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Universidad de Costa Rica rechaza proyecto de ley sobre titularización de recursos minerales y energéticos

Representantes de Consejo Universitario Llaman a un debate y a una auditoría de la deuda pública

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su sesión ordinaria n.° 6966, acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley denominado Ley para la titularización de flujos futuros de la explotación y/o protección de recursos minerales y energéticos” (Expediente N.° 24.285), tras identificar múltiples riesgos ambientales, sociales, económicos y jurídicos asociados a la iniciativa.

Este pronunciamiento se sustenta en un amplio proceso de análisis institucional a partir de observaciones de diversas instancias académicas, entre ellas el Centro de Investigación en Ciencias Geológicas, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química, así como unidades de las Facultades de Ciencias y Ciencias Sociales.

¿Que propone el proyecto? La iniciativa propone titularizar flujos futuros derivados de concesiones de explotación, o incluso de no explotación, de recursos minerales y energéticos, con el fin de destinar dichos ingresos al pago de la deuda pública y a la reducción de tasas de interés. No obstante, el análisis académico advierte que esta lógica se sustenta en proyecciones inciertas y en supuestos que carecen de respaldo técnico y científico.

Entre las principales preocupaciones señaladas por la Universidad destaca que la iniciativa “podría incentivar una mayor explotación de los recursos naturales con el fin de generar flujos financieros futuros”, lo cual “podría contradecir los principios de conservación y sostenibilidad que caracterizan a Costa Rica”. Asimismo, se advierte que estos flujos “se fundamentan en expectativas inciertas, sujetas a variaciones en los precios internacionales, cambios tecnológicos y contextos políticos”.

El Consejo Universitario también alertó que la titularización propuesta “podría comprometer ingresos del Estado a largo plazo y restringir la capacidad de maniobra financiera de futuras administraciones”, además de generar “dependencia de verificadores externos”, lo que abre la puerta a conflictos de interés y problemas de transparencia.

Desde el punto de vista técnico y jurídico, el proyecto presenta vacíos significativos: “resulta ambiguo en aspectos clave como la valorización de los recursos, la definición de figuras como el ‘verificador externo reconocido’ y los mecanismos de titularización”. A esto se suma el “riesgo de subvaloración de los recursos naturales”, especialmente considerando su potencial valor futuro.

En materia ambiental y de política pública, la UCR advierte que la iniciativa podría entrar en conflicto con normativa vigente y compromisos internacionales del país. En particular, “contradice el decreto ejecutivo n.° 41578-MINAE, que prohíbe la exploración petrolera hasta el 2050, así como la Ley n.° 8904 que declara a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto”.

El análisis también enfatiza que el proyecto ignora lecciones históricas en la región: “la idea de que la explotación minera o petrolera permitirá pagar la deuda pública y reducir tasas de interés carece de evidencia y contradice experiencias ampliamente documentadas en América Latina, donde estas actividades no han generado mejoras sustantivas en las condiciones sociales y económicas”.

En esa línea, se advierte que la iniciativa “implica un incentivo perverso hacia una economía extractiva”, profundizando dinámicas de dependencia y “aumentando la deuda ecológica mediante la sobreexplotación de los recursos naturales”.

En este contexto, la Universidad reafirmó su posición histórica: “las moratorias a la explotación petrolera y la prohibición de la minería a cielo abierto son resultado de amplias luchas socioambientales y consensos políticos orientados a proteger el patrimonio natural del país”, por lo que cualquier retroceso en esta materia resulta altamente preocupante.

A debatir y auditar la deuda pública

Durante la discusión en el plenario, distintas personas del Consejo Universitario profundizaron en los vínculos entre la iniciativa y la gestión de la deuda pública, cuestionando el enfoque estructural del proyecto.

En palabras de la M.Sc. Esperanza Tasies Castro, académica que ha estudiado a profundidad los impactos de la deuda: “No puede el Estado destruir el ambiente para pagar a tenedores de bonos que, en muchos casos, definen las tasas de interés en función de sus propias expectativas”.

Tasies advirtió sobre el endeudamiento público, el sistema de la deuda y lo que se conoce como “deuda odiosa” y la “curva soberana”. El proyecto de ley dice que va a bajar los intereses, pero “eso es mentir descaradamente”. Asimismo, recordó que “el déficit creció en un 200% y se prestó para aprobar leyes que han debilitado al Estado y la inversión pública”.

Alertó además sobre los riesgos estructurales del endeudamiento: “la crisis de la deuda, al igual que en Grecia, podría estallar”, lo que refuerza la urgencia de abrir un debate de fondo. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia una auditoría de la deuda pública desde la academia.

Por su parte, el director del Consejo Universitario, Dr. Keilor Rojas Jiménez, enfatizó la necesidad de replantear el enfoque del endeudamiento: “Como país, debemos preguntarnos si la salida es vender o comprometer nuestros recursos naturales, o más bien invertir en nuestro principal activo: las capacidades de las personas. Apostar por el conocimiento y la formación ha sido históricamente la vía para construir desarrollo sostenible”.

Finalmente, se subrayó la importancia de abrir un debate más amplio sobre la deuda pública, incluyendo la posibilidad de impulsar -como señala Esperanza Tasies- una auditoría desde la academia.

