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Etiqueta: Estado Social de Derecho

El Mandato 2026: entre la confianza prestada y la vigilancia democrática

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

A solo unos días de asumir: La conformación de la nueva Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030 no es solo un reparto de curules; es un mensaje cifrado del electorado costarricense que los partidos deben aprender a leer antes de que se agote la tinta del periodo constitucional. El votante ha hablado y, en su sabiduría, ha diseñado un contrapeso que obliga a la madurez política.

Al PPSO: El espejismo de la omnipotencia

El oficialismo celebra un espaldarazo contundente con el 48% obtenido por Laura Fernández para la Presidencia. No obstante, el diablo está en los detalles: ese 43% en la papeleta legislativa —un quiebre de voto de 5 puntos— les otorga 31 diputados. Es una mayoría simple holgada, pero no los 38 votos necesarios para una reforma constitucional o el control total pretendido por el chavismo.

¿La lectura? El costarricense le otorgó el beneficio de la duda al PPSO, quitándole la excusa de la “falta de herramientas” que usaron durante el cuatrienio anterior para justificar la carencia de resultados en seguridad, educación y soberanía alimentaria. Sin embargo, el electorado le puso un freno de mano consciente: se les da el poder para ejecutar, pero no para desmantelar la Constitución. Se acabó el tiempo de la inercia; ahora les toca gobernar con sello propio.

PLN: El factor Ramos vs. El estigma partidario

El 34% presidencial y el 22% legislativo dejan claro que el resultado no es un perdón a la marca “Liberación”, sino un reconocimiento al liderazgo de Álvaro Ramos. El mensaje es lapidario: o el partido termina de soltar los apellidos tradicionales y se abraza definitivamente a la renovación, o el rechazo histórico terminará por sepultarlos. Deben legislar entendiendo que son una fuerza de contención gracias a sus figuras frescas, no a sus viejas estructuras.

Frente Amplio: La madurez de la oposición

El FA debe interpretar correctamente su rol. Costa Rica los valida como una oposición constante y congruente, pero no como opción de gobierno. El reto será moderar su purismo ideológico y ese sectarismo que les impide construir mayorías. Si logran transitar hacia un pragmatismo estratégico sin vender sus principios, podrán ser el eje de las alianzas amplias que el país demanda.

PCAC (PAC y ADN): Cicatrices y nuevas oportunidades

El regreso del PAC y la irrupción de ADN marcan un voto de “segunda oportunidad”. Para el PAC, la herida sigue abierta: su dualidad entre el progresismo social y el neoliberalismo económico, sumado a la traición a su postulado anticorrupción, les sigue cobrando factura. El electorado les permite volver, pero bajo una lupa de sospecha permanente.

PUSC: Crónica de una desaparición anunciada

Convertirse en una fracción “unipersonal” es el castigo natural al oportunismo. El PUSC perdió su identidad al mimetizarse con el oficialismo. Hoy están en cuidados intensivos: o recuperan su esencia socialcristiana, o la historia los archivará en el cajón de los partidos extintos.

El fin de los “partidos taxi” y el personalismo

Para el resto de los actores políticos que quedaron fuera, la lección es brutal pero necesaria: el multipartidismo atomizado y los partidos taxi ya no son opción. El electorado ha dejado de comprar aspiraciones individuales vestidas de proyectos políticos. La gente exige estructuras con peso real y resultados tangibles, rechazando la fragmentación que solo servía para alimentar egos o asegurar dietas.

Lecciones para el cuatrienio

El eescenario está listo, les toca ahora a los actores aprovecharlo. Al oficialismo le corresponde dejar de repartir culpas y empezar a entregar resultados; ya no hay bloqueos legislativos que valgan como excusa. A la oposición, le toca la responsabilidad de ser constructiva, pero, sobre todo, vigilante.

El mandato ciudadano es claro: Costa Rica quiere eficiencia, pero jamás a costa de la institucionalidad democrática ni del Estado Social de Derecho. Los próximos cuatro años determinarán si nuestra clase política entendió que el poder es una herramienta de servicio, no un cheque en blanco.

La defensa del Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Corren tiempos difíciles para defender al Poder Judicial y a sus órganos auxiliares (Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública). Pero tenemos que hacerlo sentando la primera diferenciación: una cosa es el entramado institucional y otra, muy distinta, las personas que circunstancialmente lo representan. Además, en un cuerpo tan amplio y complejo como el Poder Judicial costarricense, no es válido hacer generalizaciones. Hay de todo como en cualquier conglomerado humano. No creo equivocarme si digo que, a todo nivel, es más la gente íntegra y trabajadora que la corrupta o negligente.

Otra cuestión que debe quedar muy clara es que, en democracia, una cuestión es criticar las instituciones para mejorarlas, y otra, la opuesta, levantar señalamientos para demolerlas y arrasar con el sistema democrático mismo.

El primer gesto de defensa institucional consiste, entonces, en reconocer lo que ha andado mal por muchos años –nostra culpa-, esos crónicos males sin resolver, como la insostenible duración de los procesos; la pésima calidad de las investigaciones; la mediocre calidad jurídica de resoluciones y sentencias; la ausencia de controles efectivos sobre el rendimiento profesional del funcionariado y las abusivas prácticas de los litigantes; la tozuda resistencia de la cúpula a impulsar las transformaciones urgentes o a soportar las evaluaciones externas. Lo anterior sólo para mencionar algunas de las cuestiones más sensibles a las que no se ha dado respuesta.

A esto hay que agregar las cíclicas crisis del sistema por escándalos de corrupción, a saber, influencia de la peor política en decisiones trascendentales (reelección presidencial, manoseo de la Constitución en leyes de implementación del TLC, impunidad en el juzgamiento de líderes políticos y miembros de los supremos poderes, para solo dar algunos ejemplos) y, ahora, la amenazante infiltración del crimen organizado en la sociedad y los poderes públicos, incluido el sector justicia.

La estrategia de quienes se sienten autorizados a cuestionar el sistema tradicional en su conjunto, sea blandiendo motosierras, lanzallamas o jaguares desbocados, han alzado la bandera de cambiarlo todo… Pero como ya sabemos, para que nada cambie.

