Ir al contenido principal

Etiqueta: Estado Social de Derecho

Cuando una presidenta confunde gobernar con advertir: La cárcel mental del poder

Escrito en . Publicado en Derechos.

Rodrigo Campos Hernández

Por MSc. Rodrigo H. Campos Hernández

Lo más grave de las declaraciones de la presidenta no es únicamente que haya propuesto llevar niños, niñas y adolescentes de barrios empobrecidos a una cárcel para que “vean” dónde podrían terminar. Eso ya sería suficientemente grave. Lo verdaderamente alarmante es lo que esa afirmación deja ver sobre la calidad de su juicio político, jurídico y humano.

Una persona que conduce los destinos de un país no puede permitirse pensar en voz alta desde el prejuicio. Mucho menos puede convertir ese prejuicio en insinuación de política pública.

Aquí no estamos ante una simple torpeza verbal. Estamos ante una concepción del Estado.

Cuando desde la Presidencia se sugiere que ciertos niños deben conocer una prisión porque viven en determinados barrios, se está diciendo algo devastador: que el Estado ya no los mira como sujetos plenos de derechos, sino como futuros infractores en proceso de formación. Se les mira no desde la promesa democrática, sino desde la sospecha penal. No desde la escuela, la cultura, el deporte, la salud mental o las oportunidades, sino desde la celda.

Ese es el verdadero escándalo.

La presidenta no solo habló de cárceles. Habló desde una cárcel mental: la cárcel ideológica de quienes creen que la pobreza debe ser disciplinada antes que comprendida; vigilada antes que acompañada; amenazada antes que dignificada.

Un gobernante democrático debe saber distinguir entre prevenir el delito y criminalizar simbólicamente la vulnerabilidad. Debe comprender que el narcotráfico no seduce a jóvenes porque les falte miedo a la prisión, sino porque muchas veces el Estado llegó tarde, llegó mal o nunca llegó. Donde no hubo becas, deporte, empleo, arte, salud, acompañamiento familiar ni horizontes de vida, no se resuelve nada organizando una excursión pedagógica al castigo.

La cárcel no puede convertirse en aula para los pobres.

Y si el Estado necesita mostrar una prisión para explicarles a ciertos niños cuál podría ser su futuro, entonces el problema no está en esos niños: está en el fracaso de una institucionalidad incapaz de imaginar para ellos algo distinto.

Pero hay algo todavía más serio. Una presidenta que selecciona simbólicamente a la niñez pobre como destinataria privilegiada del miedo punitivo compromete su propia idoneidad como conductora del país. Porque gobernar no es lanzar frases efectistas. Gobernar no es alimentar la ansiedad social con imágenes de castigo. Gobernar no es convertir la marginalidad en espectáculo preventivo.

Gobernar exige prudencia. Exige conocimiento. Exige comprensión de los límites del poder. Exige saber que la palabra presidencial no es una ocurrencia privada, sino un acto político con consecuencias reales. Cuando una presidenta habla, clasifica. Cuando clasifica, autoriza miradas. Cuando autoriza miradas, puede abrir la puerta a políticas públicas discriminatorias.

Por eso este debate no se agota en pedir una disculpa. El problema no es solamente que se haya dicho algo ofensivo. El problema es que se dijo algo revelador.

Revelador de una mirada que reduce la seguridad a castigo.

Revelador de una pedagogía basada en el miedo.

Revelador de una idea profundamente desigual de la niñez.

Revelador de una forma de poder que parece más interesada en exhibir prisiones que en construir futuro.

Un país democrático no necesita presidentes que lleven niños pobres a conocer cárceles. Necesita gobernantes capaces de impedir que la cárcel sea el único horizonte que el Estado les ofrece.

Porque cuando el poder mira a un niño y lo imagina primero como preso antes que como ciudadano, el que ha fracasado moralmente no es el niño.

Ha fracasado el poder.

La hora de la República

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Gerardo Castillo Hernández

Manifiesto de adhesión al Bloque Patriótico Costarricense

“Hay momentos en la historia de los pueblos en que permanecer indiferente equivale a renunciar al deber ciudadano. Este es uno de esos momentos.”

No escribo estas palabras movido por el resentimiento, ni por ambiciones personales, ni por intereses partidarios. Las escribo porque amo profundamente a Costa Rica y porque estoy convencido de que nuestra democracia enfrenta uno de los mayores desafíos desde la fundación de la Segunda República.

Mi adhesión al Bloque Patriótico Costarricense nace de una convicción ética antes que política. No responde a una identidad ideológica exclusiva, sino al deber de defender la República cuando sus principios fundamentales muestran señales de deterioro. Hay circunstancias excepcionales en las que las diferencias partidarias deben ceder espacio a una causa superior: la preservación de la democracia, del Estado Social de Derecho y de la convivencia civilizada.

Costa Rica no es una casualidad histórica. Es el resultado del esfuerzo de generaciones que comprendieron que la libertad debía estar acompañada por la justicia; que el desarrollo económico debía caminar junto a la solidaridad; y que el poder político debía estar limitado por la Constitución, las leyes y el respeto a la dignidad humana.

Nuestra identidad nacional se forjó en la Campaña Nacional de 1856, cuando el pueblo defendió la soberanía; se fortaleció con las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, que reconocieron la dignidad de las personas trabajadoras; se consolidó con la Constitución Política de 1949, que fortaleció el Estado de Derecho y la independencia de los poderes públicos; y alcanzó un reconocimiento mundial cuando Costa Rica abolió el ejército para invertir en educación, salud y desarrollo humano.

Ese legado no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Pertenece al pueblo costarricense.

Por eso duele observar cómo se debilita el respeto por valores que durante décadas dieron prestigio a nuestra nación.

Me preocupa la normalización de la mentira como herramienta de confrontación política; el descrédito permanente de quienes piensan distinto; la sustitución del debate por el insulto; la descalificación de periodistas, universidades, organizaciones sociales, sindicatos, sectores productivos y ciudadanos que ejercen su derecho a disentir.

Me preocupa el debilitamiento del respeto entre los Poderes de la República y cualquier conducta que pueda erosionar la independencia judicial, la autonomía de las instituciones y el equilibrio constitucional que protege nuestras libertades.

Me preocupa la violencia verbal y política contra las mujeres, incompatible con una sociedad que proclama la igualdad y el respeto a la dignidad humana.

Me preocupa el deterioro del lenguaje público, porque las palabras crean cultura, y una democracia no puede sostenerse cuando el odio desplaza al diálogo y la descalificación sustituye al argumento.

También me preocupa cualquier proceso que conduzca al debilitamiento de instituciones que constituyen patrimonio de toda la ciudadanía: la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, el Banco Popular, las universidades públicas, el sistema educativo, las municipalidades, el Tribunal Supremo de Elecciones y todas aquellas entidades creadas para garantizar derechos, igualdad de oportunidades y cohesión social.

Estas instituciones pueden y deben mejorar. Deben ser transparentes, eficientes y responsables. Pero reformarlas no significa desprestigiarlas ni poner en riesgo la misión histórica para la que fueron creadas.

