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Respeto, diálogo y condiciones dignas para quienes educan al país

Pronunciamiento de respaldo a la comunidad docente costarricense

Las personas firmantes expresamos nuestra solidaridad con el cuerpo docente y rechazamos categóricamente las descalificaciones manifestadas por la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, quien llamó «vagabundos» a quienes se sumaron a la protesta del 11 de noviembre al anunciar que les rebajaría un día de salario. Ese día, docentes, estudiantes, organizaciones sindicales y ciudadanía en general marcharon en San José para reclamar mayor financiamiento para la educación pública, la atención de obligaciones estatales con las pensiones del Magisterio Nacional y mejoras en las condiciones laborales. Estas demandas legítimas merecen una respuesta pública y respetuosa.

El ejercicio docente abarca mucho más que la impartición de lecciones en el aula; empieza antes de que el estudiantado ingrese al aula y continúa mucho después de que finaliza la clase. Cada jornada exige planificar la enseñanza, preparar materiales accesibles, evaluar lo aprendido y ofrecer retroalimentación oportuna. Implica, además, adaptar estrategias pedagógicas para garantizar la inclusión de todo el grupo, dar seguimiento a las familias cuando las ausencias ponen en riesgo la continuidad educativa y actualizar permanentemente los conocimientos con los que se toman esas decisiones. Con frecuencia, el profesorado asume procesos formativos continuos fuera de su horario de trabajo y los financia con recursos propios. Estas tareas demandan rigor profesional, criterio pedagógico y tiempo efectivo.

Mediante ese trabajo cotidiano, las personas docentes hacen efectivo el derecho humano a la educación. Enseñan a niñas, niños, jóvenes y personas adultas a formular preguntas, contrastar información y participar en las decisiones de sus comunidades. Su labor amplía las oportunidades de movilidad social, las de continuar estudiando y acceso a un trabajo digno; de ella dependen, en gran medida, la convivencia democrática, la formación ciudadana y el desarrollo social y económico del país.

Defendemos irrestrictamente el derecho de las personas docentes a expresar sus demandas y a participar en movilizaciones pacíficas. La protesta social es un pilar de la democracia costarricense, y cualquier medida administrativa o salarial utilizada para sancionar o desincentivar la manifestación pública resulta incompatible con el respeto a las libertades fundamentales y el diálogo social.

Exhortamos al Poder Ejecutivo a que dignifique la labor docente mediante un trato respetuoso y decisiones concretas que mejoren las condiciones salariales y laborales de quienes ejercen esta profesión. Esto implica garantizar remuneraciones acordes con sus responsabilidades, tiempo reconocido para la planificación y evaluación, infraestructura segura y accesible, materiales didácticos adecuados y los apoyos necesarios para atender la diversidad del estudiantado.

Demandamos que estas prioridades se traduzcan en compromisos públicos verificables, con respaldo presupuestario y plazos definidos en diálogo abierto con las organizaciones representativas del magisterio. Garantizar condiciones dignas para enseñar es una obligación del Estado para asegurar el derecho a una educación pública de calidad en todo el territorio de Costa Rica.

Suscriben,

Dra. Gabriela Valverde Soto, decana, Facultad de Educación

Dr. José Antonio Blanco Villalobos, decano, Facultad de Artes

M.G.A. Enrique Montenegro Hidalgo, decano, Facultad de Ciencias Agroalimentarias

Dr. Federico Muñoz Rojas, decano, Facultad de Ciencias

Dr. Leonardo Castellón Rodríguez, decano, Facultad de Ciencias Económicas

Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, Facultad de Ciencias Sociales

Dra. Marcela María Moreno Buján, decana, Facultad de Derecho

Dr. Luis Esteban Hernández Soto, decano, Facultad de Farmacia

Dr. Víctor Schmid Díaz, decano, Facultad de Ingeniería

Dr. Kuok Wa Chao Chao, decano, Facultad de Letras

Dr. Fernando Morales Martínez, decano, Facultad de Medicina

Dr. Steve Quirós Barrantes, decano, Facultad de Microbiología

Dr. David Lafuente Marín, decano, Facultad de Odontología

MBA Walter Anderson Rivera, coordinador, Consejo de Área de Sedes Regionales

Dr. Randall Jiménez Retana, coordinador, Sistema de Educación General

«¿Recuerdan Río Azul?»: Manuel Delgado alerta sobre proyecto de basurero en El Jateo y centro de acopio en Balsa

«Posiblemente ustedes se acuerden de Río Azul», comienza su mensaje Manuel Delgado Cascante, vecino del cantón de Mora quien envió a SURCOS un audio de alerta sobre un proyecto para instalar un basurero en la zona conocida como El Jateo, colindante con el cantón de Atenas.

El vecino recuerda que, cuando se cerró el botadero de Río Azul hace unos veinte años por la contaminación y el daño que causaba a las comunidades, se prometió un tratamiento moderno, sin lixiviados ni olores. «Vayan a La Carpio hoy y lo van a ver, pues La Carpio es el reemplazo histórico del botadero de Río Azul», afirma. Y describe una situación donde la gente sufre enfermedades por el ruido, la contaminación y las moscas. «Veinte años después no han hecho nada en relación con la basura y ahora quieren meter aquí, al cantón de Mora, la basura de todo el área metropolitana y aún más allá», advierte.

Agua y biodiversidad en riesgo

Rl vecino explica que El Jateo es «un lugar riquísimo en variedad vegetal y animal», con al menos cuatro quebradas, una fuente de agua cercana y el nivel freático muy superficial. «Para un cantón como este, para un cantón como Atenas, que tiene tantos problemas del agua, destruir esta riqueza es sencillamente un crimen», afirma.

Camiones en la ruta 27 y basura a cielo abierto

El vecino señala además un tema del que, a su juicio, se habla poco: el transporte. La ruta 27 ya está colapsada, y el proyecto implicaría el tránsito de camiones de basura varias veces al día en ambos sentidos.

Lo que considera más grave es que, según explica, la basura no llegaría directamente al sitio de disposición final. Iría primero a un centro de acopio intermedio en Balsa, donde se depositarían a cielo abierto unas 1.500 toneladas diarias. Desde allí, por la dificultad del acceso, se trasladaría al sitio final en vehículos más pequeños. «¿Se imaginan ustedes lo que es tener un basurero a cielo abierto de 1.500 toneladas diarias de basura? […] Río Azul era sinónimo de basura. Eso va a pasar en Balsa», advierte. Agrega que Atenas, conocido como «el cantón del mejor clima del mundo», se convertiría en «el cantón del basurero», y que las propiedades cercanas perderían gran parte de su valor.

«Costarricenses, ¡ayúdenos a parar esta locura!», concluye.

Un problema nacional: la basurización de los territorios

La preocupación del vecino se inscribe en un conflicto más amplio que SURCOS ha venido cubriendo. En julio de 2025, comunidades de distintas regiones advirtieron que el modelo de gestión de residuos basado en megarrellenos operados por empresas privadas ha convertido a cantones periféricos de la Gran Área Metropolitana en «territorios de sacrificio». Comunidades como Río Azul, Desamparados y La Carpio han vivido las consecuencias, mientras que Mora, Turrúcares, Osa y Miramar enfrentan nuevas amenazas. En ese momento, el Movimiento Cívico No al Basurero en Mora participó junto con otras organizaciones en los foros sobre «Territorios amenazados por la basurización», organizados por la Alianza por una Vida Digna, SURCOS Digital, la Asociación Civil Pro Natura, la Escuela de Geografía de la UCR, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes y el Programa Kioscos Socioambientales.

El tema ha cobrado nueva actualidad en las últimas semanas.

Le invitamos a ampliar detalles sobre este tema en los siguientes enlaces:

¿En la guerra de la basurización, dónde quedan las comunidades?

Movimiento comunitario emplaza al alcalde de Mora para que cumpla su promesa y no se avance con botadero de basura

El «conversatorio» en Turrúcares del 4 de noviembre: recuerdos de poses graves, amenazas vacías y demandas infundadas ante el CIADI

Panoramas SURCOS | 15 de noviembre de 2026

Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:

La política de austeridad es una amenaza al desarrollo del país.
Gilberto Lopes.
https://wp.me/p6rfbZ-AC4

Defender la universidad pública también exige respetar los derechos de toda la comunidad.
Randall Jiménez Retana.
https://wp.me/p6rfbZ-AC1

El «conversatorio» en Turrúcares del 4 de noviembre: recuerdos de poses graves, amenazas vacías y demandas infundadas ante el CIADI.
Nicolas Boeglin.
https://wp.me/p6rfbZ-AC7

El papa, la religión y los sindicatos.
ISFODE.
https://wp.me/p6rfbZ-ACj

Juan Carlos Durán Castro advierte sobre seis frentes que, a su juicio, empujan hacia la privatización de la CCSS.
https://wp.me/p6rfbZ-ACb

Costa Rica: de la «guerra contra las drogas» a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte IV.
Luis G Martínez Sandoval.
https://wp.me/p6rfbZ-ACw

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Costa Rica: de la «guerra contra las drogas» a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte IV (TIC, inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado)

Gobernanza, sostenibilidad y los límites de la IA

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA administrador de empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Principios del modelo CR-IA 2035

El modelo nacional se sustenta firmemente sobre diez principios rectores e institucionales que guían su implementación de manera transversal:

  • Legalidad: Sometimiento absoluto a la Constitución Política y al ordenamiento jurídico vigente.
  • Protección de derechos fundamentales: Blindaje de las garantías individuales y la privacidad ciudadana.
  • Evidencia: Diseño de políticas basadas en datos empíricos verificables y no en percepciones políticas.
  • Interoperabilidad: Capacidad técnica de intercambio seguro y fluido de información entre entidades.
  • Prevención: Priorización de intervenciones tempranas sobre las causas estructurales antes de la reacción.
  • Coordinación institucional: Trabajo articulado en red superando los compartimentos estancos de la burocracia.
  • Inteligencia financiera: Persecución sistemática del flujo económico como motor del delito.
  • Innovación tecnológica: Incorporación responsable de herramientas avanzadas de ciencia de datos y TIC.
  • Evaluación permanente: Medición científica de resultados mediante indicadores rigurosos de impacto.
  • Supervisión humana: Control, gobernanza y responsabilidad humana ineludible sobre todo sistema automatizado.

