Ir al contenido principal

Estudio evidencia las condiciones de precariedad que enfrentan familias indígenas y afrodescendientes de la Muskitia nicaragüense desplazadas en Costa Rica

Entre los principales hallazgos, destacan que en el exilio persisten y se profundizan condiciones de alta vulnerabilidad: ingresos insuficientes, empleos precarios, barreras de acceso a la educación, dificultades para acceder a servicios de salud y vivienda inadecuada se suman a las barreras migratorias y al riesgo de pérdida del idioma y de prácticas culturales como la medicina tradicional y las formas de organización comunitaria, elementos que son clave en la transmisión identitaria.

El pasado 6 de noviembre, se presentaron en la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED), los hallazgos de la investigación: “Del territorio al exilio forzado en Costa Rica: Causas del desplazamiento forzado y condiciones de vida de la población indígena y afrodescendiente de la Muskitia de Nicaragua”. En la presentación se destacó que la mayoría de los hogares indígenas y afrodescendientes originarios de la Muskitia de Nicaragua, desplazados forzosamente y establecidos en Costa Rica, sobrevive con ingresos mensuales inferiores a ₡150.000. Además, más de seis de cada diez hogares encuestados habitan en cuarterías y siete de cada diez personas no acuden a un centro de salud por falta de seguro médico o aseguramiento social.

La investigación fue realizada por la organización indígena Prilaka, con el apoyo del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED, la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA) de la Universidad Nacional (UNA), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Servicio Jesuita para Migrantes. El diagnóstico se construyó a partir de una encuesta aplicada a 309 hogares, integrados por 672 personas. La encuesta se aplicó casa a casa y por llamada telefónica entre junio y agosto de 2024. El 93.5% de los hogares encuestados corresponde a los cuatro principales asentamientos donde se concentra la población: Pavas, La Carpio, Concepción de Alajuelita y Purral, ubicados en la provincia de San José y a través del método de bola de nieve también se incluyó a personas que se encontraban dispersas en otras localidades fuera de la zona capitalina de San José. El análisis de los resultados se complementó con revisión bibliográfica y diálogos comunitarios realizados durante el año 2025.

Un desplazamiento forzado que aumenta y se acumula por factores multicausales

El estudio identifica una tendencia creciente del desplazamiento forzado desde 2014, con incrementos importantes entre 2022 y 2023 y durante 2024. Sus resultados muestran que no se trata de un fenómeno súbito, sino de un proceso acumulativo y progresivo, relacionado con distintas formas de violencia, ocupación y despojo que persisten en los territorios indígenas y afrodescendientes de la Muskitia. Otro hallazgo relevante es que más del 50% procede de zonas rurales.

“Entre las principales causas señaladas para la población de procedencia rural destacan la invasión de colonos y el deterioro de las condiciones de vida. También aparecen la persecución y criminalización de liderazgos, las afectaciones por desastres naturales, la violencia de género y la reunificación familiar. En el caso de quienes proceden de las cabeceras municipales, entre los principales factores de desplazamiento figuran el deterioro de las condiciones de vida, la persecución política y la violencia de género” destacó Alejandra López, socióloga costeña y una de las investigadoras del estudio.

La población encuestada procede principalmente de municipios del Caribe Norte, como Puerto Cabezas, Waspam, Rosita, Siuna, Bonanza y Prinzapolka, así como del Caribe Sur, entre ellos Bluefields, Corn Island, Laguna de Perlas y la Desembocadura de Río Grande. En cuanto a su composición étnica, predomina el pueblo Miskitu, que representa el 88,8% de las personas encuestadas, aunque también se registra la presencia de población Mayangna, Creole, y Garífuna.

Ingresos insuficientes y empleos precarios

Las condiciones de inserción económica en Costa Rica reflejan un ciclo de vulnerabilidad persistente. El 36,2% de los hogares encuestados reportó ingresos mensuales de entre ₡50.000 y ₡150.000, mientras que el 15,2% percibía ₡50.000 o menos. Apenas un 2,3% registró ingresos superiores a ₡500.000 al mes. Además de esto, se encontró que aproximadamente en siete de cada diez hogares, una sola persona constituye la principal fuente de ingresos.

La concentración en niveles de educación primaria y secundaria tiene incidencia en los principales nichos laborales en los que se inserta la población. El estudio señala que las principales ocupaciones son de baja cualificación, principalmente se concentran en: ayudantes en construcción, trabajo doméstico, limpieza de oficinas, seguridad y cuidado de personas. Las dificultades para acceder a la regularización migratoria por la falta de una atención en el propio idioma y las largas esperas; los bajos niveles de escolaridad y la falta de acceso a información con pertinencia lingüística y cultural limitan las posibilidades de acceder a los empleos formales y mejor remunerados.

El diagnóstico también advierte sobre las consecuencias de estas condiciones laborales. Limi Ocampo, líder indígena, fundador e investigador de Prilaka remarcó que “las personas que trabajan sin contar con una situación migratoria regularizada pueden quedar expuestas a explotación, incumplimiento del pago de salarios y ausencia de aseguramiento social. Aunado a esto, el temor a denunciar y las dificultades para realizar trámites, profundizan su vulnerabilidad”.

A esto se suman las barreras de acceso a la educación formal en Costa Rica. Según el estudio, 9 de cada 10 personas jóvenes y adultas encuestadas no han tenido acceso a estudios universitarios. Entre la población de 13 a 19 años, el 54,7% no asistía a ningún centro educativo. Estas limitaciones reducen las oportunidades de formación y dificultan romper el ciclo de precariedad laboral y económica.

Vivienda y salud: otras dimensiones de la precariedad

Las dificultades económicas también se expresan en las condiciones de vivienda. El 61,2% de los hogares encuestados vive en cuartos de cuartería y un 16,2% en viviendas ubicadas en precarios. El 56,6% de las unidades habitacionales dispone únicamente de uno o dos cuartos para el descanso, mientras que el 7,4% de la población no cuenta con espacios separados para dormir.

El acceso a condiciones adecuadas para preparar alimentos también representa una dificultad: el 34,3% no dispone de una división exclusiva para cocina y el 34,6% debe compartir ese espacio con otras personas. Estas condiciones reflejan las limitaciones que enfrentan las familias para desarrollar su vida cotidiana con privacidad, seguridad y dignidad.

El acceso a la atención médica es limitado por la falta de seguro social. El estudio señala que, cuando existe cobertura, suele estar vinculada al empleo formal y que parte de las familias desconoce los beneficios a los que podría acceder por medio del aseguramiento de otra persona del hogar.

El desplazamiento también impacta en la reproducción de la cultura y la identidad

Uno de los aportes centrales de la investigación es documentar las consecuencias del desplazamiento que no siempre aparecen en los indicadores económicos y sociales: el riesgo de pérdida de la cultura y de la identidad, la pérdida de conocimientos ancestrales asociados a la gastronomía, las prácticas comunitarias y las formas de relación con el territorio.

Uno de los principales hallazgos revela que aunque el 88,8% de las personas encuestadas se identifica como Miskitu, Mayangna, Creole o Garífuna; el uso de las lenguas maternas se concentra principalmente en los espacios privados. En el caso de la población Miskitu, por ejemplo, el 82,9% utiliza su lengua materna en espacios privados, mientras que solamente el 0,6% lo hace en espacios públicos. Esta situación evidencia el riesgo de que las lenguas indígenas pierdan presencia en la vida cotidiana, especialmente entre las nuevas generaciones.

Los medios de vida también cambian al dejar atrás los territorios de origen. Entre las transformaciones señaladas aparecen las dificultades para pescar, sembrar, cazar y caminar por el bosque, actividades que forman parte de las prácticas cotidianas y de las formas de subsistencia de estas comunidades. La investigación recoge testimonios sobre los cambios en la convivencia familiar, la recreación de niñas y niños y las posibilidades de expresarse libremente en las lenguas propias.

