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Costa Rica y Estados Unidos: algunos apuntes con relación al nuevo «acuerdo migratorio» sobre deportaciones anunciado

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El pasado 24 de marzo, se anunció la firma de una nuevo convenio migratorio entre Estados Unidos y Costa Rica para acoger en Costa Rica a unas 25 personas semanalmente, deportadas por los servicios migratorios de Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad y esta nota de CNN). 

En esta nota del New York Times sobre el mismo tema, se puede apreciar una fotografía que debería de interesar a los especialistas en materia de lenguaje corporal de un Jefe de Estado. 

Este 27 de marzo, un editorial de La Nación refirió a la total opacidad con respecto a lo suscrito con la alta representante de Estados Unidos de paso en la capital costarricense en estos últimos días del mes de marzo del 2026 (véase editorial). A pocas horas de editado el texto en La Nación, se hizo público el texto integral, reproducido al final de esta nota del Semanario Universidad (texto en inglés).

Costa Rica: alineación con Estados Unidos y El Salvador

Como bien se sabe, las actuales autoridades costarricenses se han mostrado muy cercanas a Estados Unidos en los últimos años, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante, el 20 de enero del 2025. En febrero del 2025, aceptaron recibir un primer vuelo con unas 200 personas deportadas desde Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad). 

Además de este acuerdo migratorio sobre deportaciones semanales anunciado este 24 de marzo, hay que recordar que el 7 de marzo, Costa Rica anunció desde Miami integrar una «coalición militar» liderada por Estados Unidos, iniciativa que examina el juez constitucional desde unas pocas semanas (véase nota del medio digital Delfino.cr). 

En otro ámbito, el pasado 20 de marzo, Estados Unidos entregó a Costa Rica personas fallecidas y otras heridas a raíz de una intercepción cuyos detalles se desconocen de una lancha sospechosa de transportar droga en el Océano Pacífico (véase nota de CRHoy del 20 de marzo): se ignora si las modalidades plasmadas en el acuerdo de patrullaje conjunto de 1999 en el Océanos Pacífico entre Estados Unidos y Costa Rica (véase texto) han sufrido modificaciones recientes que permitan ahora intercepciones de este tipo, causando la muerte de los tripulantes de estas lanchas. 

Siempre en marzo del 2026, fue el 18 de este mes que Costa Rica anunció oficialmente cerrar su embajada en Cuba: se trata de un gesto que si bien se presenta como una decisión soberana de Costa Rica, no deja de sorprender al no haber ningún otro Estado en América Latina en haber tomado semejante decisión (Nota 1). Es de recordar que en una votación en Naciones Unidas realizada en octubre del 2025 sobre el levantamiento del embargo a Cuba, Costa Rica optó por abstenerse, cuando llevaba años votando a favor (Nota 2). No está de más añadir que poco tiempo después de anunciar su decisión Costa Rica, el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas hizo un llamado a los integrantes de la comunidad internacional para ayudar urgentemente a Cuba desde el punto de vista médico y hospitalario ante las profunda crisis humanitaria existente (véase comunicado del 28 de marzo del 2026).

En la región centroamericana la cercanía de Costa Rica ha sido mucho mayor con las actuales autoridades de El Salvador, cuya política represiva de «mano dura» ha dado lugar a un reciente informe que recomienda acciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad (véase nota de la FIDH del 9 de marzo del 2026 y texto completo de este voluminoso informe – 298 páginas – reproducido en su integralidad en el sitio de información costarricense SurcosDigital).  

En enero del 2026 los mandatarios de Costa Rica y de El Salvador colocaron la primera piedra de una «megacárcel » en Costa Rica (véase nota de la DW). No está de más señalar que los órganos de la policía de El Salvador combinan desde varios años reconocimiento facial, inteligencia artificial y geo localización, modernas herramientas contratadas a una empresa israelí de seguridad (véase artículo de El Faro del 2023).

El precedente del 2025

Con relación a la deportación desde Estados Unidos a Costa Rica de personas, debe precisarse desde ya que no se trata de enviar de vuelta a nacionales de Costa Rica capturados por Estados Unidos, como sí es el caso de:

– Venezuela (donde ya ascienden a más de 20.000 las personas oriundas de Venezuela deportadas por Estados Unidos – véase nota de febrero del 2026 de Prensa Latina), o bien de; 

– Colombia (véase nota de prensa de un vuelo repatriando a colombianos de febrero del 2026). 

De lo que se trata en este caso , es de remitir a Costa Rica a personas que son deportadas por vía aérea desde Estados Unidos y que son de otras nacionalidades que la costarricense. 

No está demás señalar que se cuenta con un precedente judicial bastante reciente en Costa Rica del 2025: en esta ocasión, el juez constitucional condenó al Poder Ejecutivo costarricense por privar a más de 200 personas deportadas desde los Estados Unidos (entre las cuales 79 menores de edad) de su derecho a la libre circulación, manteniendolas privadas de su libertad en condiciones inadecuadas, al haber aceptado su deportación a suelo costarricense. Ya en marzo del 2025, la misma Defensoría de los Habitantes, órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, había denunciado esta situación totalmente anómala luego de ir a visitar a estas personas (véase nota del Semanario Universidad). Esta anomalía evidencia lo solícito y extremadamente hacendoso que es el actual Poder Ejecutivo costarricense para responder a las diversas solicitudes provenientes de Estados Unidos

En su voto 19485-2025 del 24 de junio del 2025 (véase texto completo), los jueces de la Sala Constitucional señalaron que:

«En virtud de lo expuesto, se desprende con claridad que desde el momento de su llegada a Costa Rica el día 20 de febrero de 2025, las personas amparadas fueron privadas de su libertad de forma ilegítima -incluyendo, en un inicio, a 79 personas menores de edad-, sin haber cometido delito o inclusive tener una presunción de una falta migratoria dentro del territorio nacional, ni una condición irregular en el país que facultara a las autoridades de migración a restringir la libertad de una persona extranjera que ingresa ilegalmente al país, durante el tiempo racionalmente indispensable  para hacer efectiva su expulsión y deportación. No puede perderse de vista que estas personas ni siquiera ingresaron al país irregularmente, sino que, de forma expresa y soberana, el propio Gobierno costarricense consintió su ingreso por razones humanitarias«. 

En esta misma sentencia también se indica que:

«No se individualizó su condición de ingreso, sino que se adoptaron decisiones de carácter general, sus documentos de viaje fueron retenidos y la explicación de la necesidad de la privación de libertad por encontrarse en condición de tránsito, así como supuestamente para garantizar su propia seguridad, no se ajustan a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad propios de un Estado democrático de Derecho. Tampoco se explica en los informes, ni se deriva de forma alguna de las regulaciones migratorias, que lo actuado se sustentara en lo dispuesto en alguna ley. Tratándose de una situación sui generis y novedosa, se carecía de una regulación legal que respaldara la privación de libertad. Debió, por ende, en aplicación del principio pro libertatis permitir que este grupo de personas gozaran de su libertad sin restricciones de ninguna clase.

Es especialmente preocupante haber constatado que una parte importante de las personas a quienes se restringió su libertad eran niños y niñas, con lo que se agudiza la situación de vulnerabilidad propia del grupo, ya de por sí tributarios de una protección especial, en su condición de migrantes. A todas luces, por parte de las autoridades costarricenses recurridas, la privación de libertad es arbitraria y excesiva, con lo cual corresponde estimar este extremo del recurso». 

Es de recordar que ninguna de las personas deportadas a Costa Rica en el 2025 eran oriundas de América Latina: en efecto, entre estas 200 personas deportadas desde Estados Unidos, se encontraban, según se senala en esta misma sentencia, personas oriundas de China, Armenia, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Afghanistán, Vietnam, Georgia, Jordania, Kazajistán, Irán, Ghana, Kirguistán, Congo, Nepal, Yemen, Angola, India, Pakistán y Tajikistán.

A modo de conclusión

Como se puede apreciar, el marco legal aclarado al Poder Ejecutivo en el 2025 por el juez constitucional obliga a Costa Rica a cambiar las modalidades al materializarse en el futuro un segundo vuelo con personas deportadas desde  Estados Unidos.

Se mantiene no obstante la pregunta de saber si Costa Rica no perpetúa y le da continuidad a una situación atentatoria a los derechos de estas personas, que son capturadas en Estados Unidos de manera arbitraria y sin muchas veces conocer de los cargos que se les imputan, y sin haber sido objeto de un procedimiento en el que puedan presentar algún tipo de descargos.