¿Qué sentido puede tener la consigna del cambio si en el fondo se trata del adagio, tan caribeño, de quítate tú pa´ ponerme yo? ¿Qué avance significativo puede haber si no le entramos, en serio, al mejoramiento del servicio público de justicia, a las respuestas en tiempos razonables, los procedimientos interminables, la calidad de las investigaciones, el control disciplinario sobre los que no dan la talla o no consiguen tener un mínimo de destrezas en resoluciones y sentencias? ¿Qué vamos a ganar si no reconocemos que a estas alturas del sigo XXI no podemos seguir arrastrando un modelo de organización y funcionamientos del Judicial anclado en el siglo XIX? ¿Hasta cuándo vamos a deslindar, de una vez por todas, la función jurisdiccional (a cargo de los tribunales de todas las categorías), de la función de gobierno y administración (ejercido por un órgano especializado que sustituya a la Corte), fuente de toda burocratización e ineficiencia del Poder Judicial? ¿De qué nos va a servir que nuevas mayorías parlamentarias aspiren a renovar la Corte Suprema si, en lugar de los amigos de otros, van a colocar a sus propios amigos, perpetuando la mala práctica de relegar a las y los mejores para asegurar influencias en caso de requerirse?

Estamos al borde de un abismo autoritario donde el ideal transformador es Nayib Bukele, caudillo salvadoreño, es decir, un Ejecutivo que concentre todo el poder, que pueda hacer y deshacer sin controles republicanos; un régimen que no dé cuentas al parlamento y menos aún a los jueces y demás entidades contraloras; un “orden” de vida cimentado en el estado de sitio y la suspensión de garantías individuales. Pero hay que reconocer, con mucha desazón, que hemos llegado hasta aquí porque por décadas no corregimos lo que anduvo mal. Estamos desmantelando el estado social de derecho a pellizcos; engendramos una sociedad cada vez más violenta, desigual e inequitativa; caímos en el dogma de la reducción del Estado y la desfinanciación de servicios públicos básicos.

Han sido muchos los expulsados del sistema escolar y quienes no gozan de garantías sociales y laborales mínimas. Las fuerzas políticas dominantes creyeron que podían hacer con las instituciones, los nombramientos y las políticas públicas lo que conviniera a sus particulares intereses, olvidándose de las grandes mayorías, los sectores más vulnerables, los marginados y desplazados, buena parte de los cuales han concurrido a votar en masa por el continuismo chavista, la voz que insulta, despotrica e injuria, pero que de alguna manera – o quizá precisamente por eso- ha logrado canalizar todo el descontento real y legítimo de la gente. Detenerse a oír las “soluciones” propuestas de la Presidenta electa, centradas en la implementación de la “mano dura”, o bien en la abrogación de derechos, libertades y garantías constitucionales, solo puede producir vértigo, ya sea por la vacuidad de las consignas, ya sea por la amenaza de vivir en una sociedad sin estado de derecho.

Cuánto tiempo proseguirán las cosas sin que nada cambie lo veremos en cuestiones muy concretas: la organización y funcionamiento del Poder Judicial seguirá siendo la misma; a las nuevas fuerzas políticas le convendrá mantener una cúpula judicial que concentre poderes, anacrónica e ineficiente, que se ponga a disposición de las mayorías legislativas y ejecutivas de última hora y a la que se le pueda echar la culpa de todo lo que no funciona; un “nuevo” Poder Judicial que le pase por encima a la Constitución y a la propia madre si con eso complace a los poderosos de turno. Ya hay un adelanto de esto si nos fijamos en el grupito de magistrados (as) que votaron en contra del pase a la Asamblea Legislativa de los casos contra Chaves.

Cuánto seguirán las cosas como están, lo sabremos cuando se entienda que la manifiesta impunidad en procesos contra gentes con poder político o económico, es un problema crónico y estructural, que juega a favor de los corruptos (empresarios en colusión con funcionarios), cálculo que ya estarán haciendo los herederos de última generación de quienes confunden la cosa pública con la privada, el interés personalísimo con el bien común, los recursos de todos con el aprovechamiento de unos pocos. Todo lo cual no es monopolio de unos u otros líderes o partidos, los tradicionales o los recién llegados, sino del modo de operar el sistema mismo, diseñado para que corrupción e impunidad se terminen consumando más allá de personajes y engranajes. La cruda verdad que tenemos que enfrentar no es que haya corruptos por aquí o por allá, lo que debemos comprender es que las reglas del sistema mismo son las corruptas: un neoliberalismo que ve oportunidades de negocio en la gestión gubernativa y en cualquier inversión con dineros públicos. Por eso su obsesión privatizadora, su famosa estrategia de alianzas público-privadas y la precarización de servicios para obligarnos a todos a pagarlos en lo privado.

Confirmaremos que las cosas siguen como están cuando un día, –¡oh sorpresa!- las empresas constructoras de siempre sigan ganando los licitaciones de obra pública, por ejemplo, para construir la nefasta mega-cárcel o el complejo de la ciudad gobierno; sabremos asimismo que nada ha cambiado cuando veamos que la obra pública en salud (hospitales regionales, la Torre del Hospital de Niños), y en educación (el deterioro edilicio de escuelas y colegios), seguirán enfrentando trabas y retrasos, para crear necesidades artificiales que le permitan, a quienes ven en la sanidad y la instrucción una mercancía más, hacerse ricos mientras amplios sectores se quedan sin acceso a estos derechos indispensables. Y en fin, para no hacer la lista interminable, las cosas seguirán como están cuando los grandes financistas de campañas electorales sigan apostando al caballo ganador, o bien si la nueva mayoría en la Asamblea Legislativa, dicta su reglamento para hacer nombramientos de Corte y otros altos cargos, a la medida de la coyuntura que le favorece, ignorando a los aspirantes con mejores atestados y experiencia, sacrificando, una vez más, la excelencia independiente por la mediocridad servil.

No se sostiene la crítica de que los hechos irregulares o de corrupción que emergen en la Corte Suprema son responsabilidad del mismo Poder Judicial, puesto que las designaciones de magistraturas son resorte de la Asamblea Legislativa y, hasta donde lo confirman los hechos, la Corte más bien ha cumplido con los procedimientos para disciplinar y enjuiciar a los magistrados envueltos en este tipo de infracciones. Tampoco es cierto que esta cuestión sea exclusiva responsabilidad del bipartidismo PLN/PUSC, la famosa “red de cuido”, dado que desde hace 24 años han concurrido muchos partidos en la designación de miembros de Corte y, al día de hoy, la gran mayoría ya no fueron electos por esa situación política.