El diagnóstico también plantea que la adaptación en el exilio no puede limitarse a resolver necesidades materiales inmediatas. Aun cuando se logren satisfacer necesidades básicas, esto no garantiza por sí mismo la continuidad de las identidades y culturas indígenas y afrodescendientes. La reproducción cultural requiere condiciones para que las comunidades puedan mantener sus formas de organización y construir nuevas maneras de vivir su identidad en el exilio.

La necesidad de una respuesta institucional sostenida y culturalmente pertinente

Entre sus conclusiones, el estudio identifica barreras en el acceso a la protección internacional y la regularización migratoria, la educación, el empleo formal, la seguridad social y la atención médica. También advierte que la respuesta institucional existente resulta insuficiente cuando se limita a atenciones puntuales, sin una estrategia de largo plazo que transforme las condiciones de vida de las familias y considere sus particularidades culturales y lingüísticas.

Para las universidades y las instituciones costarricenses estos hallazgos constituyen un aporte muy importante a la generación de información sobre una población que ha permanecido invisibilizada en las estadísticas y políticas públicas, debido, entre otros factores, a la ausencia de información oficial desagregada por pertenencia étnica. Contar con datos sobre sus condiciones de vida constituye un paso necesario para reconocer sus derechos y construir respuestas adecuadas a la realidad del desplazamiento forzado, destacan las y los investigadores.

El estudio también invita a reconocer el papel de las propias organizaciones indígenas en el acompañamiento con pertinencia a las personas desplazadas en los procesos de inserción digna, la preservación de las lenguas, las prácticas culturales y las formas de organización comunitaria. La atención a esta población no puede reducirse a su condición migratoria: implica reconocer su historia, sus derechos colectivos, sus identidades y su capacidad de construir comunidad más allá de sus territorios de origen.

Fuente: Prilaka (2026). Del territorio al exilio forzado en Costa Rica: causas del desplazamiento forzado y condiciones de vida de la población indígena y afrodescendiente originaria de la Muskitia de Nicaragua.

Elaborado con apoyo de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional (IDELA-UNA).

Reacciones y declaraciones sobre el estudio:

Msc. Sharon López Céspedes directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA-UNA) dijo “En junio pasado, el IDELA suscribió un acuerdo (UNA-AA-IDELA-ACUE-005-2026) mediante el cual expresamos nuestra profunda solidaridad y consternación por la muerte de Brooklyn Rivera Bryan. Al mismo tiempo, manifestamos nuestra preocupación por la situación de otras personas indígenas que permanecen privadas de libertad o en condición de desaparición forzada. En ese acuerdo también pusimos a disposición de las organizaciones y los pueblos de la Muskitia las capacidades de nuestro espacio académico, para contribuir, desde nuestras posibilidades, a sus esfuerzos y luchas.

Desde entonces hemos tenido la oportunidad de colaborar en distintos encuentros, contribuir a la difusión de esta problemática, abrir espacios de comunicación y apoyar iniciativas como la que hoy nos convoca. En esa misma dirección se inscribe la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA, una iniciativa que nace con el propósito de profundizar este trabajo, fortalecer el acompañamiento y generar nuevos espacios de articulación con las organizaciones y los pueblos que defienden sus derechos y sus territorios”.

Andrés Celis Neira, representante del ACNUR en Costa Rica aseguró: “Creo, uno, recordar que la situación de pueblos indígenas y la situación en el Caribe nicaragüense no es algo que viene con el 2018, es una situación previa que ha continuado presentándose durante todo este tiempo, que los impactos tienen una dimensión que ponen en riesgo la supervivencia cultural, la identidad del pueblo y que es necesario ser sensible frente a eso.

Y nos muestra una gran diferencia en datos, o sea, la situación de los pueblos indígenas que están en Costa Rica de origen nicaragüense no es la misma la del resto de la población nicaragüense, y entender eso es esencial. Esta investigación contribuye en ello, así que el diagnóstico está mostrando la diferencia de cómo impacta a las mujeres, cómo impacta a los niños, a los jóvenes, cómo impacta en el acceso a los servicios de salud, en la educación, al acceso a la vivienda, y cómo impacta sobre todo en ese proceso de mantener la cultura aún en el exilio”.

Juan Carlos Ocampo, líder comunitario Miskitu de Nicaragua dijo “Soy parte del equipo de PRILAKA. A nosotros nos parecía sorprendente que no hubiese mucha información sobre la situación de la población indígena y por eso decidimos contribuir generando una investigación que explicara varios parámetros que nos parecen importantes, entre ellos las causas del desplazamiento desde Nicaragua, pero también la situación de acceso a refugios, la situación migratoria, el acceso al trabajo, el acceso a la salud, el acceso a la educación y también cómo el impacto que tiene el desplazamiento en la reproducción de la cultura, por ejemplo en la lengua, en la medicina tradicional y también en la seguridad alimentaria.

En ese sentido, creo que se tiene una investigación que es muy valiosa porque permite tener una foto o una imagen general de la situación y eso da pie también a generar procesos de acompañamiento más pertinentes, pero también abre varias inquietudes sobre distintos temas en los que hay que profundizar con la investigación. Ojalá tanto las instituciones del Estado de Costa Rica como la cooperación y la sociedad civil puedan utilizar este documento para fortalecer el importante trabajo que ya hacen y esperamos poder continuar de la mano con las universidades avanzando y ampliando las investigaciones que nos interesan”.

Plazo de gobierno, reelección presidencial y de diputaciones

Vladimir de la Cruz

En la vida política y electoral de Costa Rica, desde el siglo XIX empezaron a desarrollarse procesos electorales para la elección de jefes de Estado, diputados y senadores, cuando hubo Senado que elegir.

Los procesos electorales estaban regidos por leyes, y estas eran suficientes para validar los procesos políticos y a las personas electas en sus cargos públicos.

Fue un proceso intenso de aprendizaje el que se impulsó y se fue perfeccionando. Hubo elecciones públicas, directas y de segundo grado, con nombramiento de electores que eran los que terminaban definiendo la elección, cuyo resultado se enviaba al Congreso, o Asamblea Legislativa de la época, para su validación. Los subjefes de Estado y los designados a la Presidencia, equivalentes a las vicepresidencias actuales, eran nombrados por el Congreso.

El voto directo se estableció para las elecciones de 1914, eliminándose las de segundo grado, y el voto secreto se estableció en 1924, lo que fortaleció el voto de conciencia y evitó la presión directa sobre los electores por parte de sus patronos o de personas que tenían poder sobre ellos. Para esos años habían surgido las manifestaciones que luchaban por el sufragio femenino. Las elecciones hasta 1949 excluían a las mujeres y establecían requisitos para ser elector. Había pocos votantes por esta vía, pero así funcionaba y se validaba la sociedad, el poder político y la democracia nacional. Así se construyó el sistema político y democrático que, ya evolucionado, tenemos hoy.

En cuanto a los tiempos de gobierno, estos variaron en distintos momentos del siglo XIX. Durante el período de las Juntas de Gobierno, 1821-1823, estas operaron por períodos no mayores de un año. En el período del Estado, 1824-1848, se reguló un mayor tiempo de gobierno, que en ese momento no superaba los tres años.

Desde el inicio de la República, en 1848, hasta 1948, los períodos se regularizaron en tres y cuatro años. Hubo el caso de uno de los gobiernos de Juan Rafael Mora Porras, que fue de seis años, 1853-1859.

A partir de 1949, con la Segunda República, se estableció el período de gobierno en cuatro años, lo que se ha cumplido hasta hoy.

Hubo luchas en defensa del sufragio, con manifestaciones populares inmensas para la época, como las movilizaciones ciudadanas que culminaron el 7 de noviembre de 1889 para defender el resultado electoral, fecha que se ha establecido como efeméride nacional.

