El movimiento “La Caja es nuestra” tiene un mensaje importante que desea compartir con los lectores de SURCOS.
La ciudadanía activa y consciente debe estar atenta a procesos de participación en las Juntas de Salud. Con pesar observamos que es un proceso escasamente conocido: las elecciones a nivel nacional de las Juntas de Salud.
Creadas por ley, todas las Áreas de Salud del país tienen su respectiva Junta de Salud con funciones muy importantes para la gestión de los servicios y para la participación de la población asegurada por parte de la CCSS.
Las Juntas de Salud están integradas por 7 miembros: 3 por parte de la población asegurada de la CCSS, 2 del sector patronal y 2 de organizaciones de salud del mismo cantón. Además, cada Junta de Salud cuenta con una persona facilitadora, designada por las autoridades de la CCSS, de la respectiva Área de Salud.
Las elecciones de todas las Juntas de Salud, en todo el país, serán el miércoles 03 de septiembre de este año. Es un proceso formal, bien regulado, que busca transparencia y confianza en la población asegurada.
La CCSS ofrece boletas de los tres segmentos, con las candidaturas de cada uno de los 3 sectores.
El plazo para inscripción de candidaturas para los tres sectores va del jueves 03 de julio al martes 05 de agosto.
Aprovechemos esta valiosa oportunidad de participar y tener influencia en la conformación de las Juntas de Salud, y luego, apoyemos a quienes queden formándolas. Existe la opción de trabajar en Comités Auxiliares de cada Junta de Salud.
Nuestras redes sociales son: Facebook: La Caja es Nuestra
El programa Alternativas del Colectivo Acción-Reflexión realizará este viernes 20 el foro “Mercados Alternativos ¿qué los diferencia? Este se dará de manera virtual en el Facebook del programa.
El panel invitado al foro está conformado por Mayra López Jiménez, cofundadora de la Asociación de Productores y Consumidores Orgánicos de Costa Rica; la socióloga y agroecóloga Mónica Monge Mora, integrante de la Red de Agroecología de Costa Rica y profesora de la UCR; la profesora de la Escuela de Nutrición Marianela Zúñiga Escobar; la gestora ambiental Lucía Mahlich Barreto, presidenta de la Asociación Sámara Viva; la nutricionista Raquel Hernández Cordero, encargada de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad de Santa Ana; el consultor y dirigente social Anthony García Sánchez, parte de la Comisión de Ambiente de Pérez Zeledón, Red de Agroecología de Costa Rica; y el sociólogo y agricultor Éric Chaves Ramírez, parte del Mercadito Agroecológico Costarricense.
Como se mencionó anteriormente, el programa se transmitirá en vivo mañana a las 8 pm, hora de Costa Rica en el Facebook del programa, así como en YouTube y Spotify. También retransmitirán este programa las radios Guanacaste (cuya frecuencia es 106.1 FM), Radio Soberanía y Radio Revolución.
El programa Alternativas se puede sintonizar desde los siguientes enlaces:
Vivimos en un mundo donde el ruido del espectáculo tapa el grito de los que sufren. Mientras las pantallas brillan con guerras retransmitidas en alta definición, mientras se lanzan bienes de lujo que cuestan lo mismo que alimentar a una familia durante un año, millones de seres humanos -los de abajo-siguen siendo invisibles. No por falta de existencia, sino por exceso de indiferencia.
Los de abajo no son sólo los pobres en dinero. Son también los despojados de educación, de tiempo, de tierra, de seguridad social, de derechos. Son quienes trabajan sin descanso y aun así no llegan a fin de mes. Quienes apenas pueden leer porque nunca tuvieron un libro. Quienes votan por odio, venganza o resentimiento o del todo no votan porque nadie los representa. Son los empujados al margen por un sistema que sólo mira hacia arriba, donde el brillo del poder enceguece y embrutece.
En este terreno de la política, la pobreza también reina. Pero no es la escasez de partidos o discursos eso no es el problema lo que empobrece la democracia es la banalidad de su contenido. La política se ha transformado en un circo de frases vacías, de insultos convertidos en estrategia de comunicación, de líderes que repiten eslóganes en vez de pensar proyectos. Se castiga la razonabilidad y se premia la vulgaridad. El debate de ideas ha sido sustituido por el espectáculo de confrontación de cantina. La política ya no educa sino polariza: alimenta al confeso para que odie.