Dictamen de acuerdo: https://drive.google.com/file/d/1kQ8KAf84YywuTlsC1eCH22moeFZUrPtZ/view?usp=drive_link

Ordenando el desorden del mundo

Gilberto Lopes
San José, 19 de abril de 2026

Durmiendo en la acera

Salgo de casa por la mañana y lo encuentro a la vuelta de la esquina. El niño duerme en la orilla de la acera. Una frazada roja lo separa del piso de cemento. La madre, envuelta en la bandera de Venezuela, pide ayuda a los carros detenidos en el semáforo.

¿Cómo verá el mundo ese niño cuando se despierte en el piso de la acera? ¿Qué pensará? No sería raro que haya soñado con tener algo para comer. Quizás algo rico.

El 1 de mayo del año pasado, Valentina Oropeza publicó, en BBC Mundo, una entrevista con el economista Omar Zambrano sobre los hallazgos del estudio titulado «Crisis económica y el colapso del acervo de capital humano venezolano».

Zambrano dice que lo peor de la crisis fue la hiperinflación. Entre 2015 y 2017 nadie quería trabajar porque el salario no valía nada.

Los datos son abrumadores; el desorden, enorme: “Venezuela perdió 75% del tamaño de su economía entre 2013 y 2021. Una de las contracciones económicas más severas registradas en la historia moderna. Al menos 7,7 millones de personas emigraron durante la última década”, afirma.

“La depreciación de los salarios y la ola migratoria llevaron a más de cuatro millones de personas en edad de trabajar a salir del mercado laboral, incluidos los trabajadores más jóvenes, más calificados y con mayor experiencia”.

Venezuela: el desorden del mundo

¿Será parte de ese grupo la familia que ahora pide ayuda en las calles de San José?

En la entrevista no hay una sola palabra sobre las causas de este desorden. La periodista tampoco pregunta. Hay que buscar la información en otras fuentes. Por suerte, abundan. Cualquiera que quiera saber tiene a su disposición todo tipo de información, de las más diversas fuentes.

“Desde sus propios inicios, el gobierno de Hugo Chávez confrontó acciones imperiales destinadas a deponerlo. El gobierno de los Estados Unidos en todo momento ha apoyado política y financieramente los intentos de la derecha venezolana por derrocarlo, comenzando por el golpe de Estado de abril 2002 y el paro petrolero-lockout empresarial que prácticamente paralizó al país durante dos meses entre los años 2002 y 2003”, dijo el sociólogo venezolano Edgardo Lander. Chavista al inicio del proceso, hoy está más cerca de la oposición que encabeza María Corina Machado.

¿De qué modo puede un país tener un desarrollo político “normal”, donde cada sector tenga la representación que le corresponda, si un sector es avasallado por las presiones de Washington, mientras el otro cuenta con todo su respaldo? Es imposible.

El desequilibro que eso genera falsea el escenario político, generando, como en el caso de Venezuela, todo tipo de desorden. Primero, el económico, con sus dramáticas repercusiones, incluyendo la migración, de la que tanto reclama Trump. Pero también el político. ¿Cómo se puede pretender tener “elecciones libres” con un sector sometido a las mayores presiones económicas y políticas, que le hacen imposible gobernar? Y si gana la oposición, ese triunfo no representa un balance político interno, sino resultado del desequilibrio provocado por la intervención extranjera.

La intervención de Estados Unidos en Venezuela ha sido permanente. Desde fines del siglo pasado, como ya vimos. En 2017, poco antes de dejar el poder, el presidente Barack Obama renovó la abusiva declaración de que Venezuela es una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Luego Trump, en su primer mandato, amplió el bloqueo financiero a Venezuela, extendiéndolo más allá de los Estados Unidos.

En febrero del 2021 la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los efectos de las sanciones a Venezuela, Alena Douhan, presentó un detallado informe sobre los efectos de esas medidas.

Las sanciones unilaterales impuestas cada vez con mayor frecuencia por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, han exacerbado los problemas”, afirma. Los ingresos del gobierno “se redujeron en un 99%, y actualmente el país vive con solo el 1% de los ingresos previos a las sanciones”.

Este no es un trabajo sobre la economía venezolana y no pretende, por lo tanto, discutir sobre las diversas interpretaciones sobre las causas y los orígenes de sus problemas. Nuestro interés es otro: mostrar el desorden que la intervención extranjera –norteamericana y europea principalmente– provocan en la vida de los venezolanos, en el funcionamiento de las instituciones del país.

En abril del 2019, Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs expusieron en un trabajo sobre “Economic Sanctions as Collective Punishment: The Case of Venezuela”, las consecuencias de esas políticas.

Constatamos que las sanciones han infligido, y siguen infligiendo cada vez más, daños muy graves a la vida y la salud humanas, incluyendo un estimado de más de 40 mil muertes entre 2017 y 2018”, afirmaron.

Es imposible imaginar desorden mayor. No hace falta extendernos aquí sobre los desastrosos efectos de las sanciones sobre la vida política y económica del país, ni sobre la población venezolana.

Cuba: el desorden del mundo

El desorden más escandaloso en América Latina es el provocado por el embargo a que está sometida Cuba hace más de 60 años.

De nuevo, ¿cómo se puede pretender un desarrollo político “normal” –donde cada fuerza política interna tenga la representación que le corresponda– si el gobierno está sometido a sanciones que, en cualquier otro caso, no habría permitido a ningún gobierno de la región sobrevivir más que algunos meses?

No ha sido así en el caso de Cuba. Aquí tampoco voy a entrar a discutir si el gobierno ha acertado siempre. Pero es evidente que ha acertado en lo fundamental, de modo que ni las sanciones norteamericanas, ni el fin del mundo soviético, en el que estaba profundamente inserto, ha significado la caída del gobierno.