Tampoco puede aceptarse la crítica lanzada contra el Poder Judicial como supuesto responsable de la grave situación de violencia criminal y la consiguiente impunidad. La acusación no resiste un serio análisis porque es responsabilidad del Ejecutivo, y no del Judicial, la función constitucional de mantener la seguridad, el orden público y la prevención del delito por medio de sus cuerpos policiales. Los tribunales de justicia, los fiscales y la policía técnica judicial intervienen cuando ya el hecho delictivo ha sido tentado o consumado, en una función estrictamente punitiva. Tampoco es de recibo la crítica de que la impunidad es responsabilidad del sistema de justicia en razón de que policía administrativa (Fuerza Pública) cumple con su deber deteniendo a los presuntos responsables y, en cuestión de horas, jueces y fiscales los ponen en libertad (puerta giratoria), ya que, al formularse el señalamiento, no se da ni un solo dato de, en cuántos casos ocurre esto, si el trabajo policial ha sido bien hecho respetándose derechos fundamentales, y si las razones del actuar judicial está bien o mal justificado. Esta descalificación omite, en cambio, considerar que Costa Rica, en los últimos treinta años, no sólo se ha abusado de la prisión preventiva sino que en números macro, se ha pasado de tener una tasa de prisionización de 100 presos por cada 100 mil habitantes, a una que ronda en la actualidad los casi 400 prisioneros por 100 mil habitantes. Este es un fenómeno prácticamente implosivo, que revela una deriva punitiva centrada en el encierro, que para bien o para mal, esta es una sociedad que ha apostado por encarcelar cada vez más gente y que es falsa la acusación de indolencia o alcahuetería del sistema penal. Es evidente que el frío no está en las cobijas, sino en ese modelo económico que ha abandonado el estado social de derecho inclusivo (estado de bienestar), por el excluyente y divisivo sistema de libérrimo mercado.

En fin, cuando uno oye al Presidente de la democrática República de Costa Rica, la misma que tiene más maestros que soldados, referirse a la Corte Suprema como “…un cáncer, una bolsa de pus…”, aparte de sentir que hemos tocado fondo, sólo cabe la pregunta: ¿de dónde surge tanto odio? La respuesta es muy sencilla: es el odio del autócrata que no controla a los jueces a su gusto y antojo… al menos hasta ahora.

Una última interrogante se impone: ¿hasta cuándo los demócratas auténticos impulsaremos los cambios que nos vacunen contra el reino de los tiranuelos populistas?

La estrategia del “enroque”: cómo combatir al chavismo sin caer en su trampa

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por JoseSo (José Solano‑Saborío)

La falta de estrategia, en un juego de ajedrez político, es un suicidio

La victoria electoral de Laura Fernández y el anuncio —largamente anticipado— del “enroque” ministerial con Rodrigo Chaves no constituyen un simple cambio de mando. Representan, más bien, la consolidación de un proyecto político que ha sabido dominar el tablero costarricense mediante una estrategia de comunicación militarizada, digna de estudio. Para la oposición, el desafío ya no es solo ganar una elección, sino aprender cómo enfrentar una maquinaria de poder que, al igual que la ultraderecha neoconservadora global, ha hecho de la polarización y el agravio su principal combustible.

Las experiencias de líderes como Lula da Silva en Brasil, Andrés Manuel López Obrador junto a Claudia Sheinbaum en México y Gustavo Petro en Colombia ofrecen pistas valiosas, siempre y cuando sean adaptadas a nuestra idiosincrasia y no copiadas mecánicamente.

Entender al adversario

El llamado “chavismo‑tico” no es un fenómeno espontáneo ni improvisado. Es la aplicación local del manual populista de la derecha neoconservadora occidental —con raíces claras en métodos fascistas de Mussolini y Hitler— basado en la construcción de un “pueblo” moralmente virtuoso (la célebre “señora de Purral”) enfrentado a una “élite corrupta” (los “ticos con corona”, donde se incluyen medios de comunicación, jueces y políticos tradicionales).

Esta narrativa ha logrado convertir un enojo social legítimo en un arma de movilización permanente. Rodrigo Chaves, cual estratega sun‑tzuano —siguiendo la lógica de El arte de la guerra— comprendió que no debía derrotar a la oposición de forma frontal, sino provocarla sistemáticamente para que reaccionara con ira y se desgastara por sí misma. Cada grito, cada denuncia airada, lejos de debilitarlo, reforzaba su relato: “el sistema” lo ataca porque le teme.

La oposición, fragmentada y reactiva, cayó una y otra vez en esa trampa, proyectando una imagen de desorden, improvisación y agotamiento que terminó por llevarla a “vencerse a sí misma”. A ello se sumó una estrategia deliberada de deslegitimación de la prensa crítica, orientada a erosionar cualquier contrapeso democrático.

Aprender sin copiar

Frente a este escenario, la nueva oposición no puede insistir en las mismas fórmulas fallidas. Aquí es donde las experiencias regionales iluminan el camino, no para imitar, sino para aprender estratégicamente.

La lección de AMLO y Sheinbaum

El relato no se combate solo desde las instituciones. López Obrador entendió que la batalla cultural se libra en el terreno de la comunicación directa. Defender la institucionalidad desde un púlpito ya no basta. La oposición costarricense necesita construir sus propias trincheras comunicativas.

No se trata de copiar el estilo confrontativo de Chaves, pero sí de comprender el formato. Así como Sheinbaum convirtió la “mañanera” en un escudo político, la oposición debe contar con liderazgos capaces de explicar, todos los días y en lenguaje sencillo, por qué el modelo de “mano dura” y “estado de excepción” promovido por Fernández —inspirado en Bukele— es un espejismo que no resolverá la inseguridad estructural y, además, pone en riesgo décadas de institucionalidad democrática.

La disputa del relato ocurre en TikTok, en radios comunitarias y en redes sociales, no únicamente en el plenario legislativo.

La lección de Petro

La “política de la belleza” frente al discurso del odio. Mientras el oficialismo profundiza la confrontación, la oposición debe ofrecer un relato unificador y propositivo. Petro lo entendió con su campaña Colombia, el país de la belleza, que apeló a la emoción y al orgullo nacional sin caer en la polarización permanente.

En Costa Rica, el tejido social está exhausto del enfrentamiento constante. La estrategia opositora debe girar hacia un mensaje de reconciliación nacional, defensa de la paz, del diálogo y de la institucionalidad democrática. Es necesario rescatar el concepto de “patria” de las garras del agravio chavista.

La presidenta electa mostró un destello de este enfoque en su primera conferencia de prensa tras la victoria, con un tono más conciliador. La oposición debe estar preparada tanto para recordarle ese tono si se desvía como para encarnar ella misma la altura política que la ciudadanía dice añorar.

La lección de Lula

La unidad regional como escudo. Así como Lula y Petro articularon posturas frente a Trump, la oposición costarricense debe mirar más allá de las fronteras. El chavismo local se nutre de alianzas con la derecha regional —Bukele y las corrientes trumpistas— y no puede enfrentarse en aislamiento.

Tender puentes con liderazgos democráticos y progresistas del continente —Lula, Petro, Sheinbaum— no es “intervención”, sino la construcción de un contrapeso geopolítico que ofrezca una visión alternativa de desarrollo y seguridad sin sacrificar libertades.

Una estrategia triple

En síntesis, la estrategia debe articularse en tres niveles:

Primero el comunicacional: dejar de reaccionar y empezar a narrar. Construir una voz propia, serena pero firme, cercana a la calle, con propuestas claras y sin caer en la descalificación permanente.

