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No se deben reducir los impuestos al tabaco

Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica

Se encuentra en la corriente legislativa el proyecto “Ley para la Eficiencia Fiscal y Combate al Contrabando de Tabaco”, expediente N.° 25.668 (1), que propone reducir la carga tributaria sobre los productos de tabaco como mecanismo para disminuir el comercio ilícito y mejorar la recaudación. La Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica reconoce la importancia de ambos objetivos; sin embargo, se opone a la reducción tributaria propuesta, por el riesgo de debilitar la prevención del tabaquismo y favorecer el consumo. El combate al comercio ilícito requiere fortalecer la fiscalización y el control de la cadena de suministro, preservando el papel de los impuestos como herramienta para la protección de la salud pública.

Costa Rica ha sido un país pionero en el control del consumo del tabaco, mediante legislación visionaria y una serie de medidas que han tenido un impacto positivo en la salud pública del país. La Ley N° 9028 (“Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud”), aprobada en el 2012 (2), ha sido fundamental al prohibir de manera general la publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos de tabaco, así como el consumo de tabaco en espacios públicos, restaurantes, centros de trabajo, transporte público y centros educativos.

Además, en 2016, mediante la Ley 9403, se aprobó el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (3). En este protocolo se enfatiza que el combate al comercio ilegal de tabaco no pasa por la reducción de la carga impositiva, sino por medidas como el control de la cadena de suministro, los sistemas de trazabilidad, las infracciones y sanciones contra el contrabando y el comercio ilícito, y la cooperación internacional al respecto. Es posible lograr una estructura tributaria más sencilla, algo que el proyecto pretende, sin debilitar el efecto disuasorio de los impuestos elevados.

Esta legislación, y las acciones desarrolladas por las instituciones del país y los grupos de la sociedad civil, como la Red Nacional Antitabaco, han contribuido al control del tabaquismo. No obstante, esta reducción no es suficiente, pues el consumo de tabaco sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad en nuestro país; el número de personas atendidas por condiciones asociadas al tabaquismo en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no ha disminuido en los últimos años. A esto se suma la aparición y el uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y de los dispositivos de vapeo, cuyo consumo se está incrementando, especialmente en la población adolescente y joven, lo que se refleja en el aumento del número de personas atendidas en la CCSS por problemas asociados al vapeo. Por ende, el país debe continuar implementando legislación y políticas orientadas a reducir el consumo de tabaco y el vapeo.

En este contexto, la Academia Nacional de Ciencias considera que el proyecto actualmente en la corriente legislativa, que plantea, entre otros aspectos, una disminución de los impuestos al tabaco, representa una medida equivocada en los esfuerzos por reducir el impacto del tabaquismo en la salud pública. Documentos del Banco Mundial, tras revisar la experiencia de muchos países, señalan claramente que, contrario a los argumentos esgrimidos por algunos sectores, reducir los impuestos al tabaco no disminuye significativamente el comercio ilícito; más bien, este tipo de medidas se traduce en una reducción de los ingresos fiscales y, al abaratarse el producto legal, se incrementa el consumo de tabaco (4). Por el contrario, se ha demostrado que el incremento de los impuestos al tabaco retrasa la edad de inicio del consumo de tabaco (5), lo cual es relevante porque reduce las probabilidades de desarrollar una adicción a largo plazo. El comercio ilícito debe combatirse mediante medidas de fiscalización y control, complementarias a los impuestos al tabaco como herramienta para reducir el consumo. Por ejemplo, España y el Reino Unido redujeron significativamente el comercio ilícito de tabaco mientras aumentaban los impuestos.

Uno de los puntos críticos de este proyecto es la eliminación del piso tributario del 85%, una regla que obliga a que las marcas de cigarrillos más baratas paguen, como mínimo, el 85% de los impuestos de la categoría más vendida. Mientras el Ministerio de Hacienda sostiene que la medida desincentivará el contrabando, autoridades de salud y organizaciones antitabaco advierten que esto abriría la puerta a una fijación de precios diferenciada. Mediante esta estrategia, las tabacaleras compensarían los impuestos de las marcas más caras para mantener artificialmente baratas las más económicas, lo que facilitaría el acceso a la población joven e incentivaría el consumo.

La Academia Nacional de Ciencias comprende la importancia de combatir el contrabando de cigarrillos, lo cual es una función del Estado, pero ello no justifica debilitar una herramienta que ha demostrado ser muy eficaz en la prevención del consumo de tabaco, como lo es una alta tasa impositiva sobre estos productos.