Como ciudadano comprometido con la ética pública, considero indispensable que toda denuncia sobre presuntas irregularidades en el financiamiento político, posibles vínculos del crimen organizado con estructuras de poder, actos de corrupción, tráfico de influencias o utilización del Estado para favorecer intereses particulares sea investigada por las autoridades competentes con independencia, transparencia y pleno respeto al debido proceso. La democracia exige que nadie esté por encima de la ley y que la justicia actúe sin privilegios ni presiones.

Costa Rica también debe proteger el prestigio internacional que construyó durante décadas. Nuestro país ha sido reconocido por su vocación de paz, por el respeto a los derechos humanos, por su tradición diplomática y por su compromiso con el derecho internacional. Ese capital moral no puede ser sacrificado por la confrontación interna ni por decisiones que debiliten la confianza en nuestras instituciones.

Frente a estos desafíos nace el Bloque Patriótico Costarricense.

No nace para imponer una ideología.

No nace para sustituir a los partidos políticos.

No nace para alimentar el odio ni la división.

Nace porque miles de costarricenses comprendemos que existen momentos históricos en los que la defensa de la democracia debe convertirse en un punto de encuentro para personas de distintas ideas, creencias y trayectorias.

Hoy el verdadero debate nacional no es entre izquierda o derecha; entre liberales o socialdemócratas; entre creyentes o no creyentes.

El verdadero desafío consiste en decidir si queremos una República sustentada en instituciones fuertes, en la separación de poderes, en la libertad de expresión, en la transparencia y en el respeto a la Constitución Política, o si aceptaremos que el poder se concentre progresivamente, que el adversario sea tratado como enemigo y que el deterioro institucional se convierta en una nueva normalidad.

Por ello doy este paso con serenidad, pero también con firmeza.

Pongo mi experiencia, mi trabajo y mi compromiso al servicio del Bloque Patriótico Costarricense, porque creo que la defensa de la democracia no corresponde únicamente a quienes ocupan cargos públicos. Es una responsabilidad compartida por toda la ciudadanía.

Convoco a las personas trabajadoras, al movimiento sindical, al sector cooperativo, a los agricultores, a los empresarios comprometidos con el país, a las mujeres, a las juventudes, a las personas adultas mayores, a las universidades, a las iglesias, a los pueblos indígenas, a los profesionales, a los artistas, a las organizaciones comunales y sociales, y a cada costarricense de buena voluntad a reencontrarnos en aquello que siempre nos ha unido: el amor por la Patria y el compromiso con la República.

No estamos llamados a pensar igual.

Estamos llamados a defender las reglas que permiten convivir en nuestras diferencias.

La democracia no exige uniformidad; exige respeto.

La libertad no significa imponer una sola voz; significa garantizar que todas puedan expresarse.

El patriotismo no consiste en seguir ciegamente a un gobernante; consiste en ser fiel a los principios que sostienen la Nación.

No nos reúne el odio.

Nos reúne la esperanza.

No nos mueve la ambición de poder.

Nos mueve el deber de proteger el país que heredamos y la responsabilidad de entregar a nuestros hijos y nietos una Costa Rica donde las instituciones sean más fuertes que los caudillos, donde la verdad tenga más fuerza que la propaganda y donde el diálogo prevalezca sobre la confrontación.

La historia demuestra que las democracias rara vez desaparecen de un solo golpe. Se debilitan lentamente cuando los ciudadanos dejan de defenderlas, cuando la indiferencia reemplaza el compromiso y cuando el miedo desplaza la participación.

No quiero ser parte de ese silencio.

Por eso hoy doy un paso al frente.

Me adhiero al Bloque Patriótico Costarricense porque creo en la República, en la Constitución Política, en el Estado Social de Derecho y en la dignidad del pueblo costarricense.

Lo hago con humildad, pero también con la firme convicción de que el futuro de Costa Rica dependerá de la capacidad de su pueblo para reencontrarse en los valores que hicieron de nuestra Nación un ejemplo de democracia, paz, solidaridad y justicia social.

Que nadie renuncie a la esperanza.

Que nadie abandone la defensa de nuestras instituciones.

Que nadie permanezca indiferente cuando la República nos llama.

Porque la Patria no pertenece a un gobierno.

La Patria pertenece a su pueblo.

Porque la democracia no se hereda; se construye y se defiende cada día.

Hoy es la hora de la República.

Hoy es la hora de Costa Rica.

El movimiento sindical rechaza la decisión del consejo de gobierno de desconocer la voluntad democrática de las organizaciones sindicales

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado

La decisión del Consejo de Gobierno pone en riesgo el normal funcionamiento de la CCSS y el derecho a la salud de la población

El Movimiento Sindical de Costa Rica manifiesta su más enérgico rechazo al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, mediante el cual se rechazó el nombramiento de la señora Rocío Alfaro Molina como representante titular y de la señora Martha Elena Rodríguez González como representante suplente ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), poniendo en riesgo el funcionamiento de su Junta Directiva.

Esta decisión constituye un grave precedente para la democracia, la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores, al desconocer la voluntad soberana expresada por el Movimiento Sindical mediante el procedimiento democrático previsto en el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS.

El Consejo de Gobierno ha sustituido, mediante valoraciones subjetivas y discrecionales, la decisión adoptada por las organizaciones sindicales, arrogándose una facultad que la ley no le confiere. La potestad de verificar el cumplimiento de requisitos legales no autoriza a descalificar a la persona democráticamente electa mediante interpretaciones restrictivas ni a imponer requisitos que el legislador nunca estableció.

El Movimiento Sindical reafirma que la representación de las personas trabajadoras ante la Junta Directiva de la CCSS pertenece a las organizaciones sindicales y debe respetar la decisión adoptada democráticamente por estas, conforme al mandato de la Ley Constitutiva de la institución.

Por ello, anunciamos que agotaremos todas las vías de presión social, administrativas y judiciales nacionales e internacionales que el ordenamiento jurídico reconoce para la defensa de la autonomía sindical, la legalidad y el respeto al Estado Social de Derecho.

Finalmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes en defensa de su derecho a la salud, a las pensiones, a la vida y de la institucionalidad democrática que garantiza la CCSS.

La defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social también exige defender el respeto a la ley, la democracia y la representación legítima de las personas trabajadoras.

La damnatio memoriae: analogía sobre la descalificación del pasado como estrategia populista

Escrito en . Publicado en Análisis.

Maximiliano López López*

Destruir una estatua, eliminar un nombre de algún monumento o incluso prohibir que este se pronuncie, no borra su historia ni oculta su legado. Sin embargo, esta fue una práctica relativamente común en el Egipto antiguo y se volvió más notoria durante el Imperio Romano. La damnatio memoriae (condena de la memoria) fue una estrategia usada por el poder para tratar de “borrar” de su pasado, a figuras consideradas indignas por sus actos o por ser declaradas enemigas del Estado. Intentos semejantes se pueden advertir en la sociedad contemporánea con la destrucción de monumentos en naciones de la antigua URSS, en China o Irak, por mencionar ejemplos.

