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Etiqueta: Estado Social de Derecho

Teletica, La Nación y el poder

Por José Luis Amador

José Luis Amador.

Se atribuye a Voltaire la frase “no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresar tus ideas”. Esta frase resume el principio democrático de respetar el derecho a la expresión y al disenso.

En los últimos años, hemos defendido a la Nación y Teletica por su derecho, (el nuestro y el de todos) a la libre expresión de las ideas. Durante estos años hemos sido testigos de la antidemocrática actitud de Rodrigo Chaves al golpear y constreñir la libre expresión de una serie de periodistas, periódicos, analistas y pensadores que van desde La Nación, y Teletica hasta periodistas de UCR, Vilma Ibarra y tantos otros grandes y pequeños que no fueron del gusto del señor presidente.

Pero la razón por la que hemos opinado en defensa de estos periódicos no es porque pensáramos que estos medios: “la Nación” o “Teletica” fueran adalides de la libertad de prensa, de la expresión de todos o de la defensa de la verdad y la objetividad. Sino porque en este mundo de pesos y contrapesos, la mordaza sobre esos periódicos es una mordaza que pesa para todos los actores de la sociedad, reduciendo el respeto al disenso y la democracia.

Hablo como ciudadano independiente, que se manifiesta libremente en las redes, que no tiene ninguna militancia con ningún partido, ni con ningún medio de comunicación, pero que siente como propia, la vejación y la constricción que se hace a cualquiera que sea reprimido en su libertad de expresión.

Como trabajador del ICE, me tocó muchas veces enfrentar la todopoderosa voz de esas empresas de opinión, La Nación y Teletica. Me tocó salir a defender los intereses institucionales y nacionales, llevando como único escudo mi convicción y los colores amarillos de esa institución.

Fue así como muchas veces nos tocó salir a enfrentar el TLC, afrontar la amenaza del Combo Eléctrico o simplemente salir durante el período 2002 – 2006, a luchar, porque los asesores neoliberales de Abel Pacheco lo convencían de negar la aprobación del presupuesto mínimo, para garantizar los recursos institucionales necesarios para construir obras hidroeléctricas. Ya desde aquellas épocas la intención era ahogar presupuestariamente al ICE, para que no pudiera construir sus obras, y dejar el espacio cómodamente a los cogeneradores privados.

Sin presupuesto, varios proyectos en proceso quedaban paralizados, los trabajadores sin actividad, y si no había una solución, el ICE tendría que despedirlos. Ante esas situaciones acuciantes, hubo un año en que nos lanzamos tres veces a paros y marchas, no por aumento de sueldo, no por beneficios para los trabajadores, sino por presupuesto para no paralizar las obras

El papel de La Nación
Porque cuero sí nos daban

Como trabajador del ICE no fue difícil aprender que cuando los políticos tomaban acciones y propuestas en contra de la institución, ya desde varias semanas antes, los titulares de primera plana de la Nación empezaban a expresar opiniones en contra del ICE, para preparar el terreno, indisponer la opinión pública y predisponerla a favor de los actos, leyes, proyectos, recortes y otras acciones de su interés, en contra del ICE.

Como muchos de ustedes bien saben, el periódico no es un noticiero. El periódico es un formador de opinión y una herramienta al servicio de sectores económicos y políticos. Y como comprenderán, no fue Chaves el que vino a abrirnos los ojos. Ya los teníamos abiertos desde chiquitillos. Estos medios nunca fueron favorables al proyecto nacionalista energético. ni de telecomunicaciones. Ni de la Caja, ni de ningún proyecto de índole social. Siempre estuvieron en contra de las posiciones progresistas de trabajadores y sus sindicatos. Siempre del lado libertario, del lado de los Guevara, del lado de quienes querían privatizar o como dicen ellos “abrir” las instituciones, Siempre favoreciendo a la cogeneración y a la competencia privada. En energía salud educación y en lo que sea.

El argumento es por supuesto, defender al usuario, lo cual no siempre es cierto, pero como propaganda funciona. Aunque la mayor cantidad de veces, la motivación sea más bien beneficiar al empresario privado, aún a costa del usuario final. En los últimos meses me ha llamado la atención ver algunas posiciones más nacionalistas y si se quiere más solidarias de parte de la Nación. Posiblemente por su enfrentamiento con Chaves y el duro revés de perder la visa que experimentaron sus directivos. Pero su posición ha sido siempre la descrita.

Chaves y Teletica

Recientemente Rodrigo Chaves se reunió con René Picado dueño de Canal 7. Esto ocurre luego de un periodo de más de cuatro años de agresión permanente, explícita o velada, de Chaves hacia ese medio televisivo. Conociendo a este personaje, no deja uno de preguntarse ¿Qué cosa estará tramando Chaves?

Lamento decir que no espero nada bueno de este señor. Aunque Chaves nunca ha expresado abiertamente su ideario, para quienes hacemos una lectura de lo que ha venido haciendo, queda claro que ese ideario no está muy lejos del ideario de un Milei. Arrasar con el Estado Social de Derecho, derribar los derechos adquiridos por los costarricenses en el plano social. Reducir aún más los presupuestos en salud, educación, seguridad, todo ello en beneficio de los sectores empresariales y de los números a nivel macroeconómico. Hablo sin ser experto, pero por ahí va la cosa.

El punto es que hemos defendido durante todos estos años a la Nación y a Teletica y hemos querido hacer valer su derecho a la libre expresión. Y había que hacerlo. No es por casualidad que a los directivos de la Nación se les quitaron sus visas a Estados Unidos. Eso, todos lo sabemos, es un guiño de la administración Trump a su colaborador Chaves.

Pero la reunión de Chaves con Picado deja abierta una serie de preguntas. ¿Será que por unos dólares más y pauta publicitaria René Picado cambiará sus posiciones y hará causa común con Rodrigo chaves en lo que atañe al derribo del Estado social de Derecho?

¿Será que ahora Teletica contribuirá, una vez más, a invisibilizar la realidad y a ponerla a tono con el interés del gobierno chavista, en desmedro de la verdad, y del objetivo ejercicio del periodismo, en aras de mayor rentabilidad para su negocio??

Nadie duda de que en nuestras sociedades los medios son un cuarto poder, uno de los más importantes: el periodismo y la comunicación formadora de opinión, pero también es cierto que fácilmente se convierten en un poder donde la verdad, queda al servicio del mejor postor.

¿Nos tendremos que acostumbrar, otra vez, a ver a Teletica, totalmente, al servicio del poder?

¿Pasará lo mismo con la Nación?

A Repretel ya ni le preguntamos.

FESITRAES invita a conversatorio sobre la CCSS, las pensiones y la defensa de la seguridad social

La Federación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Superior (FESITRAES) realizará el conversatorio “La CCSS en disputa: derechos, pensiones y defensa del sistema de seguridad social”, un espacio de análisis y diálogo sobre los desafíos que enfrenta la seguridad social costarricense y las propuestas para fortalecer la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La actividad se llevará a cabo el 10 de junio de 2026 a las 2:00 p.m., con transmisión a través del canal de YouTube de SIUNED, y reunirá a especialistas y personas activistas vinculadas a la defensa de la salud pública y la seguridad social.

El conversatorio contará con la participación del Dr. Leiner Vargas, economista y catedrático del Centro Internacional en Política Económica (CINPE) de la Universidad Nacional (UNA), quien aportará elementos de análisis sobre la situación económica y financiera de la seguridad social costarricense.

También participará la Dra. Natalia Solís Rojas, especialista en medicina interna e infectología de la CCSS, activista social e integrante de las coordinaciones de Unidos por la CCSS y del Frente Nacional de Lucha (FNL).

