue agendada por la Secretaría de la Corte para las 9 am.; pero inesperadamente varios magistrados cuestionaron la intervención y finalmente votaron rechazándola por mayoría. ¿Cómo pudo pasar esto? Ese grupo mayoritario, con lujo de cinismo y desvergüenza, cometió la atrocidad de rechazar la intervención del Relator Especial que había sido gestionada por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, pisoteando con ello reglas elementales de la. Comitas Gentium y colocándose al margen de la legalidad internacional, a la altura de un Daniel Ortega. Y lo hizo porque sabía que cualquier propuesta racional para modernizar la organización de la justicia, amenaza inexorablemente el poder al que dicho grupo se halla aferrado con uñas y dientes.
  1. Aquí necesito volver atrás: la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1997 creó los ‘letrados’ (abogados asistentes) de los magistrados (artículo 50) y autorizó a la Corte Plena (artículo 66) a formar comisiones permanentes, especiales y temporales; y estas novedosas disposiciones generaron cambios cualitativos insospechados en el paradigma y en el funcionamiento de la Corte misma, y de las Salas que la integran.
  2. Por el III Informe del Estado de la Justicia, correspondiente al año 2018, nos enteramos de que ya entonces las magistradas y los magistrados, junto con gran cantidad de otros funcionarios judiciales y extrajudiciales, y de ciudadanos particulares, presidían o formaban parte de 134 comisiones dedicadas a una gran variedad de propósitos.
  3. A la fecha de hoy, gran número de magistrados ha delegado en sus letrados el estudio de las causas y la redacción de las sentencias, actos que la Constitución y las Leyes les asignaron a ellos como su exclusiva función; y lo hacen para dedicar sus energías a la gestión de asuntos administrativos, parcial o totalmente ajenos a la misma. Y fue precisamente en vista de esas labores gerenciales que los magistrados decidieron, desde el año 2008, incrementar sus ya altos salarios.
  4. En esas circunstancias, era fácil suponer una tendencia difusa a la preterición de las funciones judiciales. De modo que, cuando en enero de 2024 la jueza Silvia Elena Arce Meneses demostró que los magistrados de la Sala II, empezando por su Presidente Porfirio Sánchez, arrastraban una mora de años en la solución de numerosos asuntos de su competencia (aunque cada uno de ellos dispusiera de cuatro letrados a su servicio), lo que hizo fue revelar el cambio perpetrado de paradigma: al margen de la Constitución, un sector de los magistrados de la Corte (que excede los de la Sala II) ha perdido el rumbo, pero se niega a admitirlo: se niega a admitir su extravío. Y al igual que lo ocurrido con la visita del Relator Especial, contra toda razón, incluso contra el parecer de la Dirección Jurídica, contra jurisprudencia inequívoca de la Sala Constitucional, (Sesión 08-2024 de 26 de febrero de 2024), once magistrados se encierran en su negativa, y decretan que la promovente no está legitimada para pedir que se ventile la llaga.
  5. Ahora tenemos que el mismo magistrado de marras, Porfirio Sánchez Rodríguez, sin intentar explicar su inexcusable atraso como juez, viene a pedir a la Asamblea Legislativa que el próximo 28 de agosto en curso lo reelija en su cargo por otros ocho años; y con esta noticia nos percatamos de que, de alguna manera, después de todo lo narrado, con este último caso se está cerrando una especie de círculo infame, porque es evidente que la candidatura del magistrado Sánchez fue decidida políticamente con anterioridad a la votación, y que, por encima de eso, él no se ha molestado siquiera en cumplir sus auténticas obligaciones. Generalmente no resultaba fácil no reelegir a un magistrado, pero las cosas pueden presentarse diferentes ahora que el voto es público y motivado. Son muchas y muy serias las inconsistencias del candidato Porfirio, las denuncias de su inconducta, acumuladas desde tiempos anteriores a su designación: en conjunto nos indican que ésta fue un desacierto, obra de la politiquería. Esto… ¿quién querrá refutarlo en el Plenario?