Se mantiene también la interrogante sobre el punto de saber qué es lo que recibirá Costa Rica a cambio de satisfacer esta nueva solicitud de Estados Unidos. En el 2025, se pudo observar que Costa Rica fue objeto de aranceles determinados de manera unilateral por Estados Unidos en materia comercial similares a los de los demás Estados de Centroamérica y República Dominicana, con excepción de Nicaragua (véase nota de la BBC de abril del 2025)

Cabe señalar que, salvo error de nuestra parte, no se tiene información sobre el paradero exacto de cada una de las 200 personas que llegaron a Costa Rica en el 2025, ni se sabe si el Poder Ejecutivo entregó a quince días de emitida dicha sentencia del juez constitucional, un informe detallado individualizando los datos correspondientes de cada una de estas personas, tal y como solicitado. Esta información sería de sumo interés en aras de observar si una vez puestas en libertad en Costa Rica, estas personas se quedaron en Costa Rica, emigraron a otro destino de su escogencia o bien… volvieron a emprender la ruta para entrar nuevamente a Estados Unidos.

– – Notas – –

Nota 1: El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica del 18 de marzo del 2026 se lee como sigue:

«Cierre de la Embajada de Costa Rica en Cuba y retiro de personal diplomático de Cuba en Costa Rica

San José, 18 de marzo de 2026. El Gobierno de Costa Rica ha tomado la decisión de proceder al cierre de la Embajada de Costa Rica en la República de Cuba, para lo cual ya han iniciado los trámites diplomáticos y administrativos necesarios. 

De igual manera, se le ha solicitado al Gobierno de Cuba retirar a su personal diplomático acreditado en Costa Rica. Sin embargo, podrá permanecer en Costa Rica el personal consular y administrativo necesario para la prestación de servicios a los ciudadanos cubanos residentes en Costa Rica.

Por su parte Costa Rica, en la medida de lo posible, prestará servicios consulares para ciudadanos costarricenses residentes en Cuba desde el Consulado de Costa Rica en la Ciudad de Panamá.

La medida se toma ante un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades fundamentales, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica, según lo reportan diversas organizaciones internacionales y testimonios de la sociedad civil que han señalado la persistencia de hostigamiento y otras formas de presión contra quienes sostienen posiciones críticas frente al Gobierno cubano.

A esta situación se suma el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población. La escasez de bienes esenciales, las dificultades en el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos, así como el debilitamiento de las oportunidades económicas, que han generado un contexto humanitario cada vez más complejo que afecta directamente al bienestar del pueblo cubano.

El país continuará observando atentamente la evolución de la situación en Cuba.

Comunicación Institucional

076-2026 Cierre de la Embajada de CR en Cuba 

Miércoles 18 de marzo de 2026″

Nota 2: Observar a Estados del continente latinoamericano cuestionar la condena al embargo a Cuba y objetando que se exija su levantamiento, ante al consenso existente a nivel internacional, resulta bastante llamativo: se trata posiblemente de la medida unilateral de Estados Unidos contra un Estado mas longeva (adoptada en febrero de 1962), y que ha demostrado ser un fracaso total al no debilitar mayormente al régimen cubano desde entonces y consolidarlo como tal, y al afectar gravemente la vida diaria de las familias cubanas, causando el exilio de muchas de ellas. Un reciente reportage de la cadena Al Jazeera detalla de una manera muy completa el drama que significa para muchas familias cubanas el tener a algunos de sus integrantes padeciendo de enfermedades graves, ante la falta de material médico moderno que Estados Unidos impide sea exportado hacia el sistema hospitalario y de salud de Cuba (véase enlace). No está de más recordar que en el 2016, la resolución anual que se adopta en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo el levantamiento del embargo a Cuba fue adoptada con 191 votos a favor y una abstención (la de Estados Unidos), tal y como lo analizamos en esta nota nuestra de octubre del 2016. En noviembre del 2023, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado (Ucrania) optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En octubre del 2024, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En cambio, en el último ejercicio de esta naturaleza (octubre del 2025), el voto registrado fue de 165 a favor, 7 en contra (entre los cuales Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones (entre las que figuran las de Costa Rica y de Ecuador). Estos números del 2025 reflejan el nivel de presiones que logra ejercer Estados Unidos sobre algunos Estados, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante (20 de enero del 2025).

Exposición «El universo del libro infantil en Costa Rica: palabra, imagen e imaginación»

Escrito en . Publicado en Cultura.

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi, se complace en invitarle a la inauguración de la exposición El universo del libro infantil en Costa Rica: palabra, imagen e imaginación, con un conversatorio con la participación de Vicky Ramos, Fabián Hernández y Carlos Rubio

La exposición se realiza en conmemoración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil

La actividad será presencial el miércoles 8 de abril a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

La exposición estará abierta al público del 8 al 30 de abril, en horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m

Las guerras contemporáneas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

(Una investigación con ayuda de la Inteligencia artificial. Otras veces me he confrontado con uno de los algoritmos de la Inteligencia Artificial -IA-. Hoy me valgo de su información para sentar algunas premisas.)

La guerra no parece haber acompañado a la humanidad desde sus primeros pasos, pero sí emerge con fuerza cuando aparecen ciertas “ganancias” —sean estos materiales, sociales o políticas— que siempre están en disputa.

Déjenme explicar lo anterior con algo más de profundidad, porque la intuición primero y mis lecturas después me han permitido establecer las premisas que hoy sostengo. Para desarrollarlas me he formulado varias preguntas que hoy reproduzco para ustedes:

I. 1. Antes de la “ganancia”: ¿había guerra?

Esto es lo que he ido encontrando tras haberme planteado esta y otras preguntas y haber hecho la investigación de antiguas lecturas y de la IA. En las sociedades más antiguas de cazadores-recolectores (hace decenas de miles de años), los indicios de guerra organizada son escasos y discutidos. Existía violencia, claro que sí -eso es innegable—, pero:

a. era Inter personal o entre pequeños grupos.

b. No había ejércitos, ni campañas sostenidas.

c. La movilidad constante, migraciones de seres humanos, todavía cazadores que apenas empezaban a asentarse, hacía difícil acumular bienes.

Algunos hallazgos arqueológicos, como los encontrados en el sitio de Nataruk, muestran episodios de violencia colectiva, pero no prueban una guerra estructurada como la entendemos hoy; aunque en el estudio de la IA se habla de “…la guerra en la antigüedad”.

El hallazgo del sitio de Nataruk, ubicado cerca del lago Turkana en Kenia, es la evidencia más antigua conocida de una masacre prehistórica, datada hace unos 10.000 años. Arqueólogos de la Universidad de Cambridge descubrieron restos de 27 cazadores-recolectores (hombres, mujeres y niños), que, murieron violentamente, sugiriendo conflictos grupales mucho antes del sedentarismo. Los orígenes de la guerra son controvertidos: la discusión gira en torno a si la capacidad de la violencia organizada se produce profundamente en la historia evolutiva de nuestra especie o es un síntoma de la idea de propiedad que provino con el asentamiento de las comunidades humanas en posesión de la tierra y la agricultura. La masacre de Nataruk es el registro más antiguo de violencia entre grupos prehistóricos de cazadores-recolectores que permanecieron en gran parte nómadas. (Cfr. Mirazón Lahr, Marta. Directora de la Investigación, Proyecto IN-África. Revista Nature. 21.01.2016).

I. 2. El giro decisivo: la revolución agrícola

Con la llamada Revolución Neolítica (hace unos 10,000 años), ocurre algo clave

a. Aparece la propiedad privada (tierras, cosechas, animales).

b. Surgen los excedentes (es decir, riqueza acumulable).

c. Nacen jerarquías sociales y con ellos los proto-Estados.

Aquí la palabra “ganancia” comienza a cobrar pleno sentido:

“cuando hay algo que acumular, también hay algo que defender… o arrebatar.”

Desde ese momento, se construyen murallas, se organizan guerreros, la guerra deja de ser ocasional y se vuelve institucional.

I. 3. El Estado y la guerra organizada

Entonces, con el surgimiento de las primeras civilizaciones (Mesopotamia, Egipto, China) también ocurre lo siguiente:

a. La guerra se convierte en una herramienta política, esencial para defender la propiedad y la acumulación de excedentes.

b. Lo anterior obliga a la aparición de ejércitos permanentes, sin los cuales lo atesorado no era sostenible.

c. Más adelante, los detentadores de la riqueza acumulada luchan por territorio, tributos, rutas comerciales y poder.

Un ejemplo temprano documentado es el conflicto entre ciudades-estado sumerias, como el enfrentamiento entre Lagash y Umma.