El panel se complementa con la participación de Deivis Ovares Morales, auxiliar de enfermería de la CCSS, activista social y sindical, quien forma parte de las coordinaciones del Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) y del Frente Nacional de Lucha.

Según las organizaciones convocantes, el encuentro busca generar una reflexión colectiva sobre el presente y el futuro de la seguridad social en Costa Rica, abordando temas relacionados con el derecho a la salud, el régimen de pensiones, el financiamiento de la CCSS y los desafíos que enfrenta una de las instituciones más emblemáticas del Estado Social de Derecho costarricense.

La actividad se realiza en articulación con diversas organizaciones sindicales comprometidas con la defensa de la CCSS, entre ellas SINDEU, SITUN, AFITEC, UTRAUTN y SIUNED.

Las personas organizadoras destacan que el conversatorio forma parte de los esfuerzos para promover el debate público y la participación ciudadana en torno a la protección de la seguridad social, en un contexto de discusión nacional sobre el financiamiento, la gestión y el futuro de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Fecha: 10 de junio de 2026
Hora: 2:00 p.m. (hora de Costa Rica)
Transmisión: YouTube SIUNED
Enlace: https://youtu.be/KlJY_5mwUfk

La convocatoria se realiza bajo la consigna:
“En defensa de la CCSS, por el derecho a la salud y la seguridad social”.

Impulsan Pacto Patriótico Costarricense entre sectores sociales y diputaciones de oposición

Diversas organizaciones sociales agrupadas en la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) promueven la firma de un Pacto Patriótico Costarricense con diputadas y diputados de oposición para el período legislativo 2026-2030, con el propósito de establecer una agenda común de defensa institucional, fortalecimiento democrático y promoción de políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

La propuesta plantea una articulación entre sectores sindicales, agroalimentarios, ganaderos, indígenas, arroceros, ambientales, empresariales, estudiantiles, movimientos populares, organizaciones artísticas, religiosas, territoriales, académicas, colegios profesionales, cámaras de radio y televisión, pescadores y otros sectores sociales, representados por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES).

El documento señala que el objetivo principal es promover valores considerados fundamentales para el país, entre ellos la democracia, la paz social, el diálogo, el Estado Social de Derecho, la participación ciudadana, la libertad de expresión, la atención de las poblaciones empobrecidas y vulnerables, así como la defensa de instituciones públicas estratégicas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Banco de Costa Rica (BCR).

Como marco de referencia, la propuesta adopta los principios contenidos en el documento denominado “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica”, impulsado por el denominado Bloque Democrático de la Asamblea Legislativa.

Entre los ejes planteados figura la defensa del Estado Social de Derecho, la institucionalidad democrática, la separación e independencia de poderes, el respeto a la Constitución Política y la protección de los derechos fundamentales.

Asimismo, se propone fortalecer los mecanismos de diálogo entre sectores sociales y representantes legislativos, de manera que las organizaciones puedan presentar iniciativas de ley y planteamientos para el ejercicio del control político desde la Asamblea Legislativa.

La propuesta incorpora además la defensa de la libertad de prensa, el derecho a la información, la libertad de reunión, la manifestación pacífica y la participación ciudadana como pilares esenciales de la democracia. También plantea el fortalecimiento de la agenda de derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

En materia de seguridad ciudadana, el documento promueve un combate frontal contra el crimen organizado, el fortalecimiento presupuestario del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Fuerza Pública y Seguridad Pública. Además, propone transformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una unidad de inteligencia estratégica civil sometida a controles democráticos y mecanismos de rendición de cuentas.

La iniciativa también plantea una visión preventiva de la seguridad basada en la promoción de la cultura de paz, el deporte, la educación, las expresiones artísticas y el fortalecimiento del tejido social y comunitario.

Uno de los apartados más extensos se refiere a la educación pública. El pacto propone avanzar gradualmente hacia el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación, establecer una negociación quinquenal del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y revisar los modelos de construcción y mantenimiento de infraestructura educativa.

En relación con la seguridad social, el documento plantea la defensa y fortalecimiento de la CCSS, la sostenibilidad de los regímenes de salud y pensiones, la definición del monto real de la deuda estatal con la institución y el establecimiento de mecanismos para su pago. Asimismo, propone medidas para reducir las listas de espera, enfrentar la escasez de especialistas y promover reformas que permitan un acceso más justo a los medicamentos.

La propuesta también incluye la revisión de la regla fiscal para identificar mejoras que permitan proteger la inversión social, así como el fortalecimiento gradual del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

En materia ambiental, el pacto plantea fortalecer el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), otorgar mayores competencias a los guardaparques, mantener la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, proteger a personas defensoras de derechos humanos y ambientales, garantizar el acceso al agua potable mediante el fortalecimiento de las ASADAS y promover soluciones integrales para la gestión de residuos con enfoque de economía circular.

El documento incorpora además compromisos relacionados con los derechos de las mujeres, las personas cuidadoras, la niñez, la juventud, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las poblaciones en condición de vulnerabilidad, la comunidad LGBTIQ+, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las personas migrantes y solicitantes de refugio.

Otro de los ejes centrales es el fortalecimiento de la producción nacional y de la seguridad alimentaria. Entre las propuestas destacan el apoyo a la actividad agropecuaria, la mejora del acceso al financiamiento para productores, la creación de seguros agropecuarios accesibles, el fortalecimiento de los controles fitosanitarios y la búsqueda de alternativas al actual sistema de areteo del ganado.

La agenda también contempla reformas orientadas al combate contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la evasión y la elusión fiscal. Asimismo, promueve políticas de transparencia, acceso a la información pública, apertura de datos, interoperabilidad digital y transparencia algorítmica dentro de la institucionalidad pública.

Como parte de los acuerdos operativos, la propuesta establece mecanismos para que RENASES presente iniciativas legislativas y planteamientos de control político, así como la conformación de equipos técnicos y políticos integrados por representantes de las fracciones legislativas y de los sectores sociales.

El documento reconoce además al denominado Equipo Timón como instancia coordinadora de RENASES e interlocutora con las fracciones legislativas que decidan adherirse al pacto. Dicho equipo está integrado por representantes de ANDE, ANEP, APSE, SEC, SINAE, UNAG y UNDECA,

La propuesta contempla que la firma del Pacto Patriótico Costarricense se realice en la Asamblea Legislativa durante el presente mes de junio, mediante la adhesión de diputadas y diputados de oposición y representantes de las organizaciones sociales participantes.

La “nueva derecha” y la destrucción del ICE

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Este tema es muy serio y grave, ajeno a los denuestos que pueda generar en las redes sociales dominadas por los troles o bots engendros del chavismo. Por eso, voy a comenzar con una explicación casi didáctica, para que nos ubiquemos exactamente sobre lo que estamos tratando.

