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Etiqueta: Estado Social de Derecho

El 8 de mayo del 2026, el giro a la derecha

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís Morales

El 8 de mayo del 2026 será recordado como la fecha del ascenso de un gobierno de derecha desde la II República, un gobierno neoliberal y conservador en todos los ámbitos social, político, económico e ideológico.

Las condiciones están dadas en este momento con la elección del directorio legislativo y del gabinete. Pero ¿adónde se engendró esta deriva neoliberal-conservadora? Pues ni más ni menos en el gobierno de Carlos Alvarado, que no sólo fue neoliberal en el desarrollo de la política económica, sino que trajo a Rodrigo Chaves para el cargo de ministro de Hacienda e impulsó algunas leyes claves como la reforma fiscal, la ley de empleo público y otras en las que se sustentó la política económica de los últimos 4 años.

Igualmente, a nivel de la política social se iniciaron los ajustes en la inversión social, el presupuesto para la educación, en la vivienda, el congelamiento de los salarios del sector público y de las pensiones, y el crecimiento progresivo de la deuda pública.

En los últimos 4 años la política económica y social sólo ha profundizado algunas de las tendencias observadas en el período anterior, que en el momento actual amenazan con consolidarse como políticas neoliberales y conservadoras que van a procurar severas restricciones fiscales y financieras para algunos sectores, como los que reciben recursos, transferencias o remuneraciones del Estado, como la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades, los empleados públicos, los pensionados, la vivienda social, las becas estudiantiles, las ayudas sociales del IMAS y las comunales.

Por su parte, existe toda una estrategia de captación de recursos de deuda interna y externa gracias a la intervención en el BCIE, la relación fuerte con el BID y el BM y, al nivel interno, la captación de los excedentes de las instituciones, como los bancos, el INS y los fondos locales, que garantizará que, junto a los recortes institucionales, el gobierno tendrá recursos crecientes para la inversión de obra pública, nuevos proyectos como la Ciudad Gobierno y la marina de Limón, para lo que encontraron el portillo adecuado en la ley y la Comisión de Emergencias, y en el proyecto PROERI, mediante los que realizan obras sin los controles de la Contraloría.

Todo lo anterior se integra a la estrategia de atracción de inversión extranjera, que atrae ingentes recursos ligados al modelo económico de servicios y alta tecnología, que seguirá profundizándose con la ampliación y creación de nuevos parques industriales, en tanto la industria nacional del sector productivo, la agricultura nacional y, en parte, el turismo, que han dejado de ser prioritarios, son abandonados a su suerte.

Mientras que el comercio y la importación se siguen favoreciendo con la apreciación del colón, así como el pago de la deuda que demanda grandes recursos.

La partida del ajedrez político conservador de derecha se completa con el control de la Asamblea Legislativa, desde donde se fraguará el control del nombramiento de los magistrados y posteriormente de la Corte Suprema de Justicia, que también facilitará controlar los nombramientos del fiscal general, de la Contraloría y de la Defensoría de los Habitantes, los puestos incómodos.

A cuya partida ganadora se sumará el control de muchas de las alcaldías del país, labor que se efectuó con éxito a lo largo de los últimos 4 años.

La pera en el pastel conservador vendrá del control de las instituciones de seguridad y de la DIS, entidades que no sólo profundizarán la seguridad del Estado, sino también la persecución de los opositores y la represión de las luchas sociales.

Los rasgos mencionados se articulan perfectamente a la visión que Hinkelammert nos anunciara en la década de los 80 como el fenómeno de la “nueva derecha”, con el abandono de todo intento de coexistencia del mercado y del Estado, y la instauración del totalitarismo de mercado, en la que la libertad, la sociedad y la vida humana sólo pueden tener sentido y existir dentro de los límites que establece la sociedad perfecta del mercado (Molina, C., 2025).

En un análisis del economista Joseph Stiglitz (2016), éste afirma que los gobiernos de derecha siguen una misma fórmula en todo el mundo hacia la liberalización económica, reducción del Estado y restricción de derechos.

De tal manera que las políticas anunciadas por la nueva presidenta y su primer ministro, en términos de reforma del Estado, eliminación de instituciones, venta de activos estatales y restricción del gasto social, responderán a una orientación neoliberal y conservadora que no admitirá dudas. Es lo que se viene a partir de esta fecha.

El primer ministro en la sombra: la billetera y el látigo en Zapote

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

Se consumó el acto. Lo que analistas en teoría política y derecho constitucional advertíamos como una amenaza latente, hoy es una realidad institucional: Rodrigo Chaves no se ha ido, simplemente ha mutado. La designación oficial del expresidente como ministro de la Presidencia, con el agravante inaudito del recargo como ministro de Hacienda, despoja a la administración de Laura Fernández de cualquier velo de autonomía. Estamos frente a un bicefalismo ejecutivo donde la presidenta ostenta la banda, pero Chaves retiene el mazo del poder.

Analicemos la gravedad técnica de esta concentración. Este movimiento requiere una lectura cuidadosa desde la teoría del Estado y la administración pública.

En la práctica administrativa y política, fusionar Presidencia y Hacienda en una sola figura no es una simple optimización de gabinete; es la creación de un “Súper Ministerio” diseñado para la extorsión política legalizada. El Ministerio de la Presidencia es el operador nato, el encargado de la negociación legislativa y el tejido de alianzas. Hacienda, por su parte, es el dueño de la caja.

Cuando el operador político es el mismo que decide si se gira o se retiene el presupuesto, el diálogo democrático desaparece y es sustituido por el chantaje. ¿Un alcalde opositor necesita fondos para un puente? Dependerá de cómo voten sus diputados. ¿La Corte o las universidades reclaman su presupuesto por mandato constitucional? Se les asfixiará financieramente desde el mismo escritorio que debería propiciar el consenso. Este diseño institucional es un mecanismo perfecto para consolidar el populismo autoritario, saltándose el espíritu constitucional que prohíbe la reelección sucesiva y vaciando de poder real a la nueva mandataria.

Tensión con el espíritu constitucional

El artículo 132 de la Constitución Política prohíbe la reelección presidencial sucesiva precisamente para evitar la concentración de poder y el caudillismo. Aunque el nombramiento de un expresidente en un ministerio no viola la letra de la ley, desafía abiertamente su espíritu. Funciona como un mecanismo para perpetuar el control de una figura hiperpresidencialista, bordeando lo que en doctrina política se consideraría un “fraude de ley” al sistema de alternancia.

Ante este escenario de presidencialismo exacerbado que amenaza los cimientos del Estado Social de Derecho, la contención no puede ser tibia. El avance del populismo chavista solo se frena con una resistencia articulada, técnica y constante. Aquí propongo la hoja de ruta para los cuatro niveles de defensa democrática:

La prensa independiente y los creadores de contenido

El antídoto contra la posverdad oficialista son los datos duros y la fiscalización implacable. El periodismo y los nuevos comunicadores deben abandonar la agenda del escándalo diario —que el mismo populismo alimenta como cortina de humo— y concentrarse en la realidad material. Hay que recordarle a la ciudadanía, todos los días, los números que el discurso esconde: nuestra posición vergonzosa en la OCDE respecto a la caída histórica en la inversión de Educación Pública; el ensanchamiento de la desigualdad social; la informalidad laboral asfixiante; la pérdida de la seguridad alimentaria, y la alarmante tasa de homicidios violentos alimentada por la penetración del narcotráfico. La prensa no debe debatir adjetivos presidenciales, debe desnudar el fracaso macroeconómico y social.

