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Tacares nos llama: una jornada de acción y conciencia ambiental

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Con entusiasmo, compromiso y sentido de responsabilidad, el pasado fin de semana (10 de mayo 2025) se llevó a cabo una jornada de limpieza en el río Tacares, organizada por la Fundación para el Desarrollo Ecológico y del Medio Ambiente junto a Zona Franca Evolution. La actividad convocó a estudiantes y docentes de la carrera de Gestión Integral Del Recurso Hídrico de la UCR, organizaciones comunitarias y representantes institucionales como la Municipalidad de Grecia, el Club LEO, la Cruz Roja Costarricense y el Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote, entre otros actores del cantón.

La recolección de residuos arrojó un panorama preocupante: llantas, muebles, lozas sanitarias, materiales de construcción liviana, botellas, vidrio, loza para piso y aluminio, fueron algunos de los objetos extraídos del cauce. Esta realidad evidenció la urgente necesidad de un cambio de actitud colectiva frente al manejo de desechos.

Durante el encuentro, se subrayó la importancia de asumir una responsabilidad compartida con el ambiente. “Este tipo de acciones tienen un doble mensaje: que la contaminación tiene solución si cada persona asume su parte, y que es posible dedicar tiempo, aunque sea un poco, para retribuirle algo a la naturaleza”, expresó uno de los organizadores en un emotivo discurso.

La jornada también sirvió como espacio de conexión con la historia local, destacando el valor ancestral del territorio y la riqueza de los bienes comunes. Los grupos de voluntariado fueron distribuidos en tres sectores estratégicos para maximizar el impacto de la limpieza, y la actividad cerró con un mensaje claro: el cuidado del ambiente comienza con actos concretos y cotidianos.

Más que una simple limpieza, la experiencia fue un ejercicio de ciudadanía activa y amor por el entorno, recordándonos que proteger nuestros ríos es proteger la vida misma.

Desafíos persistentes en la gestión de residuos en Costa Rica: el caso del río Tacares

La jornada de limpieza del río Tacares no solo dejó al descubierto una gran cantidad de desechos, sino también los retos estructurales que enfrenta Costa Rica en la gestión adecuada de residuos sólidos. La presencia de objetos como llantas, lozas sanitarias, muebles, restos de construcción liviana, botellas y materiales como vidrio o aluminio evidencia prácticas comunes de disposición inadecuada, tanto en zonas urbanas como rurales.

Aunque el país ha avanzado en políticas de reciclaje y separación de residuos, aún persisten brechas significativas: falta de infraestructura para la recolección diferenciada, escasa fiscalización del vertido ilegal y débil educación ambiental en algunas comunidades. A esto se suma una cultura de consumo que genera grandes volúmenes de desechos y no siempre considera su impacto ambiental.

Lo encontrado en el río Tacares muestra cómo los cuerpos de agua terminan siendo vertederos informales, afectando la biodiversidad, la calidad del agua y el bienestar humano. Frente a esto, es urgente reforzar acciones interinstitucionales, fortalecer la participación ciudadana y promover cambios en los hábitos de consumo y disposición final de residuos.

El río habla, y en sus aguas contaminadas hay un mensaje claro: la gestión de residuos no puede seguir siendo una tarea postergada.

Los ríos como espacio socioeducativo: sembrando conciencia desde la acción

Más allá de la recolección de residuos, la limpieza del río Tacares se convirtió en un escenario vivo de aprendizaje colectivo. Este tipo de actividades funcionan como espacios socioeducativos donde se vinculan el conocimiento, la experiencia directa con la naturaleza y la construcción de una ética ambiental compartida.

Al participar en la limpieza, personas de distintas edades y sectores reflexionaron sobre el impacto cotidiano de nuestras decisiones de consumo y disposición de residuos. La vivencia concreta —meter las manos al agua, descubrir desechos ocultos entre piedras o raíces— genera una conexión emocional difícil de lograr solo en el aula. Esa sensibilidad es clave para formar ciudadanía comprometida con el ambiente.

Además, iniciativas como esta fomentan el trabajo colaborativo, el reconocimiento del territorio como un bien común y el fortalecimiento de valores como la solidaridad, el respeto y la corresponsabilidad. Los ríos, más que cuerpos de agua, son espacios donde se puede aprender a cuidar la vida.

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El Día del Agricultor en plena crisis de la agricultura, ¿qué celebramos realmente?

German Masís

Este 15 de mayo, se celebra el día del agricultor, pero lo que celebramos realmente, es la progresiva desaparición del agricultor, que ocurre cada año ante nuestros ojos y que cada Gobierno desde 1986, se ha encargado de ignorar la importancia de la agricultura, de desmantelar el apoyo estatal hacia esta actividad, de políticas simbólicas y ficticias y de convertir al agricultor en una figura del folklore y de la añoranza del pasado.

Precisamente hoy, en esta fecha, los medios de comunicación revelan que el sector agro, pierde 54.000 empleos en seis años y alcanza su punto más bajo en una década. Unas 206.000 personas se dedicaron a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en el 2024, cifra que no se veía hace una década, es decir esto representa una reducción del 20%, desde el 2018 y eso que en ese año el número de ocupados tuvo un repunte.

Pero la situación de las personas ocupadas es aún más delicada, ya que, en el cuarto trimestre de 2024 (octubre, noviembre y diciembre), el número de personas ocupadas en esta actividad llegó a 197.887. Esto convierte a dicho trimestre en el que presenta el resultado más bajo, al menos desde el año 2011. (El Observador.com,15-5-2025)

Ya a principios del 2024, la encuesta de microempresas elaborada por el INEC, reveló que 74.787 agricultores fueron expulsados de su actividad económica en los últimos dos años, siendo el agro el que más perdió microempresarios, cuya actividad es más pequeña, siembran en sus propios terrenos y las producciones son bajas, es decir se trata de agricultores de escasos recursos que deben abandonar su actividad y que son parte de los pobres rurales de las regiones periféricas del país.(ElObservador.com,26-2-2024)

Por eso, tampoco nos sorprende ver la información del IMAE sobre el descenso de la producción agrícola, donde Marzo de 2025 se convirtió en el quinto mes consecutivo con disminución en la producción agropecuaria, pues a partir de noviembre la tendencia cambió y la producción ha disminuido mes a mes, acumulando cinco meses consecutivos de retroceso:

Noviembre 2024: -1,1%
Diciembre 2024: -3,1%
Enero 2025: -4,4%
Febrero 2025: -4,3%
Marzo 2025: -2,9%
(El Observador.com,14.5.2025)

Las causas y las explicaciones para un proceso de deterioro que se inició hace varias décadas, tanto de parte del sector gubernamental, como de las propias organizaciones agrícolas, ya hasta suenan reiterativas y desgastadas.

El Banco Central explica en su Informe de Política Monetaria de abril que la actividad agropecuaria se vio afectada de varias formas debido a situaciones climáticas: se produjo una merma en la producción orientada al mercado externo, como la de banano y piña. Hubo una menor producción en actividades agrícolas de ciclo corto, como papa, hortalizas, plátano y cebolla.