Empecemos por señalar que no nos estamos refiriendo a la derecha tradicional que apoyó las ideas de la democracia liberal y que, como sucedió en Costa Rica, supo convivir con la alternancia de partidos social demócratas o social cristianos y sus reformas sociales. No, esta nueva derecha o “conservadurismo radicalizado” como la califican varios autores entre ellos Natascha Strobl en su libro “La Nueva Derecha”, es otra cosa y es tan extremista, que se cayó del borde de la mesa para terminar en aguas procelosas de orientación fascista, donde sus seguidores nadan a placer. Cuando un movimiento político con esta orientación sea cual sea su estructura llega al poder, actúa de inmediato para establecer formas de autoritarismo cada vez más radical. Sobre esto dice Strobl

  • “Formalmente ocupan los más altos cargos del Estado, pero es precisamente esta posición las que utilizan para desmantelar el sistema democrático que los llevó a la cima. Esto afecta a todos los ámbitos del Estado, pero en especial al sistema judicial y al Parlamento: el Poder Ejecutivo va contra en contra del Judicial y del Legislativo. En el proceso la separación de poderes que es constitutiva del Estado-nación moderno y democrático se está erosionando rápida y sistemáticamente. El llamado “cuarto poder”, los medios de comunicación, también está siendo acorralado y saboteado, y el Estado de bienestar, el mayor logro del movimiento obrero organizado en el Siglo XX, está siendo debilitado…”,

Y además agrega que, una vez en el poder y de cara al exterior o sea al resto de la sociedad, se presentan como;

  • “las víctimas de un ominoso Estado profundo o de “redes rojas· secretas en el aparato judicial, realmente conservador. En el proceso el Parlamento se convierte en una institución elitista distante que no puede juzgar al líder elegido por el pueblo los medios son una red incendiaria de izquierda que difunde noticias falsas unilaterales; el Estado de bienestar alimenta a los perezosos y los emigrantes a costa de los ciudadanos locales y laboriosos”.

Quien lea con cuidado esas citas, fácilmente puede comparar esas características del asalto al poder por los aspirantes a fascistas de la nueva ultraderecha, con la desgracia que está sufriendo Costa Rica en los últimos años y que el pueblo básico y obnubilado, votó para que continuara cuatro años más con la destrucción de nuestra democracia. Calificar al ciudadano con adjetivos groseros y de menosprecio, es lo típico de estos movimientos; por eso si les dicen “básicos” es parte de la estrategia de cegarles la mente con mentiras y post verdad, pues como bien lo cita F. Finchelstein en su libro “Aspirantes a Fascistas”, Goebbels reconocía;

  • “Nuestra propaganda es primitiva, porque el pueblo piensa de forma primitiva. Hablamos el lenguaje que entiende el pueblo”.

En pocas palabras la definición de la política de mentiras y el calificativo de “básicos” que diera Pilar Cisneros. Por su parte, Finchelstein afirma también que:

  • El intento fascista de una propaganda “primitiva” produce efectos hipnotizantes para los creyentes y, al mismo tiempo, aberrantes, irreales e incluso estúpidas, para los críticos – lo que también confirma que – los lideres siempre tienen la razón, y los otros, incluidos los periodistas, deben aceptar sus explicaciones sin preguntar…”.

De esa manera, con la actitud ideológica premeditada de destruir toda la institucionalidad del país, en este momento tienen al ICE como su víctima inmediata en manos de los sicarios de la institucionalidad. El famoso proyecto de la “armonización” lo único que conlleva es la entrega de nuestra riqueza energética en manos de unos, muy pocos, generadores privados para que, precisamente, generan pingües ganancias en su beneficio y a costa de los bolsillos de la ciudadanía que, siguen aplaudiendo al verdugo que pretende sacrificar al ICE.

Para seguir engañando a los “básicos” arman la pasarela mediática, por ahí pasa un expresidente del Saprissa que es el socio y máximo ejecutivo de Genera Holdings o los representantes de la UCCAEP para que hablen a nombre de sus asociados, los generadores privados, dentro de los que hay algunos que Rodrigo Chávez insultó, denigró y llamó “costarricenses con corona” que ahora se las quiere adornar con los diamantes de la generación eléctrica, gracias al proyecto que él preparó y envió a la Asamblea Legislativa y lo mantienen en vigente sus entenados políticos en el Poder Ejecutivo y Legislativo.

Ahora resulta que, a los defensores de la democracia, la institucionalidad y en este caso el ICE, nos gritan: ¡¡COMUNISTAS!!, con una ignorancia pasmosa o un cerebro que no logró sobrepasar los tiempos de la Guerra Fría. Lo que el ciudadano costarricense debe entender es que si ese calificativo perdió toda vigencia histórica, ideológica, política, económica y social, no sucede igual con los aspirantes a fascistas que SI están resucitando esa vieja ideología anti democrática y enemiga de todo lo que podemos llamar Estado Social de Derecho, a través de dictaduras reales como Bukele en El Salvador o autocracias electorales como las de Trump (EE.UU), Kast (Chile), Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz de Bolivia y el chavismo en Costa Rica, entre otros, que están destruyendo la herencia institucional que ha beneficiado a miles por décadas en toda nuestra América.

Entonces costarricense: de qué lado se coloca, es de los que protege esa herencia o de los que la destruye…pero después no se arrepienta, pues la Historia enseña que generalmente lo pueblos despiertan cuando ya es demasiado tarde.

¿Lo que estoy pensando hoy me pregunta un algoritmo?

Jiddu Rojas Jiménez

Pues respecto a la actual coyuntura política nacional, que el estridente Gobierno del Continuismo Autoritario, —el Gobierno Ja-Guaro 0.2, acuerpado por poderosos y oscuros intereses nacionales y extranjeros—, harán todo lo posible, por romper la unidad del llamado Bloque Democrático de Oposición en la Asamblea Legislativa, que está funcionando como atalaya democrática frente a su proyecto autoritario y ultraneoliberal. Ese su objetivo táctico superior inmediato, y la lucha apenas comienza.

La fracción del PLN liderada por don Álvaro Ramírez (y su renovado Partido PLN por el excandidato del mismo don Álvaro Ramos Chaves); la fracción del Frente Amplio con su ejemplar y meridiana claridad política (al mejor estilo de Manuel Mora Valverde), y doña Claudia Dobles Camargo de la Coalición Agenda Ciudadana, deberán seguir articulando ese Bloque Democrático de Control Político, frente a un Poder Ejecutivo desbordado por un infantil revanchismo.

Con la diputada del PUSC, doña Abril Gordienko, lejos de denostarla, se deberá negociar con mucho respeto y firmeza, en lo que toque y se coincida (posiblemente en la participación democrática y en materia de libertades públicas), y negociar con transparencia ética, donde hayan otras diferencias (muy posiblemente en el plano de la macroeconomía).

En mi opinión, el oficialismo obviamente intentará destruir esta articulación legislativa democrática y progresista, estimulando provocaciones, incluso «a dos bandas», si es necesario:

1) Primero, estimulando el oportunismo, el miedo, la calumnia o el prejuicio ideológico por la derecha.

2) Y segundo por supuesto estimulando el sectarismo de izquierdas, disfrazado de «Principismo». ¡Cantado! (Ese tufo a superioridad moral pseudorradical ya lo conozco, es cíclico, y es estimulado sistemáticamente adrede.)

3) Pero además, llamando a desmovilización de los sectores populares y de la sociedad civil, que reaccionó cívicamente, frente al fenecido Proyecto 23414 de (Des)Armonización contra el ICE.

4) Mientras, tratará de cooptar, manipular y desinformar, a su propia base social, —sobre todo en sectores rurales y costeros—, para polarizar socialmente más, la coyuntura nacional.

5) Todo lo anterior, inscrito en una delicadísima coyuntura internacional, frente a una posible crisis internacional y regional. Y no se descarta el matonismo, el injerencismo descarado, de la Embajada Imperial a petición de sus cipayos locales.

Por eso hay que intentar anticiparnos ontológicamente (Ernst Bloch) con lucidez. Nunca mejor que ahora, habremos de rescatar y nutrirnos de las diferentes herencias políticas de dos grandes Beneméritos de la Patria (y de sus organizaciones históricas), quienes supieron construir históricamente, a pesar de sus conocidas diferencias.