Inútil atribuir eso a la “represión”. Sabemos de sobra (y los casos latinoamericanos son prueba de eso) que ninguna represión, por sí misma, explica esa resistencia. Sugiero que las transformaciones realizadas son el fundamento de la explicación, pese el desorden monumental que las sanciones producen en la vida de los cubanos.

En 2024 el gobierno de Cuba presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas un informe sobre los efectos del bloqueo económico, comercial y financiero a que está sometida, condenado ese año por 187 países, con solo dos votos a favor: el de Estados Unidos y el de Israel.

Solo entre marzo de 2023 y febrero de 2024 el bloqueo representó pérdidas a la isla por poco más de cinco mil millones de dólares. El informe cubano cifra, en dólares corrientes, en más de 164 mil millones los daños de las más de seis décadas de sanciones. Actualizada, la cifra es de 1,5 billones de dólares. Es fácil imaginar el desorden que sanciones como esas causan a cualquier economía.

El resultado es que el país siquiera es capaz hoy de mantener en funcionamiento un sistema eléctrico indispensable para que funcione su economía, sus hospitales, sus escuelas, para que los cubanos puedan mantener refrigeradoras funcionando en sus casas.

La intervención extranjera genera un desorden extraordinario que hace imposible un desarrollo político interno “normal”, que refleje el peso real de cada sector en la vida política del país.

Si la oposición cuenta con el apoyo tan formidable de Washington, ¿cómo pedir al gobierno cubano que juegue como si la cancha estuviera pareja? ¿Cómo pedirle elecciones “libres”, si durante 60 años el gobierno jamás ha podido desarrollar un proyecto sin el sabotaje externo?

El desorden en América Central

La historia de América Central –quizás con excepción de Costa Rica– es un buen ejemplo de los resultados de esas intervenciones.

Un caso especial es el de Guatemala, donde un golpe de Estado promovido por Washington, en 1954, empoderó a los militares, desarticuló la vida política del país, marginó la mayoritaria población indígena, cortó un desarrollo normal de reformas que los dueños de las bananeras norteamericanas en el país no estaban dispuestos a aceptar.

El desorden provocado por ese golpe repercute hasta hoy. El canciller del gobierno del derrocado gobierno de Jacobo Arbenz, Guillermo Toriello, cuenta esa historia en un libro notable, “La batalla de Guatemala”, texto indispensable, pero difícil hoy de conseguir. En todo caso, un texto más reciente, del periodista norteamericano Stephen Kinzer, excorresponsal del New York Times en Centroamérica (y en muchos otros países), cuenta esa historia en “Bitter Fruit: The Story of the American Coup in Guatemala”, publicado en 2005.

Kinzer también escribió sobre la guerra en Nicaragua –Blood of Brothers, publicado en 1991– donde la intervención norteamericana alimentó la guerra contra a revolución sandinista que, además de los miles de muertos y del desorden provocado en los programas de desarrollo del país, terminó resolviéndose en unas elecciones en las que los nicaragüenses estaban advertidos: si no gana la oposición Estados Unidos mantendrá la guerra contra un país ya exhausto y desangrado.

Ganó la oposición, pero el desorden político creado por esa victoria se mantiene hasta hoy, sin que el país haya podido volver a encontrar un equilibrio político, ni un adecuado modelo desarrollo. Por el contrario; como sabemos hoy imperan las duras reglas con las que el régimen de Ortega ha devorado hasta a sus más viejos y cercanos aliados. ¿Qué orden es ese, qué régimen puede sobrevivir en esas condiciones?

El desorden causado por genocidio de Gaza y la guerra contra Irán

El desorden en el mundo tiene otras expresiones más recientes, abrumadoras, de repercusiones universales.

Una es el genocidio de Gaza, dramática herencia que recuerda el genocidio producido por los alemanes en la II Guerra Mundial. Es abrumadora la evidencia de la devastación provocada por Israel, principalmente en Gaza, pero también en Cisjordania.

En un artículo sobre la pobreza endémica en Gaza y Cisjordania, publicado el 30 de diciembre del 2004, la BBC decía: «Las estadísticas de muerte, destrucción y pobreza no llegan a transmitir el verdadero sufrimiento de la población en los territorios ocupados. Barrios enteros (…) han sido arrasados. En nuestras escuelas una generación completa crece en un ambiente de violencia aterradora. La maldición de la pobreza endémica alcanza ahora a dos tercios de la población».

¡Dicho en 2004! ¿Qué ha pasado desde entonces?

El informe de Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas sobre la “Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos”, publicado en octubre pasado, muestra la dimensión del desorden causado.

La tortura se ha extendido mucho más allá de las prisiones y salas de interrogatorio. “El territorio palestino ocupado se ha convertido en un espacio de castigo colectivo”, dice. O sea, en un campo de concentración.

La complicidad internacional, en particular de Estados Unidos, ha contribuido al genocidio en Gaza, señala el informe. Solo la cifra de muertos en la franja de Gaza superaba ya los 75 mil, consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel desde hace más de dos años.

A la destrucción de Gaza se sumó al cerco de Cisjordania, donde los colonos israelitas han ido ocupando territorio, destruyendo propiedades y asesinado a los antiguos habitantes.