Resultados esperados

Si el modelo propuesto se implementa de manera progresiva y gradual conforme a la hoja de ruta establecida, los resultados estratégicos esperados para el Estado costarricense abarcarían:

  • Una optimización sustancial en la utilización de la información pública disponible.
  • Un fortalecimiento real de la coordinación interinstitucional en todos los niveles operativos.
  • La capacidad de detección temprana de riesgos, anomalías logísticas y amenazas de seguridad emergentes.
  • Un robustecimiento de las investigaciones financieras y la tasa de recuperación de activos ilícitos.
  • Una mejor focalización territorial y distribución eficiente de los recursos públicos de prevención social.
  • El establecimiento de procesos sistemáticos de auditoría y evaluación científica de las políticas de seguridad.
  • El incremento de las capacidades preventivas estatales y el blindaje de la ciberseguridad nacional.
  • La generación de conocimiento científico nacional y transferencia tecnológica mediante el sistema universitario.
  • Un aprovechamiento ético, eficiente y responsable de las ventajas que ofrece la inteligencia artificial.

Estos resultados esperados en ninguna circunstancia deben entenderse como promesas o garantías automáticas. La tecnología y los algoritmos no eliminan el crimen organizado por sí mismos; lo que realizan es potenciar las capacidades analíticas e institucionales del Estado para comprender el fenómeno y responder a él de forma estratégica y eficiente.

Discusión

La principal innovación conceptual que plantea esta propuesta consiste en modificar de raíz la unidad de análisis de la política pública de seguridad. La pregunta tradicional y lineal que ha guiado las estrategias estatales ha sido de carácter reactivo: ¿Cómo capturamos al criminal aislado? Por el contrario, la pregunta sistémica y contemporánea que introduce este modelo plantea un giro estratégico: ¿Cómo funciona el ecosistema complejo que permite que el crimen organizado continúe reproduciéndose de forma constante?

Ambas preguntas representan interrogantes legítimas dentro del diseño de una política criminal, pero la segunda opción cuenta con la ventaja estratégica de permitir al Estado intervenir simultáneamente sobre un número significativamente mayor de variables críticas.

Una organización criminal puede perder integrantes mediante detenciones y reemplazarlos en poco tiempo; puede sufrir la pérdida de un cargamento o ruta y absorber el evento como un simple costo operativo reemplazable, y puede experimentar el desplazamiento o fragmentación de sus liderazgos locales.

Sin embargo, si el aparato estatal logra afectar de forma simultánea, coordinada y basada en datos las condiciones económicas, financieras, logísticas, territoriales, institucionales y sociales que sostienen el negocio clandestino, aumenta exponencialmente su capacidad soberana para desmantelar la estructura y reducir la capacidad de reproducción del fenómeno sistémico.

Una nueva métrica de éxito multidimensional

El éxito de una política nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado no puede seguir dependiendo de un indicador único, aislado o de carácter mediático. El modelo CR-IA 2035 propone trasladar y evaluar la efectividad estatal a través de cinco dimensiones de forma simultánea, integrada y complementaria:

  • Dimensión de seguridad ciudadana: Medición de la reducción real y verificable de los índices de homicidios, sicariato, lesiones y extorsiones, controlando de manera científica las fluctuaciones y picos de violencia que suelen ocurrir en los territorios tras la remoción o extradición de líderes criminales.
  • Dimensión de economía criminal: Evaluación del volumen total de flujos financieros ilícitos detectados, cantidad de cuentas bancarias inmovilizadas, desarticulación de empresas fachada y porcentaje de patrimonio delictivo recuperado formalmente por el Estado.
  • Dimensión de estabilidad territorial: Medición de la disminución de los factores de vulnerabilidad social, incremento de la permanencia educativa de los jóvenes en zonas de riesgo y recuperación efectiva de espacios públicos por parte de las comunidades y gobiernos locales.
  • Dimensión social y humana: Evaluación de la cobertura, calidad y efectividad real de los programas preventivos de salud mental, tratamiento de adicciones, oportunidades económicas de reinserción y reducción comprobada de la tasa de reincidencia delictiva.
  • Dimensión de fortalecimiento institucional: Medición del incremento en los niveles de transparencia administrativa, reducción verificable de casos de corrupción interna, optimización de tiempos en procesos de contratación pública y eficiencia en los tiempos de respuesta en materia de asistencia jurídica internacional y procesos de extradición.

La política pública debe analizar y auditar las cinco dimensiones simultáneamente mediante el uso del CR-IA Dashboard para asegurar un equilibrio estratégico permanente.

Conclusión

Costa Rica no se encuentra ante la obligación de elegir entre la aplicación de los mecanismos tradicionales de la justicia y la adopción de innovaciones tecnológicas modernas. Ambas dimensiones no son excluyentes; por el contrario, se complementan y potencian de manera estratégica e indispensable. La fuerza pública, los investigadores judiciales, los fiscales, los tribunales de la República y los tratados internacionales de extradición continuarán siendo piezas fundamentales e insustituibles para el sostenimiento del orden democrático. Sin embargo, la efectividad real de todo este aparato institucional se multiplica cuando sus acciones son guiadas por un Estado inteligente capaz de integrar sus bases de datos, procesarlas éticamente mediante modelos de inteligencia artificial y evaluar con rigor científico los resultados obtenidos.

La transformación propuesta se resume en un principio estratégico de control: no se trata de administrar a las organizaciones criminales o carteles, sino de administrar de forma inteligente las condiciones económicas, financieras, logísticas, territoriales y sociales que hacen posible su existencia. Eso significa administrar técnicamente la información, los mercados, la violencia, el dinero, el territorio, la demanda, la logística, los riesgos de corrupción y los resultados medibles del Estado.

La inteligencia artificial no constituye una solución mágica o definitiva frente al narcotráfico; representa una herramienta tecnológica de análisis aumentado. La solución real y de largo plazo continuará dependiendo de la fortaleza de instituciones capaces, la coordinación interinstitucional en red, la inteligencia humana, la investigación profesional, la justicia garantista, el control financiero estricto y el despliegue de políticas sociales eficaces e inclusivas.

Costa Rica ya posee los cimientos y gran parte de las instituciones y políticas públicas necesarias. El ICD cuenta con un nuevo horizonte estratégico nacional trazado en su Plan 2026-2035 en materia de drogas y legitimación de capitales, mientras que el MICITT dispone de las líneas de acción para el desarrollo responsable de la IA. El desafío crítico del presente consiste en conectar de forma operativa esas capacidades para que la información se transforme en inteligencia, la inteligencia guíe la intervención de precisión y los resultados alimenten las nuevas decisiones públicas.

El propósito final del modelo CR-IA 2035 no es edificar un aparato para incrementar la vigilancia invasiva sobre los ciudadanos, sino construir un Estado que comprenda mejor las amenazas que acechan a su población. No se trata de sustituir el juicio humano por algoritmos automatizados, sino de dotar a las personas responsables de proteger a la sociedad de las herramientas necesarias para tomar decisiones estratégicas mejor informadas. No se trata simplemente de ganar una batalla aislada contra una banda específica, sino de heredar al país una capacidad institucional permanente para que, cuando el escenario criminal mute o se adapte, el Estado ya se encuentre técnicamente preparado para comprenderlo, anticiparlo y desactivarlo en defensa de su paz democrática.

Epílogo

La verdadera transformación histórica de la seguridad pública no ocurre cuando una institución adquiere de forma aislada una nueva herramienta tecnológica. Ocurre cuando se modifica de raíz la manera en la que el Estado utiliza y gestiona el conocimiento para la toma de decisiones públicas. Costa Rica se encuentra ante la oportunidad histórica de transitar de una política criminal predominantemente reactiva hacia un modelo de gestión inteligente capaz de observar el fenómeno, comprender sus lógicas sistémicas, anticipar riesgos específicos, intervenir con precisión y evaluar de forma rigurosa sus propios resultados.

La diferencia operativa puede parecer sutil, pero sus implicaciones estratégicas son profundas. Un Estado inteligente que aprende sistemáticamente de cada una de sus intervenciones territoriales y financieras deja de comenzar desde cero ante cada crisis. Cada decomiso aduanero, cada investigación judicial, cada operación financiera sospechosa, cada homicidio violento, cada territorio vulnerable intervenido y cada programa de prevención social implementado genera datos analíticos de gran valor. La cuestión decisiva para la soberanía del país radica en qué hace el Estado con esa información:

  • Si los datos permanecen archivados y separados en burocracias aisladas, únicamente tenemos información estática.
  • Si los datos se integran de forma interoperable y se analizan con rigor científico, obtenemos conocimiento dinámico.
  • Si ese conocimiento se transforma en metodologías aplicables a la toma de decisiones estratégicas, generamos inteligencia operativa.
  • Y si esa inteligencia se despliega con estricto apego a la ley, respeto absoluto a los derechos humanos, transparencia pública y evaluación científica constante, podemos comenzar a hablar formalmente de un Estado inteligente.

Ese es el verdadero e ineludible desafío estructural que enfrenta la República de Costa Rica frente al fenómeno del narcotráfico y el crimen organizado transnacional del siglo XXI.

Bibliografía y fuentes institucionales

  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva 2026-2035.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Información institucional y funciones establecidas en el marco de la Ley N.º 8204.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Cumplimiento y estructura del Plan Nacional sobre Drogas.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Normativa nacional sobre recuperación, incautación y comiso de activos ilícitos.
  • Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Evaluación Nacional de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, actualización correspondiente al año 2026.
  • Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de Costa Rica 2024-2027: políticas, principios y líneas de acción para el uso responsable de la IA.
  • Poder Judicial de la República de Costa Rica. Tratados Internacionales de Extradición, Códigos Procesales y Normativa de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Penal.

Nota editorial:
Puede leer las partes I, II y III mediante los siguientes enlaces:

Parte I

Parte II

Parte III

El papa, la religión y los sindicatos

ISFODE

El sindicalismo cristiano como aliado moral contra la derecha antiobrera

La derecha invoca a Dios para justificar las reformas laborales retrógradas. Los papas invocan a Dios para condenarlas. Esa contradicción, que muchos prefieren disimular, es el punto de partida de este artículo: ¿qué dice realmente la máxima autoridad de la Iglesia Católica sobre el trabajo, los sindicatos y la economía? La respuesta, sostenida de Francisco a León XIV, no deja margen para la ambigüedad.

«El trabajo es con derechos o es esclavo»

El papa Francisco dejó una fórmula que condensa todo el debate: «El trabajo es con derechos o es esclavo». No hay término medio. Cuando se debilita la indemnización, cuando se limita la negociación colectiva, cuando se disfraza la precariedad laboral de modernización, el juicio es claro: eso no es libertad, es la forma contemporánea de la esclavitud.

La defensa papal del sindicato no es decorativa. En 2017, ante la CISL italiana, Francisco lo definió como «expresión del perfil profético de la sociedad», porque «da voz a los que no la tienen» y «desenmascara a los poderosos que pisotean los derechos de los trabajadores más vulnerables». En 2021, ante la Organización Internacional del Trabajo, denunció la «asimetría entre trabajadores y empresarios» como una «flagrante injusticia». Y en materia de propiedad estableció una jerarquía que incomoda a cualquier defensa irrestricta del mercado: la propiedad privada es un «derecho secundario», subordinado al «destino universal de los bienes». Si la propiedad es secundaria, ninguna reforma laboral puede invocar el Evangelio para sacrificar derechos en nombre de la inversión o la competitividad.

