Ir al contenido principal

La impronta telúrica de Aquiles Jiménez – en la Biblioteca Nacional

La Asociación Internacional de Crítico,s de Artes – Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional le invitan a la actividad del ciclo Aula Encendida La impronta telúrica de Aquiles Jiménez,La actividad que será moderada por Marjorie Ávila Salas contará con dos ponencias a cargo, respectivamente, del crítico, autor y filósofo Alvaro Zamora Castro y del también crítico, autor y comunicólogo Juan Carlos Flores Zúñiga.

Este es el primer conversatorio del año con el ganador del Premio de la Crítica AICA Costa Rica correspondiente al 2024 en la categoría «Maestro Consagrado». 

La actividad se realizará el miércoles 5 de marzo a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. El evento iniciará con una visita guiada a la exposición de Aquiles Jiménez actualmente expuesta en la Sala Raúl Leoni de la Benemérita Biblioteca Nacional y luego seguirá el conversatorio, el cual se transmitirá en el Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

Historia musical del rock en Costa Rica en la Biblioteca Nacional

El Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional se complace en invitarle a la primera actividad del 2025 del ciclo Historia musical del rock en Costa Rica, con la participación de Johnny Schroeder, invitados Zulay Soto y Guillermo Robles Iglesias.

La actividad se realizará el miércoles  5de marzo a las 2:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional.

Ministro Zamora miente, oculta la verdad y ampara usurpación en Territorios Indígenas

Declaración de FRENAPI

Sobre la reciente Recuperación de Tierras/Territorio en el Territorio Cabécar de Ujarrás, el FRENAPI se dirige a la opinión pública nacional e internacional, DENUNCIA:

El ministro de Seguridad Mario Zamora, en su mensaje falta a la verdad; está mal informado y tuerce la realidad de los hechos, con intereses ocultos: en esa Finca de Ujarrás a la que se refiere, “no hay tal poseedor ‘indígena’ de tercera edad”, con ello miente y encubre a usurpadores no indígenas, antes los Pacheco y ahora Chavarría y sus hijos, matones que han arrebatado nuestras tierras, con la complacencia de la ADI.

Si investiga, se dará cuenta de que tampoco el presidente de la ADI, es una «autoridad» del Territorio de Ujarrás, él está «usurpando» el cargo, ya que NO es Cabécar, no tiene Clan ancestral y “aparentemente” es de Térraba, otra Cultura y otro Territorio. La usurpación de cargo de Nelson Zúñiga en Ujarrás hace sus actos nulos y contra la legislación con la complicidad y respaldo de instituciones del Estado/Gobierno; ejemplo DINADECO.

El incendio de que habla el ministro Zamora, lo provocaron posiblemente entre la policía, “indígenas renegados” y usurpador@s ahí presentes; porque los indígenas no quemamos la piel de la Madre Tierra. Es extraño que los bomberos estuvieran ahí casi de inmediato, cuando nunca acuden a sofocar incendios en Territorios Indígenas.

Las recientes Recuperaciones de Tierras, en tres Territorios Indígenas, son la mejor prueba de que el “conflicto” está latente y que es falsa la propaganda del Estado /Gobierno actual, porque no ha cambiado nada, la usurpación y las agresiones, la injusticia y el abandono están más evidentes que siempre; por más discursos y actos públicos bonitos y folclóricos.

A la Contraloría General de la República y la Defensoría de L@s Habitantes, pedimos investigar los pagos realizados a No indígenas mal llamados “poseedores de Buena fe”, de los que ha informado el Gobierno, ya que en el pasado se hicieron pagos con “estudios sobrevalorados de Fincas, a poseedores que no calificaban” en contubernio con ADIs y CONAI. Son dineros de tod@s l@s costarricenses, que no pueden ser desviados en pagos ilegales.

Al cumplirse 5 años del Asesinato de Jerhy Rivera Rivera (24 febrero 2020), Brörán de Térraba y 6 años del asesinato de Uniwak Sergio Rojas (18 de marzo 2019), Bribri de Salitre; ambos asesinatos impunes, las causas y l@s responsables de esos crímenes siguen vigentes: usurpación de tierras por NO indígenas agresor@s, discriminación, injusticia, violencia y abandono e indiferencia del Estado/Gobierno.

Continúan las campañas de odio y racismo por parte de particulares, funcionari@s, autoridades y medios de comunicación, que promueven más la agresión contra nuestros Pueblos, pacíficos, desarmados y No Violentos.

La impunidad, no sólo de los últimos asesinatos citados, mantiene en libertad a los asesinos, incluido Juan Eduardo Varela, asesino confeso de Jerhy; sino también la impunidad de todas las agresiones, físicas y verbales, la usurpación de nuestras Tierras/ Territorios que se denuncian ante los Tribunales, no se investigan y se archivan los expedientes, ó es tan “retardada” la acción judicial que se prescriben los casos; no así las denuncias de l@s No indígenas, que si se tramitan en el Poder Judicial, la mayoría con sentencias en contra de nuestr@s herman@s.