Por eso es la hora de releer con profundidad, de reapropiarse teóricamente, del brillante legado táctico y estratégico, de Manuel Mora Valverde y de don Pepe Figueres Ferrer.

Entiéndase bien: No es ningún «culto a la personalidad». Hablo de estas figuras históricas, políticamente indispensables, pero como símbolos y referentes políticos, de esas fuerzas sociales concretas y profundamente humanas, que transformaron este país en el siglo XX. Por supuesto que las estructuras socio-históricas pueden (y deben científicamente) abordarse de formas más complejas.

Pero hasta el gran filósofo Hegel, usó licencias para expresar en su lenguaje filosófico, la relación histórica particular-universal (el «Individuo Histórico-Universal», en alemán «welthistorische Individuen» en las «Lecciones sobre la filosofía de la historia universal«, usando a la figura «encarnada» del primer periodo modernizante y reformador de Napoleón Bonaparte I, para referirse simbólicamente al despliegue del «Espíritu» («Geist») en los grandes procesos socio-históricos. Aquí se trata de interpretar filosóficamente el humano proceso de construcción social y dialéctica de la Consciencia (Autoconsciencia) y de la idea de Libertad (Autodeterminación).

Por supuesto, igual que el gran Beethoven y su Tercera Sinfonía, Hegel también decepcionado de Bonaparte, y alemán al fin, —de habla y culturas, porque no había ninguna unidad nacional alemana—, podría arrepentirse luego. En cambio, don Pepe y don Manuel, —líderes populares y humanistas profundamente costarricenses—, a pesar de la cruel Guerra Civil de 1948, no decepcionan.

Estas figuras de carne y hueso, costarricenses, hijos de su contexto, nos regalan diferentes aportes democráticos, que se pierden en el tiempo de la Segunda República, y devienen nobles metáforas políticas, para un futuro posible.

Por supuesto, habremos de adaptarnos y construir un lenguaje político y una narrativa propia de una nueva comunicación política digna del siglo XXI y sus nuevos retos y complejidades estructurales.

Definitivamente esta es una Costa Rica muy diferente, a la de la mitad del siglo pasado. De hecho es un Mundo, acaso un Sistema-Mundo diferenciado; incluso, un Capitalismo Financiero Tardío Global, muy diferente.

En Costa Rica hay nuevas subjetividades sociales, nuevas asimetrías sociales, nuevas aspiraciones y sueños, y nuevas generaciones; hay nuevos retos, nuevas decepciones y también desencantos democráticos; hay nuevas amenazas, nuevos desafíos; nuevas guerras globales con consecuencias locales; nuevas potencias emergentes (BRICS+); por lo tanto hay y habrá, nuevas crisis locales, nacionales, internacionales; nuevas crisis ambientales, climáticas, productivas, económicas, laborales, jurídicas, de identidad, culturales, de seguridad ciudadana, de gobernanza incluso, etc.

El ICE por cierto, no es inmune a esto y deberá enfrentar la demanda creciente de energías limpias para más carros eléctricos, para las grandes, medianas y pequeñas empresas, para más inversión extranjera, para más y necesaria conectividad, y soporte eléctrico; al mismo tiempo deberá mantener un suministro energético creciente al pueblo costarricense, junto a una mejor servicio de telefonía celular, etc.

Como ya sabemos la estrategia cínica del Gobierno de turno, no es muy original, es la misma de hace décadas, es sabotear al ICE desde la Presidencia Ejecutiva. Ejemplo de esto fue la directa injerencia norteamericana bajo Trump y Marco Rubio, contra las empresas de telefonía digital de China Popular.

Pero frente a la opacidad de este Mundo dado, y su geopolítica, y de la una Costa Rica desgarrada, hay una urgente y necesaria lección política, que algunos aprendimos tarde: Hay que aprender a escuchar al otro, con auténtica tolerancia, buena fe, honestidad, razonabilidad, y criticidad. Eso fue precisamente, lo que hicieron, precisamente, esos dos «Tayacanes» ticos: don Pepe y don Manuel Mora Valverde.

Esto, si queremos intentar salvar a nuestro Estado Social de Derecho, y a nuestras conquistas sociales, desde lo mejor de la Segunda República. Ya hay camino, caminado.

En consecuencia y para esta coyuntura nacional, deviene vital y estratégica para nuestra Patria y su institucionalidad democrática, esta reciente movilización popular por la defensa, tanto ciudadana, como jurídico-formal y legislativa del ICE, como exitosa institución pública costarricense.

Nos recuerdan obviamente, las heroicas Jornadas populares contra el pasado Combo de privatización del ICE en el 2000. Pero no debemos romantizar la coyuntura. Este gobierno de extrema derecha populista tiene vocación por el autoritarismo, y está apoyado directamente por Marco Rubio y Trump.

Y más allá del ICE, habrá que educarnos políticamente más, en la defensa y mejoramiento del sector público, propio del proyecto inclusivo del viejo, eficaz y hermoso Estado Social de Derecho costarricense. El mismo, que tantos éxitos sociales relativos, nos trajo.

Combatir las mentiras y la desinformación deliberada, y la narrativa histérica, vulgar, delirante, calumniosa, de corte casi nazi-fascista del discurso oficial de la actual Presidencia. Recordemos a Albert Camus, cuando decía que «el anticomunismo era el comienzo del fascismo». Hay una «Batalla de Ideas» por venir, y esa es una nueva trinchera táctica, popular y democrática.

En la imagen los Beneméritos, don Manuel Mora Valverde y don Pepe Figueres. Y no deberíamos cansarnos de reproducirla, y explicar sus alcances políticos e históricos.

Aplaudimos el desastre o buscamos el cambio

Abelardo Morales Gamboa

Termina mayo florido y comienzan las lluvias. Se ha vuelto una costumbre para mí que esa transición me anime a escribir sobre la coyuntura nacional. Esta vez coincide con el inicio de un nuevo gobierno, uno que ha decidido presentarse como el gobierno de la continuidad.

Y, en efecto, la continuidad más visible es la crisis. No una crisis cualquiera, sino una que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional: la desastrosa gestión del Estado y de la institucionalidad pública, la crisis fiscal latente, el estancamiento económico, el deterioro social y la inseguridad ciudadana.

Otro rasgo de continuidad es la permanencia del mismo grupo político en el poder. Con algunas variantes, claro. Ministros convertidos en diputados, diputados trasladados al gabinete, otros enviados a puestos diplomáticos. A ello se suma la incorporación de varios tránsfugas de los viejos partidos políticos. No hay aquí cambio alguno, sino continuidad: figuras que heredan los estilos clientelares, el intercambio de favores, el oportunismo y la corrupción del viejo modelo aparecen ahora como los nuevos reclutas de quienes controlan el gobierno.

Un tercer rasgo de continuidad es la retórica antiinstitucional, acompañada de poses agresivas y pulsiones autoritarias. La semiótica del escándalo sigue siendo la identidad corporativa del gobierno. El grupo en el poder parece invertir más energía en repartir adjetivos que en construir objetivos.

Pero son las tendencias estructurales las que terminan marcando la coyuntura. Omitiré, por consideración a ustedes, lectores y lectoras, otras referencias a la escasa prestancia política de quienes nos gobiernan.

Todas las señales de una grave crisis fiscal amenazan las condiciones de vida de la población costarricense en el futuro inmediato. Sin excepción. Ya lo habían advertido diversos analistas económicos y lo ha reconocido el propio Banco Central. El resultado previsible será más desigualdad y más pobreza, recortes en programas sociales y el desfinanciamiento de actividades estratégicas consideradas prescindibles por la lógica simplificadora de una narrativa pseudopopulista.