I. 4. ¿En consecuencia, vuelvo a preguntarme, si la guerra es “natural”?

Aquí hay debate entre pensadores:

• Thomas Hobbes creía que el ser humano tiende inherentemente al conflicto (“guerra de todos contra todos”).

• Jean Jacques Rousseau por el contrario sostenía que la guerra nace con la sociedad organizada y la propiedad.

La investigación histórica y la evidencia moderna tiende a una formulación intermedia entre ambas premisas.

Con base en lo anterior, estamos en capacidad de afirmar que, la capacidad de violencia es humana, pero la guerra organizada es una construcción social e histórica.

I. 5. Mi primera intuición, reformulada.

Primero me había planteado con apoyo en las investigaciones de los pensadores socialistas algo que ha llevado mucho tiempo en ser resuelto de una manera clara:

“La guerra surge cuando aparece la “ganancia”

Producto de esta pequeña revisión bibliográfica me he respondido, quedando bastante satisfecho: Sí, en gran medida.

La guerra se vuelve sistemática cuando existen:

• Bienes acumulables

• Territorios definidos

• Poder centralizado

• Desigualdad de clases

En otras palabras: la guerra no nace solo como consecuencia de la agresividad inherente en el ser humano, sino que ella nace de la estructura social que convierte la violencia en instrumento. Esto se ha vuelto crucial para mí.

I. 6. Una reflexión final a este primer capítulo:

Si la guerra no ha estado siempre con nosotros en su forma organizada, eso abre una posibilidad filosófica, histórica y politológica importante:

Lo que ha sido construido históricamente, también puede transformarse. Veamos.

II. ¿las guerras modernas (como las actuales en Medio Oriente o Ucrania) siguen respondiendo a esa lógica de “ganancia”, o hay nuevos factores?

Trato de profundizar más allá de la primera hipótesis:

II. 1. Antes de la “ganancia”: ¿había guerra?

Como ya lo dejé planteado supra, permítanme repetir ahora que: en las sociedades más antiguas de cazadores-recolectores (hace decenas de miles de años), los indicios de guerra organizada son escasos y discutidos. Existía violencia —eso es innegable—, pero:

• Era interpersonal o entre pequeños grupos.

• No había ejércitos, ni campañas sostenidas.

• La movilidad constante hacía difícil acumular bienes.

Ahora introduzco un nuevo matiz a aquel hallazgo arqueológico (como fue el sitio de Nataruk). En tal hallazgo he estudiado que se muestran episodios de violencia colectiva, pero no se prueba que se hubiese producido una guerra estructurada como la entendemos hoy, ni que se hubiesen formado como resultado de lo anterior, ejércitos permanentes, ni siquiera los primeros atisbos de Estados. De hecho, Mirazón Lahr nos habla de “guerra en pequeña escala entre las sociedades recolectoras.”

II. 2. He logrado estudiar algo que considero es el giro decisivo para hablar del inicio de las guerras como las conocemos hoy: la revolución agrícola.

Con la llamada Revolución Neolítica (hace unos 10,000 años), ocurre algo clave:

II.2. a. Aparece la propiedad privada sobre los medios de producción (tierras, cosechas, animales).

II. 2. b. Surgen excedentes (es decir, riqueza acumulable).

II. 2. c. Nacen jerarquías sociales y proto-Estados.

Aquí la palabra “ganancia” cobra pleno sentido:

Como dijimos antes: “cuando hay algo que acumular, también hay algo que defender… o arrebatar.”

Desde ese momento:

• Se construyen murallas.

• Se organizan guerreros.

• La guerra deja de ser ocasional y se vuelve institucional.

II. 3. El Estado y la guerra organizada

Con el surgimiento de las primeras civilizaciones (Mesopotamia, Egipto, China):

• No es sino hasta ese momento que la guerra se convierte en herramienta política y su uso se hace sistemático.

• Aparecen ejércitos permanentes.

• Se lucha (ya lo dijimos), por territorio, tributos, rutas comerciales y poder.

Un ejemplo temprano documentado es el conflicto entre ciudades-estado sumerias, como el enfrentamiento entre Lagash y Umma.

Los enfrentamientos entre Lagash y Umma (aprox. 2500-2350 a.C.) constituyeron una larga guerra fronteriza por el control de la fértil región de Gu-Edinna. Esta guerra es considerada como uno de los primeros conflictos armados documentados de la historia, incluyó batallas significativas como la victoria de Eanatum de Lagash, conmemorada en la “Estela de los Buitres”. (Cfr. https://en.wilkipedia.com).

II. 4. ¿Entonces la guerra es “natural”?

Como también dijimos antes, la capacidad de violencia es humana, pero la guerra organizada es una construcción social e histórica.

II. 5. La hipótesis la replanteo ahora mediante el siguiente modo de pregunta:

¿la guerra surge cuando aparece la “ganancia”?

Podríamos responder:

la guerra no nace solo de la agresividad, sino de la estructura social que convierte la violencia en instrumento.

II. 6. Disquisición sobre las guerras modernas

Profundizo ahora en torno a las siguientes preguntas sobre a las guerras modernas:

¿Las guerras modernas (como las actuales en Medio Oriente o Ucrania) siguen respondiendo a esa lógica de “ganancia”, o hay nuevos factores? ¿Habrá acaso nuevos elementos que ameritan que consideremos que las guerras hayan cambiado de naturaleza?

Mi respuesta honesta es compleja: la lógica de la ganancia no ha desaparecido, pero se ha transformado y sofisticado. Hoy convive con factores nuevos —tecnológicos, ideológicos y geopolíticos— que hacen de la guerra algo más difuso y, en algunos casos, más peligroso.

II. 6.a. La “ganancia” sigue ahí… pero ya no se combate solo por el territorio.

En la antigüedad, la ganancia era visible:

• tierras

• esclavos

• tributos

Hoy, en conflictos como la guerra en Gaza, o en Irán, e incluso en Ucrania, la lógica incluye:

• control geopolítico (zonas de influencia)

• recursos estratégicos (energía, rutas)

• seguridad percibida (fronteras, alianzas como el caso de la OTAN)

La ganancia ya no siempre es “poseer”, sino influir, bloquear o impedir que otro gane.

II. 6.b. La guerra como equilibrio de poder

Desde el siglo XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, emerge una lógica distinta. Por un lado, una lógica imperial, apoderarse de territorios más débiles. Las guerras son entre potencias dominantes (EE. UU., Rusia) contra territorios “más débiles” (todo el África, países de América Latina, Afganistán, Irak, Irán, Libia) para extraer materias primas, donde las potencias buscan obtener “súper ganancias” por medio de la extracción de materias primas (hidrocarburos, “tierras raras”). Por otro lado, se evitan enfrentamientos directos entre las potencias.

• Las grandes potencias evitan enfrentamientos directos, so pena de destruirse el uno y el otro, puesto que han surgido armas estratégicas como las “bombas nucleares”.

• Surgen guerras indirectas o “por delegación”.

Esto se vio durante la Guerra Fría, y aún hoy persiste.

La ganancia aquí no es conquistar, sino mantener o alterar el equilibrio global.

II. 6.c. Ideología, identidad y religión.

En algunos conflictos actuales, la motivación no es reducible solo a lo económico, concurren también nuevos factores como:

• identidades nacionales

• creencias religiosas

• narrativas históricas

Por ejemplo, en tensiones vinculadas a Irán, en Siria, o el conflicto en Gaza, intervienen:

  • seguridad

  • religión

  • memoria histórica

  • legitimidad política

Sin embargo —aquí conviene agudizar el juicio crítico— debido a que incluso estos conflictos suelen entrelazarse con intereses estratégicos y de poder.

II. 7. Nuevas formas de “ganancia”: tecnología y datos.

Hoy aparece algo completamente nuevo:

• ciberataques

• control de información

• inteligencia artificial

• dominio del espacio

Empresas como Microsoft o Google participan indirectamente en esta dimensión.

La guerra ya no ocurre solo en campos de batalla, sino en redes, satélites y sistemas digitales.

La “ganancia” puede ser ahora:

• acceso a datos

• sabotaje de infraestructura

• influencia sobre la opinión pública.

II. 8. Economía global: una paradoja.

Vivimos en un mundo global y más interdependiente que nunca, no obstante, las guerras:

• los países comercian entre sí

• las cadenas de suministro están entrelazadas

Esto debería reducir la guerra… pero no la elimina.

¿Por qué?

