Una auditoría de la Contraloría General de la República señala deficiencias en la planificación, mantenimiento y disponibilidad de salas de operaciones, tomógrafos y mamógrafos en la red hospitalaria de la Zona Sur, situación que afecta la oportunidad de la atención y genera miles de traslados de pacientes.
La CGR emitió un informe de auditoría sobre la disponibilidad de infraestructura quirúrgica y equipamiento para diagnóstico por imagen en la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud (RIPSS) Brunca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), concluyendo que existen incumplimientos significativos en la gestión de estos recursos que afectan la continuidad y oportunidad de los servicios de salud para una población cercana a las 379.000 personas de la Zona Sur del país, incluidas comunidades indígenas.
La auditoría analizó las condiciones de los hospitales Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, Ciudad Neily, Manuel Mora Valverde de Golfito, Tomás Casas Casajús de Osa y Juana Pirola de San Vito durante el período comprendido entre enero de 2023 y mayo de 2025.
Según la Contraloría, la CCSS no ha desarrollado una planificación articulada a nivel de red para priorizar inversiones en infraestructura quirúrgica y equipamiento médico. Tampoco ha logrado orientar el mantenimiento de estos activos hacia la prevención de fallas, situación que ha provocado interrupciones en servicios esenciales, aumento de traslados de pacientes y mayores costos tanto para la institución como para las personas usuarias.
Entre los hallazgos más relevantes destaca la existencia de infraestructura quirúrgica subutilizada y, al mismo tiempo, insuficiente. El Hospital de Ciudad Neily mantiene seis salas quirúrgicas afectadas por falta de especialistas y ausencia de horarios ampliados de producción. En Golfito existen dos salas de cirugía, pero únicamente un equipo completo de enfermería quirúrgica, lo que limita su funcionamiento simultáneo. En el Hospital Tomás Casas Casajús de Osa el módulo quirúrgico es considerado crítico debido a que solo cuenta con un anestesiólogo activo. Por su parte, el Hospital Juana Pirola de San Vito requiere una tercera sala de operaciones para responder a la demanda existente.
La situación también afecta al Hospital Escalante Pradilla, centro regional de referencia de la red Brunca, donde las cinco salas activas de cirugía y una sala de recuperación resultan insuficientes para la demanda regional. Además, a febrero de 2026 las salas quirúrgicas no contaban con habilitación sanitaria vigente por parte del Ministerio de Salud.
En materia de diagnóstico por imagen, la auditoría señala que toda la Región Brunca dispone de un único tomógrafo, ubicado en el Hospital Escalante Pradilla, cuyo nivel de utilización ya supera ampliamente su vida útil estimada. Asimismo, la disponibilidad de mamógrafos ha sido limitada debido a fallas y obsolescencia de equipos. El mamógrafo del Hospital de Ciudad Neily quedó fuera de servicio en 2022 después de superar su vida útil y fue sustituido hasta finales de 2025. El equipo del Hospital Tomás Casas Casajús también salió de operación en 2024 por fallas asociadas a su antigüedad.
Las consecuencias de estas limitaciones se reflejan en los tiempos de espera y en la presión sobre la red hospitalaria. Entre enero de 2023 y junio de 2025 se realizaron 115.036 referencias de pacientes para servicios quirúrgicos. A noviembre de 2025 existían 9.919 cirugías pendientes en el Hospital Escalante Pradilla, con tiempos promedio de espera de 367 días. Además, la lista de espera para tomografías alcanzó 6.132 personas a febrero de 2026, con una espera promedio de 479 días. En el caso de las mamografías, la red mantenía aproximadamente 8.461 exámenes pendientes.
La Contraloría también identificó debilidades en la planificación y seguimiento del mantenimiento de infraestructura y equipamiento médico. Como ejemplo, señala que las dos salas de operaciones del Hospital Tomás Casas Casajús permanecieron fuera de servicio durante seis meses en 2024 debido a problemas en el sistema de aire acondicionado y a la ausencia de un contrato activo de mantenimiento, obligando al traslado de pacientes a otros centros hospitalarios.
El informe advierte que estas deficiencias reducen la capacidad de respuesta de la red de salud, incrementan los costos de transporte para pacientes y generan dependencia de servicios privados de ambulancia. Entre 2023 y 2025 se registraron 46.371 traslados en ambulancia desde hospitales de la región, de los cuales más de la mitad fueron realizados mediante servicios privados.
Ante estos hallazgos, la CGR emitió disposiciones de cumplimiento obligatorio dirigidas a autoridades de la CCSS para que establezcan instrumentos de planificación de infraestructura y equipamiento, regularicen la habilitación sanitaria de las salas quirúrgicas del Hospital Escalante Pradilla y elaboren diagnósticos integrales sobre el estado de conservación de la infraestructura y los equipos médicos de la región.
El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional del Sinabi y la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, se complacen en invitarle a la actividad Dos hombres y un volcán por el Dr. Luko Hilje. Esta actividad está basada en libro del mismo título de María Isabel Quesada Rojas y Luko Hilje
Esta actividad es parte del ciclo «Recuperando nuestro pasado«.
La Defensoría de los Habitantes presentó un informe final con recomendaciones sobre las estrategias de financiamiento de la banca pública costarricense al sector agropecuario no exportador. La investigación analizó datos del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y del Banco de Costa Rica (BCR) durante los últimos diez años, y revela un patrón sistemático de barreras para acceder a condiciones acorde a su realidad, siendo las mujeres, jóvenes y habitantes de zonas rurales la más afectadas.
El sector agropecuario no exportador, integrado principalmente por pequeñas y medianas unidades productivas orientadas al mercado interno y a la seguridad alimentaria, ha visto cómo el crédito bancario se aleja progresivamente de sus necesidades. Lejos de corregir esta tendencia, la banca pública ha adoptado lógicas comerciales que priorizan la rentabilidad por encima de su mandato constitucional de desarrollo social.
Uno de los hallazgos de la investigación es la masculinización del crédito agropecuario. En el BNCR, por cada mujer que accede a financiamiento, hay ocho hombres que lo hacen. Del total de la cartera analizada (35.298 registros), apenas 3.650 corresponden a mujeres, frente a 30.309 hombres.Esta brecha se agrava cuando se incorpora la variable de edad. Del total de mujeres con crédito activo, únicamente 186 son jóvenes (menores de 35 años) en todo el país. En contraste, casi 2.000 hombres jóvenes accedieron al mismo tipo de financiamiento en el mismo período. Esto significa que ser mujer y joven en el campo costarricense representa una doble barrera para acceder en condiciones reales al sistema financiero público.
La investigación también revela que las mujeres productoras enfrentan tasas de interés más altas conforme envejecen dentro del sistema bancario. En el segmento de adultas mayores, las mujeres pagan en promedio un 8,50%, mientras que los hombres en la misma etapa acceden a tasas de 8,11%. Esta desigualdad acumulada limita la autonomía económica de las mujeres rurales a lo largo de toda su trayectoria productiva.
La investigación identificó que las barreras de acceso al crédito agropecuario no se limitan a las tasas de interés. Existe un conjunto de obstáculos normativos, institucionales y operativos que impiden al pequeño productor rural integrarse al sistema financiero formal:
Requisitos documentales desproporcionados: se exige al agricultor estados financieros, flujos de caja proyectados y certificaciones de contadores, exigencias propias de una empresa urbana consolidada.
Normativa prudencial inadaptada: el Acuerdo SUGEF 1-05 penaliza la estacionalidad agrícola al medir la solvencia con criterios de flujo constante, clasificando al productor rural como sujeto de alto riesgo por la naturaleza cíclica de su actividad.
Concentración territorial del crédito: el BCR coloca el 83,8% de sus recursos agrícolas en San José y Alajuela. Cantones como Curridabat y Escazú concentran más crédito agrícola que provincias con vocación productiva como Heredia o Cartago.
Ausencia de asistencia técnica: ambas entidades bancarias reconocieron no brindar acompañamiento técnico a los productores, limitando su rol a la transacción financiera.
Falta de segmentación: el BCR admitió no contar con un indicador que diferencie entre productor de mercado interno y agroexportador, lo que impide fiscalizar si los recursos públicos cumplen su función de seguridad alimentaria.