La mercantilización como «estructura de pecado»

El papa León XIV retomó esta línea con la misma claridad. En su encuentro con el mundo del trabajo en Buenos Aires, en noviembre de 2026, definió al sindicato como «institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo». La palabra «mercantilización» nombra con precisión el efecto central de las reformas laborales retrógradas: reducir al trabajador a un costo ajustable.

León XIV fue más lejos al calificar moralmente el modelo: «Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión». No es una metáfora: es una categoría teológica que juzga un sistema, no solo intenciones individuales. Y describió el resultado concreto: «Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación… A los trabajadores solo se les valora por su eficiencia». Sentenció, además: «Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social».

El contexto importa: pronunció estas palabras en Buenos Aires, ante el presidente Milei, mientras se consolidaba en Argentina una reforma laboral que el propio oficialismo describió como «antisindical». No fue un gesto abstracto: fue una intervención moral directa sobre un modelo que él mismo calificó como generador de exclusión.

La contradicción, punto por punto

El caso argentino permite documentar el contraste sin eufemismos. La reforma aprobada reduce indemnizaciones, permite jornadas de hasta 12 horas, limita el derecho de huelga, desprotege a los delegados sindicales y habilita que las empresas negocien directamente con empleados por encima de los convenios colectivos. El CELS advirtió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la norma «reduce la negociación colectiva a una expresión residual».

El contraste con el magisterio es directo. La reforma limita la huelga y debilita a los delegados; Francisco dice que el sindicato «da voz a los que no la tienen» y León XIV lo llama «institución indispensable» para resistir la mercantilización. La reforma precariza y reduce protecciones; Francisco responde: «El trabajo es con derechos o es esclavo». La reforma se justifica en nombre del beneficio y la competitividad; Francisco recuerda que la propiedad es secundaria y León XIV advierte que el beneficio absolutizado se vuelve «estructura de pecado». Y el resultado social —más de 32.000 empresas y 465.000 empleos perdidos, con desempleo del 7,9%, según datos de CEPA— coincide con lo que León XIV describe: privar de trabajo es sumergir en la exclusión social.

La opción por los pobres como criterio de juicio

Francisco fue explícito en que esta posición no es partidaria, pero precisamente por eso juzga a todos los partidos. Afirmó que «la opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio» y que «no es una opción política; ni tampoco una opción ideológica, una opción de partidos». Y advirtió: «si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar por el futuro, tenemos que trabajar juntos para sanarlas, para cambiarlas». Quien legisla contra los derechos de los trabajadores no puede reclamar coherencia con ese criterio. La opción por los pobres no es una etiqueta que se invoca: es una medida que se aplica.

Una advertencia necesaria: el riesgo de la cooptación

El artículo quedaría incompleto si no señalara un riesgo que el propio magisterio advirtió: la cooptación del sindicato por el poder político. Francisco alertó en 2017 que el sindicato «corre el peligro de perder esta naturaleza profética y de volverse demasiado parecido a los poderes que debería criticar», y señaló dos tentaciones: el «individualismo colectivista» —proteger solo a los representados e ignorar a los excluidos— y «el cáncer social de la corrupción». Un sindicato que dialoga con gobiernos autoritarios o firma acuerdos funcionales a políticas antisindicales deja de resistir la mercantilización: la administra. La independencia frente al poder político es condición de su misión profética.

Conclusión

El sindicalismo cristiano encuentra en este magisterio tres legitimidades convergentes. Teológica: el sindicato continúa la misión profética. Moral: resistir la mercantilización es defender la dignidad humana. Política: la confrontación con la derecha antiobrera no es una disputa partidaria, sino fidelidad a un juicio evangélico. Cuando la derecha ataca a los sindicatos en nombre de Cristo, ataca exactamente la institución que los papas han confirmado como indispensable. Esa contradicción no debe disimularse: debe señalarse. Ese es el sentido de este artículo y la tarea de ISFODE.

13 noviembre de 2026

Juan Carlos Durán Castro advierte sobre seis frentes que, a su juicio, empujan hacia la privatización de la CCSS

Juan Carlos Durán Castro, defensor de derechos humanos y dirigente sindical en el Hospital San Juan de Dios por más de cuarenta años, hizo un llamado urgente a las dirigencias sociales y sindicales para analizar a fondo los riesgos que, según su lectura, enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). «Como nunca en la historia de la Caja […] hemos visto cómo avanzan algunas tesis realmente privatizadoras, tanto para el seguro de salud como para el régimen de IVM», afirma.

Juan Carlos Durán Castro

Las listas de espera como punto neurálgico

Durán Castro sostiene que los mecanismos institucionales para atender las listas de espera nunca han atacado sus causas estructurales. En su análisis menciona los cuellos de botella, el peso de grupos de poder dentro del gremio médico y el abandono de los mecanismos de control.

Cuestiona en particular las modalidades de pago desarrolladas durante años para reducir esas listas, como el primer reglamento de compra de servicios médicos a terceros de los años noventa, las jornadas de producción, el Modelo Único de Pago y los modelos tarifarios. A su juicio, esas modalidades han generado incentivos perversos y costos crecientes, sin resolver el problema. Las califica como una forma de «privatización endógena» y considera que nunca han sido examinadas a fondo por la Contraloría o la Procuraduría.

Seis frentes de riesgo

El dirigente resume en seis puntos lo que considera el panorama actual de riesgos:

  1. Proyectos de ley. El expediente 25.700, para crear en la CCSS una sección especializada en el reconocimiento de gastos médicos, que según Durán Castro abriría la puerta al copago y que, hasta donde entiende, habría sido retirado para modificarlo. Y el expediente 25.850, que propone crear dos juntas directivas de cinco integrantes, una para el seguro de salud y otra para el IVM.
  2. El reglamento de listas de espera del Ministerio de Salud, publicado el 26 de agosto de 2026, que entrará en vigencia en febrero de 2027 y que, según advierte, permitiría la privatización abierta del manejo de las listas de espera.
  3. El proyecto del Colegio de Médicos y Cirujanos para las listas de espera, que, según Durán Castro, se vincula con intereses de un sector del gremio médico.
  4. La reforma al reglamento de nombramiento de las representaciones en la Junta Directiva de la CCSS, que a su juicio podría derivar en un control total del gobierno sobre la institución. Esto coincide con el diálogo sobre el IVM que se iniciaría en una Mesa Técnica Nacional, aunque las reformas al régimen corresponden a la Junta Directiva. El dirigente teme que se opte por las cuentas nocionales promovidas por el Banco Mundial, que considera una fase previa a las cuentas individuales.
  5. La plataforma PRIS, anunciada por el Ministerio de Salud el 10 de noviembre, que permitirá que el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) tenga trazabilidad en el sector privado, con el consentimiento informado de la persona paciente.
  6. El ofrecimiento público de actores de la Cámara Nacional de la Salud para poner a disposición salas de operaciones para atender las listas de espera de la Caja.

Un llamado a las dirigencias

Durán Castro afirma que, por su conocimiento del sector, se ve obligado a advertir sobre «altos riesgos de corto plazo» y sobre una «baja o nula lectura de la dirigencia al respecto». Señala además que, según ha sabido, especialistas de la Universidad de Costa Rica analizan el portafolio de inversiones de la CCSS, su política salarial y de recursos humanos, las listas de espera, la gobernanza institucional y el sistema informático de compras ERP-SAP.

«Instamos respetuosamente a todas las dirigencias sectoriales, sin excepción, a que realmente se sienten a hacer un balance de fondo del desarrollo actual de los acontecimientos en torno a la Caja; caso contrario, muy pronto los discursos de defensa de esta institución perderán a nuestro juicio gran parte de su sentido», concluye.

El «conversatorio» en Turrúcares del 4 de noviembre: recuerdos de poses graves, amenazas vacías y demandas infundadas ante el CIADI

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR

nboeglin@gmail.com

Introducción

El 30 de octubre del 2026, se anunció la integración de un tribunal arbitral en el marco del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista extranjero y Estado, más conocido por sus siglas en inglés – ICSID – y en francés – CIRDI) en el caso de la demanda interpuesta por la empresa EBI contra Costa Rica en julio del 2025: véase nota de IA reporter y enlace oficial del CIADI sobre el caso registrado bajo el numero ARB. 25/33. En este otro enlace oficial del CIADI se dan a conocer algunos aspectos del procedimiento iniciado en julio del 2025 por la empresa EBI contra Costa Rica.

Como por alguna extraña coincidencia (… ¿será?) en los días posteriores al viernes 30 de octubre del 2026, se escuchó hablar mucho de Turrúcares y del relleno sanitario que pretende la empresa EBI instalar en esta comunidad, tal y como lo veremos a continuación. Con un inusitado esfuerzo de convencimiento por parte del Estado costarricense en el marco de un repentino «conversatorio» organizado con la presencia de varios ministros en Turrúcares, pocos días después, el miércoles 4 de noviembre: cuatro ministros, con uno de ellos con además doble cartera, que suspenden en cuestiones de días su cargada agenda para coincidir personalmente en Turrúcares, ¿no resultará del todo algo inédito?

A todas luces se trató, de un interesante ejercicio de las actuales autoridades costarricenses, que pareciera iniciar una secuencia, razón por la cual se sugiere colocar un: «Acto I» luego de la palabra «conversatorio» del título de nuestras reflexiones.

El titular de esta nota de CRHoy del 6 de noviembre refiere a la palabra «chantaje«: de lo observado y escuchado el pasado 4 de noviembre, se trataría en efecto de un intercambio de proyectos sociales para el desarrollo de la comunidad de Turrúcares a cambio de un pequeño favor solicitado a esta misma comunidad. De lo inédito, pasamos a lo insólito.

Insólito también resulta el rechazo a una moción en la Asamblea Legislativa en la que pareciera que para 31 de sus actuales integrantes, no hay problema alguno en el antes aludido «chantaje» observado en Turrúcares (véase nota del 9 de noviembre de Delfino.cr).

De manera a tener una pequeña idea de la actual orientación política que se observa en Costa Rica con todo lo que le pida Estados Unidos así como los círculos corporativos y empresariales que gravitan alrededor de la embajada de Estados Unidos en San José, no está de más añadir el texto de una declaración adoptada el 5 de noviembre en el marco de una cumbre iberoamericana en Madrid, en la que Costa Rica, conjuntamente con Argentina, Colombia y Paraguay optaron por separarse del párrafo 4 (véanse notas al final de la misma declaración) que se lee de la siguiente manera:

«Rechazamos la coerción y la aplicación de medidas contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas que obstaculicen la capacidad de los Estados para hacer frente a sus necesidades y prioridades en materia de desarrollo«.