En las elecciones del primer tercio del siglo XX, una persona podía participar como candidata a diputada en varios partidos a la vez. Así, por ejemplo, en las elecciones de medio período 1930-1934, Otilio Ulate Blanco participó como candidato en dos partidos: en el Partido Alianza de Obreros y Campesinos, en el segundo lugar por San José, acompañando en el primer lugar a Joaquín García Monge, y en el primer lugar de otro partido como candidato por Alajuela, por el que salió electo diputado. A su vez, Marcial Fallas Díaz participó en la misma provincia de San José como candidato en dos partidos, el Unión Provincial y el Republicano Constitucional. Igual hizo Alberto Chavarría Escalante, en dos partidos, el Renovación Nacional y el Republicano Constitucional.

Los resultados electorales, hecho el escrutinio de ley, se pasaban al Congreso para su validación y decisión final. Así, por ejemplo, en las elecciones de 1913-1914 se presentaron como candidatos presidenciales Rafael Iglesias Castro, Máximo Fernández y el doctor Carlos Durán Cartín. Ninguno obtuvo el porcentaje necesario para ser electo, por lo que el Congreso debía decidir entre ellos. No se pusieron de acuerdo ni los candidatos ni los diputados, de modo que el Congreso terminó nombrando a los designados a la Presidencia, lo cual era potestad legislativa, y así se llamó a Alfredo González Flores, que era el primer designado, para ejercer la Presidencia de la República.

Este mismo procedimiento debió emplearse tras la anulación de las elecciones presidenciales de 1948, lo que no se hizo por el levantamiento militar de José Figueres y la interrupción de 18 meses en los que se quedó gobernando, después de imponérsele a Otilio Ulate con el Pacto del 1 de mayo de 1948, con lo que inició su gobierno de facto. En ese sentido, se barajaba la idea de que, si se procedía a nombrar designados, se considerara a Miguel Brenes Gutiérrez, quien fue el primer ministro de Trabajo, en 1943, en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, y alto mediador político nacional durante el conflicto militar de 1948. Brenes Gutiérrez gozaba de la confianza del gobierno saliente y de Otilio Ulate, no así de Figueres, y también fue diputado constituyente en 1949.

En el siglo XIX la reelección presidencial consecutiva estuvo permitida. Tres casos sobresalientes fueron los de Juan Mora Fernández, el primer jefe de Estado, en tres gobiernos, 1823-1833; Juan Rafael Mora Porras, en tres gobiernos, 1849-1859, cuyo tercer gobierno fue interrumpido por el golpe de Estado del 14 de agosto de 1859, y Rafael Iglesias Castro, con dos gobiernos seguidos, 1894-1902.

El siglo XX no conoció presidentes que se reeligieran de manera inmediata y consecutiva al término de su período. Sí hubo presidentes que alternaron en el ejercicio de la Presidencia, como Cleto González Víquez, en 1906-1910 y 1928-1932, y Ricardo Jiménez, en 1910-1914, 1924-1928 y 1932-1936. Con Ricardo Jiménez se intentó ir a la elección de 1939 con una alianza democrática nacional antifascista, candidatura que no prosperó. También se consideró a Otilio Ulate, lo que tampoco prosperó, y esto obligó al Partido Comunista de Costa Rica a participar solo, con Manuel Mora como candidato, constituyéndose en la segunda fuerza electoral frente a la candidatura de Rafael Ángel Calderón Guardia.

La Constitución de 1949 estableció que un presidente no podía reelegirse de manera sucesiva e inmediata, siendo presidente en ejercicio. Para ello tenían que transcurrir dos períodos presidenciales, establecidos desde entonces en cuatro años. El derecho de reelección presidencial fue eliminado en 1969 y luego, a principios de este siglo, fue restituido, por considerar la Sala IV que no se podían restringir, eliminar o debilitar derechos ciudadanos y políticos establecidos por la Asamblea Nacional Constituyente, pues solo otro poder constituyente originario podía hacerlo.

La discusión sobre la validez de la reelección presidencial consecutiva e inmediata sigue abierta. Está en manos de la Asamblea Legislativa, por el proyecto que ha puesto a conocimiento de las diputaciones el diputado oficialista José Miguel Villalobos. Primero propuso que el presidente pudiera reelegirse cuatro años después de haber dejado el gobierno. Luego modificó la propuesta para que fuera consecutiva, de manera inmediata. En mi opinión, la posibilidad de hacerla inmediata es la correcta, aunque tiene riesgos.

¿Por qué es más correcta esta posición? Por simple lógica. Hoy, un gobierno de cuatro años, con la complejidad de la sociedad y el entorno que nos rodea, plantea grandes retos y desafíos a quien ejerza la Presidencia para impulsar el desarrollo nacional. Un presidente que asume el gobierno en mayo del año electoral se encuentra, en primer lugar, con que el presupuesto nacional de ese año lo diseñó el gobierno que termina en mayo, que le impone un presupuesto aprobado en el noviembre anterior de conformidad con los intereses de quien estaba gobernando. Solo le queda administrar ese presupuesto.

Esta situación hizo que, históricamente, en cada proceso electoral el candidato presidencial que ganaba la elección poco pudiera hacer respecto a la propuesta electoral que había formulado para el ejercicio de gobierno. Esa quizá sea una de las causas del abstencionismo y de la desilusión popular respecto a los partidos gobernantes y sus dirigencias históricas. Además, en mayo la Asamblea Legislativa empezaba sus sesiones ordinarias, en las que solo las diputaciones podían proponer proyectos de ley, situación que en la práctica se prolongaba hasta noviembre. Esto se corrigió con una propuesta que hice en la Comisión de Notables, durante el gobierno de Laura Chinchilla, para que se invirtieran las sesiones parlamentarias, de manera que quien asume la Presidencia entre al gobierno con sesiones extraordinarias, en las que tiene la iniciativa de ley, lo que le facilita impulsar proyectos derivados de su campaña electoral. Esta reforma parlamentaria empezó a aplicarse por primera vez en 2022, al iniciar el gobierno de Rodrigo Chaves, y de nuevo al iniciar la actual administración de Laura Fernández Delgado, sin que ninguno de los dos haya aprovechado esa reforma de manera más decisiva.

Al final del gobierno, en su cuarto año, sucede algo parecido: el presupuesto del año electoral se aprueba en noviembre y el gobierno que lo aprueba termina el 8 de mayo siguiente, lo que en la práctica le resta siete meses de tiempo real de gobierno.

Así, la reelección es necesaria para que un presidente tenga más margen para impulsar su obra política de gobierno y sus compromisos con el electorado y la sociedad nacional.

Frente a cualquier reelección, consecutiva o alterna, las elecciones siempre serán el termómetro de la voluntad popular para determinar si se le debe dar confianza al presidente para otro mandato. Este es el punto principal. Se ha comprobado varias veces con presidentes que no han ganado la confianza del electorado en los procesos electorales en los que han participado.

Estaría también la posibilidad de que, a la par de la reelección o en lugar de ella, se discuta aumentar el plazo de gobierno a seis años. Si se combinan las dos alternativas, reelección y aumento de plazo, se debería acompañar con un referéndum o un plebiscito obligatorio a la mitad del gobierno, a los tres años, para determinar si hay satisfacción con lo actuado y, en consecuencia, si el presidente debe separarse del cargo o continuar en él.

Un tema que no debe dejarse de lado en la discusión de la reelección presidencial consecutiva es la reelección consecutiva de las diputaciones, derecho que estaba establecido antes de 1948. Hay tres casos, por ejemplo. Dos grandes políticos, ambos declarados beneméritos de la patria, fueron diputados de manera continua: Rafael Ángel Calderón Guardia fue diputado desde 1934-1938, diputación que suspendió al ser investido como presidente de la República, y Manuel Mora Valverde fue diputado de 1939 a 1948 de forma consecutiva, lo que se interrumpió por la disolución del Congreso por parte de la Junta Fundadora de la Segunda República en 1948. El tercero fue Rafael Rodríguez Salas, quien prácticamente fue diputado desde 1902 hasta 1920; fue también diputado constituyente en 1917 y combatiente leal, junto a Julio Acosta, contra la dictadura de los hermanos Tinoco Granados, 1917-1919.

