Costa Rica, 26 de octubre de 2021
Carta Abierta a la ciudadanía
La Organización Interseccional pro-Derechos Humanos de Costa Rica (OIDH-CR) se ha enterado por la prensa nacional que el juez Francis Giovanni Porras León se ha postulado para el puesto de Fiscal General de la República, quien obtuvo un 92 % de calificación, lo cual lo ubica con alta probabilidad de ser electo para el puesto, según lo informa el diario La Nación.
Para nuestra Organización, la simple posibilidad de que esa persona pueda llegar a ocupar semejante puesto en la Administración Pública es un contrasentido y un agravio para la garantía de los derechos humanos de las personas ciudadanas de este país, en especial, aunque no exclusivamente, para las minorías sexuales. Recordemos que en el pasado el juez Francis Porras León ha sido un acérrimo enemigo y detractor de las luchas y conquistas de la comunidad de la diversidad sexual, afectiva y de género.
No podemos permitir, de ninguna manera que se repita aquella nefasta historia de Justo Orozco como presidente de la comisión de derechos humanos en la Asamblea Legislativa, o de la actual defensora de los habitantes. Costa Rica ha apostado contundentemente por un enfoque jurídico y político de respeto a los derechos humanos de todas las personas ciudadanas que habitamos en este país y no puede ser posible que estos derechos se vean de alguna manera socavados por la presencia de un fiscal general de la República cuyo discurso y prácticas, lejos de ser independientes y objetivos, se basen en preceptos religiosos fundamentalistas como ha quedado claro en sus acciones como juez de la República.
La OIDH-CR hace un llamado a la comunidad nacional y a los movimientos sociales que en el pasado han mantenido un espíritu de lucha por la promoción y defensa de los derechos humanos de todos los grupos sociales que históricamente hemos sido vulnerabilizados a unir esfuerzos y a manifestarse en contra de una posible designación de esa persona para el puesto de Fiscal General.
Costa Rica no puede, de ninguna manera, entregar a una persona que ha dado muestras fehacientes de ser un enemigo de las luchas por la justicia, la equidad, la inclusión y contra la estigmatización, por razones ideológicas asentadas en sus prejuicios religiosos, la tarea de impartir justicia en defensa de la legalidad y de los derechos humanos tutelados por la ley. Pues, como bien ha afirmado la Fundación para el Debido Proceso:
“El Ministerio Público (MP) debe desarrollar sus funciones de manera imparcial, con total independencia, es decir, sin interferencias ya sea de los poderes estatales, fuerzas políticas, grupos económicos, sociales, incluso de presiones de grupos criminales involucrados en las investigaciones. La independencia del MP es indispensable para que todas las personas tengan la misma posibilidad de ser procesadas según el mérito de la causa, sin distinciones ni privilegios de ningún tipo” (https://dplfblog.com/2021/08/31/una-fiscalia-general-para-una-costa-rica-convulsa-reflexiones-en-torno-a-la-proxima-eleccion/).