Podemos añadir a ello una reciente votación en Naciones Unidas con respecto a las obligaciones en materia ambiental de Israel con respecto al Líbano (véase nota del 11 de noviembre del 2026 publicada en Delfino.cr) y a los recursos naturales en el territorio palestino ocupado (véase nota de Delfino.cr). Más allá de una cara verdaderamente desconocida y desconcertante que Costa Rica está externando ante los demás integrantes de la comunidad internacional con este tipo de posiciones, en las líneas que siguen, enfatizaremos nuestras reflexiones en torno a:

– algunas amenazas de demandas ante el CIADI fomentadas por las autoridades de Costa Rica en años no tan lejanos con respecto a megaproyectos;

– la paulatina desconfianza que ha generado el CIADI en América Latina;

– la demanda de la empresa EBI contra Costa Rica de julio del 2025, dedicando unas líneas al «conversatorio» (Acto I) con la comunidad de Turrúcares en el que el micrófono fue monopolio de las autoridades presentes a la reunión (lo cual explica las comillas usadas cuando nos referimos a la noción de conversatorio en este texto).

Amenazas de arbitraje internacional: algunos recuerdos que cabe mencionar no muy lejanos

La amenaza del arbitraje internacional en Turrúcares y el condicionamiento escuchado (véase nota de Diario Extra) que explicaremos más en detalle, recuerdan ambos unas desafortunadas declaraciones brindadas el 27 de julio del 2010 por parte de un Vice Presidente en Costa Rica, en tono grave: según él, de derogar un decreto de conveniencia nacional, Costa Rica debería desembolsar la coqueta suma de 1.700 millones a una empresa minera canadiense (véase nota de La Nación y nuestra opinión publicada el 2 de agosto del 2010 en La Nación, titulada «Minería, arbitraje y amenazas«). A la fecha de hoy (13 de noviembre del 2026), se mantiene como una verdadera incógnita en Costa Rica la identidad de las personas que integraron una «comisión de alto nivel» gubernamental que llevó al Vice Presidente de Costa Rica a referirse a semejante suma (verdaderamente fantasiosa) de 1.700 millones de US$: véanse nuevamente las declaraciones de Alfio Piva del 27 de julio del 2010 y este artículo de un geólogo extrañado por esta cifra – publicado en medios digitales – de agosto del 2010 – exigiendo explicaciones. Pese a gozar todos los integrantes del gabinete correspondiente al período (2010-2014) de una muy buena salud y posiblemente de una muy buena memoria, la nómina exacta de los integrantes de esta denominada «comisión de alto nivel» constituye posiblemente uno de los secretos mejores guardados en Costa Rica, que persiste con el pasar del tiempo.

La cifra mirobolante de aquel momento nos llevó a explicar cómo amenazas de arbitraje internacional han sido utilizadas a veces por decisores políticos: véase al respecto nuestro artículo publicado en el 2011 en la revista Ambientico (UNA), titulado «Minería y amenazas de arbitraje internacional: balance y perspectivas«.

Como se recordará, planteada finalmente la demanda contra Costa Rica en el 2014 por la misma empresa minera canadiense ante el CIADI, un laudo arbitral del 2021 no le ordenó pago alguno a ésta por parte del Estado costarricense, confirmándose el carácter totalmente fantasioso de la millonaria cifra avanzada de manera bastante imprudente por el entonces Vice Presidente de Costa Rica en julio del 2010 (con base en un «análisis» de sus asesores de «alto nivel» cuya identidad permanece hasta el día de hoy sin conocerse).

No está de más recordar lo que habían señalado en noviembre del 2010 tres valientes jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) en su histórica sentencia (véase texto, párrafo XXX), ante los argumentos desplegados por los abogados de la empresa minera canadiense, invocando la falta de seguridad jurídica para inversionistas canadienses:

«No puede invocarse la seguridad jurídica o la inversión extranjera para pretender mantener vigente conductas administrativas completamente ilegales. Esto último se deriva, también, de las leyes 7870 y 8286, ya citadas. En la primera se prevé que entre Costa Rica y Canadá, las inversiones deben adecuarse a Derecho, cosa que no sucede con lo pretendido por Industrias Infinito. Además, en la Ley 8286 se establece que la normativa ambiental no puede ser atenuada con el fin de promover el comercio, con lo cual se evidencia la preponderancia que la tutela ambiental tiene para Costa Rica y Canadá. En ese sentido, lo que aquí se decide, en el tanto implica la nulidad de actuaciones ilegales y en la medida que se sujetan las conductas objeto del proceso a la normativa relacionada con la protección del ambiente, en nada menoscaba la seguridad jurídica ni afecta negativamente la inversión extranjera, particularmente la que proviene de Canadá«.

Con una buena dosis de humor, el recordado documental «El Oro de los Tontos» realizado en el 2011 desde la misma UCR (véase enlace en YouTube) permitió tener una idea más completa del nivel de ocurrencias gubernamentales y de profunda indignación que este proyecto minero causó en Costa Rica a partir de octubre del 2008, en particular para quiénes, desde afuera, asociaban (y siguen asociando) a Costa Rica con la imagen de un país ecológico y lo consideran como un líder indiscutible en materia ambiental. De alguna manera, Crucitas vino a delatar al mundo la faz oscura de la Costa Rica verde, al tiempo que sus jueces nacionales detectaron tales anomalías desde las más altas esferas del poder, que las calificaron como parte de una verdadera «orquestación de voluntades» (Nota 1). Es la primera vez en la historia judicial costarricense que jueces emplearon esta expresión para explicar la secuencia de ilegalidades observadas en el caso de la tramitación de aquel proyecto minero a partir de octubre del 2008.

En el 2011, fue esta vez con respecto al gas y al petróleo que algunos círculos políticos y corporativos agitaron la amenaza de un arbitraje internacional, al que también nos referimos en este artículo publicado en La Nación, titulado «Petróleo, gas y amenazas«. En el 2024, un artículo del Semanario Universidad reveló con respecto a círculos que persistían en el 2023 en fomentar la exploración y extracción de gas y de petróleo en Costa Rica, las andanzas de un ex jerarca de la cartera ambiental en Costa Rica.

No está de más traer a la memoria este artículo publicado en La Nación en el 2011, en el que se indica, a partir de los cables WikiLeaks, cómo el embajador de Estados Unidos en Costa Rica no logró inmutar en lo más mínimo al Presidente de Costa Rica de la época, Abel Pacheco (2002-2006), pese a la amenaza de una demanda de la empresa petrolera Harken por un monto (astronómico…!) de 57.000 millones de US$ que al final nunca presentó. En el 2014, un tribunal nacional rechazó la demanda de Harken que pasó de los fantasiosos 57.000 millones de US$ a 13 millones de US$ (véase nota del 17 de diciembre del 2014 del Programa Nuestra Voz).

El mismo efecto de lo que podríamos denominar «reducción sustancial significativa« se observó con la amenaza de demanda de la empresa minera canadiense Infinito Gold por un monto inicial anunciado en el 2013 de 1.092 millones de US$ (véase nota de La Nación de octubre del 2013) que se redujo drásticamente a menos de 94 millones (véase párrafo 110 de la demanda interpuesta ante el CIADI en febrero del 2014): estas diferencias más que notorias entre montos evidencia que no derivan de ningún tipo de estudio o de datos, sino del humor antojadizo de algunos y de círculos empresariales y corporativos que repiten cosas con una gran facilidad en Costa Rica.

Dicho sea de paso, este cable confidencial dado a conocer por WikiLeaks de agosto del 2005, detalla a los operadores a favor del TLC con Estados Unidos en Costa Rica identificados por la embajada de Estados Unidos en San José, y que han coincidido con agitar amenazas de arbitraje internacional. Este otro cable confidencial del 2006 detalla el «estado de pánico» de algunos decisores en Costa Rica a cargo del comercio exterior al anunciar Estados Unidos sanciones si Costa Rica no aprobaba un ABI (Acuerdo Bilateral de Inmunidad), que garantice impunidad a personas de nacionalidad norteamericana buscadas por la justicia penal internacional de La Haya.

En el 2013, una demanda contra Costa Rica por parte de un grupo de accionistas de Suiza de una empresa distribuidora de gas que un ministro adelantó ser «infundada» (véase nota de Teletica) terminó ordenando al inversionista … pagarle a Costa Rica más de un millón de US$ (véase texto de la demanda de febrero del 2013 y decisión de un tribunal del CIADI de marzo del 2017 en particular el párrafo operativo final 728). La mención a Suiza refiere a una cláusula favorable al inversionista extranjero en un TBI vigente entre Costa Rica y Suiza, creándose una sociedad anónima cuya única existencia se debió a esta demanda interpuesta ante el CIADI contra Costa Rica: una búsqueda en la red de «Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A» al menos así lo evidencia.

En el 2017, con respecto a la desestimación de una demanda interpuesta el 9 de febrero del 2012 ante el CIADI contra Costa Rica por una subsidiaria de la empresa RITEVE denominada «Supervisión y Control S.A» – véase texto del laudo arbitral del CIADI del 2017 -, nos permitimos recordar en esta nota que:

«Con relación a la demanda interpuesta en febrero del 2012 por RITEVE contra Costa Rica, cabe recordar que en junio del 2012, durante una conferencia de prensa (véase nota de Diario Extra, del 16/06/2012) el viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) de Costa Rica, Rodrigo Rivera, “explicó que para el Estado era más barato permitirle a Riteve quedarse operando 10 años más y de esta manera asegurarse no tener que pagar los $280 millones si perdía el arbitraje”.»

En el 2022 otra decisión de un tribunal del CIADI resultó también favorable para Costa Rica (véase texto completo del decisión).

Estas cuantas referencias a algunos recuerdos no tan lejanos en la línea de tiempo, evidencian el uso que tradicionalmente se ha hecho del arbitraje internacional en Costa Rica para intentar malinformar y/o manipular a la opinión pública, o presionar a decisores políticos. Los resultados obtenidos por la defensa legal de Costa Rica ante las pretensiones de algunas empresas frente a los árbitros del CIADI demuestran la poca solidez jurídica de los argumentos avanzados por los asesores legales de estos inversionistas extranjeros.

EL CIADI y la profunda desconfianza que genera

Resulta oportuno precisar que el sistema establecido por el CIADI permite a un inversionista presentar una demanda contra un Estado, pese a tratarse muchas veces de demandas abusivas y/o infundadas. El sistema está pensado únicamente en un sentido: inversionista extranjero contra Estado. ¿Como así? Como se lee.