El bloque de oposición en la Asamblea Legislativa (los 4 partidos)

La Asamblea es hoy el principal dique de contención. Los cuatro partidos de oposición democrática deben entender que enfrentan una maquinaria que busca dividirlos mediante el presupuesto. Su única salvación política (y la del país) es funcionar como un bloque parlamentario cohesionado frente a las pretensiones de Zapote. Deben utilizar el control político y constitucional al máximo: censurar cualquier intento de uso político del presupuesto desde Hacienda, bloquear leyes que concentren más poder en el Ejecutivo, y rechazar de plano cualquier intento de instaurar estados de excepción que socaven las garantías ciudadanas. Negociar de manera individual es firmar su propia irrelevancia.

Actores sociales: sindicatos, cámaras y sectores organizados

El populismo no tiene aliados, solo utilidades temporales. Las cámaras empresariales y los sindicatos (tanto públicos como privados) históricamente antagónicos, deben encontrar un terreno común: la defensa de la institucionalidad. La inestabilidad jurídica, el ataque a las instituciones fiscalizadoras como la Contraloría y la arbitrariedad presupuestaria destruyen tanto el clima de inversión privada como los derechos laborales adquiridos. Este nivel debe ejercer presión constante, utilizando las vías legales, la movilización social pacífica y el músculo técnico para presentar contrapuestas robustas. El sector productivo y el laboral deben rechazar la narrativa polarizante y unirse en la defensa de la certeza jurídica.

El ciudadano que adversa el chavismo

El último y más importante nivel de resistencia es el ciudadano de a pie. La estrategia aquí es la pedagogía política en el círculo inmediato: la familia, el trabajo, la comunidad. El populismo se nutre de la apatía y la desinformación. El ciudadano opositor debe convertirse en un fiscalizador local, protegiendo las instituciones comunitarias, exigiendo rendición de cuentas a sus gobiernos locales y negándose a normalizar la violencia verbal y el deterioro institucional. No se trata de confrontación estéril en redes sociales, sino de organización cívica real, de apoyar el periodismo independiente y de respaldar a las voces técnicas que el gobierno intenta silenciar.

No nos engañemos: el diseño del próximo gobierno es una anomalía democrática. Permitir que una sola figura controle la agenda política y la billetera del Estado, escudado tras una presidencia delegada, es un riesgo que Costa Rica no se puede permitir. La historia no nos perdonará si, por fragmentación o cálculo político a corto plazo, dejamos caer el andamiaje institucional que nos costó décadas construir.

¿Hacia dónde debería dirigirse el primer esfuerzo de fiscalización de esta alianza opositora una vez que Chaves asuma formalmente el control de Hacienda?

Contestemos juntos esta pregunta y empecemos a defender, con palabras y acciones a la Costa Rica que hoy nos pide, a gritos, nuestra ayuda.

Movimiento “La Caja es Nuestra” lanza campaña permanente de denuncia y alerta sobre propuestas en la CCSS

Escrito en . Publicado en Salud.

El movimiento ciudadano “La Caja es Nuestra” anunció el inicio de una campaña permanente de denuncia sobre el proceso de debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el objetivo de vigilar y visibilizar decisiones que, según señalan, afectan el carácter solidario y universal de la institución.

La iniciativa contempla la difusión de cápsulas informativas tres veces por semana, que serán distribuidas por WhatsApp y otros medios, con el fin de que la ciudadanía las comparta y contribuya a fortalecer una red de información y acción en defensa de la seguridad social.

Como parte de esta campaña, el movimiento denuncia que la Junta Directiva de la CCSS estaría valorando medidas para que las personas pensionadas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) deban aportar un 5% de su pensión para financiar su seguro de salud, lo que consideran una afectación directa a este sector.

Desde el movimiento se hace un llamado a construir un proceso organizativo de base local, que permita no solo resistir medidas que perciben como regresivas, sino también impulsar propuestas para el fortalecimiento y mejora continua de la institución.

Antecedentes y contexto

En los últimos años, la CCSS ha sido escenario de debates intensos en torno a la sostenibilidad financiera de sus regímenes, especialmente el IVM, así como sobre reformas que han generado preocupación en distintos sectores sociales, sindicales y académicos.

Entre los temas recurrentes se encuentran propuestas de ajuste que incluyen cambios en edades de retiro, montos de pensiones y esquemas de contribución, lo que ha motivado pronunciamientos y movilizaciones en defensa del modelo solidario de la seguridad social.

Diversas organizaciones han advertido sobre el riesgo de transformaciones que podrían debilitar el carácter público, universal y solidario de la Caja, mientras que autoridades han planteado la necesidad de reformas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

En este contexto, la campaña de “La Caja es Nuestra” busca incidir en la opinión pública y promover la participación ciudadana informada, con el fin de resguardar una de las instituciones centrales del Estado social de derecho.

Entre símbolos, poder y hegemonía: notas sobre el nuevo escenario político costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Desde el 1° de mayo vengo pensando en lo que está pasando en la Asamblea, en la prensa y en el discurso político del país. Comparto esta reflexión, no para cerrar el debate, sino para abrirlo.

La instalación de la nueva Asamblea Legislativa el pasado primero de mayo no solo marca el inicio de un nuevo ciclo institucional en Costa Rica; constituye, además, un momento privilegiado para observar las tensiones profundas que atraviesan hoy la vida política nacional. Más allá de la configuración formal de mayorías y minorías, lo que se perfila es una disputa por el sentido: por definir qué es legítimo, qué es peligroso y quién tiene derecho a ocupar el espacio de lo político.

En términos estrictamente institucionales, el panorama es claro. El oficialismo, con una mayoría simple de 31 diputaciones, ha logrado consolidar el control de los principales órganos de dirección legislativa. Frente a ello, las fuerzas de oposición —integradas por diversas agrupaciones que, en conjunto, suman 26 escaños— han optado por una estrategia de coordinación orientada a contener eventuales reformas que puedan afectar el núcleo del Estado social de derecho. Esta configuración no responde a una afinidad ideológica plena, sino a una lógica de equilibrio y defensa institucional que encuentra precedentes en la propia historia política costarricense.

Sin embargo, la lectura de este escenario ha sido rápidamente capturada por una narrativa mediática que reduce la complejidad del momento a una clave simplificada: la amenaza de un supuesto “giro comunista” en la política nacional. Esta operación discursiva ha encontrado un punto de apoyo en hechos aislados —como la utilización de símbolos asociados históricamente al comunismo por parte de una diputada, o la participación de sectores juveniles en actividades internacionales vinculadas a la izquierda— para construir una imagen homogénea y descontextualizada de actores políticos que, en realidad, son internamente diversos.

En este punto, resulta útil recordar que el discurso político no es un mero reflejo de la realidad, sino una práctica que contribuye activamente a su configuración. Como señala Teun A. van Dijk, “los discursos influyen en la formación de opiniones, actitudes e ideologías sociales” (Van Dijk, 2003, p. 45), lo que implica que su función no es solo descriptiva, sino también performativa. En ese sentido, la categoría “comunismo” opera menos como un concepto analítico que como un dispositivo de deslegitimación.

En este contexto, las declaraciones de Patricia Mora, quien ha reivindicado la herencia de una izquierda que en la década de 1940 contribuyó a la construcción de las garantías sociales, han sido utilizadas para alimentar la tesis de un supuesto “encubrimiento ideológico”. Esta lectura ignora una distinción fundamental: la diferencia entre identidad histórica y definición programática actual. Reconocer una tradición no implica reproducirla doctrinariamente. Como ha señalado en múltiples ocasiones José María Villalta, el Frente Amplio no se define como un partido comunista en el presente. La aparente contradicción, por tanto, no es más que el resultado de una operación de simplificación que borra deliberadamente los matices.

Este borramiento no es inocente. Forma parte de una lógica más amplia en la que el lenguaje político delimita los contornos de lo pensable. En términos de hegemonía, como advierte Ernesto Laclau, “la política consiste en la construcción de significantes que articulan demandas y producen identidades colectivas” (Laclau, 2005, p. 93). Así, la invocación del “peligro comunista” no describe una realidad empírica verificable, sino que contribuye a organizar el campo político en torno a una frontera simbólica.