Una disminución de los impuestos al tabaco representaría un peligroso retroceso en los esfuerzos nacionales de larga data para reducir el tabaquismo y su enorme impacto en la salud pública y la economía del país. El combate al tabaquismo requiere incrementar, no disminuir, los impuestos a los productos de tabaco, a la par de otras intervenciones y medidas en los ámbitos educativo, cultural, fiscal y de salud pública.

Referencias

  1. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (2026). Proyecto de Ley para la Eficiencia Fiscal y Combate al Contrabando de Tabaco (Expediente N° 25.668).
  2. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (2012). Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (Ley No. 9028), publicado en El Alcance No. 37 a La Gaceta No. 61 del 26 de marzo del 2012 https://faolex.fao.org/docs/pdf/cos127028.pdf
  3. República de Costa Rica. (2016, 6 de octubre). Ley N.° 9403: Aprobación del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. https://extranet.who.int/fctcapps/sites/default/files/2026-06/fctc_annex/CRI-410a45fb-d4c0-46ba-bff0-be4f3a6b9f3e.pdf
  4. Dutta, S. (Ed.). (2019). Confronting illicit tobacco trade: A global review of country experiences. World Bank. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/677451548260528135
  5. Universidad Nacional. (2026, 23 de junio). Estudio: aumento de impuestos al tabaco puede retrasar hasta 2 años inicio de edad de fumado. UNA Comunica. https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/junio-2026/6898-estudio-aumento-de-impuestos-al-tabaco-puede-retrasar-hasta-2-anos-inicio-de-edad-de-fumado

Conferencia Episcopal condena el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri

La Conferencia Episcopal de Costa Rica expresó su «profundo pesar» por el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, un hecho que, según indicó, condena «enérgicamente» y que «nos interpela como sociedad sobre el respeto a la vida humana, la libertad de expresión y la seguridad de todos los habitantes de nuestro país».

La declaración, titulada «Ante el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri», fue presentada en un video por monseñor Javier Román, presidente de la Conferencia Episcopal, y monseñor Daniel Francisco Blanco, secretario general.

El episcopado afirmó que la muerte violenta de una persona nunca puede dejar indiferente a la sociedad, pues la vida es un don de Dios y posee una dignidad inviolable. Señaló que este acontecimiento recuerda «la urgente necesidad de edificar la cultura de la vida en Costa Rica, fundada en el reconocimiento de la dignidad de toda persona humana y el respeto a sus derechos fundamentales».

«La violencia nunca puede ser el camino para resolver nuestras diferencias; el camino debe ser siempre la construcción de la paz, el diálogo, la fraternidad y el respeto mutuo», expresaron los obispos.

Sobre la libertad de expresión y de prensa, la Conferencia Episcopal las calificó como «un pilar fundamental de nuestra democracia» y sostuvo que su defensa exige reconocer que todas las personas tienen derecho a manifestar sus ideas «con libertad, responsabilidad y sin temor a sufrir violencia».

«Como pastores invitamos a los costarricenses a conservar la esperanza y a trabajar activamente por la paz, asumida como un compromiso cotidiano de todos», añadieron.

La declaración manifiesta confianza en la investigación de las autoridades judiciales «para llegar al fondo de este hecho». Concluye con una oración para que el Señor conceda el descanso eterno a Camilo Rodríguez, consuele a sus seres queridos y ayude a trabajar «por una Costa Rica donde la vida sea siempre respetada y protegida».

A continuación, el video con la declaración completa de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.

SINAPEC exige justicia por el asesinato de Camilo Rodríguez y garantías reales para la libertad de expresión

El Sindicato Nacional de Periodistas y Comunicadores de Costa Rica (SINAPEC) condena enérgicamente el asesinato del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri y exige el pleno esclarecimiento de este crimen.

Camilo había denunciado amenazas contra su vida y realizado señalamientos públicos sobre presuntas actividades delictivas, narcotráfico y crimen organizado. La Fiscalía General de la República ha confirmado que esas denuncias forman parte de las líneas de investigación y que se procurará determinar tanto a los autores materiales como a los eventuales autores intelectuales del homicidio.

SINAPEC exige al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial una investigación exhaustiva, rigurosa y sin concesiones. No basta con determinar quién ejecutó el ataque. El país tiene derecho a conocer cuál fue el móvil, quiénes participaron y si existió planificación, financiamiento, algún tipo de encargo o participación de terceros. También debe esclarecerse si las amenazas denunciadas y la actividad periodística y comunicativa de Camilo guardan relación con su asesinato.

La investigación debe llegar hasta donde conduzcan las pruebas, sin importar a quiénes alcance.

