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Costa Rica traza el rumbo hacia la pesca sostenible con recomendaciones técnicas, sociales y ambientales

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

San José, 14 de mayo de 2025 — La pesca sostenible se ha convertido en un tema prioritario para Costa Rica, no solo por su relevancia económica, sino por su impacto directo en la seguridad alimentaria, la biodiversidad marina y la estabilidad de las comunidades costeras. En respuesta a los desafíos crecientes que enfrenta este sector, el Parlamento Cívico Ambiental presentó el informe “Elementos clave para la pesca sostenible”, resultado del Encuentro Técnico celebrado en enero de 2025 con participación de expertos nacionales, organizaciones científicas, representantes comunitarios y autoridades vinculadas al ámbito marino-costero.

Este documento ofrece un diagnóstico claro sobre la situación actual de la pesca en Costa Rica, expone los principales obstáculos para su desarrollo sostenible y plantea un conjunto de recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza pesquera, mejorar la calidad de la información científica disponible, incorporar el cambio climático en la gestión y promover la equidad en las comunidades costeras.

Desafíos múltiples y urgentes

Entre los principales hallazgos del informe se destaca:

  • La falta de datos científicos actualizados sobre el estado de las poblaciones pesqueras y el esfuerzo de pesca aplicado, lo que impide una gestión adecuada basada en evidencia.

  • La debilidad institucional y normativa del sector, con procesos de fiscalización limitados, escasa transparencia y una trazabilidad deficiente de las capturas.

  • El impacto creciente del cambio climático, que podría reducir las capturas en el Pacífico en un 15% y en el Caribe en un 30% para el año 2050, afectando no solo la productividad pesquera, sino también la seguridad alimentaria.

  • La falta de alternativas económicas viables para las comunidades pesqueras, muchas de las cuales dependen casi exclusivamente de la pesca artesanal para subsistir.


Un llamado a la acción: recomendaciones para transformar el sector

El informe plantea una ruta clara para alcanzar la sostenibilidad pesquera en el país, articulada en tres ejes estratégicos. En el plano técnico y científico, urge establecer sistemas de monitoreo y recopilación de datos biológicos que permitan estimar el estado de las poblaciones y definir límites de captura.

Desde lo social, se destaca la importancia de involucrar a las comunidades costeras mediante educación ambiental, participación activa y diversificación económica. Actividades como el ecoturismo y la pesca turística pueden reducir la presión sobre los recursos, al tiempo que mejoran los ingresos locales y promueven prácticas sostenibles.

Finalmente, a nivel de gobernanza, se recomienda reformar a INCOPESCA para que se alinee con los objetivos de sostenibilidad, y establecer marcos normativos dinámicos que respondan a los retos actuales, incluyendo el cambio climático. Herramientas como vedas, tallas mínimas y áreas marinas protegidas son esenciales para la recuperación de las especies y la salud del ecosistema marino.

Damián Martínez-Fernández, miembro de la Comisión Marino Costera del Parlamento Cívico Ambiental, subrayó:

“Costa Rica enfrenta el reto de reconducir su modelo pesquero hacia la sostenibilidad. Este informe no solo evidencia las áreas que debemos mejorar, sino que ofrece ideas de cómo lograr una pesca que respete los límites del ecosistema y fortalezca el bienestar de las comunidades costeras. Es una invitación abierta a todos los sectores a construir juntos un futuro donde la conservación y el desarrollo caminen de la mano.”

Descargue el informe completo: https://fishcostarica.org/key-elements-for-sustainable-fshing/

Vea el resumen del Encuentro Técnico:

El Vaticano: juego político de pesos y contrapesos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En el reciente nombramiento del Papa, una vez más se ha puesto en evidencia la inteligencia política del Vaticano. Una estrategia de pesos y contrapesos lo ha sostenido, contra viento y marea, como una sólida institución religiosa. Ha sabido enfrentar las disidencias y movimientos contestatarios, algunas veces con medidas disciplinarias y censuras y otras asimilándolos para vaciarles o diezmarles su poder disruptivo. Así, por ejemplo, asimiló el movimiento de reforma impulsado por San Francisco de Asís, que invitaba a una conversión al mundo de los pobres y la hermandad con toda la creación. La contraparte fue la descalificación del movimiento de reforma protestante del Siglo XVI, particularmente por sus tesis fundantes de la salvación por gracia (sola gratia y sola fide) que venían a deslegitimar la venta de indulgencias, la que anteponía a la autoridad papal la autoridad centrada en la Biblia (sola scriptura) y la del sacerdocio universal de los creyentes que enfrentaba a la estructura jerárquica de la Iglesia.

Para el filósofo italiano Antonio Gramsci, si la Iglesia hubiese perseguido y deslegitimado al movimiento franciscano habría anticipado la Reforma en dos siglos. Sin embargo, más bien lo inmuniza, dispersa a sus discípulos y reduce a la nueva religión a una simple orden monástica a su servicio (Citado por Portelli, 1977,72). Un claro ejemplo de cómo apelando al mecanismo de la asimilación, por canonización también en este caso, la Iglesia se legitima y consolida institucionalmente.

Podríamos decir que hoy la Iglesia Católica reivindica el legado franciscano al nombrar al cardenal Jorge Bergoglio, un jesuita que emula, simbólicamente con sus gestos e ideario teológico y pastoral, a San Francisco de Asís; y ahora al cardenal Robert Prevost, un agustino que se presenta como continuidad del magisterio de su antecesor. La gran diferencia con la recuperación anterior es que ahora en lugar de asimilarlo para quitarle o restarle su fuerza disruptiva y reformadora, más bien se potencia su legado para impulsar la iglesia hacia mejores rumbos; una revalorización no por asimilación sino por recuperación como agente que fermenta la masa eclesial y le señala nuevos desafíos y derroteros a asumir.

De esta manera, el peso conservador que privó, especialmente en lo dogmático y doctrinal, en los magisterios de Juan Pablo II y Benedicto XVI, se ve compensado por estos dos nuevos papas de perfil progresista y reformador. Esto explica, la paradoja de que fuese el Papa Benedicto XVI, perteneciente al ala conservadora quien, de alguna manera, contribuyera también con su renuncia para el nombramiento de un papa progresista como Francisco.

Efectivamente, el cardenal Joseph Ratzinger cuando ejercía como mano derecha (también en sentido político) del Papa Juan Pablo II impulsó, como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, las medidas disciplinarias que se aplicaron al teólogo latinoamericano de la liberación y franciscano, Leonardo Boff, por sus tesis críticas, particularmente eclesiológicas, contenidas en su libro Iglesia, carisma y poder. Cabe destacar que Leonardo Boff en una ocasión hizo referencia a los detalles del proceso a que fue sometido en el Vaticano. Relata que en el momento en que el Papa Juan Pablo II iba a dictar la censura, siendo conducido por Joseph Ratzinger a la sala respectiva, quien había sido su profesor cuando estudiaba en Alemania, le dijo que lucía bien la sotana a lo que él le respondió que el problema de vestirla en Brasil era que cuando se subía a un bus hasta la joven embarazada se paraba para darle campo, entonces, aquel símbolo perdía todo su significado diaconal. Y cuando el Papa avanzaba hacia el pódium para dictar la sentencia final, se arrodilló, y al lado en una pared había una pintura de San Francisco, entonces Leonardo se acercó al oído de Ratzinger y le dijo que viera el valioso gesto del Papa inclinándose ante el santo de los pobres. ¿Quién podría imaginar que Leonardo Boff, el censurado con la llamada ley mordaza, se convertiría en asesor del Papa Francisco en materia de ecología y cambio climático (ecoteología) para la elaboración de la Encíclica Laudato Sí?

No es casual tampoco, que siendo el magisterio de Juan Pablo II conservador en lo teológico y pro-neoliberal en lo económico y político, en algunas coyunturas, apelara al juego de los contrapesos. Por ejemplo, al final de su pontificado visita a Cuba donde pronunció la frase “que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba”. Asimismo, en una Conferencia de Obispos en Brasil se pronunció reconociendo la necesidad y utilidad de la Teología de la Liberación, incluso aduciendo que debía constituir una etapa nueva y ser incorporada en la reflexión teológica iniciada en la tradición apostólica y continuada en el magisterio ordinario y extraordinario de la Iglesia (Scannone, 1987,80).

Estamos ante una estrategia o juego de pesos y contrapesos por parte del vaticano, en donde debe privar la inteligencia política que sabe valorar las coyunturas históricas, sociales y religiosas, a la hora del nombramiento de la máxima autoridad de la Iglesia, el Papa. En este aspecto la Iglesia Católica, como lo destacara Gramsci, ha sido muy tenaz en su lucha por evitar que se formen dos religiones: la de los “intelectuales” y la de las “almas simples”. También, podríamos decir la de los conservadores y la de los reformistas, contribuyendo a procurar la unidad desde una política de contrapesos. Y el gran desafío sigue siendo, tener la inteligencia y lucidez para saber atender a los signos de los tiempos.