En analogía con aquella realidad clásica, los ensayos contemporáneos de damnatio memoriae no son menos ineficaces, pero pueden causar cierto efecto si se utilizan como estrategia política. En este sentido es claro que toda sociedad construye instituciones, pero también memorias sobre su pasado y muchas veces son estas representaciones las que actúan como fuente de legitimidad. Por ello, cuando un proyecto político busca establecer su concepción de mundo, generalmente se disputa el pasado. Y es justo esa disputa por la memoria y la posibilidad de reescribirla, lo que sustenta la analogía que se propone con la damnatio memoriae.

El poder hoy no ataca los monumentos, pero se enfoca en sus actores; hoy no prohíbe el uso de nombres, pero intenta descalificarlos; tampoco va en contra de la historia, pero impulsa su narrativa para reescribir la memoria histórica sobre el pasado y crear la sensación de un cambio que le dé legitimidad. Se trata entonces de colocar la memoria histórica al servicio del poder y por ello la “condena de la memoria” se vuelve simbólica y material al mismo tiempo. Una estrategia expone el pasado como responsable de la situación actual y otra promueve la transformación de las condiciones que presuntamente configuraron ese pasado.

Ahora bien, es necesario aclarar que no toda crítica del pasado puede ser comparada con una damnatio memoriae como se propone en esta analogía, pues la crítica histórica, sesuda, fundamentada y propositiva es lo que ha permitido a la democracia crecer como forma de gobierno y florecer como forma de vida. Además, es claro que toda fuerza política necesita hilvanar un relato que justifique su presente y lo proyecte hacia el futuro, pues así opera el poder. En este ejercicio, la estrategia actual ha sido la de confrontar a un pueblo “puro” con unas élites corruptas y esta confrontación ha sido estratégica para sentar la diferenciación entre la difusa categoría de “pueblo” con la de “ticos con corona”.

En el caso costarricense se observa que la estrategia simbólica se enfoca en las élites que abusaron del poder para beneficio propio, aprovechándose de lo que el discurso del poder ha llamado la “dictadura” perfecta de la democracia. Es claro que tal mensaje no alude solo a las élites como fuente del poder hegemónico en determinado contexto, sino que cuestiona el modelo de sociedad que se construyó bajo un liderazgo de “canallas, corruptos y comunistas”. La otra estrategia que se visualiza es más elaborada y compleja. Esta propone que eliminar privilegios, modernizar al país y cambiar las instituciones “capturadas” por las élites corruptas, necesita, irónicamente, del control del poder como lo hicieron las élites que critican. La paradoja de esta propuesta es que la responsabilidad del cambio no es del gobierno de turno, sino de la población que debe aportar la legitimidad para hacerlo. En el caso costarricense, esta paradoja quedó claramente retratada en la búsqueda de los 38 diputados como requisito para lograr el cambio.

Este proceso de damnatio memoriae “a la tica” claramente no va contra los vestigios del pasado. La analogía de este proceso reside en un plano simbólico que pone en entredicho algunos aspectos de ese pasado. Por ejemplo, la democracia costarricense que otrora hacía sentir orgullo de esta tierra es cada vez más cuestionada por un porcentaje creciente del “pueblo”. Ver con beneplácito la existencia de mandatos de corte autoritario, aceptar la concentración del poder o incluso respaldar la erosión de las instituciones que han protegido los derechos de los costarricenses, es un síntoma de la manera en que la memoria histórica del costarricense empieza a “disputarse”. En ese juego de “resignificación” de la memoria, el Estado de Bienestar pasa a ser directamente responsable de tener ticos con corona, mientras que al Estado Social de Derecho es co-culpable de la impunidad y corrupción actuales. De esta forma, la estrategia se ocupa en replantear la imagen de villanos y héroes, así como de consignar responsabilidades sobre el pasado en un intento por reescribir la memoria.

Al “pueblo” se le convence de que la capacidad de sobreponerse a ese pasado supone el camino para una transformación social que se ha postergado por años, al tiempo que se expulsa del escenario político a los responsables de los males descritos. Aquí entra el viejo bipartidismo y todas sus ramificaciones, pero especialmente el “fantasma” del comunismo que dejó de ser un discurso de campañas políticas y ahora es presentado como una amenaza real, parlamentaria, peligrosa y opuesta a ese cambio anhelado por el “pueblo”. Este giro es fundamental, pues el enemigo se materializa, ya no es solo parte de la memoria.

Estamos por tanto ante una estrategia que tiene como objetivo cuestionar la memoria que desde mediados del siglo XX se ha construido sobre la Costa Rica que conocemos hoy. Para ello se vale de un discurso de ruptura y cambio que intenta hacer de la memoria histórica, un recurso al servicio del poder. Lamentablemente, el éxito de esta tendencia se alimenta de los reclamos, válidos, de muchos sectores que por años no recibieron la atención debida. Entretanto, el movimiento actual se presenta como el que escucha, mientras construye sus propias élites, incrementa el control del poder y trabaja en desmotar lo que queda de ese pasado con el fin de asumir el rol hegemónico.

De esta manera, aunque las sociedades no olvidan todo, la “condena de la memoria” se convierte en una herramienta de quienes buscan convencer a la sociedad sobre lo que debe o merece ser recordado. Ahí reside el peligro para la memoria histórica, la cual, una vez debilitada, erosiona la cohesión social, afecta la identidad colectiva y vuelve a la sociedad vulnerable ante la manipulación.

* Profesor e investigador de la Escuela de Historia, Universidad Nacional.

Pacto Patriótico Costarricense – documento firmado el 29 de junio del 2026

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Se establece un pacto patriótico costarricense entre las legisladoras y los diputados del Partido Liberación Nacional, Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana del Congreso de la República en la legislatura 2026-2030 y la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES), que integra al sindical, agroalimentario, ganadero, indígena, arrocero, ambiental, empresarial, estudiantil, movimientos populares, artístico, religioso, territoriales, académicos, pescadores y otros; representados por el Equipo Timón, en su condición de coordinadores, con la finalidad de establecer los acuerdos entre partes, dar seguimiento y ejecución a los compromisos adquiridos. Además, se desea promover los más altos valores patrios como son el Diálogo, la Democracia, la Paz Social, el Estado Social de Derecho, la participación ciudadana, la libertad de expresión, propiciar la movilidad social ascendente, la atención a los costarricenses empobrecidos y vulnerables, y la defensa de instituciones de bien común como la CCSS, el ICE, el INS, el CNP, el BCR, el A y A-Asadas, CEN-CINAI, PANI, Universidades Públicas y otros.

Por lo cual, para este pacto patriótico manifestamos compartir los siguientes valores y principios contenidos en el documento: “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica” del Bloque Democrático de la Asamblea Legislativa, y los propios de RENASES, que nos permite tener un marco de referencia:

1) Defensa del Estado Social de Derecho, la estabilidad democrática, el bienestar de la ciudadanía costarricense, la garantía de la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución Política, la separación e independencia de poderes, la vigencia plena de los derechos fundamentales y la atención a los principales desafíos del país;

2) Se prioriza el diálogo social y la capacidad de convergencia para el bien común y el bienestar de los costarricenses; promoviendo, desde la Red Nacional de Sectores Sociales proyectos de ley y solicitando a diputados y legisladoras pactantes y otros, ser voz de los sectores sociales en el control político que ejerzan en el Parlamento;

3) Fomento y fortalecimiento de la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la comunicación, el derecho a la libre reunión, a la manifestación pacífica y a la participación ciudadana como columnas de la democracia. Asimismo, suscitar la agenda de derechos humanos, muy especialmente los derechos de las mujeres, así como la lucha contra la violencia de género.