Porque con frecuencia, la competencia se desplaza hacia:

• sanciones económicas

• guerras comerciales

• control de mercados

A veces, la guerra militar es solo la continuación de una guerra económica por otros medios. (diferente a lo planteado por Karl Von Klawsewitz).

II. 9. Una reflexión final: ¿Estamos ante un cambio de era?

Algunos analistas sostienen que estamos pasando de la guerra “clásica” a una guerra híbrida:

• militar + económica + informativa + tecnológica, que no siempre se declara formalmente.

A veces ni siquiera es claro cuándo empieza o termina.

La hipótesis inicial podemos a su vez reformularla de la siguiente manera:

¿La guerra sigue siendo por “ganancia”?

La respuesta sería:

Sí, siempre que se considere que la ganancia ya no es solo material.

Ahora incluye:

• poder

• influencia

• seguridad

• información

• legitimidad

Y en muchos casos:

evitar perder es tan importante como ganar.

8. Una reflexión más profunda (casi filosófica)

Si en el pasado la guerra surgía cuando había algo que acumular, hoy podríamos decir:

la guerra persiste porque hay sistemas enteros que dependen de competir por poder en un mundo finito.

Esto abre una nueva pregunta inquietante:

¿Es posible una humanidad donde la “ganancia” no implique la pérdida del otro?

El peligro de callar: soberanía, vida y democracia en riesgo

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El Instituto Sindical de Formación Democrática manifiesta su profunda preocupación y enérgica condena ante el ataque a una embarcación en aguas costarricenses, que dejó como resultado la muerte de dos trabajadores del mar y un herido de gravedad.

Más allá de la gravedad del hecho, lo que hoy está en juego es algo aún mayor: el respeto a la vida, la soberanía nacional y el Estado de Derecho.

Se pretende cerrar el caso con una etiqueta fácil: “narcotraficantes”. Pero en una democracia ninguna etiqueta sustituye la verdad, la prueba ni el debido proceso. Cuando la fuerza letal se utiliza sin explicaciones claras, sin transparencia y sin rendición de cuentas, no estamos ante seguridad: estamos ante abuso de poder.

Cuando el poder actúa sin explicar, se impone el autoritarismo

Denunciamos con firmeza:

• Que no existe claridad sobre quién ejecutó el ataque, bajo qué marco legal y con qué autorización.

• Que se pretende imponer una narrativa donde preguntar es visto como sospechoso y exigir explicaciones como innecesario.

• Que se está normalizando el uso de la fuerza sin control, lo cual representa un grave retroceso democrático.

Costa Rica no puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, acciones militares o de fuerza en su territorio o en sus aguas sin plena transparencia, legalidad y respeto a la soberanía nacional.

Los trabajadores no pueden ser víctimas de esta lógica

Como organización comprometida con la defensa de los trabajadores, advertimos:

• Que, una vez más, los sectores más vulnerables pagan con su vida decisiones que no controlan.

• Que la militarización y la lógica de “disparar primero y explicar después” no resuelven los problemas estructurales del narcotráfico, pero sí destruyen vidas y derechos.

• Que aceptar el silencio y la opacidad es abrir la puerta a más abusos y más impunidad.

Exigimos al país y a sus autoridades

1. Una investigación inmediata, independiente y transparente de los hechos.

2. El esclarecimiento de responsabilidades, incluyendo posibles actores extranjeros.

3. Una posición firme del Estado costarricense en defensa de su soberanía.

4. Respeto irrestricto al debido proceso y a los derechos humanos, incluso en contextos de lucha contra el crimen.

El silencio no es opción

Hoy no se trata solo de un hecho aislado. Se trata de una señal peligrosa: cuando la sociedad deja de preguntar, el poder deja de rendir cuentas.

El mayor riesgo para Costa Rica no es solo el crimen organizado, sino que, en su combate, se pierdan los principios que sostienen nuestra democracia.

No se trata de defender delincuentes. Se trata de defender el derecho del pueblo a saber, a cuestionar y a vivir en un país donde el poder tenga límites.

¡NO AL SILENCIO CÓMPLICE!
¡RESPETO A LA SOBERANÍA NACIONAL!
¡JUSTICIA Y VERDAD PARA LAS VÍCTIMAS!
San José, 25 marzo 2026

Conversatorio abordará la soberanía latinoamericana desde una perspectiva multipolar

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Organizaciones vinculadas al Centro de Integración y Cooperación de Rusia y América Latina (CICRAL) en Guatemala y Costa Rica invitan al conversatorio “Soberanía Latinoamericana: una mirada multipolar”, un espacio orientado a fortalecer el debate regional sobre el papel de América Latina en el actual escenario internacional.

La actividad se realizará de forma virtual el sábado 28 de marzo de 2026 a las 9:00 a.m. (hora de Centroamérica), mediante la plataforma Meet, con participación abierta previa inscripción.

Según la convocatoria, el conversatorio busca generar un espacio de análisis sobre el nuevo orden global en transformación, en el que se plantea la emergencia de dinámicas multipolares y la necesidad de reflexionar sobre la soberanía de la región en este contexto.

Participación de especialistas

El encuentro contará con la participación de:

  • Tomás Creelman, abogado, consultor empresarial y analista político

  • Mauricio Núñez, profesor universitario y analista geopolítico

Ambos abordarán los desafíos y oportunidades que enfrenta América Latina en un escenario internacional caracterizado por la reconfiguración de poderes globales.

Debate regional sobre el nuevo orden global

De acuerdo con la información difundida, la iniciativa forma parte de los esfuerzos de CICRAL por promover el intercambio y la cooperación entre América Latina y otros actores internacionales, así como por impulsar discusiones sobre un mundo multipolar.

El espacio está pensado como un punto de encuentro para el análisis político y geopolítico, con énfasis en la construcción de soberanía regional y en el rol de los países latinoamericanos ante los cambios en la correlación de fuerzas globales.

Convocatoria abierta

La actividad es de acceso gratuito con inscripción previa y está dirigida a personas interesadas en temas de política internacional, geopolítica y procesos de integración regional.

Se invita a participar destacando que el diálogo y la reflexión colectiva son parte fundamental en la construcción de propuestas para el futuro de la región.

📌 Horarios internacionales del conversatorio:

  • Rusia: 6:00 p.m.

  • Brasil: 12:00 p.m.

  • Argentina: 12:00 p.m.

  • Venezuela: 11:00 a.m.

🔗 Formulario de inscripción:
https://forms.gle/arMkDYKsP8rL1Yuj6

Conversatorio conmemorará la vida de Sergio Rojas desde la memoria, la lucha y la dignidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Centro de Amigos para la Paz (CAP) invita a la comunidad a participar en el conversatorio “Sergio Rojas: memoria, lucha y dignidad”, una actividad que forma parte del ciclo de foros Voces de paz y justicia y que busca mantener viva la memoria y el legado del líder indígena bribri.

La actividad se realizará el sábado 28 de marzo de 2026 a las 2:00 p.m. en el Centro de Amigos para la Paz, como un espacio de encuentro, reflexión y construcción colectiva en torno a la memoria como forma de justicia.

El conversatorio se desarrolla bajo la premisa de que “la memoria es una forma de justicia”, y se enmarca en la conmemoración del asesinato de Sergio Rojas ocurrido el 18 de marzo de 2019, un hecho que continúa interpelando a la sociedad costarricense en materia de derechos humanos, territorios indígenas y justicia.

Memoria, espiritualidad y compromiso

Como parte de la actividad, se realizará también un altar en memoria de Monseñor Óscar Romero, símbolo de la defensa de los derechos humanos en América Latina, estableciendo un puente entre ambas figuras como referentes de lucha, dignidad y compromiso con los pueblos.

El encuentro propone una tarde de memoria, resistencia y comunidad, en la que se busca reflexionar sobre el significado del martirio, la vigencia de estas luchas y la necesidad de continuar los procesos de defensa de la vida y los territorios.

Exposición central

El foro contará con la participación de Gustavo Cabrera Vega, del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ Costa Rica), quien desarrollará el tema central del conversatorio, abordando la vida, el legado y las luchas de Sergio Rojas desde una perspectiva de derechos humanos y procesos comunitarios.

Articulación de organizaciones

La actividad es organizada por el Centro de Amigos para la Paz y cuenta con el apoyo y convocatoria de diversas organizaciones sociales, entre ellas:

  • Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)

  • Servicio de Paz y Justicia Costa Rica (SERPAJ CR)

  • Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia

  • Coordinadora de Lucha Sur Sur (COCRIC)

Estas organizaciones han mantenido un papel activo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y en la exigencia de justicia en el caso de Sergio Rojas.