Este crimen golpea directamente una de las bases de nuestra democracia: la libertad de expresión. No es un derecho exclusivo de periodistas y comunicadores; pertenece a toda la sociedad. Cuando la amenaza o la violencia silencian una denuncia, provocan autocensura o impiden que información de interés público llegue a la ciudadanía, pierde todo el país.

Costa Rica enfrenta desde hace varios años una grave situación de violencia homicida y una preocupante presencia de estructuras vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. No podemos permitir que estos grupos ganen espacios mediante la intimidación y la violencia, ni que lleguen a condicionar lo que en nuestro país se puede investigar, denunciar o publicar.

La experiencia de otros países de nuestra región demuestra el enorme costo que tiene permitir que estas dinámicas se arraiguen. Costa Rica debe actuar ahora, antes de que las amenazas y los ataques contra quienes informan se conviertan en una realidad normalizada.

El Estado tiene la responsabilidad de enfrentar con firmeza al crimen organizado y, al mismo tiempo, garantizar condiciones reales de seguridad para quienes ejercen el periodismo. Por ello, SINAPEC exige fortalecer los mecanismos de prevención, evaluación de riesgo y protección para periodistas y comunicadores amenazados, con respuestas oportunas, recursos suficientes y medidas adecuadas a las particularidades del ejercicio periodístico.

El asesinato de Camilo Rodríguez debe marcar un límite. Costa Rica no puede permitir que el miedo imponga silencio.

Exigimos verdad. Exigimos justicia. Exigimos resultados. Y exigimos garantías efectivas para que nadie tenga que poner en riesgo su vida por informar, investigar, denunciar o ejercer su libertad de expresión.

Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a la familia, personas cercanas y colegas de Camilo Rodríguez Chaverri.

Junta Directiva
Sindicato Nacional de Periodistas y Comunicadores de Costa Rica – SINAPEC

La violencia como mensaje – sobre el asesinato de Camilo Rodríguez

Roger Ríos Duarte

Camilo Rodríguez tuvo la valentía que los demás no hemos tenido, y escribo estas líneas la misma noche de su asesinato, con indignación y con desánimo, porque esa valentía consistió en seguir acusando con nombre y apellido desde sus redes sociales cuando ya se sabía amenazado. Brecht hace decir a su Galileo que es desdichada la tierra que necesita héroes, y la frase describe con exactitud lo que ocurre cuando una función que corresponde a las instituciones, la de averiguar y decir en público lo que el poder y el delito prefieren callado, recae sobre el coraje de un individuo.

La indignación no dispensa de distinguir lo que se sabe de lo que todavía no se sabe. El móvil no está establecido y corresponde al Ministerio Público determinarlo; el fiscal general ha informado que Rodríguez había denunciado amenazas y que no se acogió al programa de protección de víctimas y testigos, por razones que desconocemos. Fue una figura discutida, que tuvo detractores además de seguidores, pero en Costa Rica a nadie se le mata por ser controversial, y esa certeza, que formaba parte de lo que entendíamos por vivir aquí, tiene en la sociología un nombre preciso. Norbert Elias mostró en El proceso de la civilización que la vida civil descansa sobre la existencia de espacios pacificados (befriedete Räume, en el original alemán), es decir, sobre la expectativa, convertida en hábito, de que los conflictos se tramitan sin recurso a la violencia física porque esta ha quedado reservada a una instancia central, y pocos países hicieron de esa expectativa una seña de identidad como el nuestro, que abolió su ejército en 1948 y se acostumbró a discutir con vehemencia precisamente porque discutir no costaba la vida. Elias advirtió también que el proceso es reversible, y una ejecución a media tarde en una carretera nacional pertenece a un repertorio que hace una generación nos era ajeno y que hoy reconocemos sin esfuerzo.

Quienes han estudiado la violencia parten de una constatación incómoda, la de que el ser humano no necesita nunca actuar con violencia pero puede hacerlo siempre, de manera que todo orden social es en el fondo una respuesta a esa posibilidad permanente. Han observado además que la violencia rara vez se agota en la relación entre quien la ejerce y quien la sufre, porque casi siempre se dirige también a un tercero que la presencia o que se entera de ella, de modo que quien manda matar a un hombre que denuncia elimina un obstáculo y, en el mismo acto, se dirige a todos los que podrían denunciar. Aun antes de que la investigación establezca quién ordenó este crimen y por qué, ese efecto ya se ha producido, puesto que cada periodista, cada funcionario y cada vecino que sabe algo ha recibido esta noche el mensaje, y lo ha recibido con independencia de la intención de quien lo envió.