Costa Rica importa el 92% de los frijoles, el 99% del maíz y cerca del 70% del arroz que consume. Esta dependencia alimentaria hace aún más urgente el fortalecimiento del sector agropecuario no exportador. Sin embargo, la banca pública, que por mandato constitucional debe orientar el ahorro nacional hacia el desarrollo productivo y la reducción de desigualdades, ha derivado hacia una lógica comercial e impone barreras precisamente a los actores que más necesitan financiamiento.
La Defensoría de los Habitantes instó al Consejo de Gobierno, en su condición de dueño de la banca pública, a emitir una directriz vinculante dirigida a las Juntas Directivas del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica, con el fin de que ambas entidades cumplan efectivamente con su mandato de financiar con condiciones reales al sector agropecuario no exportador.
Dicha directriz deberá ordenar que ambos bancos aprueben un plan institucional de cumplimiento con metas anuales verificables, datos desagregados por sexo, edad y territorio, y un esquema de seguimiento semestral, y que revisen sus modelos de atención para simplificar requisitos, reconocer la estacionalidad agrícola, establecer plazos máximos de respuesta y fortalecer la cobertura fuera de la Gran Área Metropolitana. El acceso equitativo al crédito agropecuario no es un asunto técnico menor: es una condición para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural de Costa Rica.
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En las últimas décadas, globalmente se ha deteriorado el humanismo en la medicina, cuya esencia es el servir con empatía y hacer sentir a los pacientes el cariño de aquel que busca aliviar sus dolencias. La presencia amplia de dispositivos tecnológicos ha generado que los médicos hoy tengan que dedicar más tiempo a las tareas administrativas, incluyendo el cumplimiento con los requisitos del llenado de los expedientes electrónicos, olvidándose, por falta de tiempo, de sentarse, escuchar, dedicarle al enfermo el tiempo necesario, de acuerdo a sus necesidades afectivas y de salud. Hoy la tecnología nos alcanzó y nos rebasó, lo que tal vez desemboque en el futuro en un médico híbrido: medio humano, medio robot.
La inteligencia artificial (IA) se ha incorporado de manera progresiva a la práctica médica; bien empleada y enseñada, puede llegar a ser parte positiva de un armamentario que redunde en una mejor calidad de atención del paciente con coherencia, con habilidades clínicas y humanistas inherentes a ese ser humano que decidió abrazarse con absoluta dedicación y verdadera vocación a la más noble de las profesiones. Por lo tanto, su incorporación debe realizarse bajo principios de seguridad, supervisión humana, protección de datos, verificación de fuentes y responsabilidad profesional.
En los estudiantes de medicina, la IA ha reemplazado la búsqueda manual de información en las revistas indexadas, porque ahorra tiempo. La mayoría de las veces provee información rápida que satisface al usuario, pero este no sabe cómo llega a sus resultados y que no está exenta de errores. También es utilizada para compararla con el diagnóstico y un plan de tratamiento planteados por el humano, pero conlleva el riesgo de abandonar el pensamiento crítico, la corroboración de información y de reemplazar la relación empática médico paciente. Esta Academia propone:
En primer lugar, la IA debe ser usada para apoyar y reforzar el razonamiento clínico, no para substituirlo. Es un complemento, una herramienta, no un instrumento en sí mismo. Generar posibles diagnósticos diferenciales que no se han tomado en cuenta, detectar “banderas rojas” antes de su manifestación obvia. Ordenar casos clínicos para no pasar por alto información. Detectar patrones desconocidos de enfermedades.
Para fines educativos para el estudiante de medicina y formativos para el médico joven, la IA facilita el acceso a mayor información, al revisar bases de publicaciones científicas, lo que permite hacer búsqueda de citas bibliográficas de determinado tema para luego revisarlas. En la docencia, la IA es útil para preparar clases y entrenar a médicos residentes en casos complejos, siempre verificando las fuentes. Debe recordarse que la IA inventa información.
La IA mejora la eficiencia administrativa, dejando más tiempo al médico para función eminentemente clínica y docente.
La IA mejora la comunicación con el paciente, permite dar información, recomendaciones o instrucciones en forma más clara y más fácil de comprender. Explicar benéficos y riesgos de tratamientos, en un lenguaje más cercano al paciente. Crear instructivos para determinada enfermedad crónica, de forma que el paciente lo comprenda cabalmente y lo motive para la adherencia al tratamiento. Resumir publicaciones médicas.
La IA no debe usarse como autoridad final para diagnóstico, tratamiento, indicación quirúrgica, pronóstico, triaje crítico o decisiones médico-legales sin validación humana y contexto completo.
Se debe introducir al estudiante de medicina en el uso adecuado y analítico de la IA. Debe explicarse las bases de su funcionamiento y sus diferentes tipos de uso médico, destacar sus fortalezas y debilidades, aplicar el tipo de IA idónea según cada necesidad y situación contextual, siempre teniendo en mente que es un instrumento complementario para el médico, no su reemplazo, ya que el juicio emitido por la IA no siempre es correcto y que se debe verificar y evaluar según la situación. Debe enseñarse cómo elaborar preguntas (prompts), cómo proteger la privacidad del paciente, cómo se debe interpretar una respuesta generada por la IA y cómo verificarla. También debe enseñarse qué son los sesgos, errores, alucinaciones y las limitaciones de IA. Quienes forman nuevos médicos, deben inculcar humanismo, desarrollar habilidades clínicas y razonar críticamente, basado en evidencia, no en ocurrencia y mucho menos, en datos globales. Los pacientes son seres únicos, irrepetibles, no reproducibles y por ende, merecen ser tratados, como tales.
En conclusión, la IA debe ocupar en medicina el papel de un copiloto clínico, educativo y administrativo que fortalezca el razonamiento clínico, facilite la actualización científica, mejore la eficiencia documental y fortalezca la comunicación con el paciente. Su uso exige pensamiento crítico, supervisión humana, verificación de fuentes, protección de la privacidad y reconocimiento explícito de sus limitaciones. La formación médica contemporánea debe preparar a los futuros profesionales para utilizar la IA con competencia técnica, criterio clínico y responsabilidad ética.
Junta Directiva Academia Nacional de Medicina de Costa Rica Junio, 2026
La división de poderes no es un artificio jurídico: es la memoria viva de un país que quiso evitar la concentración del poder en una sola mano. Desde la Constitución de 1949, Costa Rica aprendió que la democracia se sostiene en el equilibrio, en la vigilancia mutua de los poderes, en la certeza de que ningún gobernante puede ser juez y verdugo al mismo tiempo.
Hoy, sin embargo, la brújula política parece extraviada. La presidenta envía proyectos de ley que permiten al poder matar con presunción de inocencia, todo en nombre de la lucha contra el narcotráfico. ¿Es esa la patria que aprendimos a amar? ¿Una patria con cuchillos en la mano, con cárceles más grandes y con la justicia convertida en rehén del miedo?
Defender la independencia del Poder Judicial no significa encubrir la corrupción ni negar la lentitud de la justicia laboral, que tantas veces ha dejado a los trabajadores esperando años por una sentencia. Significa reconocer esas falencias y exigir su corrección, pero sin entregar la justicia al capricho del poder político. Porque la justicia lenta se reforma; la justicia sometida se destruye.
La Sala Constitucional, que tantas veces ha protegido derechos laborales y sindicales, también está bajo amenaza de ser tomada por otros poderes. Si la Sala deja de ser independiente, ¿quién defenderá al trabajador despedido injustamente, a la mujer discriminada, al ciudadano frente al abuso del Estado?
Jorge Debravo escribió: “Yo no quiero que la patria tenga cuchillos en la mano.” Ese verso, nacido de la poesía, hoy se convierte en consigna política. No queremos una patria que se parezca a la experiencia salvadoreña de Bukele, inflada por sectores de derecha, pero cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU por sus violaciones a la independencia judicial. Queremos una patria que se parezca a la dignidad, a la memoria, a la justicia que se construye sin miedo.