La invitación está abierta a todas las personas interesadas en participar en este espacio de reflexión, memoria y compromiso con la paz y la justicia.

UCR: Voz experta: Conmemorar el 50 aniversario del último golpe de Estado en Argentina como oportunidad para interrogar nuestros desafíos democráticos

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María José Chaves Groth Docente, Sección de Sociología, Escuela de Estudios Generales, UCR

De Argentina a Costa Rica: exploración colectiva sobre el autoritarismo con comunidades estudiantiles

Los autoritarismos no son nuevos en la historia reciente de América Latina, nos atraviesan a través de dictaduras, golpes de Estado o caudillismos que dejan profundas huellas en la conformación de nuestros sistemas políticos y en nuestra subjetividad.

Entre las décadas del sesenta y ochenta, el Cono Sur enfrentó feroces dictaduras, cuyo efecto ejemplarizante trascendió los límites geográficos de los países directamente afectados. Mientras tanto, Centroamérica era escenario de guerras civiles, revoluciones sociales, intervenciones militares y “conflictos de baja intensidad” que desangraban y empobrecían a las grandes mayorías.

Frente a este contexto, la promesa de la democracia se erigió como el único camino posible para restablecer la convivencia social y el crecimiento económico. No obstante, los esfuerzos para modernizar los sistemas electorales y articular la democracia con el ejercicio de los derechos humanos, ha resultado insuficiente para satisfacer las múltiples necesidades y carencias de las poblaciones históricamente postergadas.

Hoy los autoritarismos vuelven a ser protagonistas en la región, solo que ahora no llegan al poder a través de golpes de Estado o intervenciones militares, llegan a través de los sistemas electorales y utilizan las deudas de la democracia como motor; y alcanzan, principalmente,  a las poblaciones jóvenes quienes ven sus expectativas y proyectos de vida diluirse entre las fisuras de un sistema que no les está respondiendo.

En este contexto, a través del proyecto EC-678 «De Argentina a Costa Rica. Exploración colectiva sobre el autoritarismo con comunidades estudiantiles secundarias y universitarias, a partir de las memorias de la última dictadura cívico militar en Argentina y sus resonancias en las prácticas y discursos presentes en la Costa Rica actual”, desde la Sección de Sociología de la Escuela de Estudios Generales nos sumamos a la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Argentina, con dos objetivos fundamentales: primero, hacer memoria a las 30 000 personas detenidas y desaparecidas; honrar las luchas que han liderado las y los sobrevivientes, las familias y los organismos de derechos humanos; para reclamar justicia por las desaparecidas y los desaparecidos; por recuperar la identidad de niñas y niños nacidos en cautiverio y para que este horroroso capítulo de la historia no se olvide.

Nuestro segundo objetivo es hacer de la memoria una oportunidad para el intercambio, el diálogo, el aprendizaje y la reflexión colectiva. Para que juntas y juntos pensemos caminos de transformación y fortalecimiento democrático que respondan a los desafíos que enfrentamos como país.

Lo anterior se concreta mediante cuatro líneas de trabajo, desde las cuales se llevarán a cabo talleres, conversatorios, conferencias y una exposición museográfica.

  1. El eje de memoria como estrategia para el fortalecimiento de la democracia. En un contexto en que los discursos y las prácticas autoritarias han vuelto a gozar de una alta legitimidad, donde se incluye  la sociedad costarricense; consideramos de gran relevancia recuperar la memoria del autoritarismo en nuestra región, esto con el fin de favorecer “la construcción de una ciudadanía activa, comprometida con la esfera pública y con convicciones democráticas” (Jelin, 2013, p. 240).
  2. Los autoritarismos y su relación con el cuerpo como campo de disputa y control del poder. Desde este eje se busca comprender las formas de legitimidad legal del poder autoritario para controlar los cuerpos y las corporalidades como estrategia de control social, así como la difusión del terror como estrategia política.
  3. Los autoritarismos, la vida cotidiana y la cultura, especialmente sobre la música rock. Durante la dictadura cívico-militar, el tiempo libre fue cooptado y oficializado como parte de las primeras acciones del régimen para consolidar su posicionamiento, con lo cual la ciudadanía fue expulsada del espacio público (Gerlero, 2012).

En el marco de este proyecto, problematizamos el impacto de las prácticas autoritarias en la vida cotidiana y en las expresiones culturales, como estrategia para favorecer el cambio social, especialmente en un contexto donde las personas jóvenes no se perciben como un actor político corresponsable de esa transformación.

  1. Tensiones entre el autoritarismo y la movilización política, especialmente desde las universidades públicas y el movimiento estudiantil. En el marco de este proyecto, nos preguntamos acerca del lugar histórico que ha ocupado la universidad pública y el movimiento estudiantil frente a los autoritarismos, pero, sobre todo, el lugar social que ocupan en las transformaciones que requiere la democracia para consolidarse como sistema político y de convivencia social.

Estos ejes priorizados interpelan directamente a las personas jóvenes desde diferentes roles, desde su condición de estudiantes de centros educativos públicos (colegios y universidad); pero también como personas ciudadanas que transitan un momento histórico marcado por la polarización, la violencia y la intolerancia; con lo cual, se hace imprescindible que fortalezcan su mirada humanista, el pensamiento crítico y el sentido de colectividad para hacerle frente.

Costa Rica no es una burbuja en la geopolítica global, nada nos exime de enfrentar persecuciones políticas, silenciamientos, miedos. Si permitimos que las diferencias políticas se traduzcan en sospecha, el tejido social se debilita, la desconfianza gana lugar y nuestros vecinos, familiares, compañeras y compañeros de trabajo, dejan de ser un recurso de apoyo para convertirse en enemigos potenciales.

María José Chaves Groth
Docente, Sección de Sociología, Escuela de Estudios Generales, UCR

Ópera cotidiana: los cipayos y la genuflexión servil de sus rodillas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Tres propuestas

Por: Trino Barrantes Araya

Correo.e: camilosantamaria775@gmail.com

Primera Parte

Operación Cóndor 2.0 y la genuflexión de los cipayos

El adjetivo de cipayo resulta limitado para describir la posición de serviles, que dócilmente asumen los doce presidentes que suscriben ese instrumento, eufemísticamente llamado “Escudo de las Américas”. Así, de un vulgar plumazo, renuncian a la memoria histórica y, lo que es peor, a la soberanía del país. Pisotean a las emblemáticas figuras de Juanito Mora, del General Cañas, de Juan Santamaría y de Pancha Carrasco Jiménez.

A veces, en esas poses de genuflexión servil y sometimiento, doblan tanto su cerviz, para que el amo del norte les de su espaldarazo, que quedan en posiciones obscenas, para que el sable del imperialismo los penetre hasta donde más.

Pero su placer de lacayos es tan complaciente que, aun sabiendo la permanencia, dentro de ellos, del esclavista mayor del Norte y el servil sionista de Argentina, ellas y ellos respiran la fetidez de los últimos zarpazos del imperio yanqui y, complacientemente, ríen como estúpidas marionetas.

Su grado de alienación y alineación es tan pueril, que ninguno es capaz de defender nuestro idioma, sabiéndose el mismo como una de las lenguas universales más importantes, tanto por su riqueza cultural, por su valor identitario y como vehículo de comunicación universal y constructo de la resistencia histórica.

Así las cosas, ese remedo de un TIAR diarreico, cuya cabeza es un gobernante incapaz de reconocer la coyuntura actual y que pierde el horizonte de lo que debe ser hoy el nuevo orden mundial, miente, una vez más, con la complicidad de esos “doce mandatarios”, que no son capaces ni de manejar su propia voluntad política, mucho menos la responsabilidad histórica que les corresponde, en tanto garantes del poder ejecutivo de sus diferentes naciones.

Pero serán los respectivos pueblos, de cada uno de dichos países, que, desde la democracia de la calle, desde las comunas del poder popular y la organización de la resistencia, se verán obligados a enderezar nuestra memoria histórica por los cauces que corresponde al momento actual y que prístinamente fue dibujada por Bolívar, Morazán, Juanito Mora y Martí.

No existe un objetivo que demuestre la validez de que el “Escudo de las Américas” (Shield of de Americas Doral 2026), tenga como principio fundamental la lucha contra el narcotráfico.

¿Coalición antidrogas? La mentira ni siquiera es piadosa. Esta coalición es una alianza militar. No derivan políticas claras para erradicar el narcotráfico. El tráfico de cocaína y otras drogas, tiene dentro de esta nueva coalición a Daniel Nova y a Nasry “Tito” Asfura.