En julio sostuve en estas páginas, en «Los amortiguadores de la República», que el orden republicano descansa sobre cuerpos intermedios que pueden ser vaciados por dentro sin que nadie los suprima, y la figura misma de Camilo Rodríguez era un indicio de ese vaciamiento. La esfera pública moderna se sostuvo sobre instituciones, entre ellas una prensa con redacciones, editores y criterios de verificación, y las plataformas digitales han disuelto esa función de filtro y han dejado al emisor a solas con su audiencia. Cuando los tribunales tardan, los órganos de control no alcanzan y los medios pierden recursos para investigar, la denuncia cambia de lugar y pasa a ejercerla un hombre solo, con un teléfono, que habla ante miles de seguidores sin redacción que lo respalde, sin editor que lo contenga y sin institución que lo proteja, de suerte que su exposición es completa y su muerte muestra lo que ocurre cuando entre el ciudadano y la violencia no queda nada interpuesto.

Max Weber definió el Estado por la pretensión, sostenida con éxito, del monopolio de la violencia física legítima (das Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit, en su formulación original), y el acento de la definición recae en el éxito, porque un monopolio que se reclama y no se sostiene deja de serlo. El sicariato es la forma más exacta de esa disputa, puesto que convierte la muerte en un servicio que se contrata y traslada a manos privadas la decisión sobre quién puede seguir hablando. Un informe difundido este mes le atribuye siete de cada diez homicidios de 2025, y el OIJ contabilizaba 721 personas asesinadas al 12 de noviembre, en un año que se ha presentado como de mejora porque la cifra es algo inferior a la del anterior. La estadística mide la cantidad de la violencia y deja fuera la función que cumple, y un país en el que la violencia regula mercados, resuelve disputas y ahora silencia voces tiene un problema que ningún descenso porcentual alcanza a describir.

En San Miguel de Santo Domingo de Heredia, el mismo distrito donde mataron a Camilo Rodríguez, fue asesinado Parmenio Medina el 7 de julio de 2001, también al volante de su vehículo, y aquella muerte estremeció a un país que la vivió como una herida impropia de su historia. Sabemos desde los clásicos que el castigo cumple menos la función de corregir al culpable que la de restablecer la conciencia colectiva que el crimen ha ofendido, y que una sociedad que deja sin respuesta la ofensa acaba por no sentirla. Temo por eso que la muerte de Camilo Rodríguez, tercer periodista asesinado en un cuarto de siglo, sea recibida con el duelo breve de las noticias que se suceden, y que los comunicados de condena, justos y necesarios, terminen por cerrar el asunto en lugar de abrirlo.

No basta con lamentar su muerte, y lo que necesitamos es una investigación seria, que alcance a quienes dispararon y a quienes ordenaron disparar, y que este crimen no quede impune, porque la impunidad confirmaría el mensaje y enseñaría a quienes vengan después que la valentía de Camilo Rodríguez se paga con la vida y que quitársela no cuesta nada. La tarea más larga, que consiste en reconstruir las mediaciones para que quien tenga algo que denunciar encuentre un tribunal que lo escuche, un órgano de control que actúe y una prensa con medios para investigar, empieza por ahí, puesto que ningún ciudadano volverá a confiar en instituciones que no fueron capaces de responder por la vida de quien hizo en solitario el trabajo que a ellas correspondía.

A su familia le expreso mis condolencias.

Panoramas SURCOS | 16 de noviembre de 2026

Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:

Cuando matan a quien denuncia, nos amenazan a todas y todos.
RENASES.
https://wp.me/p6rfbZ-ADE

«¿Recuerdan Río Azul?»: Manuel Delgado alerta sobre proyecto de basurero en El Jateo y centro de acopio en Balsa.
https://wp.me/p6rfbZ-ACE

Nuestros invaluables “vagabundos” …
Jorge Mora Alfaro.
https://wp.me/p6rfbZ-ADl

Respeto, diálogo y condiciones dignas para quienes educan al país.
https://wp.me/p6rfbZ-ACY

Universidad Nacional rechaza tratado de libre comercio entre Costa Rica e Israel y solicita su archivo inmediato.
https://wp.me/p6rfbZ-AD4

Cuatro mujeres en la cúspide del poder: un hito histórico y una interrogante para la democracia costarricense.
José Efraím Quirós Moya.
https://wp.me/p6rfbZ-AD1

Universidad Nacional participa en Telework Colombia 2026 y fortalece su proyección internacional en inteligencia artificial.
Efraín Cavallini Acuña.
https://wp.me/p6rfbZ-AD7

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https://surcosdigital.com/suscribirse/

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Cuando matan a quien denuncia, nos amenazan a todas y todos

Pronunciamiento de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) ante el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri

San José, 16 de noviembre de 2026

RENASES condena el asesinato del periodista y escritor Camilo Rodríguez Chaverri, ocurrido esta tarde en Santo Domingo de Heredia. Expresamos nuestra solidaridad con su familia, con sus colegas y con quienes hoy sienten miedo de seguir hablando.