La paradoja alcanza un punto especialmente revelador cuando se observa el papel de ciertos medios de comunicación. La Nación, por ejemplo, ha contribuido a posicionar esta narrativa de sospecha sobre la oposición política, al tiempo que enfrenta acciones de poder —como la cancelación de visas a miembros de su directiva sin explicaciones públicas claras— que evidencian la fragilidad de su propia posición frente a dinámicas que trascienden el control mediático. Esta situación pone de manifiesto una característica fundamental del poder contemporáneo: su carácter funcional y contingente. En contextos de alta polarización, los alineamientos no son estables, y los mismos dispositivos discursivos que sirven para deslegitimar a unos pueden volverse contra otros.

A este cuadro se suman una serie de hechos recientes que no pueden ser analizados de forma aislada: el veto presidencial a iniciativas vinculadas a derechos del magisterio, el deterioro en los indicadores de libertad de prensa, y la creciente centralidad del discurso de seguridad como eje articulador de la política pública. Lejos de constituir episodios desconectados, estos elementos sugieren la configuración de un clima político en el que la apelación al orden, la estabilidad y la lucha contra el crimen organizado funciona como marco legitimador de prácticas que tensionan los equilibrios democráticos.

En este sentido, la disputa actual en Costa Rica no puede reducirse a una confrontación clásica entre izquierda y derecha. Más bien, se trata de una lucha por la hegemonía en un contexto de reconfiguración del modelo neoliberal, donde distintos actores —no siempre claramente diferenciados en términos ideológicos— compiten por definir los límites de lo posible. En este proceso, el recurso a categorías simplificadoras como “comunismo” cumple una función estratégica: delimitar el campo de lo aceptable y excluir determinadas posiciones del debate legítimo.

Como ya advertía Antonio Gramsci, la hegemonía no se sostiene únicamente por la coerción, sino por la capacidad de construir consenso y sentido común (Gramsci, 1971). En ese marco, la disputa contemporánea en Costa Rica parece orientarse menos a la eliminación del adversario que a su deslegitimación simbólica.

La historia política costarricense ofrece, sin embargo, una lección distinta. El Estado social de derecho que hoy se invoca como patrimonio común no fue el resultado de una pureza ideológica, sino de un pacto complejo en el que convergieron actores diversos, incluyendo sectores reformistas, religiosos y de izquierda. Reducir esa herencia a una etiqueta o convertirla en objeto de sospecha implica no solo una simplificación analítica, sino un empobrecimiento del debate democrático.

En tiempos de creciente polarización, la defensa de la democracia no pasa únicamente por la protección de las instituciones, sino también por el cuidado del lenguaje. Nombrar con precisión, reconocer la complejidad y resistir la tentación de la simplificación son, hoy más que nunca, actos profundamente políticos.

Porque, al final, la pregunta que subyace a todo este escenario no es quién tiene la mayoría, ni siquiera quién tiene la razón, sino algo más inquietante:

¿quién está definiendo, y con qué fines, los límites de lo que una democracia puede pensar y decir sobre sí misma?

Referencias:

Gramsci, A. (1981). Cuadernos de la cárcel. Ediciones Era.

Laclau, E. (2005). La razón populista. Fondo de Cultura Económica.

Van Dijk, T. A. (2003). Ideología y discurso. Ariel.

Cuatro fracciones legislativas suscriben acuerdo para una agenda común en defensa del Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Comunicado

Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica

Las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional, del Partido Frente Amplio, de la Coalición Agenda Ciudadana y del Partido Unidad Social Cristiana, comprometidas con la defensa del Estado Social de Derecho, la estabilidad democrática y el bienestar de la ciudadanía costarricense, suscriben el presente Acuerdo Político con el propósito de construir una agenda parlamentaria responsable desde la Asamblea Legislativa.

Este acuerdo surge en un contexto nacional que exige altura política, diálogo y capacidad de convergencia. Las fuerzas políticas que firman reconocen la diversidad de sus visiones ideológicas, pero también la urgencia de establecer coincidencias mínimas que permitan garantizar la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución Política y la atención de los principales desafíos del país.

El acuerdo político se enmarca en el resultado electoral reciente, en el cual la voluntad popular se expresó de manera clara pero dividida. Aproximadamente la mitad de las personas que ejercieron su voto respaldaron propuestas políticas alternativas, distribuidas entre las diversas fuerzas que hoy convergen en este esfuerzo común.

Este mandato ciudadano exige responsabilidad, dialogo y capacidad de articulación. Este acuerdo precisamente responde a ese mandato: el de transformar una alternativa política diversa en una fuerza capaz de coordinar, proponer y garantizar gobernabilidad democrática. Con respeto de las diversas identidades ideológicas y partidarias hemos asumido la responsabilidad de trabajar de manera conjunta en favor de Costa Rica, sin demeritar la independencia de cada fracción para impulsar sus propios acuerdos y propuestas. Esta autonomía convive con un compromiso firme entre las partes de respetar lo suscrito, de modo que las diferencias que puedan surgir en iniciativas específicas dada la ideología de cada partido, no significarán la ruptura ni el incumplimiento de esta agenda.

Principios y compromisos fundamentales

Las fracciones firmantes reafirman su compromiso con la defensa irrestricta de la Constitución Política, la separación e independencia de los poderes de la República y la vigencia plena de los derechos fundamentales.

Agenda común para la gobernabilidad en siete ejes estratégicos

Las fracciones acuerdan impulsar una agenda legislativa estructurada en 5 ejes prioritarios:

a. Democracia

▪ Apoyaremos proyectos que fortalezcan y profundicen las garantías individuales fundamentales.
▪ Defendemos la alternancia en el poder.
▪ Respetamos y defendemos la independencia de Poderes. Reformas al Poder Judicial deben garantizar la plena independencia de la judicatura.
▪ Creemos que es urgente aprobar los nombramientos correspondientes en las Salas de la Corte, especialmente en la Sala Constitucional, para garantizar su funcionamiento ininterrumpido y la tutela permanente de los derechos de los costarricenses.
▪ Creemos en la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la libre reunión, a la manifestación pacífica y a la participación ciudadana como columnas de la democracia.
▪ Apoyaremos e impulsaremos proyectos que fortalezcan la agenda de derechos humanos, muy especialmente los derechos de las mujeres, así como la lucha contra la violencia de género.

b. Seguridad y justicia

▪ Combate frontal contra el crimen organizado.
▪ Capitales emergentes: inmovilizar capitales de crimen organizado. Extinción de dominio.
▪ Organizaciones criminales: establecer mecanismos para sancionar organizaciones criminales y agilizar el levantamiento del secreto bancario.
▪ Mayor presupuesto para OIJ, Seguridad, Ministerio Público y Fuerza Pública.
▪ Aumento de penas por portación ilegal de armas.
▪ Ley de ejecución de la pena y modernización del sistema penitenciario.
▪ Procesos penales más ágiles y sin impunidad.
▪ Reforma de la DIS hacia inteligencia estratégica civil con controles democráticos.
▪ Cooperación internacional en el marco constitucional.
▪ Prevención mediante cultura, deporte y fortalecimiento comunitario.
▪ Reformas para una justicia pronta y transparente.

c. Desarrollo social

Educación, cultura y deporte

▪ Mejoramiento de la calidad educativa.
▪ Plan de inversión hacia el 8% del PIB.
▪ Recuperación de aprendizajes, reducción de brechas y fortalecimiento docente.
▪ Garantía del FEES con crecimiento real.
▪ Fortalecimiento del acceso equitativo a la educación.

Salud

▪ Defensa y fortalecimiento de la CCSS.
▪ Pago de la deuda del Estado con la CCSS.
▪ Reducción de listas de espera.
▪ Atención a escasez de especialistas.
▪ Fortalecimiento del modelo tripartito.
▪ Medicamentos a precios accesibles.
▪ Atención integral de la salud mental.

