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Etiqueta: Estado Social de Derecho

De Óscar Arias 1986 a Rodrigo Chaves 2026: 40 años de neoliberalismo privatizando la vida de las juventudes, hipotecando su futuro. Parte primera

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: Lenin Chacón Vargas
Exsecretario general de la Juventud Vanguardista 1974-1980
Exsecretario general del Partido del Pueblo Costarricense hasta 1991

A las nuevas generaciones les han contado una historia a medias. Dicen que el país está mal por culpa de «los mismos de siempre» o de «los partidos tradicionales» como el PLN, el PUSC y el PAC. Sin embargo, hay una trampa en ese discurso. Detrás de las peleas que vemos a diario en la televisión, la prensa digital y las redes sociales, existe un mismo plan económico que lleva 40 años aplicándose sin interrupción.

Desde 1986 hasta el actual 2026, Costa Rica pasó de ser un país que invertía en su gente a transformarse en una empresa que beneficia a unos pocos. Esta es la historia de cómo el modelo neoliberal —o capitalismo salvaje— nos viene quitando, pedazo a pedazo, nuestra calidad de vida.

1. De la Costa Rica solidaria a la Costa Rica neoliberal

Todo comenzó a mediados de los años 80 con la llegada del primer gobierno de Óscar Arias Sánchez, enemistado con los viejos líderes socialdemócratas: José Figueres, Luis Alberto Monge, Daniel Oduber, llamándoles “muletas que no necesitaba”. Con la llegada del gobierno de Arias en 1986, y dando continuidad profunda a los Programas de Ajuste Estructural que habían iniciado tímidamente en el gobierno de Monge tras la crisis de 1981, se consolidó un giro de timón radical. El énfasis dejó de ser el fortalecimiento de la producción interna y el mercado local. Ahora se priorizaba la inserción de Costa Rica en la economía global, las exportaciones no tradicionales y la atracción de inversión extranjera.

2. Los programas de ajuste estructural (PAE)

Los Programas de Ajuste Estructural fueron los instrumentos financieros y políticos impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que sirvieron como motor de esa transición. Tras la devastadora crisis económica de 1981, el país estaba quebrado. La respuesta de los organismos internacionales fue clara: para recibir préstamos de estabilización, Costa Rica debía desmantelar el modelo del Estado Social de Derecho y abrir su economía. El agro nacional, que había sido el corazón de la soberanía alimentaria y la estabilidad social campesina durante décadas, fue el sector que pagó el costo más alto.

El PAE I, negociado bajo Monge en 1985, y el PAE II, aprobado y ejecutado con fuerza en el gobierno de Arias, actuaron sobre tres ejes destructivos que transformaron para siempre la estructura social y agraria del país.

El primero fue la asfixia deliberada del Consejo Nacional de Producción y la pérdida de la soberanía alimentaria. Antes de los PAE, el CNP era una institución clave de la Costa Rica socialdemócrata. Le compraba a los pequeños agricultores sus cosechas de granos básicos, arroz, frijoles y maíz, a precios de sustentación, precios mínimos garantizados para que el campesino no perdiera dinero. Y vendía esos alimentos a la población a precios accesibles a través de los estancos. Los PAE catalogaron este sistema como un gasto ineficiente y una distorsión del libre mercado. Bajo las directrices del PAE II, se eliminaron los precios de sustentación y se cerraron paulatinamente los estancos. El CNP fue despojado de su capacidad de compra. Al obligar al país a eliminar los aranceles de importación, el mercado nacional se inundó de granos básicos extranjeros, fuertemente subsidiados en sus países de origen, como el maíz y arroz estadounidense. El productor local simplemente no pudo competir y el CNP quedó reducido a una entidad mínima.

El segundo eje fue la política de la “agricultura de cambio» y el fin del grano básico. Con el PAE II se consolidó una consigna oficial que sepultó la agricultura tradicional. El argumento neoliberal dictaba que Costa Rica no debía gastar recursos en producir su propia comida si era más barato importarla. En su lugar, los campesinos debían reconvertirse en productores de exportaciones no tradicionales: flores, mini-vegetales, plantas ornamentales, piña y melón, tubérculos. El Ministerio de Agricultura y Ganadería y los bancos del Estado cambiaron radicalmente sus prioridades. Se cortó el crédito barato, la asistencia técnica y los seguros agrícolas para los productores de maíz, arroz y frijoles. Si un campesino quería crédito, el banco se lo otorgaba únicamente si sembraba los productos destinados al mercado internacional. Los pequeños agricultores, que no tenían los recursos, la tecnología ni los contactos internacionales para exportar flores o piña, cayeron en la ruina. Esto provocó una masiva quiebra en el campo, el abandono de las tierras y el inicio de la gran migración campesina hacia los precarios de las periferias urbanas.

El tercer eje fue la privatización del crédito agrícola. El sistema bancario nacionalizado había sido diseñado por el primer liberacionismo para democratizar el crédito. Existían las Juntas Rurales de Crédito Agrícola, que financiaban al pequeño productor con tasas de interés bajísimas y plazos sumamente flexibles porque el fin no era el lucro sino el desarrollo social. Los programas exigieron la desregulación financiera, abriendo el portillo para la banca privada y obligando a los bancos del Estado a operar bajo criterios estrictos de rentabilidad comercial y libre mercado. Las Juntas Rurales de Crédito perdieron su razón de ser. El pequeño agricultor se convirtió en un cliente de alto riesgo para los ojos de una banca ahora corporativizada. Al no poder acceder a financiamiento, la producción agrícola familiar quedó prácticamente liquidada, dejando el campo libre para el auge de las grandes corporaciones transnacionales, especialmente en sectores como la piña, melón, sandía y el banano.

Aquella idea de que el suelo costarricense debe alimentar a sus hijos fue sustituida por la lógica neoliberal de que el mercado global proveería todo. Y así transformaron la estructura social y agraria del país para siempre.

Los discursos del arismo sonaban bonito tanto en la primera gestión 1986-1990, como en la segundo 2006-2010 incluido el Tratado de Libre Comercio (TLC.) prometían «modernizar el país» y «abrirnos al mundo» “la tecnocracia al poder” y sus consignas ilusorias como «en vez de un Hyundai, tendrán un Mercedes Benz».

La realidad, no obstante, fue otra. Se cambió por completo la lógica del Estado. Las instituciones públicas* que nacieron para garantizar derechos fundamentales —la salud, la educación, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, los seguros, el agua, el transporte ferroviario y el agro, — empezaron a ser vistas como simples «negocios» que debían generar ganancias financieras o, de lo contrario, recortarse. Así comenzó el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, la eliminación del cultivo de granos básicos: arroz, frijoles, maíz.

3. La precarización del trabajo: adiós a la estabilidad laboral

Para los jóvenes de hoy, conseguir un empleo con plenas garantías laborales parece un mito del pasado. El neoliberalismo trajo consigo la flexibilización laboral, sustituyendo la conquista histórica de la jornada de 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de recreación, por propuestas extenuantes como la jornada 4×3 (cuatro días laborando 12 horas continuas a cambio de tres días de descanso).

Bajo la falsa promesa de «atraer inversión», se mutilan las jornadas laborales humanamente justas. Hoy se ha normalizado el trabajo informal, el empleo precarizado por aplicaciones digitales o las dinámicas de zonas francas donde los derechos sindicales y el pago de horas extra son prácticamente inexistentes. Nos vendieron la idea de ser «nuestros propios jefes» a través del emprendedurismo para ocultar que el Estado ya no garantiza salarios dignos ni estabilidad. Esto destruye la posibilidad de construir un proyecto de vida, comprar una casa

o aspirar a una vejez digna, mientras la Banca para el Desarrollo se utiliza como una herramienta de clientelismo político para los gobiernos de turno.

4. La asfixia de la educación y la salud pública

El daño más grave de estas cuatro décadas ha sido el ataque directo contra los pilares de la democracia costarricense: la educación pública y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Educación en quiebra: El presupuesto educativo se ha recortado a niveles históricos, violando flagrantemente el mandato constitucional del 8%. Hoy tenemos escuelas con órdenes sanitarias y universidades públicas bajo constante amenaza presupuestaria y cierres de centros regionales.

Un pueblo sin educación es un pueblo fácil de manipular.

Salud debilitada: La CCSS ha sido ahogada financieramente por los sucesivos gobiernos, incluyendo el actual, mediante la corrupción, el derroche y una sistemática asfixia de sus finanzas. Al colapsar los servicios y extenderse las listas de espera, se obliga a la gente sencilla a pagar clínicas privadas o a morir esperando una cita. De esta forma, convierten la salud en un lujo de consumo; una mercancía con diferentes precios según la capacidad de pago y la calidad de los especialistas.

5. El gobierno actual: El heredero neoliberal con disfraz de rebelde

La administración de Rodrigo Chaves Robles y Laura Fernández Delgado han sabido explotar el enojo legítimo de la población hacia las cúpulas del PLN, el PUSC y el PAC. Su estrategia en redes sociales es efectiva: ataca violentamente a los actores políticos y funcionarios del pasado para proyectar una imagen de «rebelde» o reformador. Pero no es ni más ni menos que un político neoliberal, populista y autoritario.

Pero observemos las acciones y no los gritos.

En materia económica, este gobierno es un alumno excelente de Óscar Arias y de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

Su receta es la misma de siempre: recortes profundos a los programas sociales, debilitamiento de la institucionalidad, ataques a la libertad de prensa y un favorecimiento descarado a los grandes grupos financieros. No hay ruptura; hay una profundización del capitalismo salvaje mediante un estilo autoritario de gritería e insultos.