Mientras que, desde la Cámara de Agricultura y Agroindustria, “el sector agropecuario nacional atraviesa una grave crisis”, que, desde su perspectiva, obedece a varios factores, entre ellos los fenómenos climáticos adversos, que están generando una baja en la producción y otro es la pérdida de competitividad en las actividades agroexportadoras y del mercado interno, debido a la apreciación del colón frente al dólar.

Pero éstas son razones coyunturales y el deterioro de la actividad agropecuaria, responde a causas estructurales, relacionadas con las transformaciones del modelo de desarrollo económico impulsadas a lo largo de 4 décadas, dirigidas a la apertura comercial y al establecimiento de una economía de servicios, en la que predomina la inversión extranjera y en la que la actividad agrícola es una actividad secundaria y hasta marginal (la producción para el mercado interno).

De ahí que, que la reducción en el área sembrada de cultivos para el mercado nacional, ya no sorprenden y hasta parecen anecdóticos, como las datos de que las extensiones de terreno con sembradíos de arroz, frijoles y maíz en Costa Rica alcanzaron nuevos mínimos, pues pasó de 154.658 en 1990 a 36.226 en 2023. La disminución es del 75%. lo que se refleja en la cantidad de personas empleadas en ese sector.

Otro ejemplo es la cebolla, en la que la producción nacional de este producto cayó en el 2024, hasta uno de sus puntos más bajos de la última década, con unas cifras que pasaron de 45.585 en el 2023 a 35.788 toneladas métricas en el 2024, que según el Consejo Nacional de Producción (CNP) representa una disminución del 21,5%.

Como lo apuntábamos en un artículo anterior denominado, La producción alimentaria nacional se debate en sus niveles mínimos, se decía que esta reducción en el área cultivada y también en la producción de las actividades agrícolas, podría estar llegando al límite mínimo (piso) de producción nacional de ciertos alimentos y que un descenso mayor en ellos, podría llevar al desabastecimiento y al aumento desmedido de la importación como ha ocurrido con el arroz, el maíz y el frijol o recientemente con la cebolla y la papa, situación que tiene implicaciones en la salida de productores de la actividad, sobre el empleo agrícola y sobre la disponibilidad de alimentos y la seguridad y soberanía alimentaria del país y sobre el uso de las tierras agrícolas en otras actividades en algunas regiones periféricas del país.(surcosdigital.com,1-10-2024)

Igualmente lo señalábamos en otro artículo titulado Los Cambios en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2023 confirman la tendencia al deterioro de la actividad agrícola. En ese artículo se mencionaba que la encuesta tenía entre sus principales revelaciones un descenso significativo en el área sembrada de los cultivos anuales con respecto al año 2022 y un descenso menor en los cultivos permanentes entre los dos años.

El descenso en el área dedicada a los cultivos anuales, era provocado principalmente por el descenso en el área de producción de arroz y en menor medida en las áreas de maíz y papá en el último año, En cuanto a los cultivos permanentes, el descenso en el área se dio sobre todo en las áreas de producción café, banano, caña y plátano.

En un artículo todavía anterior, denominado El SOS de la producción agroalimentaria interna y de la seguridad alimentaria ante la ausencia de políticas para el sector, decíamos que el país y sus regiones, fueron autosuficientes y soberanos en muchos productos que ahora importamos y lo más grave, es que se trata de los alimentos básicos de la población, el arroz, los frijoles, el maíz, las hortalizas y a veces hasta los huevos, el azúcar y el café.

La producción agroalimentaria para el mercado interno ha ingresado en el círculo perverso del comercio alimentario, de disminución de la producción nacional, aumento de las importaciones, aumento de los precios al consumidor y crecimiento de las ganancias de los importadores y empobrecimiento de los productores nacionales, que algunos políticos celebran con júbilo.

Mediante continuos artículos en defensa del agricultor y de la agricultura nacional, hemos estado escribiendo junto a algunas instituciones con intereses similares, la historia negra o la obra dramática del agricultor y la agricultura nacional, que ve desaparecer de manera inexorable una ocupación y una actividad que es parte de la identidad nacional y que en otros países consideran estratégica: la producción de alimentos.

El Informe del Estado de la Nación 2023, decía que “La disminución en la producción de granos básicos compromete la seguridad alimentaria y nutricional de la población, pues no promueve una oferta suficiente y constante de alimentos que garantice la satisfacción de las necesidades de la población”.

En tanto, la Defensoría de los Habitantes en una investigación realizada el año anterior, afirmaba que el país disminuyó su capacidad de autoabastecimiento de productos básicos para la alimentación, por las condiciones climáticas, la disponibilidad de tierras y la apuesta nacional por la protección del medio ambiente, el principal factor es la falta de políticas públicas que apoyen a los sectores productivos.

Sin embargo, no hay mejor explicación a la situación de los agricultores y de la agricultura nacional, que las manifestaciones de los propios agricultores, que cada semana concurren a las ferias del agricultor a pesar de los diversos problemas que enfrentan “para seguir siendo productores”.

El mes pasado y en relación con la situación de la producción y comercio de la cebolla un productor de Tierra Blanca expresó que nunca había pasado por una situación tan complicada como la actual, en la que el mercado nacional no está absorbiendo la producción nacional, porque el Cenada y los supermercados prefieren importar cebolla que comprarle al nacional.

Otro productor de Santa Ana, afirmó queeso es un desplazamiento de la producción nacional (…) Y cuando ellos (importadores) dominan la oferta dominan el precio”, la lógica es clara, producir menos para importar más y que los importadores obtengan grandes ganancias en el comercio del producto.

Y finalmente una productora de San Carlos, que vende en la feria del agricultor de Cartago, tubérculos, maracuyá y plátano, expresó que “ya no aguantamos más, los insumos altísimos, la gasolina también, nos cobran todo y para el gobierno no existimos, nos quieren desaparecer, mientras que en otros países cuidan y chinean a los agricultores.

Defensoría interviene por derecho a la educación de niñez en el CATEM

La Defensoría de los Habitantes, en el marco de su labor de vigilancia y defensa de los derechos fundamentales de la población, solicitó al Ministerio de Educación Pública (MEP) un reporte sobre las acciones adoptadas para garantizar el derecho a la educación a las personas menores de edad ubicadas en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) Sur, quienes se encuentran en el grupo de personas deportadas desde Estados Unidos.

La petición se realiza luego que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) informara a esta Defensoría que “ha mantenido acercamientos con el MEP a fin de trasladar el tema”.

La Defensoría planteó dicha gestión ante el MEP para que informe la articulación entre ambas instituciones en este caso y rendir cuentas de la colaboración o procesos de coordinación que se mantengan con las autoridades migratorias, las organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones, con el fin de garantizar el derecho a la educación de la población menor de edad ubicada en el CATEM Sur. Para la Defensoría es importante dar seguimiento al tipo de intervención del MEP para abordar el tema educativo de los niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta sus particularidades, como son el idioma, costumbres, nivel de conocimientos y grado de escolaridad.

También, deberá detallar qué información ha facilitado a las familias sobre los servicios educativos disponibles y si están impartiendo lecciones, en qué consisten las mismas, quién las imparte; qué otras actividades se ofrecen a este grupo de niños/as en cuanto a programas de tutorías, refuerzos escolares, apoyos lingüísticos, programas que promuevan el respeto a la diversidad cultural, entre otros. Asimismo, deberá informar si el MEP cuenta con algún protocolo o programa específico al respecto.