Segundo el programático: ofrecer una alternativa de seguridad inteligente frente al “bukelismo de postal”. Explicar que el combate real al narcotráfico no se gana solo con cárceles ni militarización —estrategias ya fracasadas en países como Colombia y México— sino con inteligencia policial, oportunidades sociales y el fortalecimiento del OIJ, no su debilitamiento.

Por último y, tal vez, el más importante, de unidad: aprender la lección de 2026. La fragmentación es el mejor aliado del oficialismo. La unidad opositora no es una concesión ideológica, sino una condición de supervivencia democrática. Sin un frente común creíble y ordenado, el “enroque” de Chaves y Fernández podría convertirse, como ellos aspiran, en un camino sin retorno.

Todavía existe una última oportunidad. Gracias a una reacción orgánica en las últimas dos semanas de la elección, propia de nuestro —aún sólido— ADN democrático, combinada con una dosis de “malicia indígena” en su mejor acepción, podemos, aun, defender la democracia más longeva y consolidada de la región y su Estado Social de Derecho. Pero ello exige una verdadera estrategia, un renovado patriotismo democrático y la renuncia a purismos ideológicos sectarios —especialmente dentro de la izquierda progresista— para construir pactos amplios en defensa de una democracia pluralista, inclusiva y hoy peligrosamente amenazada.

A un mes del veredicto de las urnas: Entre el “Besamanos” y la Última Oportunidad

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

A un mes de que el ruido de las caravanas se apagara, el silencio de la post-elección en Costa Rica resulta atronador. No es el silencio de la paz social, sino el de una tensa espera. Lo que hoy vemos es la cristalización de una paradoja: un oficialismo que celebra, pero que se sabe vigilado, y una oposición que, tras rozar el abismo, intenta articular un propósito que debió encontrar hace años.

La sombra de Zapote y la presidenta-asistente

La imagen de la presidenta Electa, Laura Fernández, inclinándose ante la figura de Rodrigo Chaves, no es una anécdota de etiqueta. Es un símbolo político cargado de presagios. Para quienes esperábamos que la legitimidad del voto le otorgara a la señora Fernández la autonomía de mando, el gesto ha sido un balde de agua fría: parece más el “besamanos” al verdadero poder en el chavismo que el inicio de una era propia.

Esa señal de subordinación se confirma con una retórica que no ha bajado el tono. Al contrario, una vez electa, vuelve la carga contra la institucionalidad: reelección inmediata (con el fantasma de la indefinida), la entelequia de una “Tercera República”, el asalto conceptual al Poder Judicial y la urgencia de una Constituyente. El guion es claro: continuismo sin matices.

El mandato del oficialismo: se acabaron las excusas

El oficialismo ganó, sí, pero no obtuvo el cheque en blanco de los 38 diputados que pretendía para desmantelar el Estado Social de Derecho. Sin embargo, su bancada es robusta. Esto les quita, de una vez por todas, la muleta de la “obstrucción legislativa”.

Ya no hay espacio para la queja. Tienen los votos para ejecutar sus promesas de campaña. El país observará si esa “eficiencia” de la que alardean es real o si el conflicto era, en realidad, su única propuesta de gobierno. Ahora les toca gobernar, ya no solo confrontar.

La oposición: una vigilancia con dos caras

Los cientos de miles de votos que recibió la oposición para la Asamblea Legislativa no fueron un reconocimiento a sus figuras; fueron un voto de contención. Los nuevos diputados deben entender que no están ahí por su carisma, sino como un dique frente a la deriva totalitaria. Su labor debe ser una oposición responsable, que no bloquee por bloquear, pero ferozmente dura en la defensa de la Institucionalidad Democrática.

El PLN: el último tren

Para el partido más longevo, el PLN, este cuatrienio es su última y definitiva oportunidad. El electorado les ha dado un respiradero, no un perdón. Deben empezar reconociendo que su salvación vino de un liderazgo unipersonal —don Álvaro Ramos— fresco y distante de los que se han enquistado y traicionado a los fundadores. Su confrontación con “los mismos de siempre” y su discurso empático, le ganó respeto de buena parte del electorado más allá del liberacionismo.

Si no son capaces de realizar una autocrítica profunda, de sacudirse las estructuras clientelares y de volver a ser una alternativa programática real, su destino es la irrelevancia histórica. Su papel en la Asamblea será el examen final para determinar si aún tienen alma o si son solo un cascarón vacío.

El Frente Amplio: más allá del dogma

Por otro lado, el Frente Amplio se enfrenta a su propio espejo. No basta con ser la “conciencia moral” o el bloque de protesta. Si aspiran a ser una opción de gobierno creíble, deben superar el sectarismo y el puritanismo ideológico. El país requiere de ellos alianzas inteligentes y pragmáticas que les permitan ganar la confianza de sectores mayores, demostrando que pueden proponer un modelo de Estado sin los dogmas trasnochados que asustan a la clase media y a los sectores productivos.

Ciudadanía: la democracia no termina en el voto

Finalmente, la lección más dura es para nosotros, los ciudadanos. La reacción espontánea —y tardía— de los candidatos de oposición ante la amenaza del continuismo demostró que no podemos delegar el cuidado de la República solo en los políticos.

La democracia costarricense ha entrado en una fase de cuidados intensivos que exige una ciudadanía vigilante, crítica y activa. No basta con haber evitado la mayoría calificada; hay que fiscalizar cada decreto, cada nombramiento y cada intento de erosionar nuestra convivencia.

El oficialismo sabe por qué ganó, pero también sabe por qué no ganó todo. En esa grieta, en ese espacio de resistencia institucional, es donde Costa Rica se jugará su futuro en los próximos cuatro años.

Manual del esclavo voluntario: Por qué el hambre hoy vota por su verdugo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

Hay una imagen que recorre América Latina como una epidemia: el árbol que, viendo venir al leñador, vota por el hacha porque el mango está hecho de madera. Nos convencieron de que el verdugo es un «aliado» solo porque usa nuestro mismo lenguaje de frustración. Es la ironía más cruel de nuestra era: ver a personas que, no tienen seguro si pagar la luz o el diario de comida, defendiendo a capa y espada el derecho del banquero a llevarse hasta las migajas del pan.

Empezamos viendo a Chile, donde el miedo al caos fue el fertilizante para que discursos autoritarios de un heredero de Pinochet prometieran un orden que solo protege los activos de la élite. Seguimos con Ecuador, entregando la soberanía a grupos que ven lo público como un estorbo para el negocio privado. En Argentina, el experimento es casi quirúrgico: un liderazgo que grita «libertad» mientras le arrebata el medicamento al jubilado, vendiendo la idea de que el sacrificio del pobre es el combustible necesario para el yate del rico al que sirve el loquito Milei. Y en El Salvador, la seguridad se ha vuelto la moneda de cambio de Bukele para hipotecar la democracia, donde el ciudadano aplaude sus propias cadenas mientras los derechos fundamentales se vuelven un lujo que el trabajador de a pie ya no puede pagar, sin solucionar, en ningún caso, la pobreza extrema y la desigualdad.