A esto se suma el ataque sistemático al Poder Judicial, la Sala Constitucional (Sala IV) y la Fiscalía General, motivado por las centenas de denuncias judiciales que pesan sobre diputados, ministros, exministros y el propio exmandatario y el debilitamiento de los recursos para combatir eficazmente el crimen organizado.

5. Para recuperar el futuro: Urge la organización y la movilización nacional

Nos están dejando una Costa Rica sin memoria y con una «vida útil» muy corta para las mayorías. La corrupción y la pérdida de libertades no son casualidad; son el resultado directo de este modelo neoliberal que cumple 40 años en este 2026.

La juventud no puede quedarse como espectadora en las redes sociales mientras le desmantelan el país que se construyó con tanto esfuerzo en el siglo XX. La única forma de frenar este régimen neoliberal y autoritario es la organización popular. Necesitamos rescatar la democracia social, la que pone al ser humano por encima del mercado. Es hora de despertar, recordar de dónde venimos y reclamar el futuro que nos quieren robar.

Es un deber ineludible de las juventudes de hoy, defender los derechos, las garantías sociales, las garantías individuales y el Estado social y democrático de derecho que conquistaron nuestros padres y abuelos.

¡A luchar! La democracia de la calle es el camino.

*Nota: Instituciones Públicas desmanteladas o en proceso: C.C.S.S., universidades públicas, ICE, INS, AyA, Ferrocarriles al Pacífico y al Atlántico, C.N.P., todas, patrimonio del pueblo de Costa Rica.

Con la Presidencia de la Corte nos jugamos la Democracia

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Las Cortes Supremas de Justicia, en casi todo el mundo, son organismos en esencia conservadores, estrechamente vinculados y determinados por el poder político-partidario del que deriva su propia legitimidad, independientemente de si se trata de regímenes democrático-liberales o autoritarismos de todo signo ideológico. De ellas no es dable esperar grandes movimientos de cambio generales y, a lo sumo, cuando se apartan de sólo mantener el statu quo, nos pueden brindar algunas sentencias que afirmen el bien común, defiendan derechos fundamentales o condenen los más grandes crímenes.

En épocas de estabilidad democrática, el Poder Judicial puede fortalecerse y la interpretación jurisprudencial de la Constitución y las leyes puede contener destellos de progresismo en dirección al reconocimiento y ampliación de derechos. Eso fue precisamente lo que pasó en Costa Rica a partir de la Constitución del 49 y hasta el umbral del siglo XXI. Entre otros hitos de este proceso positivo podemos mencionar la incorporación de un buen número de juristas de alto perfil a la Corte, el aseguramiento de un mínimo del 6% del presupuesto anual, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la creación de nuevas jurisdicciones (contenciosa, familia, agraria, constitucional), y de nuevas instituciones auxiliares a la materia penal (Ministerio Público, Policía Judicial, Defensa Pública).

En otro orden de consideraciones, se puede decir en síntesis que en una Corte Suprema se reflejan, con relativa claridad, la influencia y dominio coyunturales de las principales fuerzas políticas e ideológicas de una determinada época. En el marco de un Estado Social de Derecho la designación de los más altos jueces y juezas, aunque mediada por la afinidad ideológica o partidaria de quienes nombran o son nombrados, hay mucho mayor margen de asegurarse la independencia funcional de la justicia, afianzando su identidad contralora sobre los otros poderes; en tanto que en los regímenes totalitarios, los tribunales de justicia, comenzando por los de mayor rango, son entidades incondicionales al régimen político imperante, quedando desdibujado o desnaturalizado su rol contralor y su independencia.

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se ha visto afectada por las transformaciones de carácter sociológico experimentadas en los últimos 50 años. En la Corte de hace medio siglo el peso interno de la Sala Primera (derecho privado, derecho público y contencioso-administrativo) era evidente. De ella salieron sus presidentes (Baudrit Solera, Odio Santos, Coto Albán, Blanco Quirós y Cervantes Villalta), así como también salieron de aquí las principales políticas públicas en materia de justicia. Con la relevancia de la refundación de la jurisdicción constitucional, un largo período presidencial recayó en don Luis Paulino Mora, de origen penal y consolidado constitucionalista. Hasta ahí la época de gran solidez del Poder Judicial costarricense. A los siguientes presidentes no se les ha dado la oportunidad de reelegirse, e incluso uno de ellos –devenido presidente cabalgando el corcel del punitivismo más rancio-, se jubiló anticipadamente después de haber recibido una sanción disciplinaria. Hasta esas profundidades hemos descendido, ya que, coincidiendo con un clima nacional general de decadencia en tema de liderazgos, cualquiera –tenga o no objetivamente méritos- se siente hoy con derecho a presidir un poder de la República. Priva aquel devastador principio que dice: “si Fulano ha sido Presidente, Magistrado, Ministro, Diputado… ¿por qué yo no?”. De ahí, por ejemplo, los 29 candidatos y candidatas a la Presidencia de la República en las últimas elecciones.

Pero ante todo me interesa llamar la atención en punto a que el peso específico del poder a lo interno de la Corte en Costa Rica ha virado de la Sala Primera a la Sala Constitucional (en cuanto a determinación de derechos fundamentales) y, en especial medida, a la Sala Tercera (Penal) en punto a la llamada seguridad ciudadana y sus respuestas represivas. No es de extrañar entonces que tres de los cuatro aspirantes a presidir hoy este poder de la República pertenezcan a esta última cámara, sobre todo porque para un magistrado constitucional resulta, en las actuales circunstancias, inviable, por no decir irresponsable, asumir la presidencia de la Corte dadas las dificultades generadas por la falta de suplencias.

Esta realidad social está marcada, entonces, por lo que podríamos llamar la justicia en los tiempos del narco. Me refiero a que la renuncia al Estado Social de Derecho o Estado Benefactor (hijo del social cristianismo y la social democracia tradicionales), sobrevino en el peor momento. Con la adhesión de Costa Rica al modelo neoliberal, -impuesto desde los centros de poder económico mundiales- coincidió la irrupción del narcotráfico y el crimen organizado (con una guerra declarada por el presidente Nixon como mecanismo de control geopolítico, más que como sincera preocupación por la producción y consumo de drogas). A esto se unió la corrupción público-privada en la gestión gubernativa (que golpeó fuerte al bipartidismo PLUSC), y el creciente protagonismo de la inseguridad ciudadana, que tuvo como única respuesta la reforma y ampliación de lo penal: más figuras penales y mayores penas, restricciones procesales y penitenciarias, fortalecimiento de la Fuerza Pública y organismos auxiliares penales del Poder Judicial. De manera que al día de hoy, la cárcel colma toda estrategia e imaginación programática de nuestras clases dirigentes. Si el modelo económico-político no puede resolver las grandes carencias de la población, entonces se ha inventado un enemigo (el delincuente) y una “solución”: la cárcel, la mega-cárcel, la agresión y la tortura dentro de las prisiones, el escarnio, la venganza, la exhibición pública del tormento, la quema simbólica de los chivos expiatorios. El retroceso es hasta la Edad Media y más allá. La Revolución Francesa ha sido borrada de la Historia. Todo para solaz de un pueblo anestesiado, con el propósito inconfesable de los gobernantes de tapar su incapacidad para resolver los problemas que apremian a la gente y encubrir también los actos de corrupción que mantienen plena vigencia.

En ese contexto, y para el tópico que nos interesa, a saber, cuán independientes son nuestros máximos jueces, la actual integración de la Corte Suprema costarricense contiene tres categorías de magistrados o magistradas: (a) quienes al margen de los apoyos políticos con los que llegaron o han sido reelectos, se toman en serio su independencia y no obedecen a consignas partidarias; (b) quienes profesan creencias religiosas cristianas, ya neo-pentecostales, ya católicas ultraconservadoras, que tienden a subordinar sus decisiones a su credo y no estrictamente a la Constitución Política; y (c) quienes están al servicio del poder político dominante de turno, cualquiera que éste sea, y cuyo objetivo es asegurarse su futuro dentro del más alto tribunal de la República mostrando toda su reverencia y servilismo. Las dos segundas categorías se develaron con claridad en el tema de enviar -o no- las causas penales contra Rodrigo Chaves a la Asamblea Legislativa. No son una clara mayoría, pero entre ellos están los hoy dos aspirantes a la Presidencia, doña Damaris Vargas Vázquez y don Gerardo Alfaro Vargas. Tal vez algún otro espera agazapado que el fraccionamiento termine desgastando las candidaturas actuales. En todo caso, confiar la cabeza de la Corte en alguna de estas personas sería una entrega, desde dentro, a las aspiraciones del chavismo de controlar al último bastión que le falta para liquidar nuestra democracia republicana. Ya el último movimiento del Sub-contralor General, señor Aragón, nos advierte que no toda toma institucional tiene que venir desde fuera.

Es hora de instar con respeto a una mayoría de Corte a que en última instancia se depongan aspiraciones personales, se respeten pequeñas mayorías que al final puedan sumar, y se logre colocar en la Presidencia a quien esté dispuesto a defender la independencia e integridad del Poder Judicial. En esto se nos va la Democracia misma.