La economía no crece, pero la moneda local permanece sobrevaluada. Sin embargo, lejos de encender alarmas, el problema es reducido a meros tecnicismos. Los elevados niveles de consumo de algunos grupos sociales, en particular de altos ingresos, evidencian no solo una distribución profundamente desigual de riqueza, sino también, en ciertos casos, lo que parece ser el endeudamiento, estilos de vida ostentosos y, en muchos otros, la circulación de capitales al margen de las economías legales. La economía se aproxima a una situación crítica, pero seguimos flotando sobre una burbuja. El mercado laboral ha perdido dinamismo, expulsa fuerza de trabajo y ha clausurado posibilidades de ascenso social para trabajadores y trabajadoras, especialmente entre los jóvenes.

El economista agrícola que presidió el país durante los cuatro años anteriores y que ahora se posesiona como superministro, así como su flamante ministro de Hacienda, hoy jefe de fracción oficialista, no supieron cómo —o no quisieron— resolver esa crisis.

Por su parte, una escalada de violencia criminal galopante, impulsada por el crimen organizado, continúa ensañándose con el costarricense común y corriente, aquel que no dispone de escoltas pagados por el presupuesto público. Los ciudadanos seguirán siendo víctimas de aquella sentencia inescrupulosa: “se matan entre ellos”. Víctimas inocentes de una guerra que durante cuatro años no supieron resolver.

La crisis educativa amenaza con sembrar la ignorancia en un pueblo que durante décadas se distinguió por ser uno de los más educados de América Latina. Este gobierno contó con una ministra que se suponía experta internacional en materia educativa; sin embargo, su currículum nunca se tradujo en una ruta capaz de enfrentar la crisis de la educación.

Además, los programas sociales se han estancado porque el gobierno central les retiene el financiamiento. Las familias que dependen de becas, subsidios y pensiones quedan amenazadas por el abandono y la incertidumbre. Nunca hubo jerarcas verdaderamente comprometidos con la defensa del Estado social de derecho; prevalecieron el miedo y la sumisión.

En pocas palabras, esta crisis estructural se amplió y profundizó bajo una mezcla de incapacidad política y falta de voluntad. Más allá de las explicaciones oficiales, el efecto acumulado de las decisiones adoptadas ha sido el debilitamiento de las capacidades públicas del Estado y la apertura de espacios para que instituciones estratégicas —como el ICE, la Caja Costarricense de Seguro Social y los bancos estatales— queden sujetas a crecientes presiones privatizadoras y a los intereses del capital transnacional.

Ni qué decir de la política exterior y de su desatinada gestión. Para mal del país, bajo la amenaza de convertir el servicio diplomático en una especie de trofeo político para pagar favores a financistas, incluso para compensar la complicidad política para el ocultamiento de casos de corrupción y otros posibles graves delitos. Seguiremos siendo -quizás en el menor de los casos- motivo de burla en el sistema internacional, ahora representados diplomáticamente por figuras que no reúnen las capacidades para el ejercicio de las funciones propias del servicio exterior, mucho menos la estatura requerida para representar al país en el cargo de embajadores. No se trata solo de posible corrupción sino de poner en riesgo la imagen internacional del país.

Y, sin embargo, en la continuidad, el gobierno sigue encabezado por un grupo que goza de aplauso popular. Al menos, de una porción significativa de los costarricenses. Ello se explica, entre otras cosas, porque el malestar social no ha sido conducido en búsqueda de cambios estructurales, sino que ha sido capturado emocionalmente por narrativas, escenografías mediáticas y símbolos propios de los neopopulismos del siglo XXI. También porque no ha habido capacidad ni voluntad para entrar seriamente en la disputa del control del campo mediático. Algunos medios de comunicación -y que fueron llamados canallas por ser en apariencia críticos al grupo en el poder- han comenzado a alinearse: eso les depara el pago de parte de la pauta publicitaria del gobierno.

Los grupos vinculados a ciertas iglesias, al neoconservadurismo protestante y a sectores del catolicismo llenan con discursos moralizantes y seudorreligiosos los vacíos de contenido cívico y cultural que hoy dificultan la construcción de proyectos políticos transformadores, al menos en el corto plazo. También su oportunismo es evidente: sacan réditos políticos de la crisis de la política social y del recorte de financiamiento a programas sociales. La alianza con el grupo en el gobierno no es solo por interés político u oportunismo religioso, también responde a cálculos clientelares.

También el empresariado ha decidido apostar sus cartas al grupo gobernante y poco parece importarle el oscuro panorama económico y fiscal, la ruina de la producción nacional, la quiebra de empresas o su fuga hacia otros destinos. Su silencio no parece explicarse únicamente por miedo; también da la impresión de responder a un cálculo político.

Todas estas crisis, así como los nuevos e inevitables riesgos políticos que ella entraña, evidencian la declinación del viejo modelo de hegemonía, una reconfiguración de las relaciones de poder y la pérdida de capacidad de dirección por parte de los viejos partidos, sus élites y sus cuadros dirigentes.

Este grupo, carente de dirección, sin proyecto político y aún menos capacidad para responder a los problemas aquí enumerados, apenas ocupa ese vacío. Pero lo hace con materiales tan precarios que el suelo sobre el que todos caminamos se vuelve cada vez más inestable.

La capacidad de resistencia política y social ha comenzado a manifestarse. Esa es una buena señal. Sin embargo, como ocurrió durante los cuatro años anteriores, aparece de forma intermitente, con compromisos limitados y entusiasmo insuficiente. Su conducción sigue siendo débil debido, especialmente, a la escasa voluntad de construir acuerdos y avanzar hacia una unidad estratégica que no se limite a las corporaciones sindicales o académicas, sino que incorpore de manera más amplia a la sociedad civil.

La esperanza debe seguir puesta en un despertar cívico, en esa identidad costarricense arraigada en el valor de las instituciones, los acuerdos y el respeto a las leyes. Pero eso no surge por arte de magia: hay que construirlo y requiere esfuerzo, constancia y trabajo. Así fue como este país logró sobrevivir frente a las dictaduras y los autoritarismos que históricamente lo amenazaron.

Será por ese camino, mediante una identidad costarricense que debe ser reinventada, y nunca por los acantilados del fascismo y las autocracias, que los costarricenses podremos conversar, negociar y concertar soluciones cívicas a nuestros problemas comunes. Con democracia participativa y no con autoritarismos verticales.

Nota editorial: La ilustración corresponde a una obra del pintor costarricense Ricardo Ávila.

Modernizar sin desmantelar: en defensa del ICE y la soberanía energética

Foro Encuentro Democrático
A la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional

Sobre el Expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Encuentro Democrático se dirige respetuosamente a la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional ante la próxima votación del Expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.

Nos dirigimos a ustedes con preocupación y con sentido de responsabilidad democrática. El país necesita discutir con seriedad el futuro de su sistema eléctrico y avanzar en su modernización con criterios técnicos, institucionales y de interés público.

Precisamente por la importancia estratégica de este tema, consideramos que una reforma de esta magnitud no debe aprobarse sin atender de forma suficiente las observaciones técnicas, jurídicas, institucionales y políticas señaladas por distintos sectores. Entre ellas destacan las advertencias planteadas por la Juventud Liberacionista en su análisis sobre el Expediente 23.414 y la defensa del Instituto Costarricense de Electricidad.