Inversión social

▪ Revisión de la regla fiscal para proteger inversión social.
▪ Incremento de FODESAF.

Alivio económico

▪ Inclusión financiera y revisión de la ley de usura.

Medio ambiente

▪ Fortalecimiento del SINAC.
▪ Protección ambiental y defensa del territorio.
▪ Prohibición de minería a cielo abierto.
▪ Protección de defensores ambientales.
▪ Derecho humano al agua y fortalecimiento de ASADAS.
▪ Gestión sostenible de residuos.

d. Derechos humanos

▪ Combate a la violencia contra mujeres.
▪ Sistema Nacional de Cuidados.
▪ Protección de poblaciones vulnerables.
▪ Derechos de comunidad LGBTIQ+.
▪ Reconocimiento de pueblos originarios y afrodescendientes.
▪ Derechos de personas migrantes.
▪ Protección laboral y reducción de brechas.

e. Desarrollo económico y competitividad

▪ Apoyo al sector productivo.
▪ Reforma al BCCR para priorizar empleo.
▪ Modelo energético sostenible.
▪ Prohibición de exploración petrolera.
▪ Impulso a infraestructura estratégica.
▪ Movilidad multimodal y electrificación.
▪ Fortalecimiento del sector agropecuario.

f. Transparencia, probidad y anticorrupción

▪ Sanción a faltas al deber de probidad.
▪ Regulación del lobby.
▪ Lucha contra corrupción y evasión fiscal.
▪ Transparencia y acceso a información pública.

g. Funcionamiento de la Asamblea Legislativa

▪ Ejercicio responsable del control político.
▪ Uso adecuado de recursos.
▪ Nombramientos por idoneidad.
▪ Mejora de procesos legislativos.

III. Límites para la acción política

Las fracciones acuerdan no respaldar reformas que debiliten derechos fundamentales, garantías sociales o la independencia de poderes. Se rechaza cualquier intento de concentración de poder en el Ejecutivo o debilitamiento de órganos de control.

III. Conformación del Directorio Legislativo

Se acuerda proponer la siguiente integración:

  • Presidencia: Diana Murillo Murillo, Liberación Nacional
  • Vicepresidencia: Abril Gordienko López, Unidad Social Cristiana
  • Primera Secretaría: María Eugenia Román Mora, Frente Amplio
  • Segunda Secretaría: Claudia Dobles Camargo, Coalición Agenda Ciudadana
  • Primera Prosecretaría: Víctor Manuel Hidalgo Solís, Liberación Nacional
  • Segunda Prosecretaría: Joselyne Sánchez Núñez, Frente Amplio

San José, 01 de mayo de 2026.

Balance del Primero de Mayo

Escrito en . Publicado en Formación.

Vladimir de la Cruz

El Primero de Mayo, con fecha conmemorativa y festivo nacional se debe a la rendición de William Walker, el 1º de mayo de 1857. El presidente Juan Rafael Mora con ese motivo lo decretó para que a partir de 1858 se siguiera recordando y festejando esa fecha gloriosa. Desde entonces se celebra en Costa Rica, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor pasión, con mayor o menor conocimiento del origen histórico y glorioso de haber derrotado a los filibusteros estadounidenses, que actuaban con la intención de someter a las repúblicas independientes centroamericanas en estados asociados a los estados sureños de los Estados Unidos, y de someter a los pueblos de Centroamérica en pueblos esclavos de la Unión Americana, como muchas veces se exalta a los Estados Unidos.

La rendición de William Walker impidió en la realidad y en la práctica que pudiera someter al pueblo costarricense ni a la esclavitud ni permitió que Costa Rica perdiera su Independencia, su Libertad y su Soberanía.

La rendición de Walker no impidió que intentara volver a Centroamérica, con iguales afanes, en varias ocasione, hasta que en setiembre de 1860, fue capturado en Honduras y allí, donde todavía reposan sus restos, fue fusilado.

Se le atribuye a Walker decir que lo que no pudieron sus fusiles lo harían los dólares.

La historia económica de la región, de la que no escapa Costa Rica, ha demostrado justamente esa dependencia, haciendo que nuestros países, sean literalmente independientes pero sujetos a cadenas económicas con Estados Unidos, que le dan poder de doblegar a sectores gobernantes y dirigentes políticos, haciendo que algunos de ellos se comporten como vasallos, como siervos coloniales y como esclavos mentales, carentes de todo sentido patriótico, nacional y soberano y haciendo, por ese motivo, de nuestros países y regiones simplemente Repúblicas Alquiladas y en algunos casos por las directrices que les imponen a los gobernantes Protectorados políticos y económicos.

El 1º de Mayo de esta forma no se celebra, no se recuerda. Ni siquiera se menciona en los discursos oficiales que ese día se proclaman, se dicen urbe et orbi en estrados oficiales en el país.

Desde 1913 a esta fecha nacional, se le vinculó la internacional, relacionada con las luchas de los trabajadores en el siglo XIX por lograr la jornada de 8 horas de trabajo diario y de 48 semanales. Esta lucha había surgido en a segunda mitad del siglo XIX con fuerza gracias al desarrollo de los sindicatos y surgimiento de organizaciones obreras y partidos políticos obreros, que hicieron de las demandas de los trabajadores su banderas políticas de lucha por alcanzar el poder político para lograr darle un cause a los gobiernos a favor de las grandes mayorías y de las clases trabajadoras y populares. Los grupos reivindicativos y los partidos obreros, socialistas, comunistas, anarquistas, reformistas de distinto tipo, los partidos obreros social demócratas, como se llamaron muchos de estos partidos, junto a los movimientos socialcristianos, surgidos después de la Encíclica Rerum Novarum de 1891, fueron parte de este torrente masas populares y trabajadoras organizadas por un mundo mejor.

La lucha por las 8 horas se logró en 1886, en Chicago, Estados Unidos, resultado de un movimiento de lucha de varios años y de una lucha intensiva y extensa de huelgas, en Europa y Estados Unidos, especialmente desde 1880. Habiendo logrado la jornada en 1886 más del 80% de los trabajadores movilizados en 1886, se volvieron a preparar para el 1º de mayo de 1890. Para ese año los Congresos Obreros de París acordaron sumarse de nuevo a esa lucha internacional. El Congreso reunido en la Sala Petrelle, en París, acordó que a partir de ese 1º de Mayo, de 1890, todos los años, a escala internacional, se siguiera saliendo a las calles a luchar por la jornada de 8 horas diarias y por otras demandas salariales y de beneficios sociales. Así fue creciendo esta celebración y movilización universal de trabajadores en lucha.

Así empezó a celebrarse en Costa Rica desde el 1º de Mayo de 1913, organizada en aquel año por la primera Confederación General de Trabajadores, que existió en el país, fundada ese mismo año, en enero, por impulso del Centro de Estudios Sociales Germinal, que agrupaba a una serie de intelectuales contestatarios del sistema liberal existente, entre ellos Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes, proclives a la exaltación del Trabajo como la fuente de la riqueza producida por las trabajadores.

El discurso de Joaquín García Monge aquel día vinculó ambas fechas, la de la rendición de Walker y la de la lucha de los trabajadores por su jornada de trabajo de 8 horas.

El 1º de Mayo surgió así, como un día de balance de luchas realizadas entre el 1 de mayo del año transcurrido y el 30 de abril del año siguiente, al mismo tiempo que ese día era para plantear una plataforma de luchas y metas por obtener en el año venidero. Así, el 1 de Mayo es un día de lucha, no de fiesta. Es un día de balance de las luchas realizadas y un día para conocer una plataforma de luchas para el año que inicia el 1º de mayo.