Esta labor forma parte de todo un proceso de observación, inspección y seguimiento a la situación de deportación de estas personas, quienes ingresaron al país a partir del 20 de febrero anterior. En el último reporte entregado por la Defensoría la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el pasado 09 de mayo 2025, se reporta que, de la última visita al CATEM, estaban presentes un total 26 personas menores de edad.

La Dirección Regional de Educación Coto, del Ministerio de Educación Pública (MEP), en Ciudad Neily, solicito a esta Defensoría ampliar el plazo para poder ofrecer la respuesta solicitada debido a que están en un proceso de visitas colegiadas a los centros educativos de la región y otras actividades relacionadas al Consejo de Participación Comunal.

Comuicación
Defensoría de los Habitantes

Vigilia contra TLC con Israel

Comunicado

A 77 años de la NAKBA (inicio de la catástrofe de ocupación en Palestina) les convocamos a una Vigilia frente a la Asamblea Legislativa, a donde llegará el borrador del Tratado de Libre Comercio que el Poder Ejecutivo está negociando con Israel.

Ante el secretismo con que se están llevando a cabo las conversaciones en el Poder Ejecutivo, nuestro mayor apoyo al pueblo palestino -en este momento- es hacer presión para oponernos a un TLC que nos haría cómplices de la mayor barbarie de este siglo.

Si tu corazón y tu conciencia dicen ¡NO!, hacete presente y compartí esta convocatoria.

– Jueves 15 de Mayo, 5-8 pm
– Llevá banderas, flores, velas y pancartas alusivas.

Racismo, educación y derechos humanos: construyendo un espejo diverso para la sociedad

Frank Ulloa | Foto: Gerardo Iglesias | Rel UITA

“El mundo empieza a cambiar cuando quienes lo construyen deciden no callar.”

Frank Ulloa Royo

La educación es la raíz profunda de una sociedad justa y equitativa pero también es una fuente de ideología y discriminación cuando promueve estereotipos. Como un río que nutre la tierra a su paso, la enseñanza debe ser el motor que impulse la construcción de una sociedad verdaderamente multiétnica y pluricultural, cimentada en el respeto y la igualdad. Sin embargo, la falta de representación en los materiales educativos, la criminalización de ciertos fenotipos y la exclusión de voces históricas han convertido el sistema educativo en un espejo deformado, donde muchos no logran verse reflejados.

Recientemente, en una reunión con educadores y educadoras, me sorprendió la indiferencia con que algunos desestiman la importancia del racismo en la educación, tratándolo como un asunto secundario. Fue en ese momento cuando decidí escribir estas líneas, no solo para evidenciar la urgencia del problema, sino también para desafiar la comodidad y la pasividad con la que se sigue ignorando el tema. Por otra parte, en una dirección contraria, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación fue pionero en plantear el tema, y crear espacios de debate, pero debe continuarse esta propuesta en la vida cotidiana de todos quienes laboran en la educación, debería ser un tema ético ineludible y no una obligación escolar.

Etiquetas que marginan:

Como señala Rina Cáceres, el problema no es el color de piel, sino las etiquetas sociales que se le adhieren. En la educación, el fenotipo se convierte en un marcador que condiciona la percepción y el trato hacia ciertos estudiantes. Fallas (1943) denunció en Mamita Yunai la explotación en los enclaves bananeros, la discriminación contra campesinos mestizos, la marginación de los indígenas perdidos en la selva y la segregación de la fila carbón. Esta historia, que en otro momento fue un referente en las aulas, parece desvanecerse de los programas escolares y las librerías.

Intentar conseguir un ejemplar de Mamita Yunai se ha convertido en una tarea difícil, como lo comprobé recientemente al buscar uno para un conferenciante colombiano. Esta ausencia no es casualidad: borrar estas narrativas es una forma de silenciar la memoria histórica y ocultar las luchas que han denunciado el racismo y las desigualdades estructurales.

La normalización de estas categorías invisibiliza la discriminación y la convierte en parte del paisaje educativo. Como hormigas en el azúcar, los fenotipos dominantes aparecen en los libros de texto sin que nadie cuestione su predominio. Esta falta de diversidad refuerza estereotipos que limitan el desarrollo de una educación verdaderamente inclusiva.

Materiales educativos y enseñanza: ¿quién decide qué historias merecen ser contadas?

Los materiales educativos no son neutrales. Reflejan las estructuras de poder de la sociedad. Como plantea Freire (1970), la educación debe ser un proceso liberador que permita a los estudiantes cuestionar su realidad y transformar su entorno. Sin embargo, los libros escolares muchas veces funcionan como instrumentos de reproducción social, legitimando jerarquías raciales y económicas.

¿Deben los trabajadores de la educación preocuparse por estos temas o se ven como una carga académica adicional? ¿En qué gaveta del escritorio acomodamos la ética? La representación sesgada en los materiales escolares perpetúa desigualdades, mostrando solo una versión parcial de la historia. Como señala Quijano (2000), la colonialidad del poder sigue vigente en la educación, reforzando la idea de que ciertos grupos dominantes son los protagonistas del conocimiento. Si no hay espacio para la diversidad en la literatura escolar, nunca ocurrirá el mestizaje intelectual capaz de romper estereotipos.

Criminalización y prejuicios: el racismo como obstáculo para el aprendizaje

El fenotipo y el lugar de origen pueden convertirse en marcadores de criminalización dentro del sistema educativo. Un estudiante migrante es visto con sospecha, su identidad vinculada a la marginalidad en lugar de sus habilidades o talentos. Como afirma Wacquant (2009), la criminalización de ciertos grupos es una estrategia de control social que se manifiesta en múltiples espacios, incluido el educativo.

¿Tienen las organizaciones de trabajadores una respuesta crítica frente al racismo en la educación? Existe un silencio evidente, pero ¿cómo interpretarlo? Este tipo de prejuicios impide que la escuela sea un espacio de equidad. La ley de carrera docente ha perdido vigencia y, más allá de su propósito original, se ha convertido en otro instrumento de discriminación, imponiendo una visión monocromática de la vida escolar. ¿Podrían los sindicatos aprovechar la convención colectiva para luchar contra el racismo y reformular las normas que perpetúan un poder vinculado al color de piel y el fenotipo?

Conclusión: una educación sin espejos distorsionados

Erradicar el racismo en la educación requiere acciones concretas. Iniciativas como Centros Educativos Libres de Discriminación Racial, promovida por Rina Cáceres desde la Universidad de Costa Rica a finales de la década anterior, han demostrado que el cambio es posible. Además, Hooks (1994) enfatiza que los docentes deben estar capacitados para detectar y combatir el racismo en las aulas, convirtiéndose en agentes de transformación.

Los sindicatos y gremios de trabajadores de la educación juegan un papel clave en este proceso. No basta con conmemorar el Día del Negro o el Día de los Pueblos Indígenas. Vestirse con prendas africanas durante una jornada escolar es un gesto simbólico, pero insuficiente para desmantelar estructuras racistas. Se requiere una estrategia sindical sólida que transforme el discurso en acción.