El diciembre pasado la prensa informaba que niños palestinos se congelaban hasta la muerte en los campos de refugiados, mientras Israel bloqueaba la ayuda humanitaria, sin la que no pueden sobrevivir. Limitando el ingreso de alimentos, un cuidadoso plan del gobierno israelí implantó la hambruna en los territorios ocupados desde 1967.

El desorden impuesto en Medio Oriente por Israel y sus aliados es inimaginable. ¿Qué se pretende construir sobre esas ruinas? ¿Podrá el mundo seguir mirando para otro lado mucho tiempo más? Es imposible imaginar la solución de algún problema con el genocidio impuesto por Israel en Palestina.

Pero las bombas siguen estallando. Israel vuelve a atacar el Líbano. El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Hasta hoy siguen las discusiones sobre los objetivos de esa guerra, sin que haya claridad sobre cuáles son.

Escuelas y hospitales en ruinas, estrecho de Ormuz cerrado

A mediados de abril se anunció un precario cese al fuego en la guerra que Estados Unidos libra contra Irán.

El New York Times decidió hacer también una pausa en la cobertura de la guerra y echar una mirada a la destrucción provocada por los bombardeos en Irán: “Iran’s Schools and Hospitals in Ruins, Times Analysis Shows”, se titula el artículo, publicado el 9 de abril.

Es probable que la escala de devastación sea mucho mayor que la estimada por el Times, dice la nota. La Sociedad de la Media Luna Roja declaró, el 2 de abril, que al menos 763 escuelas y 316 centros de salud habían resultado dañados o destruidos durante la guerra.

El primer día del ataque, el 28 de febrero, la escuela primaria Shajarah Tayyebeh, en la ciudad de Minab, al sur de Irán, fue bombardeada. El ataque dejó al menos a 175 personas muertas, la mayoría de ellas niños. Los militares habían catalogado la escuela como un objetivo militar, utilizando información desactualizada, de por lo menos diez años antes, dice el periódico.

El derecho internacional humanitario obliga a los comandantes militares a tener en cuenta los posibles daños colaterales a civiles e infraestructuras civiles cuando planifican un ataque, recuerda el Times.

El periódico utilizó imágenes aéreas de alta definición para analizar el resultado de los ataques. Las imágenes fueron mostrando el caos provocado: centenares de escuelas, hospitales, centros de salud, destruidos o dañados. Centenares de niños muertos.

Cerca de la mitad de las escuelas y centros de salud dañados se encontraban en Teherán, una ciudad densamente poblada, donde los bombardeos han sido intensos.

Trump prometió, en algún momento, enviar Irán a la “edad de la piedra”. Hoy, domingo 19 de abril, con las negociaciones entrampadas, amenaza de nuevo con destruir puentes y centrales eléctricas de Irán.

Sus fuerzas acaban de capturar un carguero de bandera iraní en el golfo de Omán. Difícil imaginar caos mayor que el provocado por el cierre del estrecho de Ormuz. China, particularmente afectada por el cierre de la vía, ha pedido a Irán que la abra, pero ha indicado que la causa del cierre es la guerra provocada por Estados Unidos e Israel.

El 1 de abril, el diario español El País recordaba el caos provocado por la guerra de Irak en 2003, con el apoyo del español José María Aznar y del británico Tony Blair. “El declive de Bagdad dos décadas después de la guerra, espejo para Teherán”, dice el artículo. Caos similar provocó el asesinato del líder libio, Muamar el Kadafi, en octubre del 2011.

Aunque no han logrado el derrocamiento del gobierno iraní, intentado aun antes de la guerra por medio de protestas populares estimuladas por las dificultades económicas creadas en el país por las sanciones norteamericanas, los antecedentes citados muestran las caóticas consecuencias de esas guerras y sanciones.

La necesidad de un nuevo orden

Me parece que no deberíamos cerrar el recorrido por este caos sin mencionar el más reciente esfuerzo por crear un nuevo orden internacional, que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, convocó bajo la consigna del “No a la guerra”.

El 17 y 18 de abril, Sánchez celebró, en Barcelona, junto con los presidentes de Brasil, México, Colombia, Uruguay, Africa del Sur y una lista de representantes de diversos países y organizaciones políticas, una Cumbre Global Progresista.

Tiene particular relevancia para América Latina, donde Trump ha proclamado la pretensión de un renovado control sobre su “patio trasero”. Nunca ha dejado América Latina de serlo, sometida a la permanente presión de Washington y la sumisión de la “quinta columna” en la que se basa esa dominación.

Pero si nunca ha dejado de serlo, tampoco nunca ha dejado de haber resistencias. La cumbre de Barcelona revela lo persistente y renovadas que son. El mundo ha cambiado mucho para que las pretensiones anunciadas en 1823 de someter a América Latina puedan ser renovadas sin problemas hoy.

Nadie debe tener vergüenza de ser de izquierda, dijo Lula en Barcelona. Trump está jugando un juego muy peligroso, pensando que puede dictar sus reglas.

O, como dijo la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum: México tiene como principios constitucionales “el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, el rechazo al uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los estados, la necesidad de la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos, la lucha permanente por la paz”.

Estados Unidos está utilizando armas creadas para combatir el narcotráfico como instrumento de presión contra los que no comparten sus políticas en América Latina dijo, por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro.

¿Cuál es nuestra respuesta?, se preguntó: Rebelión. Esto es lo que ocurrirá si el gobierno norteamericano no revisa el caos provocado por sus políticas hacia América Latina, aseguró.

Podrá así ese niño, dormido en la acera en San José, despertar y descubrir otro mundo, donde tenga una cama donde dormir.