Lo mismo ocurre con los desalojos administrativos ya aprobados, NO se ejecutan por el Ministerio de Seguridad, amparando a usurpador@s violentos que roban nuestros recursos.

Sumando el irrespeto y desprecio por nuestros sitios Sagrados, nuestras tradiciones culturales, nuestras Espiritualidades y Autoridades propias; por parte de no indígenas, empresas y funcionari@s del Estado. No quieren aplicar la Ley ni hacerla valer.

Es un conjunto de actuaciones y acciones, que poco a poco producen el exterminio de los Pueblos Indígenas, se convierten en una política pública del Estado Costarricense, por Acción u Omisión, y eso es etnocidio, calificado como Delito Internacional contra los Derechos Humanos; son violación a las Leyes Indígenas y a los Convenios Internacionales, en especial el 169 OIT.

FRENAPI continuará la lucha por la Recuperación total de las Tierras/Territorios de todos los Pueblos Indígenas de Costa Rica, así como por el respeto de nuestras Espiritualidades y Culturas Propias, que incluyen Autoridades, sitios Sagrados y Autonomía.

Presidente Chaves, Minitr@s, funcionari@s de ADI, CONAI y DINADECO y demás funcionarios del Estado, la peor forma de «violencia» es la amenaza, NO tenemos miedo, no vamos a retroceder, son más de 530 años de esta lucha, vamos a defender la herencia de nuestr@s ancestros y ancestras, tenemos derechos humanos, vamos a recuperar nuestras Tierras/Territorios; somos descendientes de l@s Habitantes originari@s de Costa Rica, raíz sagrada de este País, merecemos justicia, respeto y sobre todo, vivir en paz.

26 de febrero 2025.

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS de Costa Rica
COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDÍGENA
¡SERGIO Y JEHRY VIVEN – LA LUCHA SIGUE Y SIGUE Y SE EXTIENDE!

Defensoría solicitó medida cautelar en caso Gandoca-Manzanillo

Ante reiterados incumplimientos a órdenes de la Sala Constitucional la petición se sustenta en un estudio jurídico de 86 páginas

La Defensoría de los Habitantes, como contralor de legalidad y garante de protección de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelado a nivel constitucional e internacional, acudió esta semana a la Sala Constitucional a presentar una solicitud de medida cautelar con ocasión de la gestión de seguimiento de cumplimiento de la sentencia 2019-012745, mediante la que se declaró inconstitucional la Ley número 9223 que afectaba de manera significativa los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

La petición contiene un análisis técnico-jurídico de 86 páginas que incluye todos los elementos probatorios que se requieren para la presentación del caso y la solicitud de la medida cautelar.

En esa sentencia del año 2019, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la Ley número 9223. Esto sucedió cinco años después de haberse interpuesto la acción para su declaratoria, pues dicha acción fue presentada para su estudio desde el año 2014. Pese a la declaratoria de inconstitucionalidad emitida por la Sala Constitucional y las órdenes expresamente giradas a distintos órganos del Poder Ejecutivo en la referida sentencia, al día de hoy se ha hecho caso omiso y no se ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Sala, según se constata en la sentencia número 26300-2024 dictada el 10 de setiembre de 2024, emitida en el marco de una gestión de desobediencia presentada ante el Tribunal Constitucional.

Han transcurrido 11 años aproximadamente desde que se inició con este tortuoso proceso sin obtener resultados tangibles y positivos. A partir de lo anterior, es que esta Defensoría, con sustento en la gestión de seguimiento de cumplimiento de la sentencia 2019-012745 que está conduciendo la Sala Constitucional, interpone una solicitud de medida cautelar dentro de esta etapa de ejecución, para que la decisión tomada por ese Tribunal no se quede en el papel, sino que tenga eficacia, en lo que aún se pueda conservar y proteger, pese a los daños que puedan haberse generado y se resguarde así el patrimonio natural de los y las habitantes”, afirmó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

A la fecha, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo no se encuentra debidamente delimitado y durante todo este tiempo han existido procesos de construcción en la zona, lo que ha ocasionado tala de árboles y el otorgamiento de al menos 952 permisos de aprovechamiento forestal entre los años 2014 a 2024, período marcado por la falta de certeza técnica y jurídica sobre la delimitación oficial de las zonas boscosas y los humedales de la zona.

Lo anterior sumado a la entrada en vigencia del Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, mismo que entre sus bases contempla el Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, y que además no consideró todos los humedales enlistados en el documento denominado «Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítima Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca» de julio de 2021. Estos humedales habrían sido omitidos en la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 del 30 de junio de 2017, correspondiente a la delimitación del Patrimonio Natural del Estado en Zona Marítima Terrestre del cantón de Talamanca, con lo que la delimitación establecida resulta inexacta y por ende, a la fecha, no se tiene certeza que se hayan considerado todas las zonas de bosque -Patrimonio Natural del Estado- que la Sala Constitucional ordenó proteger mediante la referida sentencia 2019-012745. Lo anterior se traduce en el otorgamiento de concesiones y la administración municipal, de zonas que podrían ser parte de ese patrimonio natural del Estado no susceptible de explotación e indebidamente intervenidas.