La educación debe ser un espejo en el que cada individuo pueda verse reflejado sin distorsiones ni exclusiones. Si sigue reproduciendo estructuras discriminatorias, perpetuará un sistema en el que muchas voces y realidades seguirán en la sombra. Aquí es donde los sindicatos y trabajadores de la educación tienen una responsabilidad ineludible. Su papel es crucial para impulsar cambios estructurales que garanticen una enseñanza libre de discriminación racial.

Los protocolos educativos actuales muchas veces existen solo en el papel, siendo desconocidos y poco aplicados. La lucha contra el racismo en la educación no puede depender de normativas burocráticas ineficaces, sino de acción colectiva y disruptiva que cuestione las políticas imperantes. Si la enseñanza sigue reflejando una versión distorsionada de la sociedad, estamos condenando a las futuras generaciones a repetir conductas racistas y las mismas desigualdades, históricas originadas en la perdida de libertad de los esclavos africanos y repartimientos de pueblos indígenas.

Bibliografía

  • Fallas, C. L. (1943). Mamita Yunai. Editorial Costa Rica.

  • Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.

  • Hooks, B. (1994). Teaching to transgress: Education as the practice of freedom. Routledge.

  • Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. CLACSO.

  • Wacquant, L. (2009). Punishing the poor: The neoliberal government of social insecurity. Duke University Press.

Conflictos por explotación de ecosistemas y el proyecto 23.414

Por Osvaldo Durán-Castro, sociólogo
Profesor ITCR-ecologista FECON

En el debate sobre cuál es el modelo eléctrico que requerimos en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, uno de los argumentos a superar es el sentido común errado, pero políticamente vendido y creído, de que prácticamente todas las energías que no provienen de combustible o que se generan con su uso son renovables, sostenibles, limpias, verdes. Ya hoy, en cualquier debate serio se deben incluir los impactos de esas energías “limpias” en los ecosistemas y las personas. No reconocer la destrucción de los ecosistemas, empezando por los ríos en el caso de la generación de electricidad, además de ser técnicamente ignorante, es una completa irresponsabilidad.

Hace 4 años, cuando Costa Rica fue sede del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) (7 al 24 de septiembre de 2021), con el apoyo del Gobierno, el Ministerio de Ambiente/MINAE y el Instituto Costarricense de Electricidad/ICE, decenas de organizaciones de América y Europa, puntualizamos numerosos argumentos técnicos sobre los daños e impactos irreparables de las energías “limpias” como las hidroeléctricas, que hasta hoy no son de consideración para esa industria.

Si bien un componente de este debate es puramente técnico y científico, otro, igualmente pesado, es el relacionado con los derechos de las personas y de los ecosistemas. Cierto que hay enormes diferencias entre lo público y lo privado, por cuanto lo público generalmente cuida la atención de necesidades sociales relacionadas con energía, mientras que los modelos privados están fijados en el lucro. Pero, en general, coinciden en que todos sus proyectos, salvo excepciones muy calificadas, son pensados, construidos e impuestos sin ningún tipo de consulta a la gente que es impactada negativamente. Además, las industrias públicas y privadas, de nuevo salvo excepciones públicas, niegan y justifican los daños a los ecosistemas, desde los más leves hasta los más severos e irreparables, mediante los llamados estudios de impacto ambiental, que en muchísimos casos, no son más que una fabulosa industria intelectual y de ciencias naturales y sociales, asociada con la explotación energética de cualquier tipo. En Costa Rica un caso de antología en cuanto a irresponsabilidad técnica, tráfico de influencias, favores políticos, permisos amañados, presión e imposición a las comunidades, etc., fue el proyecto de hidroeléctrica San Rafael de la empresa H.Solís, que tras muchos años de lucha comunitaria y social local y nacional fue derrotado. Casi de inmediato las comunidades de Turrialba y nacionales sumaron a su historia la liquidación de los PH Bonilla 510 y PH Bonilla 1320 de la empresa Hidrodesarrollos del Río Platanares S.A. que, según se dijo, era la misma H.Solís. Estos y muchos otros casos son evidencia de que desde hace décadas empezó a crecer en Costa Rica un nuevo sentido crítico, ético y preocupado por modelos sustentables.

Precisamente por esas preocupaciones es que un foco de desacuerdo irreconciliable con el proyecto 23.414 es que supone un peligro directo de explotación indiscriminada de los ecosistemas nacionales. Entre las “Fuentes energéticas renovables” (artículo 3k) se mencionan “la energía del sol, el viento, la biomasa, el agua, las mareas, olas y los gradientes de calor natural y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”, sin reparo de ningún tipo en sus impactos y como si éstos fueran inexistentes. En el mismo párrafo se agrega que son “fuentes de energía que están sujetas a un proceso de reposición natural”, lo cual revela que quienes redactaron el proyecto desconocen u ocultan deliberadamente toda la información científica sobre ecosistemas destruidos en el mundo como cuencas hidrográficas y sus ríos. ¿Acaso un río sobrevive con el 20 o 10% de su caudal que en los estudios de impacto ambiental siguen defendiendo ridículamente como “caudal ecológico”?

Estas fuentes “renovables” según el artículo 14 del 23.41 “Prioridades del Plan de Expansión de la Generación y la Transmisión” “pueden ser desarrolladas por cualquiera de los agentes de mercado, independiente de su naturaleza pública, privada o mixta…. Este es un punto particularmente sensible pues retoma todas las pretensiones y presiones contenidas en muchos proyectos de ley anteriores, todos orientados a romper los topes de generación para privados tanto por tamaño de proyectos como por porcentaje con respecto del Sistema eléctrico nacional, SEN. Esos topes hasta ahora son del 15% según la Ley 7.200, capítulo I, con proyectos de hasta 20 megavatios y de otro 15% con la Ley 7.508, capítulo II, con proyectos de no más de 50 megavatios. En versiones anteriores de otros proyectos privatizadores se establecían topes ideales de 50 megavatios para los primeros y de 100 megavatios para los de la Ley 7.508. Pero ahora, con el proyecto 23.414 se rompen todos los topes para los proyectos privados, ya sea de empresas nacionales o transnacionales, pues todos los agentes competirán en el mercado de subastas en igualdad de condiciones.

El otro punto crítico es que todos los sistemas de explotación, trasiego, almacenamiento y distribución de cualquier energía, requiere explotaciones y energías adicionales. La lucha emblemática en la Patagonia chilena contra una explotación hidroeléctrica de 2.760 megavatios en Aysén y tendidos eléctricos de 1.970 kilómetros para consumirlos principalmente en minas, para favorecer a corporaciones privadas, es uno de los mejores ejemplos para comprender los impactos interrelacionados entre distintas explotaciones energéticas. Ni qué decir de la mitología y el novelón global alrededor de consumo de “energías limpias” en carros eléctricos y dispositivos de almacenamiento energéticos, cuya producción resulta devastadora.

El proyecto incluye (artículo 3 j) como “Fuentes energéticas no renovables” “el carbón, la turba, el petróleo, el gas natural y el material radioactivo y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”. Con esto queda claro que se busca, de nuevo, que en el país más “limpio” se pueda explotar petróleo o hacer fractura hidráulica del suelo para extraer gas y petróleo (fraking) o hasta jugar con materiales radioactivos. Más allá de los peligros por destrucción de ecosistemas de este tipo de extracciones, es claro que será imposible mantener cualquier propaganda de país “sostenible” si se abren los mercados para este tipo de explotaciones energéticas.