¿Cómo nos hicieron esto? No fue por accidente. Es el triunfo de una Programación Neurolingüística aplicada al asco social. ¿Cómo? es, básicamente, un hackeo emocional: consiste en repetir palabras «llave» para que tu cerebro deje de razonar y solo reaccione desde la víscera. Un ejemplo descarado lo vivimos cada miércoles en Zapote con Rodrigo Chaves y Laura Fernández: cuando usan etiquetas como «dictadura perfecta» para atacar a las instituciones o «prensa canalla» para anular cualquier crítica. No están describiendo la realidad, están instalando un «chip» en tu cabeza para que vos mismo pidas que quiten los controles que te protegen del abuso de poder. Te convencen de que el árbitro es el enemigo para que no veás que el capitán de su equipo se está robando el balón.

Y aquí caemos en la contradicción más absurda y dolorosa: el pobre que se convierte en el guardaespaldas voluntario de la bóveda del millonario. Es el fenómeno del «guardaespaldas del patrón«: personas que viven en precarios o que llegan a fin de mes haciendo milagros, pero que salen a redes sociales a defender que se le bajen los impuestos a las grandes corporaciones o que se desmantele la Caja. Se han vuelto expertos en defender intereses que nunca los invitarán a su mesa. Es como ser el ratón que aplaude cuando el gato quita las leyes de protección de roedores, convencido de que, si el gato es «libre«, algún día lo invitará a cenar en lugar de comérselo.

En nuestra Costa Rica, este populismo de modales bruscos, violencia verbal y testosterona digital nos está programando para odiar al vecino que tiene un poquito más, mientras adoramos al magnate que nos quita lo poco que nos queda. Nos dicen que el Estado social de derecho es un «gasto» para que no notemos que lo que quieren es privatizar hasta el aire que respiramos.

Es hora de despertar del trance. Ser pobre y defender a ultranza a un millonario con ínfulas de mesías no es una postura política, es un error de cálculo emocional provocado por el hambre y el hartazgo. No seas el pavo que celebra que adelantaron la Navidad; recordá que en esa fiesta, vos no vas a la mesa, vos sos el plato principal.

Postdata de JoseSo: La manipulación es tan perfecta que terminás odiando al que te quiere ayudar y amando al que te está desplumando… ¿Ya revisaste quién sostiene el mango del hacha que estás aplaudiendo?

Hacia una nueva Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Arnoldo Mora

Como bien sabemos, la campaña electoral recién pasada culminó con el triunfo arrollador (en las urnas, es decir, en los votos emitidos, pero no así en el padrón electoral, que nos da el número de ciudadanos con derecho a votar, ejerzan o no ese derecho) de la candidata oficial y su partido. Esta campaña debe ser analizada con especial atención, pues no es una campaña más como las que se sucedieron ininterrumpidamente desde que la Constitución Política de 1949 rige la marcha de la política nacional. Esta campaña representa un salto cualitativo en nuestra historia política, lo cual significa que, a partir de ahora, viviremos una Costa Rica inédita, una Costa Rica que no tiene marcha atrás, nos guste o no nos guste. Habitualmente hemos hablado de que el Estado Social de Derecho está en juego, por lo que las fuerzas sociales y políticas del país se dividen entre quienes lo defienden e, incluso, desean ampliarlo y quienes lo combaten. Estos últimos emplean para lograr sus objetivos, en no pocas ocasiones, métodos autoritarios que rozan la Constitución, como en esta campaña, en que se incrementó el choque entre los dos polos ideológicos; por lo que se desarrolló con una confrontación en que, en no pocas ocasiones, afloraron los insultos y amenazas de agresión física, sobre todo, a través de las redes sociales.

En mi opinión, esta polarización tiene una raíz nueva que va más allá de la anteriormente mencionada. Es el contrato social básico en que se funda nuestra vida republicana, el que se ha roto tan hondamente que alcanza los orígenes mismos de la creación del Estado Nación, desde los ya los lejanos días de Don Braulio Carrillo y la Guerra de la Liga (1835), la segunda guerra civil de nuestra historia patria. Esta guerra civil que enfrentó a San José con las otras provincias vecinas y les infligió una derrota de la cual nunca se repusieron, trajo como consecuencia que la creación del Estado Nación convirtió al ganador en epicentro de la vida política, cultural y económica de la naciente nación. Poco a poco y de manera inexorable San José se fue engullendo a las ciudades vecinas, hasta el punto de que la GAM no es hoy más que un vecindario de San José. Pero ahora lo que debemos preguntarnos es qué tipo de nación queremos ser en la nueva era, en cuyos dinteles los más recientes eventos políticos nos han puesto. Comencemos por indagar qué pasó en el resto del país, ese que yo llamo LA OTRA COSTA RICA, esa Costa Rica que no gozó en el mismo grado de los beneficios que implica la concentración prácticamente omnímoda y, con ello, el disfrute del poder estatal.

Sin embargo, no deja de ser paradójico que la élite gobernante haya entregado las provincias costeñas al capital extranjero, especialmente de origen anglosajón. En concreto, con los liberales como D. Bernardo Soto, gran parte de la, hasta entonces inhóspita región del Caribe, fue entregada en las codiciosas manos del empresario inglés Minor Keith. Posteriormente, la situación se agravó con la construcción del ferrocarril, que indujo a los ingleses a traer trabajadores chinos, italianos y, particularmente, jamaiquinos en condiciones que rayaban en la esclavitud. Posteriormente se instaló la Compañía Bananera que, luego de la huelga de 1934, se trasladó a las regiones del Sur de Puntarenas (popularmente conocida como “Zona Bananera”). Todo el país que no fuera lo que hoy es la GAM se convirtió en la periferia de ésta, se entregó a las empresas transnacionales y la jurisdicción del Estado Nacional se redujo – y con ello la democracia real – a un mero formalismo. Porque sin soberanía no hay democracia real. El vacío dejado por el Estado Nación está siendo hoy en día llenado por la penetración de las mafias del narcotráfico. Éste se lleva a cabo actualmente por vía marítima. En concreto, en aguas del Océano Pacífico va hacia los Estados Unidos un 85% de la droga proveniente de los países de Sur América, porque el país del Norte, albergando tan sólo el 5% de la población mundial, consume un 30% de ese maléfico producto. Por su parte, desde nuestras costas del Caribe se trafica la droga hacia Europa, que consume 20% de la droga del mundo entero.