La medida cautelar se solicita pese a contar con el antecedente de intentos fallidos de otorgamiento por parte de este Tribunal de dichas medidas, que, con ocasión de distintos expedientes, han sido denegadas o incluso ignoradas por parte de esta Sala. A modo de ejemplo, se cita la resolución de las 13:37 horas del 22 de febrero de 2024 que da curso a la acción de inconstitucionalidad contra el Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, el Plan Regulador Costero Talamanca Distrito-Cahuita y la Directriz número 09-2023. donde pese a haberse requerido la suspensión de los efectos de las normas impugnadas, la Sala optó por justificar técnicamente el por qué, la interposición de una acción de inconstitucionalidad, no suspende la eficacia y la aplicabilidad en general de las normas y denegar por ende lo solicitado; sin considerar, que aún de oficio, y como máximo garante de la tutela constitucional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, valorando el daño ambiental concreto y potencial existente, puede y debe otorgar las medidas cautelares requeridas en una zona rica en recursos naturales, incluso en vías de extinción, como lo es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

No obstante, con ocasión de las medidas cautelares que fueron noticia la semana anterior otorgadas por la Sala Constitucional en la zona de El Tirol, en Heredia, y valorando lo señalado en la sentencia número 26300-2024 -donde se acredita el incumplimiento de la sentencia 2019-012745- por la Magistrada Alvarado Paniagua, quien destacó que al no haberse realizado la delimitación ni recuperación de las tierras del REGAMA, se deben tomar medidas para cumplir con la sentencia 2019-012745, esta Defensoría mira con esperanza la interposición de la presente solicitud y siguiendo el criterio de la Magistrada de cita, considera que lo urgente e impostergable, es que, mientras se realiza la delimitación mencionada, se deben evitar daños graves al ambiente y a los recursos de flora y fauna del Refugio. En virtud de lo anterior, la Defensoría solicitó:

a) Que la Municipalidad de Talamanca se abstenga de otorgar concesiones en la zona marítimo terrestre o permisos de construcción en la zona REGAMA y aledaños. Respecto a las concesiones y permisos ya otorgados, que se suspenda la ejecución en cabeza de sus titulares, de los efectos jurídicos de las autorizaciones en el sitio, sea la suspensión de cualquier construcción o explotación que esté en curso, hasta tanto no se definan de las 20,1 has de terrenos clasificados como bosque las que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre del RNVS Gandoca-Manzanillo y/o que se encuentran indebidamente contempladas en el Plan Regulador Costero con fines distintos al ambiental, tal y como ya lo ordenó esa Sala en Sentencia N° 2019-012745;

b) Que se suspenda la directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía que dispone que los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los establecidos en Ley número 9223 –expulsada del ordenamiento jurídico por inconstitucional desde 2019 por esa Sala-, denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”;

c) Que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) suspenda el otorgamiento de permisos de corta y aprovechamiento forestal en las áreas de los siete bloques de bosque y sus aledaños que deben ser retornadas formal, material y normativamente al RNVS Gandoca-Manzanillo. Respecto a los permisos ya otorgados, que se suspenda de inmediato la ejecución en cabeza de sus titulares de los efectos jurídicos de las autorizaciones en el sitio, sea, la suspensión de cualquier aprovechamiento forestal o corta que se esté ejecutando.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras rechaza proyectos de ley que amenazan la banca social

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), junto con los sectores productivos y sociales de Costa Rica, rechazan enfáticamente proyectos de ley que proponen modificar el destino de los fondos provenientes del 0.25% del aporte patronal, los cuales pertenecen a las personas trabajadoras y gestionada por nuestra institución financiera.

Para ser más precisos, la población trabajadora aporta un 1% de su salario, mientras que los patronos realizan una contribución adicional del 0.50%. De este monto, el 1.25% se destina a la pensión complementaria de cada trabajadora y trabajador. El 0.25% restante, queda depositado en el Banco Popular con el objetivo de fondear la proyectos que son iniciativa de organizaciones laborales y sociales y productivas, a través de nuestra Banca Social, lo que nos permite seguir siendo un actor clave en el bienestar de las familias costarricenses.

Este esquema es fundamental para la sostenibilidad de nuestra Banca Social, que financia proyectos de gran relevancia para nuestra comunidad, tales como la vivienda social, fondos de avales, BP Bienestar, entre otros programas. Estas iniciativas son esenciales para mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de Costa Rica, asegurando acceso a soluciones financieras justas y accesibles para la población trabajadora y sus familias.

Sin embargo, es preocupante e inaceptable que legisladores no reconozcan la importancia y el impacto positivo del 0.25% y estén promoviendo proyectos de ley que intentan destinarlo a otros fines. En particular, los proyectos de ley propuestos por Monserrat Ruiz Guevara, diputada de Liberación Nacional (PLN); Alejandro Pacheco diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y Eliécer Feinzaig, diputado del partido Liberal Progresista (PLP), que buscan despojar de estos recursos a población trabajadora generando un desequilibrio financiero en la única institución financiera que por ley tiene como objetivo fundamental dar protección económica y bienestar a los trabajadores y trabajadoras, mediante el fomento del ahorro y la satisfacción de sus necesidades de crédito, protegiendo proyectos productivos y sociales, lo que históricamente ha significado un fortalecimiento de la Banca Social del Banco Popular y Desarrollo Comunal.