En Costa Rica no hemos sabido combinar estas dos fechas gloriosas. La rendición de Walker pasa muy desapercibida en los aspectos que hay que celebrarla. La del 1º de Mayo muchas veces se concentró atendiendo las denuncias de las luchas sociales del momento, sin una plataforma articulada de las luchas a realizar en el año venidero. Muchas veces terminó en la sesión oficial de cambio de Directorio Legislativo para entregar un pliego de peticiones a diputados que se acercaban a los sectores sociales en marcha, que se concentraban frente a la Asamblea Legislativa, especialmente después de 1970, donde los diputados no les ponían atención, porque lo más importante para ellos era, y sigue siendo, la elección de Directorio Legislativo.

La desarticulación y la división sindical, inducida en varias centrales sindicales impedía unificar esas luchas, debilitando así la organización obrera, sindical y popular, lo que no impidió grandes luchas y grandes huelgas, en este mismo período desde 1970, así como en el período de la postguerra civil, desde 1949 hasta 1970.

Contribuía en aquellos años que los partidos políticos tenían sindicatos dirigidos por ellos, por sus dirigentes obreros o sindicales. Ninguno de los partidos con diputados tiene actualmente sindicatos con dirigentes suyos y con sus banderas como identificación política.

El balance político del 1º de Mayo hoy debe concentrarse en el papel de los diputados electos, a partir de este año, en el balance político que hay que hacer del gobierno de Rodrigo Chaves Robles, que muere el 8 de mayo. Es quizá el peor gobierno, que se ha dado en el período de la Segunda República, desde 1949 hasta hay, de los 20 que ha habido. Es el más regresivo, el más conservador, el más antidemocrático, el más proclive al autoritarismo, a la dictadura, a la tiranía, a la represión, a la disminución de beneficios sociales, a la reducción de los salarios, las pensiones y los ingresos de los trabajadores, el que más se ha preocupado por restablecer jornadas de 12 horas de trabajo diarias, sin pagos extraordinarios, con reducción real de salarios, el que más se ha preocupado y actuado en acabar con el Estado Social de Derecho y con el mismo Estado de Derecho, debilitando los poderes públicos, tratando de eliminar los controles administrativos estatales y judiciales constitucionales sobre el quehacer de las autoridades de gobierno, el que más se ha comprometido con las organizaciones narco criminales haciendo de Costa Rica la bodega de droga más importante de la región con proyección a Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, como es bien conocido por los decomisos que se hacen en esas regiones de la droga despachada desde Costa Rica, y por la desarticulación y demolición administrativa que se hizo en este gobierno de los mecanismos de lucha contra este tipo de organizaciones.

Es también el gobierno que más ha golpeado a las clases sociales medias, la que la ha puesto techo en posibilidades y oportunidades de movilidad social a todas las familias del millón de niños y adolescentes de poder estudiar en centros de educación pública sin posibilidad real de llegar a la Universidad pública. Es el gobierno que ha tratado hasta sus últimos días de enterrar y acabar con el sistema universitario público. Es el gobierno que más ha golpeado la realidad de los derechos humanos en el país, los derechos de igualdad de la mujer, el que más ha protegido a acosadores y agresores de mujeres, el que se ha negado a reconocer un mísero aumento de pensiones para personas, que por sus bajos ingresos seguramente encantados por shows de los miércoles votaron por la continuidad de sus políticas.

Si lo anterior es válido para una ligera mirada de lo que ha dejado el gobierno de Rodrigo Chaves, es también un pincelada de las tareas y luchas inmediatas que hay que emprender ante el nuevo gobierno de Laura Fernández.

Esta es la tarea política más importante que hay que emprender. El asalto democrático a la Asamblea Legislativa que logró con 31 diputados, lo envalentonó para anunciar que sigue el asalto a la Corte Suprema de Justicia por la elección o reelección que viene de un buen número de magistrados del Poder Judicial. Ya le metieron su primer zarpazo, saboteando la elección de los magistrados suplentes.

La lucha, en este sentido, por el Poder Judicial, va a constituir la lucha por la Democracia Costarricense, por la estabilidad política, por la defensa de las Garantías Individuales y los Derechos Sociales. Va a ser la lucha real y efectiva por mantener la Democrática Corte Suprema de Justicia que tenemos. Los Magistrados y Jueces del Poder Judicial están siendo gravemente amenazados, de muchas formas, incluso personales, para que especialmente aquellos que pueden reelegirse no lo hagan. El primer pulso se va a dar en esta lucha, justamente en la reelección o no de los magistrados que tienen derecho a reelegirse. Convencerlos de la reelección es una tarea moral, legal, patriótica, por la democracia. El segundo pulso se va a dar es en la postulación de los candidatos del autoritarismo institucional y político, que van a ser postulados por la canalla de los diputados de oficialismo. El tercer pulso que se va a dar es en la campaña tenebrosa y odiosa que se desatará contra los magistrados, que valientemente opten por la reelección tratando de desprestigiarlos al máximo posible, y contra quienes los apoyen, partidos o personas. El cuarto pulso que se va a dar es a nivel legislativo, en el intento de “comprar” diputados, como literalmente lo dijo el presidente Chaves, acompañándole Laura Fernández diciendo que “van por todo”, señalando también que sus diputados van la “línea que les trace el gobierno”.

Este balance político aún no se ha hecho. Tampoco hay a la vista un balance de lo social, de los sectores sociales organizados, de su situación en estos cuatro años transcurridos y de lo que se propone para el inicio del gobierno de Laura Fernández. Al menos está claro que le dará continuidad a todo lo anterior. Y en lo social inmediato van por la jornada esclavista de 12 horas y la liquidación de las universidades públicas. Estos dos objetivos por lo menos tienen la posibilidad de lucharse con mayor conciencia en las calles, con movilizaciones populares, de trabajadores, de pensionados, de estudiantes universitarios, y de secundaria, como se hizo en ALCOA, en 1970, en el COMBO, en el 2000 y en la lucha contra el TLC en el 2006 y 2007, y en cierta forma en la segunda ronda de las elecciones del 2018.

No hay que olvidar que la lucha de las universidades debe pelearse en alianza con los estudiantes de secundaria y primaria, con sus familias.

Hay que ganarse a los padres de familia enseñándoles y haciéndoles entender que en la defensa de las universidades está el futuro educativo de sus hijos, y el futuro de Costa Rica.

El pulso continental y nuestra última trinchera: el progresismo democrático

Escrito en . Publicado en Análisis.

Entre Verdades y Opiniones

Por: JoseSo (José Solano-Saborío)

Hay verdades incómodas que, si no se dicen a tiempo, terminan costando libertades. Hoy, al mirar el mapa de nuestra América Latina, la historia nos vuelve a contar esa película de tensiones y encrucijadas que tan bien conocemos. De un lado, el progresismo democrático que intenta sostener la dignidad de las mayorías; del otro, un populismo de derecha radical que no propone reparar la casa, sino prenderle fuego.

La coincidencia en el poder de líderes como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Claudia Sheinbaum en México, Gustavo Petro en Colombia y el reciente triunfo de Yamandú Orsi con el Frente Amplio en Uruguay, no es un mero accidente electoral. Representa la urgencia de rescatar la soberanía frente a un norte que, con el retorno de Donald Trump, viene desempolvando su vieja Doctrina Monroe e inyectándola de esteroides.

La batalla de los relatos y el avance neofascista

El proyecto progresista coexiste con un avance innegable del neoconservadurismo y el “plutopopulismo”. Vemos con estupor el retroceso en Argentina, donde Milei, bajo la falsa bandera de la “libertad”, desmantela el Estado para entregárselo a los mercados y precarizar la vida de la base social que paradójicamente lo apoya. En Chile, el fantasma de Pinochet renace con el triunfo de Kast y sigue amenazando con regresarnos a las horas más oscuras del autoritarismo corporativo. Y en Ecuador, la crisis de seguridad es rehén de una pugna entre un correísmo polarizante y el fenómeno de Noboa, que insiste en la vieja receta del hiper-liberalismo de élites.