FIN

Balance del gobierno de Rodrigo Chaves Robles

Gerardo Fumero Paniagua

Termina su periodo marcado por contrastes, una macroeconomía estable, pero con un país sumergido en la peor crisis de su historia en seguridad, salud y educación, un gobierno confrontado con toda la institucionalidad del Estado y con el más alto nivel de incumplimiento de promesas de campaña de nuestra historia.

Costa Rica alcanzó cifras récord de homicidios vinculados al narcotráfico y el crimen organizado, aunque para Chaves solo son «ajuste de cuentas entre delincuentes», “que se maten entre ellos”. Priorizó el equilibrio fiscal antes que el bienestar del pueblo, al recortar significativamente la inversión social.

Su liderazgo ha sido catalogado como populista, autoritario, narcisista y mesiánico. Se presenta a sí mismo como el único capaz de «limpiar la casa» y derrotar a las «estructuras de poder», «la prensa canalla» y «los mismos de siempre”. Su conducta representa una degradación de la investidura presidencial y una amenaza directa a la paz social y a la estabilidad democrática que nos ha caracterizado por siglos.

Su estilo ha sido de confrontación abierta con la Asamblea Legislativa, con el Poder Judicial, con la Contraloría, con la Prensa y con cualquier control de legalidad de sus proyectos -como fue el caso de Ciudad Gobierno y la Ley Jaguar-, lo que generó una fuerte polarización social entre «chavistas» y “opositores”.

En su comunicación rompió con la tradición del «lenguaje diplomático y protocolario”. Su discurso ha sido confrontativo, vulgar y soez. El uso de apodos, la burla hacia opositores y la descalificación de periodistas, han sido constantes. Su estilo ha servido para movilizar a una base electoral profundamente resentida, que se siente olvidada por la «clase política tradicional», pero a costa de una crispación -incluso violencia- social, tóxica, destructiva y creciente.

Por otra parte, sus intervenciones en compras pública, especialmente en Telecomunicaciones del ICE, dejan en entredicho la ética y la transparencia gubernamental. La vinculación entre el ICE, Racsa, Datasys, Cisco y figuras de su campaña, constituyen hitos históricos en la contratación administrativa del Estado.

En primer lugar, se ha denunciado la intervención directa en negociaciones que rompen la independencia técnica de las instituciones autónomas, para favorecer a financistas y colaboradores de su campaña, por ejemplo, a Carlos Valenciano Kamer, exsecretario del Partido Pueblo Soberano, dueño de Datasys y representante de Cisco, con compras millonarias del ICE y Racsa.

Segundo, publicó un Decreto sobre Ciberseguridad, que excluyó a empresas de países no firmantes del Convenio de Budapest (como China), lo cual eliminó a Huawei, el actual proveedor de la red celular 4G del ICE, eliminando la posibilidad de una actualización tecnológica de esa red para llevarla a 5G, cualquier otra solución será mucho más cara.

En tercer lugar, hubo reuniones en Casa Presidencial y Ministerios, en donde se discutieron detalles técnicos y financieros de licitaciones, en algunos casos se supone que para ordenar a quién y qué tecnologías adjudicar, mediante «contrataciones directas por excepción», con elevados sobreprecios.

En cuarto lugar, ante la opacidad de todos estos procesos, la Sala Constitucional obligó al ICE a revelar bitácoras de reuniones con representantes de la Embajada de EE. UU. y Cisco, que se mantenían en secreto, debilitando el derecho constitucional del acceso a la información.

Estas acciones son insólitas, pues el Estado no puede ser usado para pagar favores de campaña a través de contratos millonarios. Precisamente sus ataques constantes a la Contraloría buscan eliminar la vigilancia que ella ejerce sobre estas adjudicaciones «a dedo» y compromete “fondos públicos” del ICE en compras sumamente caras y de dudosas tecnologías, poniéndolo en grave riesgo. Estas intervenciones no son casos aislados, sino un patrón sistemático de desmantelamiento de los controles de contratación pública para favorecer una red de aliados políticos y económicos, bajo una narrativa de «eficiencia» que la ciencia, la probidad y la transparencia contradicen.

Otro capítulo oscuro es el desempeño de su gobierno en relación con el narco tráfico. Pasará a la historia como el periodo en el que Costa Rica perdió su estatus de «oasis de paz». El país cerró el 2025 con una tasa de 16 homicidios por cada 100,000 habitantes, cifra que casi duplica la del país que recibió. La respuesta del Ejecutivo ha sido culpar a las leyes y al Poder Judicial, sin hacer absolutamente nada para enfrentar tal inseguridad.

A pesar de la narrativa oficial de «mano dura», durante su administración el decomiso de cocaína ha sido casi una cuarta parte menor en comparación con el cuatrienio anterior, a pesar de los publicitados escáneres de Moín. Además, sacó la Policía contra las Drogas, PCD, de los puertos y fronteras y desmanteló los controles marítimos, todo lo cual permeó las fronteras, las costas y las exportaciones en contenedores, aumentando las sospechas de protección a ciertos grupos.