Nuestra posición no parte de una negativa al cambio. Parte de una convicción distinta: el sistema eléctrico costarricense debe actualizarse sin perder su sentido público, su vocación solidaria ni la función histórica que ha tenido en la construcción del desarrollo nacional.

I. Aspectos que preocupan del Expediente 23.414

A partir de los criterios conocidos y de los argumentos expuestos por la Juventud Liberacionista, Encuentro Democrático considera necesario llamar la atención sobre varios puntos de fondo.

En primer lugar, preocupa que el proyecto pueda debilitar la planificación integrada del Sistema Eléctrico Nacional. La electricidad no es un asunto menor ni un simple bien de intercambio. Es una condición básica para la vida cotidiana, para la producción, para la educación, para la salud y para la cohesión territorial del país. Por eso, cualquier transformación del modelo debe asegurar que el Estado conserve una capacidad real de conducción estratégica.

También genera inquietud el posible impacto tarifario para los hogares y para las pequeñas y medianas empresas. Se ha advertido que una apertura mal diseñada podría permitir que grandes consumidores se aparten de ciertos costos comunes del sistema, trasladando esa carga a los usuarios que no tienen la misma capacidad de negociación. Este no es un detalle técnico: toca directamente la economía familiar y la estabilidad de miles de emprendimientos nacionales.

Otro elemento que requiere especial cuidado es la relación entre el ICE y los generadores privados. Los datos citados por la Juventud Liberacionista muestran diferencias importantes en los costos de generación. Por ello, antes de avanzar hacia un esquema de mayor apertura, el país necesita tener certeza de que esa reforma producirá beneficios reales para la ciudadanía, y no únicamente mejores condiciones para determinados actores del mercado.

Preocupa, además, la posible fragmentación institucional. La creación de nuevas instancias y la redistribución de funciones en un sistema tan sensible como el eléctrico no pueden hacerse de manera apresurada. Costa Rica ha construido, durante décadas, una institucionalidad que ha permitido cobertura, continuidad y capacidad de respuesta. Cualquier modificación debe demostrar que mejora esa arquitectura y no que la vuelve más débil, más costosa o incierta.

Resulta igualmente delicado que algunas disposiciones del proyecto puedan reducir el alcance de la electricidad como servicio público, sobre todo en lo relativo a la generación y a la comercialización mayorista. Para Costa Rica, la electricidad ha sido mucho más que una mercancía. Ha sido una herramienta de integración nacional, de justicia territorial y de desarrollo social.

A ello se suman las observaciones jurídicas y constitucionales que han sido planteadas por instancias especializadas. Una reforma estructural de este tipo debe nacer con plena solidez legal. De lo contrario, podría abrir un periodo de incertidumbre que afectaría al Estado, a las instituciones, a los usuarios y al propio sistema eléctrico.

Finalmente, preocupa el efecto que el proyecto pueda tener sobre la capacidad futura de inversión del ICE. El Instituto Costarricense de Electricidad ha sido una pieza decisiva del modelo costarricense. Limitar su posibilidad de planificar, invertir y desarrollar proyectos de largo plazo podría afectar no solo a la institución, sino al país entero.

II. Modernizar sin desmantelar

Encuentro Democrático considera que esta discusión no debe plantearse como una falsa oposición entre pasado y futuro. Costa Rica no tiene que escoger entre inmovilismo y apertura indiscriminada. Hay otro camino: modernizar con prudencia, fortalecer con inteligencia, corregir lo que deba corregirse y preservar aquello que ha sido esencial para el bien común.

El ICE puede y debe mejorar. El sistema eléctrico nacional puede y debe actualizarse. Pero ese proceso no debería hacerse debilitando la planificación pública, reduciendo la capacidad estratégica del Estado ni convirtiendo un bien esencial en un espacio sujeto prioritariamente a la lógica del mercado.

En este punto, la historia del Partido Liberación Nacional tiene un peso particular. La creación del ICE no fue un accidente administrativo. Formó parte de una visión de país. Una visión que entendió que la electricidad debía llegar a todos los territorios, que el desarrollo no podía quedar concentrado en unos pocos sectores y que ciertas áreas estratégicas debían permanecer vinculadas al interés nacional.

Por eso apelamos, respetuosamente, a esa memoria. No para impedir el debate ni para cerrar la puerta a las reformas, sino para recordar que la modernización solo tiene sentido si conserva el horizonte de justicia social que dio origen a nuestras mejores instituciones.

III. Una decisión con consecuencias políticas

La votación del Expediente 23.414 no será leída únicamente como una decisión técnica. Tendrá también una dimensión política e histórica. En ella se juega una señal sobre el papel que tendrá la oposición legislativa en la defensa de la institucionalidad pública, del Estado Social de Derecho y de los equilibrios democráticos que el país necesita.

La ciudadanía ha pedido contrapesos, responsabilidad y defensa de las instituciones. Esa demanda no debe entenderse como una consigna partidaria, sino como una preocupación profunda por el rumbo del país. En ese contexto, la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional tiene la oportunidad de actuar con prudencia, escuchar las distintas advertencias y evitar una decisión que pueda resultar irreversible.

También consideramos importante que las voces jóvenes del liberacionismo sean tomadas en cuenta. La Juventud Liberacionista ha hecho un planteamiento serio, fundamentado y coherente con una tradición partidaria que históricamente defendió el papel social del Estado. Escuchar esa voz no debilita al partido; al contrario, honra su tradición deliberativa.

Llamado final

Por las razones expuestas, Encuentro Democrático solicita respetuosamente a la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional votar en contra del Expediente 23.414.

Formulamos esta solicitud con firmeza y respeto, desde la preocupación legítima por el futuro del sistema eléctrico nacional y desde la convicción de que aún es posible abrir una discusión más amplia, transparente y segura para el país.

Costa Rica necesita modernizar su sistema eléctrico, pero no a costa de debilitar al ICE. Necesita eficiencia, pero no al precio de perder soberanía energética. Necesita reformas, sí, pero reformas que fortalezcan el interés público y no que generen incertidumbre sobre uno de los pilares de nuestro desarrollo nacional.

En un asunto de esta trascendencia, la prudencia es una expresión de responsabilidad histórica.

A continuación, presentamos una síntesis puntual de algunos de los principales cuestionamientos técnicos, institucionales y jurídicos asociados al Expediente 23.414:

Perjuicios al país del Expediente 23.414

Síntesis elaborada a partir del documento de la Juventud Liberacionista: “El Expediente 23.414 y la defensa del Instituto Costarricense de Electricidad”.

  1. Debilita la soberanía energética y rompe la planificación estatal. El proyecto fragmenta el Sistema Eléctrico Nacional, sustituye funciones del ICE y crea un mercado mayorista que “compromete la soberanía energética del país” y convierte la electricidad en un commodity sujeto a especulación.
  2. Aumentará las tarifas para familias y PYMES. La propia CEDET advirtió que la apertura permitiría que grandes consumidores evadan los costos fijos del sistema, trasladándolos al resto de usuarios:

“Los costos se tendrán que trasladar al resto de los usuarios con graves aumentos a las tarifas de las familias y PYMES”.

3. Favorece estructuralmente a grandes generadores privados. El ICE genera energía más barata que los privados:

Según los datos citados, el ICE generó energía a 42,65 colones por kWh en 2023, mientras que los generadores privados bajo la Ley 7200 lo hicieron a 52,90 colones por kWh y los de la Ley 7508 a 69,38 colones por kWh. En ese contexto, el proyecto fortalecería a actores cuyos costos de generación serían entre un 24% y un 63% superiores.