México y Colombia: los faros y sus deudas

En medio de este torbellino, México y Colombia son nuestros campos de prueba más esperanzadores y desafiantes. El fenómeno de Morena —hoy liderado por Sheinbaum— demostró que es posible desplazar a la élite corrupta del PRI, el PAN y sus partidos satélites, partidos tradicionales que cavaron su propia tumba al desconectarse por completo del pueblo mexicano. Los emporios televisivos y corporativos, rabiosos por perder sus privilegios históricos, se apresuran a colgarles la etiqueta de “populistas”, que se cae solo con ver la seriedad, simpleza, diplomacia y uso de la técnica y ciencias sociales, contra los discursos violentos y efectistas de sus críticos.

Sin embargo, Morena tiene una deuda de sangre pendiente: el narcotráfico. El control territorial y la pacificación del país son el monstruo que deben someter si quieren que el proyecto social sobreviva, reconociendo un buen inicio con la operación de alto impacto en Tapalpa, Jalisco, que resultó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En la misma línea, desde el sur miramos a Colombia cruzando los dedos para que las reformas estructurales de Petro —salud, pensiones y el anhelo de la Paz Total— no mueran asfixiadas por el boicot sistemático de una oligarquía que se resiste a ceder un centímetro de poder.

Entre la incógnita, la traición y la dignidad diplomática

Para que la socialdemocracia tenga autoridad moral, debe hablar con honestidad de sus propias heridas. El caso de Cuba sigue siendo la gran incógnita. Sí, existen deudas innegables en derechos humanos y apertura, pero ¿cómo juzgar de manera justa a una isla que lleva más de seis décadas siendo asfixiada por un bloqueo estadounidense salvaje e inhumano? El imperio le extirpó a Cuba la posibilidad de ser lo que pudo haber sido sin esa asfixia constante, para bien o para mal.

Muy distinto y doloroso es el caso de Nicaragua y Venezuela. Allí no hay bloqueo que justifique que sátrapas corruptos como Daniel Ortega y Nicolás Maduro hayan traicionado a sus pueblos. Se atrincheraron en regímenes autocráticos, convirtiendo el poder en un fin en sí mismo y manchando de sangre cualquier ideal legítimo de justicia social que alguna vez prometieron defender.

Sin embargo, aquí hay que trazar una línea roja inflexible: ni la tragedia del autoritarismo en Nicaragua o Venezuela, ni el complejo panorama cubano, excusan o legitiman bajo ninguna circunstancia las amenazas de Donald Trump de emprender acciones ilegales, militares claramente colonialistas ante el Derecho Internacional. Cualquier maniobra que pretenda saltarse las vías estrictamente políticas y diplomáticas es inaceptable.

Es precisamente en este punto donde brilla el progresismo democrático. Frente a los arrebatos imperialistas de Trump, son Lula, Sheinbaum y Petro quienes nos ofrecen un verdadero manual de dignidad republicana. Han sabido negociar y plantársele a Washington con diplomacia de Estado, exigiendo respeto sin subordinarse, y recordándole al norte que América Latina, parte de un Sur Global ya revelado, no es su patio trasero, sino una región soberana.

El llamado a nuestra propia trinchera: Costa Rica

Todo este ajedrez continental nos devuelve a nuestra propia casa, a la Costa Rica donde también nos intentan vender la idea de que nuestro Estado Social de Derecho fue una farsa y que nuestra democracia es desechable frente a la promesa de la “mano dura”.

Hoy, la responsabilidad de detener este desmantelamiento institucional recae en la oposición progresista y socialdemócrata, concentrada principalmente en el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA). Como última esperanza y línea de defensa de nuestra democracia centenaria, tienen un mandato ciudadano claro: es el momento de la madurez.

El FA debe superar el purismo ideológico y ese sectarismo que le impide construir mayorías, y el PLN debe reconectar urgentemente con sus raíces sociales, alejándose de una vez por todas de las cúpulas neoliberales. Si no logran encontrar puntos de convergencia para defender nuestro Estado Social de Derecho y lo que nos hizo una rareza luminosa en el mundo —nuestra Caja Costarricense de Seguro Social, nuestra educación pública y la equidad social—, le estarán abriendo la puerta de par en par a los pregoneros del caos.

Costa Rica no necesita mesías autoritarios que, encima, usen la soberanía y dignidad como nación para venderse al Washington trumpista. Necesita ciudadanos despiertos y líderes que entiendan que la democracia no se entrega por despecho. Que no nos vuelvan a engañar.

Organizaciones socioambientales respaldan al movimiento estudiantil de la UCR

Escrito en . Publicado en Educación.

Comunicado
Costa Rica, 23 de abril de 2026

Las organizaciones socioambientales firmantes manifestamos nuestro respaldo firme a las y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes hoy se encuentran en primera línea en la defensa de la educación pública, la autonomía universitaria y los principios democráticos que sostienen nuestro Estado Social de Derecho.

Hoy, las y los estudiantes de la UCR no solo defienden su universidad, defienden a Costa Rica y su historia. En un contexto marcado por la ruptura del diálogo en torno al financiamiento de la educación superior pública (FEES), el debilitamiento de los espacios institucionales de negociación y una creciente conflictividad social, su movilización constituye una respuesta legítima frente a decisiones que afectan directamente su derecho a la educación pública de calidad.

Desde los colectivos socioambientales, reivindicamos el derecho legítimo a la protesta social, el cual encuentra sustento directo en la Constitución Política de Costa Rica, particularmente en el artículo 26 (derecho de reunión) y el artículo 29 (libertad de expresión). Estos derechos han sido reiteradamente protegidos por la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, que ha reconocido la protesta como una manifestación esencial de participación democrática y control ciudadano.

En ese marco, las acciones de protesta estudiantil, incluida la ocupación de espacios institucionales como mecanismo de presión, deben ser comprendidas en su contexto y no tratadas como actos aislados. La realidad es que son expresiones de una acumulación de tensiones legítimas frente a decisiones que comprometen el financiamiento público, y el acceso a la educación.

En este contexto, resulta insostenible omitir el profundo cuestionamiento que recae sobre la actual rectoría de la Universidad de Costa Rica. La gestión del rector Carlos Araya Leandro atraviesa una crisis de legitimidad sin precedentes recientes, marcada por decisiones altamente controvertidas en el marco de la negociación del FEES, tensiones internas acumuladas y crecientes señalamientos sobre el manejo institucional. Esta situación ha erosionado gravemente la confianza de amplios sectores de la comunidad universitaria y ha comprometido la capacidad de conducción en un momento crítico para la educación pública.

Frente a este escenario, la exigencia de renuncia planteada por el movimiento estudiantil no solo es comprensible, sino que se inscribe dentro de un ejercicio legítimo de control democrático y responsabilidad política. Sostener una autoridad sin respaldo social suficiente, en medio de una crisis abierta, profundiza el conflicto y debilita aún más la institucionalidad universitaria. La responsabilidad política no puede ser eludida.

Por ello, manifestamos:

  1. Exigimos el respeto absoluto a la integridad física, psicológica y emocional de las y los estudiantes movilizados.

  2. Demandamos garantías claras, inmediatas y verificables de no represión, incluyendo el cese de cualquier forma de represalia contra las personas integrantes del movimiento estudiantil.

  3. Respaldamos la exigencia de instalación de una mesa formal de diálogo, con participación efectiva y vinculante de representantes estudiantiles, como condición mínima para una salida democrática al conflicto.

  4. Rechazamos cualquier intento de criminalización, estigmatización o deslegitimación de la protesta estudiantil, prácticas incompatibles con un Estado democrático de derecho.