No conocemos el móvil del crimen. Establecerlo corresponde al Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio Público, y no nos adelantamos a sus conclusiones. Pero hay hechos que ya son públicos: Camilo Rodríguez denunciaba desde sus redes al crimen organizado y a figuras de poder. Había dicho que recibía amenazas de muerte, y fue acribillado a plena luz del día en una ruta nacional.

Se puede coincidir o discrepar con lo que él decía y con la forma en que lo decía. En una democracia, lo que alguien afirma se discute con argumentos y, si hace falta, en los tribunales.

Nunca con balas.

Un crimen que manda un mensaje

Sea cual sea el móvil que determine la investigación, el efecto ya está aquí. Cuando una persona que denuncia es asesinada, el mensaje llega a todas las demás: al periodista que investiga, a la dirigente comunal que señala a quien opera en su barrio, al sindicalista, a la defensora del ambiente, al líder indígena que defiende su territorio, a la persona opositora que critica al poder. El mensaje es que hablar cuesta la vida.

Ese miedo no empezó hoy. Costa Rica pasó del puesto 8 en 2022 al puesto 38 en 2026 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, que advierte de un clima político que favorece la autocensura. Hace apenas cinco días, la Universidad de Costa Rica reportó que el 58,1 % de la población considera peligroso ejercer el periodismo. Hasta ahora, Reporteros Sin Fronteras reconocía que en el país no había violencia física sistemática contra periodistas. Hoy esa línea se cruzó.

La libertad de expresión no es solo de la prensa

La libertad de prensa y de expresión no es un privilegio de un gremio. Es la condición para que los sectores sociales podamos organizarnos, denunciar y disentir. Las organizaciones que formamos RENASES ejercemos todos los días la crítica al poder político y económico. Sabemos que una sociedad donde se mata a quien incomoda es una sociedad donde la oposición, la protesta y la denuncia se vuelven actividades de riesgo.

Por eso nos preocupa también el clima en que ocurre este crimen. La estigmatización de la prensa, de las personas opositoras y de las voces críticas, venga de donde venga, no aprieta el gatillo. Pero convierte a las personas en blancos y le dice a la sociedad que su silencio es tolerable. Quien ejerce el poder tiene una responsabilidad mayor: proteger también a quienes le critican.

La impunidad sería el segundo crimen. Si este asesinato queda sin responsables materiales e intelectuales, el silencio se impondrá sin necesidad de un disparo más.

Lo que exigimos

  1. Al Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio Público: una investigación pronta, exhaustiva e independiente, que identifique a los autores materiales e intelectuales y que informe al país de sus avances.
  2. Al Poder Ejecutivo: una condena inequívoca del crimen, garantías para el trabajo de la prensa y el fin de todo discurso que estigmatice a periodistas, personas opositoras y voces críticas.
  3. A la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial: revisar por qué los mecanismos de protección existentes no alcanzan a quienes denuncian, y crear un mecanismo específico para periodistas, personas defensoras de derechos humanos y dirigencias sociales amenazadas.
  4. A todos los partidos y actores políticos: no usar este crimen para sacar ventaja ni para atacar al adversario. Bajar el tono es hoy una medida de protección.
  5. A los medios, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía: no normalizar el miedo. Seguir informando, denunciando y participando es la respuesta.

RENASES seguirá defendiendo el diálogo, la democracia, la paz social y la justicia. Ninguna de las cuatro es posible en un país donde hablar cuesta la vida.

RENASES
Red Nacional de Sectores Sociales

Nuestros invaluables “vagabundos” …

Jorge Mora Alfaro

Una de las cosas de las cuales me he sentido más orgulloso en mi vida es la de haber tenido una madre maestra. Con ella aprendimos la noble y agotadora tarea de la docencia y la indiscutible relevancia para nuestra sociedad, para las comunidades, las familias y las personas, de aquella labor de pioneras, constructoras de educación, cultura y democracia.

Doña Amalia Alfaro Solís, madre del autor de este texto.