Esta miseria política no es casual. Se cultiva a propósito para mantener entretenidas a las mayorías. Cuanto más superficial es la política, más se aleja de los problemas del pueblo. Cuanto más populista es el mensaje, más se oculta la estructura de dominación: “el cambio para no cambiar”. Los de abajo asisten entonces al simulacro democrático donde siempre ganan los de arriba, donde el poder cambia de rostro, pero no de lógica, y donde la esperanza verdadera se vuelve una rareza o una amenaza.
En esta época que idolatra lo superficial, la vida ha perdido profundidad. El éxito se mide por “likes”, la belleza se vende en píxeles, y la verdad es abaratada como una mercancía más. Se ofrece una libertad envasada que solo sirve para elegir entre marcas, no entre proyectos de país con visión de futuro. Se nos invita a consumir para olvidar, a reír para no pensar, a competir en lugar de compartir.
Mientras tanto, los de abajo cargan con el peso del mundo. Y no por destino ni por error: por diseño. Un sistema que produce pobreza como una fábrica produce autos no puede sorprenderse de su resultado. La desigualdad no es una falla: es una estrategia inducida como normalidad de los de arriba y los mismos organismos financieros internacionales encadenan (prestan) para que los países sigan atados a las deudas y hacen recomendaciones para que todo continue igual: sigan pagando los de abajo.
La manipulación de la mayoría es su garantía.
Los de abajo son más, pero compiten, están divididos. Están fragmentados por muros invisibles: miedo, desconfianza, soberbia, personalismo; los que ascienden quitan la escalera para que los demás no suban. Todo es ignorancia sembrada y controlada. Pero el día que se miren a los ojos y se reconozcan como iguales, el mapa del poder temblará.
No es que falten recursos. Es que sobran mezquindades y privilegios. No es que falte comida. Es que sobra especulación y codicia. No es que falte cultura es que se comercializa y se convierte en entretenimiento vacío. No es que falte inteligencia es que los mejores son aislados por la mediocridad, los amigos del narco desprecian la calidad por la lealtad. Se castiga al pensamiento crítico y se premia la sumisión.
Hoy más que nunca, necesitamos recordar lo esencial: que la dignidad no se mide en cifras, que el dolor no debería ser rutina, que el mundo no puede seguir siendo un espectáculo donde la mayoría solo actúa como público, esperando un milagro que no vendrá desde arriba.
La historia no cambia desde el circo ni desde las pantallas. Cambia desde abajo y con los de abajo. Con las manos que siembran, los trabajadores y trabajadoras que levantan con penuria la olla de comida diaria, con las voces que se atreven a rechazar la grosería, arbitrariedad y la prepotencia. Porque lo que está en juego es la democracia, la justicia y el destino de las nuevas generaciones.
Los de abajo no piden caridad. Exigen dignidad, respeto, justicia y oportunidades. No quieren ser espectadores en la democracia. Quieren ser protagonistas. No buscan odio, venganza ni confrontación.
Buscan vivir que quiere decir: seguridad, educación, empleo y no cárceles.
Y ese futuro empieza cuando uno -cualquiera- deja de mirar hacia el cielo esperando respuestas y comienza a mirar a su lado buscando compañeros y compañeras que estrechan manos en convivencia, paz y respeto entre hermanos.
Desde la Red Social para la Educación Pública en las Américas-Red SEPA, alianza que defiende y lucha por la educación pública, intercultural y gratuita, destacamos el compromiso del magisterio y pueblo panameño junto a comunidades indígenas que ha posibilitado sostener un conjunto de movilizaciones, plantones y otras acciones propias del Derecho Humano a la Protesta Social, ante un gobierno que responde a toda demanda popular con la represión, decisiones inconsultas violentando las normativas nacionales e internacionales.
A partir del 23 de abril, 2025, el magisterio nacional convocó a Huelga General, como derecho del pueblo panameño de luchar por la derogación de la Ley 462 que atenta directamente contra el sistema financiero en defensa de la Caja del Seguro Social (Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)); contra la reapertura de la minera de capital canadiense clausurada en el 2023 gracias a la lucha popular que detuvo la vulneración de la soberanía, los embalses y expulsión de las comunidades, triunfo que el gobierno hoy intenta revertir.
Es por ello, que manifestamos nuestro rechazo ante la ola de represión sin precedentes comarcas indígenas y el sector bananero, sufriendo violentas incursiones policiales y detenciones arbitrarias de líderes indígenas en las comunidades de la Comarca Ngäbe-Buglé en Panamá, especialmente en los pueblos Trinidad, El Piro, Ojo de Agua, Tolé, Viguí y El Prado.