Concomitante con estos hechos, el tipo de cambio del dólar pasó en su gobierno de 700 a 460 colones, -retrocedió casi dos décadas- mientras el diario El Universal de México en setiembre del 2023 aseguraba que funcionarios del gobierno costarricense habrían buscado acuerdos con facciones de carteles mexicanos, y al interno del país, también se han denunciado presiones políticas en juntas directivas de bancos estatales y del INS, para recibir dinero de «dudosa procedencia”. Un mercado invadido de dólares -que solo se podrían explicar procedentes del naco tráfico-, justificaría no solo ese tipo de cambio tan bajo, sino la proliferación de personas en vulnerabilidad, dedicadas hoy a la venta y distribución de drogas y al sicariato, en los barrios más marginados del país, mientras el agro, la industria y el turismo sufren su peor crisis en décadas, por el encarecimiento de sus productos y servicios, al perder el país competitividad. Pierde también Costa Rica su base productiva y la soberanía alimentaria y se vuelve cada vez más vulnerable a las importaciones. Un tipo de cambio como el actual reduce la inflación y baja la deuda externa convertida a colones, lo cual ayuda al gobierno a “maquillar la macroeconomía” frente a los organismos internacionales y a aparentar estabilidad económica y una baja inflación, pero sacrifica el sector productivo nacional, enriquece a importadores y agentes financieros, concentra la riqueza, aumenta la inequidad y desacelera la economía interna, todo lo cual solo producirá pobreza. Ese manejo podría estar incubando una enorme burbuja económica que bien podría reventarle en la cara a su sucesora.

En relación con Celso Gamboa, en junio del 2025 el propio Chaves admitió que «todos sabíamos» de sus presuntos vínculos con negocios ilícitos, pero nunca lo mandó a investigar y figuras cercanas a su círculo han mantenido comunicación con el exmagistrado. Finalmente, el fiscal general, Carlo Díaz, ha tenido que defender la independencia del Ministerio Público ante los ataques de Chaves, mientras investiga posibles filtraciones de información desde el Ejecutivo, que podrían estar beneficiando a estructuras criminales.

En resumen, la reducción del decomiso de grandes cargamentos de drogas, el aumento de la violencia sin precedentes, el cambio en los protocolos policiales que debilitan la vigilancia en puertos, costas y fronteras y los ataques al Poder Judicial que investiga al narco, hacen sospechar que hay favorecimiento del narco tráfico.

Pero sus “abusos” no terminan ahí, veamos otros que harán historia.

  1. La sombra de los «Oscuros Capitales». Los manejos de dinero para su campaña electoral llevaron a la Fiscalía General en junio de 2025 a acusar a Chaves, al vicepresidente Stephan Brunner y a otros altos funcionarios por presunto financiamiento ilícito a través de estructuras paralelas durante la campaña del 2022. Se uso un fideicomiso privado y cuentas personales para recibir dineros de empresarios y fuentes no reportadas al TSE, quien incluso solicitó a la Asamblea Legislativa el levantamiento de su inmunidad.
  2. Manipulación de la Opinión y «Granjas de Troles». El uso de granjas de troles para manipular la opinión política fue investigado por la Asamblea Legislativa (Caso Piero Calandrelli). Se hizo uso de perfiles falsos para atacar sistemáticamente a periodistas de medios críticos (La Nación, CRHoy y Semanario Universidad) y a diputados de oposición. Sus conferencias de prensa los miércoles funcionaron como un show de agitación y «permanente campaña», no como un ejercicio de rendición de cuentas, saturando las redes sociales con narrativas que a menudo carecen de sustento técnico.
  3. La «Posverdad» y los Desmentidos Institucionales. Un patrón recurrente ha sido la emisión de datos que luego son refutados por las mismas instituciones técnicas del Estado: a) Costo de la vida: Mientras el presidente celebra la baja inflación, el INEC y la UCR señalan que los bienes básicos y servicios siguen siendo inaccesibles para gran parte de la población, desmintiendo la sensación de «bonanza» que el Ejecutivo proyecta. b) Inseguridad: El mandatario ha intentado minimizar el récord de homicidios, pero los informes del OIJ han sido contundentes en señalar la falta de recursos y la ineficacia de los planes de seguridad del Ministerio de Seguridad Pública. c) Ruta del Arroz: Prometida como una baja masiva en el precio del grano, finalmente se estrelló contra la realidad, pero terminó favoreciendo a los grandes importadores y contribuyentes de su campaña, subiendo los precios a los consumidores y arruinando a cientos de pequeños productores, lo que ha venido sucediendo con la agricultura en general.
  4. Concentración de la Riqueza y Desigualdad. A pesar de los “buenos indicadores macroeconómicos” (PIB, exportaciones), la brecha social se ha profundizado: Hay una «Costa Rica de Zonas Francas» que prospera, frente a una «Costa Rica rural y costera» (especialmente Limón, Puntarenas y Guanacaste, las provincias que más votaron por Chaves), que se hunde en la pobreza y es cooptada por el narco ante la falta de inversión social. La desigualdad en el acceso a la riqueza sigue siendo de las más altas de la OCDE. El gobierno ha favorecido a una «nueva oligarquía» vinculada a sectores de importación y tecnología (caso del arroz y de Cisco), mientras recorta presupuestos en seguridad y educación y no le paga a la CCSS.

La acumulación de conductas como el financiamiento bajo sospechas, la manipulación mediática y el irrespeto a los datos técnicos, erosionan el Estado Social de Derecho para sustituirlo por un modelo de capitalismo de amigos. Todo esto conlleva al debilitamiento de la confianza ciudadana en la verdad: cuando el presidente miente y las instituciones lo desmienten, el ciudadano queda en un limbo informativo que es terreno fértil para el autoritarismo.