Lo dicho constituye el trasfondo de lo que ha pasado en la campaña recién pasada en las provincias costeñas. Como el chavismo no se ha organizado como un partido que merezca el calificativo de tal, sino que no pasa de ser un conglomerado heterogéneo unido tan sólo por el culto a un caudillo, el actual presidente Rodrigo Chaves, su candidata Laura Fernández buscó y logró concretar un acuerdo político con los pastores evangélicos de la región, dado que en las dos provincias porteñas ya los católicos son minoría. Esa alianza, coyuntural por el momento, nos recuerda el régimen político imperante durante los siglos de la Colonia entre el clero católico y la Corona Española, llamado en sociología de la religión “régimen de cristiandad”; según el cual el clero recibía privilegios del Estado a cambio de una lealtad acrítica. El gran perdedor de este pacto fue Fabricio Alvarado, quien había sido un furgón de cola del gobierno, hasta el punto de que en la nueva configuración de la Asamblea Legislativa su partido ni siquiera logró sacar un diputado. Esto explica el triunfo arrollador logrado por el chavismo que llevó como candidata, hasta hace poco una figura anodina en el ámbito político, que fue impuesta a dedo por el propio presidente Chaves. Quienes votaron por el Partido Pueblo Soberano no lo hicieron por Laura Fernández sino por Rodrigo Chaves, el gran triunfador de esta campaña. Por lo cual mucho me temo que nos estemos encaminando hacia un régimen caudillista, que tratará de impulsar aquellas reformas a la Constitución que lo faculten a gobernar a su gusto y talante. Lo que está en juego no es sólo la democracia, sino el régimen republicano forjado por nuestros próceres en el siglo XIX.

Frente a tan amenazante perspectiva, sólo cabe como alternativa patriótica el forjar la unión de todos aquellos que creemos que, en una crisis como la actual, no basta con defender el estado social de derecho que reproduzca tan sólo nuestra actual democracia representativa; hay que ir más allá en vistas a lograr poner las bases políticas para crear una democracia directa, popular y participativa. Para ello se debe comenzar por hacer un trabajo político en las zonas donde el chavismo se ha arraigado. No se trata solamente de que el Estado central asuma un papel protagónico para resolver a corto plazo los graves problemas que, dado el atraso en que con sistemática negligencia los han tenido los gobiernos anteriores, incluido el actual. Como primer paso se debe promover una organización desde las bases populares. En esto los partidos políticos deben jugar un papel protagónico; por lo que deben dejar de ser tan sólo aparatos burocráticos que consumen los descomunales recursos de la deuda política en hacer una contienda electoral que tiene más de “marketing” que de campaña masiva de formación cívica. Es en la sociedad civil donde se juega el futuro de la democracia. Sólo con una organización que desarrolle la conciencia cívica de toda la población y la implique en sus luchas, se logrará la construcción de una democracia viva. Sólo así será posible superar el clientelismo. Los dirigentes políticos de las zonas periféricas, especialmente de las municipalidades, no deben comportarse como mendigos pidiendo limosnas a quienes gobiernan desde la GAM, sino como ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales en igualdad de condiciones. Los derechos no se mendigan, sólo se logran mediante organización y luchas comunales. La democracia comienza desde abajo. La democracia real debe llegar hasta el último rincón de la Patria.

Encrucijada o ilusión

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Freddy Vargas Aguilar
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Las últimas elecciones desnudaron por completo que nos encontramos en una encrucijada histórica, como el resto de occidente. Un camino se terminó. Lo que se llama estado social de derecho llegó a su fin como sentido social. Lo que se presenta son dos posibles caminos.

A la derecha un estado más reducido, con una economía de mayor concentración de riqueza y una educación que, manteniéndose como instrumento para preparar mano de obra e impedir que educandos y educadores aprendan a pensar, excluye más. Pero más autoritaria, avanzando hacia ser represiva.

A la izquierda la urgencia de construir un movimiento popular político, superando el capitalismo, con un Estado realmente democrático y una educación transformadora que sí enseñe a Pensar.

Pero, es posible permanecer en un estado de ilusión. Seguir creyendo que la lucha social, política, es defender este Estado social de derecho. La ilusión de no permitirse reconocer que no se trata de más financiamiento para la educación, sino crear una educación que sí lo sea. La ilusión de fantasear conque escribiendo documentos iluminados, perfectos, para pedirle a los que dirigen o quieren dirigir el Estado, que tengan la bondad de hacerlos realidad, algo va a cambiar. La ilusión de que la unidad que se necesita es de arriba, de los que ocupan los puestos de dirección.

Encrucijada o ilusión. ¿En dónde quiere estar?

El Riesgo de un “Cambio” que desmantele el Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis.

JoseSo (José Solano-Saborío)

La victoria de Laura Fernández en febrero de 2026 no es un verdadero cambio de mando; representa el clímax de una visión política que busca redefinir los cimientos de la Segunda República. Lo que se presenta como “eficiencia” y “mano dura” contra el crimen oculta, en realidad, una ofensiva contra el sistema de pesos y contrapesos que ha hecho de Costa Rica una excepción democrática en la región.

La venta del BCR: ¿Solución fiscal o liquidación de activos sociales?

La propuesta de vender el Banco de Costa Rica (BCR) se vende bajo la premisa de reducir la deuda pública o salvar el sistema de pensiones de la CCSS. Sin embargo, el análisis riguroso sugiere que el impacto en el stock de deuda o un placebo para la solvencia del sistema de pensiones, que sería marginal —apenas un “vaso de agua para un incendio”— comparado con la pérdida de una herramienta de desarrollo y competencia bancaria. Al privatizar el BCR, el Estado renuncia a utilidades anuales que financian programas de seguridad social e infraestructura, entregando el mercado a un oligopolio privado que rara vez prioriza las zonas rurales o los sectores vulnerables. Igual sucede con la excusa de ayudar al sistema de pensiones de la CCSS, cuando el Gobierno tiene una billonaria deuda que, de pagarla le permitiría a la institución administrar sus propias soluciones estructurales.

La reelección continua: El espejismo de la estabilidad

El debate sobre la reelección continua e indefinida es, quizás, el síntoma más alarmante de un personalismo ascendente. Costa Rica ha evitado el caudillismo precisamente gracias a la alternancia obligatoria. Permitir la reelección inmediata no fortalece la gestión; crea un incentivo perverso para utilizar los recursos del Estado en función de la campaña permanente, erosionando la equidad electoral y concentrando un poder que, históricamente en América Latina, tiende a no querer retirarse.

El asalto a la Judicatura y al TSE

La intención de modificar el sistema de elección de magistrados y jueces para que dependan más directamente de mayorías políticas circunstanciales es un ataque al corazón de la independencia judicial.