El Papa de la misericordia y la esperanza, Francisco, abrió nuevos senderos reformadores para una iglesia más sinodal que jerárquica, ensanchó el espacio para las mujeres, fue un defensor insigne de los migrantes y empobrecidos, del cuido y defensa de la naturaleza, benevolente con los estigmatizados por sus preferencias sexuales e impulsó el diálogo interreligioso para una convivencia fraterna y amistosa (Encíclica Fratelli Tutti).

A pesar de que con el nombramiento del nuevo Papa León XIV hay signos de continuidad reformista, como ya indicamos, también los hay en sentido contrario. Dentro del comportamiento político de pesos y contrapesos está por verse cuál orientación prevalecerá. Hacemos votos para que los grandes logros del magisterio de Francisco no se vean opacados por las fuerzas conservadoras que gravitan resistiéndose al cambio necesario de una Iglesia que ha sabido, en buena medida durante el magisterio de Francisco, leer los signos de los tiempos para contribuir a la paz mundial, la inclusión a todo nivel y particularmente comprometida con la defensa de los empobrecidos y los derechos de la naturaleza.

Fila Costeña amenazada por proyectos inmobiliarios y falta de regulación

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Comunidades y la UCR han solicitado una moratoria

La reciente paralización total de las obras de un proyecto residencial en el Corredor Biológico Paso La Danta, en Portalón de Savegre sobre la Fila Costeña, es solo uno de los múltiples casos que ilustran la creciente amenaza que enfrenta este importante ecosistema montañoso debido a desarrollos inmobiliarios sin una regulación adecuada.

En muchos casos, estas construcciones se han realizado sin ningún tipo de regulación, sin estudios de viabilidad ambiental por parte de SETENA, ni permisos municipales. Esta situación fue documentada por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), en un estudio realizado en 2024, donde se concluye que el 25 % de las construcciones operan sin permisos. El cantón de Osa ocupa el décimo lugar a nivel nacional, con 4.798 metros cuadrados construidos sin licencia.

Problemática. Una investigación liderada por Carlos Morera, de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional (UNA), reveló que entre 2002 y 2006, el 56 % de los permisos de construcción en la zona se otorgaron en áreas de fuerte pendiente y bosque primario. Muchas de estas edificaciones carecían de los permisos necesarios, lo que provocó deslizamientos y sedimentación en cuerpos de agua, afectando negativamente ecosistemas sensibles como el Parque Marino Ballena (UNA Comunica, 16-1-2009; Morera C.2009).

Esta contaminación marino-costera por sedimentación afecta directamente la supervivencia de corales y especies marinas protegidas, que son la razón de ser del Parque Marino Ballena. Además, impacta actividades como el ecoturismo y la pesca artesanal, que son fundamentales tanto para la economía local como para la seguridad alimentaria de las comunidades pesqueras.

El estudio de Morera también advierte que, aunque la cobertura boscosa ha aumentado en décadas recientes, esta tendencia está hoy en riesgo. El auge del llamado “turismo inmobiliario” —es decir, la construcción de bienes inmuebles como condominios, casas de lujo y residenciales orientados a la inversión extranjera— ha propiciado la deforestación en zonas clave, en especial aquellas con vistas al mar. En comunidades como Dominicalito, este fenómeno ha llevado al desplazamiento de habitantes locales para dar paso a desarrollos turísticos

Según estudios registrales realizados por Óscar Leiva, Máster en Desarrollo Territorial Rural por FLACSO, se estima que entre el 70 % y el 75 % de las propiedades en Ojochal están en manos de personas extranjeras. Esta estimación se basa en una muestra de aproximadamente 3.000 hectáreas inscritas, muchas a nombre de sociedades anónimas, y forma parte de su tesis de Maestría en Turismo y Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional (UNA), Sede Chorotega.

Además, el “estilo constructivo” de estas “comunidades privadas” —grandes casas con vistas al mar— implica la apertura de caminos en zonas boscosas y con pendientes pronunciadas, contribuyendo a la fragmentación de los parches de bosque que garantizan la conectividad ecológica de la fauna y flora. Según el Diagnóstico del Corredor Biológico (2018), esta conectividad se ha visto reducida en un 70 % debido a la fragmentación.

A ello se suma el impacto negativo sobre el recurso hídrico. La eliminación de cobertura forestal afecta la calidad y disponibilidad del agua, altera el ciclo de recarga de acuíferos y, junto con el traslado de material pesado por caminos no aptos, ha provocado daños a manantiales —como lo documenta el biólogo Jorge Lobo desde 2006— y constantes interrupciones en el suministro de agua a comunidades de tierras bajas debido a fugas y roturas en la red, como refieren las y los vecinos.

En esa línea, según informó Camilo Flores, fiscal ambiental de Osa, los delitos ambientales más frecuentes en la Fila Costeña incluyen: tala ilegal, cambio de uso de suelo, invasión de áreas de protección y de cauces de agua, destrucción o extracción de vegetación en zonas protegidas, y aprovechamiento ilegal de recursos.

Según el informe “Situación del Reciclaje 2021-2024” de la Asociación de Reciclaje AmbiciOsas (2025), entre 2020 y 2024 la construcción de viviendas y negocios para la industria turística aumentó un 300 % en el distrito de Bahía Ballena. Solo en Ojochal, durante 2022, se tramitaron 2.000 permisos de construcción. El mismo informe, con datos del ICT (2024), señala al Parque Nacional Marino Ballena como el tercer parque más visitado del país, con 317 empresas de hospedaje, 1.713 habitaciones y 103 establecimientos gastronómicos en el distrito más pequeño del cantón. Esta afluencia turística, sumada al aumento de “comunidades privadas” en las montañas de la Fila Costeña, agrava los problemas de manejo de residuos y limita la capacidad de respuesta municipal.

Respuestas. En 2008, ante la gravedad de los impactos, la Universidad de Costa Rica hizo un llamado público a establecer una moratoria al turismo inmobiliario en esta zona. Este pronunciamiento subrayó la necesidad urgente de replantear los modelos de desarrollo turístico hacia enfoques sostenibles que respeten tanto el ambiente como las culturas locales (UCR, 2008).

Más recientemente, el 17 de julio de 2024, la Comisión de Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso La Danta presentó ante el Concejo Municipal de Osa un acuerdo comunitario surgido del foro “Enlace Tierra+Mar”, realizado en el Festival del Día del Océano 2024. El acuerdo solicita:

  • Una moratoria en los permisos de construcción hasta contar con la regulación adecuada.

  • La actualización integral del Plan Regulador Cantonal.

  • La declaratoria de la Fila Costeña como “Categoría de Manejo Especial de Protección”.

  • La conformación de una Mesa de Diálogo Ciudadana para avanzar hacia un ordenamiento territorial participativo.

Un foro reciente titulado «El impacto de la industria inmobiliaria en la Fila Costeña del Pacífico Sur” (SURCOS Digital, 5-4-2025), evidenció que la presión sobre estos territorios ha aumentado considerablemente. Con participación de expertos y representantes comunales, se discutieron los impactos negativos de los desarrollos no regulados, la deforestación y la falta de planificación territorial. Se reiteró la necesidad urgente de establecer una moratoria hasta contar con un plan regulador integral y participativo.

Antecedentes

  • Entre 2008 y 2010, el Tribunal Ambiental Administrativo abrió 44 expedientes por denuncias relacionadas con proyectos inmobiliarios, hoteles y aserraderos en esta región. Estas cifras, junto con las de la Península de Osa, constituyeron un récord preocupante (TAA: Osa, un tesoro en peligro).

  • Solo en el cantón de Osa, entre 2005 y 2014, se otorgaron 2.247 permisos de construcción. En 2008 se alcanzó un pico, seguido de una caída por la crisis inmobiliaria mundial; sin embargo, desde 2013 la tendencia ha retomado un crecimiento acelerado(La Nación, 08-6-2015).

  • La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) denunció en 2008 la proliferación de residencias en la Fila Costeña mediante vacíos legales, como el Reglamento para el Control de Fraccionamientos y Urbanizaciones, que permite lotificaciones agrícolas sin evaluaciones ambientales integrales por parte de SETENA, bastando sólo una inspección municipal para obtener permisos (La Nación, 11- 9-2008).

Importancia de la zona

  • ¿Qué es el Corredor Biológico Paso de la Danta? Este territorio, que conecta las regiones del Pacífico Central y Sur de Costa Rica entre los ríos Savegre y Térraba, abarca aproximadamente 82.000 ha y 68 km de costa (ITCR, 2014). Es un corredor con ecosistemas diversos y de gran valor biológico, que protege zonas clave como los arrecifes rocosos de Dominicalito, el arrecife de coral en el Parque Nacional Marino Ballena y otras áreas costeras adyacentes(mapa).