4) Apoyo al combate frontal contra el crimen organizado, la sanción a las organizaciones criminales y mayor presupuesto al OIJ, Seguridad Pública, Ministerio Público, Policías de Migración, Penitenciaria y Fuerza Pública. También, la reforma y transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una unidad de inteligencia estratégica civil con controles democráticos y rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa; eliminando su carácter político.

5) Apoyo a la prevención del delito en las diferentes formas, mediante la promoción de una cultura de paz, el deporte, la expresión artística, el fortalecimiento del tejido social y comunitario, el mejoramiento y recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de la educación, en aras del fomento de una Política Social integral.

6) Establecimiento de un plan de inversión gradual para avanzar hacia el mandato constitucional del 8% del PIB, para la inversión en educación (Primera Infancia, el INA, MEP y FEES). Asimismo, el fortalecimiento de la Política Educativa y Curricular. Finalmente, el aseguramiento de la estabilidad laboral docente, técnico-docente y administrativo.

7) Defensa y fortalecimiento de la CCSS, su sostenibilidad financiera, cobertura y calidad de sus sistemas de salud pública y de pensiones (SEM e IVM):
a- Exigir que se cumpla con el pago de la deuda para lo cual deberá establecerse un plan de pago.
b- Que se instaure un plan para reducir las listas de espera.
c- Contribuir a resolver la emergencia por la escasez de especialistas mediante acciones como reformas graduales para cerrar la brecha entre salario global y salario compuesto, aumentar la oferta de especialistas, mejorar la proyección de demanda, entre otras.
d- Abordaje de la salud mental en el sistema de salubridad pública y en el sistema educativo.
e- Que se respete la autonomía de la CCSS.

8) Evaluación de la aplicación de la Regla Fiscal, considerada por algunos sectores como una medida perversa cuya aplicación no permite ni resguardar, ni aumentar la inversión social. Por el contrario, se debe impulsar el aumento gradual del presupuesto de FODESAF. Valga indicar que el problema fiscal costarricense no es exclusivamente de gasto. Es un problema de erosión de la base tributaria, privilegios fiscales concentrados, debilidades administrativas estructurales y un sistema que grava con mayor intensidad a quienes tienen menor capacidad económica. Así las cosas, la política fiscal debe ir orientada hacia la justicia, la progresividad, la equidad, la eficiencia y la sanción penal a la evasión y la elusión tributarias.

9) Fortalecimiento de los guardaparques bajo la rectoría del SINAC dotándoles de competencias de policía ambiental. Defensa de la soberanía nacional en Crucitas con el objetivo de beneficiar a las comunidades locales, de proteger el ambiente y el territorio nacional. Mantener la prohibición a la minería a cielo abierto. Impulsar legislación para la protección de los activistas y defensores de los derechos humanos. Fomento de iniciativas para el bienestar animal. Que se garantice el derecho humano al acceso al agua y el fortalecimiento de las ASADAS.

Promover soluciones de gestión integral, efectiva y sostenibles a la crisis de residuos con un enfoque de economía circular.

10) Compromiso con el Convenio 190 de la OIT, que ratifica el combate contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados y de reconocimiento de la responsabilidad social de los cuidadores. Velar por el pleno disfrute de los derechos y la calidad de vida de la niñez, la juventud, las personas con discapacidad, la población adulta mayor, personas en condición de calle y otras poblaciones vulnerables. Resguardo de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Protección de los activistas y defensores de los derechos humanos.

Velar por el respeto y el reconocimiento de los Pueblos originarios y sus territorios. Garantizar todos los derechos de las poblaciones migrantes y solicitantes de refugio. Apoyo a las comunidades afrodescendientes.

11) Defensa e impulso a la producción nacional, fomento a la innovación y aportes culturales positivos ligados a la actividad agropecuaria como garantía de la seguridad alimentaria y nutricional:
a- Fortalecer el mercado agropecuario.
b- Garantizar la salud humana y la inocuidad alimentaria.
c- Mejorar la accesibilidad del financiamiento para el sector agropecuario y crear una legislación de seguros agropecuarios
accesibles.
d- Promover una actividad agropecuaria en sinergia con el ambiente.
e- Desarrollar una política y planificación territorial que se diseñe y evalúe con los territorios y las personas.
f- Fortalecer el cumplimiento de los controles fitosanitarios y zoosanitarios;
g- Aplicar los mecanismos de defensa comercial establecidos en la legislación nacional y la no aprobación de la adhesión a la Alianza Transpacífico.
h- Impulsar con prioridad alternativas para garantizar la trazabilidad del ganado sin las afectaciones provocadas por el decreto de “areteo”.

12) Fortalecimiento y mejora de la legislación contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Impulsar la transparencia proactiva en la institucionalidad, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas bajo los principios de un Estado Abierto incluyendo la apertura de datos públicos, estándares de interoperabilidad digital y transparencia algorítmica.

Así, resolvemos establecer un pacto patriótico entre el Bloque Democrático Legislativo y la Red Nacional de sectores sociales, bajo los siguientes términos:

  1. Defender los valores y principios expuestos en el marco de referencia, compartido por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) con base en algunas “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica”.

  2. Apoyar las iniciativas de leyes que construya el proyecto país compartido en el marco de referencia.

  3. Establecer los mecanismos para el aporte de proyectos de leyes de RENASES y solicitudes para el control político, según las diversas fracciones del PLN, FA y CAC. Además, de la coordinación de acciones de la Red Nacional de Sectores Sociales solicitada por los diputados de dichas fracciones mediante un primer nivel político entre Jefes de fracciones de los Partidos Políticos suscribientes y el Equipo Timón.

  4. Integrar un equipo de asesores técnicos y políticos con personal de las fracciones mencionadas y RENASES.

  5. Legitimar al Equipo Timón como el coordinador de la Red Nacional de Sectores Sociales, e interlocutor con las jefaturas de las fracciones del PLN, FA Y CAC que subscriben el presente pacto patriótico integrado por:

Gilda Montero Sánchez (ANDE)
Gilberth Díaz Vásquez (SEC)
Albino Vargas Barrantes (ANEP);
Martha Rodríguez González (UNDECA);
Lenín Hernández Navas (SINAE);
José María Oviedo Chaves (UNAG);

Dado a los 29 días de junio del 2026, en el Salón de Expresidentes en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a las 11:00 horas, y firman este pacto patriótico los siguientes jefes de fracciones:

Diputado Álvaro Ramírez Bogantes, (PLN)
Diputado José María Villalta Florez-Estrada, (FA)
Diputada Claudia Dobles Camargo, (CAC)

Gilda Montero Sánchez
(ANDE) 401450893

Gilberth Díaz Vásquez
(SEC) 50195021

Albino Vargas Barrantes
(ANEP) 104570390

Martha Rodríguez González
(UNDECA) 203430472

Lenín Hernández Navas
(SINAE) 109670277

José María Oviedo Chaves

(UNAG) 105060146

Organizaciones, sectores, movimientos y otros que ratifican este Pacto Patriótico Costarricense.