La República entre barrotes: notas del subsuelo costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Frank Ulloa Royo

La cárcel, en el siglo XIX francés, fue símbolo de modernidad y exclusión. Eugène Sue, en Los misterios de París (1842–1843), la retrató como destino inevitable de los marginados: “La prisión es el horizonte de los pobres, el lugar donde la miseria se convierte en delito.” Honoré de Balzac, en Esplendores y miserias de las cortesanas (1838–1847), la convirtió en escenario de corrupción y ruina moral, mostrando que los barrotes no eran más que prolongación del poder económico. Los hermanos Goncourt, en La fille Elisa (1877), mostraron la prisión como el último peldaño de la degradación femenina: “La mujer pobre no cae por el crimen, sino por la fatalidad social que convierte su miseria en culpa.” La literatura entendió pronto que la cárcel no era espacio de justicia, sino teatro donde la sociedad exhibía su desigualdad. La ironía histórica es que, mientras Europa se jactaba de haber dejado atrás los suplicios públicos, lo que realmente inauguraba era una maquinaria más sofisticada de control: muros, barrotes y reglamentos que disfrazaban la represión con el lenguaje del progreso.

En el siglo XX, Michel Foucault desmontó esa ilusión humanista con bisturí filosófico. En Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión (1975) escribió: “La prisión no corrige, vigila; no libera, disciplina.” El panóptico, esa metáfora de la mirada invisible, se convirtió en el emblema de una sociedad que controla sin necesidad de látigo. La ironía es que la cárcel, presentada como conquista civilizatoria, era en realidad el laboratorio de la dominación. Y hoy, Costa Rica repite la escena con un guion ya escrito: se levanta un nuevo centro penitenciario como promesa de seguridad, mientras se desmantelan las políticas sociales que prevenían la exclusión. La historia se repite, pero con disfraz tropical: la República que abolió el ejército ahora multiplica cárceles y entrega soberanía, como si la memoria de la paz fuera un lujo que ya no podemos permitirnos.

No es casual que Víctor Hugo, en Los Miserables (1862), mostrara que el destino de los pobres era la muerte prematura o la cárcel. Jean Valjean, condenado por robar un pan, encarna la paradoja de un sistema que castiga la miseria en lugar de combatirla: “El hambre no es delito, pero la justicia lo convierte en crimen.” Esa alegoría sigue vigente: los miserables de hoy no son criminales por naturaleza, sino víctimas de un Estado que recorta derechos y multiplica barrotes.

El presupuesto 2026 desnuda la lógica del subsuelo: se recortan pensiones, becas, comedores escolares, transporte estudiantil, vivienda y cuido infantil, mientras aumentan los gastos en Presidencia, Hacienda y Asamblea Legislativa, con asesores, vehículos y pines de oro. La república se desvanece: menos derechos, más cárceles, más cuchillos en la mano de la patria agraviada.

Defender la independencia judicial no es encubrir la corrupción ni negar la lentitud de la justicia laboral. Es impedir que la justicia se convierta en rehén del poder político. La Sala Constitucional, tantas veces protectora de derechos sindicales y laborales, está bajo amenaza. Si cae, ¿quién defenderá al trabajador despedido injustamente, a la mujer discriminada, al ciudadano frente al abuso del Estado?

Jorge Debravo escribió: “Yo no quiero que la patria tenga cuchillos en la mano.” Ese verso hoy es consigna política. No queremos una republiqueta punitiva al estilo Bukele, sino una patria que se parezca a la dignidad, a la memoria, a la justicia sin miedo.

El subsuelo de Dostoievski es nuestro espejo: alienación y resentimiento marcan la vida pública, diputados que rechazan candidatos, instituciones que callan, magistrados que guardan silencio cómodo. Y en medio de esa penumbra aparece el ministro de Justicia, que un día se arrodilló frente a los reos no para reconocer su humanidad, sino para insultarlos y negarles toda dignidad. Ese gesto, más teatral que político, fue la confesión de un poder que desprecia a los más vulnerables y convierte la justicia en espectáculo de humillación. Hoy ese mismo ministro está siendo investigado, como si la ironía quisiera recordarnos que quien niega humanidad termina negándose a sí mismo. Dostoievski escribió en Notas del subsuelo (1864): “Soy un hombre enfermo… soy un hombre malo.” Esa confesión es hoy la voz de una institucionalidad que se niega a defenderse.

Hoy, proyectos que legitiman la violencia institucional amenazan con destruir esa memoria. Quienes denuncian ante la Sala Constitucional estas políticas infrahumanas, como el Dr. Ricardo Zeledón, serán maltratados en las oficinas presidenciales como enemigos de la sociedad. El subsuelo costarricense nos advierte: pronto las cárceles estarán llenas de opositores políticos a este modelo autoritario, también de mujeres y hombres excluidos por las políticas económicas en nombre de la seguridad colectiva. Sin embargo, como Debravo, repetimos: no queremos cuchillos en la mano de la patria, queremos justicia libre, digna y humana.

Lo irónico es que, como en El Salvador, los votantes podrían quedarse con la última página del libro: la ilusión de haber recuperado las calles, aunque sea de manera temporal, mientras la democracia se reduce a barrotes y decretos punitivos. La historia se repite con disfraz distinto, pero con la misma moraleja: la seguridad que se compra con miedo termina siendo la antesala de la represión.

El Estado enemigo de la sociedad costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo1

Los costarricenses vivimos en la actualidad un gobierno enemigo de nuestra cultura política, atenta contra el interés nacional, la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía, a la vez que destruye nuestros derechos constitucionales, la institucionalidad y la política pública gestada social e históricamente. Además, absurdamente desprecia y niega a sus electores y pone en riesgo la seguridad nacional, para conceder ilegítimamente nuestra soberanía al vasallaje y la colonialidad del poder de una potencia extranjera, lo que, en ese caso, podría estimarse que está configurado constitucionalmente como traición a la patria.

El resultado electoral del actual gobierno burló la Constitución de la República que prohíbe la reelección inmediata del presidente anterior. Así, la posesión de los ministerios de la Presidencia y de Hacienda, así como la injerencia en la seguridad nacional, ha convertido al expresidente en un presidente de facto. El mismo que se burla, no solo de las personas, lo hace contra las regulaciones jurídicas y constitucionales de la sociedad, a la que odia, y destruye como un mandato individual ajeno a los costarricenses, quizás rutinario cuando fue funcionario, al servicio del poder imperial norteamericano, en el nefasto Banco Mundial.

Es por ello, que los insultos, blasfemias, chantajes que los gobernantes de turno imputan calificando de “chancletudos”, izquierdistas o comunistas a los estudiantes y trabajadores de las universidades públicas y a todos aquellos que protestan, muestran “de cuerpo entero su pésima calaña”, su personalidad, educación e ignorancia. El desigual enfrentamiento desde el poder, sin seriedad ni originalidad, que descalifica con estereotipos y prejuicios, revela su mediocridad y su obscena ignorancia, pero atacar a los universitarios, quienes con el intelecto han generado reconocimientos nacionales e internacionales en la ciencia, en la salud, la tecnología, así como en la literatura, la escultura, las artes y en su quehacer democrático, sin duda, es una obsesión patológica el pretender inútilmente desprestigiar no solo a las universidades públicas, también lo hace contra el pensamiento, los aportes y logros alcanzados por la sociedad costarricense.

El gobierno está liquidando las conquistas democráticas alcanzadas a través de la historia y lo hace con falsos argumentos fiscalistas y manipulados presupuestos, a la vez que, con endeudamiento externo profundiza los desequilibrios macroeconómicos y compromete el futuro social y nacional. El empobrecimiento se hace absoluto, y así, afecta también a los sectores medios que sufren con los usureros préstamos para paliar transitoriamente el deterioro de su calidad de vida.

La grave problemática social, económica y política creada no es de carácter ideológico, no es de principios, es de saqueo inmoral, colonialista y delincuencial de los recursos naturales estratégicos, contra la soberanía y la democracia, como se aprecia en los recurrentes alineamientos políticos, donde se miente con las granjas de bots para crear falsas corrientes de opinión y persuasión en favor de posiciones e intereses que son contrarios de los ciudadanos e incluso contra la identidad nacional. En esta tendencia, no será extraño que anuncien el establecimiento de bases militares para el control político y el dominio militar, que, por sumisión, ya se espía y persigue a ciudadanos (como se denunció a propósito de la vigilancia gubernamental del 14 de setiembre), quizás como preludio de una represión fascista.

Este gobierno que odia y empobrece a la población nacional con prácticas intencionales que precarizan los servicios públicos básicos a las poblaciones vulnerables e impide la conservación de la calidad de vida de los sectores medios y mayoritarios del país, es incapaz de comprender el honor y dignidad de haber sido designados como gobernantes en un espacio social, pionero de la conformación estatal centroamericana ante la invasión pirata de la colonialidad extranjera, que inauguró las reformas democráticas en nuestra América, sin tener un ejército que distorsionara la política nacional, así como desconoce el honor de haber tenido una educación que nutrió la profesionalización de jóvenes centroamericanos, lo cual mostraba su solidaridad democrática que contrasta con la precariedad política, cognoscitiva y enfermiza prepotencia de un gobierno indigno de nuestra nación.