Lo anterior, provocando cientos de víctimas heridas y la muerte de Arcenio Agrego, joven adolescente indígena asesinado por fuerzas policiales del gobierno de Mulino, en El Pueblo Emberá de Arimae, Darién, denunciado por Congreso General de Gunayala, integrante de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (Coonapip).
A esto se suma, las respuestas de la ministra de educación, Lucy Molinar, dejando sin salario al magisterio en lucha, amenazando con despido masivo a partir del lunes 23 de junio. Ante lo cual, el magisterio nacional convocó el pasado martes 17 de junio, a una marcha nacional el día jueves, para concentrarse en la Corte Suprema de Justicia, quienes tienen cinco amparos de garantía sobre los secuestros salariales y no han dado respuesta, en un contexto de primer acercamiento con autoridades del gobierno y de la iglesia católica donde esperamos que haya verdadera voluntad política de escuchar al magisterio y pueblo panameño.
Denunciamos que el miércoles 18 de junio, se une una acción más de represión, persecución selectiva y detenciones arbitrarias, contra Felipe Cabezas, abogado y dirigente colonense, incansable defensor del pueblo; contra docentes como maestra Guadalupe Camargo, Directiva de AEVE, Iván Rodríguez, Raúl Gutiérrez, Alexis Guevara y Ricardo Andrade.
Reiteramos nuestro apoyo solidario a la legítima lucha encabezada por la ALIANZA PUEBLO UNIDO POR LA VIDA, en general y a la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP), de la cual forma parte nuestra hermana organización Frente reformista de Educadores de Panamá (FREP), a la Unión de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (UNECEP) y al Frente de Acción Magisterial (FAM) donde forma parte la Asociación de Profesores de Panamá (ASOPROF).
Instamos al presidente José Raúl Mulino para abrir un camino de diálogo que conduzca a escuchar y tramitar estas justas reivindicaciones. A su vez, a detener de inmediato la campaña de criminalización contra dirigentes indígenas y sindicales como Saúl Méndez, Genaro López y Jaime Caballero; contra dirigencia estudiantil, como Eduardo García, del grupo estudiantil FER29, expulsado sumariamente de la Universidad de Panamá; incluso, confiscando cuentas bancarias de sindicatos y cierre la cooperativa. Así mismo, manifestamos nuestra solidaridad con la familia del joven adolescente del pueblo Emberá de Arimae, Darién, asesinado por defender las justas causas de este movimiento nacional de lucha.
¡Alto a represión, persecuciones selectivas, detenciones arbitrarias, criminalización y judicialización contra el magisterio, sector obrero, de salud, comarcas indígenas y puebloen general quienes luchan por justicia, dignidad y soberanía!
¡Respeto a los pueblos indígenas Ngöbe del Oriente Chiricano, Bocas del Toro y Emberá de Arimae!
¡Esta Caja tiene dueño, es del pueblo panameño!
¡No a la minería contra las comarcas y comunidades indígenas!
¡Por una educación de los pueblos y para los pueblos!
¡Sin lucha no hay victoria!
¡Pueblo panameño: firmes 55 días de huelga nacional!
Por la Red Social para la Educación Pública en América:
Steve Stewart Secretario Técnico 19 de junio de 2025.
Es innecesario recordar que la CCSS sufre de un déficit presupuestario que está teniendo terribles consecuencias, especialmente, para los “Ciudadanos de Oro” que inevitablemente acuden a sus hospitales y clínicas. Las camas y demás espacios del sistema de salud de la Caja, son ocupados en más del 65% por venerables ancianitos. Casi no hay familia que no haya sufrido, por las condiciones en que, por escasez de recursos, los abuelitos y abuelitas han tenido que engrosar listas de espera para un tratamiento médico, y a veces, pasar dos o tres días en condiciones incómodas, impropias, dolorosas, sin poder salir de salas de emergencia, por falta de espacio en salones, también inadecuados, y con grandes limitaciones en el número de médicos, enfermeros, asistentes. Espacios, por cierto, diseñados para pacientes más jóvenes con mayores facilidades de movilidad, como la altura de las camas y las instalaciones de aseo. Muchos hemos sufrido al ver cómo ha habido necesidad de «amarrarlos» de sus camas, ante la insuficiencia de personal que los pudiesen atender las 24 horas. Faltan medicamentos y equipos, y adecuados.