Puede descargar desde SURCOS el documento con las firmas:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/06/Pacto-Patriotico-.pdf

Teletica, La Nación y el poder

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por José Luis Amador

José Luis Amador.

Se atribuye a Voltaire la frase “no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresar tus ideas”. Esta frase resume el principio democrático de respetar el derecho a la expresión y al disenso.

En los últimos años, hemos defendido a la Nación y Teletica por su derecho, (el nuestro y el de todos) a la libre expresión de las ideas. Durante estos años hemos sido testigos de la antidemocrática actitud de Rodrigo Chaves al golpear y constreñir la libre expresión de una serie de periodistas, periódicos, analistas y pensadores que van desde La Nación, y Teletica hasta periodistas de UCR, Vilma Ibarra y tantos otros grandes y pequeños que no fueron del gusto del señor presidente.

Pero la razón por la que hemos opinado en defensa de estos periódicos no es porque pensáramos que estos medios: “la Nación” o “Teletica” fueran adalides de la libertad de prensa, de la expresión de todos o de la defensa de la verdad y la objetividad. Sino porque en este mundo de pesos y contrapesos, la mordaza sobre esos periódicos es una mordaza que pesa para todos los actores de la sociedad, reduciendo el respeto al disenso y la democracia.

Hablo como ciudadano independiente, que se manifiesta libremente en las redes, que no tiene ninguna militancia con ningún partido, ni con ningún medio de comunicación, pero que siente como propia, la vejación y la constricción que se hace a cualquiera que sea reprimido en su libertad de expresión.

Como trabajador del ICE, me tocó muchas veces enfrentar la todopoderosa voz de esas empresas de opinión, La Nación y Teletica. Me tocó salir a defender los intereses institucionales y nacionales, llevando como único escudo mi convicción y los colores amarillos de esa institución.

Fue así como muchas veces nos tocó salir a enfrentar el TLC, afrontar la amenaza del Combo Eléctrico o simplemente salir durante el período 2002 – 2006, a luchar, porque los asesores neoliberales de Abel Pacheco lo convencían de negar la aprobación del presupuesto mínimo, para garantizar los recursos institucionales necesarios para construir obras hidroeléctricas. Ya desde aquellas épocas la intención era ahogar presupuestariamente al ICE, para que no pudiera construir sus obras, y dejar el espacio cómodamente a los cogeneradores privados.

Sin presupuesto, varios proyectos en proceso quedaban paralizados, los trabajadores sin actividad, y si no había una solución, el ICE tendría que despedirlos. Ante esas situaciones acuciantes, hubo un año en que nos lanzamos tres veces a paros y marchas, no por aumento de sueldo, no por beneficios para los trabajadores, sino por presupuesto para no paralizar las obras

El papel de La Nación
Porque cuero sí nos daban

Como trabajador del ICE no fue difícil aprender que cuando los políticos tomaban acciones y propuestas en contra de la institución, ya desde varias semanas antes, los titulares de primera plana de la Nación empezaban a expresar opiniones en contra del ICE, para preparar el terreno, indisponer la opinión pública y predisponerla a favor de los actos, leyes, proyectos, recortes y otras acciones de su interés, en contra del ICE.

Como muchos de ustedes bien saben, el periódico no es un noticiero. El periódico es un formador de opinión y una herramienta al servicio de sectores económicos y políticos. Y como comprenderán, no fue Chaves el que vino a abrirnos los ojos. Ya los teníamos abiertos desde chiquitillos. Estos medios nunca fueron favorables al proyecto nacionalista energético. ni de telecomunicaciones. Ni de la Caja, ni de ningún proyecto de índole social. Siempre estuvieron en contra de las posiciones progresistas de trabajadores y sus sindicatos. Siempre del lado libertario, del lado de los Guevara, del lado de quienes querían privatizar o como dicen ellos “abrir” las instituciones, Siempre favoreciendo a la cogeneración y a la competencia privada. En energía salud educación y en lo que sea.

El argumento es por supuesto, defender al usuario, lo cual no siempre es cierto, pero como propaganda funciona. Aunque la mayor cantidad de veces, la motivación sea más bien beneficiar al empresario privado, aún a costa del usuario final. En los últimos meses me ha llamado la atención ver algunas posiciones más nacionalistas y si se quiere más solidarias de parte de la Nación. Posiblemente por su enfrentamiento con Chaves y el duro revés de perder la visa que experimentaron sus directivos. Pero su posición ha sido siempre la descrita.

Chaves y Teletica

Recientemente Rodrigo Chaves se reunió con René Picado dueño de Canal 7. Esto ocurre luego de un periodo de más de cuatro años de agresión permanente, explícita o velada, de Chaves hacia ese medio televisivo. Conociendo a este personaje, no deja uno de preguntarse ¿Qué cosa estará tramando Chaves?

Lamento decir que no espero nada bueno de este señor. Aunque Chaves nunca ha expresado abiertamente su ideario, para quienes hacemos una lectura de lo que ha venido haciendo, queda claro que ese ideario no está muy lejos del ideario de un Milei. Arrasar con el Estado Social de Derecho, derribar los derechos adquiridos por los costarricenses en el plano social. Reducir aún más los presupuestos en salud, educación, seguridad, todo ello en beneficio de los sectores empresariales y de los números a nivel macroeconómico. Hablo sin ser experto, pero por ahí va la cosa.

El punto es que hemos defendido durante todos estos años a la Nación y a Teletica y hemos querido hacer valer su derecho a la libre expresión. Y había que hacerlo. No es por casualidad que a los directivos de la Nación se les quitaron sus visas a Estados Unidos. Eso, todos lo sabemos, es un guiño de la administración Trump a su colaborador Chaves.

Pero la reunión de Chaves con Picado deja abierta una serie de preguntas. ¿Será que por unos dólares más y pauta publicitaria René Picado cambiará sus posiciones y hará causa común con Rodrigo chaves en lo que atañe al derribo del Estado social de Derecho?

¿Será que ahora Teletica contribuirá, una vez más, a invisibilizar la realidad y a ponerla a tono con el interés del gobierno chavista, en desmedro de la verdad, y del objetivo ejercicio del periodismo, en aras de mayor rentabilidad para su negocio??

Nadie duda de que en nuestras sociedades los medios son un cuarto poder, uno de los más importantes: el periodismo y la comunicación formadora de opinión, pero también es cierto que fácilmente se convierten en un poder donde la verdad, queda al servicio del mejor postor.

¿Nos tendremos que acostumbrar, otra vez, a ver a Teletica, totalmente, al servicio del poder?

¿Pasará lo mismo con la Nación?

A Repretel ya ni le preguntamos.