Si bien el artículo 16 establece que “estos proyectos solo podrán ser desarrollados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a solicitud del Ente Rector”, de seguido se crea la posibilidad de que puedan ser implementados por otros agentes del mercado si el ICE declara “imposibilidad de llevarlo a cabo”, gracias a que ECOSEN “desarrollará un proceso de contratación de estos proyectos”. Esta es parte de la letra del proyecto que crea opciones para contratos con empresas locales o transnacionales para incursionar en explotaciones energéticas hasta ahora detenidas en el país. El máximo nivel de fiscalización para estos proyectos será responsabilidad del MINAE que les dará “autorización”. Pero, si nos atenemos a fiscalizaciones y autorizaciones como las de Crucitas, Gandoca Manzanillo, la zona marítimo terrestre en Guanacaste y cientos más, pues ya sabemos la tusa con que nos rascamos y los resultados posibles.

No es que el proyecto 23.414 por sí solo inicie una era de conflictos sociales relacionados con energía; es que los agudizará. En un mercado abierto, con competencia igual entre lo público y lo privado y con todas las empresas nacionales y transnacionales, presionando para generar y competir en mejores condiciones en el mercado eléctrico, se multiplicará la amenaza de muchos proyectos. Ya mencionamos algunos como los provocados por la empresa H.Solís, pero podrían reanudarse otros sobresalientes como el PH Diquís. En el Plan de Expansión de la Generación 2020-2040 (ICE. PEGE. marzo 2023. P.125) se incluyen veintinueve proyectos de todo tipo entre públicos y privados. La lista la encabeza precisamente el PH Diquís por ahora “suspendido” (no excluido ni menos liquidado) con una potencia de 646 megavatios (el proyecto en operación más grande del país es el Reventazón de 305 megavatios). Otros dieciocho eventualmente serían desarrollados por empresas (algunas que son también generadoras) como JASEC, COOPEALFARO, COOPEGUANACASTE, COOPELESCA y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (PEGE. P.128).

El mismo ICE señala que a esos nada pocos cuarenta y siete proyectos se pueden sumar otros de empresas distribuidoras y privados que puedan ser identificados y estudiados”, y llama la atención la explicación de que “Además de los nuevos esquemas que eventualmente puedan aparecer (vale preguntarse si como los del expediente 23.414) proyectos adicionales están bajo estudio por desarrolladores del sector privado y de las empresas distribuidoras. Las plantas genéricas que aparecen en el plan de expansión permiten tomar en cuenta la posibilidad de estos desarrollos” (PEGE. P.127).

Abonando en favor de la generación privada el Plan de expansión del ICE señala que “La optimización del Plan de Expansión considera la capacidad disponible en proyectos genéricos, y optimiza la instalación, independientemente del régimen de propiedad y de las condiciones contractuales de las plantas y proyectos…” incluyendo las opciones de generadores independientes/privados (PEGE. P.128). Precisamente por estas posiciones anti-públicas del mismo ICE, es que es urgente sumar muchos más actores sociales en defensa del modelo público, solidario, con fijación de precios justos y enfocado en el bienestar de la población, que son los principios que desaparecerían si se aprueba el expediente 23.414, con la complacencia de gente dentro del mismo ICE.

Lo que defendemos es un modelo eléctrico público dirigido por el ICE, con crecimiento planificado según necesidades colectivas de toda la sociedad y no asociados con el lucro privado. Con precios de consumo final fijados según las necesidades reales de la población, sobre todo de las poblaciones rurales más alejadas e indígenas que son las que tienen acceso más difícil y costoso. El modelo de electricidad que necesitamos fortalecer es el que respete los ecosistemas de todo tipo de acuerdo con su capacidad limitada de carga para la generación de energía y el que entienda que los ríos no son sencillamente mercancías por explotar indiscriminadamente. Igualmente, asociados a los ríos están todos los ecosistemas y los derechos de las comunidades que viven y los aprovechan para actividades de sobrevivencia y subsistencia, como la agricultura, la pesca, la recreación, el turismo, etcétera.

Como se puede comprender, impedir la aprobación del proyecto de “armonización” 23.414, no significa la defensa incondicional del ICE. Dentro del ICE y desde hace décadas hay muchos cómplices de su desmantelamiento y favorecimiento de los negocios privados tanto en electricidad como en telecomunicaciones. Ingenuidad es lo menos que debemos cobijar.

Presentación de libro «Violencia Obstétrica»

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional, se complace en invitarle a la presentación del libro Violencia Obstétrica desde la perspectiva de los Derechos Humanos y testimonios de mujeres sobrevivientes de Lorena de la Garza y con la participación de Amber Douma, Alejandro Hernández Bolaños y Luis Leiva Hernández.

La actividad será presencial el miércoles 21 de mayo a las 9:00 a.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

Soberanías, Nuestra América y la construcción global de un concepto

SURCOS comparte la introducción del libro Soberanías, Nuestra América y la construcción global de un concepto, del académico Jaime Delgado Rojas. El libro está disponible en las librerías de la UNED.

Introducción

Hace unos años, en una conversación informal, el maestro José Miguel Alfaro Rodríguez (q. e. p. d.) me señaló que en los procesos de integración se crean entes supranacionales gracias a la transferencia de cuotas de soberanía que hacen los Estados suscritores; me explicó en qué consistía y cómo se construían. Aquel diálogo me dejó marcado con el tema desde entonces. Eran los años noventa del siglo pasado, cuando en la Universidad Nacional de Costa Rica habíamos impulsado un proyecto de formación de profesionales para la integración centroamericana. Para aquel entonces, esta región estaba saliendo de una de sus peores crisis políticas y reinventaba sus políticas económicas y sociales sobre la base de los tejidos humanos que se habían roto por la guerra y que, a mucho costo, empezaban a zurcirse. El maestro Alfaro Rodríguez había sido vicepresidente de la república (1978-1982), consultor de órganos de integración centroamericana y profesor de derecho comunitario; por tanto, no estaba al margen de los acontecimientos sociopolíticos regionales. Los acuerdos de paz y los compromisos suscritos por los cinco mandatarios centroamericanos en Esquipulas, Guatemala (1987), conllevaban una agenda que solo podía echarse a andar regionalmente. Se insertaba, esa agenda, en una historia más que centenaria de encuentros y desencuentros entre hermanos, sus cúpulas políticas, el empresariado, los trabajadores, sus intelectuales que pensaban y añoraban una unidad centroamericana: un sueño que viene desde el momento de la firma del acta de independencia de España (1821). A partir de ese acto emancipatorio, la región pasaría por una inviable Federación Centroamericana, con sus guerras internas, su disolución y la construcción de Estados nacionales muy pequeños para ser viables, en la mira de la voracidad de las potencias, sobre todo de los británicos por dentro y por el Caribe y Norteamérica por todos los costados. La intervención en Nicaragua (1856-1857) de William Walker, un esclavista entusiasta en la agenda de los confederados del norte, activó el encuentro de patriotas nacionalistas y la oportunidad para forjar sentidos de identidad muy adecuados para la modernización liberal posterior. El siglo XX no fue menos trágico: violaciones constantes de derechos humanos, frustración de aspiraciones nacionalistas por intervención de marines y, de nuevo, guerras para definir fronteras geográficas que marcarían hasta dónde llegaba la soberanía territorial. Más tarde, otra modernización, la de la sustitución de importaciones, la cual fue exitosa para los grupos oligárquicos y las burguesías, pero dejó a las mayorías nacionales en el desamparo. Este nuevo contexto alimentó, otra vez, guerras durante los años setenta y ochenta que serían dirimidas a partir de los acuerdos de Esquipulas (1987), con calendario y compromisos para que estas pequeñas naciones iniciaran otro camino de modernización capitalista: la apertura y el libre comercio, con las agendas del GATT y la OMC, luego con los tratados de libre comercio y las alianzas con diverso nombre, para que los negocios financieros, las empresas de bienes y servicios, las telecomunicaciones y las redes sociales pudieran navegar por encima de nuestras soberanías, sin limitaciones.