Algunas de estas demandas se basan en permisos y autorizaciones otorgados por entes públicos, sea a nivel local, sea a nivel nacional, de manera sospechosa en «modo express«. En el caso de Costa Rica, los activistas en materia ambiental con cierta experiencia saben que las aprobaciones de la SETENA (Secretaría Técnica Ambiental) a partir de la segunda quincena de diciembre usualmente corresponden a proyectos sumamente cuestionables que terminan siendo declarados ilegales en los tribunales de justicia costarricenses (Nota 2): se trata de una fecha a partir de la cual, cada año, Costa Rica pareciera entrar en una suerte de «sopor» festivo navideño.

Al tratarse de demandas acompañadas de cientos de millones de US$ exigidos a título de indemnización y/o compensación a un Estado, estas demandas suelen ser usadas como mecanismo de presión sobre los decisores políticos.

Cuando la mala fe de un inversionista extranjero es notoria, el CIADI puede condenar al inversionista a pagarle al Estado un monto determinado. Es lo que obtuvo Costa Rica en una decisión del 2018 (véase texto en el caso David Aven et alii vs Costa Rica: párrafo final 769). Los especialistas en materia ambiental podrán verificar que en este caso, los árbitros del CIADI consideraron que no había cómo eximir a los inversionistas extranjeros de la obligación de cumplir con todos los requisitos que establece la legislación ambiental vigente en Costa Rica. En el párrafo 116 se refieren a un «documento falsificado» que, salvo error de nuestra parte, no ha dado lugar a sanciones penales en Costa Rica contra sus autores. Por cierto, la precitada «orquestación de voluntades» detectada en el 2010 por la justicia costarricense… tampoco ha dado lugar a sentencias penales.

El hecho que, hasta ahora, Costa Rica haya salido bastante bien librada en el CIADI luego de varios años de procedimiento frente a las millonarias pretensiones de una empresa minera canadiense en el 2021, así como en otros casos como el de un megaproyecto en Playa Esterillos en el 2018 (caso David Aven et alii vs Costa Rica: véase nuestra nota al respecto) y los demás casos indicados, no debe ocultar la peligrosa deriva del CIADI que ha generado paulatinamente cierta desconfianza en otras partes de América Latina y del mundo.

Y es que cualquier descuido en la defensa legal de un Estado y en particular en la batalla procesal que supone una demanda contra un Estado entre una terna arbitral, puede resultar riesgosa. Tratándose además de tres árbitros, y de sumas millonarias en juego, son muchos los Estados que han preferido no seguir arriesgándose de esta manera.

Como se ha analizado en textos anteriores nuestros (véanse esta nota editada por Bretton Wood Project del 2013, así como esta nota de CIARGlobal del 2017 entre otras más), el sistema de arbitraje de inversión del CIADI ha provocado una creciente desconfianza en América Latina y en el resto del mundo, a tal punto que son muchos los Estados que ya sea:

– han denunciado la Convención del Washington de 1965 que lo establece (Bolivia, Ecuador, Venezuela, Honduras), o ya sea;

– han dado por finalizados o bien renegociado las cláusulas sobre solución de diferencias incluidas en tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones (denominados TBI en español o BIT en inglés: se trata de tratados bilaterales que habilitan a un inversionista a interponer demandas internacionales ante el CIADI). Este ha sido el caso de Bolivia, de Ecuador (véase artículo), de Indonesia (véase artículo), o de Sudáfrica (cuyo último TBI con España fue suspendido en el 2024 – véase nota). La terminación de un TBI requiere algo de valentía en el plano político, y jurídicamente se materializa mediante una simple notificación, como fue el caso del TBI con Estados Unidos denunciado por Bolivia en el 2011 (véase enlace); o bien:

– han mantenido una distancia prudente con este mecanismo como por ejemplo Brasil: se trata, paradójicamente, del principal Estado receptor de inversión extranjera en América Latina que tan siquiera ha firmado este tratado de 1965 (véase artículo al respecto); así como Cuba, Nicaragua o el mismo México que ratificó la Convención de Washington de 1965 tan solo en el 2018, así como Canadá (tan solo en el 2013). Con respecto a la denuncia de esta convención de 1965 por parte de Honduras, remitimos a nuestra nota de marzo del 2024, titulada:

«CIADI: a propósito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington de 1965«.

Es de notar que Brasil ha firmado varios TBIs sin nunca ratificarlos, lo cual denota el cuido extremo de sus autoridades de manera a no exponer a Brasil a demandas por parte de inversionistas extranjeros en el CIADI. Brasil comparte con la India una posición similar, pese a escritos esporádicos, como este artículo, que invitan a la India a cambiar de parecer.

En el caso de la Unión Europea (UE), sus Estados miembros acordaron un tratado regional en el 2020 para suspender todos los TBI existentes entre ellos, de manera a no permitir más demandas abusivas de inversionistas extranjeros europeos en contra de Estados miembros de la UE (véase enlace al tratado y estado de firmas y ratificaciones). Se trata de una interesante protección legal que han establecido estos Estados, y que debiera de poder interpelar a muchos otros Estados en otras latitudes, en particular en las que persisten algunos decisores políticos que siguen negociando de manera muy entusiasta TBIs que contienen cláusulas muy favorables para el inversionista extranjero.

También es de señalar que en el 2023, fue desde el Congreso de Estados Unidos que 33 integrantes exigieron a sus autoridades extraer a Honduras, víctima de demandas abusivas por parte de empresas norteamericanas, del sistema arbitraje de inversión del CIADI (véase cable de Reuters). Luego de la denuncia del CIADI en marzo del 2024, las nuevas autoridades electas de Honduras decidieron en julio del 2026 reintegrar el CIADI, provocando una ola de repudio (véase documento titulado:» Statement in Defense of Sovereignty and Collective Rights in Honduras – Returning to ICSID is a sign of Nasry Asfura’s Subservience to Transnational Capital«.

Desde la perspectiva ambiental y de los derechos humanos, un informe poco difundido de Naciones Unidas del 2023 en América Latina (véase enlace) y cuya lectura completa se recomienda, elaborado por el «Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible», se titula:

«Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos«.

En el 2021, tuvimos la ocasión de explicar en una nota publicada en CIARGlobal, a raíz de la decisión de un tribunal arbitral del CIADI relacionada a una demanda interpuesta por una empresa minera canadiense contra Costa Rica que:

«(…) no tiene mayor sentido el permitir a un inversionista extranjero de mala fe recurrir ante el CIADI contra decisiones de la justicia nacional que declaran ilegal su proyecto y mucho menos el tener que esperar siete largos años de costosos procedimientos ante el CIADI para escuchar a tres árbitros confortar las decisiones judiciales antes mencionadas. Ello sin hablar del riesgo, inherente a este tipo de demandas millonarias, de ver a dos (de los tres árbitros) acoger, por alguna razón, algunas de las pretensiones económicas del inversionista«.

Presión de una demanda sobre decisores políticos: el «affaire» Crucitas en Costa Rica a inicio de los años 2000

Como ha ocurrido en el pasado, esta demandas ante el CIADI ejercen una presión muy fuerte sobre decisores políticos y algunos círculos corporativos y políticos, dispuestos a invocar la «flexibilización» de algunas reglas con tal de que la demanda sea retirada por parte del inversionista. El «affaire» Crucitas y los secretos persistentes que la rodean, así lo evidencian, en la medida en que:

– en el 2003 para el mismo proyecto minero de Crucitas, la empresa canadiense demandó a Costa Rica ante el CIADI por rechazarle sus autoridades ambientales el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La demanda era por 276 millones de US$ (véase nota de La Nación de setiembre del 2005).

– repentinamente, en una carta del 4 octubre del 2005 (véase texto), la Secretaría del CIADI indicó a las autoridades de Costa Rica que se retiraba la demanda interpuesta por la empresa Vanessa Ventures. En el anexo con fecha del 3 de octubre del 2005 (véase documento), la firma de abogados Tory´s explica que la empresa y el Estado costarricense estaban en negociación y que la empresa se sentía «reasonnably optimistic» sobre el resultado de esta.

– el 12 de diciembre del 2005, la SETENA (Secretaría Técnica Nacional) aprobaba el EIA que había rechazado en el 2003.

A la fecha de hoy (13 de noviembre del 2026), tampoco se tiene identidad de quiénes, en nombre del Estado costarricense, negociaron semejante «arreglo» con la empresa minera canadiense en el 2005.

CIADI, TBIs y lluvia de demandas en América Latina

Volviendo al CIADI y a los instrumentos que habilitan a un inversionista a demandar a Costa Rica, en la parte final de este enlace oficial de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior) aparece en «Acuerdos de Inversión» la lista de los 15 TBIs que tiene vigentes, a los que hay que añadir varios de los tratados de libre comercio (TLC) vigentes de la sección primera, que también contienen una cláusula permitiendo al inversionista extranjero acudir contra Costa Rica ante el CIADI.

Como todo tratado bilateral, dos Estados pueden considerar oportuno renegociar sus cláusulas, como fue, entre muchos ejemplos, recientemente el caso del TBI entre Corea del Sur y México (véase nota de Asia Today).

Según la información oficial del CIADI, al 13 de noviembre del 2026 Costa Rica enfrenta además dos otras demandas, al tiempo que ha concluido procedimientos en el caso de 18 de ellas. Una de las demandas pendientes contra Costa Rica fue presentada en el 2023 con base en el TBI con Alemania (véase enlace) al tiempo que la otra en el 2025 con base en el TBI vigente entre Costa Rica y Venezuela (véase enlace).

Los Estados con mayores demandas en su contra en estos momentos pendientes de resolución ante el CIADI de América Latina son Perú (22 demandas pendientes), seguido por México (20), Colombia (19), Honduras (12), Panamá (11), y Venezuela (9).

Este informe del 2011 ya advertía de los riesgos que representa el CIADI para Estados cuyos dirigentes políticos firman TBIs o TLCs sin preocuparse mayormente por sus efectos a futuro, en particular cuando contienen cláusulas sumamente ventajosas para el inversionista extranjero. Este nuevo informe del 2025 permite comprender mejor el peso cada vez más grande que tienen estas numerosas demandas en las ya maltrechas economías de los Estados de América Latina.

En el caso específico de Argentina, se lee en este muy completo informe del 2025 sobre los estragos que han causado estas demandas ante el CIADI, que:

«Argentina podría terminar unilateralmente más del 85% de sus TBIs cuyo período inicial ya venció o que vence este año (antes de ser renovado). Sin embargo, ningún gobierno desde los años noventa hasta la actualidad ha considerado seriamente esta opción, evidenciando cómo las élites locales han internalizado los imperativos del capital transnacional. El RIGI del presidente Javier Milei intenta cerrar definitivamente esta ventana, consolidando por tres décadas un marco jurídico que blinda los privilegios corporativos«.