La independencia judicial es más que un principio constitucional: es la garantía de que la democracia no se convierte en republiqueta punitiva. Defenderla es defender la vida, la libertad y la esperanza. Y como Debravo, repetimos: no queremos guerras ni cuchillos en la mano de la patria. Queremos justicia libre, digna y humana.
El subsuelo de Dostoievski es hoy nuestro espejo. Alienación y resentimiento marcan la vida pública: diputados que rechazan a los 18 candidatos a magistrados suplentes enviados por la Corte, mientras ninguno de ellos se defiende en el buen sentido. El pensamiento camina de puntillas, como si pensar fuera ofender. Esa tolerancia se acerca más a la cobardía que a la virtud, y la democracia se hunde en un silencio que recuerda al hombre del subsuelo, incapaz de hablar sin contradicciones, atrapado en su propio resentimiento. Como escribió Dostoievski: “Soy un hombre enfermo… soy un hombre malo.” Esa confesión es hoy la voz de una institucionalidad que se niega a defenderse, como si la enfermedad y el silencio fueran su destino.
Dostoievski cuestionaba el racionalismo que pretendía reducir la vida humana a fórmulas matemáticas. En Costa Rica, la división de poderes nació como respuesta histórica a la concentración del poder, pero hoy se ve debilitada por proyectos que legitiman la violencia en nombre de la “lucha contra el narcotráfico”. La presidenta envía leyes que permiten matar con presunción de inocencia: un racionalismo perverso que convierte la justicia en cálculo punitivo. Defender la independencia judicial no es alcahuetear la corrupción, sino impedir que la lógica del poder sustituya la ética de la justicia. El hombre del subsuelo lo anticipaba: “¿Qué importa la razón cuando lo que se quiere es la voluntad?” Esa voluntad, sin ética, es la que amenaza con destruir la república.
En Los demonios, Dostoievski mostró cómo las ideologías extremas podían arrastrar a la juventud hacia la violencia. Hoy, los nuevos señores feudales no son revolucionarios, sino corporaciones tecnológicas y élites económicas que manipulan la inteligencia artificial y la economía global. La inteligencia se limita a los intereses de unos pocos, y los derechos humanos se vuelven negociables. En Davos, un yerno de Trump propone construir campos de golf sobre el cementerio de Gaza y recibe aplausos: la banalidad del poder que celebra la destrucción como desarrollo. En Costa Rica, se manipulan nombramientos de magistrados para destruir la institucionalidad y avanzar hacia un Estado autoritario, ahora con voz femenina para no asustar, mientras una mano oscura da sombra a la presidenta.
El subsuelo de Dostoievski es también el subsuelo de nuestra democracia: alienación, resentimiento, racionalismo sin ética y poder autoritario disfrazado de modernidad. La independencia judicial es la última defensa contra el regreso a los pleitos a machete, contra la republiqueta punitiva, contra la patria con cuchillos en la mano. Como Jorge Debravo, repetimos: “Yo no quiero que la patria tenga cuchillos en la mano.” Queremos una patria que piense sin miedo, que juzgue con dignidad y que no se arrodille ante los nuevos demonios globales.
*Estudio de la Defensoría revela que el crédito destinado al cultivo de frijol representa menos del 0,20% del financiamiento agropecuario nacional y que la producción nacional cayó un 25,9% entre 2006 y 2024.
La Defensoría de los Habitantes advirtió sobre el progresivo debilitamiento de la producción nacional de frijol y sus implicaciones para el derecho humano a la alimentación, el trabajo digno y el desarrollo de las comunidades rurales, según los resultados del estudio “Análisis del acceso al crédito y estrategia de rescate de la producción nacional de frijol desde un enfoque de derechos humanos”.
La investigación evidenció que la producción nacional de frijol experimentó una caída acumulada del 25,9% entre 2006 y 2024, mientras que el financiamiento destinado a este cultivo ha sido históricamente marginal. Durante el período analizado, el crédito dirigido al subsector frijolero no superó el 0,20% del total del crédito agropecuario, y desde 2021 descendió a niveles cercanos al 0,01% y 0,02%, pese a tratarse de un alimento fundamental dentro de la dieta costarricense.
Los hallazgos muestran que el sistema de financiamiento agrícola continúa privilegiando actividades de mayor escala y menor riesgo financiero percibido, como la ganadería bovina lechera y el cultivo de café, mientras que los pequeños productores de alimentos básicos enfrentan importantes barreras para acceder a recursos productivos.
Un problema que trasciende lo económico
La Defensoría señala que esta situación no constituye únicamente un desafío productivo, sino también una problemática de derechos humanos. La reducción sostenida de la producción nacional de frijol aumenta la dependencia de las importaciones y expone al país a mayores riesgos ante crisis internacionales, eventos climáticos extremos, fluctuaciones de precios o interrupciones en las cadenas globales de suministro», advierte el informe.
Asimismo, el estudio concluye que el debilitamiento del subsector afecta directamente: el derecho humano a la alimentación adecuada, el derecho al trabajo digno de miles de familias rurales, la equidad territorial y el desarrollo de las regiones agrícolas y la seguridad alimentaria y nutricional del país.
El análisis también identifica una concentración territorial de los recursos financieros en las regiones Central y Huetar Norte, mientras que las regiones rurales periféricas continúan enfrentando mayores obstáculos para acceder al financiamiento. Adicionalmente, persisten importantes brechas de género. Las mujeres productoras reciben una proporción significativamente menor de los créditos agropecuarios debido a factores estructurales como el limitado acceso a la propiedad de la tierra, menores garantías patrimoniales y barreras históricas dentro de los sistemas de financiamiento rural.
La Defensoría enfatiza que la producción agrícola nacional debe ser entendida como una infraestructura social estratégica para el país, al igual que la salud o la educación, debido a su papel fundamental en la protección de derechos humanos y la estabilidad social. La institución instó a las autoridades a revisar los mecanismos actuales de financiamiento agrícola y adoptar políticas diferenciadas que permitan corregir las desigualdades existentes.
«El rescate del subsector frijolero no debe verse únicamente como una política agrícola, sino como una estrategia nacional para garantizar derechos humanos, fortalecer la soberanía alimentaria y promover un desarrollo rural más inclusivo y sostenible», enfatizó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
Comunicación Defensoría de los Habitantes
Le invitamos a descargar desde SURCOS el informe del estudio:
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público Facultad de Derecho UCR nboeglin@gmail.com
En este 2026, la Asamblea General de Naciones Unidas escogerá una terna de candidatos para ocupar dos vacantes que se liberan en el seno de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Pese al poco interés de un sector de la prensa internacional y de la opinión pública sobre su papel, esta jurisdicción internacional de La Haya (véase enlace oficial) realiza una labor medular en la comunidad internacional, al resolver mediante la aplicación de normas jurídicas, un gran número de controversias entre Estados: los más de 20 casos pendientes de resolución en la actualidad (véase enlace oficial) dan cuenta de la diversidad de estas controversias que deben resolver sus integrantes, con en algunos casos, un grado de complejidad bastante elevado.
Con relación a América Latina, además de la controversia territorial entre Guyana y Venezuela iniciada en el 2018, la CIJ examina en estos momentos otra compleja controversia territorial entre Guatemala y Belice, también desde el 2018, así como entre Belice y Honduras (desde el 2022) en materia de delimitación marítima, y una demanda que fue interpuesta por México contra Ecuador en razón de la «acción comando» que sufrió su embajada en Quito en el 2024, realizada por las autoridades policiales ecuatorianas.