A lo largo de más de 50 años de gestión, el Banco Popular y de Desarrollo de Comunal ha demostrado un firme compromiso con la eficiencia y efectividad en la administración de estos recursos, siempre en beneficio de todos los sectores productivos y sociales del país. Modificar el destino de estos fondos sería un retroceso en nuestro objetivo fundamental de promover el bienestar social y económico de Costa Rica.

El Banco Popular y Desarrollo Comunal, hoy más que nunca, sigue siendo la opción más sólida y responsable para la población trabajadora de Costa Rica, y debe continuar siendo un aliado estratégico en el desarrollo económico y social del país.

Del monroísmo al trumpismo, ¿una nueva Doctrina del Imperialismo en el siglo XXI, The Donroe Doctrine?

Vladimir de la Cruz

Eran los días finales del colonialismo español en América, cuando en el Caribe el quinto presidente desde su Independencia, quien había participado en las luchas de la separación de las colonias británicas en el norte de América. Le tocó debatirse entre el esclavismo y el abolicionismo que se daba en el expansionismo hacia el oeste de las 13 colonias.

La esclavitud se había afincado en los estados sureños, con una economía basada en la producción de algodón. La expansión hacia del oeste se hacía de manera equilibrada, un estado en el sur, otro en el norte, para garantizar equilibrio en el Senado, señalando el paralelo 36°30′ N como la frontera de la esclavitud entre los estados en desarrollo.

La lucha anticolonial española y por su independencia facilitó que España no pudiera defender los territorios de la Florida, que había sido invadida por colonos ingleses, por lo que terminaron los españoles vendiendo la Florida por 5 millones de dólares.

El dilema para la naciente Federación Americana era el reconocimiento de las naciones independientes de Hispanoamérica, en el período 1817-1825, cuando el presidente James Monroe ejercía su mandato. España se debatía en la restauración absolutista. La Constitución de Cádiz de 1812, que había sido suspendida entre 1814 y 1820, de nuevo había sido establecida este año.

Para el presidente Monroe, España no estaba en condiciones, como efectivamente sucedió, de recuperar sus colonias, por lo que impulsó misiones diplomáticas hacia Chile, Argentina, entonces llamada La Plata, Perú, México y la Gran Colombia, de acercamiento político y económico.

En los días iniciales de la lucha independentista latinoamericana, el imperio inglés enfrentó a España, en 1806 y 1807, en el Virreinato del Río de la Plata, tratando de segregarlo de España. Inglaterra en esos años vivía un período de guerras con España, prolongado desde 1804 hasta 1809, aprovechado por Napoleón para su invasión en España desde 1808 hasta 1814, que enfrentó también a Inglaterra con Francia.

En este contexto geopolítico, Inglaterra consideraba los territorios de Hispanoamérica, desde una perspectiva estratégica y de gran importancia económica. La invasión inglesa en el Virreinato del Río de la Plata en 1806 permitió la ocupación de Buenos Aires y en 1807 la de Montevideo.

Inglaterra, desde esta perspectiva, a pesar de haber perdido sus 13 colonias, disputaba territorios con España, Portugal y Francia. Cuando no pudo dominar las regiones, las reconoció en época independiente, lo que llegó a preocupar a los Estados Unidos.

Inglaterra desde el siglo XVIII había visualizado a Sur América como un objetivo para desarrollar colonias, lo que facilitó en este mar de contradicciones que Francisco Miranda actuara ante Inglaterra buscando apoyo para la lucha emancipadora de las colonias españolas.

Las invasiones inglesas contribuyeron al desarrollo de la Revolución de Mayo, de 1810, en Argentina, replanteando la estrategia inglesa sobre la región. La división del imperio colonial español, Inglaterra quería aprovecharla en su beneficio económico, lo que fue obstaculizado por el embargo estadounidense a productos ingleses que impuso hacia 1812, que no pudiendo dominar los territorios facilitaron financiamiento para las luchas independentistas.

Frente a ese interés británico, que seguía existiendo, el presidente Monroe elaboró su estrategia para evitar que los europeos no pudieran invadir el continente ni desarrollar otras colonias. Así, lanzó su frase “América para los americanos” de manera ambigua, insinuando la defensa de los procesos de independencia que ya eran exitosos y los que todavía estaban en marcha de las colonias hispanoamericanas, al mismo tiempo que proyectaba la exclusividad de la presencia de los Estados Unidos, de manera dominante, en el continente americano.

Así surgió lo que se ha conocido como la Doctrina Monroe, que ha justificado la intervención directa de los Estados Unidos en diversos lugares del continente, desde que así fue lanzada esa frase en 1825.

América Latina aun así, desde el siglo XIX, ya independientes la mayoría de sus regiones y países, fue intervenida por ingleses, españoles, franceses, alemanes y por los dinamarqueses, que desde aquel siglo se apoderaron de Groenlandia.