El primero denunciado porque desde sus empresas bananeras, se desplazan grandes cantidades de droga para Europa. “Tito”, como cariñosamente le dice Donald Trump, es el socio y testaferro del presidente narcotraficante Juan Orlando Hernández.

¡Entonces qué!, como decían nuestras abuelas, el diez con hueco, solo ellos pueden creérselo. Mientras que el pedófilo les obliga a inclinar sus débiles y sumisas rodillas.

En el caso del presidente Rodrigo Chaves y la actual presidenta electa, que va invitada para servir como testigo de excepción, ambos violan principios esenciales de nuestro marco jurídico.

Su sola presencia, en ese adefesio llamado “Escudo de las Américas”, contraviene el Artículo 12 de nuestra Carta Magna. Pero a la vez contravienen y se irrespetan cuatro documentos base que nuestros gobiernos han ratificado y sustentado.

En primer lugar, invocamos al Tratado de Tlatelolco (Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, 14 de febrero de 1967), en segundo lugar, apelamos a la Proclama de Neutralidad (Proclama de Neutralidad Perpetua, Activa y no Armada, sancionada por Luis Alberto Monge Álvarez en 1983. Se fundamenta en el Artículo 139, inciso 2º de nuestra Constitución Política); en tercera instancia el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), suscrito por Óscar Arias Sánchez y, finalmente, el acuerdo del Foro de Sao Paulo del 2014, que declara a América Latina como Zona de Paz.

Segunda Parte

¡Bases militares no!

“La paz, la democracia y la no violencia”, SÍ.

Denunciamos las dos propuestas de aventura suicida y militarista que devienen de las últimas posiciones del actual presidente y de la mandataria electa.

Solo el hecho de mencionar la instalación de bases militares extranjeras en Costa Rica, tal y como recientemente lo manifestó y propuso un asesor presidencial, es poner a nuestro país en el ojo del huracán; pero además, de una gran irresponsabilidad, esa actitud representa una amenaza directa a los pilares fundamentales de la democracia costarricense, de su memoria histórica y de su identidad nacional.

Históricamente, cuando esta ocurrencia suicida se ha manifestado en algún aventurero y guerrerista nacional, el pueblo de Costa Rica, ha sido contundente en rechazar ese exabrupto, pues la sola idea choca frontalmente con principios históricos, constitucionales, de libertad, autodeterminación y de soberanía que ha tenido el país, como pilares básico de su Estado Social y de su Estado de Derecho.

Si lo vemos desde el punto de vista de los Derechos Humanos, los argumentos en contra de esa esquizoide idea, sus argumentos se tiran al suelo. Pero si buscan un argumento de tipo legal; la propuesta resulta aún más desproporcionada, pues atenta violentamente contra el Artículo 12 de la Constitución Política.

Cuando un gobierno pierde su capacidad de asombro y se divorcia de la idiosincrasia del soberano, nos damos cuenta de lo poco que le interesa la institucionalidad del país. Pero también dibuja abiertamente el desconocimiento que, una propuesta de esta envergadura, requeriría de una sustancial reforma constitucional.

Si tratáramos, como pueblo organizado, de argumentar nuestra posición del por qué estamos en contra de una base militar, nos sobrarían argumentos:

Los principales argumentos en contra, los resumimos de la siguiente forma:

  • En primer lugar el establecimiento de una base militar, es dejar invalidado el principio constitucional que sanciona, para tales efectos el Artículo 12 de nuestra Carta Magna.

  • Significaría que quedamos expuestos a la voluntad de ejércitos extranjeros y consecuentemente a una sostenida pérdida de nuestra soberanía. Se violaría, asimismo los principios de de autodeterminación e integridad territorial

  • Implicaría, dar paso abierto a la Guerra de Baja Intensidad, con la pérdida absoluta del control del territorio nacional

  • Entregar la seguridad nacional a una potencia extranjera, es simplemente renunciar al ser costarricense, a la idiosincrasia del soberano.

  • Tal y como ha sido señalado en sendos artículos anteriores, esta medida contraviene acuerdos nacionales e internacionales que el país ha suscrito.

Creemos, como patriotas y costarricenses, que no solamente es la Constitución Política la que nos blinda contra las bases militares, sino la misma historia de nuestro suelo patrio, que como semilla de maíz, todas y todos juntos hemos sembrado en nuestro imaginario colectivo.

Digamos NO, a las bases militares, no a las embarcaciones militares que asesinan en juicios sumarios a nuestros pescadores, fuera tropas extranjeras que vienen a violar nuestra soberanía nacional. Hay principios esenciales y Derechos Humanos fundamentales que son innegociables.

Volvemos a criticar profundamente la incursión de nuestro país al “Escudo de las Américas”, en tanto que esto no es una alianza contra el narcotráficos sino una alianza militar. Además, históricamente las bases han demostrado su ineficiencia para controlar el narcotráfico, contrario sensus, han sido parte de la sostenibilidad con algunos cárteles. En Colombia, el gobierno de Uribe y Santos, en Honduras, la base militar de Palmerola, se convirtió en el más grande corredor de cocaína de Centroamérica y sostuvo al narcotraficante de Juan Orlando Hernández. En Panamá, Noriega fue un aliado de la DEA y el canal se manchó de polvo blanco. Hoy en Ecuador, la empresa bananera de Daniel Novoa, adosa las cajas de banano con montañas de polvo blanco. Así, pues, las bases militares no son ninguna garantía contra los carteles del narcotráfico.

Cantemos ufanos y recuperemos nuestra identidad: “La paz, la democracia y la no violencia”, resultan ser consignas más auténticas que la miserable idea de las bases militares.

Tercera Parte

El Escudo de las Américas y la nueva aventura presidencial en la guerra de baja intensidad

Las y los diputados, el movimiento social, los sindicatos y los partidos políticos no podemos guardan silencio ante el juicio sumario y asesinato de pescadores costarricense bajo los argumentos del necrófilo y pedófilo jefe actual de la Casa Blanca. ¡Señor presidente!, ya lo decía nuestro gigante de la Patria Grande: “Hay silencios que se guardan, parecidos a la estupidez”.

Frente a la participación del actual gobernante de la República Rodrigo Chaves Robles y la mandataria electa Laura Fernández Delgado, en la reunión convocada por Donald Trump, hacemos un llamado a la opinión nacional e internacional, de las verdaderas preocupaciones e implicaciones que ésta acción conlleva, contra el Estado Social, el Estado de Derecho y la Democracia.

Desde la mayor parte de los actores sociales honestos y patriotas, pensamos que es más responsable y respetuoso para nuestra democracia, seguir construyendo y hablando sobre la urgencia de unificar consignas en torno al pueblo costarricense a favor de: “La paz, la democracia y la no violencia.

Lo dijimos en un anterior artículo dirigido al primer magistrado de la República, en el cual, de manera sucinta llamábamos la atención en lo siguiente.

En primer lugar, invocamos el valor esencial del Artículo 12 de nuestra Constitución Política. Asimismo, en segundo lugar, apelamos a la Proclama de Neutralidad sancionada en el gobierno de Luis Alberto Monge, en tercera instancia hicimos referencia al valor histórico del Tratado de Tlatelolco, en un cuarto lugar al valor del uso del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) (https://g.co/gemini/share/1faebf1eabce ) , suscrito por Óscar Arias Sánchez y, finalmente, el acuerdo del Foro de Sao Paulo del 2014.

Cada uno de estos instrumentos fortalece el derecho internacional y está en contraposición de la Guerra de Baja Intensidad que esconde el Escudo de las Américas que, por más sanamente que se le mire, no es una alianza para combatir el narcotráfico, sino por el contrario, crear un escudo militar para fortalecer la aventura pirata y de ladrón posmoderno del amo del norte.

Permítasenos tener aquí como ejemplo la amenaza militar e injerencista y los interés espurios de los EE:UU en Venezuela y el mar Caribe desde el momento en que Hugo Rafael Chávez Frías asumió el poder en la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, con Nicolás Maduro Moros, elegido democráticamente por el pueblo de Bolívar el despliegue inusitado de las fuerza militar del imperialismo yanqui, se vuelve algo obsceno contra la soberanía de los Estados de América Latina. Estos actos, concluyen con una operación militar, cuyo resultado fue el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Pero la aventura desmedida de esta nueva fase de la Doctrina DONROE, es inusitada. Sus pretensiones por dominar México, anexarse Groenlandia, intervenir Cuba y usurpar la soberanía del Canal de Panamá, son más que evidentes.