El trabajo de las diputaciones es serio y duro. Exige lectura, disciplina, conocimientos políticos y de diversas materias. Quienes ejercen la Presidencia o una diputación no nacen, se hacen: se forman, se pulen. La carrera parlamentaria es una profesión que se debe aprender. Los partidos tradicionales iban formando a sus candidaturas por etapas: como síndicos o regidores en las municipalidades, como diputados en el Congreso o la Asamblea Legislativa, en juntas directivas de instituciones públicas, como embajadores o en el servicio exterior, o como asesores parlamentarios. Así se desarrollaba el oficio político que se iba a desempeñar, con experiencia y sabiduría surgidas de esa trayectoria.

No todas las diputaciones sobresalen por su trabajo o por el reconocimiento público que obtienen. No todas las personas diputadas se reeligen, como tampoco todos los presidentes se reeligen.

No hay que tenerle miedo a la reelección consecutiva e inmediata de la Presidencia de la República ni a la de las diputaciones. Igualmente, los presidentes deben formarse, aunque algunos puedan improvisarse.

El electorado bien informado, educado políticamente, con cultura ciudadana y conocimiento de la historia nacional sabrá cómo votar y a quién escoger.

Esta formación es más urgente hoy, cuando los partidos políticos han debilitado la capacitación de sus simpatizantes, afiliados y cuadros dirigentes, y han dejado de actuar como organizaciones de combate de los distintos sectores sociales y políticos.

En mi opinión, hay que introducir la discusión de las dos reelecciones: la de la Presidencia y la de las diputaciones.

No hay que ver la reelección en función de la posibilidad de que Rodrigo Chaves pueda reelegirse. Con reelección o sin ella, podrá hacerlo en 2030 o en 2034 si se mantiene vigente en el escenario político y público, y si sus adversarios políticos le tienen miedo manifiesto.

El reto lanzado por José Miguel Villalobos, de enfrentar a Rodrigo Chaves con cualquier expresidente, es válido para lograr simpatías hacia él y para atemorizar a quienes simpatizan con otros expresidentes. Chaves fue derrotado por José María Figueres en la primera vuelta electoral. Puede volver a ser derrotado en otra elección. Figueres, en mi opinión, perdió la segunda vuelta por errores políticos de su partido en el diseño estratégico de esa etapa, que no logró atraer a votantes de los partidos que ya no participaban ni a quienes se abstuvieron en la primera vuelta.

Frente a Rodrigo Chaves, Laura Fernández Delgado o sus posibles candidaturas en 2030 (Yara Jiménez, Nogui Acosta o José Miguel Villalobos) y su Partido Pueblo Soberano, hay que empezar a desarrollar un gran frente nacional, un gran frente popular, si ningún partido por sí mismo se ve con la capacidad de enfrentarlo y derrotarlo.

El canto «El pueblo unido jamás será vencido» está vigente, tiene vida. La posibilidad de un frente nacional unitario siempre dependerá de la capacidad y de la voluntad políticas de quienes puedan unirse alrededor de una plataforma política común, básica y esencial. Para ello, deberán reconocer que pueden mantenerse diferencias políticas sobre prejuicios que se alimenten y sobre aspectos que, para efectos del frente nacional, se consideren secundarios respecto a los puntos esenciales de la unidad nacional.

Frente a las próximas elecciones nacionales, en un posible frente nacional puede haber diversidad de opiniones, pero una sola unidad de acción. Esta es la tarea política a la que hay que poner atención y que hay que procurar construir.

Cabagra anuncia fecha de su Festival Cultural Bribri 2026

Por Uriel Rojas

La Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra comunica que el Festival Cultural Indígena «Se Bribri Senrie Kabaköl 2026» se celebrará el jueves 26 de noviembre en Finca ADI-CABAGRA, ubicada en San Rafael de Cabagra, Buenos Aires, Puntarenas.

Se les invita a participar.

VIII aniversario del Primer Coro Folklórico Ruso en Costa Rica

Por Miguel Alvarado

En este 2026, con motivo del octavo aniversario del Primer Coro Folklórico Ruso en Costa Rica, el público ha quedado cautivado por el virtuosismo y la autenticidad de sus presentaciones. El Primer Coro Folklórico Ruso en Costa Rica es una ventana abierta para compartir una experiencia cultural de alta calidad. A través del canto, la música y el baile, el público tiene la oportunidad de conocer tradiciones, crónicas, anécdotas y un sinfín de vivencias que expresan la calidez de los pueblos de Rusia.

El Primer Coro Folklórico Ruso en Costa Rica tiene el don de acercarnos a la diversidad cultural de pueblos que reciben al visitante con gran hospitalidad. En la tradición de los pueblos eslavos, el huésped es recibido con pan y sal sobre un paño de lino hermosamente bordado; el pan simboliza prosperidad y trabajo; la sal, respeto y amistad duradera, y el paño, el encuentro espiritual entre el visitante y el anfitrión. El coro no solo nos fascina, sino que nos enriquece culturalmente. Maravilla de verdad compartir la amalgama artística de este elenco, que fusiona canto, instrumentos musicales tradicionales y trajes cuyos bordados evocan el legado de sus ancestros. El acontecimiento produce tal regocijo que se convierte en un privilegio y deleite para la ciudadanía costarricense.

Gracias a la labor incansable y al compromiso profesional de la directora del coro, la magíster Irina Petrova, estos ocho años han dado sus frutos. Si bien el grupo —compuesto en su mayoría por mujeres— se reunió en un primer momento para cantar, disfrutar y compartir, hoy sus presentaciones se distinguen por el esmero con que cuidan su calidad artística. En ellas se respira una energía positiva, nutrida del trabajo constante y del aprendizaje, cuyo centro son las enseñanzas y la mirada perspicaz de su directora.

El colectivo es una mezcla de personas de origen ruso y costarricense de diferentes generaciones. Por ejemplo, las niñas que participan en el coro son un encanto, no solo por ser niñas, sino por sus destrezas artísticas que deslumbran al público. Asimismo, destaca el caso de una costarricense que se integró al coro por amor a la cultura y que no habla el idioma ruso; no obstante, su fino oído le facilita cantar de forma fluida. Y así podríamos seguir enumerando las cualidades de quienes integran este admirable coro que tanto nos llena de gozo. Sin embargo, es mejor que quienes lean estas notas se entusiasmen y descubran por sí mismos el buen gusto de las futuras presentaciones del Primer Coro Folklórico Ruso en Costa Rica.

Al respecto, me permito señalar que una iniciativa acertada del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Educación Pública sería promover en las escuelas, colegios y comunidades la presentación del Primer Coro Folklórico Ruso en Costa Rica (que forma parte de la vida cultural de nuestro país). La educación que se armoniza con la cultura ―y más aún con otros horizontes culturales― brinda el espacio para que las nuevas generaciones y la ciudadanía se formen como personas de bien, con una mirada cultural universal y solidaria para construir un mundo de paz.

Organizaciones de personas consumidoras proponen cinco medidas contra la acreencia irresponsable

OMERCON y APRODECO comparecieron ante la Comisión de Asuntos Económicos mientras se discute la posibilidad de elevar las tasas máximas de interés

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) y la Asociación Pro Defensa de Consumidores Financieros y Afines (APRODECO) plantearon ante la Asamblea Legislativa un conjunto de reformas para lograr lo que llaman «inclusión financiera real, sin desmantelar las protecciones vigentes». Según las organizaciones, el problema no es el límite a las tasas de interés, sino la acreencia irresponsable: el otorgamiento de crédito sin verificar la capacidad real de pago de quien lo solicita.