En la actualidad aumenta la percepción negativa de la ciudadanía ante las crecientes necesidades y demandas sociales insatisfechas, no obstante, se pretende eludir y encubrir su incapacidad agrediendo y afectando la acción institucional, culpando y acusando a sus trabajadores de corruptos y vagos, como un pretexto para obedecer la consigna imperial de destrucción del Estado Social de Derecho, con el apoyo de quienes esperan beneficios de un gobierno, que precisamente está cercenando los derechos en la salud y educación pública, como en los derechos laborales, ambientales …

En el presente es peculiar la similitud discursiva del pragmatismo político de algunos gobiernos latinoamericanos, incluido el nuestro, con los cuales se coincide -no casualmente- con las afirmaciones y acciones interesadas de las autoridades del imperio, en la espuria organización, cuya denominación se falsifica como Escudo de las Américas, una coalición político-militar, que semeja una simbiosis parasitaria que beneficia y protege al imperio, cuyas consecuencias son imprevisibles en la disputa por la hegemonía mundial.

Según un reciente comunicado del Departamento de Estado norteamericano, los países integrantes de ese escudo han suscrito y aplaudido que el gobierno boliviano, detenga al fiscal por detener e investigar al amigo del imperio, que el gobierno quisiera emular en su conflicto con el poder judicial. La intromisión nacional en asuntos de competencia boliviana atenta a su soberanía, intervenida y supervisada por otros países, lo cual, sin pronunciamiento oficial costarricense, de la presidenta y del ministro del ramo, ha comprometido nuestras relaciones internacionales y actor de una violación al derecho internacional.

Nuestra democracia fue una creación colectiva, modelada históricamente por la cultura e identidad nacional amparada estatalmente. Sin embargo, es irrespetada por quienes deben velar por su resguardo y defensa. La democracia no es propiedad privada, no es individual, no pertenece a los poseedores de riqueza y poder, como tampoco al Estado, ni a quienes asesinan y hacen guerras en su nombre. La democracia es del pueblo que tiene la capacidad y responsabilidad de respetarla, defenderla y restaurarla en la heterogeneidad de las relaciones sociales costarricenses.

11. Catedrático. Docente e investigador Pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

¿Cómo explicarnos la “loca” realidad política actual? ¿Se deteriora la institucionalidad democrática?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La democracia costarricense fue apareciendo de a poco a lo largo de nuestra vida como nación.

Había primero, sin que la mayoría de los colonos lo supieran, que desatar los debilitados lazos que en las primeras dos décadas del siglo XIX todavía nos ligaban al colonialismo español.

Más de tres siglos de un férreo dominio español, habían dejado una impronta de exterminio de los pueblos originarios, de esclavitud de los muchos empobrecidos sobrevivientes, vasallaje, y corrupción.

Sin embargo, ya a punto de expirar aquel dominio infernal, gracias a las revueltas y guerras de independencia desde México hasta la Patagonia, hubo un acontecimiento en la misma España, que sentó bases sólidas para impregnar en la conciencia de los líderes de aquellas guerras, ideas liberales y democráticas.

En efecto, Las Cortes de Cádiz fueron el primer parlamento liberal del mundo hispánico. Se reunieron de 1810 a 1814 en Cádiz, único puerto libre de la ocupación de Napoleón Bonaparte en España, mientras el Rey Fernando VII se encontraba preso en Francia.

Los dictados de las Cortes pretendieron cobijar tanto a España como a la América hispana; pero a una España que diera sus primeros pasos por la senda democrática y no bajo el yugo del Rey. Los acuerdos fueron aprobados en 1812 y de ellos emanaron tres resoluciones fundamentales:

1. Soberanía Nacional. La Soberanía residiría en la Nación, ya no en el Rey.

2. División de poderes y libertades. Subsistiría la Monarquía Constitucional, pero cuarteada por la aparición del sufragio indirecto (amplio para la época), libertad de imprenta, igualdad jurídica de todos los hombres ante la ley (las mujeres continuarían excluidas momentáneamente) y fin del Tribunal de la Inquisición.

3. Ciudadanía americana. Todos los nacidos libres en ambos continentes serían considerados españoles. Esta resolución dio paso a la emergencia de diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales en América, incluida Costa Rica.

37 diputados americanos, por Costa Rica el egregio Fray Florencio del Castillo, fueron escogidos para representarnos en las Cortes de Cádiz. Allí aprendieron de principios democráticos y fueron redactadas las primeras constituciones republicanas de Hispanoamérica. De allí brotaron las ideas de los ayuntamientos constituidos por elección, así como las diputaciones bajo el mismo principio.

Costa Rica pasó durante ese período de dos ayuntamientos a más de 40, y los ayuntamientos fueron la primera experiencia electoral de los pueblos americanos. Se consolidó como idea la soberanía nacional, las autoridades representativas electas directa o indirectamente, la libertad de imprenta y la aparición de la ciudadanía, si bien de momento solo entre los varones, frente a los súbditos de los reyes españoles. Cádiz no nos dio la democracia plena, pero de ella recibimos el molde.

Costa Rica, como puede observarse no se quedó atrás; después de la primera independencia de 1821, se fue consolidando poco a poco, la libertad de una nación pequeña y pobre, pero pujante, en la que las ideas democráticas quedaron plasmadas en la primera Constitución denominada por Braulio Carrillo “Ley de Bases y Garantías”.

Muy pronto, en medio de altibajos, se declaró “República Constitucional”, cuyo líder fue José María Castro Madriz. Este episodio sentó bases firmes en la conciencia de las élites y del mismo pueblo para enfrentar al invasor y esclavista filibustero proveniente de los Estados Unidos, personificado en la figura de William Walker. Esta lucha fue convocada por el mismo presidente Juan Rafael Mora Porras, quien, acompañado por otros próceres como José María Cañas, de estirpe salvadoreña y el propio hermano de don Juanito, quien fue José Joaquín Mora, llamó al pueblo a las armas para asentar así la verdadera independencia de Costa Rica.

La democracia no dio al pueblo verdaderas libertades, ya que habrían de venir muchas lunas y tantas luchas, antes de que todos los hombres primero y, las mujeres, junto a la etnia de los afrodescendientes y otras minorías después, ya en pleno siglo XX, pasada la guerra civil de 1948, obtuvieran plenos derechos ciudadanos, como el derecho al voto libre y garantizado por la Constitución.

La Costa Rica moderna, surge después de la Guerra Civil de 1948; no sin antes haber conseguido estas garantías y libertades ciudadanas, asentadas en las conquistas sociales: la ley de la Seguridad Social, la creación de la Universidad de Costa Rica, el código del trabajo y otras leyes de semejante cuantía, bajo el Gobierno del presidente Benemérito Rafael A. Calderón Guardia, en alianza con el Partido Vanguardia Popular (comunista) cuyo líder fue el también Benemérito Manuel Mora Valverde, y con la Iglesia Católica, que era jefeada entonces por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, también nombrado después Benemérito de la Patria.

Así se consolidó la modernidad, esta vez bajo el liderazgo principal de José Figueres Ferrer, nombrado asimismo Benemérito, por su intensa labor para eliminar el ejército, que se había solidificado tras la guerra del 48, ampliar las leyes sociales mediante la universalización de la seguridad social y la creación de una serie de instituciones democráticas que caracterizaron el Estado Social de Derecho de la Segunda República. Igualmente, los hombres de esta Segunda República dinamizaron la movilidad social, le dieron bases firmes a la división de poderes, la fortificación de las libertades electorales, mediante la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, la creación de organismos de control de la ejecución de los demás poderes del Estado y de las Instituciones autónomas.

No obstante, el país vivió la mayor parte de este tiempo, bajo la égida de dos partidos políticos principales, Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana, los cuales se alternaron en el Poder Ejecutivo, conservando algunas diferencias entre sí. Liberación, un partido más estatista y reformista; la Unidad, se fue consolidando como una coalición conservadora que proclamaba la “desestatización” y desregulación de la economía.

Los principales problemas de esta democracia fueron: la ilegalización del partido Vanguardia Popular (una ilegalización expresa y larga) y en un principio del partido Republicano Nacional (calderonista), que fue proscrito de facto, sin haber sido mencionado expresamente en el decreto. Los líderes de ambos partidos fueron perseguidos y exiliados. Tales fueron los obstáculos más grandes a la participación electoral que tuvo Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX.

Otros escollos fundamentales de la democracia costarricense, a partir de la segunda mitad del siglo XX que deseamos mencionar fueron: la diversificación económica, a través de la legislación del Mercado Común Centroamericano (MCCA). Aunque en un principio se intentó romper la dependencia económica del país con la economía de los Estados Unidos, al cabo del tiempo, no obstante, la economía se fue anclando todavía más a las economías de los países capitalistas desarrollados, principalmente la de los Estados Unidos, por medio de las industrias de integración. En este contexto se sellaron alianzas entre los sectores cúpula de la industria costarricense, con el capital financiero e industrial extranjero. La dependencia económica se fortificó y esto afectó grandemente la independencia del Estado en la toma de decisiones frente a los intereses del capital extranjero. Ni el partido Unidad Socialcristiana, ni el mismo partido Liberación Nacional fueron óbice para que nos convirtiéramos, cada vez más, en un eslabón de la cadena de la economía capitalista internacional.

Por otro lado, como telón de fondo, progresivamente se fue afianzando una inédita desigualdad social, que fue la contrapartida de la concentración de la riqueza cada vez en menos manos. Junto a ello, la clase media se debilitó y sigue en ese curso, en el cual, los sectores más vulnerables se hicieron más débiles aún. Además, los partidos tradicionales perdieron sus identidades, se comenzaron a parecer cada vez más el uno al otro; se desató en ellos, en sus gobiernos una funesta corrupción, tanto en la administración pública como en la privada, que provocó un desalineamiento de los sectores que tradicionalmente habían apoyado a uno y otro partido. Se llegó a perder, prácticamente de manera integral la credibilidad de un gran contingente de los electores en esas coaliciones políticas.