  • La Fila Costeña. En Osa se extiende desde Dominical hasta Palmar Norte, descendiendo cerca de la costa y de la carretera Costanera Sur. Como bosque tropical húmedo, alberga una mezcla única de especies de bosques secos y húmedos, muchas de ellas endémicas. Cumple un rol clave en la conectividad ecológica entre áreas protegidas como los parques nacionales Manuel Antonio, Marino Ballena, Corcovado y el Humedal Térraba-Sierpe. Además, regula el clima local, tanto en la costa como en el Valle de El General, y es fuente de manantiales, cuencas y microcuencas vitales para la salud de los ecosistemas costeros y el abastecimiento de agua potable para las comunidades de tierras bajas.

Fotos: https://drive.google.com/drive/folders/1dfytJwhXbYTOqSMtfm0brNUDqMRW-4Kz?usp=sharing

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

SINTRAJAP hace un llamado a las diputaciones para atender la crisis en JAPDEVA

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) emitió una carta dirigida hacia las diputaciones de la Asamblea Legislativa con el propósito de atender la crisis financiera y mediática que enfrenta la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA). En la petición igualmente la organización agradece la aprobación de las leyes: Ley No. 10.633, Ley No. 10.669 y Ley No. 10.726 (pendiente de publicación en el diario oficial La Gaceta).

Este cuerpo normativo se dio con el propósito de contener la crisis financiera en la institución. Por medio de la autorización para que las instituciones del estado perdonen las deudas a JAPDEVA, así como permitir la utilización de recursos correspondientes al fondo del canon de explotación y desarrollo regional para el reconocimiento de los aportes patronales acordados en la convención colectiva de 2002, y más recientemente, brindar la posibilidad de ajustar las tarifas portuarias todos los años.

SINTRAJAP, recalca que la institución históricamente ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de la provincia de Limón, no solo como Autoridad Portuaria sino también asumiendo funciones de infraestructura y apoyo económico en ausencia de intervención gubernamental. Así mismo reconocen que recientemente existe un deterioro de su imagen pública de la institución. Agregado a lo anterior se presenta la crisis financiera producto del Plan Maestro Portuario en el 2008 y de la firma de contrato de concesión con APM Terminals Moín S.A en el 2012, reduciendo significativamente los ingresos de la institución.

Ante esta crisis, se implementó la Ley 9764 para transformar la estructura de JAPDEVA y garantizar la protección de sus trabajadores. Con base en esta ley, se logró obtener financiamiento de entidades estatales no financieras, permitiendo la liquidación de gran parte del personal y la continuidad de las operaciones portuarias.

Finalmente, la carta denuncia que la Contraloría General de la República confirmó que el contrato de concesión de APM Terminals Moín, presenta contradicciones con la legislación vigente. De acuerdo con este órgano auxiliar la aprobación de dicha concesión afecta la capacidad de JAPDEVA para cumplir su función de desarrollo regional que históricamente ha sido un pilar en la provincia de Limón.

Seis “titanes” se rifan la vida en su camino a la Sala penal

Escrito en . Publicado en Derechos.

Rafael A. Ugalde Q.

Seis “pesos pesados” en derecho penal presentaron sus nombres como candidatos a magistrados a la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la comisión de nombramientos de la Asamblea Legislativa presidida por la diputada Alejandra Larios Trejos.

Los méritos y capacidades de un mayor número de penalistas a tan importante cargo de nuestro Poder Judicial, pudo aumentar si no hubiera sido por la brevedad del concurso con que dicha comisión convocó al foro de jueces y litigantes nacionales.

El horario para la entrega de la documentación ante dicha comisión fue de lunes a jueves a partir de las 9:00 horas y hasta las 17 horas, los viernes a partir de las 9:00 horas y hasta las 11:00 horas, así versa en la convocatoria oficial. Se designará el sustituto de Jesús Ramírez Quirós, de 82 años, tras ocupar por 40 años la magistratura y acogerse a su jubilación.

Por disposición expresa un magistrado en nuestro país pierde el cargo solo sí 38 diputados de los partidos políticos en el congreso no renuevan su nombramiento.

La comisión, presidida entonces por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), por la provincia de Guanacaste, Larios Trejos, conoció los atestados de Gustavo Adolfo Jiménez Madrigal, Norberto E. Garay Boza, Ronald Salazar Murillo, Giovanni Mena Artavia, Rafael Mayid González González y Rafael Segura Bonilla.

Jiménez Madrigal es actualmente juez de apelaciones, es políglota, es doctor en derechos humanos por la Universidad española Carlos III de Madrid, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Palermo, Italia, especialización en filosofía y sociología, con graduaciones de honor en Universidades de Alemania y España, en materia penal, entre otras.

Durante su carrera en la Facultad de Derecho en la U.C.R obtuvo calificaciones honoríficas por su promedio y se graduó con honores; tiene en su hoja curricular una vasta lista de artículos publicados, tanto en el plano local como en el exterior.

Garay Boza tiene una amplia experiencia en el campo del derecho penal, es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Candidato doctoral en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica, máster y especialista en Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Mena Artavia tiene también una amplia experiencia como juez penal y amplios estudios en el doctorado de derecho de la U.C.R, maestría además en Criminología por la UNED

Sus atestados dan cuenta de su gran experiencia como magistrado suplente en la Corte Suprema de Justicia, Juez en Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea, en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Juez Suplente Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José Goicoechea, Juez Suplente Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, entre otras funciones.

Salazar Murillo es máster en Ciencias Penales por la U.C.R., doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Justicia Constitucional, otorgado por la Universidad de Castilla – La Mancha, España, así como máster en Derecho Constitucional por la UNED, entre sus amplios logros alcanzados dentro y fuera del país.

Su vasta experiencia incluye la docencia en la U.C.R., 30 años de servicio judicial en la Judicatura, 14 años como Magistrado Suplente en la Sala Constitucional y Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

González González, por su parte, tiene una extensa experiencia en asuntos administrativos y penales dentro y fuera del poder judicial. Integró el Consejo Superior, Poder Judicial, laboró en tareas para garantizar la independencia de los tribunales y procurar la eficiencia, corrección y decoro de las personas funcionarias en este importante poder de la república.

Ha laborado para el Poder Judicial durante 32 años. Actualmente dirige y coordina el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Hacienda, Sen el Segundo Circuito Judicial de San José. Además, es conocedor a profundidad en la dirección, coordinación y organización de despachos judiciales, en entornos de transformación digital, implementación de sistemas de teletrabajo y evaluación del desempeño.

Segura Bonilla durante su quehacer profesional alcanzó maestrías y doctorados en campos tan diversos como Ciencias Penales UCR., en Administración de Justicia, con énfasis en Derecho Penal, por la UNA y es doctor en Derecho por la UNED.

Es conocedor a fondo sobre crimen organizado, trata de personas, Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes: Salud, Sexualidades y Violencia, Justicia Restaurativa para las víctimas, entre otras especialidades.

Según el Semanario Universidad, edición del 16 de agosto de 2023, entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022, se redujo en un 9% el atascamiento de expedientes a la espera de una resolución judicial. O que es decir lo mismo: resolvieron 75.712 expedientes que hacían presa.

El artículo 41 de la Constitución Política, de acatamiento obligatorio, pues no presenta reserva o excepción alguna, establece: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”.

Cualquier interpretación constitucional, tal como el constituyente plasmó solo un alcance de carácter ético a los jueces, al decir “debe hacérseles” justicia pronta y cumplida, y no un mandato categórico de “es obligatorio hacerles” tal justicia sin demora, no es más que una leguleyada o un fraude de mal gusto, a juzgar por el capítulo especial en nuestra Constitución asignado exclusivamente para el poder judicial, en torno a obligaciones, administración, independencia y el contenido financiero aportado por todos los costarricenses.

Durante una reciente reunión de la Corte Plena, hubo magistrados que expresaron su preocupación por la percepción de los costarricenses por el Poder Judicial.

Hablaron de medidas que contrarrestaran la mala imagen de este poder y hasta de contratar especialistas en ramas como la sociología, comunicación y antropología, a fin de posesionar mejor el gobierno de los jueces.

Solo el 44% de los costarricenses confía en el Poder Judicial, según un informe de la OCDE; porcentaje que, según el Programa Estado de la Nación, se considera relativamente alto, pero aún hay margen para mejorar la percepción de la justicia en el país, concluyó.

Marco Levy Virgo responde artículo suscrito por Edwin Patterson

Escrito en . Publicado en Comunidad.

SURCOS comparte el siguiente documento enviado a nuestra redacción por Marco Levy Virgo:

Réplica al comunicado de prensa de Edwin Patterson y denuncia de su conflicto de intereses

Las comunidades del Caribe Sur, representadas por organizaciones de base como el Movimiento Cahuita Unida, COVIRENAS Caribe Sur, el Bloque Verde, y la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK), rechazamos categóricamente el comunicado de prensa publicado el 11 de mayo de 2025, suscrito por Edwin Patterson, quien se presenta como representante del pueblo tribal afrodescendiente del Caribe Sur a través de la Asociación Tribal Afro-Costarricense del Caribe Sur (ATACS). Denunciamos que las afirmaciones de Patterson no solo carecen de legitimidad técnica y moral, sino que encubren un claro conflicto de intereses, ya que él mismo es beneficiario potencial de una concesión bajo el controvertido Plan Regulador Costero (PRC) de Talamanca, un proyecto que amenaza el patrimonio ambiental y cultural de nuestra región.