Jaime Mora y Yeikol Zúñiga, en representación de OMERCON, y Luis Vives, por APRODECO, comparecieron el 17 de noviembre ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, que debate si el país debe elevar las tasas máximas de interés.

Topes a las tasas en la OCDE

De acuerdo con el comunicado, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no eliminan los topes a las tasas de interés, sino que los mantienen. Francia los revisa trimestralmente, Italia los ajusta por fórmula y Japón los fijó por ley en un 20 %. Según las organizaciones, lo que distingue a esos países es que imponen al prestamista la obligación legal de verificar que la persona que pide un crédito tiene capacidad real de pagarlo, algo que Costa Rica aún no exige.

Las organizaciones señalan que esa omisión tiene consecuencias visibles: alrededor de 776.000 expedientes de cobro judicial activos en el Poder Judicial. Según el comunicado, detrás de cada expediente suele haber una persona o una familia que primero fue buscada activamente por un prestamista, luego se sobreendeudó más allá de su capacidad de pago y finalmente fue excluida del sistema financiero formal con su récord crediticio afectado. Sin acceso al crédito regulado, esa persona queda expuesta al mercado informal, incluido el llamado «gota a gota».

OMERCON y APRODECO sostienen que, cuando la tasa de interés es lo suficientemente alta, una cartera con alta morosidad sigue siendo rentable, porque los intereses de quienes pagan cubren las pérdidas de quienes no pueden hacerlo. Así, afirman, el prestamista traslada el costo del riesgo a la persona deudora, a su familia, al Poder Judicial y a la sociedad. Agregan que si se obligara a prestar únicamente a personas con capacidad documentada de pago, como exige la Directiva (UE) 2023/2225 de la Unión Europea, el riesgo de la cartera bajaría y con él la justificación para cobrar tasas del 36 % o el 51 %.

Las cinco propuestas

  1. Sancionar la acreencia irresponsable. Quien otorgue crédito sin verificar la solvencia real de la persona deudora perdería el derecho a cobrar los intereses, como ocurre, según las organizaciones, en la mayoría de los países de la Unión Europea.
  2. Limpiar los récords crediticios afectados por deudas prescritas. Según el comunicado, miles de personas mantienen anotaciones en el Centro de Información Crediticia (CIC) por obligaciones ya prescritas, y eliminarlas requiere costos legales que no pueden asumir. Se propone que el juez pueda aplicar la prescripción de oficio. Las organizaciones estiman que esto devolvería el acceso al crédito formal a miles de personas y aliviaría cerca de la mitad de la carga cobratoria del Poder Judicial.
  3. Crear un Sistema Nacional de Avales para el Crédito de Consumo del Buen Vivir. Un aval público para operaciones de consumo responsable (electrodomésticos, emergencias de salud, educación, imprevistos del hogar) permitiría, según las organizaciones, bajar la tasa a cerca de un tercio de la actual. Señalan que instrumentos similares existen en Francia, el Reino Unido, Corea del Sur y otros países de la OCDE. Con un aval bien diseñado, afirman, quien hoy paga el 51 % podría acceder a crédito al 15 % o 17 %.
  4. Un Plan Nacional de Refinanciamiento de Deudas en Mora no Prescritas. Según el comunicado, bancos y financieras venden sus carteras morosas a empresas de cobro por entre el 10 % y el 20 % de su valor nominal, y luego estas buscan recuperar el 100 %. La propuesta es que la misma entidad que otorgó el crédito ofrezca a la persona deudora condiciones excepcionales: tasa reducida, plazo ampliado y eliminación de costos legales y de la mora acumulada. Así podría pagar una cuota razonable y recuperar su historial crediticio.
  5. Aprobar una Ley de Defensa del Consumidor Financiero con estándares de la OCDE. Las organizaciones indicaron ante la comisión que no hace falta inventar nada, sino voluntad política para adoptar buenas prácticas ya probadas.

El debate sobre el gota a gota

OMERCON y APRODECO cuestionan el argumento de quienes promueven elevar las tasas máximas, según el cual el crédito informal crece porque el formal es demasiado caro o restrictivo. Para las organizaciones, la causalidad es la inversa: el gota a gota es consecuencia de la exclusión financiera, que comienza con el sobreendeudamiento irresponsable, sigue con el impago y la anotación en el récord crediticio, y termina con la salida del sistema formal.

En su criterio, eliminar el tope a las tasas no resolvería ese ciclo, sino que lo alimentaría. Lo que proponen, en cambio, es «poner orden en el mercado»: exigir responsabilidad a quien presta, devolver a las personas con deudas prescritas la posibilidad de empezar de nuevo y crear instrumentos públicos que bajen el costo del crédito sin desproteger a las personas consumidoras.

Cuando la familia sufre, la sociedad entera está herida

Carta Pastoral Profética de la Asociación Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense

“Si alguien no tiene ropa ni comida, de nada le sirve que tú le digas: “Que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes”, si no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien”.
Santiago. 2:15-16, TLA.

A las iglesias, congregaciones, familias, comunidades de fe y al pueblo costarricense:

La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC), fiel al Evangelio de Jesucristo y a su compromiso con la vida y la justicia, levanta su voz ante la difícil situación que vive Costa Rica. Nos preocupa lo que está pasando en nuestro país: el asesinato de un periodista que nos dijo que ya no tenía nada que perder porque la justicia sobre la base de falsos testimonios le arrebató su derecho a ser padre y disfrutar de sus hijos cotidianamente, sus denuncias sobre el “narcoestado”, el alto costo de la vida, la falta de trabajo, la pobreza, la inseguridad, la violencia y la creciente incertidumbre que golpea a tantas familias. Cada día hay hogares que no saben cómo completar la comida, personas que viven agobiadas por las deudas y padres y madres que sienten angustia al pensar en el futuro de sus hijos e hijas. No podemos acostumbrarnos a este sufrimiento ni mirar hacia otro lado mientras nuestra gente lucha por salir adelante.

Costa Rica ha construido, a lo largo de su historia, importantes conquistas sociales que debemos cuidar y fortalecer. Por esto nos preocupa que las diferencias políticas, las luchas de poder y algunas decisiones de gobierno, terminen afectando a quienes más necesitan el apoyo de la sociedad y de las instituciones públicas. No se trata de estar a favor o en contra de un partido o de un gobierno, sino de estar del lado de las personas, especialmente de las más necesitadas. Gobernar significa servir al pueblo, escuchar sus necesidades y buscar el bienestar de todas las familias. Como Iglesia, creemos que cuando una familia sufre, todo el país tiene una responsabilidad.

Levantamos nuestra voz de solidaridad con las familias cuyos hijos e hijas han dejado de recibir, o ven amenazados, los beneficios de los CEN-CINAI (Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral), servicios fundamentales de alimentación, atención y protección de la niñez. Nos preocupa que los recortes presupuestarios y las limitaciones de cobertura puedan significar menos alimentación, atención y oportunidades para niños y niñas que necesitan protección desde sus primeros años. La nutrición y el desarrollo integral de la niñez no son gastos innecesarios, sino una responsabilidad fundamental del país. Exhortamos a las autoridades a garantizar la continuidad y cobertura de estos servicios, porque ninguna niña ni ningún niño debería pagar las consecuencias de las decisiones presupuestarias.

Nos solidarizamos también con las familias que buscan el pan nuestro de cada día mediante el trabajo informal, las ventas callejeras, los pequeños emprendimientos y los servicios ocasionales, muchas veces sin garantías sociales ni ingresos estables. Son personas que trabajan dignamente, pero que enfrentan la incertidumbre, de no saber cuánto podrán llevar a sus hogares.