Ancianos que después de haber entregado heroicamente su vida, a los hijos que cuidaron desde el día de su nacimiento, hoy solo Dios los puede proteger, de cualquier hospitalización por enfermedad grave, que los haga pasar por indescriptibles penalidades.
Y es que, por más amor aportado por el personal de salud, no tiene nuestro buen sistema hospitalario de la Caja, respuestas viables para enfrentar los cambios demográficos que aceleradamente han envejecido nuestra población. Cada día son más los «Ciudadanos de Oro», así como las enfermedades inherentes a su edad, a los que les ha llegado el momento de recibir el amor y protección que demandan y merecen.
Hoy no alcanza el dinero y la situación se agravará en pocos años, cuando tal población mayor de 65 años superará, la cifra de 1.000.000, lo que nos hace vislumbrar una situación desesperante, dolorosa, inmerecida, que se profundizará inevitablemente… ¡Si no hacemos lo correcto hoy! Y lo correcto es buscar cómo enfrentar con medidas concretas, ese angustiante problema nacional. Indudablemente el más importante que hemos de solucionar como proyecto país.
Pero ¿Cómo enfrentarlo si no tenemos recursos?, se estará preguntando usted; pues resulta que sí contamos con recursos financieros suficientes para esa magna tarea. Y los tenemos en un pequeñito espacio de nuestro territorio. En un área menor al Parque Metropolitano de La Sabana, donde los costarricenses tenemos un yacimiento de oro que, según los estudios de la empresa extranjera que lo iba a explotar, puede producir unos US$2.500 millones en una década. Cifra real, no especulativa, sustentada en la producción anual de solo tres toneladas de oro (lejos de las cien o más que se extraen en algunas minas en Latinoamérica), que estuvimos a punto de perder si se hubiera ejecutado una atropellada concesión. Y, muy importante, podemos hacerlo ahora sin necesidad de reformar el Código de Minería, porque al ser el mismo Estado el que haría la explotación, no requiere (sería una insensatez) que se le otorgue una concesión (que están prohibidas) cual, si se tratara de un ente privado, que sí las requiere.
Ante la urgencia, hacemos un llamado para que se vea nuestro oro de crucitas, como una solución complementaria, al déficit financiero de la Caja, la cual, como consecuencia directa, también tendría más recursos para enfrentar las inhumanas listas de espera, y el atribulado régimen de pensiones.
Rogamos pues, para que la idea del sistema hospitalario integral que hemos llamado “Hospital del Oro” sea valorada. Se trata de que la CCSS diga ¡presente, aquí estamos!, y se disponga a buscar respuestas a las necesidades que le aquejan, no solo en los 1045 EBAIS que, igualmente, ya ven superada su capacidad de atención primaria, sino también en todos los hospitales que, por lo general, no tienen espacios adaptados para acoger, al más importante sector de pacientes. “Ciudadanos de Oro” que aparte de las 140 camas del magnífico Hospital Geriátrico Raúl Blanco Cervantes, no queda más que atenderlos, bajo condiciones inadecuadas en hospitales diseñados para pacientes más jóvenes, de un amplio rango de edades, donde no encontramos salas especializadas para los abuelitos y abuelitas, que presentan conocidas necesidades especiales, pero que son acogidos en centros de salud, que presentan facilidades materiales que impiden incluso, el pleno cumplimiento de la Ley Nº7600.
Para un proyecto tan urgente y necesario, los expertos en salud que tenemos en Costa Rica harían los planes que mejor consideren adecuados en el marco de la CCSS y el Ministerio de Salud. Quizá, podrían pensar en adecuar los centros de atención primaria y hospitales de toda categoría, para que cuenten con secciones especializadas para esos ciudadanos, mediante ampliaciones, o quizá en la construcción de otros hospitales regionales de geriatría o incluso, en uno central de especialidades médicas, para la atención de enfermedades predominantes en ese venerado sector de población. No se trata de un hospital, sino de un sistema hospitalario, donde también se habrá de considerar modestas facilidades, para familiares que, desde regiones alejadas, han de estar asistiendo a sus abuelitos internados, lejos de sus casas.