4. Riesgos técnicos severos por fragmentación del control del sistema. La creación del ECOSEN implica duplicidad de funciones, pérdida de economías de escala y debilitamiento del despacho unificado. El documento advierte que esto “destruiría la capacidad de respuesta integrada del sistema eléctrico nacional”.

5. Elimina la naturaleza de servicio público en la generación. El Artículo 3 inciso v) excluye la generación y comercialización mayorista del concepto de servicio público, debilitando la capacidad regulatoria del Estado y priorizando la rentabilidad privada.

6. Riesgos jurídicos y constitucionales. La Procuraduría General y Servicios Técnicos de la Asamblea han advertido vicios de razonabilidad, legalidad y posibles afectaciones a competencias constitucionales del ICE.

7. Desfinancia y limita la inversión futura del ICE. Nuevas plantas del ICE deberán competir en subastas, eliminando certeza regulatoria y afectando su capacidad de planificar proyectos de largo plazo.

Más allá de las objeciones técnicas y jurídicas señaladas, este expediente también plantea una definición política de fondo sobre la defensa del Estado Social de Derecho, el modelo de desarrollo, la institucionalidad pública y la responsabilidad histórica de quienes hoy deben votar.

Autoría:
José Solano-Saborío , Tatiana Herrera Ávila

Mesa Coordinadora
Encuentro Democrático
Alfredo Chocano Dobles, Jiddu Rojas Jiménez

Sofía Guillén alerta sobre proyecto eléctrico y denuncia intento de privatización que elevaría tarifas y debilitaría al ICE

La exdiputada del Frente Amplio Sofía Guillén lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para movilizarse contra el proyecto de ley expediente 23.414, impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves, el cual —según denunció— abriría el camino a la privatización del mercado eléctrico, aumentos en las tarifas y debilitamiento estructural del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En un audio difundido públicamente, Guillén afirmó que el proyecto podría ser votado en primer debate de forma inminente debido a que las mociones presentadas por la anterior fracción legislativa del Frente Amplio ya no pueden ser reiteradas. Según explicó, esto permitiría acelerar el trámite sin nuevos mecanismos de contención parlamentaria.

La exdiputada sostuvo que la iniciativa “desarma y destruye el modelo solidario eléctrico del ICE”, al sustituir el sistema de planificación estatal por un esquema de mercado de subastas eléctricas.

Guillén advirtió que este tipo de mercados ya ha generado aumentos tarifarios en países como España y Colombia, debido a que pocos grupos empresariales concentran la generación privada y terminan coordinando precios artificialmente elevados.

“Así funcionan los mercados de subasta de electricidad en la práctica, en nuestros países repletos de imperfecciones y de corrupción”, afirmó la exlegisladora, quien aseguró que el resultado sería un incremento en los recibos de electricidad para la población costarricense.

Otro de los principales cuestionamientos planteados por Guillén se refiere al traslado de la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), considerada el “cerebro eléctrico” del ICE, hacia una nueva entidad denominada ECOSEN. Según explicó, en esa nueva institución participarían representantes de generadores privados de electricidad dentro de la junta directiva.

La exdiputada afirmó que este cambio pondría en riesgo la capacidad operativa del sistema eléctrico nacional y podría provocar apagones y deterioro en la calidad del servicio. También sostuvo que la reforma responde al interés de “los mismos de siempre”, en referencia a grupos económicos vinculados a la generación privada.

Los planteamientos de Guillén coinciden con el pronunciamiento divulgado por el Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad, el cual sostiene que el proyecto “despedaza el ICE y los ríos” y beneficiaría a grandes grupos empresariales ligados a la generación privada.

El documento denuncia que el expediente 23.414 crea una nueva institucionalidad eléctrica que debilitaría la rectoría del ICE sobre el sistema nacional y trasladaría funciones estratégicas hacia un esquema con participación de actores privados.

Además, el movimiento advierte que la iniciativa habilitaría mayores posibilidades de exportación eléctrica privada, incentivando nuevos proyectos hidroeléctricos “a filo de agua” en ríos del país y generando impactos sobre comunidades y ecosistemas.

Según el pronunciamiento, una empresa transnacional dedicada a generación privada ya habría manifestado interés en instalarse en Costa Rica para exportar electricidad.

La organización sostiene también que cuando el ICE exporta electricidad, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aplica rebajos en las tarifas eléctricas nacionales, mientras que una reducción del papel exportador del ICE podría eliminar esos beneficios para las personas usuarias.

En su mensaje, Sofía Guillén llamó a la ciudadanía a organizarse, divulgar información, asistir a barras legislativas y participar en vigilias frente a la Asamblea Legislativa para intentar frenar la aprobación del proyecto.

“Lo poco que nos queda del Estado Social de Derecho, ¿cómo vamos a dejar que nos lo quiten?”, expresó la exdiputada al cierre de su intervención.

El Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad compartió además una conferencia de prensa pública sobre el tema y reiteró el llamado a impedir la aprobación del proyecto legislativo.

El 8 de mayo del 2026, el giro a la derecha

German Masís Morales

El 8 de mayo del 2026 será recordado como la fecha del ascenso de un gobierno de derecha desde la II República, un gobierno neoliberal y conservador en todos los ámbitos social, político, económico e ideológico.

Las condiciones están dadas en este momento con la elección del directorio legislativo y del gabinete. Pero ¿adónde se engendró esta deriva neoliberal-conservadora? Pues ni más ni menos en el gobierno de Carlos Alvarado, que no sólo fue neoliberal en el desarrollo de la política económica, sino que trajo a Rodrigo Chaves para el cargo de ministro de Hacienda e impulsó algunas leyes claves como la reforma fiscal, la ley de empleo público y otras en las que se sustentó la política económica de los últimos 4 años.

Igualmente, a nivel de la política social se iniciaron los ajustes en la inversión social, el presupuesto para la educación, en la vivienda, el congelamiento de los salarios del sector público y de las pensiones, y el crecimiento progresivo de la deuda pública.

En los últimos 4 años la política económica y social sólo ha profundizado algunas de las tendencias observadas en el período anterior, que en el momento actual amenazan con consolidarse como políticas neoliberales y conservadoras que van a procurar severas restricciones fiscales y financieras para algunos sectores, como los que reciben recursos, transferencias o remuneraciones del Estado, como la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades, los empleados públicos, los pensionados, la vivienda social, las becas estudiantiles, las ayudas sociales del IMAS y las comunales.

Por su parte, existe toda una estrategia de captación de recursos de deuda interna y externa gracias a la intervención en el BCIE, la relación fuerte con el BID y el BM y, al nivel interno, la captación de los excedentes de las instituciones, como los bancos, el INS y los fondos locales, que garantizará que, junto a los recortes institucionales, el gobierno tendrá recursos crecientes para la inversión de obra pública, nuevos proyectos como la Ciudad Gobierno y la marina de Limón, para lo que encontraron el portillo adecuado en la ley y la Comisión de Emergencias, y en el proyecto PROERI, mediante los que realizan obras sin los controles de la Contraloría.

Todo lo anterior se integra a la estrategia de atracción de inversión extranjera, que atrae ingentes recursos ligados al modelo económico de servicios y alta tecnología, que seguirá profundizándose con la ampliación y creación de nuevos parques industriales, en tanto la industria nacional del sector productivo, la agricultura nacional y, en parte, el turismo, que han dejado de ser prioritarios, son abandonados a su suerte.

Mientras que el comercio y la importación se siguen favoreciendo con la apreciación del colón, así como el pago de la deuda que demanda grandes recursos.