Asimismo, nos preocupan las familias atrapadas en una cultura de consumismo y endeudamiento, algunas de las cuales recurren a préstamos informales para resolver sus necesidades y terminan enfrentando usura, intimidaciones y hasta amenazas de muerte. Denunciamos estas prácticas y hacemos un llamado a promover el empleo digno, la educación financiera y alternativas de crédito responsables y accesibles. Ninguna familia debería vivir con miedo por haber buscado recursos para sostener su hogar.

Expresamos nuestra preocupación por las personas pensionadas y adultas mayores, cuyas economías se encuentran cada vez más expuestas al aumento de los combustibles, los alimentos, los medicamentos y los servicios básicos. Muchas viven con ingresos limitados que apenas alcanzan para cubrir sus necesidades. Quienes dedicaron su vida al trabajo merecen una vejez digna, segura y libre de abandono. Exhortamos a proteger el poder adquisitivo de las pensiones y fortalecer las políticas de atención y acompañamiento a esta población.

Nuestra juventud también merece una atención especial. Muchos jóvenes experimentan frustración y decepción ante la falta de oportunidades laborales, educativas y de desarrollo personal, y sienten que no han podido disfrutar plenamente de los beneficios de un Estado Solidario. Necesitan espacios donde puedan organizarse, expresar sus demandas, defender pacíficamente sus derechos, dialogar y construir propuestas para su futuro. Hacemos un llamado a las instituciones, organizaciones sociales, sectores productivos e iglesias a escucharles y reconocerles como protagonistas del presente y del futuro de Costa Rica. No podemos permitir que la falta de oportunidades se transforme en desesperanza, exclusión o violencia.

Nos duelen también las familias marcadas por las adicciones, el abandono y las distintas formas de violencia. Hay hogares donde el miedo sustituye al diálogo y donde niños, niñas, mujeres y personas adultas mayores sufren las consecuencias del abuso y la desprotección.

A esto se suma el deterioro de la salud mental, provocado o agravado por las dificultades económicas, las deudas, la soledad, la violencia y la incertidumbre. Son realidades que requieren prevención, educación, atención profesional, protección institucional y acompañamiento espiritual. La Iglesia debe ser un espacio seguro para quienes sufren. Perdonar no significa justificar el abuso, ni amar significa tolerar la violencia. Defender la familia es, ante todo, defender la vida y la dignidad de cada uno de sus integrantes.

Como Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, reconocemos el valor histórico del Estado Solidario y de las instituciones públicas que han contribuido a garantizar la educación, la salud, la alimentación, la protección social y las oportunidades para amplios sectores de nuestra población. Reconocemos también que estas instituciones necesitan fortalecerse, modernizarse, transparentarse y mejorar su eficiencia. Sin embargo, fortalecer no significa desmantelar; mejorar no significa excluir; y administrar responsablemente los recursos públicos no significa trasladar las consecuencias de las decisiones a quienes menos tienen. Nos preocupa cualquier medida que debilite los servicios esenciales y profundice las desigualdades. La solidaridad no debe considerarse una carga económica, sino una expresión de justicia, responsabilidad compartida y humanidad.

Ante esta realidad, nuestra herencia wesleyana nos recuerda que la fe y las obras no pueden separarse. La santidad personal debe expresarse también en el compromiso con la justicia, la misericordia y el bienestar de nuestras comunidades. John Wesley nos dejó el testimonio de una fe que no se limitaba a las palabras, ni a las prácticas religiosas, sino que se expresaba en el servicio a las personas y en la transformación de las condiciones sociales que producen sufrimiento.

Por esto, nuestra vocación no consiste únicamente en consolar a quienes sufren, sino también en reconocer las causas de ese sufrimiento y comprometernos con su transformación.

Como IMWC, hacemos un llamado a las congregaciones para fortalecer la solidaridad con las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad afectiva cuando está ausente uno de sus progenitores por opción o por decisiones injustas o venganzas, promover espacios seguros para la niñez y la juventud, acompañar a quienes enfrentan adicciones, violencia y problemas de salud mental, defender la dignidad de las personas adultas mayores, fomentar la educación financiera y participar responsablemente en los espacios de diálogo ciudadano y defensa de los derechos humanos.

Asimismo, debemos promover el cuidado del ambiente, conscientes de que el deterioro de los recursos naturales y los efectos del cambio climático afectan especialmente a las poblaciones más vulnerables.

A las autoridades nacionales les decimos, escuchen el clamor de las familias, escuchen el clamor de los niños y niñas, de padres y madres, de las y los jóvenes que creen que su único camino es la informalidad, gobiernen para todas las personas y evalúen las consecuencias humanas de sus decisiones. Protejan los derechos sociales y fortalezcan las instituciones públicas.

A los sectores empresariales y productivos les llamamos a promover condiciones laborales dignas, salarios justos y oportunidades para la juventud.

A las organizaciones sociales y comunitarias les exhortamos a fortalecer la participación ciudadana, el diálogo y la defensa de los derechos.

A las familias costarricenses les invitamos a recuperar el respeto, la solidaridad, el diálogo y el cuidado mutuo.

Y a nuestras iglesias y comunidades de fe, les recordamos que no podemos permanecer indiferentes mientras tantas familias enfrentan el hambre, la violencia, la exclusión y la desesperanza.

Esta Carta Pastoral no pretende sembrar miedo ni alimentar el pesimismo, pretende despertar conciencias, convocar voluntades y recordarnos que todavía podemos deconstruir y reconstruir nuestra convivencia. No estamos condenados a aceptar la pobreza como destino, la violencia como costumbre, la desigualdad como normalidad ni la indiferencia como forma de convivencia. La esperanza cristiana no consiste en cerrar los ojos ante la realidad, sino en mirarla de frente, reconocer el sufrimiento y trabajar para transformarlo.

Como Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, afirmamos que cada niño y cada niña merece ser amado y convivir con respeto al lado de sus progenitores, alimentarse y crecer con dignidad; cada joven merece oportunidades; cada familia merece vivir sin miedo; cada persona trabajadora merece condiciones justas; cada persona adulta mayor merece respeto y seguridad; y cada ser humano merece una vida libre de violencia, exclusión y humillación.

No queremos una Iglesia encerrada en sus templos, mientras las familias se quedan sin alimento material, espiritual y socio-afectivo, ni una fe que se conforme con discursos mientras la injusticia avanza. Queremos ser una Iglesia que ore, acompañe, denuncie, proponga, sirva y actúe. Que nuestras congregaciones sean espacios donde las familias encuentren refugio, la niñez protección, la juventud oportunidades y quienes sufren una comunidad dispuesta a caminar a su lado.

Que nuestra voz profética no sea una voz de odio, sino de verdad; no de confrontación estéril, sino de justicia; no de resignación, sino de esperanza activa.

Costa Rica necesita recuperar el sentido de comunidad y recordar que nadie se salva solo, que el bienestar de una familia está relacionado con el bienestar de todas y que una sociedad verdaderamente desarrollada no se mide únicamente por sus indicadores económicos, sino por la dignidad de sus habitantes.

Mientras haya una familia con hambre, una niñez desprotegida, una juventud sin oportunidades, una persona adulta mayor abandonada o una víctima de violencia sin protección, la misión de la Iglesia seguirá teniendo una tarea pendiente.

Que Dios nos conceda valentía para hablar, sabiduría para discernir, humildad para escuchar y compromiso para actuar. Que el Evangelio de Jesucristo nos siga impulsando a construir una Costa Rica, donde la justicia no sea un privilegio, la solidaridad no sea una excepción y la esperanza no sea solamente una palabra.

Con fe, compromiso y esperanza cristiana,
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense (IMWC)

“Pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo: Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles, y que lo adoren como su único Dios”.
Miqueas. 6: 8, TLA.