Asimismo, no es despreciable el beneficio colateral que obtendría la Caja, al dedicar esa fuente extraordinaria de recursos para atender exclusivamente a las personas de la tercera edad. Las hoy interminables “listas de espera” que como consecuencia de la escasez financiera y de especialistas, provocan desazón en miles de pacientes y sus familiares, también se verían disminuidas conforme más y más ciudadanos mayores vayan siendo atendidos en los espacios diseñados para ellos. Así, en poco tiempo, alrededor de un 65% de los espacios, equipos, medicamentos, exámenes de laboratorio, consulta externa, cirugías, etcétera, que hoy son compartidos con otros pacientes, se irán liberando, y, por ende, la Caja contará con mucho mejores condiciones para el cumplimiento de su abnegada labor. ¡Todos salimos ganando!
Por lo resumido, estamos convencidos que, el noble pueblo de Costa Rica tiene la formidable oportunidad, de dejar un legado histórico de inmensas repercusiones, para futuras generaciones, como lo fue hace más de seis décadas, el Hospital Nacional de Niños, cuando la situación demográfica era diametralmente opuesta, y, como lo es quizá, el de los tres grandes reformadores sociales de la Costa Rica de los años 40.
Para alcanzar ese logro, estamos urgidos de la decisión política que no puede esperar. Y es que, no existe ningún otro país en donde la riqueza mineral de su subsuelo, perteneciente a toda la comunidad como bien demanial, se dedique a la atención de sus “Ciudadanos de Oro”, de los que más lo necesitan y, más importante, de los que lo merecen. ¿Acaso podría pretenderse un mejor aprovechamiento de la riqueza de ese mineral localizado en Crucitas, antes de que, por azar político, se le asigne otro destino menos beneficioso para Costa Rica?
¡Unamos pues voluntades, para hacer realidad el formidable sistema hospitalario llamado “Hospital del Oro”! que, obviamente, se desarrollaría guardando estricta atención a las particularidades ambientales, que conlleva un proyecto de minería como el que habremos de hacer realidad para los costarricenses. Proyecto indiscutiblemente, urgente, razonable, único, y más importante, posible, si nos lo proponemos.
Por último, y de gran importancia, ha de anotarse que, desde el instante en que los funcionarios gubernamentales, inicien las primeras acciones conducentes a la ejecución del proyecto, se acabaría el impune robo de nuestro oro y los problemas ambientales que se están dando, en ese yacimiento..
Leí con indignación en Semanario Universidad un artículo sobre lo que está ocurriendo con los fondos no ejecutados por el Ministerio de Hacienda, por el ministro de Hacienda Nogui Acosta, para programas esenciales del Ministerio de Educación Pública, MEP, y que es sencillamente, un crimen contra la niñez costarricense.
No se trata de una falla técnica, ni de un simple retraso administrativo, es un acto deliberado de abandono institucional, que golpea directamente a miles de niños y niñas en situación de pobreza y que para muchos el comedor escolar representa, literalmente, su única comida del día.
El hecho de que ₡14.000millones, aprobados desde el año anterior por la Asamblea Legislativa, sigan sin transferirse, y que más de ₡5.700 millones estén detenidos mientras los comedores escolares enfrentan carencias, es una muestra brutal de la desconexión entre el discurso oficial y la realidad que vive la mayoría del país. Es aún más indignante cuando se recuerda que, incluso durante la pandemia, el Estado mantuvo la entrega de paquetes alimentarios. ¿Cómo es posible que hoy, en una supuesta “normalidad”, se retroceda de esta forma?
Esto no es solo una negligencia. Es una política de desprecio hacia la infancia pobre costarricense. Mientras el gobierno habla de “eficiencia, contención del gasto y reformas estructurales”, hay niños y niñas que van a la escuela con hambre, que no pueden concentrarse, que abandonan sus estudios, que enferman, que pierden su infancia por culpa de un Estado que les da la espalda. Si a eso le agregamos que vivimos 6 años de congelamiento salarial para la clase trabajadora y que los padres de familia se ven “a palitos” para llegar a fin de mes, la situación de las familias costarricenses es brutal.
El hambre infantil no puede esperar a que el gobierno de Rodrigo Chaves y su títere en Hacienda decidan pagar, como no lo hace con la CCSS. La niñez costarricense no puede ser rehén de cálculos fiscales ni de juegos políticos, esta situación exige respuestas inmediatas, porque cada día que pasa sin esos recursos es un día de injusticia, exclusión y maltrato institucional, que con frialdad castiga a la población más vulnerable. El Estado tiene la obligación constitucional, moral, legal y política de protegerla. Lo demás es complicidad.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) anuncia que recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado, por violaciones graves, sistemáticas y sostenidas al derecho a la salud, consagrado en la Constitución Política y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Actualmente más de 1.300.000 personas se encuentran en listas de espera para citas y procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos especializados, mientras el Gobierno mantiene una deuda superior a los ₡4.4 billones con la institución, debilitando su operatividad y sostenibilidad.