En un día como el pasado 15 de junio del 2026, en el que el mundo celebró el cese provisional de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, y la reapertura paulatina del paso normal por el estrecho de Ormuz, así como la devolución de activos bancarios a Irán por parte de Estados Unidos, hay una lección que debería llamar la atención a muchos: el recurso a la fuerza militar no es nunca la solución a una controversia entre dos Estados. Luego de varios meses de intensa y desgastante confrontación militar para ambos y para el mundo, Estados Unidos e Irán han entendido que resulta mucho más conveniente resolver las múltiples controversias que los oponen en una mesa de negociación, movilizando a sus mejores equipos de diplomáticos y de negociadores, … y no a tropas militares. De paso, Estados Unidos ha también podido entender que el torpedear sistemáticamente cualquier acercamiento de Estados Unidos con Irán y más generalmente, de pacificación en Oriente Medio, es una especialidad que las máximas autoridades de Israel han desarrollado en los últimos años. Ya en junio del 2025, tuvimos la oportunidad de indicar (Nota 1) que:
«Con relación a la fecha escogida por Israel para llevar a cabo su ofensiva militar sobre Irán el pasado 13 de junio del 2025, es de señalar que también obligó a Francia y a Arabia Saudita a suspender la cumbre prevista a partir del 17 de junio en Nueva York sobre la solución de dos Estados y el reconocimiento de Palestina como Estado (véase enlace de la diplomacia gala al respecto). De paso, vació de todo sentido las negociaciones que llevaba a cabo Irán con Estados Unidos sobre su programa nuclear, con una sexta ronda de negociaciones prevista en Omán el 15 de junio que se suspendió (véase nota de la agencia Reuters)».
Es de esperar que este mismo impasse al que lleva el uso de la fuerza militar también obligue en algún momento a Rusia a suspender su invasión militar a Ucrania (que lleva casi cuatro años y medio sin que Rusia haya logrado nada determinante desde el punto de vista político). Como ejemplo adicional en el que la fuerza militar no lleva a mayor ventaja política, se puede citar a Israel: se trata de un Estado que usa y abusa de su innegable superioridad militar en Oriente Medio desde varios decenios, tanto en el territorio palestino que ocupa ilegalmente, como en Estados vecinos y no tan vecinos (como Irak, Irán y Yemen), en abierta violación a las normas más elementales del derecho internacional público: sus operaciones militares se repiten una y otra vez, con muchas de ellas que califican como verdaderos crímenes de guerra, y una como genocidio en Gaza, sin lograr Israel en lo más mínimo «erradicar» a grupos o amenazas que pretende eliminar recurriendo al uso de la fuerza. Son múltiples los fracasos políticos acumulados por Israel y el pasado 15 de junio, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán pareciera ser uno más, tal como lo señala este titular del mismo TimesofIsrael y este editorial de Le Monde en Francia publicado este 17 de junio. Nótese que sin que se haya dado a conocer el contenido exacto del protocolo de acuerdo suscrito entre Estados Unidos e Irán del 15 de junio del 2026 (será divulgado el día de su firma prevista en Suiza este 18 o 19 de junio), ya Israel ha anunciado estar en contra.
En el caso de la lejana Costa Rica desde donde escribimos, el pasado 8 de abril de manera sorpresiva, declaró repentinamente a varias entidades en Oriente Medio como «organizaciones terroristas» siendo una de ellas la que dirige actualmente los destinos de Irán (véase comunicado oficial), buscando al parecer llamar la atención y sobre todo, confirmando el verdadero «alineamiento» de Costa Rica con Israel al que refiere este artículo publicado en España el pasado 15 de mayo: este artículo anuncia un posible traslado de la embajada de Costa Rica en Israel Tel Aviv a Jerusalén. De materializarse, se trataría de una nueva provocación para la comunidad musulmana y para la comunidad internacional en su conjunto, a la que parecieran estar dispuestas las nuevas autoridades electas costarricenses.
En las líneas que siguen nos interesaremos al modo de elección de los jueces de la CIJ y a la dos vacantes que se deben de suplir en este año 2026, no sin antes referirnos a la importancia de la justicia internacional en estos tiempos tan convulsos que vive la comunidad internacional y a su labor.
La justicia internacional ante las convulsiones de la comunidad internacional
La importancia de la justicia internacional de La Haya cobra una particular relevancia en momentos en que sectores políticos en diversas partes del mundo cuestionan las reglas básicas establecidas por el ordenamiento jurídico internacional.
Y en momentos en los que algunos pocos dirigentes de Estados que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad llevan a cabo acciones militares en total violación a lo establecido por la Carta de Naciones Unidas desde 1945, vituperando contra el multilateralismo y la justicia internacional, al punto de incluso sancionar al personal de otro tribunal, también con sede en La Haya, la Corte Penal Internacional (CPI), como recientemente lo han hecho Rusia y Estados Unidos.
Esta larga entrevista de la BBC a la juez peruana de la CPI, detalla las limitaciones de todo tipo que significa para un juez internacional ser objeto de sanciones por parte de Estados Unidos.
En el caso de este último, es de señalar que el actual ocupante de la Casa Blanca no encontró nada mejor que atacar conjuntamente con Israel a Irán, el 28 de febrero del 2026, tan solo tres días después de haber sido notificado por la misma CIJ de la apertura de la fase de compensación en el marco de la demanda interpuesta por Irán contra Estados Unidos en el 2018 relativa al secuestro ilegal de sus activos bancarios en Estados Unidos: véase texto en francés y en inglés de la ordenanza de la CIJ del 25 de febrero del 2026 (por cierto muy pocamente difundida por los medios de prensa internacionales).
Oriente Medio y la justicia internacional
Este secuestro de activos bancarios iraníes por parte de Estados Unidos en el año 2018 fue declarado ilegal por la CIJ, en el mes de marzo del 2023 (véase textointegral de la sentencia sobre el fondo, párrafo final operativo 236).
Si a nuestros estimables lectores les resulta sorprendente aprender que tres días antes de atacar a Irán, Estados Unidos fue notificado por la CIJ con relación a activos que tiene la obligación de devolverle a Irán y la apertura de la etapa de compensación, este pequeño detalle con relación a la acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán – totalmente ilegal desde la perspectiva jurídica internacional, pero «saludada» por algunos Estados como Argentina y Paraguay en América Latina (Nota 2) – puede dar una idea de la importancia de la labor que realiza la justicia internacional de La Haya, la cual examina asuntos muy variados: tuvimos recientemente la ocasión de analizar las audiencias orales entre Guyana y Venezuela con relación a una de las más antiguas controversias territoriales irresueltas en el hemisferio americano, que se realizaron en mayo del 2026, habiendo Guyana presentado su demanda contra Venezuela en el mes de marzo del 2018 (Nota 3), así como de explicar los alcances de la última ordenanza de la CIJ en el caso que opone Sudáfrica a Israel por genocidio en Gaza desde diciembre del 2023 (Nota 4).
Con relación a Israel y a una narrativa muy influyente en algunos círculos y en algunas salas de redacción que tiende a hacerle creer a la opinión pública que Israel cumple con la normativa internacional vigente, no está de más recordar que el 19 de julio del 2024, en su opinión consultiva, la CIJ declaró (véase texto completo, en particular el párrafo final 285) que:
«(4) Is of the opinion that the State of Israel is under an obligation to bring to an end its unlawful presence in the Occupied Palestinian Territory as rapidly as possible;
(5) Is of the opinion that the State of Israel is under an obligation to cease immediately all new settlement activities, and to evacuate all settlers from the Occupied Palestinian Territory;
(6) Is of the opinion that the State of Israel has the obligation to make reparation for the damage caused to all the natural or legal persons concerned in the Occupied Palestinian Territory;«
../..
«4) Est d’avis que l’État d’Israël est dans l’obligation de mettre fin à sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé dans les plus brefs délais ;
5) Est d’avis que l’État d’Israël est dans l’obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation et d’évacuer tous les colons du Territoire palestinien occupé ;
6) Est d’avis que l’État d’Israël a l’obligation de réparer le préjudice causé à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans le Territoire palestinien occupé ;«
El hecho que estos puntos resolutivos (y todos los demás que se leen en el párrafo 285) hayan sido tomados de manera casi unánime entre los integrantes de la CIJ puede dar una idea de la solidez, bastante relativa, de los argumentos presentados por Israel.
Foto extraía de artículo de prensa titulado «ICJ ruling on Gaza genocide is a historic victory for the Palestinians that Israel vows to defy» , The Intercept, 26 de enero del 2026, disponible en este enlace.
Siempre con relación a Israel y a sus múltiples exacciones en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023 contra la población civil palestina, la misma CIJ emitió otra contundente opinión consultiva dada a conocer el 22 de octubre del 2025 sobre las obligaciones de Israel en Gaza como Estado Miembro de Naciones Unidas: véase el texto en francés y en inglés, y en particular el párrafo operativo final 223, en el que la CIJ le señala a Israel (entre muchos otros puntos) que no puede usar el hambre como arma de guerra. Como lo indicábamos al analizar los alcances de esta opinión consultiva (Nota 5), es la primera vez en toda la historia que la CIJ le recuerda a un Estado una obligación de esta índole.