La democracia no pertenece al Estado

Juan Huaylupo

El Estado costarricense, a través de sucesivos gobiernos, es responsable de la inaceptable pérdida de logros y conquistas democráticas. Por ello estamos en las calles: para reconquistar lo arrebatado, de forma ilegítima, por estas sucesivas tiranías que se han apoderado del aparato estatal y se han autoidentificado como agresivas protagonistas de la liquidación de la institucionalidad pública, del desfinanciamiento de la educación y la salud, y del irrespeto a la normatividad pública, entre otras acciones que esta nefasta dictadura efectúa de manera abierta. A mi juicio, la actuación estatal se muestra como un declarado enemigo de la historia, la cultura y la democracia de la sociedad costarricense.

El Estado costarricense no es un grupúsculo de administradores ineptos, prepotentes jerarcas, ministros y una burocracia incondicional que se arrogan la facultad de decidir y disponer autónomamente el destino social, político y económico de las personas y de la sociedad. Actúan ajenos a las necesidades de la ciudadanía en alimentación, salud, educación, seguridad, vivienda social, trabajo remunerado y estabilidad laboral, y con ello afectan críticamente la situación y la vida de quienes menos posibilidades tienen de satisfacer sus propias necesidades básicas. Liquidar la institucionalidad pública, como lo hacen los autócratas, es negar la atención de los servicios públicos. Estos no son regalos: están pagados por las personas trabajadoras activas y jubiladas, y deben pagarlos también los empleadores morosos y las entidades públicas. Son obligaciones ineludibles que deben plasmarse en el presupuesto nacional y en su ejecución por parte de quienes ejercen la función pública. Restringir o impedir que las instituciones cumplan con sus obligaciones constitucionales es la privación y privatización de los recursos, que condena al empobrecimiento y sus secuelas a la inmensa mayoría de la población costarricense.

Un gobierno que privatiza lo público no es un Estado social, moderno, benefactor o nacional. Es un Estado atrasado, que puede corresponder a cualquier estadio del pasado, como el esclavista o el feudal, porque en esas épocas no existían políticas públicas, elecciones universales, gobierno de todos para todos, democracia ni soberanía. El monarca, el autócrata, el esclavista o el dueño de riquezas, tierras y vidas era el tirano absoluto, en un tiempo y un espacio sin más normas ni pautas que las propias. En el presente, es el autócrata fascista. Las nociones de gobernados y gobierno son inadecuadas para los regímenes totalitarios, y tampoco lo son para Costa Rica, pues las personas gobernadas no son esclavas ni carecen de derechos sociales y jurídicos. Son colectividades con pensamiento, decisiones y acciones propias, que tienen derechos, que eligen a quienes deben actuar en su beneficio, y que también luchan contra los gobiernos que las desprecian, explotan y empobrecen, y los destituyen por las vías que la democracia ofrece. Por tanto, ni los gobiernos ni quienes gobiernan son autónomos: dependen de la ciudadanía, a la que tienen la obligación incondicional de servir.

El Estado social de derecho es la concreción democrática de la sociedad y debe ser el garante del bien común y de los derechos igualitarios para la continuidad tanto de la sociedad como del propio Estado. Esto es, el Estado social no es un actor extraño ni ajeno a nuestra historia, ni un ente que representa solo a una clase; su función es para todas las personas, en medio de una desigualdad social sistémica. Un Estado que se parcializa, que usa el monopolio de la violencia con criterio de clase y custodia los intereses de los ricos de la sociedad, es un Estado atrasado: una regresión política a la lucha de todos contra todos, a la perpetuación del antagonismo entre clases y a las guerras, hasta la liquidación de la civilización y la humanidad.

«Divide y reinarás» es una vieja consigna que los autócratas y su entorno han empleado contra sus adversarios políticos para manipular, desprestigiar, confundir y engañar a la ciudadanía, y para controlar procesos políticos y electorales. Un ejemplo es el uso de las llamadas «granjas de bots» en elecciones de nuestra América, un fenómeno que, a mi juicio, también debería investigarse en Costa Rica.

La acción libre de la ciudadanía es de vital trascendencia para la creación y el fortalecimiento de la democracia en la política nacional. La degradación y liquidación de la política pública, las amenazas, el desprecio y el chantaje de la actual dictadura, así como el irrespeto al sistema jurídico y constitucional, son actos que tienden hacia el establecimiento de un poder político absoluto, incompatible con la democracia, el derecho y el progreso social.

Ante las condiciones impuestas por la dictadura costarricense, la población no ha permanecido pasiva ni observadora. Por el contrario, participa activamente en la reconstitución y recreación de la democracia con su pensamiento, su participación, sus protestas y sus manifestaciones sociales, como también ocurre actualmente en Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal, Albania, Serbia, Turquía, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Argentina y Paraguay, porque las acciones del fascismo son globales.

La subordinación política a los adinerados y explotadores, así como la sumisión a potencias extranjeras, con prácticas que contribuyen a la polarización social mediante el incremento de la explotación, la miseria, las enfermedades y la desnutrición, son muestras de que esta dictadura no gobierna, sino que usurpa el poder social.

Panoramas SURCOS | 17 de noviembre de 2026

Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:

Pronunciamiento de la Red Nacional por la Democracia ante el asesinato de Camilo Rodríguez.
https://wp.me/p6rfbZ-AEl

La violencia como mensaje – sobre el asesinato de Camilo Rodríguez.
Roger Ríos Duarte.
https://wp.me/p6rfbZ-ADO

Conferencia Episcopal condena el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri.
https://wp.me/p6rfbZ-AEa

SINAPEC exige justicia por el asesinato de Camilo Rodríguez y garantías reales para la libertad de expresión.
https://wp.me/p6rfbZ-ADV

RENASES pide no aprobar sin estudio técnico el traslado de recursos del Banco Popular para pensiones.
https://wp.me/p6rfbZ-AEi

No se deben reducir los impuestos al tabaco.
Academia Nacional de Ciencias.
https://wp.me/p6rfbZ-AEe

🔹 Sostenibilidad SURCOS
https://surcosdigital.com/suscribirse/

Las voces sociales necesitan circular. Publicar no basta.
Le invitamos a compartir esta edición utilizando los vínculos que aparecen al pie de cada publicación en SURCOS: Facebook, WhatsApp, X, Telegram, correo electrónico, Threads y LinkedIn.

Gracias por acompañar y fortalecer este esfuerzo de comunicación social.

Pronunciamiento de la Red Nacional por la Democracia ante el asesinato de Camilo Rodríguez

El asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri ha conmocionado fuertemente al país. Es un hecho más de la violencia que aqueja a nuestra sociedad desde hace años; pero la impresión es mayor cuando la víctima venía denunciando al crimen organizado y sugiriendo diversos vínculos con los dos últimos gobiernos.

Desde hace muchos años, nuestra sociedad ha venido acumulando un fuerte enojo a raíz del deterioro de la calidad de vida, las fallas e incumplimientos de los gobiernos de turno y los grandes escándalos de corrupción.

Este enojo comienza a acumularse desde la década de 1990, al principio de manera paulatina, pero evidencia un aumento sin precedentes a partir de 2022, a tal punto que la mayoría de los diversos indicadores de violencia alcanzan niveles históricos. Además de tasas de homicidios con cifras récord nunca antes vistas en nuestra historia, casi cualquier forma de violencia muestra niveles sumamente altos, desde la violencia intrafamiliar y otras formas de violencia contra las mujeres hasta las muertes por accidentes de tránsito, pasando por el acoso sexual, los femicidios, los enfrentamientos en las comunidades, el irrespeto a los derechos más básicos y el incumplimiento de políticas públicas.