Este es el contexto donde comprendí que la soberanía no es aquella plenitudo potestatis de la que hablaba Jean Bodin, indivisible e intransferible; ni la democracia, la bucólica experiencia de participación que se dijo que iniciaba con Pericles en Atenas; y, tal vez, ni la república era como se diseñaba en el sueño de los ilustrados franceses que empezó a construirse en el norte de América. Entre papeles y reflexiones, me percaté de que los derechos humanos no tienen nada de natural, pues han ido forjándose y profundizándose gracias a la lucha permanente de los seres humanos; no a partir de la declaración universal francesa, sino desde la Antigüedad, cuando se definió al hombre como ser racional, social y universal, portador de derechos que lo hacían diverso y rebelde; esto exigía, por ende, el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Me percaté que con cada derecho que conquistábamos como humanidad, había una práctica social y política que repudiábamos.

Estos temas, enmarcados en Nuestra América y en sus textos fundacionales, son de los que trata este libro. Lo empecé al incursionar en el estudio de la integración, primero la centroamericana y luego las otras experiencias del continente. Me hice acompañar de la historia de la filosofía, por lo que volví a la lectura de los clásicos y en sus líneas traté de entender sus contextos históricos y culturales; reflexiones, a veces, dispersas y desordenadas, en dos oportunidades suspendidas para realizar investigaciones por invitación de organismos e instituciones mexicanas. La primera, en el 2008, por la Dra. Mercedes de Vega Armijo, directora del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, para que yo participara en el proyecto La búsqueda perpetua: lo propio y lo universal de la cultura latinoamericana, en doscientos años de vida independiente. Otra, en el 2015, por el Centro de Investigación y Docencia Económica, también de México, para participar en el proyecto Un siglo de constitucionalismo en América Latina 1917-2017, dirigido por la Dra. Catherine Andrews y que concluiría precisamente al celebrarse el centenario de la firma de la Constitución de Querétaro. Ambos proyectos, pero sobre todo el segundo, me permitieron profundizar en mi tema, en su relevancia. De ambos obtuve mucha información; además, valiosas reflexiones, retroalimentaciones, sugerencias y lecturas de textos y fuentes. Pero llegó el momento de sentarme a escribir, de nuevo a leer, a reflexionar y a volver a redactar.

De esa forma, lo que les pongo a mano son doce capítulos y una reflexión final en calidad de conclusión. En el primero, hago el planteamiento inicial con algunas elucubraciones teórico-conceptuales, los objetivos y temas sustantivos que suelen aparecer en calidad de adjetivos del sujeto soberanía: nacional, territorial, popular, estatal, más un intento de formular conjeturas e hipótesis de toda la investigación.

En el segundo, hago un estudio de las constituciones políticas latinoamericanas, las veinte constituciones vigentes en América Latina, más la norteamericana y la de las Cortes de Cádiz. En ellas, extraigo el uso que se hace del concepto de soberanía. Sobre la marcha fue necesario echar mano de constituciones precedentes: las de Argentina, México, Colombia, Uruguay, Venezuela, Haití, Cuba y Costa Rica.

En el tercero, me ocupo del concepto y trayectoria de la noción de democracia, desde el clásico discurso de Pericles, pasando por los no entusiastas de la práctica de Atenas, hasta el final del medioevo. Luego, en el cuarto, hago un esfuerzo de construcción del concepto de soberanía, como plenitudo potestatis, partiendo de las expresiones bíblicas sobre las cuales se afianzó el pensamiento cristiano oficial. Estos dos capítulos dan pie a los siguientes: el quinto, “Estado y nación”, se ocupa del surgimiento del Estado nacional desde el Renacimiento, en particular yo centro la atención en Maquiavelo y en los contractualistas: se refiere a la emanación del poder desde abajo. El sexto se titula “Poder absoluto: el soberano”. Ahí hago análisis de tres filósofos que legitimaron el absolutismo en Europa: Bodin, Hobbes y Hegel, en esa parte se observa el poder como emanado desde arriba. El capítulo siete se dedica a la definición de la soberanía territorial y al derecho internacional, tanto en sus padres fundadores, como en los acuerdos de paz del siglo XVII y el Congreso de Viena del siglo XIX: son referencias a la construcción de los Estados modernos. La intención de estos tres capítulos es evidenciar el trasfondo ideológico existente en las expresiones y prácticas políticas en Nuestra América: nacionalismo, republicanismo y presidencialismo. Esos Estados, realmente existentes, se describen en el capítulo ocho, ubicados geográficamente en dos zonas o regiones: la continental y la insular, y en dos formas de mostrarse al mundo: como Estados individuales y formalmente autónomos junto a sus vecinos no autónomos y en sus construcciones regionales.

En el capítulo noveno, se trata la autodeterminación en Nuestra América y la defensa de la soberanía nacional, enfrento los debates intelectuales que permitieron la construcción del concepto de Nuestra América y su contenido antiimperialista, con lo cual se constituye, de por sí, en plataforma de defensa de la soberanía nacional latinoamericana y, por su necesidad intrínseca, de construcción de proyectos de unidad regional y subregional. Esto es un intento de construir una teoría de la integración latinoamericana desligada del eurocentrismo, para distanciarme del hecho de que las lecturas de la integración latinoamericana se han hecho, regularmente, en clave eurocéntrica.

Ubicado en el siglo XX, el sistema internacional de posguerra redefine el sentido clásico de la soberanía y crea soportes de derecho internacional para su defensa. Centro mi ejercicio en tres acuerdos de posguerra donde se pacta la transferencia de soberanía. Esto se analiza en el capítulo diez. Pero, además, desde su misma base jurídica internacional, se legitima el derecho a las divergencias. Es el concepto de la soberanía en el concierto de acuerdos sobre derechos humanos y la participación en estos de los Estados de América Latina. A esto se dedica el capítulo once.

En el doce hay una reflexión muy libre sobre los pueblos que migran, quienes abandonan los Estados de los que fueron sus creadores para albergarse en cualquier parte del mundo: pierden su arraigo territorial, tal vez sin olvidar su identidad. En su hacer reiteran un desafío que atraviesa la historia de la humanidad, esta vez rompiendo las fronteras física y virtualmente, constituyéndose en otros desafíos a las soberanías nacionales: los algoritmos nada humanos y nómadas digitales muy humanos.