La responsabilidad de los socios menores que suscriben este adefesio de derecho internacional, los hace desde ahora responsables de violar la soberanía e independencia de cada una de sus repúblicas.

Es ya un lugar común, que el mayor cartel de la droga está en manos de la DEA y que el mayor consumo de drogas, tiene como epicentro la sociedad norteamericana. Dichosamente, medio de la creciente tensión, la solidaridad se ha hecho una consigna universal a favor de esta hermana República.

Pero, el pueblo soberano, nuestro pueblo costarricense, en una sola voz, ha jurado fidelidad a la Patria, la Nación y el Estado y ha tenido como consigna básica: “La paz, la democracia y la no violencia.

CONCEVERDE denuncia contradicciones del alcalde de San Rafael sobre finca en el Cerro Chompipe y advierte posible incumplimiento de deberes

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El colectivo CONCEVERDE cuestionó públicamente la actuación del alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, Jorge Arias Santamaría, en relación con la situación de la finca ubicada en el Cerro Chompipe, señalando contradicciones en sus posiciones y una posible omisión en el cumplimiento de sus deberes.

Según expone el colectivo, el alcalde había sostenido anteriormente que dicha finca era propiedad municipal, argumento con el cual se habría negado a realizar su traspaso al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), pese a que esta institución lo solicitó desde hace más de un año en cumplimiento de una resolución de la Sala Constitucional.

No obstante, en respuesta reciente a una gestión de CONCEVERDE, el alcalde indicó que cualquier asunto relacionado con el Cerro Chompipe debe ser dirigido al MINAE, al considerarlo como la entidad administradora del inmueble.

Para el colectivo, esta posición resulta contradictoria, ya que por un lado se había afirmado la titularidad municipal del terreno, mientras que ahora se traslada la responsabilidad a otra institución sin haber concretado el proceso de traspaso.

Señalamientos sobre posible usurpación y falta de control territorial

La denuncia presentada por integrantes de CONCEVERDE plantea la existencia de inconsistencias relevantes en torno a la finca inscrita bajo el folio real 4-156766, la cual, según el Registro Nacional, tendría una extensión de 1.548.722,03 metros cuadrados.

Sin embargo, de acuerdo con la información analizada, la Municipalidad únicamente tendría posesión efectiva de una porción cercana a los 528.474,08 metros cuadrados, correspondiente a una de las tres fincas que originalmente conformaron el inmueble.

El documento también advierte que las otras dos fincas que integraban el terreno podrían encontrarse bajo control de terceros, lo que abre la posibilidad de una eventual usurpación o pérdida de control sobre bienes que registralmente formarían parte del patrimonio municipal.

Asimismo, se señala la ausencia de un plano catastrado actualizado que permita definir con precisión los linderos del inmueble, lo que dificulta verificar la correspondencia entre el área inscrita y la realidad física del terreno.

Solicitudes formales y necesidad de estudios técnicos

Ante esta situación, CONCEVERDE solicitó a la Municipalidad la realización de estudios técnicos, particularmente un levantamiento topográfico integral que permita:

  • determinar la correspondencia entre el área registral y la extensión real del terreno,

  • ubicar individualmente las fincas que dieron origen al inmueble,

  • identificar posibles ocupaciones por parte de terceros,

  • establecer si existe una usurpación y, de ser así, proceder a la recuperación de los terrenos.

El documento también subraya que la revisión únicamente registral no es suficiente para descartar una usurpación, y que resulta indispensable la verificación en sitio mediante estudios técnicos especializados.

Antecedentes: disputa por control y protección del Cerro Chompipe

Este caso se inscribe en un contexto más amplio de disputas sobre el uso, administración y protección de territorios en zonas de alto valor ambiental en el cantón de San Rafael de Heredia, particularmente en áreas vinculadas a la conservación forestal.

En el caso específico del Cerro Chompipe, se trata de un terreno catalogado como reserva forestal, lo que implica un régimen especial de protección y limita su uso a actividades compatibles con la conservación ambiental.

La controversia también se relaciona con la discusión sobre la rectoría institucional en estos territorios, especialmente entre gobiernos locales y entidades nacionales como el MINAE y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

CONCEVERDE: posibles responsabilidades administrativas y políticas

El colectivo sostiene que la conducta del alcalde podría interpretarse de dos maneras: como un reconocimiento implícito de que el bien debe estar bajo administración del MINAE, o como un intento de trasladar responsabilidades sin haber cumplido con el proceso correspondiente.

En ambos escenarios, advierten que podría configurarse un eventual incumplimiento de deberes, ya sea por no haber realizado el traspaso del inmueble o por no ejercer acciones para su defensa ante una posible ocupación indebida.

SURCOS le invita a descargar el documento que CONCEVERDE envió a la alcaldía de San Rafael de Heredia:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/1-Solicitud-estudios-topograficos-y-recuperacion-finca-fms.pdf

¿Se está aplicando la pena de muerte en la lucha contra el narco?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El asesinato realizado por militares, en barcos armados estadounidenses, que navegan en las aguas jurisdiccionales de Centroamérica, y de Costa Rica, en el mar Pacífico, bajo la bandera del patrullaje antinarco, y del acuerdo que les permite su navegación, se ha pasado de la raya. Se aplicó una pena de muerte sin juicio de ninguna clase, en donde la pena de muerte se aplicó sin existir en el ordenamiento penal y constitucional costarricense. Las reacciones que se han hecho públicas ha obligado a los asesinos a cambiar la narrativa de lo sucedido.

La primera noticia fue un ataque a un bote tripulado por tres personas, dos de las cuales murieron y una quedó malherida. Se desconocía la nacionalidad de los que iban en la lancha. Se dijo que navegaban por una de las supuestas y conocidas rutas que usan para llevar droga de Suramérica a Estados Unidos. No fueron detenidos, ni interrogados, ni se les incautó droga de ninguna clase. Sencillamente se les disparó con misil aéreo o desde el “barco de guerra” que navega bajo el amparo de la lucha antinarco, y no una embarcación autorizada por el Tratado o Acuerdo de colaboración que señala embarcaciones “guardacostas”.

La segunda noticia fue que atacada la nave, confirmados los muertos y el herido, de ese buque de guerra informaron a las autoridades policiales navieras de Costa Rica, cambiándoles la información original, para que fueran a recoger los cadáveres de los dos fallecidos y al herido, que fue trasladado al Hospital de Golfito, en la cercanía naviera de Golfito, como se hizo. Incluso, entiendo, se cambió en la información suministrada del escenario de guerra donde se produjo el asesinato de esas dos personas y se hirió al tercero, que curiosamente no lo mataron.

De los sucesos narrados queda claro que:

1.- Las autoridades policiales y navieras de Costa Rica tienen por disposición NO MATAR a navegantes que se supone trasladan drogas. Su orden es capturarlos vivos como se ha hecho. La experiencia de los policías de la naval es que cuando se acercan a esas naves transportadoras de drogas, con navegantes colombianos o suramericanos, estos navegantes “alzan los brazos y las manos”, para señalar que no están armados, y en señal de disposición de “entregarse” sin ofrecer oposición. Su experiencia es que los que a veces les disparan son ciudadanos costarricenses que trafican drogas, sabiendo ellos que no les pueden disparar a matar. Esto lo hacen los extranjeros para que las autoridades navieras costarricenses no les disparen, porque según los capturados, cuando eso sucede en mares patrimoniales de Ecuador, Colombia o Panamá las autoridades de esos países les disparan a matar. Saben que en Costa Rica no se hace eso, y por eso se entregan si ofrecer resistencia, porque se les respeta la vida.

2.- El operativo que se realizó, que provocó esas dos muertes y ese herido, no fue hecho por autoridades ni fuerzas policiales costarricenses. Se hizo en aguas jurisdiccionales costarricenses por naves de guerra extranjeras, estadounidenses, por militares extranjeros, que así operan en “territorio” marítimo costarricense.

3.- Las naves extranjeras, aviones, buques o navíos o terrestres, para entrar al territorio nacional requieren, necesitan, permiso legislativo para volar y aterrizar o cuando por alguna circunstancia va a llegar al país una nave aérea o marítima artillada. Así, por ejemplo, si es de los ejércitos o armada de los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos, comunica al Ministerio de Seguridad y la Cancillería, informando de la situación y pidiendo autorización, en la que se indica el tipo de nave y el tipo de armamento que trae, si lo trae, para que se haga la gestión ante la Asamblea Legislativa, del permiso correspondiente de llegada al puerto correspondiente, aéreo o marítimo, para su aterrizaje o su atraque.