FESITRAES invita a conversatorio sobre la CCSS, las pensiones y la defensa de la seguridad social

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) realizará el conversatorio “La CCSS en disputa: derechos, pensiones y defensa del sistema de seguridad social”, un espacio de análisis y diálogo sobre los desafíos que enfrenta la seguridad social costarricense y las propuestas para fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La actividad se llevará a cabo el 10 de junio de 2026 a las 2:00 p.m., con transmisión a través del canal de YouTube de SIUNED, y reunirá a especialistas y personas activistas vinculadas a la defensa de la salud pública y la seguridad social.

El conversatorio contará con la participación del Dr. Leiner Vargas, economista y catedrático del Centro Internacional en Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), quien aportará elementos de análisis sobre la situación económica y financiera de la seguridad social costarricense.

También participará la Dra. Natalia Solís Rojas, especialista en medicina interna e infectología de la CCSS, activista social e integrante de las coordinaciones de Unidos por la CCSS y del Frente Nacional de Lucha (FNL).

El panel se complementa con la participación de Deivis Ovares Morales, auxiliar de enfermería de la CCSS, activista social y sindical, quien forma parte de las coordinaciones del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) y del Frente Nacional de Lucha.

Según las organizaciones convocantes, el encuentro busca generar una reflexión colectiva sobre el presente y el futuro de la seguridad social en Costa Rica, abordando temas relacionados con el derecho a la salud, el régimen de pensiones, el financiamiento de la CCSS y los desafíos que enfrenta una de las instituciones más emblemáticas del Estado Social de Derecho costarricense.

La actividad se realiza en articulación con diversas organizaciones sindicales comprometidas con la defensa de la CCSS, entre ellas SINDEU, SITUN, AFITEC, UTRAUTN y SIUNED.

Las personas organizadoras destacan que el conversatorio forma parte de los esfuerzos para promover el debate público y la participación ciudadana en torno a la protección de la seguridad social, en un contexto de discusión nacional sobre el financiamiento, la gestión y el futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Fecha: 10 de junio de 2026
Hora: 2:00 p.m. (hora de Costa Rica)
Transmisión: YouTube SIUNED
Enlace: https://youtu.be/KlJY_5mwUfk

La convocatoria se realiza bajo la consigna:
“En defensa de la CCSS, por el derecho a la salud y la seguridad social”.

Impulsan Pacto Patriótico Costarricense entre sectores sociales y diputaciones de oposición

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Diversas organizaciones sociales agrupadas en la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) promueven la firma de un Pacto Patriótico Costarricense con diputadas y diputados de oposición para el período legislativo 2026-2030, con el propósito de establecer una agenda común de defensa institucional, fortalecimiento democrático y promoción de políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

La propuesta plantea una articulación entre sectores sindicales, agroalimentarios, ganaderos, indígenas, arroceros, ambientales, empresariales, estudiantiles, movimientos populares, organizaciones artísticas, religiosas, territoriales, académicas, colegios profesionales, cámaras de radio y televisión, pescadores y otros sectores sociales, representados por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES).

El documento señala que el objetivo principal es promover valores considerados fundamentales para el país, entre ellos la democracia, la paz social, el diálogo, el Estado Social de Derecho, la participación ciudadana, la libertad de expresión, la atención de las poblaciones empobrecidas y vulnerables, así como la defensa de instituciones públicas estratégicas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Banco de Costa Rica (BCR).

Como marco de referencia, la propuesta adopta los principios contenidos en el documento denominado “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica”, impulsado por el denominado Bloque Democrático de la Asamblea Legislativa.

Entre los ejes planteados figura la defensa del Estado Social de Derecho, la institucionalidad democrática, la separación e independencia de poderes, el respeto a la Constitución Política y la protección de los derechos fundamentales.

Asimismo, se propone fortalecer los mecanismos de diálogo entre sectores sociales y representantes legislativos, de manera que las organizaciones puedan presentar iniciativas de ley y planteamientos para el ejercicio del control político desde la Asamblea Legislativa.

La propuesta incorpora además la defensa de la libertad de prensa, el derecho a la información, la libertad de reunión, la manifestación pacífica y la participación ciudadana como pilares esenciales de la democracia. También plantea el fortalecimiento de la agenda de derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

En materia de seguridad ciudadana, el documento promueve un combate frontal contra el crimen organizado, el fortalecimiento presupuestario del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Fuerza Pública y Seguridad Pública. Además, propone transformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una unidad de inteligencia estratégica civil sometida a controles democráticos y mecanismos de rendición de cuentas.

La iniciativa también plantea una visión preventiva de la seguridad basada en la promoción de la cultura de paz, el deporte, la educación, las expresiones artísticas y el fortalecimiento del tejido social y comunitario.

Uno de los apartados más extensos se refiere a la educación pública. El pacto propone avanzar gradualmente hacia el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación, establecer una negociación quinquenal del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y revisar los modelos de construcción y mantenimiento de infraestructura educativa.

En relación con la seguridad social, el documento plantea la defensa y fortalecimiento de la CCSS, la sostenibilidad de los regímenes de salud y pensiones, la definición del monto real de la deuda estatal con la institución y el establecimiento de mecanismos para su pago. Asimismo, propone medidas para reducir las listas de espera, enfrentar la escasez de especialistas y promover reformas que permitan un acceso más justo a los medicamentos.

La propuesta también incluye la revisión de la regla fiscal para identificar mejoras que permitan proteger la inversión social, así como el fortalecimiento gradual del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

En materia ambiental, el pacto plantea fortalecer el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), otorgar mayores competencias a los guardaparques, mantener la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, proteger a personas defensoras de derechos humanos y ambientales, garantizar el acceso al agua potable mediante el fortalecimiento de las ASADAS y promover soluciones integrales para la gestión de residuos con enfoque de economía circular.

El documento incorpora además compromisos relacionados con los derechos de las mujeres, las personas cuidadoras, la niñez, la juventud, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las poblaciones en condición de vulnerabilidad, la comunidad LGBTIQ+, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las personas migrantes y solicitantes de refugio.

Otro de los ejes centrales es el fortalecimiento de la producción nacional y de la seguridad alimentaria. Entre las propuestas destacan el apoyo a la actividad agropecuaria, la mejora del acceso al financiamiento para productores, la creación de seguros agropecuarios accesibles, el fortalecimiento de los controles fitosanitarios y la búsqueda de alternativas al actual sistema de areteo del ganado.

La agenda también contempla reformas orientadas al combate contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la evasión y la elusión fiscal. Asimismo, promueve políticas de transparencia, acceso a la información pública, apertura de datos, interoperabilidad digital y transparencia algorítmica dentro de la institucionalidad pública.

Como parte de los acuerdos operativos, la propuesta establece mecanismos para que RENASES presente iniciativas legislativas y planteamientos de control político, así como la conformación de equipos técnicos y políticos integrados por representantes de las fracciones legislativas y de los sectores sociales.

El documento reconoce además al denominado Equipo Timón como instancia coordinadora de RENASES e interlocutora con las fracciones legislativas que decidan adherirse al pacto. Dicho equipo está integrado por representantes de ANDE, ANEP, APSE, SEC, SINAE, UNAG y UNDECA,

La propuesta contempla que la firma del Pacto Patriótico Costarricense se realice en la Asamblea Legislativa durante el presente mes de junio, mediante la adhesión de diputadas y diputados de oposición y representantes de las organizaciones sociales participantes.