Poder Judicial: Si los jueces se eligen por criterios políticos, la justicia deja de ser ciega para volverse servil.

TSE: Cambiar las reglas del Tribunal Supremo de Elecciones es jugar con el árbitro. La legitimidad de nuestras elecciones descansa en un TSE técnico e independiente, no en uno capturado por el oficialismo de turno.

La “mano dura” y el Estado de Excepción

La narrativa de suspender garantías individuales bajo el pretexto de la seguridad ciudadana es una pendiente peligrosa. Aunque el artículo 121, inciso 7 de la Constitución permite la suspensión de garantías en casos de extrema necesidad, su uso como promesa de campaña normaliza la excepcionalidad. El modelo de “seguridad” que ignora los derechos humanos puede ofrecer resultados inmediatos, pero a largo plazo debilita las instituciones y deja al ciudadano común indefenso ante posibles abusos de poder.

¿Qué debe hacer la oposición?

Ante un oficialismo que cuenta con 31 escaños —una mayoría simple sólida pero no calificada (38 votos)—, la oposición tiene el deber histórico de:

Unidad programática: Dejar de lado el fraccionamiento para formar un bloque de contención que proteja la Constitución.

Control político riguroso: No basta con decir “no”; es necesario proponer alternativas estructurales para la inseguridad y la deuda que no impliquen el desmantelamiento del Estado.

Movilización ciudadana: Informar a la población sobre las implicaciones técnicas de estas reformas, rompiendo la burbuja de la retórica populista.

La democracia costarricense no se pierde en un día; se desgasta en cada decreto que ignora un contrapeso y en cada ley que debilita una institución. La vigilancia debe ser absoluta.

Costa Rica: un proceso electoral sin democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo Alcázar

En Costa Rica conquistamos, respetamos y admiramos los procesos electorales por ser un derecho individual, que se ha convertido en una apuesta legal y en un juego político ciudadano que sabe, cree o se imagina ser quien decide el destino político nacional, aun cuando la decisión individual adquiere significación solo con la totalidad de los votos. La elección es un proceso técnico-instrumental, no es ni representa la democracia, tampoco la libertad ni la democracia son expresiones individuales, son sociales.

La individualidad se unifica en las elecciones, pero sin concertación, dialogo ni comunidad de ideas, en un contexto donde las preferencias del voto no se divulgan, es secreto y personal. No obstante, aparenta ser un voto colectivo que no es presagiado por ningún partido ni los rentables negocios de la manipulación cuantitativa de las opiniones, que son especulaciones parciales, parcializadas y especulativas que denigran la epistemología contemporánea y el conocimiento científico.

Si bien los resultados electorales no son un albur, hay una comunidad de ideas sobre nuestra realidad fáctica de los partidos políticos, de sus dirigencias y su comprometido pasado; sobre la educación de nuestros hijos; de la atención de la salud pública, de la corrupción y crisis de la institucionalidad pública; del costo de vida, de la usura, trato y discriminación social y etaria en las entidades financieras; del infinito rezago en resolver las demandas judiciales y de las profundas y evidentes contradicciones entre las absolutas resoluciones constitucionales; de la creciente inseguridad ciudadana; de los obsoletas y las corruptas componendas en el transporte público; de los impuestos temporales que se cobran infinitamente como con la renovación de hidrantes; de los modos como las municipalidades esquilman los recursos ciudadanos con servicios y costos inventados, de una fuerza pública que no previene, que solo aparece en los desalojos y en los recurrentes accidentes y asesinatos; de las autoridades y gobernante que solo justifican sus incapacidades con agresiones contra las instituciones y la inteligencia ciudadana, etc.

Estas son algunas de las muchas inconformidades en la cotidianidad de la sociedad civil, de los que no formamos parte del aparato estatal, que constituimos y plasmamos una comunidad de pensamientos y sentimientos. Esa es la comunidad descontenta que decidió el resultado electoral, sin haberse manifestado en protestas ni movimientos sociales, salvo honrosas excepciones de los agricultores y las luchas por la devolución del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) que está siendo apropiado por las operadoras privadas y estatales.

El descontento existe aunque silencioso, porque la individualidad no se manifiesta en acciones colectivas, porque no se tiene la convicción de lo justo de nuestras demandas, porque no creemos ser los suficientes para alcanzar nuestros derechos y anhelos de justicia, porque nuestra cultura e historia nos impone una regularidad que nos limita cuestionar el poder constituido o, porque estamos esperanzados en el “papá Estado” resuelva la problemática ciudadana, el cual contradictoriamente es el causante de las angustias, miedos y quien, en nuestro nombre, decide el presente y futuro cercano nacional.

Estamos disconformes en una evidente crisis política, mientras el gobernante y su futura heredera, conspiran contra la institucionalidad pública a quienes le otorgamos la facultad de gobernar, no para instaurar una tiranía. Nuestra ciudadanía fue defraudada y engañada ante el malestar existente que confió en la mentira infantil “no me dejaron hacer nada”, aun cuando es quien paradójicamente crea las angustias y miedos desde el poder estatal, como otros en nuestra América, aquí el gobernante grita, ofende e insulta, abusando de nuestra tolerancia, mientras destruye la institucionalidad para monopolizar absolutamente el poder del Estado e imponer una reestructuración de la sociedad, que sin participación, debate ni decisión ciudadana pretenderá imponerse con una legalidad indigna y tiránica.

Estamos viviendo en Costa Rica y en el espacio latinoamericano un proceso de instauración de regímenes totalitarios con triunfos electorales en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o Venezuela que evidencian no ser representantes de la pluralidad social que desprecian, para encarnar intereses ajenos a la ciudadanía, al progreso social y la democracia. El descontento y la crisis sin alternativas sociales, políticas ni económicas han sido en la historia, procesos que han nutrido las formas más sanguinarias y regresivas que ha conocido la humanidad.

Nuestra ciudadanía muestra coyunturalmente su incapacidad orgánica, analítica y de acción colectiva, importantes en el pasado, pero imprescindibles ante un gobierno que expresa ser continuador de la destrucción del Estado Social de Derecho, que sin dialogo, análisis, debates ni oposición consistente, ya anuncia la supresión de las garantías ciudadanas, así como amenaza a la oposición, algunos medios y a todos que ofrezcan resistencias ante la liquidación de las conquistas sociales e históricas que fundaron el Estado moderno costarricense.

¿Tercera República o puro voluntarismo político?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Lo que está haciendo Laura Fernández es convertir un concepto histórico sólido, en algo banal y hueco de contenido.