Una respuesta inmediata a estas políticas imperialistas y neocolonialistas de inicios del siglo XIX, fue la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, orientado a tratar de lograr la unión de los nuevos estados independientes, en una gran Confederación. El Congreso fue convocado por Simón Bolívar el 7 de diciembre de 1824, cuando estaba en Lima, Perú.

En el Congreso de Panamá estuvieron presentes Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, representadas por la República Federal de Centroamérica, ya existente desde 1824, México y Perú. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile y el Imperio del Brasil, no mostraron interés en participar. Gran Bretaña y los Países Bajos participaron con un observador. Las Provincias Unidas del Río de la Plata y Bolivia no participaron por problemas internos y contradicciones políticas que enfrentaban. Tampoco Chile porque su gobierno no simpatizaba con Bolívar. Los Estados Unidos no se hizo presente por presión de los estados sureños esclavistas. Paraguay no fue invitado al Congreso por el aislacionismo que impulsaba su presidente Gaspar Rodríguez de Francia. Del Congreso de Panamá, en los años siguientes se desarrolló el panamericanismo.

Inglaterra aprovechó su presencia para fortalecer acuerdos comerciales.

La Doctrina Monroe facilitó de esa manera el expansionismo de los Estados Unidos, que amplió sus fronteras hacia el oeste y limitó la intervención europea en el continente.

La preocupación de los Estados Unidos, después del Congreso de Viena, 1814-1815, en Europa, era el resurgir de los imperios coloniales proyectados en Hispanoamérica, cuando las monarquías de Prusia, Austria y Rusia, que formaban la Santa Alianza simpatizaban con la idea de que España fortaleciera sus dominios en América donde estaba debilitada por los procesos de independencia. De igual modo, la Doctrina Monroe neutralizó las acciones políticas de la Santa Alianza y a la misma Inglaterra.

A la Doctrina Monroe, como gran correlato, como complemento, se desarrolló en los Estados Unidos la llamada Doctrina del Destino Manifiesto, que justificó su expansión por toda la parte norte del continente, considerando que los Estados Unidos era una “nación elegida”.

Así, en el contexto de la Doctrina del Destino Manifiesto se dio la guerra de Estados Unidos contra México para anexar, por la vía del robo, la ocupación y compra, los territorios de Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado, desde la década de 1840. Justo en la incorporación de los territorios de Texas y Oregón el entonces presidente James Polk revivió la Doctrina Monroe, como se validó esa doctrina en los avances filibusteros en Centroamérica en la década siguiente.

La esencia de la Doctrina Monroe también descansaba en mantener la idea de que ninguna potencia europea tuviera más influencia y dominio que la de Estados Unidos en la región, aspecto que el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, agita constantemente enfrentando especialmente la presencia de la República Popular China.

Se dio también la presencia de los filibusteros norteamericanos en Centroamérica, llegados a Nicaragua en 1855 y expulsados de Centroamérica en 1857, con intentos posteriores de regresar hasta que su líder William Walker fue fusilado en Honduras en 1860. En esta década Estados Unidos se proyectaba dominantemente sobre República Dominicana, pretendiendo el control de la Bahía de Samaná.

En el siglo XIX Estados Unidos con sus políticas de las Doctrina Monroe y del Destino Manifiesto no pudo impedir la presencia de potencias europeas de la época en el continente, Inglaterra en la Malvinas, en 1833, Francia en Argentina en 1839 y 1840, Inglaterra y Francia en el Río de la Plata, desde 1845 hasta 1850, España en República Dominicana desde 1861 hasta 1865, Francia en México desde 1862 hasta 1867, y la ocupación inglesa de la Mosquitia caribeña y de la región de la Guayana en Venezuela, en la zona de Esequiba, desde 1855.

En 1880 el Caribe y Centroamérica se consideraban parte de la región de influencia exclusiva y casi única de los Estados Unidos, como lo esbozó el presidente de los Estados Unidos, Rutherford Hayes, cuando dijo: “«Para evitar la injerencia de imperialismos extra continentales en América, los Estados Unidos deben ejercer el control exclusivo sobre cualquier canal interoceánico que se construyese», diseñando su proyección en el Canal de Panamá, cuando apreciaba la salida de los franceses de esa región. Roosevelt en 1904 igualmente afirmó que ante la amenaza de algún país europeo que pusiera en peligro los intereses de los Estados Unidos, estaban en la obligación de intervenir en ese país para “reordenarlo” restableciendo los derechos y el patrimonio de sus empresas. El presidente Trump no ha ido muy lejos en su lenguaje al referirse de cómo recuperar el canal de Panamá, incluso amenazando con una intervención militar, ni tampoco ha estado lejos cuando somete a los actuales presidentes centroamericanos a una alianza con su gobierno, señalándoles las ventajas de esa relación, como hizo el vicepresidente Vance con el presidente de Costa Rica, que lo llamó su aliado más seguro contra la presencia de la República Popular China.

A partir de Roosevelt, al inicio del siglo XX Estados Unidos impuso una nueva era de colonialismo y de intervencionismo político y militar directo de gran escala en todo el continente y donde tuviera necesidad.