Este vertiginoso incremento no se produce por casualidad en 2022. Por el contrario, responde a una política muy bien planeada y ejecutada por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Desde su inicio, este político se presentó como el gran vengador que venía a poner orden en el país y a perseguir a los políticos corruptos. Bajo una cuidadosa y efectiva estrategia de comunicación, se establece un sistemático reforzamiento de las actitudes autoritarias en la población. Entre otras cosas, se controla la circulación de información en las redes, se minimiza el impacto de los medios tradicionales y se persigue sistemáticamente a líderes de opinión e influencers. Se orienta a la población para canalizar su enojo acumulado hacia diversas personas, instancias y grupos de personas. Las conferencias de prensa de cada miércoles se han constituido en toda una escuela de agresividad, individualismo, exclusión, intolerancia, rechazo, reforzamiento de estereotipos y distorsión de los hechos reales, que a su vez han logrado fortalecer en la población el individualismo, la impulsividad, la labilidad afectiva, la sumisión, la pasividad, el aislamiento y hasta el miedo. Se ha entronizado el enfrentamiento violento como estrategia privilegiada para manejar la interacción social y se ha normalizado el uso de la burla, los insultos, la descalificación, el cinismo y la mentira.

Toda esta estrategia ha venido acompañada de una concentración antidemocrática del poder político, en donde no solo se ha destruido el equilibrio del poder mediante un ataque violento al Poder Judicial, sino también a todas y cada una de las instancias encargadas de establecer algún tipo de control sobre la gestión política del país. Ninguna de estas instancias se ha salvado del ataque violento de los dos últimos gobiernos: Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones, Fiscalía, medios de comunicación y universidades públicas. Y han cuestionado y desconocido las legítimas funciones de cada poder de la República, en particular del Poder Judicial, llegando el oficialismo en la Asamblea Legislativa a ignorar las resoluciones constitucionales sobre cuestiones de gran importancia para las necesidades acuciantes de los presupuestos, para resolver situaciones que afectan los servicios públicos de primer orden, como la salud o la seguridad.

No es de extrañar entonces que la violencia se encuentre exacerbada en todo el país; pero inevitablemente nos encontramos atrapados en un círculo vicioso, en donde a mayor enojo, mayor sensación de inseguridad y mayor miedo, que a su vez incentivan a la población a refugiarse en el autoritarismo; lo cual, como hemos visto, no hace más que incrementar la violencia.

Todo lo expuesto permite concluir, sin lugar a duda, que los dos últimos gobiernos son los principales responsables de los altos niveles de violencia que vive el país, debido tanto a la promoción constante de las estrategias de odio y violencia como a la falta de políticas adecuadas de prevención y financiamiento para enfrentar el crimen organizado. De modo que, por lo menos de manera indirecta, también son responsables del lamentable asesinato de Camilo.

Pero, además de esta responsabilidad directa por los niveles de violencia imperantes, no podemos dejar de pensar en las múltiples denuncias de Camilo y otras personas, así como en los malos signos que asocian a los dos últimos gobiernos con el narcotráfico. Hacemos un llamado urgente al Poder Judicial para que se investigue esta situación hasta sus últimas consecuencias.

Del mismo modo, instamos a la población a mantenernos vigilantes y activos ante las condiciones actuales del país y a ejercer, hoy más que nunca, la presión que haga falta para detener la escalada de violencia en el país. Debemos ser muy firmes en nuestro accionar, pero siempre a partir de una cultura de paz y respeto mutuo. No olvidemos que la violencia engendra violencia. Debemos enfrentar constantemente la cultura actual de agresión, insulto, enfrentamiento, intolerancia y exclusión con diálogo, comprensión, respeto y reconocimiento a la diversidad de opiniones y posiciones políticas. Debemos manifestarnos con convicción en las calles, en nuestras comunidades, en los centros de trabajo, en los establecimientos educativos y en las redes sociales.

RENASES pide no aprobar sin estudio técnico el traslado de recursos del Banco Popular para pensiones

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) expresó su posición ante el expediente 25.721, que propone financiar pensiones para personas adultas mayores en pobreza con recursos del Banco Popular. En un comunicado público titulado «Sí a las pensiones, no a las chambonadas», la organización afirma que quiere que estas personas reciban su pensión, pero considera que la forma en que el Gobierno pretende pagarlas es un error.

Según RENASES, más de 32.000 personas están en lista de espera para recibir una pensión, una espera que califica de «vergüenza nacional». Sin embargo, sostiene que «vestir a un santo desvistiendo a otro no es una política social; es una ocurrencia».

El proyecto

De acuerdo con el comunicado, el proyecto le quita al Banco Popular el 0,25 % de las planillas que hoy se queda en el banco, unos ¢37.506 millones al año, para financiar alrededor de 31.000 pensiones. La iniciativa ya fue dictaminada en comisión y pasa al Plenario legislativo.

Los criterios del banco y la SUGEF

RENASES recoge los criterios que la Gerencia del Banco Popular y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) enviaron a la Asamblea Legislativa:

  • El banco dejaría de capitalizarse en ¢150.028 millones entre 2027 y 2030.
  • Cada año de aporte respalda hasta ¢245.948 millones en crédito, más de seis veces lo que se quiere trasladar.
  • Habría menos crédito para vivienda y para empresas, y el banco sería empujado a priorizar la rentabilidad sobre su misión social.
  • La SUGEF no considera conveniente aprobar el proyecto sin un estudio técnico que mida sus efectos.

La organización aclara que el banco no proyecta incumplir sus requisitos, pero señala que se trata de una entidad que cumple su misión «y al que quieren quitarle la herramienta para cumplirla». «Quien debilita al banco de los trabajadores debilita a los trabajadores», afirma.

Las contradicciones

El comunicado señala que el Gobierno califica al Banco Popular de «sobrecapitalizado», mientras que, según RENASES, las calificadoras de riesgo Moody’s y Fitch atribuyen su fortaleza precisamente al aporte que se pretende eliminar. Agrega que el Gobierno afirma defender a las personas más pobres, pero ya recortó recursos a los CEN-CINAI, a los hogares para personas adultas mayores, a la Caja Costarricense de Seguro Social y a los comedores escolares.

«A las personas adultas mayores no se les ayuda con un parche que mañana se convierte en otro hueco», indica la organización, que propone una solución duradera que no ponga en riesgo el ahorro de las personas trabajadoras ni el crédito para vivienda, «y que no obligue a una familia pobre a pagar la pensión de otra».

Recaudación y costo de la deuda

Para RENASES, el problema no es la falta de recursos, sino que no se cobran. El comunicado cita una advertencia de la Contraloría General de la República: Hacienda habría dejado de recaudar ¢1,8 billones en impuestos sobre la renta entre 2023 y 2026 por controles deficientes. Según el texto, las fiscalizaciones cayeron de 1.767 casos en 2023 a solo 2 en 2025, y algunos casos tardan hasta 600 días hábiles en resolverse. La organización calcula que los ¢37.506 millones que se pretende trasladar del Banco Popular equivalen a 2 de cada 100 colones que Hacienda dejó de cobrar.

A esto suma el costo de la deuda pública: según el comunicado, en 2025 el país pagó una tasa promedio cercana al 8,4 % y destina el 3,6 % del PIB al pago de intereses, frente al 2,3 % de Chile.

Lo que exige RENASES

  • Que el Plenario no apruebe el proyecto sin el estudio técnico que solicita la SUGEF.
  • Que las pensiones se financien cobrando lo que hoy no se cobra, y no quitándole recursos a otra institución social.
  • Un plan de choque de fiscalización tributaria y aduanera, con metas públicas.
  • Una revisión del costo de la deuda.
  • Que ningún programa dirigido a la población más pobre se recorte para pagar otro.

RENASES pone a disposición de todas las fracciones legislativas su equipo técnico para redactar una alternativa. «Defender las pensiones y defender el Banco Popular no son causas contrarias: son la misma causa», concluye. «No estamos en contra de unos pobres para ayudar a otros: estamos a favor de cobrarle a quien no ha pagado».