Este incumplimiento pone en grave riesgo la gestión sanitaria que atenta contra el derecho a la vida y la salud de millones de personas.
El Tribunal Constitucional ha declarado de manera reiterada que esta situación configura una violación sistemática a derechos fundamentales, se suma lo advertido por la Contraloría General de la República, sobre manipulación y ocultamiento de datos en las listasde espera, evidenciando una estrategia maliciosa de desinformación institucional que agrava aún más la emergencia sanitaria.
UNDECA tiene casos documentados que confirman que hay pacientes con citas que alcanzan casi 20 años, mientras que fraudulentamente se continúan “blanqueando” las listas, con personas que se omiten o a quienes solo les entregan una «boleta de espera de llamada», sin fecha, sin registro, y sin garantía alguna.
Algunos legisladores han denunciado el trágico deceso de al menos 5.000 personas, esperando atención médica.
“El abandono de las obligaciones del gobierno de Chaves no puede seguir siendo normalizado. La negación del acceso a la salud en condiciones dignas y oportunas constituye una forma de violencia estructural contra la población, y particularmente contra los sectores más vulnerables.
UNDECA reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de la CCSS y el acceso a salud pública, solidaria y digna.
Por eso, recurriremos ante el sistema interamericano para exigir la justicia que las más altas autoridades jerárquicas de la Caja le están negando a 1 millón de personas”, señaló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
El Parlamento Cívico Ambiental manifiesta públicamente suprofunda preocupación y enérgico rechazoante la exclusión deliberada de representantes científicos costarricenses durante laTercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), llevada a cabo en Niza, Francia, en junio de 2025.
La situación se torna especialmente alarmante tras conocerse que el Gobierno de la Repúblicaretiró las acreditaciones previamente otorgadasa destacados científicos nacionales como laDra. Cindy Fernández, elDr. Jorge Cortésy elDr. Juan José Alvarado, así como a otras personas cuya identidad y afiliación institucional aún no han sido debidamente aclaradas.
Esta acción representa no solo unafalta de respeto hacia la comunidad científica nacional, sino que también contradice el discurso oficial que promueve la ciencia, la sostenibilidad y la participación ciudadana en espacios multilaterales.
Ante esta situación, el Parlamento Cívico Ambientalexige respuestas claras e inmediataspor parte de las autoridades correspondientes, en relación con los siguientes puntos:
¿Quién dio la orden de retirar las acreditaciones de los 18 delegados costarricenses?
¿Cuáles fueron los criterios utilizados para excluir a estos representantes, particularmente a figuras académicas de la Universidad de Costa Rica y de organizaciones de la sociedad civil?
¿Quiénes integraron finalmente la delegación oficial costarricense y con base en qué criterios fueron seleccionados?
Estas interrogantes que no son menores:apuntan a la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad de la política exterior costarricense, especialmente en temas tan cruciales como la gobernanza oceánica.
El Parlamento Cívico Ambiental recuerda queCosta Rica no puede aspirar a liderar procesos internacionales en materia marina si a nivel interno, excluye deliberadamente a quienes han contribuido con años de investigación y compromiso técnico y científico.
Por ello, las organizaciones que componen el Parlamento Cívico Ambienta solicitan formalmente a laComisión de Ambiente de la Asamblea Legislativaconvocar a unaaudiencia públicacon la participación delMINAE, elMinisterio de Relaciones Exteriores y Culto, los científicos excluidos y representantes de la sociedad civil, con el fin deesclarecer estos hechosy evitar su repetición en futuras instancias internacionales.
Costa Rica merece una política científica coherente, participativa y basada en evidencia.
“No hay sostenibilidad posible sin transparencia”.
El informe “La estrategia es doblegarnos”, publicado por Human Rights Watch (HRW) el 22 de mayo de 2025, documenta los relatos de 36 personas migrantes trasladadas desde Estados Unidos a Costa Rica. El operativo ocurrió entre febrero y marzo de 2025 y es parte de un acuerdo migratorio bilateral entre ambos países, mediante el cual Costa Rica aceptó recibir hasta 200 personas migrantes de «terceros países» bajo coordinación y financiamiento del gobierno estadounidense.