El informe de Naciones Unidas al 12 de junio del 2026 (véase informe) detalla la continuación de las exacciones israelíes en Gaza, en la mayor impunidad, con un saldo que alcanza casi las 73.000 víctimas mortales identificadas, de las cuales 21.283 niños y 10.983 mujeres, y 173.212 personas heridas, muchas de ellas de gravedad y sin la adecuada atención médica en razón de la destrucción de gran parte de la red hospitalaria y la prohibición que Israel mantiene para la entrada de medicamentos, agua y alimentos en cantidades suficientes a Gaza.
Recientemente, en el mes de abril, con ocasión de actos que califican como crímenes de guerra observados en el Líbano, nos permitimos apoyar la idea para que el Líbano solicite, como Estado, a la justicia penal internacional de La Haya investigar estos crímenes cometidos por Israel, al igual que lo hizo Ucrania a partir del 24 de febrero del 2022 con respecto a las exacciones del ejército ruso en su territorio (Nota 6).
La designación de los jueces de la CIJ en breve
Como se recordará, la CIJ se compone de quince jueces titulares, electos por un período de nueve años, con posibilidad de ser reelectos: en este enlace oficial de la CIJ se puede revisar su composición actual.
Esta nota del 2020 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas detalla el curriculum vitae de ocho candidatos, que permite tener una idea más completa de la formación y de la trayectoria académica y profesional de las personas postuladas por sus respectivos Estados para intentar integrar la CIJ.
Desde el punto de vista geográfico, la CIJ cuenta grosso modo con dos jueces de Africa, dos jueces de América Latina, dos jueces de la región Asia-Pacífico, dos jueces de Europa occidental y dos jueces de Europa oriental, a los que se añadían hasta hace unos años de manera automática cinco jueces: un juez oriundo de China, un juez nativo de Francia, otro de Estados Unidos, otro del Reino Unido y uno originario de Rusia.
Los quince integrantes de la CIJ son electos por la Asamblea General de Naciones Unidas, a recomendación del Consejo de Seguridad. Actualmente, el juez con más tiempo fungiendo como tal es un jurista de Eslovaquia, electo desde el 2003, seguido por su colega de Francia (desde el 2005). Cabe precisar que de quince integrantes, cinco mujeres fungen en la actualidad como juezas en la CIJ, oriundas de Australia, Estados Unidos, China, Kenya y Uganda: véase nuevamente el enlace oficial sobre su composición actual.
Usualmente, en materia contenciosa, estos quince integrantes de la CIJ son acompañados por dos jueces ad hoc, designados cada uno por los dos Estados al iniciar su contienda legal en La Haya. Se trata de un derecho que tiene cada Estado, y al que recurren con frecuencia los Estados que litigan en La Haya, como lo demuestra la larga lista (véase enlace oficial) de jueces ad hoc que han pasado por La Haya, y cuyo perfil es poco estudiado (Nota 7). Al revisar con detenimiento esta larga lista, no necesariamente existe una coincidencia entre la nacionalidad del juez ad hoc con la del Estado que lo designa, optando los Estados por designar como jueces ad hoc a juristas de trayectoria de otras nacionalidades. Así por ejemplo, en la larga secuencia de demandas reiteradas entre Costa Rica y Nicaragua con relación a su frontera fluvial observadas entre el 2005 y el 2017 (un total de cinco demandas, con cuatro presentadas por Costa Rica, y una por Nicaragua), Costa Rica optó por un juez ad hoc brasileño, luego sudafricano y uno alemán, al tiempo que Nicaragua escogió a un jurista francés (ex juez titular y ex Presidente de la CIJ) y a un jurista jordano.
Con respecto al Consejo de Seguridad, el Artículo 10, inciso 2 del Estatuto de la CIJ (véase texto) establece claramente que no habrá distinción alguna entre los votos de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, al precisar que:
«2. En las votaciones del Consejo de Seguridad, sean para elegir magistrados o para designar los miembros de la comisión prevista en el Artículo 12, no habrá distinción alguna entre miembros permanentes y miembros no permanentes del Consejo de Seguridad«.
Se trata de una de las pocas disposiciones en Naciones Unidas en la que resulta irrelevante el tener dentro del Consejo de Seguridad un voto en contra (o varios…) provenientes sea de China, de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido o de Rusia. Dicho en otras palabras, si una persona como jurista se ha manifestado o ha publicado textos sumamente críticos en contra de uno de estos cinco Estados durante su carrera profesional o como diplomático (a), ello no afecta su candidatura: siempre y cuando el Estado que lo proponga sí logre obtener el respaldo necesario mínimo de ocho votos dentro del Consejo de Seguridad, de quince posibles.
Los designados jueces a la CIJ resultan de un proceso de votación que involucra tanto al Consejo de Seguridad (15 Estados Miembros) como a la Asamblea General (193 Estados Miembros). Resulta de interés observar el número de rondas que fueron necesarias en el mes noviembre del 2023 dentro del Consejo de Seguridad (cinco en total) para finalmente reunir a cinco candidatos con los votos necesarios para ser designados (véase acta del Consejo de Seguridad S/PV.9471).
El lograr, para un Estado, reunir votos a favor de su candidato en el seno del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, resulta del intercambio de apoyos a los que frecuentemente recurren los departamentos de candidaturas de las direcciones de asuntos multilaterales de cada uno de los ministerios de relaciones exteriores de los 193 Estados que son miembros de Naciones Unidas.
Estos intercambios de votos responden usualmente a criterios de oportunidad como parte de una negociación política. Cabe precisar que a menudo este tipo de candidaturas son negociadas por los Estados a cambio de un apoyo por otra candidatura en órgano de Naciones Unidas e incluso en otra organización internacional.
Estos intercambios de favores políticos no se limitan únicamente a candidaturas de nacionales a título individual, sino que pueden a veces incluir una candidaturas/país: por ejemplo, en el 2005, Costa Rica apoyó a Nicaragua para ocupar una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, honrando un compromiso adquirido con Nicaragua al solicitarle votar en junio del 2003 en favor del candidato de Costa Rica para ocupar el cargo de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase nota de La Nación de octubre del 2005).
Las vacantes en este 2026
En este 2026, se observarán elecciones para suplir la vacante que deja el actual juez de Francia, quién funge como juez de la CIJ desde el 2005, habiendo sido reelecto en el 2018 (véase nota oficial de la CIJ); y, al parecer, la vacante que libera el juez oriundo de la India, electo en el 2012 y reelecto en el 2018 (véase hoja de vida).
Al momento de redactar estas líneas (14 de junio del 2026), se contabilizan para estas elecciones previstas en noviembre del 2026, las candidaturas de una mujer y de cuatro hombres:
– una candidata propuesta por Singapur (véase nota de presentación);
– un candidato propuesto por Corea del Sur (véase nota de presentación);
– un candidato propuesto por Botswana (véase nota de un colectivo de juristas), sin que se tenga certeza si el aparato diplomático de Botswana apoya a este candidato;
– un candidato propuesto por el Reino Unido (véase nota oficial del Reino Unido);
– un candidato de Francia (véase nota oficial de Francia);
Con relación a las organizaciones que luchan en Europa por la equidad de genero en las organizaciones internacionales, puede interpelar el poco interés en obligar a los Estados europeos a postular también a mujeres a la CIJ.
En marzo del 2025, Perú anunció oficialmente la candidatura de una jurista peruana (véase nota de un medio oficial del Estado peruano) para esta contienda del 2026. No obstante, en enero del 2026, se informó que Perú retiraba su apoyo a una candidatura a la CIJ de la actual jueza peruana en la CPI (véase su entrevista en un medio televisivo peruano). En esta nota de prensa del 24 de enero del 2026 se lee que:
«La Cancillería peruana explicó que se descartó la candidatura tras evaluar las consecuencias de estas medidas para la viabilidad internacional de la jurista, especialmente por el peso que tienen Washington y Moscú en la elección de jueces del principal tribunal de la ONU».