Desmintiendo las afirmaciones de Edwin Patterson

1. Falsa representación de los pueblos afrodescendientes: Edwin Patterson no representa el sentir mayoritario de las comunidades afrodescendientes ni indígenas del Caribe Sur. Su respaldo al PRC, lejos de defender los derechos de los pueblos tribales, promueve un modelo de desarrollo turístico que prioriza intereses económicos privados sobre las necesidades de las comunidades locales. Organizaciones como Cahuita Unida y COVIRENAS han documentado cómo el PRC permite la fragmentación de ecosistemas clave, como humedales y bosques costeros, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, afectando la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades que dependen de estos recursos.

2. Conflicto de intereses evidente: Patterson omite mencionar que él mismo está posicionado para obtener una concesión en la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) bajo el PRC, lo que lo convierte en un beneficiario directo de este plan. Esta omisión compromete su credibilidad y deslegitima su supuesto rol como defensor de los derechos humanos y ambientales. Su apoyo al PRC no responde al bienestar colectivo, sino a intereses personales y económicos, lo que constituye una traición al legado de lucha de los pueblos afrodescendientes e indígenas del Caribe Sur.

3. Manipulación de la narrativa ambiental: El comunicado de Patterson acusa a “grupos extremistas” y autoridades de manipular la normativa ambiental para frenar el desarrollo. Esta afirmación es engañosa y desinforma a la población. La oposición al PRC no proviene de extremismos, sino de preocupaciones fundamentadas por la falta de consulta indígena, la omisión de humedales en la zonificación, y la ausencia de una delimitación adecuada del Refugio Gandoca-Manzanillo, como lo ha señalado la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional en múltiples resoluciones. Por ejemplo, la sentencia 31756-2023 de la Sala IV anuló una audiencia pública del PRC por excluir al Territorio Indígena Kéköldi, evidenciando el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

4. Desarrollo desigual y marginación del Caribe Sur: Patterson afirma que el Caribe es marginado bajo el pretexto de la conservación. Si bien es cierto que el Caribe Sur ha sido históricamente marginado, el PRC no resuelve esta problemática. Al contrario, fomenta un modelo de turismo masivo, similar al del Pacífico, que beneficia a grandes inversionistas y cadenas hoteleras en detrimento de las comunidades locales. El PRC no incluye planes para abordar carencias críticas, como la falta de agua potable (85% de los acueductos en Talamanca enfrentan estrés hídrico, según ARESEP) o la infraestructura educativa deficiente, como la Escuela de Puerto Viejo, que está al borde del colapso.

La verdadera amenaza: el Plan Regulador Costero de Talamanca

El PRC de Talamanca, lejos de ser una herramienta de desarrollo sostenible, representa una amenaza directa a la seguridad ambiental, cultural y social de las comunidades del Caribe Sur. Entre sus principales problemas, destacamos:

• Impacto ambiental devastador: El PRC permite el desarrollo turístico en áreas sensibles, como humedales y bosques costeros, ignorando un informe del SINAC de 2021 que identificó 165 hectáreas de humedales en la ZMT. La directriz del MINAE de 2023, que desestimó este informe, facilita la construcción en estas zonas protegidas, violando sentencias de la Sala Constitucional (12745-2019, 3959-2024, entre otras).

• Falta de consulta indígena: La Municipalidad de Talamanca ha incumplido sistemáticamente el derecho de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT. La Defensoría de los Habitantes confirmó que no existe solicitud alguna para consultar al Territorio Indígena Kéköldi, lo que invalida el proceso del PRC.

• Despojo de tierras ancestrales: Aunque Patterson y sus aliados, como Edwin Cyrus, argumentan que el PRC garantiza seguridad jurídica a los habitantes históricos, el plan no protege adecuadamente los derechos de propiedad de las comunidades afrodescendientes. La Ley 9223, declarada inconstitucional en 2019, desafectó bosques del Refugio Gandoca-Manzanillo, abriendo la puerta a la especulación inmobiliaria. Las concesiones previstas en el PRC benefician principalmente a inversionistas externos, no a los pobladores ancestrales.

Llamado a la acción y exigencia de transparencia

Rechazamos la narrativa de Edwin Patterson y exigimos lo siguiente:

1. Suspensión inmediata del PRC: La Municipalidad de Talamanca debe acatar las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes y suspender cualquier acto de aprobación del PRC hasta que se cumplan los requisitos legales, incluida la consulta indígena y la delimitación del Refugio Gandoca-Manzanillo.

2. Investigación sobre conflictos de intereses: Solicitamos a la Comisión Legislativa de Ambiente, que ya abrió un expediente sobre el PRC, investigar las conexiones de Patterson y otros promotores del plan con concesiones en la ZMT, así como posibles casos de tráfico de influencias.

3. Diálogo inclusivo y participativo: Instamos al Gobierno de Costa Rica a establecer un diálogo genuino con todas las organizaciones comunitarias del Caribe Sur, excluyendo a figuras como Patterson, cuya legitimidad está comprometida por sus intereses personales. Este diálogo debe priorizar la sostenibilidad ambiental, los derechos humanos y el bienestar de las comunidades locales.

4. Protección del legado ambiental y cultural: Conservar el Caribe Sur no implica despojar a sus habitantes, como Patterson sugiere, sino garantizar que el desarrollo respete la armonía entre las comunidades y su entorno. Los pueblos afrodescendientes e indígenas hemos convivido sosteniblemente con esta región por generaciones, y no permitiremos que se sacrifique nuestro patrimonio en nombre de un falso progreso.

Conclusión

Edwin Patterson no habla por el Caribe Sur. Su respaldo al PRC, motivado por intereses personales, traiciona la lucha histórica de los pueblos afrodescendientes e indígenas por la justicia ambiental y territorial. Invitamos a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a las autoridades a escuchar las voces legítimas de las comunidades organizadas que defendemos nuestro territorio, nuestra cultura y nuestro futuro. No permitiremos que el Caribe Sur sea entregado a la codicia de unos pocos bajo el disfraz de un desarrollo que no nos representa.

Referencias:

• Defensoría de los Habitantes, alerta temprana sobre el PRC, 10 de octubre de 2024.

• Sala Constitucional, sentencias 31756-2023, 12745-2019, 3959-2024, entre otras.

• Informe SINAC sobre humedales, 2021.

• ARESEP, informe sobre estrés hídrico en Talamanca, 21 de julio de 2023.

• COVIRENAS y Bloque Verde, denuncias sobre impacto ambiental del PRC, 2023.

Puerto Viejo de Talamanca
12 de mayo de 2025

Imagen con fines ilustrativos.

La negociación como táctica revolucionaria: China le da la razón a Manuel Mora

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mauricio Ramírez

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

En la década de los ochenta, en plena Guerra Fría y ante la sombra de una posible aniquilación nuclear, el benemérito de la patria costarricense, Manuel Mora Valverde, planteó en un simposio en Alemania una tesis audaz: la negociación debía entenderse como una fase superior de la lucha de clases. Su afirmación, lejos de ser una claudicación ideológica como algunos pensaron, era una lectura estratégica y profundamente dialéctica del momento histórico. Pero muchos no lo entendieron. Encerrados en los dogmatismos de la Guerra Fría, acusaron a Mora de traicionar principios, como si hablar con el enemigo fuera rendirse a él. Una lógica absurda. Tan absurda como suponer que la negociación de la crisis de los misiles de 1962 volvió comunista a Estados Unidos o capitalista a la Unión Soviética.

Hoy, en el siglo XXI, donde aquellos esquemas binarios han perdido toda utilidad política real, la experiencia china ha venido a reivindicar esa tesis de manera práctica y contundente, dando la razón al benemérito de la Patria. No desde la teoría, sino desde la acción concreta. Con una visión estratégica y sin renunciar a su proyecto de una civilización socialista con características propias, China ha hecho de la negociación una herramienta de afirmación nacional y de proyección global.

Las recientes conversaciones sostenidas en Suiza entre el viceprimer ministro chino He Lifeng, el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y el representante de Comercio Jamieson, para enfrentar la guerra de aranceles desatada unilateralmente por la administración Trump, son un ejemplo elocuente de cómo se negocia sin claudicar. China no se sentó a la mesa desde la sumisión, sino desde una posición de fuerza estratégica, consciente de su peso económico global y de su rol como actor central en la estabilidad mundial.