En el caso de Colombia, e de notar que durante muchos años estuvo resguardada de demandas ante el CIADI al contar con una legislación nacional que obligaba al inversionista extranjero a someterse únicamente a los mecanismos nacionales de resolución de conflictos, incluyendo el arbitraje (Nota 3). En las conclusiones este informe del 2025 sobre las demandas que le han «llovido» a Colombia a partir del 2016, se lee que:

«La única manera en que Colombia puede evitar nuevos arbitrajes de inversión es denunciando los tratados y acuerdos de comercio e inversión ya firmados y renunciando a renovarlos o firmar otros nuevos, ya que posibilitan la interposición de otras demandas».

La demanda contra Costa Rica como tal del 2025 interpuesta por la empresa EBI

La demanda de la empresa canadiense EBI contra Costa Rica fue planteada formalmente el 14 de julio del 2025 ante el CIADI, con base en el tratado bilateral de inversiones (TBI) siempre vigente (véase texto) entre Costa Rica y Canadá suscrito en 1998: véase nota del Semanario Universidad publicada una semanas antes del registro oficial de la demanda ante la Secretaría del CIADI.

A diferencia de otros casos, el texto de la demanda interpuesta como tal no está por el momento disponible (véase por ejemplo texto de la demanda interpuesta contra Costa Rica de inversionistas para un megaproyecto en Playa Esterillos del 2014 y el texto de demanda de empresa suiza en representación de Gaz Z del 2013). En el enlace oficial del caso en el CIADI tampoco aparece el texto de la demanda como tal (véase enlace). Desde ya agradecemos el concurso de nuestros estimables lectores costarricense si alguno/a de ellos sabe donde podría estar disponible en línea el texto de la demanda como tal presentada en julio del 2025 por la empresa EBI: el contenido del texto de esta demanda permitiría conocer con precisión sobre qué ha basado sus millonarias pretensiones la empresa EBI ante el CIADI, al estar aún pendientes decisiones de la justicia costarricense sobre procesos de lesividad. Y en particular contraponer el texto de esta demanda con dos requisitos indispensables que enumera el Artículo XII del TBI Canadá-Costa Rica. En efecto, el articulo XII del TBI entre Costa Rica y Canadá tiene un inciso, el 3, el cual establece un plazo de tres años, pero adicionalmente establece que:

«Un inversionista podrá someter una diferencia, según se indica en el párrafo (1), a arbitraje conforme a lo dispuesto en el párrafo (4) solamente si:

…

  1. «no han transcurrido más de tres años desde la fecha en que el inversionista inicialmente tuvo o debió haber tenido conocimiento, de la violación alegada y conocimiento de que el inversionista ha incurrido en pérdidas o daño; y
  2. en los casos en que Costa Rica es parte de la diferencia, ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo relativo a la medida que se alega contraviene este Acuerdo«.

Es muy probable que ambas disposiciones no fueran mencionadas en la reuniones a las que alude este artículo del Semanario Universidad publicado el 11 de noviembre, en el que resulta notorio el intento de hacer creer que la demanda será ganada por EBI. Recordar que ambas fueron invocadas por Costa Rica en el CIADI ante una empresa minera canadiense hubiese tal vez resultado oportuno (Nota 4).

Cabe recordar que fue este mismo tratado bilateral entre Costa Rica y Canadá el que también había servido de base jurídica en el caso de la demanda interpuesta en febrero del 2014 contra Costa Rica por la empresa minera canadiense Infinito Gold relacionada a su polémico proyecto minero ubicado en Las Crucitas, en Cutris de San Carlos (véase texto de la demanda con fecha del 6 de febrero del 2014, presentada pocos día después de celebrarse los comicios en Costa Rica).

Con respecto a los proyectos de rellenos sanitario de la empresa EBI en Costa Rica, en la precitada nota del Semanario Universidad se hace ver que la empresa cuestiona el hecho que no pueda construir rellenos sanitarios en las localidades de Turrúcares y Montes de Oro debido a la oposición de los vecinos y de los mismos municipios concernidos.

Dos comunidades opuestas a la instalación de rellenos sanitarios

En el caso de la primera comunidad, en esta nota del 4 de noviembre del 2026, se hace ver la férrea oposición de vecinos al parecer muy organizados que se «plantaron» (expresión usada en el título de la nota) y obligó al Estado costarricense a desplazar a cuatro de sus ministros (con uno de ellos con doble cartera): su presencia al parecer no impresionó mayormente a los asistentes y vecinos, profundamente indignados y molestos por el apoyo a este proyecto de relleno sanitario de las máximas autoridades costarricenses (véase nota del Semanario Universidad).

Como pequeño detalle de interés, insistimos nuevamente en la cercanía de la fecha del anuncio de la integración de la terna arbitral del CIADI (30 de octubre) con esta reunión con los vecinos de Turrúcares realizada el 4 de noviembre por las máximas autoridades costarricenses, y nos permitimos plantear la siguiente pregunta: de no haberse anunciado nada por parte del CIADI el 30 de octubre ¿siempre se hubiese convocado un «conversatorio» en Turrúcares pocos días después?

En esta otra nota de CRHoy, se señala la oposición de las mismas autoridades municipales a este polémico proyecto. Ya en el año 2024, se había observado a la máxima instancia costarricense en materia de salud cuestionar la posición de las autoridades municipales en defensa de la comunidad de Turrúcares (véase nota del Semanario Universidad).

La actitud de las máximas autoridades ministeriales fue tal durante la reunión del 4 de noviembre que hirió la susceptibilidad de las autoridades municipales (tal y como se señala en el título de esta nota del programa radial Nuestra Voz del 5 de noviembre) al tiempo que personas que votaron por el oficialismo en las elecciones de febrero del 2026 externaron su profunda decepción (véase nota del Semanario Universidad). Este video informativo realizado por el medio digital Delfino.cr explica de manera muy clara las razones por tanta indignación provocada en Turrúcares el pasado 4 de noviembre.

Con respecto a las alegaciones de los voceros de la empresa EBI, en esta otra nota del medio universitario Semanario Universidad, de julio del 2025, se lee que:

«EBI afirmó que “la demanda se basa, en parte, en el abuso de los procesos locales por parte de las municipalidades y en su falta de diligencia razonable para avanzar en los asuntos, tal y como exige la legislación costarricense y el principio procesal de impulso de oficio”.»

En otra nota del programa radial matutino de Nuestra Voz de junio del 2025, se señala que para los representantes de la empresa:

«“Lo que ha impedido avanzar con el proyecto son dos procesos de lesividad que ha interpuesto la Municipalidad de Alajuela para anular los usos de suelo que ya habían sido otorgados a esas fincas por la misma administración. Además, en los últimos años, esa municipalidad emitió cuatro acuerdos indicando, sin fundamento alguno, que no permitiría la aprobación del permiso constructivo y a pesar de que esos acuerdos fueron impugnados por la empresa, desde el año 2023 se ha negado a resolver los recursos a pesar de existir una orden de un Tribunal”.

Si procesos de lesividad en contra de funcionarios municipales fueron iniciados por las autoridades municipales y están aún en proceso, resulta de cierto interés leer que para la empresa EBI, estos procesos «impiden avanzar«. Remitimos a nuestros estimables lectores a la definición del proceso de lesividad vigente en Costa Rica de manera a entender mejor la expresión de «impiden avanzar«, así como los plazos previstos en el ordenamiento jurídico costarricense, que recordó la Procuraduría General de la República (PGR) ante una consulta en el 2017 (véase enlace). En esta nota del 2024 de Diario Extra se precisa por parte de una autoridad municipal que:

«Esos usos de suelo se dieron en 2011 de manera muy rápida, no hago juicios de valor, solo cumplo con mi deber como alcalde de Alajuela y de los turrucareños, por eso iniciamos la lesividad, porque los usos de suelo se hicieron mal dados«.

Es de notar que se trata de un proyecto que lleva ya varios años discutiéndose: en el 2014, en una decisión de la Sala Constitucional (véase voto 16359-2014) relativa al proyecto de relleno sanitario en Turrúcares, fueron tres los magistrados (de siete) los que habían considerado que la Sala Constitucional no debía modificar el alcance del principio de la participación ciudadana en materia ambiental como derecho fundamental. Siempre en el 2014, fue esta vez un magistrado el que reiteró, siempre con respecto a este mismo proyecto en Turrúcares su posición anterior (véase voto 19621-2014).

Con respecto a la otra comunidad (Montes de Oro) también sujeta a un proyecto de relleno sanitario de la misma empresa, en el 2023 tuvimos la ocasión de analizar el alcance de la discusión interna en la Sala Constitucional con respecto al principio de participación ciudadana en materia ambiental, a raíz del voto 11236-2023: véase al respecto nuestra nota de julio del 2023, titulada:

«Participación ciudadana en materia ambiental: breves apuntes relativos a una reciente sentencia».

Es de notar que, «as usual» cuando se trata de proyectos polémicos que atentan contra la legislación ambiental vigente, la SETENA optó por otorgar la viabilidad ambiental al relleno sanitario en Montes de Oro el 14 de diciembre del 2022.

Siempre con respecto a Montes de Oro, se sugiere revisar el Acta Municipal N.128-2026 del 13 de octubre del 2026 de la Municipalidad de Montes de Oro (véase enlace), y en particular lo adelantado por el alcalde con base en un oficio recibido por parte del jerarca del comercio exterior costarricense sobre la demanda de EBI contra Costa Rica (pp.11-12). Se lee en particular que, según la nota recibida por COMEX,

«5- Comex indica que, en el caso de que se pierda el arbitraje, ambas municipalidades deben cancelar el monto total de la sentencia que se dicte a los efectos.

6- Comex indica que, a partir de este momento, cualquier tema que se hable en sesiones municipales sobre el caso, puede ser tomado por las empresas como evidencia para sustentar su denuncia».

No se tiene información sobre el punto de saber si el titular de COMEX que suscribió este oficio tenía claridad con respecto al principio de autonomía municipal, ni con base en qué elementos COMEX anunció desde ya que Costa Rica podría ser condenada por el CIADI a pagar un monto a la empresa.

Esta nota del 13 de noviembre de Teletica y esta otra nota del Semanario Universidad editada el 12 de noviembre del 2026 sobre el problema que podría causar un relleno sanitario cercano al principal aeropuerto de Costa Rica, señalan ambas que las autoridades parecieran haberse precipitado el pasado 4 de noviembre, sosteniendo una defensa del proyecto de EBI en Turrúcares sin valorar muchos otros aspectos, incluyendo los intereses nacionales.