El atraque de buques de armadas extranjeras en Costa Rica necesita esa autorización previa, solicitada a través de vías diplomáticas, cumpliendo con la visita oficial, cumpliendo además con controles sanitarios y estrictas normas de seguridad portuaria. Igualmente, deben cumplir con las regulaciones de la OMI, las normativas de la Capitanía de Puerto y contar con un representante local en la nave.

Estos permisos de atraque o aterrizaje se hacen para las misiones que se justifican de apoyo al fortalecimiento de las relaciones comunitarias de Estados Unidos en Costa Rica, cuando se brinda ayuda humanitaria, para atraque de Fragatas y buques navales escuela, buques patrulleros como el buque militar francés “La Combattante”.

Los requisitos de desembarque o atraque se les ha aplicado a buques y naves de Estados Unidos, Francia, Argentina, de Reino de los Países Bajos, de España, de, de Australia y de Uruguay, entre los permisos solicitados desde el 2022 hasta octubre del 2025. Entre ellos tuvo que pedir permiso un buque Guardacostas de los Estados Unidos el 29 de noviembre del 2022.

El trámite del permiso es por legalidad y por control político, como se realiza.

4.- Usualmente, los barcos o buques estadounidenses de guerra o de “colaboración” de la lucha antinarco en las aguas territoriales de Costa Rica, no se ha sentido. Excepcionalmente se ha informado que han colaborado en la captura de alguna nave transportadora de droga. Ahora se informa de las prácticas de disparos, de tiros al blanco, que realizan en aguas costarricenses.

El gobierno actual del presidente Trump ha puesto de relieve la lucha contra el narcotráfico. La ha colocado en una dimensión militar y no policial. La ha puesto en la perspectiva del llamado “narcoterrorismo” y, dentro de esta nueva apreciación, ha puesto todo lo que sea combatir el “terrorismo” en manos del ejército de los Estados Unidos. De esta forma, el narcoterrorismo, como categoría, es atendido por los ejércitos de los Estados Unidos, en lo que corresponda. Y el concepto se ha extendido para actuaciones contra políticos y contra países que así los califiquen.

En esta dimensión habría que discutir si lo jurídicamente establecido en Estados Unidos, como delitos, son de aplicación automática en cualquier país del mundo para a actuación de las autoridades militares y policiales de los estadounidenses. Porque lo que corresponde desde el respeto a las relaciones jurídicas y sus ordenamientos, es tramitar detenciones por la vía de juicios que conduzcan a la extradición de detenidos, como ya se está haciendo, entre Estados Unidos y Costa Rica.

5.- Desde finales del año pasado, frente a las costas de Venezuela, como parte de su política amedrentadora, y preparatoria de la acción militar del 3 de enero, para secuestrar el presidente Nicolás Maduro, las fuerzas militares de Estados Unidos se dedicaron, casi como por deporte, y para afinar el tiro al blanco, a eliminar embarcaciones que decían eran de “narcos”, que transportaban “drogas”. De esa manera asesinaron casi 150 personas, que no las recogieron del mar, no entregaron sus cadáveres ni a Colombia ni a Venezuela, ni indicaron o informaron de la droga decomisada, o eliminada. Es decir, mataron a diestra y siniestra, ejecutaron personas sin detenciones previas, sin someterlos a juicios, sin sentencias de culpabilidad, sin capturar droga. Sencillamente los ejecutaron, les aplicaron la pena de muerte porque les dio la gana matarlos… y para asustar a quienes estuvimos atentos al desenlace de este tipo de acontecimiento.

Así parece haber sucedido con esta embarcación que acaban de hundir y de “desaparecer” su supuesta “droga”, que no la decomisaron, ni la entregaron a las autoridades costarricenses. O se la fumaron en ese barco o no existía, o se la llevaron a Estados Unidos para su “comercialización” o trámites correspondientes, como se hace con la droga decomisada que de Costa Rica se lleva oficialmente a Estados Unidos, sin saberse si se regala, se vende o se cambia por otros servicios.

6.- Como evidentemente se cometió un crimen, una ejecución por sí misma, han cambiado la narrativa del evento, diciendo que pudo ser un accidente naval de esa embarcación.

7.- A las autoridades navales costarricenses solo las usaron para pedirles que se llevaran los cadáveres y al herido, porque no eran carga de su costal, y porque hubieran tenido que atenderlos en la propia nave estadounidense o llevarlos, bajo la bandera estadounidense del barco, a alguna base naval o de atraque autorizada para ello, lo que les hubiera causado otros problemas.

No se ha demostrado que el herido, el que se salvó, fuera un delincuente. Ni se capturó con droga. De esta forma, hay que considerarlo un hombre libre, sin acusación alguna de un delito cometido en Costa Rica.

En cuanto a los cadáveres que fueron traídos al país, sinceramente, hay que esperar que los análisis de las autopsias que se les practiquen no sean alterados para tratar de demostrar que no fueron brutalmente ejecutados por los militares que originalmente se dijo los habían matado.

8.- Lo sucedido ha puesto en evidencia que se ha violado la Soberanía Nacional, por el Ejército de los Estados Unidos, al haber actuado militarmente, en acción militar, contra una nave en aguas jurisdiccionales costarricenses, sin autorización legislativa, y por demostrar, de esa manera que buques armados, artillados, sin permiso legislativo navegan libremente en las aguas territoriales nacionales.

9.- Se ha puesto en evidencia que no hay coordinación de combate en la lucha contra el narco, con las autoridades nacionales, por parte de las embarcaciones estadounidenses autorizadas para ello.

10.- Se ha puesto en evidencia pública también que a las autoridades navales nacionales solo las usan para “recoger la basura que hacen” los soldados estadounidenses en esas embarcaciones, que no pueden “procesar” ellos mismos.

11.- Se ha puesto en evidencia que el mar costarricense está siendo navegado por navieras militares artilladas estadounidenses, sin los permisos legislativos.

12.- Se ha violado el principio constitucional de respeto a la vida, de su inviolabilidad.

La pena de muerte en Costa Rica fue abolida en 1882 y así se ha mantenido en el orden constitucional costarricense desde aquella fecha. Lo sucedido violentó esta tradición y esta disposición constitucional. Ni siquiera por la vía excepcional se ha mantenido la posibilidad de la pena de muerte.

13.- Respecto a los asesinados, por los militares del buque militar estadounidense, se ha actuado violando todos los principios jurídicos, locales, costarricenses, estadounidenses e internacionales, relacionados con el principio de inocencia, de considerar que toda persona se considera inocente hasta que se compruebe su culpabilidad. Se ha actuó contra ellos sin garantizar su vida, sin someterlos a una detención y un juicio justo, con posibilidad de garantizarles su defensa. De esa forma, se violó el principio de ser sometido a un juicio previo, con posibilidad de defensa del acusado a un juicio justo y de jueces imparciales.

14.- Se violó el principio de inviolabilidad de la vida al aplicarse la pena de muerte, por ejecución, sin juicio de ninguna clase, con tan solo la presunción de culpabilidad, sin demostrar que la droga, supuestamente existía.

Lo que se está aplicando por parte de esas prácticas de lucha contra la narco delincuencia es la ejecución extrajudicial de las personas, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo, y de pena de muerte establecida como sanción máxima en el derecho punitivo costarricense, pena que es inexistente. Si así es, y si así seguirá, lo que corresponde es discutir nacionalmente los alcances de estas políticas en la lucha contra el narco y los límites de las autoridades en la aplicación, que obligaría también a las autoridades extranjeras para que se sometan a ellas, a la legislación costarricense, para no realizar actos criminales, ni penas de muerte a diestra y siniestra en su lucha y captura contra las naves supuestamente vinculadas al narcotráfico.

15.- Debemos recordar que internacionalmente los países, que como Costa Rica, han abolido la pena de muerte, NO LA PUEDEN VOLVER A RETABLECER.

16.- Para que no se tenga dudas de lo que entiendo de la lucha contra personas, que están cometiendo un crimen, una actividad armada con la cual atacan a ciudadanos o las autoridades policiales costarricenses, a ciudadanos desarmados, que si es necesario actuar contra ellos, de manera armada, la policía está en la obligación y tiene el derecho de actuar, de manera defensiva usando sus armas oficiales, como a veces ha ocurrido.

Pero, no olvidemos tampoco, que en la lucha contra embarcaciones que supuestamente trafican o mueven drogas, los ciudadanos extranjeros que así lo hacen se entregan sin ofrecer resistencia militar, a las autoridades policiales de la naval costarricense, porque saben que en Costa Rica se les respeta la vida, aunque sean delincuentes.