La “nueva derecha” y la destrucción del ICE

Escrito en . Publicado en Análisis.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Este tema es muy serio y grave, ajeno a los denuestos que pueda generar en las redes sociales dominadas por los troles o bots engendros del chavismo. Por eso, voy a comenzar con una explicación casi didáctica, para que nos ubiquemos exactamente sobre lo que estamos tratando.

Empecemos por señalar que no nos estamos refiriendo a la derecha tradicional que apoyó las ideas de la democracia liberal y que, como sucedió en Costa Rica, supo convivir con la alternancia de partidos social demócratas o social cristianos y sus reformas sociales. No, esta nueva derecha o “conservadurismo radicalizado” como la califican varios autores entre ellos Natascha Strobl en su libro “La Nueva Derecha”, es otra cosa y es tan extremista, que se cayó del borde de la mesa para terminar en aguas procelosas de orientación fascista, donde sus seguidores nadan a placer. Cuando un movimiento político con esta orientación sea cual sea su estructura llega al poder, actúa de inmediato para establecer formas de autoritarismo cada vez más radical. Sobre esto dice Strobl

  • “Formalmente ocupan los más altos cargos del Estado, pero es precisamente esta posición las que utilizan para desmantelar el sistema democrático que los llevó a la cima. Esto afecta a todos los ámbitos del Estado, pero en especial al sistema judicial y al Parlamento: el Poder Ejecutivo va contra en contra del Judicial y del Legislativo. En el proceso la separación de poderes que es constitutiva del Estado-nación moderno y democrático se está erosionando rápida y sistemáticamente. El llamado “cuarto poder”, los medios de comunicación, también está siendo acorralado y saboteado, y el Estado de bienestar, el mayor logro del movimiento obrero organizado en el Siglo XX, está siendo debilitado…”,

Y además agrega que, una vez en el poder y de cara al exterior o sea al resto de la sociedad, se presentan como;

  • “las víctimas de un ominoso Estado profundo o de “redes rojas· secretas en el aparato judicial, realmente conservador. En el proceso el Parlamento se convierte en una institución elitista distante que no puede juzgar al líder elegido por el pueblo los medios son una red incendiaria de izquierda que difunde noticias falsas unilaterales; el Estado de bienestar alimenta a los perezosos y los emigrantes a costa de los ciudadanos locales y laboriosos”.

Quien lea con cuidado esas citas, fácilmente puede comparar esas características del asalto al poder por los aspirantes a fascistas de la nueva ultraderecha, con la desgracia que está sufriendo Costa Rica en los últimos años y que el pueblo básico y obnubilado, votó para que continuara cuatro años más con la destrucción de nuestra democracia. Calificar al ciudadano con adjetivos groseros y de menosprecio, es lo típico de estos movimientos; por eso si les dicen “básicos” es parte de la estrategia de cegarles la mente con mentiras y post verdad, pues como bien lo cita F. Finchelstein en su libro “Aspirantes a Fascistas”, Goebbels reconocía;

  • “Nuestra propaganda es primitiva, porque el pueblo piensa de forma primitiva. Hablamos el lenguaje que entiende el pueblo”.

En pocas palabras la definición de la política de mentiras y el calificativo de “básicos” que diera Pilar Cisneros. Por su parte, Finchelstein afirma también que:

  • El intento fascista de una propaganda “primitiva” produce efectos hipnotizantes para los creyentes y, al mismo tiempo, aberrantes, irreales e incluso estúpidas, para los críticos – lo que también confirma que – los lideres siempre tienen la razón, y los otros, incluidos los periodistas, deben aceptar sus explicaciones sin preguntar…”.

De esa manera, con la actitud ideológica premeditada de destruir toda la institucionalidad del país, en este momento tienen al ICE como su víctima inmediata en manos de los sicarios de la institucionalidad. El famoso proyecto de la “armonización” lo único que conlleva es la entrega de nuestra riqueza energética en manos de unos, muy pocos, generadores privados para que, precisamente, generan pingües ganancias en su beneficio y a costa de los bolsillos de la ciudadanía que, siguen aplaudiendo al verdugo que pretende sacrificar al ICE.

Para seguir engañando a los “básicos” arman la pasarela mediática, por ahí pasa un expresidente del Saprissa que es el socio y máximo ejecutivo de Genera Holdings o los representantes de la UCCAEP para que hablen a nombre de sus asociados, los generadores privados, dentro de los que hay algunos que Rodrigo Chávez insultó, denigró y llamó “costarricenses con corona” que ahora se las quiere adornar con los diamantes de la generación eléctrica, gracias al proyecto que él preparó y envió a la Asamblea Legislativa y lo mantienen en vigente sus entenados políticos en el Poder Ejecutivo y Legislativo.

Ahora resulta que, a los defensores de la democracia, la institucionalidad y en este caso el ICE, nos gritan: ¡¡COMUNISTAS!!, con una ignorancia pasmosa o un cerebro que no logró sobrepasar los tiempos de la Guerra Fría. Lo que el ciudadano costarricense debe entender es que si ese calificativo perdió toda vigencia histórica, ideológica, política, económica y social, no sucede igual con los aspirantes a fascistas que SI están resucitando esa vieja ideología anti democrática y enemiga de todo lo que podemos llamar Estado Social de Derecho, a través de dictaduras reales como Bukele en El Salvador o autocracias electorales como las de Trump (EE.UU), Kast (Chile), Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz de Bolivia y el chavismo en Costa Rica, entre otros, que están destruyendo la herencia institucional que ha beneficiado a miles por décadas en toda nuestra América.

Entonces costarricense: de qué lado se coloca, es de los que protege esa herencia o de los que la destruye…pero después no se arrepienta, pues la Historia enseña que generalmente lo pueblos despiertan cuando ya es demasiado tarde.

¿Lo que estoy pensando hoy me pregunta un algoritmo?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Jiddu Rojas Jiménez

Pues respecto a la actual coyuntura política nacional, que el estridente Gobierno del Continuismo Autoritario, —el Gobierno Ja-Guaro 0.2, acuerpado por poderosos y oscuros intereses nacionales y extranjeros—, harán todo lo posible, por romper la unidad del llamado Bloque Democrático de Oposición en la Asamblea Legislativa, que está funcionando como atalaya democrática frente a su proyecto autoritario y ultraneoliberal. Ese su objetivo táctico superior inmediato, y la lucha apenas comienza.

La fracción del PLN liderada por don Álvaro Ramírez (y su renovado Partido PLN por el excandidato del mismo don Álvaro Ramos Chaves); la fracción del Frente Amplio con su ejemplar y meridiana claridad política (al mejor estilo de Manuel Mora Valverde), y doña Claudia Dobles Camargo de la Coalición Agenda Ciudadana, deberán seguir articulando ese Bloque Democrático de Control Político, frente a un Poder Ejecutivo desbordado por un infantil revanchismo.

Con la diputada del PUSC, doña Abril Gordienko, lejos de denostarla, se deberá negociar con mucho respeto y firmeza, en lo que toque y se coincida (posiblemente en la participación democrática y en materia de libertades públicas), y negociar con transparencia ética, donde hayan otras diferencias (muy posiblemente en el plano de la macroeconomía).