Como consecuencia de lo anterior, se abrieron oportunidades para otros partidos políticos nuevos, como el Partido Acción Ciudadana (PAC) que, en las elecciones del 2002, rompe el bipartidismo y fuerza a un balotaje o segunda ronda electoral por primera vez en la historia electoral de Costa Rica, entre Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana.

En las elecciones del 2014, el PAC quiebra por completo el bipartidismo y gana esas y las siguientes elecciones del 2018. La crisis estaba declarada para los dos partidos tradicionales.

Posteriormente surge el fenómeno que se ha conocido como el “chavismo”, el cual venció en las elecciones del 2022 y se reelige con Laura Fernández Delgado en el 2026.

La sociedad se transforma y la democracia se debilita

Lo que está ocurriendo es un fenómeno que da cuenta del debilitamiento de las estructuras partidarias tradicionales, una supina desconfianza en la institucionalidad y aunado a lo anterior ha cundido la inseguridad entre la ciudadanía, el temor profundo ante la penetración del narcotráfico y la violencia en las calles y áreas públicas, el agigantamiento de las brechas de igualdad y la frustración con el Estado.

De ahí que ahora, la cuestión democrática no consiste solamente en quién ganó y quién perdió las elecciones; ahora se trata de saber qué es lo que los titulares del poder formal, los ganadores del ejecutivo hacen con el poder que recibieron. La cuestión democrática gira ahora alrededor de los contrapesos del poder, si están operando o no, la tolerancia al adversario y, sobre todo, la posibilidad de que se produzca una mayor erosión de la institucionalidad democrática sin que se hubiese producido la ruptura del orden constitucional.

Por otra parte, se comienza a percibir una ruptura ya no solo en el terreno de la actividad política, sino además y de manera abrupta, en el seno de la sociedad civil. En ella están surgiendo varias fracturas que dan como resultado segmentos ciudadanos con diversos intereses entre sí, distintas ideologías y maneras de percibir la realidad. El asunto que reviste más profundidad es que entre los ciudadanos ya no solo aparecen diferencias de opinión entre grupos con respecto a cómo perciben la realidad, al Estado y al mismo gobierno, eso es natural en una democracia. El asunto ahora es más profundo ya que las diferencias parecen organizarse alrededor de fracturas sociales, económicas, territoriales, culturales y políticas.

Lo que debe estudiar la ciencia política actual, es que las grietas no habían llegado a producir todavía nuevas organizaciones sociales que pudiesen dar lugar a nuevas alianzas entre los partidos tradicionales en decadencia y los nuevos grupos sociales de ciudadanos aglutinados por determinadas percepciones de la realidad sociopolítica. Muchos de los nuevos grupos ya no solo rechazaban a los partidos tradicionales, sino que se han cohesionado por su rechazo al sistema en su conjunto. Son lo que podríamos llamar coaliciones en el seno de la sociedad civil antisistema.

Si este fenómeno en mi opinión bastante reciente puede desembocar o no en rupturas graves que pudiesen dar lugar a enfrentamientos que atenten contra la tradicional democracia, dependerá por una parte de la capacidad del llamado “chavismo” de ofrecerle a estos nuevos grupos de la sociedad civil, con visos de ser antisistema, un programa de realizaciones conducente a resolver problemas concretos, o carencias que afligen a estos grupos sociales en la cotidianidad. Y, por el otro lado, puede depender también de cómo se conduzcan los grupos opositores de la política, y la capacidad que muestren ellos también, para ir al encuentro de esas bases sociales desafectas y con bastante rencor y desdén frente al fenómeno de lo político en sentido tradicional.

Todas estas son algunas de las cuestiones que creo requieren de investigaciones más profundas que permitan entender la trama que se da en la situación política actual.

Desmantelamiento sistemático del ICE

Escrito en . Publicado en Derechos.

Gerardo Fumero Paniagua

El Instituto Costarricense de Electricidad fue creado en 1949 como un baluarte del desarrollo socioeconómico, y en pocas décadas sacó al país de la oscuridad y la incomunicación en que lo mantenía la transnacional Electric Bond and Share Company, lo que podría considerarse una de las experiencias empresariales estatales más exitosas de Latinoamérica.

Pero precisamente sus dos servicios, públicos y esenciales para los costarricenses, sumamente lucrativos en manos privadas, serían también su perdición, pues pronto provocarían de nuevo la codicia de los privados. El sector de Energía sufrió un primer embate 41 años después, con la ley No. 7200 en 1990, mediante la cual se le cedió a Cogeneradores un 30% del negocio rentable (la generación) y se creó el mecanismo para exigirle al ICE que adquiriera esa energía a “precios de oro”, aunque no la ocupara.

El tristemente célebre “Combo del ICE”, 51 años después, en el año 2000 intentó arrebatarle la totalidad de las partes rentables de su operación, pero la reacción popular fue mayor que la codicia de los privados. Después del Combo se hicieron otros intentos de abrir completamente la generación eléctrica, proyectos que de nuevo fueron rechazados por la resistencia popular y algunos legisladores con alma, por ejemplo, los expedientes 17.812 y 18.093.

En 2008, 45 años después de la creación de Telecomunicaciones, un Tratado de Libre Comercio aprobado a punta de propaganda, mentiras, chantajes y amenazas, abrió finalmente la parte rentable de ese mercado, Ley No. 8642, y se le dejó al ICE en exclusiva, lo que podría considerarse servicios sociales: la telefonía fija y la pública.

Desde principios de la presente década, el ICE pudo haber brindado servicios móviles 5G, actualizando sus equipos Huawei 4G, aprovechando la inversión que había hecho en ellos, valorada hasta en $1.500 millones, según estimó el mismo presidente ejecutivo del ICE, el Ing. Marco Acuña Mora, el 23/01/23, en Nuestra Voz. El 21/11/24 también declaró allí mismo que el ICE perdería $289 millones en los próximos 5 años si no implementaba 5G.

Pero cuando precisamente se negociaba con Huawei esa actualización tecnológica, en agosto del 2023, Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE. UU., anunció una donación de $10 millones para “ciberseguridad”, ante la preocupación de Estados Unidos por la participación de China en nuestros servicios 5G.

 

El 29/08/23, el presidente Rodrigo Chaves se reunió en la Casa Blanca con Joe Biden para discutir … y “seguridad digital”. El 31/08/23, Chaves firmó el Decreto de “Ciberseguridad”, No. 44196-MSP-MICITT, publicado el 04/09/23, que de “ciberseguridad” nada tiene, pero en cambio prohíbe al ICE (a nadie más) la compra de equipos chinos.

Entonces, sin poder aprovechar su red instalada, el ICE viene siendo obligado a hacer inversiones por cientos de millones de dólares para sustituir la red Huawei y sin un norte claro y con interferencias políticas directas desde el MICIT y la Casa Presidencial, transita un calvario sin rumbo, mientras la competencia contabilizaba en abril del 2026, 1,6 millones de líneas celulares 5G.

Pero no basta con cercenarle los mercados; hay que ir también contra su organización. El 22/04/2026, el presidente ejecutivo (en funciones de gerente general interino) ordenó la reorganización de la Gerencia de Electricidad, trasladando la planificación de la expansión del sistema de transmisión de la Dirección de Planificación y Sostenibilidad, DPS, a la División de Transmisión, DT.

Fragmentar o diluir las funciones de una planificación técnica, hasta hoy la piedra angular que garantizó la soberanía energética y una matriz eléctrica renovable desde mediados del siglo XX, propicia decisiones coyunturales o políticas en lugar de aquellas de carácter técnico, sustentadas en profundos estudios y modelos hidrológicos, financieros y de demanda real. En un contexto de cambio climático (fenómeno de El Niño más severo) y de mayor demanda por la electromovilidad, la ausencia de un ente planificador, eminentemente técnico, con experiencia y nacional, compromete la seguridad energética del país y la capacidad técnica, legal y operativa del ICE.

No contentos todavía, decidieron también destruir hasta lo que representa al ICE, su propia sede central, el edificio del ICE – Sabana, (un símbolo de la Segunda República, el Estado Social de Derecho y el Estado de Bienestar, junto con la CCSS), pues en junio de 2026 todavía el P. E. sostenía que no tenía sentido construir una nueva sede y prefería invertir los recursos en generación eléctrica; pero apenas dos meses después anunció la demolición de dicho edificio y la construcción de uno nuevo.

Para profundizar la desarticulación interna, entre el 23 y el 29 de junio de 2026, la Gerencia de Electricidad trasladó el personal y las competencias para la elaboración del Plan de Expansión de la Distribución hacia la División de Distribución y Comercialización (DDC), así como los estudios de conexión a la red.

El 27 de agosto, el Consejo Directivo del ICE acordó finalmente demoler el edificio actual y construir una nueva torre de 40.000 metros cuadrados, edificio que aseguró costaría $100 millones, mientras que rehabilitar el actual costaría $120 millones.

Solo para mencionar algunas otras coincidencias, el 18 de setiembre, el subcontralor (fungiendo como contralor interino) se reunió con Rodrigo Chaves para tratar varios asuntos de gobierno y el 21 de setiembre, la Contraloría General de la República entregó el informe de auditoría DFOE-SOS-IAD-00005-2026 sobre la Red de Transmisión Eléctrica, en el que señaló problemas de gestión asignados a la ejecución de proyectos y de preinversión.