Al término de su gobierno tiene múltiples acusaciones y varios casos judicializados, que parecieran confirmar un patrón de clientelismo y uso de la estructura estatal para favorecer a círculos cercanos, por ejemplo:

  1. La Pista del Aeropuerto de Liberia. Se adjudicó por $40 millones a la empresa Meco la reparación de la pista del Aeropuerto Daniel Oduber. Se incluyeron requisitos técnicos que solo Meco podía cumplir en ese momento y bajo una declaratoria de «emergencia» por el Huracán Bonnie, justificación completamente insuficiente.
  2. Los «Cariñitos» y el Contrato del BCIE. El publicista Christian Bulgarelli obtuvo un contrato de $405 mil financiado por el BCIE, mediante un cartel de licitación que él mismo ayudó a redactar en Casa Presidencial mientras era asesor de Chaves. Hay grabaciones en donde el presidente pedía «chineos, cariñitos y antojos», refiriéndose al uso de esos fondos para favorecer a sus asesores, como Federico Cruz «Choreco».
  3. Violación a la normativa ambiental. Las denuncias sobre el proyecto urbanístico Místico, en Playa Hermosa de Garabito, salpicaron a su jefa de fracción Pilar Cisneros. Se ha dicho que el gobierno ha sido «extremadamente ágil» para otorgar viabilidades ambientales y concesiones de agua a este proyecto, en el que Pilar y su hermano tienen intereses comerciales. Mientras el gobierno ataca otros desarrollos por temas ambientales, en Místico se han señalado posibles afectaciones a humedales que han sido «pasadas por alto» por el MINAE. Pero hay muchos otros casos, como el de Gandoca-Manzanillo, de Pacheco Dent, amigo del presidente y el de Portalón de Quepos, de Arce Carranza, uno de sus mayores financistas de campaña. Claros ejemplos de cómo el Estado se puso al servicio de los «amigotes» de la cúpula oficialista.

A lo largo de estos 4 años, el abuso de poder para favorecer a familiares y amigos se ha manifestado también de otras formas: 1) Nombramientos a dedo: Desde juntas directivas de bancos estatales hasta embajadas, los puestos han sido ocupados por financistas de campaña o amigos personales, sustituyendo el criterio técnico por la lealtad política. 2) Uso de las instituciones: como el caso del ICE con Datasys-Equipos de Telecomunicaciones, el MOPT con Meco-Pista de Liberia y el MAG-MEIC-COMEX con la Ruta del Arroz. Todo lo cual consolida un nuevo grupo económico favorecido por Casa Presidencial.

Todos estos y otros cargos hará -muy probablemente- que busque inmunidad a través de algún cargo en el nuevo gobierno.

El discurso de que «los mismos de siempre» se robaban el país contrasta con estas nuevas estructuras. La diferencia es que ahora las irregularidades se cometen con un tono de desafío al orden legal, atacando a los jueces y a la Contraloría, cuando estos intentan frenar los casos de corrupción.

Por otra parte, Chaves ha vetado 10 leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, algunas tan importantes como sacar a CR de la lista de paraísos fiscales y permitir allanar propiedades de delincuentes las 24 horas del día, 4 de esas leyes incluso fueron reselladas por los Diputados.

Todos estos hechos y conductas representan la mayor mancha de un gobierno que prometió «comerse la bronca» de la corrupción, pero que terminó asediado por ella en sus círculos más íntimos y que le prometió a la “señora de Purral” sacarla de la pobreza y terminó empobreciéndola aún más, aunque muchos todavía no son conscientes de ello e irónicamente optaron por el continuismo en el 2026. Hacemos votos para que a doña Laura Fernández la ilumine el Cielo y pueda tener el valor y la sabiduría para dar un giro de 180 grados, de lo contrario, muy posiblemente este país tocará fondo en el 2030 o antes.

“El emperador está desnudo”: teatro crítico llega a la UCR para cuestionar el poder y la verdad

Como parte de su compromiso con la formación crítica y el diálogo social, la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica presenta la obra “El traje nuevo del emperador”, basada en el texto de Hans Christian Andersen y adaptada por el reconocido actor Rubén Pagura.

La propuesta escénica invita a reflexionar sobre temas como la legitimidad del poder, el miedo y la responsabilidad colectiva frente a dinámicas de silenciamiento. En un contexto donde las instituciones y la vida pública enfrentan desafíos complejos, la obra abre un espacio pedagógico y cultural para el análisis crítico desde el arte.

Esta actividad se realiza en el marco de la Semana Universitaria 2026, como parte de las iniciativas de la Universidad de Costa Rica orientadas a fortalecer el vínculo entre cultura, educación superior y sociedad.

Detalles del evento:
📍 Lugar: Paraninfo Daniel Oduber, UNED, Sabanilla
📅 Fecha: Lunes 20 de abril
🕒 Hora: 03:00 pm
🎟 Entrada: GRATIS con reserva previa en el formulario:

https://forms.gle/gaai8jGvKHVGvWPu5

«La Arrastrada»: 15 años de un quiebre que transformó la lucha indígena por tierra, autonomía y derechos

De Hablemos DDHH

El 19 de abril de 2010, durante el Día de la Persona Indígena en Costa Rica, liderazgos indígenas realizaron una acción pacífica dentro de la Asamblea Legislativa para exigir la votación del Proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas, estancado por más de 17 años. La respuesta estatal fue el desalojo violento: sin diálogo, la Fuerza Pública ingresó de madrugada, cortó servicios y sacó a las personas indígenas arrastrándolas hasta la calle. Este hecho se conoce como “La Arrastrada”.