En los años 30 del siglo pasado, mi mamá daba sus primeros pasos en su larga carrera de maestra. Esta, la inició en dos remotas (en ese tiempo), comunidades del cantón de San Ramón: Río Jesús y San José del Higuerón. La inexistencia de vías de comunicación y de medios de transporte motorizados, la obligaba a trasladarse a lomo de caballo, con dos de sus pequeños hijos, desde la ciudad de San Ramón hasta las localidades rurales, en donde impartió lecciones, y donde permanecía cinco días de la semana. Esos viajes en caballo no los hacía por “vagabundear”, constituían un significativo sacrificio, parte de sus ideales y el compromiso asumido con su país, con las comunidades demandantes de servicios educativos para lograr el crecimiento personal y ciudadano de sus poblaciones.

Posteriormente, se trasladó al cantón de Naranjo y fue docente en la Escuela República de Colombia, ubicada en el distrito central de ese cantón, hasta su jubilación. En ese tiempo, ya habiendo crecido la familia y siendo niños de más edad, reforzamos el respeto por nuestra mamá y admiramos, hasta el fin, el espíritu y voluntad con la cual combinaba su trabajo, prolongado por varias horas en la casa, con las demandas de la crianza de sus numerosos hijos e hijas.

Éramos conscientes, ella y su familia, de lo valioso de su trabajo. Así lo entendió también la comunidad y el país entero. Incluyendo a los gobernantes. Nunca podríamos concebir entonces a un gobernante profiriendo insultos o frases despectivas e hirientes a los educadores.

Cuando se presentaban desavenencias o conflictos, se abrían espacios para negociar y buscar acuerdos. Cuando algún mandatario sobrepasó los límites, reprimiendo o agrediendo a educadores manifestándose por sus derechos, recibió en el aislamiento y en las urnas, el drástico castigo de la ciudadanía.

Los costarricenses estamos orgullosos de nuestra educación pública, valoramos altamente su contribución al desarrollo científico, cultural, sanitario, ambiental, social e institucional del país, desde los primeros niveles hasta la educación superior. Por eso no soportamos que sean recortados sus presupuestos, se infravaloren sus aportes a la nación o se agreda de palabra o de hecho a los educadores y sus organizaciones.

Ni “vagabundos”, ni “sanguijuelas”; son hombres y mujeres comprometidos con el país, con la educación nacional y con la democracia. ¡Merecen todo nuestro respeto!

Universidad Nacional participa en Telework Colombia 2026 y fortalece su proyección internacional en inteligencia artificial

Dr. Efraín Cavallini Acuña
Comunicador

La participación de académicos y representantes institucionales de la UNA contribuye al cumplimiento de los objetivos de investigación, innovación e internacionalización de sus programas y unidades académicas.

Bogotá, Colombia, 5 de noviembre de 2026. La Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) participa en el XXVI Congreso Internacional Telework Colombia 2026, un espacio de encuentro entre especialistas, autoridades universitarias y representantes institucionales para analizar el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo y las organizaciones.

La representación académica incluye al Dr. Luis Diego Salas Ocampo, coordinador del Programa de Incorporación de la Inteligencia Artificial en los Procesos de Investigación y Gestión Político-Comercial Global, de la Escuela de Relaciones Internacionales, y a la Dra. Marly Yisette Alfaro Salas, académica de la Escuela de Secretariado Profesional.

La participación del Dr. Salas Ocampo responde a los objetivos del programa que coordina, particularmente en investigación aplicada, innovación y apropiación crítica de la inteligencia artificial. En su ponencia «Del prompt a la decisión: transferencia cognitiva y colaboración humano-IA en simulaciones laborales de educación superior», analiza la construcción de conocimiento y la toma de decisiones mediante la colaboración entre personas y sistemas inteligentes.

Por su parte, la Dra. Alfaro Salas aborda los desafíos de la inteligencia artificial para la empleabilidad, las competencias profesionales y las organizaciones inteligentes. Su participación fortalece la investigación y proyección internacional de la Escuela de Secretariado Profesional, respaldada por su trayectoria en transformación organizacional y su experiencia pionera en teletrabajo institucional.

Creatividad, inteligencia artificial y cooperación latinoamericana

Durante la inauguración, el Dr. Salas Ocampo ofreció palabras de bienvenida en representación de la Academia Internacional de Teletrabajo para América Latina y el Caribe (ITA-LAC), por delegación de su presidente, Jorge Llubere, y desde su vinculación con la Universidad Nacional.

En su mensaje estableció una relación entre la creatividad, la inteligencia artificial y la riqueza cultural colombiana, destacando que la tecnología adquiere verdadero significado cuando se articula con el conocimiento, la sensibilidad y la capacidad humana para transformar realidades.