El 22 de setiembre el Consejo Directivo aprobó la disolución definitiva de la DPS, violando la Ley No. 10.159, el Decreto No. 43864-PLAN y todos los procedimientos internos (Estatuto de Personal y Convención Colectiva), por lo que tales acuerdos, a mi juicio, son absolutamente ilegales.

La cereza en el pastel sería la aprobación del proyecto de ley de Armonización Eléctrica, Expediente No. 23.414 que pretende cercenarle al ICE el Centro Nacional de Control Eléctrico, crear unos 100 nuevos agentes de mercado (intermediarios), abrir completamente la generación eléctrica, permitir la exportación de los privados al mercado centroamericano y quitarle toda potestad de planificación para pasarla a manos políticas, bajo el MINAE, y finalmente, para presionar la aprobación de dicho proyecto de ley, el 24 de setiembre la UCCAEP orquestó todo un show con cobertura nacional.

Me desvela pensar: ¿cómo pueden, apenas tres o cuatro generaciones después, pensar y actuar de forma tan contradictoria? Por ejemplo, algunos de nuestros bisabuelos, que en marzo de 1890 producían café, propusieron al presidente José Joaquín Rodríguez la creación de un impuesto a la exportación del grano, para construir un Teatro Nacional, el cual fue inaugurado en 1897. Apenas 80 años después, el lucro, la ambición y la avaricia desmedidas han socavado el Estado, transformando servicios públicos esenciales en lucrativos negocios privados, aunque muchos pobres ya no puedan tenerlos; tal es el caso de la educación, la salud, la seguridad, la electricidad y las telecomunicaciones, vaciando de contenido los principios sociales y de solidaridad recogidos en nuestra Constitución de 1949, artículos 50 y 74.

Lo único que está clarísimo es el contubernio de fuerzas políticas y económicas para destruir la institucionalidad y la democracia, y el servilismo y el amor al poder de la mayoría de los jerarcas, dispuestos a decir (como marionetas) cualquier cosa un día y lo contrario al siguiente, no sin antes dejar en el canasto de la basura sus propios criterios y sus principios, si los tenían.

¡Por el rescate de nuestra Patria, del Estado Social de Derecho!

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Lenin Chacón Vargas

Por una democracia avanzada. Nuestra prioridad es Costa Rica. Dejemos de lado los desacuerdos que nos dividen.

Nos corresponde concentrar las fuerzas en nuestra propia tierra para superar el régimen neoliberal y autoritario actual. No el del pasado, sino el de hoy, el que representan Rodrigo Chaves Robles y la presidenta Laura Fernández Delgado.

Urge una lectura real del presente

Esto requiere que las izquierdas, el progresismo democrático y los sectores populares entendamos la realidad política y judicial de hoy, con sus nuevos liderazgos y el reacomodo de fuerzas. Las élites que gobernaron entre 1986 y 2022 ya hicieron su daño destruyendo el Estado Social de Derecho mutilando la democracia y las libertades republicanas; los liderazgos del oficialismo de hoy vienen a dar la estocada final. Vienen a privatizarlo todo, a desmantelar nuestras instituciones y a liquidar los programas sociales. Si lo permitimos, la salud, la educación pública, y la ayuda social se reducirán a limosnas, condenando a las personas más pobres a una mayor miseria.

Urge construir la unidad en la diversidad.

No podemos callar ante un régimen represivo que ataca al Poder Judicial, a la Contraloría y al Tribunal Supremo de Elecciones, mientras debilita los controles contra el crimen organizado y la corrupción. Frente a este atropello, la solución no es la división. Debemos unir fuerzas desde nuestras diferencias, organizarnos y activarnos hasta recuperar la democracia, las garantías sociales, y la justicia social. Y no permitir que nos arrebaten la jornada de las 8-8-8.

Debemos fortalecer y extender la red de organizaciones cívicas democráticas en todo el país.

La lucha es hoy. Mañana puede ser muy tarde.

“Es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz”. José Martí

¡Es hora de iluminar y asegurar un mejor futuro para Costa Rica!

26/09/26.

BUSSCO fortalece la unidad y plantea qué modelo de país queremos

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado

Este martes 8 de septiembre, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) realizó una Sesión de trabajo de sus organizaciones integrantes para analizar la coyuntura nacional e internacional, fortalecer la organización y avanzar en la definición de posiciones y acciones conjuntas.

La Sesión de BUSSCO contó con la participación de Jorge Coronado, quien expuso sobre la situación política internacional y las acciones imperialistas de Estados Unidos en Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Analizó el respaldo de EEUU a fuerzas y gobiernos de ultraderecha con posiciones antidemocráticas y las presiones y bloqueos ilegales contra gobiernos que mantienen posiciones soberanas.

Coronado también analizó la situación fiscal y económica de Costa Rica, la desaceleración económica y la falta de una política estatal decidida para impulsar la producción nacional, generar empleo y fortalecer el mercado interno.

La evasión fiscal ocupó un lugar central en el análisis, por su impacto sobre las finanzas públicas y la capacidad del Estado para atender las necesidades del país. También se abordaron las propuestas gubernamentales en materia tributaria y de deuda, así como las implicaciones del Presupuesto Nacional 2027.

Para BUSSCO, la respuesta a los problemas fiscales no puede consistir en trasladar nuevos sacrificios a las personas trabajadoras y los sectores populares. El país debe enfrentar seriamente la evasión y la elusión fiscal y avanzar hacia una política tributaria justa y progresiva.

Pero la discusión va mucho más allá del presupuesto, el déficit o la deuda. BUSSCO considera necesario plantear una pregunta fundamental: ¿Qué modelo de país queremos?, ¿Qué Costa Rica y para quiénes?

Costa Rica debe decidir entre un modelo neoliberal que concentra la riqueza, debilita la institucionalidad pública y beneficia a unos cuantos, o un proyecto nacional orientado al bienestar de las grandes mayorías, la justicia social, la producción nacional, el empleo digno y una distribución más equitativa de la riqueza.

Por ello, no basta con responder aisladamente ante cada recorte o política regresiva. Es necesario construir una propuesta de país y fortalecer la unidad, organización y movilización del movimiento sindical y social.

La defensa de la CCSS, la educación y los servicios públicos, los salarios, las pensiones, el empleo digno, los derechos laborales y sindicales, la producción nacional, las libertades democráticas y el Estado Social de Derecho forma parte de esta agenda.

BUSSCO continuará impulsando la articulación con otros sectores sociales y populares y preparando acciones de información, denuncia, organización, presión política y movilización.

La pregunta está planteada: ¿Una Costa Rica para unos cuantos o una Costa Rica para todas y todos?

BUSSCO apuesta por una Costa Rica para todas y todos, construida desde la unidad, el diálogo, la organización, la propuesta de una Agenda Nacional y la movilización social.

Encendemos nuestros faroles: la democracia no es un regalo, es una construcción colectiva

Escrito en . Publicado en Derechos.

Colectiva Autónoma por la Resistencia Social

La Colectiva Autónoma por la Resistencia Social (CARS) surgió a partir de la organización de diversas personas de la sociedad civil que sintieron la urgente necesidad de alzar la voz en defensa de las injusticias sociales, recortes presupuestarios, ataques a la institucionalidad y amenazas a nuestra democracia que atravesamos a nivel país. Su primera aparición fue en el Plantón por la Defensa del ICE, en donde a través de la unión de muchísimos sectores sociales, universidades, sindicatos e instituciones logramos desconvocar la votación del proyecto de ley de armonización, iniciativa que hubiera afectado la calidad de vida de miles de costarricenses.

Esta organización no surge como un hecho aislado, sino que nace como una respuesta ciudadana en defensa de los principios democráticos que han caracterizado a la idiosincrasia costarricense por muchos años. Es así como a través de la articulación y unión de esfuerzos comienza a tomar forma una movilización que el día de hoy conocemos como el Plantón por la Justicia Democrática. Iniciativa que marcó un precedente histórico para las movilizaciones sociales de los últimos años, convocando miles de personas en todas las regiones del país, que tomaron la bandera de la patria y de la democracia para salir a defender la división de poderes y el Estado Social de Derecho.

El Plantón se concibe como una respuesta ciudadana y un punto de partida para esta Colectiva y para los movimientos sociales del país, en donde se dio un espacio democrático, transparente y apartidario en el cual las personas pudieran manifestar sus inconformidades y transmitir sus demandas a los diversos poderes del Estado. En una coyuntura en la cual la administración Chaves-Robles y posteriormente la administración Fernández-Delgado se han dedicado a debilitar nuestro tejido social, desfinanciar y debilitar nuestras instituciones, hacer recortes sistemáticos a áreas fundamentales como educación, cultura y salud, a atacar y perseguir a activistas y creadores de contenido e irrespetar los principios constitucionales y de derechos humanos del marco jurídico nacional e internacional. Bajo este panorama, la CARS surge como una alternativa para reactivar y articular el tejido social y fungir como un puente entre la sociedad y actores sociales como sindicatos, organizaciones, instituciones públicas y demás actores en defensa de los principios democráticos y la soberanía ciudadana.

A partir de este recorrido, del éxito masivo del Plantón, de su impacto a nivel nacional e internacional, la CARS se establece como un referente de los movimientos sociales en el país, a ser la portavoz de todas esas voces y demandas que en los últimos años han sido silenciadas.