El resultado habla por sí solo: una tregua de 90 días en la guerra comercial y una significativa reducción mutua de aranceles; Washington bajará sus tarifas del 145% al 30%, y Pekín del 125% al 10%. No se trata de concesiones graciosas, sino de logros concretos producto de una diplomacia realista, que entiende que en la lucha de clases global la negociación no es traición, sino táctica revolucionaria cuando se hace desde la soberanía y con claridad estratégica.

Esta lección no nace de la ingenuidad, sino de una lectura lúcida de las correlaciones de fuerza, del sentido del momento histórico y del valor de preservar condiciones de desarrollo frente a la hostilidad imperial. China, como lo advirtió Manuel Mora en su momento, demuestra que, en ciertos contextos, negociar es también una forma superior de luchar.

En un mundo en crisis múltiple (económica, política, ecológica y espiritual), la vieja lucha de clases no ha desaparecido, simplemente ha mutado de formas y escenarios. Hoy no solo las minorías son vulnerables; también lo son las grandes mayorías. La clase trabajadora, las comunidades rurales, los sectores populares urbanos, clases medias, etc., todos enfrentan nuevas formas de exclusión, precarización y desarraigo. Y mientras los pueblos son empujados a pelear entre sí, mayorías contra minorías, pobres contra pobres, las élites económicas y culturales celebran su victoria: nos mantienen divididos, confundidos, y sin dirección. En esa fragmentación inducida se produce su mayor victoria: la neutralización política efectiva de cualquier oposición que amenace el orden establecido.

Por eso la tesis de Manuel Mora cobra renovada vigencia. Porque entender la negociación como fase superior de la lucha de clases no implica renunciar a los principios, sino releerlos en clave estratégica, adaptarlos a nuevas condiciones sin diluir su contenido emancipador. Los principios permanecen, lo que cambia es el terreno donde se libra la batalla. Solo un pensamiento político maduro puede entender esto. Solo una izquierda o social democracia libre de dogmas puede asumir esta tarea sin culpa.

China, sin hacer ruido ideológico, ha mostrado que es posible. No se ha rendido ante el capitalismo global, pero ha sabido utilizar sus grietas para avanzar usando sus mismas reglas. Ha negociado, sí, pero no para someterse, sino para fortalecer su soberanía, su economía y su modelo. El resultado: millones de personas sacadas de la pobreza, infraestructuras transformadas, y un proyecto de nación que combina tradición, modernidad y futuro.

Esa es la lección: negociar no es rendirse. Negociar con visión, con estrategia y con firmeza, es también luchar en una forma superior. Es prolongar la lucha de clases por otros medios cuando las condiciones lo exigen. Es evitar el sectarismo inútil que solo sirve al enemigo. Es resistir con inteligencia y construir con realismo. Es, como decía Mora, elevar la lucha a un plano más complejo y eficaz, sin perder el horizonte de justicia social, la paz y la dignidad humana.

Inmigrantes en EEUU

Escrito en . Publicado en Derechos.

Mg. José A. Amesty Rivera

Es increíble que un país como Estados Unidos de Norteamérica esté persiguiendo y deportando a los inmigrantes, cuando la realidad es que en EEUU conviven una gran cantidad de ellos y ellas, además de que es un país que fue formado por migrantes.

Ante la cruzada de Donald Trump contra los migrantes, recordemos que en EEUU y reiterando, coexisten una gran cantidad de inmigrantes, los cuales son de múltiples naciones del orbe.

La variedad de nacionalidades está representada, al menos, por México (por ejemplo, con el 23% de los inmigrantes nacidos en México en 2022), India, China, Filipinas (estos países también tienen una presencia significativa, representando el 6%, 5% y 4% de los inmigrantes, respectivamente), El Salvador, Guatemala, Corea del Sur, Vietnam, Cuba y República Dominicana (también tienen una población inmigrante considerable en EE. UU.).

Países sudamericanos como Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú también aportan un número importante de inmigrantes a Estados Unidos. En general, la inmigración a EEUU proviene de diversos países alrededor del mundo, reflejando la diversidad cultural e histórica del país norteamericano.

Según el último estudio del Centro de Investigación Pew (el Pew Research Center), es un grupo de expertos estadounidenses no partidista con sede en Washington, DC, que proporciona información sobre temas sociales, opinión pública y tendencias demográficas que dan forma a los Estados Unidos y al mundo. Destaca que más de 46 millones de inmigrantes viven en Estados Unidos, una cifra récord, y además señala que, hasta 2022-2023, el 77% de los migrantes estaban en el país de manera legal.

El 49% eran ciudadanos estadounidenses naturalizados (tenían la nacionalidad), el 24% eran residentes permanentes legales (LPR) y el 4% eran residentes temporales legales. El resto, el 23%, residía irregularmente en el país. Son 11 millones de personas.

Los datos anteriores son hasta el 2022-2023, por lo que es posible que hayan aumentado, es decir, se desconoce cuánto, ya que algunos abandonan el país, otros mueren y otros se regularizan.

Ahora, según el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EEUU, USCIS, en 2024 se les otorgó la nacionalidad estadounidense a 815.500 personas, lo que supone un 7% menos que en 2023.

México es el país líder con el 31,1% de las nacionalizaciones, seguido de India con el 6,1%, Filipinas con el 5%, República Dominicana con el 4,9% y Vietnam con el 4,1%.

Estas personas nacionalizadas residen en los estados de California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Illinois, Washington, Pensilvania, Massachusetts y Virginia.

Por ejemplo, las Estadísticas de Naturalización del Año Fiscal 2024 en EEUU: en Massachusetts 23,600, Washington 23,500, todos los demás 238,700; total, 818,500.

Ya es conocido, por otro lado, que, aunque Trump afirma querer deportar a hasta 11 millones de inmigrantes, los análisis publicados por The New York Times y The Washington Post indican que podría ser difícil expulsar a muchos de ellos bajo la legislación estadounidense vigente. El único grupo fácil de expulsar (son aquellos con antecedentes penales) es relativamente pequeño, con unas 650.000 personas.

En fin, la mayoría de los inmigrantes, ya sea que se encuentren legal o ilegalmente en EEUU, han vivido en el país durante muchos años. Casi la mitad de las personas nacidas en el extranjero han vivido en el país durante dos décadas o más, y más de dos tercios han vivido en el país durante al menos 10 años. Solo el 20% llegó en los últimos cinco años.

Esto significa que muchas de las personas que probablemente serán objeto de deportación en los próximos meses son miembros establecidos y de larga data de la sociedad estadounidense.

En resumen, en EEUU, la población inmigrante podría superar los 13 millones de personas en 2025, según estimaciones de organizaciones como Migration Policy Institute y Pew Research Center. Además, hay al menos 11 millones de personas inmigrantes indocumentadas en el país. Se espera que las deportaciones se mantengan en niveles similares a los de 2024, con la mayoría de los vuelos dirigidos a América Latina.

Población inmigrante: Se estima que la población inmigrante en Estados Unidos podría superar los 13 millones de personas para el año 2025.

Inmigrantes indocumentados: Hay al menos 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país.

Deportaciones: Las deportaciones se mantienen similares a las de 2024, con el 90% de los vuelos dirigidos a América Latina.

Impacto de la política: El enfoque del gobierno en deportaciones y las nuevas leyes pueden afectar significativamente a la comunidad inmigrante.

Origen de los inmigrantes: La mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos provienen de México, India y China.

Nuevas leyes y reglas: Se implementarán nuevas leyes y reglas migratorias, como la que requiere el registro de ciudadanos extranjeros que permanezcan en el país por más de 30 días.

Es decir, a partir del 11 de abril de 2025, todo ciudadano extranjero mayor de 14 años que permanezca en Estados Unidos por más de 30 días deberá registrarse ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés).

Además, en 2025 ha traído importantes noticias en el ámbito migratorio, especialmente para quienes buscan trabajar temporalmente en EEUU. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se ha aprobado un aumento temporal en la cantidad de visas H-2B para trabajadores no agrícolas.

En fin, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se han implementado nuevas medidas destinadas a fortalecer los procesos migratorios y agilizar solicitudes pendientes hasta el 2025. A continuación, le presentamos algunos de los aspectos más destacados:

Extensión de programas temporales: El gobierno ha ampliado programas como el TPS (Estatus de Protección Temporal) para países como Honduras, El Salvador y Haití. Esta medida permite que miles de personas puedan vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras las condiciones en sus países de origen mejoran.

Nuevas prioridades en deportaciones: La administración actual ha decidido enfocar los esfuerzos de deportación en individuos con antecedentes penales graves. Por otro lado, se están reduciendo las deportaciones de personas que no representan un riesgo para la seguridad pública, marcando un cambio positivo para muchas familias en situación irregular.

Actualización del sistema de visas: El Departamento de Estado ha comenzado a digitalizar más procesos relacionados con visas de trabajo y reunificación familiar. Esta modernización tiene como objetivo reducir los tiempos de espera, facilitando el acceso a beneficios migratorios de manera más eficiente.