En mi opinión, el oficialismo obviamente intentará destruir esta articulación legislativa democrática y progresista, estimulando provocaciones, incluso «a dos bandas», si es necesario:

1) Primero, estimulando el oportunismo, el miedo, la calumnia o el prejuicio ideológico por la derecha.

2) Y segundo por supuesto estimulando el sectarismo de izquierdas, disfrazado de «Principismo». ¡Cantado! (Ese tufo a superioridad moral pseudorradical ya lo conozco, es cíclico, y es estimulado sistemáticamente adrede.)

3) Pero además, llamando a desmovilización de los sectores populares y de la sociedad civil, que reaccionó cívicamente, frente al fenecido Proyecto 23414 de (Des)Armonización contra el ICE.

4) Mientras, tratará de cooptar, manipular y desinformar, a su propia base social, —sobre todo en sectores rurales y costeros—, para polarizar socialmente más, la coyuntura nacional.

5) Todo lo anterior, inscrito en una delicadísima coyuntura internacional, frente a una posible crisis internacional y regional. Y no se descarta el matonismo, el injerencismo descarado, de la Embajada Imperial a petición de sus cipayos locales.

Por eso hay que intentar anticiparnos ontológicamente (Ernst Bloch) con lucidez. Nunca mejor que ahora, habremos de rescatar y nutrirnos de las diferentes herencias políticas de dos grandes Beneméritos de la Patria (y de sus organizaciones históricas), quienes supieron construir históricamente, a pesar de sus conocidas diferencias.

Por eso es la hora de releer con profundidad, de reapropiarse teóricamente, del brillante legado táctico y estratégico, de Manuel Mora Valverde y de don Pepe Figueres Ferrer.

Entiéndase bien: No es ningún «culto a la personalidad». Hablo de estas figuras históricas, políticamente indispensables, pero como símbolos y referentes políticos, de esas fuerzas sociales concretas y profundamente humanas, que transformaron este país en el siglo XX. Por supuesto que las estructuras socio-históricas pueden (y deben científicamente) abordarse de formas más complejas.

Pero hasta el gran filósofo Hegel, usó licencias para expresar en su lenguaje filosófico, la relación histórica particular-universal (el «Individuo Histórico-Universal», en alemán «welthistorische Individuen» en las «Lecciones sobre la filosofía de la historia universal«, usando a la figura «encarnada» del primer periodo modernizante y reformador de Napoleón Bonaparte I, para referirse simbólicamente al despliegue del «Espíritu» («Geist») en los grandes procesos socio-históricos. Aquí se trata de interpretar filosóficamente el humano proceso de construcción social y dialéctica de la Consciencia (Autoconsciencia) y de la idea de Libertad (Autodeterminación).

Por supuesto, igual que el gran Beethoven y su Tercera Sinfonía, Hegel también decepcionado de Bonaparte, y alemán al fin, —de habla y culturas, porque no había ninguna unidad nacional alemana—, podría arrepentirse luego. En cambio, don Pepe y don Manuel, —líderes populares y humanistas profundamente costarricenses—, a pesar de la cruel Guerra Civil de 1948, no decepcionan.

Estas figuras de carne y hueso, costarricenses, hijos de su contexto, nos regalan diferentes aportes democráticos, que se pierden en el tiempo de la Segunda República, y devienen nobles metáforas políticas, para un futuro posible.

Por supuesto, habremos de adaptarnos y construir un lenguaje político y una narrativa propia de una nueva comunicación política digna del siglo XXI y sus nuevos retos y complejidades estructurales.

Definitivamente esta es una Costa Rica muy diferente, a la de la mitad del siglo pasado. De hecho es un Mundo, acaso un Sistema-Mundo diferenciado; incluso, un Capitalismo Financiero Tardío Global, muy diferente.

En Costa Rica hay nuevas subjetividades sociales, nuevas asimetrías sociales, nuevas aspiraciones y sueños, y nuevas generaciones; hay nuevos retos, nuevas decepciones y también desencantos democráticos; hay nuevas amenazas, nuevos desafíos; nuevas guerras globales con consecuencias locales; nuevas potencias emergentes (BRICS+); por lo tanto hay y habrá, nuevas crisis locales, nacionales, internacionales; nuevas crisis ambientales, climáticas, productivas, económicas, laborales, jurídicas, de identidad, culturales, de seguridad ciudadana, de gobernanza incluso, etc.

El ICE por cierto, no es inmune a esto y deberá enfrentar la demanda creciente de energías limpias para más carros eléctricos, para las grandes, medianas y pequeñas empresas, para más inversión extranjera, para más y necesaria conectividad, y soporte eléctrico; al mismo tiempo deberá mantener un suministro energético creciente al pueblo costarricense, junto a una mejor servicio de telefonía celular, etc.

Como ya sabemos la estrategia cínica del Gobierno de turno, no es muy original, es la misma de hace décadas, es sabotear al ICE desde la Presidencia Ejecutiva. Ejemplo de esto fue la directa injerencia norteamericana bajo Trump y Marco Rubio, contra las empresas de telefonía digital de China Popular.

Pero frente a la opacidad de este Mundo dado, y su geopolítica, y de la una Costa Rica desgarrada, hay una urgente y necesaria lección política, que algunos aprendimos tarde: Hay que aprender a escuchar al otro, con auténtica tolerancia, buena fe, honestidad, razonabilidad, y criticidad. Eso fue precisamente, lo que hicieron, precisamente, esos dos «Tayacanes» ticos: don Pepe y don Manuel Mora Valverde.

Esto, si queremos intentar salvar a nuestro Estado Social de Derecho, y a nuestras conquistas sociales, desde lo mejor de la Segunda República. Ya hay camino, caminado.

En consecuencia y para esta coyuntura nacional, deviene vital y estratégica para nuestra Patria y su institucionalidad democrática, esta reciente movilización popular por la defensa, tanto ciudadana, como jurídico-formal y legislativa del ICE, como exitosa institución pública costarricense.

Nos recuerdan obviamente, las heroicas Jornadas populares contra el pasado Combo de privatización del ICE en el 2000. Pero no debemos romantizar la coyuntura. Este gobierno de extrema derecha populista tiene vocación por el autoritarismo, y está apoyado directamente por Marco Rubio y Trump.

Y más allá del ICE, habrá que educarnos políticamente más, en la defensa y mejoramiento del sector público, propio del proyecto inclusivo del viejo, eficaz y hermoso Estado Social de Derecho costarricense. El mismo, que tantos éxitos sociales relativos, nos trajo.

Combatir las mentiras y la desinformación deliberada, y la narrativa histérica, vulgar, delirante, calumniosa, de corte casi nazi-fascista del discurso oficial de la actual Presidencia. Recordemos a Albert Camus, cuando decía que «el anticomunismo era el comienzo del fascismo». Hay una «Batalla de Ideas» por venir, y esa es una nueva trinchera táctica, popular y democrática.

En la imagen los Beneméritos, don Manuel Mora Valverde y don Pepe Figueres. Y no deberíamos cansarnos de reproducirla, y explicar sus alcances políticos e históricos.