Salvo error del periodista o de la transcripción de la información oficial proporcionada por Perú a los medios de prensa, se trata de un razonamiento totalmente erróneo: no influye mayormente la negativa de los Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad para la elección de los jueces de la CIJ, tal y como lo explicamos con anterioridad. Podríamos señalar, usando algunos de los términos de la cita anterior, que «Washington y Moscú no tienen ningún peso en la elección de jueces al ser su voto igual al de cualquier otro Estado» en una misiva a enviar (discretamente…) a nuestros estimables colegas diplomáticos en Lima.
Más allá de la crisis política e institucional que vive Perú desde varios años, pero que no debiera permitir que se afirmen cosas erróneas por parte de su aparato estatal, en el caso de Singapur y de Corea del Sur, ambos Estados hacen ver en las postulaciones oficiales de sus respectivos nacionales que nunca la CIJ contó con un jurista de estos Estados.
La última designación de un integrante de la CIJ se realizó en noviembre del 2025 para la vacante dejada por el juez titular de Somalia, Abdulqawi Ahmed Yusuf, que renunció antes de cumplir su período en junio del 2025. Luego de varias largas rondas de votaciones, fue finalmente escogida la candidata presentada por Kenya, obteniendo 106 votos, el candidato propuesto por Sierra Leone obteniendo tan solo 79 votos (véase enlace con a la derecha detalle de las diversas rondas de votaciones). Este pequeño detalle numérico debería de interpelar a algunos Estados y a algunas regiones del mundo que continúan postulando únicamente a hombres, a sabiendas del histórico desequilibrio de genero existente en el seno de la CIJ.
Ya en el 2020, se hacía ver que de quince integrantes en la CIJ, solamente tres eran mujeres (véase nota de la organización Gqualcampaign).
Otra de las designaciones anteriores de un integrante de la CIJ se realizó en el mes de mayo del 2025, escogiendo a un único candidato propuesto por Jordania, en sustitución del ex juez de la CIJ de nacionalidad libanesa que presentó su renuncia a finales del 2024 para convertirse en el actual Primer Ministro del Líbano (véase nota oficial de prensa de Naciones Unidas). El hecho que ningún Estado de Oriente Medio presentará otra candidatura evidencia la solidaridad de los Estados de esta región del mundo. Salvo error de nuestra parte, es la primera vez en la historia que un juez titular de la CIJ renuncia a su cargo, para ir a dirigir el gabinete del Estado del que es oriundo (en este caso, el Líbano).
Anteriormente, en noviembre del 2023, se escogieron un total de cinco nuevos integrantes de la CIJ oriundos de Australia (reelección), Estados Unidos, México, Rumanía y Sudáfrica (véase nota oficial de prensa de Naciones Unidas). En esta nota se detalla el número de votos mínimos requeridos (97 votos a favor) en la Asamblea General de Naciones Unidas y la suerte diversa que conocieron los candidatos (todos masculinos) propuestos por Egipto (reuniendo 81 votos), Zambia (81), Rusia (77) y República Democrática del Congo (65).
Una regla no escrita … en un mundo en cambio
Una regla no escrita desde 1946 explica que en la composición de la CIJ, siempre se haya contado con un juez oriundo de China, otro de Estados Unidos, otro de Francia, otro del Reino Unido y otro de Rusia.
Esta singularidad de la CIJ se ha mantenido con cierta permanencia desde 1946 y hasta hace unos pocos años: en efecto, se ha observado en el 2022 y en el 2017 a candidatos propuestos por uno de los los cinco Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad perder la contienda frente a candidatos de otros Estados:
– en las elecciones del 2023, no resultó reelecto el juez propuesto por Rusia (véase nota de prensa), por lo que, por vez primera en su historia desde 1946, la CIJ no cuenta con un integrante ruso en su composición. La agresión militar de Rusia a Ucrania en febrero del 2022 y su desafío a la autoridad de la CIJ explican en gran parte esta inédita situación para la CIJ. Este fracaso diplomático de Rusia fue precedido por otro fracaso, esta vez de la diplomacia británica;
– en el 2017, la diplomacia del Reino Unido sufrió un revés similar, al no ser reelecto su candidato, y ser designado en su lugar un jurista propuesto por India (véase informe al respecto del Parlamento del Reino Unido). En este titular de The Guardian, se habla de una verdadera «humillación» para la diplomacia del Reino Unido, cuando lo correcto sería indicar que los tiempos han cambiado, simplemente: la diplomacia del Reino Unido ya no es lo que era en 1946, y la diplomacia de la India de 1946 … ha dejado de serlo y ello desde hace ya un buen tiempo. Las seis rondas de votación efectuadas en noviembre del 2017 (véase detalle en este enlace) indican que en la primera de ellas, el candidato británico reunió 147 votos frente a 149 para el candidato de la India, mientras que en la última ronda, reunió 76 frente a 115 obtenidos en favor de la candidatura de la India.
En estas elecciones del 2026, Francia buscará reemplazar al juez saliente galo por otro, al parecer convencida que siempre puede continuar contando en permanencia con un juez de su nacionalidad, tal y como ha ocurrido efectivamente desde 1946. Notemos que la tradición francesa quiere que el candidato galo propuesto para ocupar la vacante en la CIJ sea el Director Jurídico del Quai d’Orsay: fue el caso del actual juez galo, y el de todos sus antecesores (véase por ejemplo la hoja de vida de Guy Ladreit de La Charriere, juez de la CIJ de 1982 a 1987). No obstante, para esta contienda del 2026, Francia pareciera innovar, al designar esta vez a su actual embajador en funciones en La Haya.
Al tiempo que el Reino Unido buscará reunir votos suficientes que permitan superar lo acontecido con su candidato en el 2017.
Este duelo diplomático entre los aparatos de Francia y del Reino Unido es bastante inusual, al haber siempre contado ambos con la seguridad de tener a uno de sus nacionales fungiendo como juez titular. Al respecto, es de señalar que la candidatura del Reino Unido fue anunciada el 12 de septiembre del 2024 (véase enlace), al tiempo que la de Francia lo fue el 21 de octubre del 2024 (véase tweet oficial de Francia): como si esta última se presentó el mes siguiente en aras de impedir que el Reino Unido le arrebate a Francia el espacio que cree tener asegurado desde 1946 para un jurista galo en el seno de la CIJ.
Como indicado previamente, en la CIJ, como en otros órganos de Naciones Unidas, se mantiene tradicionalmente una repartición geográfica entre Europa occidental (dos jueces) y la denominada Europa oriental (dos jueces), de la que provienen ya dos jueces actuales de la CIJ: el juez de Eslovaquia (véase hoja de vida) y el juez de Rumanía (véase hoja de vida), los cuales representan al continente europeo conjuntamente con sus colegas de Alemania (véase de hoja vida) y de Francia (véase hoja de vida).
Será de interés observar a ambos Estados (Francia y Reino Unido) buscando reunir votos para lograr la designación de sus respectivos candidatos en el seno de la Asamblea General, un ente que cuenta con 193 Estados miembros. En el caso de la región Asia / Pacífico, la contienda que opone Corea del Sur (con un candidato masculino) a Singapur (con una candidata femenina), de igual manera será de gran interés, al tratarse de Estados que nunca contaron con un nacional en el seno de la CIJ.
Es de notar el extremo rigor de la disciplina entre los Estados europeos, al no haberse registrado otras candidaturas del continente europeo para la contienda que se resolverá entre Francia y Reino Unido en noviembre del 2026 en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Temor a Francia y al Reino Unido? ¿Temor a venir a complicar lo que ya constituye en sí una ardua contienda diplomática entre franceses y británicos, cuando más bien, podría ser una opción europea con mayores posibilidades de recoger votos a favor entre los 193 Estados Miembros de la Asamblea General? No se tiene respuesta a estas y muchas otras preguntas, pese a existir excelentes profesionales en derecho internacional en Europa, con amplia experiencia en el ámbito diplomático, tanto hombres como mujeres.