El encuentro contó con la participación de autoridades de las universidades anfitrionas, entre ellas el Dr. José Andelfo Lizcano Caro, rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y el Dr. Luis Carlos Guzmán Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Colombia, así como con la representación diplomática salvadoreña de Norberto Elías Roque Zavala, ministro consejero de la Embajada de El Salvador en Colombia.

Una delegación de la UNA que fortalece la cooperación internacional

Autoridades de las universidades anfitrionas, la representación diplomática salvadoreña, ministro consejero de la Embajada de El Salvador y representantes de la Universidad Nacional de Costa Rica-UNA.

La delegación de la Universidad Nacional también está integrada por Seidÿ Suárez, Nixia Salas, del área de Recursos Humanos, y Kathia Castro, de la Proveeduría Institucional, quienes participan en el intercambio de experiencias sobre gestión y transformación organizacional.

La presencia de representantes de la Universidad de Costa Rica y de otras instituciones costarricenses amplía las oportunidades de cooperación académica e institucional entre ambos países.

La participación en Telework Colombia 2026 reafirma el compromiso de la Universidad Nacional con una investigación que trasciende las fronteras y una transformación tecnológica centrada en el conocimiento, la creatividad y el desarrollo humano.

Universidad Nacional rechaza tratado de libre comercio entre Costa Rica e Israel y solicita su archivo inmediato

  • Consejo Universitario aprobó un criterio institucional que advierte sobre los impactos económicos, políticos, ambientales y de derechos humanos del acuerdo comercial.

  • La Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA aportó un análisis sobre las obligaciones internacionales de Costa Rica, la protección de los territorios y la ausencia de mecanismos de debida diligencia y participación ciudadana.

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) rechazó de forma vehemente el proyecto de ley para la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y el Estado de Israel, expediente legislativo N.° 25.542, y solicitó a la Asamblea Legislativa su archivo inmediato. La posición quedó establecida mediante el acuerdo UNA-SCU-ACUE-382-2026, aprobado en el artículo 5, inciso 5.3, de la sesión ordinaria N.° 55-2026, celebrada el 29 de octubre de 2026.

El pronunciamiento institucional es resultado de un análisis multidimensional que incorporó criterios de distintas instancias académicas y técnicas de la Universidad Nacional: la Asesoría Jurídica, la Escuela de Historia, la Escuela de Relaciones Internacionales, el Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), la Escuela de Sociología, el Centro Internacional en Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) y la Escuela de Filosofía.

A partir de estos aportes, el Consejo Universitario concluyó que el tratado no puede valorarse exclusivamente desde sus posibles beneficios comerciales, sino que debe considerar sus implicaciones para la soberanía nacional, la política exterior, los derechos humanos, la protección ambiental y el cumplimiento del derecho internacional.

Un tratado que trasciende lo comercial

Entre los principales cuestionamientos recogidos en el acuerdo universitario se encuentra la existencia de importantes asimetrías entre ambos países en las condiciones negociadas.

El análisis señala que, mientras Israel liberaliza inmediatamente el 90,7 % de sus líneas arancelarias, Costa Rica lo hace en un 82,2 %. Sin embargo, las principales exclusiones y protecciones israelíes se concentran precisamente en el sector agrícola y los alimentos frescos, áreas en las que Costa Rica tiene capacidades productivas y potencial exportador.

El acuerdo también cuestiona que el intercambio comercial entre ambos países representa apenas alrededor del 0,2 % del comercio total costarricense, lo que pone en duda los beneficios económicos que justificarían su aprobación.

Asimismo, se advierte sobre posibles efectos en la recaudación fiscal, el empleo, la producción nacional y las pequeñas y medianas empresas, así como sobre la falta de garantías suficientes para proteger los intereses productivos del país.

Otro aspecto señalado es la inclusión de disposiciones relacionadas con telecomunicaciones, servicios digitales y tratamiento de datos, que requieren mayores garantías para proteger los derechos fundamentales, la privacidad y las libertades democráticas.

Los derechos humanos ambientales y las obligaciones internacionales de Costa Rica

Uno de los aportes específicos al análisis institucional fue el criterio de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales (SIA 0290-26) del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA-UNA).

La Clínica señaló que el tratado carece de mecanismos específicos para evaluar, prevenir y dar seguimiento a sus posibles impactos sobre los derechos humanos, los territorios y el ambiente. También advirtió sobre la falta de mecanismos de debida diligencia empresarial, trazabilidad de los productos provenientes de territorios ocupados y participación de las comunidades y la sociedad civil en el seguimiento del acuerdo.