Todos los capítulos están encabezados con un epígrafe. Mi idea era poner textos alusivos al contenido del capítulo, emanados de lecturas de la narrativa latinoamericana; pero se atravesaron de camino otros. La historia de las ideas no solo se plasma en el frío ensayo del filósofo o en la historia social de las manos del historiador de profesión, sino que hay creadores e intérpretes que con su producto cultural expresan el sentido conceptual que motiva reflexiones e ilusiones que tratamos de exponer y que, como creadores, han sido gestores de sentidos de identidad, desde siempre.

La mayor parte de la exposición de resultados fue realizada durante la pandemia de covid-19, lo cual me demandó (otra vez la realidad asumió la delantera) escribir lo último como conclusión. Además, entre el fin de la investigación formal y la entrega al editor del texto, hubo cambios significativos en fuentes. El más notorio fue el de la propuesta de la Convención Constitucional de Chile, rechazado en el referéndum el 4 de setiembre de 2022. El apartado que debió haber sido el estado de la cuestión se convirtió en un anexo de valoración y comentario de las lecturas más significativas que me acompañaron en el texto.

Este esfuerzo de redacción y orientación de lecturas y reflexiones requirió el apoyo entusiasta de colegas y provocaciones cotidianas. Hubo estimados colegas que en conversaciones e intercambios motivaron y propiciaron reflexiones. Citar algunos es cometer la injusticia de no citar a otros. Hay autores ocultos: mis estudiantes. Primero, los del posgrado en Filosofía de la Universidad de Costa Rica, unos en el II semestre del 2012 en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio en San Pedro, San José; otros durante el I semestre del 2015 en la Sede Regional de Occidente de la misma universidad en San Ramón, Alajuela. Estos valiosos interlocutores fueron “torturados” por mis reflexiones, algunas muy primitivas, otras más consolidadas, con la asignación de lecturas para que las comentaran, con el cuestionamiento en el debate; usualmente me interrogaban y me dieron su visión sobre el tema. No puedo omitir a los alumnos del posgrado en Derecho Comunitario y Derechos Humanos de la Universidad de Costa Rica, desde el 2010; fueron cuatro promociones con muy excelentes profesionales, abogados todos, con quienes compartí y debatí sobre la soberanía, la integración y los derechos humanos. Algunos de ellos me solicitaron que integrara sus equipos asesores de investigación de grado, como tutor o como lector: compartí con ellos lo que había leído y reflexionado hasta entonces y aprendí de ellos su madurez, independencia de criterio, reflexión y aporte. Alguna de sus investigaciones me he permitido utilizar. Se los agradezco profundamente. Pero hay más colegas y amigos a quienes debo la sugerencia motivadora en diálogos múltiples, tertulias infinitas y motivaciones. No obstante, la responsabilidad por los errores es solo mía.

Guatemala: Carta pública denuncia nuevos actos de persecución contra la exfiscal Virginia Laparra

Las Américas, 12 de mayo de 2025 — Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han enviado una carta pública a las autoridades guatemaltecas para expresar su profunda preocupación ante nuevos actos de criminalización y persecución dirigidos contra Virginia Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público de Guatemala, actualmente en el exilio.

En la misiva, las organizaciones denuncian que el Ministerio Público, con apoyo de querellantes adhesivos ligados a actores señalados por perseguir a operadores de justicia, ha solicitado revocar las medidas sustitutivas otorgadas a Laparra y ordenar su inmediata aprehensión, incluyendo una solicitud de alerta roja ante INTERPOL para su captura internacional. La solicitud, basada en publicaciones en redes sociales sin sustento probatorio sólido, se encuentra en revisión por parte de la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Penal de Quetzaltenango, que ha comenzado a actuar de oficio, generando preocupación sobre su imparcialidad.

Las organizaciones firmantes recuerdan que Virginia Laparra fue condenada en dos procesos plagados de irregularidades y que su labor anticorrupción ha sido reconocida ampliamente. Después de más de 680 días de detención arbitraria, la exfiscal se vio obligada a exiliarse en julio de 2024 para resguardar su vida.

La carta pública exhorta a las autoridades guatemaltecas a:

  • Garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia en el caso de Virginia Laparra.

  • Poner fin a la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia en el exilio.

  • Tomar en cuenta los antecedentes de persecución contra operadores judiciales al valorar este caso.

Finalmente, las organizaciones instan a la comunidad internacional, a la ciudadanía y a las representaciones diplomáticas a expresar su preocupación y a escribir a las autoridades guatemaltecas y a sus embajadas en el extranjero.

La carta enviada lleva la firma del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS Alianza Global, Due Process of Law Foundation (DPLF), Entraide et Fraternité- Bélgica, Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Guatemala Solidarity Network – GSN -UK , Law Society of England and Wales, Prisoners of Conscience -UK, Protección Internacional Mesoamérica y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.

Vocabulario arrabalero

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

No hay duda de que, los autócratas y aspirantes a tal de nuevo cuño, sea cual sea su signo o inclinación ideológica no soportan el disenso, es decir, el derecho de los demás de pensar y expresar sus diferencias de criterio libremente. Ese es un elemento básico de la democracia que, cuando se pierde, acaba con ella, pues como dice G.Chiodi en su libro “Tácito Dissenso”:

  • cuando el disenso se calla, para una democracia debería sonar la alarma.

Por ello, cuando los sectores económicos del mundo, de la mano de sus ideólogos del neoliberalismo impusieron las leyes del mercado, se aliaron con los sectores políticos y los medios de comunicación para imponer, casi como una regla, el pensamiento único; nunca imaginaron que estaban creando el caldo de cultivo donde se encubarían poco tiempo después, las nuevas autocracias; que se valdrán de los mismos instrumentos de la democracia para, como las termitas, destruirla por dentro desde sus cimientos.

Hoy la democracia y las sociedades que la sustentan tiene tres tendencias que la destruyen día con día y que Diego Fusaro en “Disentir o Filosofía del Disenso” las ha definido así:

  • a) vaciamiento de la soberanía popular (remplazada por las imposiciones sistémicas, por la voluntad de los mercados, y el eficiente automatismo de los gobiernos técnicos; b) la desigualdad, cada vez mayor entre el vértice y la base que conduce a la polarización hiperbólica de la sociedad; c) la atrofia generalizada de las formas del disenso, como la negación de los espacios del pensamiento antagónico y no alineado con el orden simbólico imperante… (Fusaro D. 2022. P.34)

Y como bien señala, el disenso se obstaculiza de muchas formas, pero, muy especialmente, a través de la prensa, los medios de comunicación de masas y en los últimos quince años especialmente, en las famosas redes sociales donde, irresponsablemente, se ensucia la honra ajena y se calumnia sin misericordia utilizando el vocabulario más arrabalero que se pueda imaginar.

De esta forma, se ha ido destruyendo al ser humano como persona, en su identidad, en su familia, no tiene conciencia propia que le permita tener sentido de oposición al disgusto, el trabajo ya no es estable y va cayendo en un desarraigo no solo territorial, sino mental; pues pierde la identidad de su entorno, primero local y luego total, es simplemente un objeto de relativo valor. Su mente, atrofiada por una meditada y mal intencionada “mediocratización” de la educación y esos medios de comunicación, se ve limitada en la capacidad de pensar, reflexionar, el uso del lenguaje es limitado, ya no se habla, sino que se balbucea y se vuelve incapaz de responder al más simple cuestionamiento.