Si el aparato diplomático de Francia se descuida (y si el británico se muestra más activo para lograr reunir apoyos en favor de su candidato), o si el Presidente francés comete otras «bourdes diplomatiques» adicionales a las que ya ha cometido desde el 2017 (Nota 8), Francia podría sufrir un inédito revés diplomático. Lo cual vendría a confirmar los efectos de la tendencia reciente de descartar a jueces oriundos de los cinco Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad. En este caso, lograrían únicamente mantener una presencia ininterrumpida en el seno de la CIJ Estados Unidos (véase hoja de vida de la juez norteamericana) y China (véase hoja de vida de la jueza china), volviendo nuevamente Reino Unido a colocar a uno de sus nacionales en la CIJ, después del revés del 2017.
América Latina y la CIJ
Con relación a América Latina, la CIJ ha contado desde 1946 con varios juristas de la región en su seno, todos hombres (Nota 9). Es de notar que nunca ejerció como juez un jurista oriundo de Bolivia, Costa Rica, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana. Sería tal vez hora que los Estados de América Latina identifiquen a potenciales candidatas para futuras vacantes en la CIJ, al contar la región con excelentes profesionales femeninas en el ámbito de la diplomacia y del derecho internacional público, con amplia experiencia y trayectoria.
La CIJ cuenta en estos momentos con un jurista mexicano, electo en noviembre del 2023 (véase comunicado oficial de México) y con un jurista brasileño, electo en noviembre del 2022 (véase nota de prensa), en sustitución de un jurista de esta misma nacionalidad fallecido antes de cumplir su mandato (2027), el juez Antônio Augusto Cançado Trindade.
La última contienda diplomática entre candidatos latinoamericanos a una silla en la CIJ se jugó precisamente entre Brasil y Argentina, quedando electo el actual juez brasileño de la CIJ en el 2022 (véase documento destinado a la Asamblea General). En el Consejo de Seguridad, el candidato de Brasil obtuvo desde la primera ronda 13 votos, y 2 el candidato de Argentina (véase acta S/PV.9182). Como indicado anteriormente, al fallecer el juez brasileño en el 2022 antes de cumplir su mandato (2027) y abrirse una vacante en el seno de la CIJ, bien hubiese podido Argentina abstenerse de postular a un candidato, dejar que fuera electo un candidato brasileño nuevamente, y esperarse a la contienda del 2023: no lo hizo, por razones que sería de sumo interés conocer, y fracasó su candidato frente al postulado por Brasil.
No está de más recordar que en el 2008, el entonces candidato presentado por Brasil, el jurista Antônio Augusto Cançado Trindade, había logrado ser electo en la CIJ con 14 votos dentro del Consejo de Seguridad (véase acta S/PV.6011), la marca más alta jamás registrada por un candidato propuesto por América Latina, y con 163 votos en la Asamblea General de Naciones Unidas: la mayor marca jamás observada para un candidato a juez para la CIJ.
Estos números no son para nada fortuitos: todos los observadores y los analistas de la vida internacional saben que cuando Brasil postula a un candidato a nivel de Naciones Unidas, o cuando Brasil se postula como Estado para integrar un órgano de Naciones Unidas, la maquinaria diplomática de Brasil despliega su labor de forma tal, que logra siempre su cometido aplastando a sus competidores en números. Hizo la amarga experiencia de esta realidad el candidato argentino para la CIJ en el 2022, una amargura compartida con la candidata de Costa Rica para ocupar la silla de Director(a) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el mes de mayo del 2013 (véase nota del Tico Times). En Naciones Unidas, Brasil es el Estado que más veces ha sido designado Miembro No Permanente del Consejo de Seguridad por la Asamblea General (véase listado oficial de Naciones Unidas). Resulta oportuno recordar que en mayo del 2006, al celebrarse las elecciones para constituir el Consejo de Derechos Humanos por primera vez (sustituyendo a la antigua Comisión de Derechos Humanos), los siguientes Estados de América Latina fueron escogidos, liderando el mayor número de votos a favor Brasil: Argentina (158 votos a favor), Brasil (165), Cuba (135), Ecuador (128), Guatemala (142), México (154), Perú (145) y Uruguay (141); no fueron electos ni Colombia (1 solo voto, posiblemente el suyo), ni Costa Rica (6 votos a favor), ni Honduras (3 votos a favor), como tampoco Nicaragua (119 votos) ni Venezuela (101 votos): remitimos a nuestros estimables lectores, para mayores detalles sobre este episodio pocamente divulgado, a esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas.
A modo de conclusión
Más allá de las cosas que se saben (y que al parecer, en Argentina, algunos no quisieron saber), en una sociedad internacional tan convulsionada como la que se observa en este año 2026, el papel de la justicia internacional en aras de pacificar las relaciones entre Estados debe ser reafirmado sin mayor reserva: el derecho internacional público constituye la única brújula con la que cuenta la comunidad internacional, y erosionar sus basamentos no es de beneficio para ningún Estado.
Hace unos meses (abril del 2026), se celebraron en La Haya los 80 años de establecimiento de la CIJ. Tal y como tuvimos la ocasión de señalarlo al concluir nuestras reflexiones sobre este aniversario, pasado desapercibido o casi en la prensa internacional (véase nuestra nota titulada «Los 80 años de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya: algunas reflexiones«),
«Irrespetar las normas del ordenamiento jurídico internacional, cuestionar su utilidad así como la de los mecanismos internacionales, atacar el multilateralismo de Naciones Unidas, votar en contra de una norma fundamental como la prohibición de la tortura, desacatar decisiones de la CIJ, adoptar sanciones contra jueces de la Corte Penal Internacional / CPI (otra jurisdicción también con sede en La Haya y que a veces se tiende a confundir con la CIJ) o tomar sanciones contra una relatora como la Relatora de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, son acciones que responden todas a un mismo objetivo, fomentado por Estados Unidos y otros Estados (en particular desde la llegada de su actual ocupante a la Casa Blanca): volver a la denominada “ley de la selva”, y a la trágica época imperial que experimentó el mundo, en particular en el siglo XIX. Al respecto, no es coincidencia si algunas declaraciones escuchadas desde el 20 de enero del 2025 en la Casa Blanca sobre Canadá, Cuba, el Canal de Panamá, Groenlandia, Irán o Venezuela, recuerdan la narrativa y la lógica de los emperadores de antaño«.
Esta confrontación recurriendo al uso de la fuerza no está llevando sino a una crisis mundial aguda cuyos efectos ya se han hecho sentir en todo el planeta en este mes de junio del 2026, postergando la solución a muchos otros desafíos urgentes que la sociedad internacional espera que se resuelvan desde muchos años.
Somos de la idea que luego de este caos internacional que buscan fomentar unos pocos Estados liderados por Estados Unidos, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante en enero del 2025, poco a poco volverá la razón y la cordura, al percatarse muchos que no tiene mayor sentido volver a la ley del más fuerte entre los Estados que integran la comunidad internacional. Cabe precisar que el actual ocupante de la Casa Blanca también la ha emprendido contra las normas del ordenamiento jurídico norteamericano, y que muchas de sus «Executive Orders» han sido declaradas totalmente ilegales por los mismos tribunales nacionales norteamericanos (Nota 10).
Los Estados soberanos que integran a la sociedad internacional tienen a disposición desde 1946 un valioso mecanismo como la CIJ para resolver pacíficamente las controversias que puedan surgir entre Estados, cuyas decisiones, de ser respetadas, le ahorrarían muchas crisis y tensiones a nuestra agitada sociedad internacional. El hecho que todas las controversias entre Estados en América Latina hayan sido resueltas pacíficamente, sin recurrir al uso de la fuerza a partir de 1945, se debe en gran parte a la existencia de un emblemático tratado estabilizador como el Pacto de Bogotá, suscrito en 1948, y que habilita la CIJ a resolver disputas entre Estados Partes a este instrumento regional; así como al acatamiento que los Estados de América Latina han siempre demostrado a las sentencias que emanan de la justicia internacional de La Haya.