  5. Reiteramos que la exigencia de renuncia del rector, planteada por el movimiento estudiantil, constituye una expresión legítima en el marco de la actual crisis de gobernabilidad universitaria.

Advertimos que cualquier actuación que vulnere estos derechos fundamentales no solo implicaría responsabilidad jurídica, sino que profundizaría la crisis institucional que hoy atraviesa el país. Las luchas socioambientales han demostrado históricamente que la movilización social ha sido determinante para la defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos colectivos. En esa misma línea, reconocemos en el movimiento estudiantil un actor clave en la defensa del interés público y en la construcción de un país más justo. La protesta es un derecho, no un delito.

El Mandato 2026: entre la confianza prestada y la vigilancia democrática

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

A solo unos días de asumir: La conformación de la nueva Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030 no es solo un reparto de curules; es un mensaje cifrado del electorado costarricense que los partidos deben aprender a leer antes de que se agote la tinta del periodo constitucional. El votante ha hablado y, en su sabiduría, ha diseñado un contrapeso que obliga a la madurez política.

Al PPSO: El espejismo de la omnipotencia

El oficialismo celebra un espaldarazo contundente con el 48% obtenido por Laura Fernández para la Presidencia. No obstante, el diablo está en los detalles: ese 43% en la papeleta legislativa —un quiebre de voto de 5 puntos— les otorga 31 diputados. Es una mayoría simple holgada, pero no los 38 votos necesarios para una reforma constitucional o el control total pretendido por el chavismo.

¿La lectura? El costarricense le otorgó el beneficio de la duda al PPSO, quitándole la excusa de la “falta de herramientas” que usaron durante el cuatrienio anterior para justificar la carencia de resultados en seguridad, educación y soberanía alimentaria. Sin embargo, el electorado le puso un freno de mano consciente: se les da el poder para ejecutar, pero no para desmantelar la Constitución. Se acabó el tiempo de la inercia; ahora les toca gobernar con sello propio.

PLN: El factor Ramos vs. El estigma partidario

El 34% presidencial y el 22% legislativo dejan claro que el resultado no es un perdón a la marca “Liberación”, sino un reconocimiento al liderazgo de Álvaro Ramos. El mensaje es lapidario: o el partido termina de soltar los apellidos tradicionales y se abraza definitivamente a la renovación, o el rechazo histórico terminará por sepultarlos. Deben legislar entendiendo que son una fuerza de contención gracias a sus figuras frescas, no a sus viejas estructuras.

Frente Amplio: La madurez de la oposición

El FA debe interpretar correctamente su rol. Costa Rica los valida como una oposición constante y congruente, pero no como opción de gobierno. El reto será moderar su purismo ideológico y ese sectarismo que les impide construir mayorías. Si logran transitar hacia un pragmatismo estratégico sin vender sus principios, podrán ser el eje de las alianzas amplias que el país demanda.

PCAC (PAC y ADN): Cicatrices y nuevas oportunidades

El regreso del PAC y la irrupción de ADN marcan un voto de “segunda oportunidad”. Para el PAC, la herida sigue abierta: su dualidad entre el progresismo social y el neoliberalismo económico, sumado a la traición a su postulado anticorrupción, les sigue cobrando factura. El electorado les permite volver, pero bajo una lupa de sospecha permanente.

PUSC: Crónica de una desaparición anunciada

Convertirse en una fracción “unipersonal” es el castigo natural al oportunismo. El PUSC perdió su identidad al mimetizarse con el oficialismo. Hoy están en cuidados intensivos: o recuperan su esencia socialcristiana, o la historia los archivará en el cajón de los partidos extintos.

El fin de los “partidos taxi” y el personalismo

Para el resto de los actores políticos que quedaron fuera, la lección es brutal pero necesaria: el multipartidismo atomizado y los partidos taxi ya no son opción. El electorado ha dejado de comprar aspiraciones individuales vestidas de proyectos políticos. La gente exige estructuras con peso real y resultados tangibles, rechazando la fragmentación que solo servía para alimentar egos o asegurar dietas.

Lecciones para el cuatrienio

El eescenario está listo, les toca ahora a los actores aprovecharlo. Al oficialismo le corresponde dejar de repartir culpas y empezar a entregar resultados; ya no hay bloqueos legislativos que valgan como excusa. A la oposición, le toca la responsabilidad de ser constructiva, pero, sobre todo, vigilante.

El mandato ciudadano es claro: Costa Rica quiere eficiencia, pero jamás a costa de la institucionalidad democrática ni del Estado Social de Derecho. Los próximos cuatro años determinarán si nuestra clase política entendió que el poder es una herramienta de servicio, no un cheque en blanco.

La defensa del Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Corren tiempos difíciles para defender al Poder Judicial y a sus órganos auxiliares (Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública). Pero tenemos que hacerlo sentando la primera diferenciación: una cosa es el entramado institucional y otra, muy distinta, las personas que circunstancialmente lo representan. Además, en un cuerpo tan amplio y complejo como el Poder Judicial costarricense, no es válido hacer generalizaciones. Hay de todo como en cualquier conglomerado humano. No creo equivocarme si digo que, a todo nivel, es más la gente íntegra y trabajadora que la corrupta o negligente.

Otra cuestión que debe quedar muy clara es que, en democracia, una cuestión es criticar las instituciones para mejorarlas, y otra, la opuesta, levantar señalamientos para demolerlas y arrasar con el sistema democrático mismo.

El primer gesto de defensa institucional consiste, entonces, en reconocer lo que ha andado mal por muchos años –nostra culpa-, esos crónicos males sin resolver, como la insostenible duración de los procesos; la pésima calidad de las investigaciones; la mediocre calidad jurídica de resoluciones y sentencias; la ausencia de controles efectivos sobre el rendimiento profesional del funcionariado y las abusivas prácticas de los litigantes; la tozuda resistencia de la cúpula a impulsar las transformaciones urgentes o a soportar las evaluaciones externas. Lo anterior sólo para mencionar algunas de las cuestiones más sensibles a las que no se ha dado respuesta.

A esto hay que agregar las cíclicas crisis del sistema por escándalos de corrupción, a saber, influencia de la peor política en decisiones trascendentales (reelección presidencial, manoseo de la Constitución en leyes de implementación del TLC, impunidad en el juzgamiento de líderes políticos y miembros de los supremos poderes, para solo dar algunos ejemplos) y, ahora, la amenazante infiltración del crimen organizado en la sociedad y los poderes públicos, incluido el sector justicia.

La estrategia de quienes se sienten autorizados a cuestionar el sistema tradicional en su conjunto, sea blandiendo motosierras, lanzallamas o jaguares desbocados, han alzado la bandera de cambiarlo todo… Pero como ya sabemos, para que nada cambie.

¿Qué sentido puede tener la consigna del cambio si en el fondo se trata del adagio, tan caribeño, de quítate tú pa´ ponerme yo? ¿Qué avance significativo puede haber si no le entramos, en serio, al mejoramiento del servicio público de justicia, a las respuestas en tiempos razonables, los procedimientos interminables, la calidad de las investigaciones, el control disciplinario sobre los que no dan la talla o no consiguen tener un mínimo de destrezas en resoluciones y sentencias? ¿Qué vamos a ganar si no reconocemos que a estas alturas del sigo XXI no podemos seguir arrastrando un modelo de organización y funcionamientos del Judicial anclado en el siglo XIX? ¿Hasta cuándo vamos a deslindar, de una vez por todas, la función jurisdiccional (a cargo de los tribunales de todas las categorías), de la función de gobierno y administración (ejercido por un órgano especializado que sustituya a la Corte), fuente de toda burocratización e ineficiencia del Poder Judicial? ¿De qué nos va a servir que nuevas mayorías parlamentarias aspiren a renovar la Corte Suprema si, en lugar de los amigos de otros, van a colocar a sus propios amigos, perpetuando la mala práctica de relegar a las y los mejores para asegurar influencias en caso de requerirse?