Igual fue la guerra Hispanoamericana desde 1898, con la intención de apoderarse de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas.

Parte de este proceso fue intervenir en la separación de Panamá de Colombia para impulsar la construcción del Canal de Panamá y apropiarse de ese país.

La Enmienda vigente hasta 1934, impuesta por los Estados Unidos a Cuba en 1901, como apéndice a su Constitución Política, la de Cuba, le dio facultades para una ocupación militar imponiéndole restricciones soberanas, dándole control sobre la política interna, la externa y la económica de la Isla. De allí surgió la imposición de la Base Naval militar de Guantánamo desde 1903.

A finales del siglo XIX se desarrolló la fase económica superior del capitalismo, el imperialismo, cuando el desarrollo de la revolución industrial condujo a una lucha por la apropiación y control de áreas de materias primas estratégicas, de regiones de mano de obra barata y de países donde colocar los productos de esa forma elaborados. Empresas de nuevo tipo se desarrollaron, carteles, monopolios, oligopolios, trusts. El núcleo fundamental de este desarrollo y la disputa por las áreas de materias primas fue el desenlace de la I Guerra Mundial.

De esta guerra salió fortalecido los Estados Unidos. También surgió la primera república socialista soviética, con la Revolución Rusa de 1917, marcando a partir de entonces el siglo XX como el siglo del enfrentamiento Capitalismo-Socialismo, situación que llegó hasta 1991, con la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que habían surgido como federación en 1922.

Con el desenlace de la II Guerra Mundial, a su término, se constituyó un Sistema Mundial Socialista en el cual una docena de países europeos se sumaron a la construcción política socialista, fortaleciendo más esa división internacional ya surgida y desarrollando nuevos niveles de contención contra el avance del socialismo y el comunismo. A ello se sumaba la lucha de la revolución China, la independencia de la India y el desarrollo de las luchas anticoloniales a nivel mundial, que caracterizaron las décadas siguientes a la II Guerra Mundial, de manera que en 1945 la constitución de las Naciones Unidas tuvo 52 países fundadores y hoy tiene 193 países, la inmensa mayoría surgidos de la lucha anticolonial.

El fracaso de la construcción francesa del Canal de Panamá fue aprovechado, en esas nuevas condiciones internacionales, lograda la Independencia de Panamá de Colombia, en 1903, de visualizar por parte de los Estados Unidos, de nuevo, la construcción del Canal en el istmo centroamericano. Hoy se plantea en boca del presidente Trump la necesidad de controlar al 100% la administración del Canal y de mantener nuevamente la zona de exclusividad territorial que tenían antes de 1999, como de ejercer el control administrativo de los cinco puertos que gravitan alrededor del Canal, para ejercer igualmente el control de las tasas de pago por el paso del Canal.

Ese territorio fue controlado por Colombia, desde que Panamá se independizó en 1821 de España, inmediatamente porque se agregó a la Gran Colombia, hasta que en 1903, Panamá se independizó de Colombia.

El interés por la construcción del Canal, en Panamá, lo tuvieron Francia y los Estados Unidos. Francia intentó construirlo en 1881, fracasando por una serie de problemas empresariales y por la ingeniería diseñada. Los Estados Unidos empezaron a participar en el proyecto de la construcción del Canal, en 1904, recién declarada la separación de Panamá de Colombia.

El 3 de noviembre de 1903 se dio la separación panameña de Colombia, con apoyo de los Estados Unidos y del presidente Theodore Roosevelt, que firmó el Tratado Hay-Bunau Varilla que facilitó la construcción del Canal que se inauguró el 15 de agosto de 1914.

Con este Tratado Estados Unidos le impuso a Panamá los derechos posesorios a perpetuidad del Canal con una zona de ocho kilómetros a ambos lados del canal, bajo su dominio, a cambio de un pago de 10 millones de dólares y de una renta anual de 250.000 dólares. Consecuencia de los cambios operados con la derrota del nazifascismo en la segunda II Guerra Mundial, Estados Unidos hizo de esa zona un emplazamiento de bases militares para un mejor control político de los países latinoamericanos, estableciendo allí el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, que tenía que velar por la planificación de contingencia, operaciones, y la cooperación de seguridad para América Central y del Sur, el Caribe

El Tratado Hay-Bunau Varilla fue firmado por el francés Phillippe Bunau y John M. Hay, ninguno de ellos panameño. Bunau lo hizo en nombre del gobierno naciente en 1903, de Panamá. John M. Hay era el Secretario de Estado de los Estados Unidos. A Bunau se le nombró luego Ministro Plenipotenciario de Panamá en Estados Unidos.

Con el inicio del siglo XX se desarrolló por parte de los Estados Unidos la Doctrina del Gran Garrote, The Big Stick, impulsada por el presidente Theodore Roosevelt, 1901-1909, quien dirigía el Departamento de la Armada, durante la guerra hispanoamericana, 1898-1902, que le dio control sobre Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam.

La Doctrina del Gran Garrote fue dominante en la política exterior de los Estados Unidos hasta 1939. Esta doctrina se impuso en las relaciones internacionales de los Estados Unidos, especialmente en el Caribe.