No obstante, estos datos pueden variar de acuerdo a las políticas migratorias de Donald Trump, ya que, como hemos visto, hoy dice una cosa y mañana otra.

*HASTA SIEMPRE PEPE*

Escrito en . Publicado en Cultura.

A José Mujica, el hombre, el maestro, el guerrero.

Hoy lloro, lloro y lloro.

Las interminables marchas de protesta,
nunca desgastaron las suelas de tu corazón.

La fuerza de tu voz
jamás se debilitó bajo las macanas y el gas lacrimógeno.

La dureza de la selva
no pudo mermar tu sensibilidad y compromiso.

La letanía mortal de la metralla,
no te impidió escuchar el lamento de los oprimidos.

Las torturas oficiales
no apagaron tu voluntad.

La obscuridad del calabozo,
no pudo cegar la luz de tus sueños.

Tampoco con el poder en tus manos,
te arrodillaste ante la ambición y la soberbia.

La vida, la injusticia y la violencia estructural,
te transformaron en un sabio imprescindible.

Pepe,
hoy te digo que los nombres de todos tus detractores y verdugos, serán
ilegibles bajo tus pies.

Viejo, mi querido viejo,
hoy te llevas un pedazo de mi humanidad…

Palabra de HECO

Herberth Contreras Vásquez

El silencio de los Aquileos

Escrito en . Publicado en Cultura.

Movimiento Transparencia
Martes 13 de mayo, San José, Costa Rica

MANIFIESTO

Ética y transparencia en la evaluación literaria: un llamado a la justicia en los Premios Nacionales Aquileo J. Echeverría

El abogado y escritor José María Zonta presentó, en 2025, una gestión de nulidad y abrió un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Cultura debido a las irregularidades detectadas en los Premios Nacionales Aquileo J. Echeverría 2024. Este acto, realizado en un momento crítico, ha señalado con claridad las deficiencias estructurales que comprometen la imparcialidad y la legitimidad del proceso. En respuesta, se ha creado paralelamente el Movimiento Transparencia, conformado por un grupo de escritores, quienes han decidido respaldar la denuncia presentada por Zonta, uniendo esfuerzos para exigir una reforma inmediata en el sistema de premiación. Y si apelamos al ordenamiento jurídico debería repetirse todo el proceso desde la designación de nuevos jurados hasta el nuevo fallo.

Algunos vicios señalados en la Gestión de Nulidad

  1. Doble postulación de la novela Donde nadie de Carlos Villalobos[1]
    La novela Donde nadie fue premiada a pesar de contar con doble boleta de participación en los premios Aquileo (2023 y 2024), presentada bajo dos sellos editoriales diferentes: Diario Jaén, España (2023) y Uruk Editores, Costa Rica (2024). Ambas versiones comparten el mismo contenido y mismo título, siendo ambas catalogadas como primera edición. Este hecho cuestiona la legitimidad del proceso. ¿Es justo permitir la participación de una obra reeditada en un año diferente de su primera edición?

 

  1. Relaciones de conflicto de interés entre Jurados y autores premiados
    Se han descubierto vínculos estrechos entre varios jurados y autores premiados. Dorde Cuvardic y Carlos Villalobos, Laura Gómez y Edmundo Retana: estos vínculos han puesto en evidencia una falta de objetividad que afecta la integridad del proceso. ¿Cómo pueden estos vínculos influir en la imparcialidad del proceso de selección?[2]

 

  1. La editorial “Oro Viejo Ediciones”
    La editorial “Oro Viejo Ediciones”, responsable de publicar El incendio del ser de Edmundo Retana, no cumple con los requisitos legales mínimos para ser considerada una editorial formal. Aparece disuelta por Ley 9024[3] en certificación registral. No tiene página web, oficina física, presidente, consejo editorial ni catálogo actualizado (2023–2024). ¿Firmó un contrato editorial legítimo con Edmundo Retana para la publicación de esta obra? Esta situación genera dudas serias y plantea la pregunta de si el jurado fue inducido a error, creyendo que existía un filtro editorial previo.

 

  1. Filtración de los resultados[4]
    La filtración anticipada de los resultados (los nombres de los ganadores se filtraron semanas antes de la premiación) socava gravemente los principios de confidencialidad y justicia que deben regir un proceso de selección imparcial y transparente. Este tipo de filtración pone en riesgo la integridad del premio y genera incertidumbre sobre la validez de las decisiones tomadas.

 

  1. Idoneidad del jurado en dramaturgia
    Ningún miembro del jurado contaba con la formación adecuada para evaluar obras de dramaturgia, como establece el Reglamento vigente de los Premios Nacionales[5]. ¿Cómo es posible que se haya constituido un jurado sin cumplir los requisitos básicos de idoneidad? Este incumplimiento cuestiona la legitimidad del proceso y afecta la calidad de las decisiones.

Recomendaciones para restablecer la transparencia y la justicia

  1. Revisión del reglamento y criterios de evaluación
  • Establecer criterios claros, públicos y accesibles para garantizar que el proceso de selección sea transparente y justo para todos los participantes.
  • Incluir instrumentos de evaluación concretos, como rúbricas o guías temáticas, para reducir la subjetividad y asegurar el cumplimiento de estándares mínimos.
  1. Proceso de postulación
  • Incluir una declaración jurada obligatoria que garantice la autenticidad de las obras presentadas.
  • Verificar que todas las autopublicaciones cumplan con estándares editoriales formales, evitando el uso de sellos inexistentes.
  1. Acceso público a registros y actas
  • Asegurar que los videos, actas y listas de deliberación[6] estén accesibles al público una vez finalizado el proceso, garantizando un sistema auditable.
  1. Selección de jurados idóneos
  • Confirmar que cada miembro del jurado posea formación académica o trayectoria literaria probada, con documentos que respalden su idoneidad.
  • Rechazar currículos incompletos o sin atestados verificables.
  1. Subcategorías para mejor evaluación
  • Crear categorías específicas como crónica, literatura infantil o antologías, de modo que las obras se evalúen según sus particularidades estéticas y editoriales.

 

Sobre la objetividad institucional

La Comisión de Premios Nacionales y el Ministerio de Cultura deben evaluar los currículos de los miembros del jurado con objetividad y responsabilidad. Quienes integran un jurado se convierten en funcionarios públicos de hecho, y su trabajo debe reflejar ese compromiso. No puede aceptarse que alguien sin formación comprobada ni publicaciones relevantes decida sobre la obra de escritores que sí cumplen con altos estándares literarios.

Transparencia documental: un derecho ciudadano

Existen registros públicos (del 2024 y años anteriores) —videos, audios, actas— que pueden solicitarse como parte del derecho a la información. No basta con modificar estatutos: si no hay acceso a la documentación, la opacidad prevalece. Recordemos que el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría representa el único reconocimiento literario estatal y entrega un monto de ₡4.272.400 colones por categoría. Ese dinero es público. Exigir calidad y transparencia en su adjudicación no es un favor: es una obligación moral e institucional.

Detrás de la cortina

El 30 de noviembre de 2024 cerró la recepción de libros para el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría. Se presentaron 187 libros en total, correspondientes a los géneros: poesía, cuento, novela, ensayo y dramaturgia. Quienes deseen profundizar en el tema deberían revisar los videos de la sesión inicial del jurado (julio 2024) y las deliberaciones (enero 2025).

Los videos pueden verse en el siguiente enlace de YouTube:

https://youtube.com/playlist?list=PLkU7okEcz-nDiszU4ebZbyVdj1H-C-j9v&si=uNRk9LAp3o_ELG1G

En el video de la sesión inicial, los miembros del jurado Mijail Mondol, Neldys Ramírez y Mónica Zúñiga propusieron establecer criterios de evaluación claros, pero Laura Gómez y Dorde Cuvardic expresaron resistencia a dejarlos por escrito. Gómez abogó por un dictamen basado en la “opinión de alma”, mientras que Cuvardic apeló a su experiencia en los premios del 2015, cuando todo se resolvía mediante “conversaciones informales”, sin método ni instrumentos evaluativos. Jennifer Ureña, coordinadora del Colegio de Costa Rica, intervino para recordar la necesidad de establecer una línea de acción mínima, ya que el jurado representa un órgano colegiado. No se alcanzó consenso sobre un método de evaluación. ¿Existe algún video posterior donde se definiera?

Jennifer Ureña también informó que el plazo para entregar el dictamen era hasta febrero de 2025, reconociendo que diciembre y enero serían meses de intensa lectura. Sin embargo, la deliberación final se realizó el 13 de enero. ¿Leyeron todos los libros? ¿Se respetó el tiempo requerido para un análisis riguroso?

Evaluación por género

Ensayo

La deliberación fue breve y ligera. Duró apenas ocho minutos, pese a mencionar obras de Ana Lucía Fonseca, Carlos Cortés y Álvaro Rojas. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿Fueron suficientes los criterios y el tiempo para valorar estas obras con justicia?