Las personas trasladadas fueron alojadas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), en Corredores, Puntarenas. El informe recoge testimonios sobre la detención en EE. UU., el traslado forzado, las condiciones de permanencia en Costa Rica, el impacto en niñas y niños, y las opciones legales ofrecidas.
Detención prolongada y sin acceso a asilo en Estados Unidos
La mayoría de las personas entrevistadas por HRW fueron detenidas por agentes migratorios en la frontera sur de Estados Unidos. Permanecieron en centros de detención fronterizos conocidos como “hieleras” por sus temperaturas extremadamente bajas, por periodos de entre una y siete semanas.
Durante ese tiempo, 34 de las 36 personas no recibieron la entrevista de miedo creíble, que es un procedimiento estándar del sistema migratorio estadounidense para identificar si la persona teme ser perseguida en su país de origen. Esta entrevista activa el proceso de solicitud de asilo.
El informe señala que muchas personas expresaron temor de volver a su país, pero no fueron escuchadas ni orientadas. En lugar de ello, fueron presionadas para firmar documentos sin entender su contenido, en algunos casos sin interpretación en su idioma. Dichos documentos eran formularios de deportación voluntaria, que impiden solicitar protección posteriormente.
Separaciones familiares y falta de garantías
HRW documentó al menos un caso de separación familiar injustificada: una mujer afgana fue enviada a Panamá mientras su esposo e hijo menor quedaron en Estados Unidos. La mujer no fue informada sobre el destino de sus familiares ni se le explicó por qué fue separada.
Este tipo de separación ha sido señalado en informes previos como una práctica que genera angustia psicológica, especialmente en contextos donde los menores quedan sin cuidado parental.
Otras personas narraron que no se les permitió comunicarse con familiares o abogados mientras estuvieron detenidas, lo que limitó su capacidad de buscar apoyo o entender su situación legal.
Traslado bajo custodia y uso de grilletes
El viaje desde Estados Unidos hasta Costa Rica se realizó en vuelos comerciales, según HRW, bajo custodia de agentes de seguridad. Las personas adultas fueron esposadas de pies y manos, y algunas viajaban con sus hijas o hijos menores, quienes presenciaron el encadenamiento.
Testimonios recogidos por HRW señalan que esta práctica fue especialmente traumática para los niños y niñas. Personas entrevistadas indicaron que la seguridad fue excesiva, ya que no eran personas acusadas de ningún delito penal, sino solicitantes de protección.
Llegada a Costa Rica: falta de información y vigilancia
Tras su llegada al Aeropuerto Juan Santamaría, las personas fueron transportadas en autobús hacia el CATEM, ubicado a más de 300 kilómetros, en el cantón de Corredores, cerca de la frontera con Panamá.
Los testimonios indican que, durante el proceso de traslado, nadie les explicó cuál era su situación migratoria, ni se les brindó información sobre sus derechos en Costa Rica. Al ingresar al CATEM, sus pasaportes y documentos fueron retenidos por las autoridades migratorias sin justificación legal comunicada.
En el CATEM, las personas señalaron que no podían salir libremente, ya que estaban bajo vigilancia armada constante. Aunque no se trata formalmente de una cárcel, los testimonios describen el lugar como un espacio cerrado, sin acceso libre a medios de comunicación ni asistencia legal.
Condiciones de alojamiento y trato diferenciado
Las personas entrevistadas describen que el CATEM carece de ventilación adecuada, con temperaturas internas muy altas. Se reportó que muchas dormían en catres sin colchón, compartiendo espacios sin divisiones por sexo o vulnerabilidad.
Algunas personas señalaron que se hicieron divisiones internas por idioma, no por situación familiar o de salud. Los sectores de habla hispana fueron descritos como más precarios que los de otras lenguas.
Migrantes originarios de países fríos, como Rusia, reportaron alergias, deshidratación y fiebre asociadas al clima y a la falta de adaptación. También expresaron dificultades para acceder a agua embotellada o atención médica oportuna.
Barreras lingüísticas e incomunicación
Los testimonios reflejan una falta generalizada de intérpretes en el CATEM. Las instrucciones eran dadas en inglés o ruso, y las personas hispanohablantes señalaron que no comprendían lo que se les decía ni podían expresar sus necesidades. Esto afectó especialmente la comprensión de los pasos legales a seguir, el acceso a atención médica y el derecho a iniciar solicitudes de refugio o de protección humanitaria.