El CIADI ante imperiosa necesidad de proteger el ambiente: demandas abusivas por doquier

Nuevamente aquí, o como ocurrió con el fallido proyecto minero de Infinito Gold en Crucitas, o como ocurrió en Colombia cuando el Estado decidió proteger los páramos (Nota 5) o bien cuando en Panamá la justicia constitucional suspendió una concesión minera (Nota 6), u otras situaciones en las que la protección del derecho a la salud o al ambiente, o la protección de derechos de pequeñas comunidades rurales o indígenas frenan un megaproyecto, se vuelve a verificar lo siguiente: decisiones legítimas de de entidades estatales (o bien de tribunales de justicia) o procedimientos en trámite ante instancias jurisdiccionales nacionales que alteran el plan operativo de un megaproyecto de un inversionista extranjero, al parecer algo urgido, dan pié para una demanda internacional multimillonaria ante el CIADI (usualmente declarada infundada años después)

En el caso de Infinito Gold, la demanda interpuesta en febrero del 2014 culminó con una decisión de junio del 2021, en la que si bien se condenó a Costa Rica por violar disposiciones del TBI con Canadá, no se le ordenó pago alguno por concepto de indemnización: véase al respecto nuestra nota de junio del 2021 titulada:

» Infinito Gold contra Costa Rica: nuevo fracaso de minera canadiense al tiempo que persisten secretos en Costa Rica«.

La empresa solicitó posteriormente una anulación parcial de este laudo ante un órgano de apelación del CIADI y en el 2024, la empresa y Costa Rica acordaron solicitar el archivo del caso al CIADI. Un pequeño detalle que se omitió oficialmente en Costa Rica al anunciar la «victoria» ante el CIADI. En julio del 2024, COMEX precisó que no se había pactado nada con la empresa (véase nota del Semanario Universidad).

Con respecto a la comunidad de Turrúcares, en esta nota del Semanario Universidad de marzo del 2024 se lee por parte de un reconocido abogado costarricense en materia ambiental, una aseveración que debiera interesar a todo especialista en celeridad notoria de funcionarios municipales para otorgar permisos y certificados:

«Consultado al respecto, Sagot destacó que “a EBI no se le puede otorgar ningún permiso de construcción de ese relleno sanitario en Turrúcares porque el Plan Regulador lo prohíbe por los usos del suelo que existen actualmente”.

En segundo lugar, señaló que los usos del suelo “fueron otorgados de una manera totalmente irregular, al grado de que se otorgaron en cuatro horas”.»

En el 2018, en la precitada decisión del CIADI con respecto a una demanda interpuesta contra Costa Rica por un grupo de inversionistas norteamericanos cuyo megaproyecto en Playa Esterillos fue frenado por el Estado costarricense, se pudo leer una situación muy similar de celeridad municipal notoria, al consignarse que (véase texto completo de la decisión):

«127. Fue por eso que la Sra. Vargas presentó una denuncia el 15 de junio de 2010 ante el Tribunal Ambiental Administrativo (“TAA”), una división del Ministerio de Ambiente, mediante la cual solicitaba una investigación del Proyecto Las Olas en vista de (i) las inquietudes acerca de si se estaban rellenando humedales; (ii) la construcción de calles pavimentadas y (iii) el hecho de que se había talado y quemado “vegetación. 128. Al día siguiente, el 16 de junio de 2010, la Sra. Vargas informó al SINAC acerca de sus hallazgos e informes anteriores emitidos con respecto al Proyecto Las Olas. 129. Curiosamente, el mismo día que la Sra. Vargas anunció públicamente sus inquietudes, la Municipalidad emitió siete permisos de construcción para el Sector de Servidumbres del Proyecto Las Olas. Pocos días después, el 22 de junio de 2010, DEPPAT—la Regente Ambiental contratada por el Sr. Aven—presentó un plan de movimientos de tierra y un programa de obras previstas con respecto al Sector de Servidumbres«.

A modo de conclusión

Más allá de la extrema celeridad de algunos funcionarios municipales costarricenses que siempre debería de interpelar a todo observador ¿a qué se debe esperar Costa Rica a partir de la constitución de la terna arbitral anunciada por el CIADI el pasado 30 de octubre? A un largo procedimiento ante el CIADI, como ello ha ocurrido en muchas ocasiones anteriores en las que un inversionista extranjero encuentra manera de intentar obtener afuera lo que el ordenamiento jurídico costarricense y sus tribunales no le han permitido obtener: la experiencia de Costa Rica y de muchos otros Estados ante el CIADI enseña que los intentos de este tipo resultan en la mayoría de los casos vanos.

En el marco del procedimiento ante el CIADI interpuesto por EBI, es muy posible que las máximas autoridades costarricenses hagan creer que todo está perdido y que a cambio del retiro de la demanda, algo ventajoso se puede obtener para Costa Rica: de nuevo ahí, experiencias pasadas con la minería en Costa Rica demuestran que este tipo de «arreglos» no resuelve gran cosa.

Lo que sí cabe señalar es la forma bastante notoria de «informar» de las actuales autoridades sobre el trámite ante el CIADI interpuesto por la empresa EBI, dando a entender desde ya que está perdida la demanda. Notemos que en el 2025 asistimos a una manera igualmente bastante peculiar de «informar» sobre la decisión con respecto la demanda de la empresa minera canadiense. Considerando que si ambas partes (Costa Rica y la empresa minera canadiense) pidieron de común acuerdo archivar un procedimiento pendiente a un órgano de apelación del CIADI y una de las dos (Costa Rica) omitió señalarlo en su comunicado oficial, es que es muy probable que algo se pactó y que resulta altamente insólito que oficialmente Costa Rica lo niegue (Nota 7).

Si nuestros estimables lectores llegaron al final de este texto, deben saber que a penas iniciamos con el Acto I. El Acto II debería intervenir dentro de unos meses, a penas el CIADI haga público una nueva etapa en el procedimiento interpuesto por la empresa EBI contra Costa Rica, y tengamos programado un nuevo «conversatorio«.

– – – Notas – – –

Nota 1: Según los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), en el párrafo XL de su sentencia del 2010, se lee que:

«En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestación de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero«

Nota 2: Son varios los proyectos polémicos en Costa Rica en los que la segunda quincena de diciembre es escogida: tal es el caso, entre muchos más, de la viabilidad ambiental 3638-2005-SETENA del 12 de diciembre del 2005 otorgada en el caso del proyecto minero Crucitas; de la resolución 2731-2007 del 17 de diciembre del 2007 otorgando la viabilidad en playa Matapalo (Guanacaste) a un megaproyecto hotelero de 700 habitaciones; de la resolución 2523-2014 del 17 de diciembre del 2014 autorizando el proyecto de terminal de contenedores en Moin de APM Terminals; de la resolución 2331-2016 del 15 de diciembre del 2016, autorizando la siembra de 600 hectáreas de piña en la zona contigua al Humedal Térraba Sierpe; o de la resolución 2146-2020 del 16 de diciembre del 2020 relativa a una planta gasificadora de desechos en Belén de Carrillo (véase texto completo colgado por el medio digital LaVozdeGuanacaste).

Nota 3: Cabe mencionar que en el caso de Colombia, una nota preparada por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá de mayo del 2011 destinada a las empresas norteamericanas interesadas en invertir en Colombia, reconocía la dificultad que presentaba para el inversionista extranjero la legislación colombiana (al restringir la posibilidad de acudir a un arbitraje internacional), pero informaba que la suscripción de tratados de libre comercio (FTA en inglés) y tratados bilaterales de inversión (BIT) por parte de Colombia podría cambiar paulatinamente la situación. En la nota antes referida se lee textualmente que: «Since Colombia has become party to FTAs and multilateral and bilateral investment treaties, the number of international investment arbitration cases between investors and State entities will increase. These arbitration processes may help to change Colombian case law because FTAs, BITs and multilateral investment treaties empower arbitration tribunals to decide cases related to breach of treaty standards of investment protection». Sobre la dificultades encontradas para las empresas norteamericanas en Colombia, véase STRONG S.I., «International arbitration and the Republic of Colombia: commercial, comparative and constitutional concerns from A U.S. perspective», Vol. 22, Duke Journal of Comparative and International Law (2011), pp. 47-107: texto integral disponible aquí. Desde el año 2016, Colombia acumula a la fecha (13/11/2026) un total de 29 demandas en su contra en el CIADI, de las cuales 19 están aún pendientes de resolución. No se ha escuchado de proyectos de ley para intentar volver a la situación anterior, en la que Colombia se veía bastante bien resguardada de demandas de inversionistas extranjeros ante el CIADI.

Nota 4: Se lee en la decisión sobre jurisdicción del 4 de diciembre del 2017 en el caso de la demanda de Infinito Gold contra Costa Rica (véase texto) que:

«343. La Demandada plantea dos objeciones fundadas en esta disposición: una basada en el Artículo XII(3)(c), y otra basada en el Artículo XII(3)(d). El Tribunal ha resuelto que se ha dado cumplimiento al requisito dispuesto en el Artículo XII(3)(d), por lo tanto, la determinación de si dicho requisito es de carácter jurisdiccional o de admisibilidad no tiene consecuencia alguna. Respecto de la excepción de la Demandada de que las reclamaciones están prescritas conforme al Artículo XII(3)(c), el Tribunal ha pospuesto la consideración de esta cuestión a la etapa de fondo. En consecuencia, el Tribunal analizará la cuestión de si el requisito es jurisdiccional o de admisibilidad durante la etapa de fondo en caso de que ello resultara relevante, a saber, si el Tribunal considerase que no se cumplió con el requisito y se acogiese la objeción planteada por Costa Rica».

Nota 5: En su decisión en el caso de la minera Eco Oro (véase laudo arbitral de septiembre del 2021), las regulaciones ambientales de Colombia para resguardar los páramos colombianos no se consideran como reglas que no impidan una debida compensación al inversionista. Sobre esta muy peligrosa interpretación que hicieron dos árbitros (de los tres que integraron el tribunal), véase comunicado conjunto de varias organizaciones ecologistas colombianas publicada en el sitio especializado de CiarGlobal). Así como BENTON HEATH J., «Eco Oro y el ocaso del excepcionalismo de políticas», edición del 20/12/2021, IISD, disponible aquí y, este artículo escrito antes de conocerse la decisión del CIADI, GUZMÁN JIMENEZ L.F., «El arbitraje de inversión en asuntos ambientales. Una mirada al asunto Eco Oro Minerals Corp. v. Colombia-Páramo de Santurbán», 29/07/2020, Departamento de Derecho al Medio Ambiente, Universidad Externado de Colombia, disponible aquí. En su opinión separada adjunta al laudo, y cuya lectura se recomienda, el árbitro designado por Colombia, Philippe Sands, sostiene que: «33. In the age of climate change and significant loss of biological diversity, it is clear that society finds itself in a state of transition. The law – including international law – must take account of that state of transition, which gives rise to numerous uncertainties. Adjudicators – judges and arbitrators – recognise the need to proceed with caution at a time of transition and uncertainty. Indeed, the precautionary principle has been developed to assist in the taking of decisions in times of uncertainty, and the Tribunal has correctly determined that the application of the precautionary principle – treated as being applicable as a rule of law in accordance with Article 832 of the FTA – to this case has contributed to the conclusion that there has been no actionable violation of Article 811 of the FTA. Yet in respect of Article 805, it seems that precaution has no place for the Majority».