Dramaturgia

Se discutieron Una herida en mi sangre, de Monthia Sancho, y Catástrofe y Abandono, de Gerardo Mena. Aunque ningún miembro del jurado tenía formación en dramaturgia, todos emitieron juicios. Se premió a Bernardo Mena, y se otorgó mención de honor a Sancho. Esta situación vuelve a poner en evidencia la falta de idoneidad mencionada anteriormente.

Poesía

Fue la deliberación más extensa. Se consideraron los libros Astilla de agua de Nidia Marina González, El incendio del ser de Edmundo Retana, y Yesca para el fuego de Paola Valverde. También se mencionaron autores como Carlos Calero, Paul Benavides y Carlos Villalobos, con su libro “del padre”, en palabras del jurado Dorde Cuvardic.

La discusión fue superficial: no hubo análisis temático ni lectura sistemática de los textos. Se eligieron poemas al azar y se utilizaron criterios ambiguos como “verdadera poesía” o “esencia de la poesía”.

La voz más crítica fue la de Mijail Mondol, quien señaló:

“A mí me preocupa mucho hablar de la verdadera poesía o de la esencia de la poesía… porque hay una diversidad de corrientes poéticas —metapoética, conversacional, filosófica— que han tenido su mérito”. Agregó: “No veo innovación (sobre el libro de Edmundo Retana) … yo esperaría que un Premio Nacional valore la ruptura, la novedad…”.

Sin embargo, no profundizó en las obras que no compartían el premio y terminó cediendo la decisión a sus colegas:

“Al menos yo no tengo un criterio suficiente para plantear un premio en poesía”.

Un ejemplo del argumento usado por Laura Gómez para premiar a Edmundo Retana es el siguiente:

«Mucha gente creería, o los que no tienen mucho estudio en la poesía, son poemas que la gente creería que son fáciles, todo lo contrario, escribir un poema corto como el que yo le escribí a mi hija por ejemplo, que es un poema de 4 líneas, yo en ese poema escribo todo lo que es ella, toda su personalidad, todo lo que es ella, desde donde viene y para dónde va y me costó un mundo poderlo hacer. Cuando uno escribe este tipo de poema uno dice esta es la verdadera poesía. Yo digo y se los dije a ustedes: les doy la certeza que nosotros premiar un libro como este es devolverle la dignidad a la poesía. Es darle a la poesía el verdadero sentido y la verdadera calificación».

Finalmente, el premio fue otorgado a El incendio del ser, con mención honorífica a Yesca para el fuego.

Novela

 

En la deliberación de novela pasaron más tiempo señalando las fallas estructurales del libro Donde nadie de Carlos Villalobos, pese a ello decidieron premiarla junto a la obra que desde el principio fue considerada como la novela ganadora por todos los miembros del jurado. Nos referimos a Una mujer insignificante de Catalina Murillo, novela ganadora, la cual, sin embargo, tuvo que compartir el premio con el libro de Villalobos “a pesar de sus fallas” como lo mencionó el presidente del jurado, Dorde Cuvardic (compañero de trabajo de Villalobos en la Universidad de Costa Rica). Algunos argumentos para que Villalobos compartiera el premio con Murillo fue la temática y el rescate histórico de la obra y la “trayectoria del autor”, en palabras de Cuvardic, quien, al finalizar la deliberación de dicha categoría, mostró una gran felicidad al dar las “gracias por su colaboración”.

 

Cuento

 

En la deliberación de cuento se habló de los libros de Carlos Regueyra, Víctor Hugo Fernández, Alí Víquez y Rodrigo Soto. En dicha deliberación hubo un pulso fuerte, Laura Gómez se negó a premiar el libro de Carlos Regueyra porque al final del libro el autor expone, de forma honesta, que incluyó dos cuentos que ganaron premios en la Revista Nacional de Cultura (en 2018 y en 2021, respectivamente). Mijail Mondol debate con ella y argumenta su posición con el precedente que se marcó en 2020 cuando Mía Gallegos ganó el Aquileo en poesía con el libro Para alcanzar la espuma. Ese año también hubo disgustos con los resultados y el poeta Randall Roque interpuso una gestión de nulidad que fue rechazada, pues alegaron que la antología, la cuál incluía poemas premiados en otras ediciones del Aquileo, también incluía algunos poemas nuevos. Durante la sesión, todos los miembros del jurado revisaron en pantalla el Reglamento de Premios Nacionales de Cultura de Costa Rica, e hicieron una parada en el artículo 5[7] que establece que los premios consideran únicamente la producción escrita realizada entre diciembre y noviembre del siguiente año. El criterio final que utilizaron para premiar a Regueyra fue la calidad del libro y obviaron los dos cuentos publicados en años anteriores, ya que no involucran todo el libro.

 

Después de esa conclusión acerca de la importancia de premiar libros nuevos es inconcebible que tanto Dorde Cuvardic como Mijail Mondol guardaran silencio respecto a la novela de Carlos Villalobos que había sido publicada en 2023 por Diario Jaén y en 2024 por Uruk Editores (presentadas en sus fichas catalográficas como Primera Edición). Ambas ediciones comparten título y contenido (es el mismo libro). Cuvardic y Mondol felicitaron públicamente a Villalobos en una red social cuando el libro fue premiado en España (2023). Dorde Cuvardic, incluso, aparece en las fotografías de la fiesta que hicieron en la casa de Villalobos para celebrar la primera publicación del libro.

 

Otros acontecimientos

 

Este 2025 ha sido un año gris para la cultura. Salieron a la luz casos como el presunto plagio que empañó al cine con la acusación que se le hizo a la película Anora[8] (ganadora del Oscar). Asimismo la exposición del aparente caso de plagio llevado a cabo por la escritora costarricense María Musgo[9], con el que obtuvo el primer lugar en el certámen de poesía de la Revista Nacional de Cultura #82[10], de la EUNED (setiembre del 2024) y también la publicación del libro La piel del lenguaje (donde aparentemente se atribuyó la obra plástica de la portada y textos de otros autores). Además se dio el hallazgo del escritor e investigador costarricense Yordan Arroyo, al descubrir que la escritora colombiana Fadir Delgado (radicada en Costa Rica) había ganado el premio Tiflos en España con un libro que también obtuvo el certamen UNA Palabra, de la Universidad Nacional de Costa Rica (la autora cambió el título del libro y algunas palabras en varios poemas, pero hubo textos que quedaron exactamente igual). Ambos certámenes exigían en sus bases ser inéditos en su totalidad. El premio UNA Palabra lo ganó con el libro Cama de hospital vista desde abajo (octubre del 2020, dotado con $1671[11]) y el Tiflos lo ganó, cuatro meses después, con el libro La temperatura exacta del miedo (febrero del 2021, dotado con  €10.000[12]), el cual la hizo merecedora del Premio Nacional de Poesía en Colombia 2023 (en 2019 el premio fue dotado con 60 millones de pesos colombianos[13]). Si alguien quisiera profundizar en el caso puede comprar los libros en línea, en el artículo de Arroyo vienen los enlaces[14].

 

Debido a los últimos hallazgos, en plena investigación de los Premios Nacionales Aquileo J. Echeverría 2024, surgieron otras dos boletas de participación que generaron dudas. Hablamos de dos libros de poesía publicados por la Fundación Casa de Poesía y que fueron presentados a los Premios Nacionales Aquileo J. Echeverría 2024:

 

– Desánimo del padre, de Carlos Villalobos (mencionado en la deliberación final de poesía)

– Suturas, de Fadir Delgado

 

Ambos se presentaron como una unidad, un libro nuevo, y no bajo una figura de antología. En ninguna parte de los libros lo indica (ni en la portada, ni en los créditos editoriales o en alguna nota aclaratoria de los autores).

 

Desánimo del padre de Carlos Villalobos, es el compendio de dos libros: Fosario (Editorial Nueva York Poetry Press) y Un río sonámbulo (Editorial DALYA), que habían sido presentados a los Premios Aquileo J. Echeverría en 2022 y 2023, respectivamente. Desánimo del padre, de hecho, es el título del primer poema de Un río sonámbulo.

Suturas, de Fadir Delgado, es un compendio de textos incluidos en ediciones anteriores al año 2021 (incluyendo poemas de La tierra que se tragó el cuerpo (antología publicada por Ediciones Amargord en 2019), Cama de hospital vista desde abajo (2020)  y/o de La temperatura exacta del miedo (2021)).

Hasta que la transparencia nos alcance

La debacle de valores es sistémica, y los Premios Nacionales Aquileo J. Echeverría no escapan a esta realidad. No en vano se han debilitado las instituciones más sólidas del país —como la Universidad de Costa Rica, que atraviesa una fuerte turbulencia—. Las posiciones éticas han quedado en silencio, y quienes optan por la “compasión idiota” (como se llama en el budismo) para proteger intereses personales, familiares o de amistad, han traicionado a la verdad. La compasión es amor, pero poner límites también lo es.