La partida del ajedrez político conservador de derecha se completa con el control de la Asamblea Legislativa, desde donde se fraguará el control del nombramiento de los magistrados y posteriormente de la Corte Suprema de Justicia, que también facilitará controlar los nombramientos del fiscal general, de la Contraloría y de la Defensoría de los Habitantes, los puestos incómodos.

A cuya partida ganadora se sumará el control de muchas de las alcaldías del país, labor que se efectuó con éxito a lo largo de los últimos 4 años.

La pera en el pastel conservador vendrá del control de las instituciones de seguridad y de la DIS, entidades que no sólo profundizarán la seguridad del Estado, sino también la persecución de los opositores y la represión de las luchas sociales.

Los rasgos mencionados se articulan perfectamente a la visión que Hinkelammert nos anunciara en la década de los 80 como el fenómeno de la “nueva derecha”, con el abandono de todo intento de coexistencia del mercado y del Estado, y la instauración del totalitarismo de mercado, en la que la libertad, la sociedad y la vida humana sólo pueden tener sentido y existir dentro de los límites que establece la sociedad perfecta del mercado (Molina, C., 2025).

En un análisis del economista Joseph Stiglitz (2016), éste afirma que los gobiernos de derecha siguen una misma fórmula en todo el mundo hacia la liberalización económica, reducción del Estado y restricción de derechos.

De tal manera que las políticas anunciadas por la nueva presidenta y su primer ministro, en términos de reforma del Estado, eliminación de instituciones, venta de activos estatales y restricción del gasto social, responderán a una orientación neoliberal y conservadora que no admitirá dudas. Es lo que se viene a partir de esta fecha.

El primer ministro en la sombra: la billetera y el látigo en Zapote

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

Se consumó el acto. Lo que analistas en teoría política y derecho constitucional advertíamos como una amenaza latente, hoy es una realidad institucional: Rodrigo Chaves no se ha ido, simplemente ha mutado. La designación oficial del expresidente como ministro de la Presidencia, con el agravante inaudito del recargo como ministro de Hacienda, despoja a la administración de Laura Fernández de cualquier velo de autonomía. Estamos frente a un bicefalismo ejecutivo donde la presidenta ostenta la banda, pero Chaves retiene el mazo del poder.

Analicemos la gravedad técnica de esta concentración. Este movimiento requiere una lectura cuidadosa desde la teoría del Estado y la administración pública.

En la práctica administrativa y política, fusionar Presidencia y Hacienda en una sola figura no es una simple optimización de gabinete; es la creación de un “Súper Ministerio” diseñado para la extorsión política legalizada. El Ministerio de la Presidencia es el operador nato, el encargado de la negociación legislativa y el tejido de alianzas. Hacienda, por su parte, es el dueño de la caja.

Cuando el operador político es el mismo que decide si se gira o se retiene el presupuesto, el diálogo democrático desaparece y es sustituido por el chantaje. ¿Un alcalde opositor necesita fondos para un puente? Dependerá de cómo voten sus diputados. ¿La Corte o las universidades reclaman su presupuesto por mandato constitucional? Se les asfixiará financieramente desde el mismo escritorio que debería propiciar el consenso. Este diseño institucional es un mecanismo perfecto para consolidar el populismo autoritario, saltándose el espíritu constitucional que prohíbe la reelección sucesiva y vaciando de poder real a la nueva mandataria.

Tensión con el espíritu constitucional

El artículo 132 de la Constitución Política prohíbe la reelección presidencial sucesiva precisamente para evitar la concentración de poder y el caudillismo. Aunque el nombramiento de un expresidente en un ministerio no viola la letra de la ley, desafía abiertamente su espíritu. Funciona como un mecanismo para perpetuar el control de una figura hiperpresidencialista, bordeando lo que en doctrina política se consideraría un “fraude de ley” al sistema de alternancia.

Ante este escenario de presidencialismo exacerbado que amenaza los cimientos del Estado Social de Derecho, la contención no puede ser tibia. El avance del populismo chavista solo se frena con una resistencia articulada, técnica y constante. Aquí propongo la hoja de ruta para los cuatro niveles de defensa democrática:

La prensa independiente y los creadores de contenido

El antídoto contra la posverdad oficialista son los datos duros y la fiscalización implacable. El periodismo y los nuevos comunicadores deben abandonar la agenda del escándalo diario —que el mismo populismo alimenta como cortina de humo— y concentrarse en la realidad material. Hay que recordarle a la ciudadanía, todos los días, los números que el discurso esconde: nuestra posición vergonzosa en la OCDE respecto a la caída histórica en la inversión de Educación Pública; el ensanchamiento de la desigualdad social; la informalidad laboral asfixiante; la pérdida de la seguridad alimentaria, y la alarmante tasa de homicidios violentos alimentada por la penetración del narcotráfico. La prensa no debe debatir adjetivos presidenciales, debe desnudar el fracaso macroeconómico y social.

El bloque de oposición en la Asamblea Legislativa (los 4 partidos)

La Asamblea es hoy el principal dique de contención. Los cuatro partidos de oposición democrática deben entender que enfrentan una maquinaria que busca dividirlos mediante el presupuesto. Su única salvación política (y la del país) es funcionar como un bloque parlamentario cohesionado frente a las pretensiones de Zapote. Deben utilizar el control político y constitucional al máximo: censurar cualquier intento de uso político del presupuesto desde Hacienda, bloquear leyes que concentren más poder en el Ejecutivo, y rechazar de plano cualquier intento de instaurar estados de excepción que socaven las garantías ciudadanas. Negociar de manera individual es firmar su propia irrelevancia.

Actores sociales: sindicatos, cámaras y sectores organizados

El populismo no tiene aliados, solo utilidades temporales. Las cámaras empresariales y los sindicatos (tanto públicos como privados) históricamente antagónicos, deben encontrar un terreno común: la defensa de la institucionalidad. La inestabilidad jurídica, el ataque a las instituciones fiscalizadoras como la Contraloría y la arbitrariedad presupuestaria destruyen tanto el clima de inversión privada como los derechos laborales adquiridos. Este nivel debe ejercer presión constante, utilizando las vías legales, la movilización social pacífica y el músculo técnico para presentar contrapuestas robustas. El sector productivo y el laboral deben rechazar la narrativa polarizante y unirse en la defensa de la certeza jurídica.

El ciudadano que adversa el chavismo

El último y más importante nivel de resistencia es el ciudadano de a pie. La estrategia aquí es la pedagogía política en el círculo inmediato: la familia, el trabajo, la comunidad. El populismo se nutre de la apatía y la desinformación. El ciudadano opositor debe convertirse en un fiscalizador local, protegiendo las instituciones comunitarias, exigiendo rendición de cuentas a sus gobiernos locales y negándose a normalizar la violencia verbal y el deterioro institucional. No se trata de confrontación estéril en redes sociales, sino de organización cívica real, de apoyar el periodismo independiente y de respaldar a las voces técnicas que el gobierno intenta silenciar.

No nos engañemos: el diseño del próximo gobierno es una anomalía democrática. Permitir que una sola figura controle la agenda política y la billetera del Estado, escudado tras una presidencia delegada, es un riesgo que Costa Rica no se puede permitir. La historia no nos perdonará si, por fragmentación o cálculo político a corto plazo, dejamos caer el andamiaje institucional que nos costó décadas construir.

¿Hacia dónde debería dirigirse el primer esfuerzo de fiscalización de esta alianza opositora una vez que Chaves asuma formalmente el control de Hacienda?

Contestemos juntos esta pregunta y empecemos a defender, con palabras y acciones a la Costa Rica que hoy nos pide, a gritos, nuestra ayuda.