El presidente Roosevelt hizo circunnavegar el mundo con la llamada Gran Flota Blanca para mostrar el poderío de la nación norteamericana, y ponerla a jugar un papel en la finalización de la guerra ruso japonesa, que le valió el Premio Nobel de la Paz.

La Doctrina del Gran Garrote se caracterizó por justificar que los Estados Unidos podían intervenir en cualquier parte del mundo para defender sus intereses, lo que le justificaba incluso intervenir en asuntos internos de los países.

La Doctrina de Gran Garrote se proyectó principalmente en los países latinoamericanos y especialmente del Caribe. El Gran Garrote era por el fortalecimiento naval que tenía. Todavía la aviación militar ni comercial se había desarrollado. A ello acompañaba el papel del control que tenía o que podía influir de los medios de comunicación, de los periódicos, de la opinión pública, que cobraban auge.

En el Caribe y en Centroamérica la política del Gran Garrote se complementó con el desarrollo de las grandes inversiones monopólicas, especialmente en el campo de la agricultura como fue el de las plantaciones bananeras, que con la constitución de la United Fruit Company, en 1899, por el peso e influencia que tuvo en la vida política interna de las naciones centroamericanas, les dio apellido, paternidad y maternidad, las Bananas Republics o Repúblicas Bananeras, donde esta empresa ponía y quitaba presidentes, ponía y quitaba dictadores y militares gobernantes, controlaba Congresos legislativos y Cortes Supremas de Justicia.

La presencia de estas empresas y de la política del Gran Garrote dio origen a los movimientos antiimperialistas en todo el continente americano, con mucha fuerza en las primeras décadas del siglo XX,

En su diplomacia del Gran Garrote, el presidente Roosevelt además de sus fortalezas militares, le daba importancia a las relaciones diplomáticas y al cuidado con sus interlocutores de manera que en su relación no parecieran derrotados, debilitados o sometidos ante él.

La nueva política de dominación de Trump no se distancia en nada de sus antecesores, en la conceptualización de dominación mundial que quiere ejercer. La doctrina Monroe fue un diseño de una visión global de dominación.

La Doctrina de Gran Garrote se hizo sentir en el Caribe desde diciembre de 1902 cuando Alemania, Inglaterra e Italia bloquearon el puerto de Maracaibo, en Venezuela, en que Estados Unidos les impuso un arbitraje ante el Tribunal de la Haya.

La derrota de España en 1898 por parte de los Estados Unidos rearticuló alianzas, en ese momento, de algunos países latinoamericanos con europeos.

Frente al intervencionismo norteamericano no hay posibilidad real de detenerlo si se quiere imponer por la fuerza en el continente americano. La alianza de Estados Unidos con Inglaterra, en 1982, con motivo de la ocupación inglesa de las Malvinas, puso en evidencia que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, de las naciones latinoamericanas, en la Organización de Estados Americanos, OEA, que no pudo invocarse a favor de Argentina, es letra muerte para la defensa de los intereses de los países de la OEA, si se ponen en juego los intereses imperiales.

La nueva política global de Donald Trump, de un nuevo Garrote, que marca gravemente sus intereses en sus relaciones internacionales, específicamente en el campo económico, de los tratados de comercio y de sus relaciones militares es un hecho real. Las visitas de sus enviados de gobierno, a modo de procónsules, tanto a países latinoamericanos como europeos, es muy clara. Se está con él o contra él. Se hace el mundo o se rehace bajo su visión, siguiendo a Lincoln de que la mejor esperanza de La Tierra es con los Estados Unidos.

Las políticas intervencionistas y militaristas fueron el sello de las relaciones internacionales de los Estados Unidos en el siglo XX y durante el siglo XXI, donde han continuado y se diseña actualmente el andamiaje de las relaciones internacionales bajo la “Doctrina Donroe”, la del bicentenario de la Doctrina Monroe.

 

Artículo publicado en la revista internacional MEER. Compartido con SURCOS por el autor.

El “proyecto jaguar” de la electricidad

Luis Paulino Vargas Solís

El proyecto de ley número 23.414, llamado de “Armonización del Sistema Eléctrico”, es, en realidad, un “proyecto jaguar” de la electricidad: tan chapucero como lo eran los “proyectos jaguar” del presidente Chaves y, por lo demás, un adefesio y un mamarracho similares.

Voy a sintetizarlo en 10 puntos:

1. Al modo de premisa de base, una precisión importante: el servicio de electricidad es de grandísima importancia estratégica: para el eficaz funcionamiento de la economía, para la promoción de formas equilibradas de desarrollo y desde el punto de vista de la calidad de vida de la población. Por lo tanto, es deseable y necesario que este sector se regule con base en políticas de Estado, o sea, políticas que den lugar a una planificación integral y de largo plazo, libre de influencias politiqueras cortoplacistas y sin intrusión de intereses privados localizados.

2. Puede que el sistema actualmente vigente no cumpla a plenitud con esas condiciones. Necesitamos mejorarlo, sobre todo para blindarlo de cualquier influencia politiquera cortoplacista, pero de ninguna manera se debe desmantelar, como se pretende en este proyecto.