En el debate político reciente ha comenzado a circular con insistencia la idea de que Costa Rica estaría transitando desde la Segunda República nacida en 1949, después de una cruenta guerra civil y acto seguido, una pacificadora Constituyente, en una supuesta “Tercera República”. La noción ha sido invocada tanto por analistas cercanos al poder como por figuras del actual oficialismo. Sin embargo, lejos de constituir una idea que exprese con rigor científico algo serio, dicho planteamiento revela un marcado sesgo voluntarista, carente de sustento sociológico, politológico e histórico. Conviene, por tanto, someter esta tesis a un examen crítico.

Voluntarismo político y ausencia de condiciones estructurales

Las transiciones republicanas NO se producen por la mera voluntad de un liderazgo, ni solamente por la retórica, el discurso de un gobierno, por más que éste haya surgido genuinamente de elecciones legítimas. Históricamente, el paso de una república a otra supone la concurrencia de condiciones estructurales, es decir la emergencia de un bloque social articulado, o sea fuerzas políticas y sociales orgánicas, una ideología relativamente coherente y, casi siempre, un momento constituyente explícito que redefine las reglas del juego. Nada de ello se verifica hoy en Costa Rica.

Ni el Partido del Pueblo Soberano (PPSO), que acaba de ganar las elecciones, con Laura Fernández a la cabeza, ni el vehículo electoral que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia, un partido “taxi” llamado Partido Popular Social Democrático (PPSD), hoy en otras manos, constituyen partidos políticos en sentido estricto. Se trata de instrumentos electorales coyunturales, o sea momentáneos, carentes de organización territorial, de cuadros estables, de cultura partidaria y ayunos además de un verdadero proyecto histórico. Pretender que desde estas plataformas se geste una Nueva República equivale a confundir contingencia electoral con transformación estructural del régimen político.

El antisistema costarricense: protesta sin proyecto

El apoyo social al actual gobierno proviene, en gran medida, de sectores heterogéneos que comparten una experiencia común de desprotección real o percibida de los beneficios acarreados por el Estado social de derecho. A ello se suma una cultura política fragmentaria, con bajo apego institucional, que ha sido representada eficazmente por figuras todavía “no políticas” en su mayoría, quiénes hacen gala de un lenguaje confrontativo, vulgar y emocionalmente cargado.

Esta reacción antisistema en Costa Rica no constituye un sujeto histórico con vocación fundacional. No expresa una voluntad constituyente, ni articula un proyecto republicano alternativo. Es más bien, una reacción social cargada de resentimiento, justificado o no, episódica y desarticulada, que busca llevar adelante un castigo simbólico y significativo contra sus oponentes, así como un desahogo discursivo antes que una reconfiguración consciente del orden político.

Hay en esta “reacción social y política” una intención de erosionar la institucionalidad y de establecer límites reales al poder que se deriva de La Constitución

Debe reconocerse que existe una intención deliberada por parte del presidente Rodrigo Chaves y de figuras como Laura Fernández de erosionar la legitimidad simbólica de instituciones claves del Estado costarricense. Instituciones como la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General y el Organismo de Investigación Judicial, han sido objeto de ataques reiterados que, en la mayoría de los casos, carecen de fundamento técnico o jurídico sólido. Además, con frecuencia inusual, las principales figuras del oficialismo arremeten contra todos aquellos medios de prensa que se han opuesto al autoritarismo y la arbitrariedad propios del gobierno vigente.

Sin embargo, intención no equivale a capacidad efectiva. Estas instituciones conservan altos niveles de legitimidad social, autonomía funcional y autoridad normativa. No se ha producido su captura, ni el desacato sistemático a sus resoluciones. Lo que observamos es una estrategia de desprestigio discursivo; por fortuna no se ha dado todavía un proceso exitoso de demolición institucional, o dicho de manera simple de destrucción de la “Casa común”, el Estado Social de Derecho. Aunque, este lenguaje vulgar y procaz sí le ha servido al presente “populismo autoritario”, para captar vasto apoyo social de parte de sectores descreídos de la democracia y que, en una gran parte se volvieron antisistema.

Elecciones, legitimidad y continuidad republicana

Un dato empírico fundamental debilita de manera decisiva la tesis de la transición republicana hacia la invocada “Tercera República”: la plena vigencia y legitimidad del sistema electoral. También se puede afirmar que, aunque se evidencia una intención de destrucción por la parte gubernamental, de Chaves o de la presidenta electa Laura Fernández y algunos de sus diputados, en lo medular, el Estado Social de Derecho que, ciertamente amerita reformas democráticas, se mantiene erguido. Las elecciones continúan siendo reconocidas como el mecanismo central de designación de autoridades, el Tribunal Supremo de Elecciones mantiene prestigio transversal y los resultados de las recientes elecciones no han sido cuestionados de forma significativa.

Más aún, tras siete procesos consecutivos de aumento del abstencionismo, el último ciclo electoral registró una reducción de este abstencionismo cercana a diez puntos porcentuales. Este hecho resulta incompatible con cualquier diagnóstico serio de colapso republicano. Ninguna república se extingue mientras su mecanismo electoral conserve legitimidad social efectiva.

La “Tercera República” como ideología prestada

La insistencia en hablar de una “Tercera República” parece cumplir una función distinta: dotar de densidad, sustento o contenido ideológico a un poder que, en este momento carece de todo ello. Ciertos analistas han ofrecido al oficialismo un relato grandilocuente que pretende sustituir la ausencia de proyecto por una narrativa refundacional superflua que no refleja la realidad; por lo pronto no hay nada nuevo bajo este cielo blanco, azul y rojo.

Las intervenciones públicas de Laura Fernández son ilustrativas. La invocación solemne a la “Tercera República” estuvo carente de contenido. En efecto, la presidenta electa se mostró incapaz de caracterizarla histórica o sociológicamente, su posterior intento de explicación derivó en un concepto extremadamente banal. Palabras sueltas, desprovistas de coherencia, no constituyen una categoría histórica ni un horizonte político reconocible.

Conclusión

Costa Rica no está transitando hacia una Tercera República. Lo que presenciamos es un intento discursivo de deslegitimación del orden de la Segunda República, impulsado por un liderazgo personalista que, de momento carece de base orgánica, y también de proyecto histórico robusto; tal liderazgo busca reemplazar la solidez que aún muestran la mayoría de las instituciones por apelaciones emocionales, confrontativas y arbitrarias.

Confundir este intento con una transición republicana real no solo es analíticamente infundado e incorrecto: es políticamente riesgoso, pues trivializa los verdaderos procesos de ruptura histórica y subestima la resiliencia, la fuerza y resistencia —aún notables— de la institucionalidad costarricense.

Así pues, la Segunda República no enfrenta su acta de defunción como lo quisiera el oficialismo y sus ideólogos, algunos de los cuales se mueven tras bambalinas. Enfrenta, más bien, una fase de tensión, desgaste y disputa simbólica, que exige análisis riguroso y responsabilidad intelectual, no voluntarismo ideológico.