Nota 6: Véase BOEGLIN N., «A propósito de la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de una ley-contrato minero«, 29 de noviembre del 2023. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 7: Véase al respecto BOEGLIN N., «Crucitas: Infinito Gold c. Costa Rica ante el CIADI a 11 meses de un comunicado oficial omiso, en medio de un súbito entusiasmo por el oro», 23 de junio del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

La política de austeridad es una amenaza al desarrollo del país

Gilberto Lopes
San José, 13 de noviembre de 2026

Se renuevan las propuestas de venta de activos públicos costarricenses, de privatización de los sistemas de pensión, de las medidas de austeridad, contempladas en el presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa.

Con la deuda pública superando nuevamente el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) se aplican las medidas de contención del gasto de acuerdo con la ley aprobada en el gobierno de Carlos Alvarado.

No faltan quienes sugieren que el Estado no puede gastar más de lo que ingresa, que las reglas de la economía de una sociedad son iguales a las de una familia. Vale la pena detenerse en esa idea: ¿es realmente así? ¿Qué países desarrollados se rigen por esa regla?

Es cierto que una familia que vive endeudada, que vive de préstamos, probablemente terminará por arruinarse cuando ya no pueda honrar sus compromisos. El Estado, por el contrario, no puede dejar de gastar para que la sociedad funcione. Lo cierto es que un Estado no quiebra. Inclusive cuando entra en default, cuando no puede pagar su deuda, el resultado es muy distinto a lo que ocurre con una empresa o una familia.

No hay que perder esto de vista, porque tiene importancia para entender cuáles son nuestras alternativas y por qué nos tratan de asustar con argumentaciones como estas.

Por lo general quienes argumentan así apuntan a las privatizaciones y a las políticas de austeridad. Las primeras responden a los intereses de cierto capital, con frecuencia internacional. Las segundas, al deterioro del nivel de vida de las mayorías. Me parece que ninguna de las dos responde a los intereses de las mayorías nacionales –trabajadores y empresarios– y no son, por lo tanto, un camino que responda a los mejores intereses nacionales.

La relación entre la deuda y el PIB varía no solo cuando crece la deuda sino también cuando lo hace el PIB. En un debate sobre las políticas económicas en la reciente campaña electoral en Brasil se destacó que, en un país con grandes desigualdades económicas y sociales, donde las políticas públicas son un factor esencial para su reducción, la austeridad fiscal termina contribuyendo a aumentarlas y a debilitar la democracia. No es muy distinto el panorama en Costa Rica.

La austeridad fiscal no es solo una política económica, es un proyecto político. Las inversiones públicas y las medidas redistributivas aplicadas por el Estado tienen consecuencias importantes en la realidad social de un país. El énfasis en la austeridad desdibuja el proyecto de desarrollo que un país necesita.

Por qué la deuda no disminuye

En una reciente discusión sobre el tema en el diario El Financiero, se preguntaban por qué la deuda no disminuye en Costa Rica, pese a las medidas para contener el gasto.

Un economista español, Juan Torres López, catedrático de la Universidad de Sevilla, ha escrito mucho sobre el tema. Hace años lo fui a entrevistar a su universidad y desde entonces no he dejado de asomarme a sus análisis.

Europeo, su referencia es el Tratado de Maastricht que, en 1992, fijó las normas para la creación de una Unión Económica y Monetaria en la Unión Europea y para la creación de la moneda común europea, el euro.

El Tratado de Maastricht estableció que los déficits públicos de los países miembros no debían superar el 3% del PIB; y la deuda pública, el 60%.

La excusa –dice Torres en su artículo– “fue que era imprescindible reducir la deuda y que eso sólo se podía conseguir disminuyendo el gasto público y los déficits”. Pero no hay una sola razón científica para asegurar que mantener déficits inferiores al 3% del PIB, o una deuda inferior a 60%, permitirá reducir la deuda y que no tendrá un efecto negativo en la actividad económica del país, afirma.

Los intereses políticos

Es evidente que no hemos sido muy originales cuando, en el gobierno Alvarado, fijaron el límite de gastos y estipularon drásticas medidas de austeridad para reducir el déficit. Sin embargo, las políticas de austeridad, ni en Europa ni aquí, lograron ese objetivo. Por el contrario, al reducir el gasto público, la deuda aumentó en lugar de disminuir.

El tema de la deuda es objeto de miles de páginas de economistas, políticos, académicos. Es un tema importante, pero que no tiene soluciones ajenas a intereses económicos y políticos. No se trata de un problema “científico”.

En un estudio sobre el tema, publicado en el Cambridge Journal of Economics en diciembre del 2013, tres economistas –Thomas Herndon, Michael Ash y Robert Pollin– se preguntan si una alta deuda pública afecta consistentemente el crecimiento económico.

Tres años antes, dos colegas, Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart, habían escrito un artículo –Growth in a Time of Debt– en el que respondían afirmativamente a esa pregunta.

Herndon, Ash y Polin no estaban de acuerdo. Su respuesta muestra, en primer lugar, el manejo equivocado de los datos por parte de Rogoff y Reinhart. Al contrario de lo que sostienen, los datos sobre el crecimiento, cuando la deuda pública supera inclusive el 90% del PIB, no difieren de manera drástica, cuando la deuda es inferior.

Rogoff y Reinhart presentaron sus conclusiones al Comité de Presupuesto del Senado estadounidense y estas fueron luego reproducidas por grandes medios de comunicación: The Economist, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Fox News, National Public Radio y otros.

Los resultados sirvieron para justificar las medidas de austeridad que se impusieron en Estados Unidos, en Europa y también en América Latina.

La necesidad de una nueva propuesta

En Costa Rica, con atraso y gracias a la alianza con los sectores más conservadores del país, un gobierno elegido con promesas distintas impuso una política de límites de gasto que no van a resolver el problema de la deuda, lo van a agravar. Solo han servido para descarrilar el proyecto económico del país e imponer una pesada carga para la inmensa mayoría de la población.

Como lo señalan los estudios citados, terminaron dando pie a renovados esfuerzos de grupos interesados en privatizar los recursos públicos y en aplicar políticas de austeridad.

Una nueva visión de país necesita repensar este esquema, analizar sus efectos y avanzar en la elaboración de una nueva propuesta que responda al interés de la mayor parte de la población.

Defender la universidad pública también exige respetar los derechos de toda la comunidad

Dr. Randall Jiménez Retana
Director
Escuela de Estudios Generales

Ante los acontecimientos del 12 de noviembre de 2026, relacionados con informaciones sobre una posible ocupación de edificios universitarios y las medidas preventivas adoptadas, la Dirección de la Escuela de Estudios Generales considera necesario expresar su posición:

Reconocemos y respetamos el derecho del estudiantado a organizarse, manifestarse y defender la educación superior pública. La participación estudiantil forma parte de la historia de nuestra Universidad y constituye una expresión de su vocación crítica y democrática.

Sin embargo, el ejercicio de ese derecho debe ser compatible con los derechos de las demás personas. El acceso a la educación, la integridad física y emocional de la comunidad universitaria, la libertad de tránsito y el desarrollo de las actividades académicas en condiciones de seguridad merecen igual protección. Ninguna causa, por legítima que sea, justifica la intimidación, el hostigamiento o la violencia.

Nos preocupan especialmente las denuncias por expresiones ofensivas y conductas intimidatorias contra la Dra. Marlen Calvo Oviedo, subdirectora de esta Escuela. Rechazamos toda forma de violencia contra las mujeres, particularmente aquellas conductas que puedan constituir violencia política por razones de género. El ejercicio de una responsabilidad académica no puede convertirse en motivo de hostigamiento. La crítica a las autoridades es legítima; la humillación y el maltrato no lo son.

Las autoridades universitarias tenemos el deber de proteger a las personas, resguardar las instalaciones y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho a la educación. Estas responsabilidades no nos convierten en adversarios del movimiento estudiantil ni deslegitiman sus reivindicaciones.

Sobre este particular, resulta especialmente relevante la resolución n.º 2025-021036, del 8 de julio de 2025, mediante la cual la Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de hábeas corpus relacionado con una manifestación ocurrida en el edificio de Estudios Generales. En esa sentencia, el Tribunal estableció que la libertad de expresión debe armonizarse con los derechos de terceros y reconoció la legitimidad de aplicar protocolos razonables y justificados para proteger la seguridad de las personas y regular el uso de los espacios universitarios.

La Sala recordó, además, que las autoridades pueden incurrir en responsabilidad si omiten intervenir oportunamente ante situaciones que comprometan la integridad de las personas o los derechos de terceros. La protección de estos derechos, por tanto, no constituye una medida contraria a la libertad de expresión, siempre que las actuaciones institucionales estén debidamente justificadas y sean proporcionales a las circunstancias.

Como Escuela de Estudios Generales, tenemos una responsabilidad especial con la formación humanista. El respeto a la dignidad humana, el pensamiento crítico, el diálogo y la convivencia democrática no pueden ser únicamente contenidos de nuestros cursos, deben expresarse también en nuestra manera de actuar y de resolver las diferencias.

No sería coherente enseñar el respeto a los derechos humanos en las aulas y tolerar su vulneración en nuestros propios espacios universitarios.

Hacemos un llamado al estudiantado, al personal docente y administrativo y a las autoridades universitarias a mantener abiertos los espacios de diálogo, evitar las provocaciones y rechazar toda forma de violencia. Las diferencias deben discutirse con firmeza, pero sin convertir a quienes piensan distinto en adversarios. Reafirmamos nuestro compromiso con una universidad pública, crítica y democrática, en la que todas las personas puedan estudiar, trabajar, manifestarse y ejercer sus responsabilidades en condiciones de respeto y seguridad.

Panoramas SURCOS | 13 de noviembre de 2026

Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:

Movimiento sindical denuncia nueva convocatoria de Roger Rivera a la Junta Directiva de la CCSS pese a dos sentencias de la Sala IV.
https://wp.me/p6rfbZ-ABU

Pensar la universidad del futuro cercano (desde una experiencia inacabada).
Alberto Salom Echeverría.
https://wp.me/p6rfbZ-AAL

La ola azul: ¿alcanzará para todos?
Memo Acuña.
https://wp.me/p6rfbZ-ABL

Cabagra promueve la soberanía alimentaria en su territorio.
Uriel Rojas.
https://wp.me/p6rfbZ-Ayn

Presentarán Solentiname, novela de Elena Pardo publicada por la EUNED.
https://wp.me/p6rfbZ-Ayh

Geopolítica en el tiempo de los monstruos.
https://wp.me/p6rfbZ-Ayk

Jean-François Millet: el pintor del realismo.
Gabe Abrahams.
https://wp.me/p6rfbZ-AA7

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