Estamos al borde de un abismo autoritario donde el ideal transformador es Nayib Bukele, caudillo salvadoreño, es decir, un Ejecutivo que concentre todo el poder, que pueda hacer y deshacer sin controles republicanos; un régimen que no dé cuentas al parlamento y menos aún a los jueces y demás entidades contraloras; un “orden” de vida cimentado en el estado de sitio y la suspensión de garantías individuales. Pero hay que reconocer, con mucha desazón, que hemos llegado hasta aquí porque por décadas no corregimos lo que anduvo mal. Estamos desmantelando el estado social de derecho a pellizcos; engendramos una sociedad cada vez más violenta, desigual e inequitativa; caímos en el dogma de la reducción del Estado y la desfinanciación de servicios públicos básicos.

Han sido muchos los expulsados del sistema escolar y quienes no gozan de garantías sociales y laborales mínimas. Las fuerzas políticas dominantes creyeron que podían hacer con las instituciones, los nombramientos y las políticas públicas lo que conviniera a sus particulares intereses, olvidándose de las grandes mayorías, los sectores más vulnerables, los marginados y desplazados, buena parte de los cuales han concurrido a votar en masa por el continuismo chavista, la voz que insulta, despotrica e injuria, pero que de alguna manera – o quizá precisamente por eso- ha logrado canalizar todo el descontento real y legítimo de la gente. Detenerse a oír las “soluciones” propuestas de la Presidenta electa, centradas en la implementación de la “mano dura”, o bien en la abrogación de derechos, libertades y garantías constitucionales, solo puede producir vértigo, ya sea por la vacuidad de las consignas, ya sea por la amenaza de vivir en una sociedad sin estado de derecho.

Cuánto tiempo proseguirán las cosas sin que nada cambie lo veremos en cuestiones muy concretas: la organización y funcionamiento del Poder Judicial seguirá siendo la misma; a las nuevas fuerzas políticas le convendrá mantener una cúpula judicial que concentre poderes, anacrónica e ineficiente, que se ponga a disposición de las mayorías legislativas y ejecutivas de última hora y a la que se le pueda echar la culpa de todo lo que no funciona; un “nuevo” Poder Judicial que le pase por encima a la Constitución y a la propia madre si con eso complace a los poderosos de turno. Ya hay un adelanto de esto si nos fijamos en el grupito de magistrados (as) que votaron en contra del pase a la Asamblea Legislativa de los casos contra Chaves.

Cuánto seguirán las cosas como están, lo sabremos cuando se entienda que la manifiesta impunidad en procesos contra gentes con poder político o económico, es un problema crónico y estructural, que juega a favor de los corruptos (empresarios en colusión con funcionarios), cálculo que ya estarán haciendo los herederos de última generación de quienes confunden la cosa pública con la privada, el interés personalísimo con el bien común, los recursos de todos con el aprovechamiento de unos pocos. Todo lo cual no es monopolio de unos u otros líderes o partidos, los tradicionales o los recién llegados, sino del modo de operar el sistema mismo, diseñado para que corrupción e impunidad se terminen consumando más allá de personajes y engranajes. La cruda verdad que tenemos que enfrentar no es que haya corruptos por aquí o por allá, lo que debemos comprender es que las reglas del sistema mismo son las corruptas: un neoliberalismo que ve oportunidades de negocio en la gestión gubernativa y en cualquier inversión con dineros públicos. Por eso su obsesión privatizadora, su famosa estrategia de alianzas público-privadas y la precarización de servicios para obligarnos a todos a pagarlos en lo privado.

Confirmaremos que las cosas siguen como están cuando un día, –¡oh sorpresa!- las empresas constructoras de siempre sigan ganando los licitaciones de obra pública, por ejemplo, para construir la nefasta mega-cárcel o el complejo de la ciudad gobierno; sabremos asimismo que nada ha cambiado cuando veamos que la obra pública en salud (hospitales regionales, la Torre del Hospital de Niños), y en educación (el deterioro edilicio de escuelas y colegios), seguirán enfrentando trabas y retrasos, para crear necesidades artificiales que le permitan, a quienes ven en la sanidad y la instrucción una mercancía más, hacerse ricos mientras amplios sectores se quedan sin acceso a estos derechos indispensables. Y en fin, para no hacer la lista interminable, las cosas seguirán como están cuando los grandes financistas de campañas electorales sigan apostando al caballo ganador, o bien si la nueva mayoría en la Asamblea Legislativa, dicta su reglamento para hacer nombramientos de Corte y otros altos cargos, a la medida de la coyuntura que le favorece, ignorando a los aspirantes con mejores atestados y experiencia, sacrificando, una vez más, la excelencia independiente por la mediocridad servil.

No se sostiene la crítica de que los hechos irregulares o de corrupción que emergen en la Corte Suprema son responsabilidad del mismo Poder Judicial, puesto que las designaciones de magistraturas son resorte de la Asamblea Legislativa y, hasta donde lo confirman los hechos, la Corte más bien ha cumplido con los procedimientos para disciplinar y enjuiciar a los magistrados envueltos en este tipo de infracciones. Tampoco es cierto que esta cuestión sea exclusiva responsabilidad del bipartidismo PLN/PUSC, la famosa “red de cuido”, dado que desde hace 24 años han concurrido muchos partidos en la designación de miembros de Corte y, al día de hoy, la gran mayoría ya no fueron electos por esa situación política.

Tampoco puede aceptarse la crítica lanzada contra el Poder Judicial como supuesto responsable de la grave situación de violencia criminal y la consiguiente impunidad. La acusación no resiste un serio análisis porque es responsabilidad del Ejecutivo, y no del Judicial, la función constitucional de mantener la seguridad, el orden público y la prevención del delito por medio de sus cuerpos policiales. Los tribunales de justicia, los fiscales y la policía técnica judicial intervienen cuando ya el hecho delictivo ha sido tentado o consumado, en una función estrictamente punitiva. Tampoco es de recibo la crítica de que la impunidad es responsabilidad del sistema de justicia en razón de que policía administrativa (Fuerza Pública) cumple con su deber deteniendo a los presuntos responsables y, en cuestión de horas, jueces y fiscales los ponen en libertad (puerta giratoria), ya que, al formularse el señalamiento, no se da ni un solo dato de, en cuántos casos ocurre esto, si el trabajo policial ha sido bien hecho respetándose derechos fundamentales, y si las razones del actuar judicial está bien o mal justificado. Esta descalificación omite, en cambio, considerar que Costa Rica, en los últimos treinta años, no sólo se ha abusado de la prisión preventiva sino que en números macro, se ha pasado de tener una tasa de prisionización de 100 presos por cada 100 mil habitantes, a una que ronda en la actualidad los casi 400 prisioneros por 100 mil habitantes. Este es un fenómeno prácticamente implosivo, que revela una deriva punitiva centrada en el encierro, que para bien o para mal, esta es una sociedad que ha apostado por encarcelar cada vez más gente y que es falsa la acusación de indolencia o alcahuetería del sistema penal. Es evidente que el frío no está en las cobijas, sino en ese modelo económico que ha abandonado el estado social de derecho inclusivo (estado de bienestar), por el excluyente y divisivo sistema de libérrimo mercado.

En fin, cuando uno oye al Presidente de la democrática República de Costa Rica, la misma que tiene más maestros que soldados, referirse a la Corte Suprema como “…un cáncer, una bolsa de pus…”, aparte de sentir que hemos tocado fondo, sólo cabe la pregunta: ¿de dónde surge tanto odio? La respuesta es muy sencilla: es el odio del autócrata que no controla a los jueces a su gusto y antojo… al menos hasta ahora.

Una última interrogante se impone: ¿hasta cuándo los demócratas auténticos impulsaremos los cambios que nos vacunen contra el reino de los tiranuelos populistas?