Como bien lo recordaba el Presidente de la CIJ Gilbert Guillaume (Francia, director jurídico del Quai d’Orsay entre 1979-1987 y luego electo juez de la CIJ de 1987 al 2005) en el mes de octubre del 2001 ante la Asamblea General (véase texto), en un período en el que también, Estados Unidos y algunos de sus aliados consideraban necesario poner en entredicho la vigencia de las reglas derivadas del ordenamiento jurídico internacional:
«La société internationale a besoin de paix. La société internationale a besoin de juges. Elle a besoin de juges qui disent le droit. Vous pouvez être assurés que dans cette perspective la Cour internationale de Justice continuera d’assumer les tâches qui sont aujourd’hui les siennes, comme de remplir celles qui pourraient lui être confiées».
– – Notas – –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Irán / Israel: algunas reflexiones desde la perspectiva del derecho internacional público«, 28 de junio del 2025. Texo integral disponible en este enlace.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «A 15 días del ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán: balance y perspectivas y un repaso a las reacciones oficiales registradas en América Latina«, sitio jurídico especializado de Ius360 (Perú), edición del 15 de marzo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Audiencias orales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la controversia Guyana vs. Venezuela: algunas reflexiones«, 11 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: desde una Costa Rica omisa, apuntes sobre la ordenanza de la CIJ en el caso Sudáfrica c. Israel«, 29 de mayo del 2026. Texto disponible en este enlace.
Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el alcance de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 22 de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «La justice pénale internationale et la CPI au Moyen Orient: bilan et perspectives, notamment au vu de ce qui se passe au Liban«, 11 de abril del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 7: Sobre un análisis reciente de la práctica de los jueces ad hoc, véase REMIRO BROTÓNS A., «Sobre los jueces de la Corte Internacional de Justicia«, Volumen 27, AFDUAM, 2023, pp. 193-217, en particular pp. 201-2013. Texto integral disponible del artículo en este enlace.
Nota 8: Para nuestros estimables lectores, poco familiarizados con el léxico galo, una «bourde diplomatique» se define en francés como un error grosero, y puede ser asimilada al concepto popular costarricense de «torta» o de «tortón«, o de «disparate» (término más usado en otras partes de América Latina para designar estas ocurrentes iniciativas de Francia en el ámbito internacional). No debe ello mayormente sorprender a nuestros lectores que no siguen la actualidad en Francia, en la medida en que, a nivel nacional, la colección de «bourdes» presidenciales es aún mucho mayor, desde que inició sus funciones en 2017 el Presidente Macron. En ese sentido, será de interés ver si Francia logra superar las numerosas «bourdes» en materia de política exterior de su actual mandatario y de su aparato diplomático. Entre las más llamativas, de una larga serie que debieran compilarse algún dia bajo el título «Les macroneries diplomatiques» (o un título similar):
– en octubre del 2023, el Presidente Macron propuso de manera totalmente inconsulta e insólita crear una coalición internacional de Estados contra el Hamás, similar a la establecida para luchar contra el Estado Islámico;
– en el 2025, algunas expresiones usadas durante su conferencia anual dada a los embajadores galos reunidos en Paris impactaron negativamente a los Estados africanos (véase nota de Public Sénat y esta otra en el que se consideran estas declaraciones como «insultantes» publicado en Le Monde);
– recientemente, el canciller de Francia pidió a Naciones Unidas destituir a la actual Relatora de Naciones Unidas sobre los derechos del pueblo palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, a partir de una burdo montaje, lo que que le valió una acción en justicia ante los tribunales franceses por difundir noticias falsas (véase comunicado de JURDI de marzo del 2026).
– en enero del 2026, un primer «tweet» del Presidente Macron omitió condenar a Estados Unidos por la agresión militar sufrida por Venezuela el 6 de enero del 2026 y la captura de su jefe de Estado por parte del ejército norteamericano.
El hecho que Francia siga dando autorizaciones de sobrevuelo a los pilotos del Primer Ministro de Israel, objeto de una orden de captura emitida por la justicia penal internacional de La Haya desde noviembre del 2024, es otra fuerte y muy fundada crítica que se le hace a Francia, en particular si se trata de apoyar la candidatura gala de una persona responsable de aplicar y de interpretar de manera correcta las reglas que establece el ordenamiento jurídico internacional: al respecto, remitimos al texto de una carta indignada de un colectivo de juristas en Francia, JURDI, del mes de abril del 2025.
Será en octubre/noviembre próximos que se podrá verificar si estas y otras actuaciones de Francia en el ámbito internacional le restan (o no) apoyos con respecto a otros candidatos(as) europeos(as) o bien oriundos(as) de otras regiones del mundo.
Nota 9: Los siguientes son los juristas de América Latina que integraron como jueces titulares a la CIJ desde 1946 (por orden cronológico): José Philadelpho de Barros e Azevedo (Brasil, 1946-1951), Alejandro Álvarez (Chile, 1946-1955), Isidro Fabela (México, 1946-1952), José Gustavo Guerrero (El Salvador, 1946-1958), Levi Fernandes Carneiro (Brasil, 1951-1955), Enrique c. Amand-Ugon (Uruguay, 1952-1961), Roberto Córdova (México, 1955-1964), Lucio Manuel Moreno Quintana (Argentina, 1955-1964), Ricardo Joaquín Alfaro (Panamá, 1959-1964), José Luis Bustamante y Rivero (Perú, 1961-1970), Luis Padilla Nervo (México, 1964-1973), Eduardo Jiménez de Aréchaga (Uruguay, 1970-1979), José Sette-Camara (Brasil, 1979-1988), Andrés Aguilar Mawdsley (Venezuela, 1981-1988), José María Ruda (Argentina, 1973-1991), Gonzalo Parra-Aranguren (Venezuela,1996-2009), Francisco Rezek (Brasil, 1997-2006), Bernardo Sepúlveda-Amor (México, 2006-2015), Antônio Augusto Cançado Trindade (Brasil, 2009-2022), que completan en la actualidad Leonardo Nemer Caldeira Brant (Brasil, 2022-…), y Juan Manuel Gómez Robledo (México, 2024-…).
Nota 10: Sobre las numerosas «Executive Orders» firmadas en la Casa Blanca que terminan siendo declaradas ilegales por los mismos tribunales norteamericanos, véase este interesante compendio realizado por autores del sitio JustSecurity, y titulado «The “Presumption of Regularity” in Trump Administration Litigation (4th edition)«.
La Asociación Costarricense de Humanismo Secular (ACOHUSE) invita al panel “El humanismo secular frente a los retos de la erosión de la democracia y los derechos humanos”, un espacio de reflexión y análisis sobre los desafíos que enfrentan las sociedades contemporáneas en materia democrática, convivencia social, educación crítica y respeto a los derechos humanos.
La actividad reunirá a especialistas de distintas disciplinas para abordar temas relacionados con la democracia, la polarización política, el autoritarismo, el uso político de la religión y la construcción de una ciudadanía crítica en el contexto costarricense y latinoamericano.
El panel contará con las siguientes exposiciones:
M.Sc. Edwin Retana, abogado penalista Tema: Dignidad humana y pluralismo en contextos de conflictividad social.
Dr. David Castillo, teólogo Tema: El uso político de la Biblia en el proyecto político Chaves-Fernández.
M.Sc. Claudio Alpízar, politólogo Tema: Democracia, polarización y fatiga institucional en América Latina.
M.Sc. Rodrigo Campos, sociólogo Tema: Educación crítica y democracia en Costa Rica.
Dr. Ricardo Sossa, sociólogo Tema: Autoritarismo cultural y deslegitimación del disenso.
La organización señala que el foro busca propiciar una discusión abierta sobre los procesos de erosión democrática observados en distintas sociedades, así como analizar los desafíos que enfrentan los derechos humanos, el pluralismo y la convivencia democrática en la actualidad.
La actividad se realizará el miércoles 1 de julio de 2026 a las 6:00 p.m. en el Salón de Legisladores de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Las personas interesadas en participar pueden solicitar información y reservar espacio mediante el número 6036-7353.
Detalles de la actividad
Actividad: Foro-panel “El humanismo secular frente a los retos de la erosión de la democracia y los derechos humanos” Organiza: Asociación Costarricense de Humanismo Secular (ACOHUSE) Fecha: Miércoles 1 de julio de 2026 Hora: 6:00 p.m. Lugar: Salón de Legisladores, Asamblea Legislativa de Costa Rica
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