3. Este proyecto tiene tres defectos fatales: subordina el desarrollo del sistema eléctrico a los antojos y ocurrencias del gobierno de turno; lo hace vulnerable a los intereses de las empresas privadas que participen en este negocio; y lo subordina a criterios de mercado, o sea, a criterios cortoplacistas de rentabilidad privada.

4. Los mecanismos de planificación que se incorporan son débiles, laxos e imprecisos. Se habla de “planificación indicativa” y a la hora de explicar qué se entiende por tal cosa, se recurre a la siguiente estratagema: a) explícitamente se indica lo que no es (artículo 13), definido de acuerdo con las mejores conveniencias privadas; b) pero cuando se trata de definir lo que sí es, se recurre a abstracciones vaporosas e inaprensibles, haciendo imposible saber de qué va realmente la cuestión.

5. Aparte la vaguedad, esa “planificación indicativa” viene a ser un gatito (que jamás un jaguar) destentado: nada obliga a los actores participantes en el mercado eléctrico a acatar lo que se “indique”, con lo que, al cabo, el asunto viene siendo “un saludo a la bandera”, una bocanada de humo en el viento. Las cosas quedan libradas a la voluntad, anónima y caótica, del mercado.

6. Una vez que se separa el grano de la paja, lo que tenemos es un sistema regido por criterios cortoplacistas de rentabilidad. Eventualmente esto provocaría un desarrollo desordenado proclive a la creación de sobrecapacidad instalada, que tendría indeseables consecuencias ambientales, y cuya salida presuntamente estaría en la venta a otros países centroamericanos…siempre que estos lo necesiten y quieran comprarlo (algo que nadie, a priori, puede garantizar).

7. No puede entonces descartarse que terminemos subsidiando a las empresas cuya producción, por excedentaria, carece de demanda. Pero es que, además, el sistema tarifario quedaría estructurado desde la determinación del costo marginal, en función, por lo tanto, del productor menos eficiente, generando o bien ganancias extraordinarias para quienes sean más eficientes o bien tarifas excesivas para las personas usuarias, o quizá ambas cosas. Porque si no se hace de esa forma, seguramente algunas inversiones resultarían redundantes y las empresas quebrarían.

8. Pero es que, además, la ley contempla, de forma explícita o solapada, diversos mecanismos de subsidio, que, de una u otra forma, impactarían sobre las finanzas públicas o sobre las tarifas que pagan las personas usuarias. Artículo 48: la capacidad contratada deberá pagarse, sea que se utilice o no.

9. Absolutamente nada en el proyecto garantiza universalidad del servicio ni equidad en el acceso y disponibilidad. De hecho, se desmantela el sistema de subsidios cruzados que, en su propio funcionamiento, incorpora estructuralmente el ICE, gracias a lo cual el servicio adquiere universalidad y llega a grupos sociales carenciados y a regiones alejadas, poco habitadas y empobrecidas. La preeminencia del criterio de rentabilidad privada hace imposible dar cumplimiento a este objetivo.

10. En correspondencia con lo anterior, las personas usuarias no tienen ninguna incidencia ni representación, como tampoco lo tienen entidades u organizaciones que aporten criterios técnicos y científicos independientes.

Sería una gravísima irresponsabilidad que esto se apruebe.

Ante la trágica muerte de una joven madre en Alto Telire

José Atencio Caballero nos deja esta reflexión en relación con la trágica muerte de una joven madre en Alto Telire. Él es docente de Alto Bley (una comunidad del Territorio de Alto Telire) y es quien tomó la foto que acompaña esta nota.

Que tristeza, esa foto la tomé ayer a las 5:10 de la tarde, esa y otras más donde se evidencia la mordedura de la serpiente y estoy muy dolido con los miembros que tienen que ver con la salud de esta población de Alto Telire.

Me pregunto para qué tanta inversión millonaria en infraestructura de la CCSS si sólo vienen a atender tres días cada tres meses y se van quedando todo enllavado y no queda ninguna persona que pueda socorrer a las personas cuando tengan una emergencia como la de ayer.

Sí en Alto Telire se dejaran sueros antiofídicos, hoy nuestra escuela no estuviera de luto, esta madre dejó huérfanos tres estudiantes nuestros, sin saber quién va a alistar a esos niños cuando vengan a la escuela, cómo le decimos a nuestros estudiantes que esos Ebais no están siendo de beneficio para la población; lástima la inversión porque solo en estructura se quedó́.

¿Cuántas más personas tendrán que fallecer para que se le dé una verdadera atención a esta zona?

No saben lo impotente que se siente uno sin poder hacer nada ante estos casos.

Como docente de Alto Bley levantaré mi voz e iré́ adonde tenga que ir para que otros niños y niñas no se queden huérfanos. He entendido con esta situación que los docentes no somos solo para enseñar a leer y sumar en un pueblo como estos, aquí́ también viven seres humanos que tienen derecho a todos los beneficios que tienen los costarricense”.

 

Información compartida con SURCOS por Gerardo Badilla.