A partir de las obligaciones internacionales de Costa Rica en materia de derechos humanos y ambiente, la Clínica recomendó no aprobar el proyecto en su forma actual y planteó la necesidad de incorporar evaluaciones integrales de impacto, mecanismos de participación y transparencia, debida diligencia y seguimiento permanente.

Coincidencias entre los criterios académicos y el acuerdo institucional

Varios de los planteamientos de la Clínica de Derechos Humanos Ambientales coinciden con las consideraciones finalmente incorporadas en el acuerdo del Consejo Universitario. Entre las principales coincidencias se encuentra, en primer lugar, la ausencia de garantías específicas en materia de derechos humanos y ambiente. El acuerdo institucional señala la falta de disposiciones sobre derechos humanos, trabajo decente, género, protección ambiental, participación y denuncia ciudadana, mientras que la Clínica profundizó en la ausencia de mecanismos para prevenir y atender posibles afectaciones.

El acuerdo institucional también recoge otros cuestionamientos provenientes de las instancias consultadas, relacionados con la política exterior costarricense, las asimetrías comerciales, la protección de la producción agrícola nacional, la desgravación de armas y sustancias peligrosas, y las implicaciones políticas de establecer un acuerdo comercial con Israel en el contexto internacional actual.

El Consejo Universitario también recordó el acuerdo UNA-SCU-ACUE-303-2025, mediante el cual la Universidad Nacional condenó el genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino e hizo un llamado a detener las acciones militares en la Franja de Gaza.

En el nuevo pronunciamiento, la UNA advierte que la aprobación del tratado podría interpretarse como un respaldo político al Estado de Israel y como una forma de normalización de sus actuaciones frente al pueblo palestino.

El acuerdo señala que Costa Rica debe mantener coherencia con los principios históricos de su política exterior: la defensa de la paz, el desarme, la soberanía nacional, los derechos humanos, el derecho internacional y el desarrollo sostenible.

Cuatro mujeres en la cúspide del poder: un hito histórico y una interrogante para la democracia costarricense

PhD. José Efraím Quirós Moya

Costa Rica escribe hoy una página singular de su historia institucional. Laura Fernández Delgado, Yara Jiménez Fallas, Patricia Vargas González y Eugenia María Zamora Chavarría encabezan, respectivamente, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones.

Cuatro mujeres en la cúspide de las principales estructuras del poder público constituyen una imagen de enorme trascendencia histórica. No es solamente una coincidencia de nombramientos: es una expresión de las transformaciones experimentadas por una sociedad en la distribución de las oportunidades, el reconocimiento del liderazgo femenino y el acceso a espacios de decisión que durante generaciones estuvieron dominados por hombres.

Desde una perspectiva sociológica, este acontecimiento nos invita a examinar la relación entre género, poder y transformación social. Las estructuras de autoridad no son inmutables; cambian conforme evolucionan las instituciones, las luchas por los derechos y las concepciones culturales sobre quiénes pueden ejercer el liderazgo público.

Pero aquí comienza la reflexión verdaderamente trascendente: ¿basta con transformar la composición de las élites para transformar las estructuras del poder?

La representación constituye una conquista democrática, pero no garantiza, por sí sola, una transformación de las relaciones sociales, una distribución más equitativa de las oportunidades ni una mayor sensibilidad ante las necesidades de la ciudadanía.

La trascendencia de este momento histórico no debería medirse exclusivamente por el hecho de que cuatro mujeres ocupen posiciones de máxima jerarquía, sino también por su capacidad para fortalecer la independencia institucional, garantizar la igualdad ante la ley, ejercer el poder con probidad y contribuir a una sociedad menos desigual.

No se trata de exigirles más por ser mujeres, ni de atribuirles virtudes por razón de género. Se trata de reconocer que la democracia debe ofrecer las mismas oportunidades de acceso al poder y exigir idénticos principios de responsabilidad a quienes lo ejercen.

La historia abre una puerta; las decisiones de quienes la atraviesan determinan parte de su legado.

Que cuatro mujeres se encuentren hoy en la cúspide institucional de Costa Rica es un acontecimiento que merece reconocimiento histórico. Que su presencia contribuya a transformar las prácticas políticas, fortalecer la justicia y dignificar el servicio público será una medida mucho más profunda de su trascendencia.

Porque el verdadero cambio no consiste únicamente en que las mujeres lleguen a la cúspide del poder, sino en que el poder, cualquiera que sea el género de quien lo ejerza, se convierta en un instrumento de justicia, libertad, igualdad y dignidad humana.

La representación puede marcar el comienzo de una nueva página de la historia; la ética, la justicia y la responsabilidad pública determinarán lo que esa página deje escrito en el futuro de Costa Rica.