Dominada la mente, masificado el individuo, desarraigado de su pasado, es carne de cañón para el mensaje del autócrata que necesita, precisamente, que esa masa no piense, que simplemente guste y entienda su mensaje que jamás será profundo y racional, sino burdo, superficial, grosero, agresivo y arrabalero hasta el insulto más procaz. Entonces, veamos algunos ejemplos de presidentes que en el mundo hacen gala de ese lenguaje: Nicolás Maduro trató a Alberto Núñez Feijoo del Partido Popular español de vagabundo, traidor y narcotraficante; Javier Milei de Argentina dijo que el Papa Francisco era un imbécil, representante del maligno y comunista y publicó un “meme” para burlarse de León XIV; Daniel Ortega trató a Gustavo Petro de Colombia y Lula Da Silva de Brasil de traidores arrastrados y, para cerrar estos ejemplos con broche de oro, Donald Trump trató recientemente a Jerome Powell presidente de la Reserva Federal (FED), de “tonto sin ideas”, y ante la imposición de impuestos a las importaciones dijo que, nada menos, los representantes de todos los países del orbe “me llaman para besarme el culo”… sobran las palabras y comentarios.

Pero en el terruño de los “ticos básicos” como los calificó Pilar Cisneros, el presidente Chaves trató a los periodistas de ratas, a los diputados como inútiles mafiosos, chantajistas, banda de corruptos, mal nacidos, vagos, mezquinos, cucarachas, etc. Qué sentido educativo puede tener esa letanía en la población si no es repetir y decir lo mismo, abonado con un creciente sentimiento de odio que se inspira desde la misma silla presidencial.

Como bien lo explica Ece Temelkuran en “Como Perder un País”, la estrategia que siguen para imponer las dictaduras y autoritarismos es, primero destruir las voces de la oposición filtrando sus criterios a través de ejércitos de troles que

  • simplifican, multiplican y utilizan como munición para colonizar el ámbito de las comunicaciones políticas. Al poco tiempo la comunicación se sume en el caos transformando la forma de hablar de los intelectuales y convirtiéndolos en pandilleros semánticos. La actividad intelectual pasa a ser una mera cuestión de reaccionar a los diversos fragmentos del discurso populista con sarcasmo en un intento de combatirlos con sus propias armas. El lenguaje del debate político se reduce a una especie de lucha libre donde todo está permitido…convertida en un asunto global…” (Temelkuran E.2019. Pp. 80-81)

Ese fenómeno mundial de un lenguaje chabacano, lamentablemente, no solo ha alcanzado a los sectores populares o los niveles de la “gradería de sol”, como los calificó en su momento don Alberto Cañas, sino que, en tanto el populismo ha ido ganando espacios de poder, también ha atraído o enamorado a sectores intelectuales y empresariales, que se alinean en búsqueda de los beneficios que conlleva ese populismo en lo económico y político o porque se vuelve una actitud un tanto normal. No tienen empacho en asumir, también, el vocabulario arrabalero en sus respuestas orales o escritas contra los opositores a ese fenómeno, por la sencilla razón de que son conscientes que su uso provoca miedo, temores y angustias en sus contrarios, que entonces prefieren el silencio o el “perfil bajo” aunque ello conlleve, a la larga, la pérdida total de la libertad, la democracia y conviertan a la sociedad en un conjunto de mercachifles o esclavos asalariados, incapaces de pensar.

Ese lenguaje, disperso a través de los medios vasallos y las redes sociales plagadas de granjas de troles pagados y al servicio del autócrata o aspirante a tal, se utiliza especialmente contra la institucionalidad, utilizando la posverdad y las mentiras completas, que no soportan en menor análisis serio y profundo para demostrar su falsedad, y cuando eso se produce, simplemente basta la reiteración de la mentira desinformativa para mantener el apoyo a los programas o proyectos del autócrata, por descabellados, inconstitucionales, ilegales o desaforados que estos sean.

Ese lenguaje chabacano es fundamental para fomentar los odios. Para ello se ataca el pasado, la historia, en síntesis, el patrimonio cultural que es fundamental para defender y sostener la institucionalidad. Como principal instrumento y estrategia se utiliza una gran mentira, se dice y reitera que ese pasado está plagado de corrupción porque los grupos dominantes, lo que han hecho es utilizar esas instituciones para su propio beneficio.

En el caso de Costa Rica, desde las opiniones dadas por el propio Rodrigo Chaves, su principal vocera Pilar Cisneros y de ahí para abajo todos sus exaltados repetidores, están plagadas de inexactitudes históricas y opiniones negativas e infundadas sobre la institucionalidad, que no soportan ni el menor análisis serio, analítico, documentado y académico al que ellos no están acostumbrados ni les importa. Por el contrario, es la reiteración de la mentira y el desmesurado llamado al odio lo que les basta y sobra, con lo cual tienen a sus huestes embelesadas con ignorancia, mala fe, cizaña y gritos estentóreos de odio, y por qué no, talvez, hasta algún pingüe beneficio.

Como bien lo señala Natascha Strobl en “La Nueva Derecha” estos enemigos de la democracia y la libertad, ocultan debajo de una tenue capa de modales civilizados y hasta gentiles, que pronto saltan en pedazos por…

  • “… las actitudes autoritarias que se hacen cada vez más visibles, sobre todo en forma de una retórica cada vez más gamberra…” (Stroll.2021. P. 28)

Breve, concreta y certera descripción de la forma como se presentan ante “su público” el presidente Rodrigo Chaves y sus adláteres que lo siguen de tarima en tarima, aplaudiendo, gritando y haciendo preguntas, previamente montadas, por pseudo periodistas de medios vasallos, muy bien pagados, como se ha demostrado y que sirven de caja de resonancia junto con las bandas tirolesas, verdaderos sicarios en las redes sociales, para difundir los infundios, insultados y ataques despiadados a la institucionalidad democrática nacional.

Con esa estrategia, quieren convertir al costarricense que, reitero para no olvidar, Pilar Cisneros calificó de “básico” es decir, un mediocre que se lo cree todo, en un individuo sin identidad, sin conciencia opositora al régimen autoritario con que sueña el chavismo, olvidado de sus raíces y su patrimonio cultural, casi sin arraigos, obediente, sumiso y temeroso. Para ello la utilización de ese lenguaje arrabalero y gamberro es importante, pues es la forma para mantener un bajo nivel intelectual, cultural y social y hasta ético del ciudadano.

La democracia costarricense está en peligro, se ha perdido el sentido del valor humano, espiritual y cultural de lo eterno, de lo trascendente, de lo verdaderamente importante y hermoso que encontramos en esa casa de adobe o el colibrí, que según Pilar Cisneros no crean riqueza ni bienestar; para conformar una sociedad materialista, superficial, mediatizada, sin voluntad y sin criterio propio; la mayor aspiración es entonces convertir nuestro pueblo en una sociedad mediocre, temerosa y esclava de la ignorancia, sin disensos, a la que lo llevaron, lavado cerebral incluido, con su vocabulario chabacano.