La afirmación anterior nos llevó a darnos cuenta que no podemos quedarnos con acciones aisladas, el Plantón fue el punto de partida para una serie de movilizaciones a nivel país, quedó demostrado con la marcha en defensa del FEES y el plantón por la defensa de la CCSS. Y nuevamente le demostraremos al Ejecutivo que los costarricenses demandamos una Costa Rica justa, democrática, libre de persecución y libre de corrupción en la Faroleada por la Democracia. Este próximo 14 de septiembre nos volveremos a unir de forma pacífica en diversos puntos del país como San José, Cartago, Limón, Puntarenas, Heredia, Alajuela, Liberia, Nicoya, Pérez Zeledón y muchísimos otras comunidades, esta vez en defensa de la democracia, de la independencia de Costa Rica, de nuestras instituciones públicas y de la libertad.

Esta actividad no pretende competir o desconvocar las actividades tradicionales de nuestras fiestas patrias; reconocemos el valor cultural y político que tiene el famoso desfile de faroles en nuestro país, especialmente para las infancias. Sin embargo, creemos que es fundamental que como costarricenses nos apropiemos de nuestras fechas históricas, acontecimientos que llevaron a constituir la democracia que hoy defendemos y cuidamos. El 14 de septiembre no es una fecha que le pertenece al gobierno; le pertenece a las personas costarricenses, a las personas trabajadoras, agricultoras, ganaderas, jefas de hogar, madres, padres, niños y niñas, mujeres, pescadoras y a toda la ciudadanía en general.

El trasfondo político de los faroles en Costa Rica va mucho más allá de una actividad escolar o una tradición infantil. Su origen está ligado a la lucha por la independencia de Centroamérica y al papel que jugó el pueblo en ese proceso.

El 14 de septiembre de 1821, en la ciudad de Guatemala, mientras las autoridades debatían si declarar o no la independencia de España, una mujer llamada Dolores Bedoya salió a las calles con antorchas y faroles para reunir a la población y presionar a los dirigentes para que tomaran la decisión independentista. Los ciudadanos se congregaron frente al Palacio Nacional gritando consignas como “¡Viva la Patria!” y “¡Viva la Libertad!”. Ese movimiento popular ayudó a crear el ambiente político que culminó con la firma del Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821.

En Costa Rica, los faroles simbolizan precisamente esa luz de libertad que acompañó al pueblo centroamericano en su camino hacia la independencia. Sin embargo, la tradición del desfile de faroles no nació en 1821, sino en 1953, después de la Guerra Civil de 1948, cuando el Estado costarricense impulsó el fortalecimiento de los valores cívicos y la identidad nacional. El educador Víctor Manuel Ureña Arguedas organizó oficialmente los primeros desfiles para inculcar patriotismo y conciencia histórica en la niñez.

Es por esto por lo que cuando los costarricenses encienden un farol el 14 de septiembre, no sólo recuerdan la independencia; también evocan el derecho de los ciudadanos a hacerse escuchar y a participar activamente en el destino de su nación. Esa es la razón histórica y política que da sentido a una de las tradiciones patrias más queridas de Costa Rica.

La Faroleada por la Democracia nace como continuidad del trabajo que hemos venido desarrollando desde la Colectiva. El pasado 6 de agosto organizamos el Plantón por la Justicia Democrática, como un espacio de participación ciudadana y expresión pública en defensa de los principios democráticos. A través de la Faroleada buscamos dar continuidad a ese proceso desde nuestras comunidades, reivindicando la importancia de la democracia, las instituciones públicas, la división de poderes, el Estado Social de Derecho, la educación pública y las distintas luchas sociales que forman parte de las preocupaciones de nuestras comunidades.

Los faroles tienen además un profundo significado histórico: representan la participación popular, expresiones artísticas y políticas y la libertad y la capacidad de la ciudadanía de organizarse y hacerse escuchar. Nuestra propuesta retoma precisamente ese simbolismo para plantear una actividad pacífica, cívica y patriótica. Queremos que esta jornada no sea únicamente una actividad central, sino también una oportunidad para que cada comunidad pueda organizarse, encontrarse y articular sus propias demandas, preocupaciones y propuestas.

Inspirados en ese legado histórico, convocamos a la ciudadanía a una Faroleada por la Democracia, una actividad pacífica, cívica y patriótica para recordar que la democracia se fortalece cuando las personas participan, se expresan y defienden las instituciones que garantizan nuestras libertades. No se trata únicamente de celebrar la independencia alcanzada hace más de dos siglos; se trata también de reafirmar nuestro compromiso con los valores democráticos que han distinguido a Costa Rica: el respeto al Estado de Derecho, la separación de poderes, la libertad de expresión, las elecciones libres y la convivencia pacífica.

Hoy más que nunca debemos unirnos, defender la patria, el Estado Social de Derecho y nuestra libertad. En un contexto hostil en el cual incluso se promueven discursos de odio, ataques, persecución política, granjas de troles, contratación de autobuses y compra de arroz con pollo y arroz cantonés para que seguidores del chavismo se presenten a atacar las actividades y movilizaciones en defensa de la democracia, debemos demostrar que somos más fuertes, que estamos más unidos y que la defensa de la democracia no se vende o se compra con favores o dinero malversado.

Así como Dolores Bedoya encendió una luz para convocar al pueblo a defender su futuro, hoy encendemos nuestros faroles para recordar que la democracia no es un regalo permanente, sino una construcción colectiva que requiere vigilancia, participación y compromiso ciudadano.

Este 14 de septiembre, cada farol será un símbolo de esperanza, libertad y responsabilidad cívica. Una luz encendida por Costa Rica, por la democracia y por las futuras generaciones.

Porque la libertad se celebra, pero la democracia también se defiende.

Haga clic en este enlace para ver la galería de imágenes del Plantón por la Justicia Democrática que subió Isaac Zamora.

Las siguientes son las convocatorias comunicadas hasta el miércoles 9 de setiembre al mediodía:

De la protesta del Plantón a la del Farolazo el 14 de setiembre

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

En Costa Rica conocemos históricamente muchas formas de luchas sociales y protestas ciudadanas. Resistencias y rebeliones indígenas, cuando las hubo en la colonia, las protestas anticoloniales, que contribuyeron al proceso de la Independencia, las luchas de los pequeños propietarios campesinos en Guanacaste, en los primeros años de la vida independiente, cuando se empezaron a privatizar las tierras de pastoreo y se cercaron los accesos a los ríos y pozos de agua, que habían tenido un carácter comunal abierto en la colonia…

En la vida independiente, durante el desarrollo y surgimiento del Estado las diversas modalidades de luchas políticas y electorales que fueron surgiendo durante el siglo XIX, hasta que empezó a manifestarse el capitalismo agrario en el último tercio del siglo XIX y la modernización que empezó a tener el país con la construcción del ferrocarril al Atlántico, como se decía, con la traída de mano de obra extranjera afrodescendiente de Panamá y luego de Jamaica, para esos duros trabajos industriales que exigía el ferrocarril, el muelle y la ciudad de Limón, especialmente, junto a los chinos y los italianos, grupos sociales que en sus trabajos impulsaron y desarrollaron luchas más típicamente capitalistas, en defensa de sus salarios, de defensa de sus contratos de trabajo, que desarrollaron huelgas, paros y otras formas de protesta, más de carácter sindical, cuando los sindicatos estaban en gérmenes iniciándose con sus organizaciones antecesoras, las sociedades mutualistas, de mutuo auxilio y de socorros mutuos, junto con las sociedades de trabajadores, de artesanos y de obreros, hasta que con las transformaciones capitalistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX surgieron las Ligas de Obreros y los Sindicatos tal y como ahora los conocemos.

Con el ferrocarril luego se impulsó la producción bananera que prácticamente desde su origen tuvo en sus trabajos protestas laborales y huelgas, casi una docena de huelgas desde 1890 hasta 1934, siendo la más importante y bulliciosa la de 1934, dirigida por el Partido Comunista que se acababa de fundar en 1931.

En aquellos años, desde principios de siglo XX, las huelgas y las huelgas de, o en solidaridad, con otros huelguistas, habían aparecido, así como ciertas políticas sociales relacionadas con pensiones, y otras regulaciones en materia laboral para trabajadores organizados, como fueron entre ellos los maestros y educadores, y los trabajadores del campo que luchaban por la ley de accidentes de trabajo, que se logró en 1925. La jornada de trabajo de 8 horas ya se había logrado en diciembre de 1920, la que se llevó al Código de Trabajo de 1943 y a la Constitución Política de 1943 y luego a la vigente de 1949.

La prensa diaria y la prensa social, surgida en la última década del siglo XIX, que atendía la situación de los trabajadores, de los chaquetas, descamisados y descalzos, de los grupos urbanos marginados, recibiendo información de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas en Europa, y los Estados Unidos, que culminaron con las triunfantes huelgas de Chicago de 1886, 1890 y las siguientes para imponer a partir de este año esa lucha a escala internacional, fueron también, desde aquellos años, hasta la segunda década del siglo XX, que se acompañaron con otros procesos huelguísticos en el país de trabajadores migrantes, españoles especialmente, y con una migración europea intelectual de gran valía en el campo educativo, de las ciencias, las artes y la cultura en general, hicieron surgir también una conciencia política anti oligárquica, de carácter popular.

En el campo político con el surgimiento de los partidos políticos a partir de 1890 surgieron también las organizaciones políticas de los trabajadores, que incluso en la última década del siglo XIX pudieron nombrar o elegir sus propios diputados, como lo fue el Partido Independiente Demócrata, que forzó para que los partidos oligárquico liberales crearan a su amparo los clubes respectivos de trabajadores, artesanos y obreros, eligiendo ellos también un diputado representante de estos trabajadores, en esos años.