Niñez migrante: falta de atención diferenciada
Del total de personas trasladadas, 81 eran niñas, niños o adolescentes, quienes también fueron alojados en las mismas condiciones generales. HRW reporta que no se habilitaron espacios específicos ni protocolos diferenciados para la niñez, pese a que Costa Rica ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño.
Familias entrevistadas indicaron que no hubo presencia continua de personal del PANI (Patronato Nacional de la Infancia), y que las niñas y niños permanecían en el CATEM sin acceso a educación, actividades recreativas, o atención psicológica especializada.
A raíz de esta situación, un grupo de abogados presentó una denuncia ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, alegando que se estaban violando los derechos de la niñez migrante [AP News, 2025].
Opciones ofrecidas: desinformación y falta de garantías
En el CATEM, las personas migrantes informaron que se les presentaron tres opciones, solicitar refugio en Costa Rica, acogerse a un “estatus humanitario temporal”, regresar a su país con apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
No obstante, muchos testimonios indican que estas opciones no fueron explicadas claramente, y que no comprendían las implicaciones legales de cada una. En algunos casos, decidieron regresar a sus países sin contar con información completa, debido al cansancio y la incertidumbre. Otros expresaron temor de que, si pedían refugio, quedaran en un limbo legal, sin trabajo, sin permisos ni apoyo.
El acceso a la salud es un derecho humano fundamental, garantizado tanto por la Constitución Política como por la Ley General de Salud. En Costa Rica, este derecho también protege a las personas migrantes, sin distinción de nacionalidad, y puede ejercerse mediante el sistema público de salud administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
A continuación, se explican las vías disponibles para acceder a los servicios de salud, tanto mediante afiliación directa como en situaciones de emergencia.
1. Aseguramiento directo en Costa Rica
La CCSS es la institución encargada de prestar servicios de salud y gestionar los seguros médicos en el país. Las personas migrantes en condición regular pueden afiliarse mediante diferentes modalidades de aseguramiento, según su situación laboral o socioeconómica:
Trabajador asalariado: para personas con cédula de residencia, permiso de trabajo o estatus de refugiado o asilado.
Trabajador independiente: para quienes trabajan por cuenta propia y tienen residencia legal o condición de refugio (no aplica a solicitantes de refugio).
Pensionado: del régimen contributivo o no contributivo.
Cotizante voluntario: incluye la modalidad de Asegurado Migrante, para personas extranjeras regulares no asalariadas ni independientes, pero quedeseen pagar directamente su afiliación al sistema de salud (y opcionalmente al régimen de pensiones).
Seguro por cuenta del Estado: para familias en condición de pobreza o pobreza extrema, registradas en SINIRUBE o calificadas por el IMAS.
Protección Familiar: para personas que viven o dependen económicamente de otra persona asegurada.
2. ¿Cómo acceder si usted es solicitante de refugio o persona refugiada?
Las personas que han solicitado refugio o tienen el estatus de refugiadas pueden acceder al seguro médico a través del convenio ACNUR–CCSS, firmado entre la Caja Costarricense de Seguro Social y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Este convenio permite asegurar gratuitamente a miles de personas. En 2024, ACNUR aportó ₡1 050 millones al Fondo de Enfermedad y Maternidad, y más de 5 300 personas fueron cubiertas bajo esta modalidad, el 69 % de ellas mujeres.
¿Cómo aplicar?
Ingrese al sitio web oficial de ACNUR Costa Rica: https://help.unhcr.org/costarica/conv
Busque el formulario llamado “Formulario de Datos Médicos”
Complete los datos solicitados: nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, lugar de residencia, número de contacto, información médica y el consentimiento informado.
Espere la validación y asignación de cupo. Debe saber que ACNUR prioriza a personas en situaciones más vulnerables. En algunos casos, hay listas de espera.
Una vez que la solicitud ha sido aceptada, puede recibir atención integral de forma gratuita en EBAIS, clínicas, hospitales, emergencias, laboratorio, entre otros.
3. ¿Quiénes pueden recibir atención sin estar asegurados?
Existen situaciones especiales en las que las personas pueden recibir atención sin estar afiliadas a la CCSS:
Niños y niñas de 0 a 6 años, o menores integrados al sistema educativo.
Mujeres embarazadas.
Adultos mayores.
Personas con enfermedades contagiosas o que requieren tratamiento obligatorio (como VIH).
Todas las personas en casos de emergencia médica.
Debe saber que, en este último caso, el servicio de salud se brinda primero y se cobra después si no hay afiliación vigente.