Queremos enfatizar lo siguiente: toda práctica tramposa, tráfico de influencias o conducta irregular que sirva para obtener premios, recursos o prestigio literario —y que se disfraza de estrategia o astucia— debe ser denunciada, censurada y rechazada. Este tipo de acciones destruye la dignidad del oficio literario y deja en indefensión a quienes participan limpiamente, cumpliendo las reglas del certamen.

Acciones urgentes para restablecer la ética

  • Publicar un documento claro que explique el reglamento y las bases del concurso, accesible a todos los participantes.
  • Firmar una declaración jurada al presentar las obras, con implicaciones legales claras.
  • Aplicar filtros de postulación, donde se establezca que:
    • No se aceptarán obras ya postuladas en años anteriores.
    • No se aceptarán obras con indicios de plagio.
    • No se aceptarán compendios de textos previamente publicados sin aclaración editorial.
    • No se aceptarán autopublicaciones con sellos inexistentes.
    • Solo se aceptarán obras nuevas, auténticas y verificables.

 

  • Habilitar el acceso público a los registros oficiales: videos, actas y deliberaciones deben estar disponibles al cerrarse el proceso.
  • Seleccionar jurados idóneos, con trayectoria académica o literaria, y con especialización por categoría.
  • Eliminar argumentos que premien por trayectoria, y reforzar la calidad del texto como el único criterio determinante.
  • Crear un mecanismo de preselección de obras, para que el jurado evalúe con más profundidad solo las que cumplan con todos los requisitos.
  • Plantear subcategorías (crónica, literatura infantil, antologías).
  • Todo libro debe contar con el Depósito Legal en el SINABI[15] antes de postularse.

La gestión de nulidad interpuesta por Zonta fue un acto valiente. Gracias a él, hoy contamos con información que ilumina lo que antes se mantenía en la sombra. La información es un derecho constitucional y pertenece a toda la ciudadanía.

Invitamos a reflexionar a todos los actores del sistema cultural: autoridades académicas, profesores, estudiantes, investigadores, talleristas, gestores, editores, jurados, directores de revistas, escritores, funcionarios públicos y quienes nos gobiernan. Pitágoras habló de justicia y vida ética como forma de purificación. Solo así podremos alcanzar la libertad y entrar en armonía con la verdad.

Un llamado a la conciencia institucional

Llamamos a la reflexión de los funcionarios del Ministerio de Cultura que recibieron la gestión de nulidad presentado por José María Zonta. ¿Por qué el despacho ministerial respondió con una nota tan escueta  (documento MCJ-DM-0354-2025), sin fundamento jurídico, a un documento que ofrecía pruebas sólidas? ¿Por qué no se dictaron las medidas cautelares solicitadas por Zonta mientras se realizaba la investigación si se trataba de fondos públicos?

 

Resumen del documento MCJ-DM-0354-2025

  1. Autonomía del jurado. Se reafirma que los jurados de los premios nacionales son órganos independientes del Ministerio y sus decisiones no son revisadas por este.
  2. Rechazo de la gestión de nulidad. La solicitud es rechazada porque:
    – No se trata de un acto administrativo emitido por el Ministro.
    – No se considera una getión de nulidad “evidente y manifiesta”, ya que la argumentación del solicitante requiere interpretación compleja.
  3. Documentación en regla. El Ministerio asegura que existen expedientes que respaldan el cumplimiento del procedimiento normativo para la entrega del premio.
  4. Continuación del proceso. Se continuará con la entrega del premio y las actividades correspondientes.
  5. Se valorará remitir al Ministerio Público el accionar de una de las personas miembros del jurado.

¿No sería el propio Ministerio uno de los grandes beneficiados si depuramos la mediocridad y restauramos la confianza ciudadana?

Si un niño gana una medalla haciendo trampa, la responsabilidad ética de sus adultos responsables es pedirle que la devuelva. Por su bien y por el de toda la comunidad.

Llamado a la acción

La gestión de nulidad ante el Ministerio de Cultura presentada por José María Zonta ha dejado en evidencia graves irregularidades en el proceso de los Premios Nacionales Aquileo J. Echeverría 2024. La información es un derecho y la transparencia un deber. Desde el Movimiento Transparencia, instamos al Ministerio de Cultura a asumir su responsabilidad, reformar los procesos y garantizar un sistema ético, justo y coherente con el valor de la creación literaria en Costa Rica.

¿Qué mensaje queremos transmitir a las generaciones futuras?

Retomemos las riendas de la dignidad.

Volvamos al fuego de la palabra.

A la escritura.

MOVIMIENTO TRANSPARENCIA
Ética y dignidad en la literatura

Leda García, Paola Valverde, Rebeca Bolaños, Nidia Marina González, Andrés Briceño, Laura Vásquez, Guillermo Acuña, Anacristina Rossi, Dennis Ávila, Carlos Calero, Paul Benavides, Claire De Mezerville, Shirley Campbell, Leonardo Cruz, Guadalupe Urbina y Cristian Alfredo Solera.

[1] Artículo 5 del Reglamento: Este premio tiene como fin, el reconocimiento de las obras literarias que hayan destacado durante el año inmediato anterior, de entre sus homólogas, e impliquen un decidido nivel de aporte al fortalecimiento del entorno cultural costarricense.

[2] Artículo 21 del Reglamento:.-Responsabilidades de los Jurados. Los jurados, deberán cumplir a cabalidad los deberes y obligaciones establecidos en la Ley No. 9211 y el presente reglamento, y asumir con absoluta ética profesional, independencia e imparcialidad, la responsabilidad de su cargo. Queda expresamente prohibido aceptar cualquier tipo de relación, recompensa o compensación por parte de los postulados, o de alguna persona que tenga relación alguna con estos. De comprobarse estas irregularidades u otras similares, serán destituidos y quedarán inhibidos de participar nuevamente como jurados, sin exclusión de su eventual responsabilidad civil o penal, atendiendo la gravedad de la situación. Los Jurados Calificadores actuarán en la valoración de las postulaciones y en la selección de las obras y personas ganadoras, de acuerdo con su formación y experiencia profesional, apegados a criterios éticos, y gozarán de libertad de decisión, que, bajo ningún supuesto, será sometida al criterio de terceros, incluidas las Unidades Administradoras.

[3]https://www.rnpdigital.com/Reactivacion%20de%20sociedades%20y%20eliminacion%20de%20la%20clase%20012%20.pdf

[4] Artículo 14 del Reglamento:.-Funciones y deberes de los Jurados Calificadores. h. Elaborar un expediente que contenga todas las actas redactadas, en orden cronológico, debidamente foliado, así como cualquier otra documentación relevante para las deliberaciones. Durante el año en que se esté llevando a cabo la evaluación y consideración de propuestas y candidatos, este expediente será de conocimiento únicamente de los integrantes del Jurado Calificador, a fin de proteger el carácter secreto de las deliberaciones. i. Guardar confidencialidad del trabajo que se desarrolla y de las deliberaciones que realizan, durante el año de valoración de propuestas, a efecto de no vulnerar el proceso de escogencia de los premiados.

[5] Artículo 5.d del Reglamento: “Tomando en cuenta el premio en dramaturgia, al menos uno de los representantes de las universidades públicas, deberá ser un profesional con trayectoria en el campo de las artes dramáticas.»

[6] La Ley General de Administración Pública de Costa Rica (LGDAP) establece en el Artículo 50- Los órganos colegiados nombrarán un secretario, quien tendrá las siguientes facultades y atribuciones: a) Grabar el audio y video de las sesiones del órgano y levantar las actas correspondientes, las cuales constituirán una transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas en apego a los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, garantizando con ello la publicidad y el acceso ciudadano a todos estos registros.

[8] https://www.diariolibre.com/revista/cine/2025/03/11/acusan-de-plagio-a-anora-la-ganadora-del-oscar-2025/3029256

[9] https://culturacr.net/caso-de-plagio-poetico-en-costa-rica/

[10] https://simehbucket.s3.amazonaws.com/miscfiles/rnc-82-digital_h7fkfial.pdf

[11] https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/mayo-2023/4625-certamen-una-palabra-2023-abre-convocatoria

[12] https://www.once.es/noticias/fadir-delgado-juana-cortes-y-rafael-ruiz-ganadores-de-los-premios-tiflos-de-literatura-de-la-once-2020-entre-las-cerca-de-1-500-obras-presentadas

[13] https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/26365-premio-nacional-de-poesia-mincultura-2019-colombia

[14] https://revistaajkoki.com/index.php/ensayos/231-fadir-delgado-acosta-la-temperatura-exacta-del-miedo-y-cama-de-hospital-vista-desde-abajo

[15] El depósito legal permite a la Biblioteca Nacional captar la producción documental de Costa Rica, amparada en la Ley de Imprenta N° 32, y en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683 https://www.sinabi.go.cr/servicios/depositoLegal/dep_publicaciones_elec.aspx