Ese final de siglo XIX se fortaleció en el campo de las ideas políticas, además del liberalismo, cuando por la prensa, especialmente, empezó a llegar la información de las ideas y de los movimientos anarquistas, socialistas, socialdemócratas y socialcristianas de Europa. Estas últimas con el impacto que tuvo la Encíclica Rerum Novarum, que con el Obispo Bernardo Augusto Thiel, impulsó su Carta Pastoral No. 30 reproduciendo prácticamente su contenido, a los “desposeídos de bienes de fortuna”, donde defendió el derecho de organización sindical, el derecho a la huelga y el derecho a un justo salario, creando las condiciones para que la Iglesia impulsara y apoyara el Partido Unión Católica, e hiciera surgir a un grupo de cristianos muy importante socialmente que también se organizaron alrededor del periódico La Justicia social.

En otro ámbito del debate político la Iglesia desde sus publicaciones religiosas atacaba violentamente a los masones y la influencia que tenían en el desarrollo institucional y político del Estado y de la sociedad costarricense.

Las elecciones de 1910 tuvieron la organización de partidos regionales obreros en Limón, Grecia y San José, por las concentraciones de trabajadores agrícolas y urbanos, que surgían y se impulsaban con los cultivos de café y sus Beneficios, y con la caña de azúcar y sus Ingenios.

Desde 1900-1902 con el surgimiento de los sindicatos se pasó en 1905 a la constitución de la primera Federación de Trabajadores de San José, fortaleciendo más la organización y las luchas de los trabajadores. En 1909, con el surgimiento del Centro de Estudios Sociales Germinal, estas organizaciones y luchas se consolidaron. Hicieron surgir en 1913 la primera Confederación General de Trabajadores que dio origen, desde entonces, a la celebración del Primero de mayo en Costa Rica, como día internacional del Trabajador, y a poner en alto la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas, la que se logró establecer en el país den 1920.

Entre 1909 y 1913, entre 1917 y 1921 y luego, entre 1927 y 1934 se produjeron grandes movimientos y “oleadas” huelguísticas en el país, que se acompañaron, en esos mismos años, con el surgimiento de esos grupos políticos de trabajadores, en el Centro Socialista de Costa Rica del Dr. Aniceto Montero, que fue el primer intento importante de desarrollar y organizar un Partido Comunista en el país, que organizó desfiles de duelo de trabajadores, por la muerte de Lenin, del partido Reformista, impulsado por el sacerdote Jorge Volio Jiménez, y luego por el surgimiento, en 1931 del Partido Comunista de Costa Rica.

Esos años, desde principios del siglo XX hasta mediados de la década de 1930-1940, se dieron una diversidad importante de movimientos y de luchas nacionalistas, antiimperialistas y patrióticas, con participación importante de sectores de la oligarquía nacional y de ricos empresarios que salían afectados con los contratos que se celebraban con empresas extranjeras y con el Tratado de Comercio con Estados Unidos que se celebró en esos años.

En la lucha contra la dictadura de los Tinoco, 1917-1919, papel importante jugaron los maestros y los estudiantes de los colegios de la capital.

El antiimperialismo, y en las décadas de 1930 y 1940 el antifascismo y el antinazismo también fueron movimientos políticos importantes que se manifestaron en Costa Rica.

La década de 1940 surgieron los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, como una nueva fuerza social organizada. En este mismo tiempo los maestros y educadores también fortalecieron sus niveles organizativos y de luchas.

El marco de la II Guerra Mundial y la derrota del nazi fascismo provocó una nueva situación política nacional muy particular, que dio por resultado la alianza del Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y la Iglesia Católica costarricense, liderada por su arzobispo Dr. Víctor Manuel Sanabria Martínez, a cuyo amparo se aprobaron las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, situación que condujo, por los problemas político electorales de esos años, a la guerra civil de marzo y abril de 1948, que impuso en el gobierno, durante los años 1948-1949, al grupo armado victorioso de la guerra civil que gobernó con el nombre de Segunda República de Costa Rica.

Durante el período de la Segunda República, desde el gobierno de Otilio Ulate Blanco, 1949-1953, se dieron luchas políticas intensas por recobrar la legalidad e institucionalidad política democrática, que se afectó hasta 1975, por los efectos de la guerra civil.

La democracia costarricense, así se fortaleció de nuevo en su derechos y libertades ciudadanas. El valor democrático de su institucionalidad igualmente se fortaleció.

El Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho se consolidaron más. Se amplió la sociedad democrática a los jóvenes con el sufragio a los 18 años, el de las mujeres desde 1949, y la igualdad de género se ha fortalecido ampliamente.

Los Derechos Humanos de han fortalecido en la institucionalidad nacional, convirtiéndose en el gran paraguas de la vida social y política nacional.

Durante la Segunda República a su vez se crearon una serie de instituciones dentro de una perspectiva de un Estado más proteccionista de los sectores populares y sociales más débiles, y de una clase media vigorosa que se creó en estos años, hoy muy amenazada en el conjunto de sus condiciones vitales.

Las políticas económicas y públicas que se han desarrollado desde 1980 del mismo modo han contribuido a debilitar este Estado Social de Derecho, al tiempo que se fortaleció el Estado de Derecho con el establecimiento de la Sala Constitucional de la República, o Sala IV como popularmente se le conoce.

El período político más reciente ha contribuido a desarrollar nuevos grupos económico financieros, con poca expresión política, pero con éxito electoral para haber alcanzado el Gobierno de la República en el período 2022-2026 y 2026-2030, con el propósito claramente definido de acabar con el Estado de Derecho, de su institucionalidad democrática, de los controles institucionales existentes de la Administración Pública, y acabar también con el Estado Social de Derecho para lo cual han venido, en estos dos gobiernos, impulsando medidas con acabar con todas las instituciones sociales existentes, con derechos fundamentales de los ciudadanos y de los trabajadores, con políticas de estado que claramente conducen a un mayor empobrecimiento de toda la población, especialmente de los grupos sociales marginales, excluidos, agrupados en la extrema pobreza, en la pobreza, que se hacen más pobres, y en sectores medios que son empujados hacia la pobreza. El congelamiento de salarios y pensiones por los últimos cinco años y proyectados de igual manera para los siguientes cinco años, el debilitamiento económico de las universidades públicas, el desfinanciamiento de las instituciones sociales, pilares de estos grupos sociales, son parte de este proceso, que se impulsan bajo los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, gobiernos que no ocultan sus intenciones autoritarias, dictatoriales, tiránicas y militaristas.

El enfrentamiento que han hecho contra los poderes públicos que no controlan son parte de este proceso, de estas políticas y de este propósito que impulsan.

Dichosamente el pasado 6 de agosto se produjo el llamado Plantón por la Democracia, que se constituyó en un gran movimiento popular, expresado en distintas partes y pueblos del país, con gran éxito, como un gran movimiento popular que se logró articular en defensa de la institucionalidad democrática, en defensa de la independencia de los Poderes Públicos, de las Libertades y Derechos Ciudadanos, en defensa de las instituciones controladoras de la corrupción y de las finanzas en la Administración Pública.

El Plantón como manifestación de protesta, de esa forma, no se había realizado antes en el país. Como concentración pacífica, popular, prolongada como ll fue para exigir respeto por el Estado de Derecho y el cese de la agresión a la Independencia de los poderes públicos, resultó un gran éxito.

Se convocó a la Plaza de la Democracia en San José y ante los principales edificios públicos y de gobierno, como en las calles públicas en los pueblos donde se realizó ese Plantón.

Fue una gran muestra de apoyo de la población, de reconocerse en esa lucha distintos sectores y ciudadanos identificados totalmente con la Democracia como sistema político y de vida nacional.

El plantón del 6 de agosto fue igualmente una manifestación de fuerza popular y un claro mensaje a las autoridades del Poder Ejecutivo para que paralicen sus discursos ofensivos, irrespetuosos contra ciudadanos y podres públicos, y cesen sus amenazas y acciones contra la libertades públicas, entre ellas las de prensa y expresión ciudadanas.

Para el próximo 14 de setiembre, en paralelo con el tradicional desfile que se organiza simbólicamente que trae, desde Guatemala hasta Cartago, la Antorcha de la noticia de la Independencia, que había dispuesto Guatemala y comunicaba al resto de las Provincias, para que cada una decidiera lo correspondiente respecto a España, se está llamando a otro Plantón Popular.

Se le llama el Farolazo, para que de igual manera en todo el país, con faroles, como los escolares y colegiales, la gente se manifieste por la Independencia Nacional, por la Independencia de los Poderes Públicos amenazados por Rodrigo Chaves y su gobierno mancomunado con Laura Fernández, para evitar el establecimiento de un gobierno autoritario y despótico.

En mi opinión es que pasado el Plantón del Farolazo hay que convocar para el Primero de Diciembre, día en que se celebra la abolición del ejército en Costa Rica, otro Plantón popular festejando y apoyando la abolición del Ejército, y exigiendo que no se introduzcan los grados militares en el ordenamiento y organización policial del país. Ese es el camino disfrazado con el que el concubinato político de Rodrigo Chaves y Laura Fernández quieren avanzar hacia el restablecimiento del ejército para tener un brazo armado en capacidad de sostener una gobierno absolutista, dictatorial, tiránico, autoritario, antidemocrático, antinacional costarricense.