“La Arrastrada” marcó un antes y un después en la relación entre los pueblos indígenas y el Estado. Evidenció racismo estructural, falta de voluntad política y el cierre de las vías institucionales. El proyecto de ley nunca fue aprobado y terminó siendo archivado, pese a haber sido construido con participación indígena.

A partir de ese momento, según el líder brörán Pablo Sibar Sibar, muchas comunidades decidieron no volver a la capital a pedir derechos y optaron por ejercerlos directamente en sus territorios. Así inició una nueva etapa de lucha: las recuperaciones de Tierras Ancestrales desde 2011 en territorios como Salitre, Térraba, Cabagra, Curré y China Kichá, basadas en derechos reconocidos pero enfrentadas con violencia, amenazas y criminalización.

Este proceso ocurre en un contexto de incumplimiento de derechos, como la falta de consulta previa (Convenio 169 de la OIT) y la imposición de estructuras estatales como las ADI, que limitan la autodeterminación. La conflictividad ha sido agravada por la ocupación ilegal de territorios y la inacción estatal.

En este escenario fueron asesinados dos defensores indígenas: Sergio Rojas Ortiz (2019) y Jehry Rivera Rivera (2020), crímenes que permanecen en la impunidad y reflejan la falta de protección efectiva que le corresponde al Estado costarricense.

Por eso, “La Arrastrada” se conmemora no solo como un acto de violencia estatal, sino como el punto de quiebre que impulsó una lucha más directa por la Tierra, autonomía y libertad.

A más de una década, la demanda sigue vigente: respeto a los DDHH, devolución de los Territorios Ancestrales y reconocimiento pleno de la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Condena enérgica ante la agresión a integrante de la judicatura

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

Comunicado

El respeto a la integridad física y moral de los administradores de justicia es una piedra angular de cualquier Estado Social y Democrático de Derecho. Ante los hechos ocurridos el pasado viernes 17 de abril , en los que la jueza de la República Kattia Carballo fue objeto de una violenta agresión en Heredia, desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica manifestamos nuestro más profundo y enérgico rechazo.

Los ataques dirigidos contra los funcionarios judiciales no solo representan una vulneración inaceptable a la integridad personal de quienes administran justicia, sino que constituyen una ofensa directa contra la institucionalidad y la autoridad del Poder Judicial. La discrepancia con las resoluciones judiciales debe canalizarse estrictamente a través de los recursos legales pertinentes; nunca, en ninguna circunstancia, mediante la violencia, el acoso o la agresión física.

Ya se dijo antes. Exigimos que estos actos sean investigados con celeridad y que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución Política y las disposiciones del Código Penal aplicables a la agresión contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, sentando un precedente claro de que la justicia no se amedrenta ante la coacción.

Hacemos un llamado urgente al Poder Judicial para que  actúe  de manera inmediata y decidida, garantizando la protección de sus funcionarios en el ejercicio de sus cargos.

Instamos respetuosamente a la Corte Plena para que emita una respuesta contundente y pública en defensa de la independencia judicial. Es imperativo que la cúpula judicial envíe un mensaje inequívoco de respaldo a la judicatura y de rechazo absoluto a cualquier forma de intimidación externa.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se mantendrá vigilante y en alerta permanente, y de no obtenerse una respuesta institucional satisfactoria, se valorará las acciones legales y gremiales que correspondan. Velaremos porque el imperio de la ley y el respeto mutuo sigan siendo los ejes que rijan nuestra convivencia nacional.

Lic. Miguel Arias Maduro
Presidente

ACOJUD advierte escalada de riesgo contra la judicatura tras ataque a jueza expuesta públicamente

Comunicado

La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) manifiesta su más profunda preocupación, indignación y repudio ante los hechos ocurridos el día sábado, en los cuales una jueza de la República fue objeto de un ataque físico violento por parte de un particular, en un contexto precedido por la indebida y reiterada exposición pública burlesca y denigrante de su identidad, desde la Presidencia de la República, en razón del contenido de una resolución que calificó infundadamente como complaciente. Amenazas en redes sociales y llamadas telefónicas a la juzgadora como a sus familiares, fueron inmediatos a la exposición y previos a la agresión.

Este hecho marca un punto de inflexión. Ya no se trata únicamente de ataques discursivos: estamos ante consecuencias reales que ponen en peligro la integridad física de quienes administran justicia y generan un riesgo cierto para todo el sistema judicial.

ACOJUD ha advertido reiteradamente sobre los efectos de las manifestaciones públicas provenientes del Poder Ejecutivo contra jueces y juezas de ejecución de la pena y de otras jurisdicciones. Hoy, lamentablemente, estos riesgos se materializan.

La exposición de nombres e imágenes de jueces y juezas, en un entorno de alta tensión social constituye una forma de estigmatización y deslegitimación que fomenta el hostigamiento y la violencia, especialmente de género. Esto no solo representa un grave irrespeto a la independencia judicial y a la división de poderes que consagra nuestra Constitución Política, sino una pérdida de nuestra estabilidad institucional. Ignorar estos principios abre la puerta a prácticas incompatibles con la democracia, donde la justicia se sustituye por la intimidación, presión, la desinformación o populismo.

Cuando se expone ilegítimamente a un juez o jueza, se pone en riesgo la justicia misma. Por ello reiteramos con firmeza: la función de los jueces y juezas es la defensa de la ley, la justicia y los derechos humanos, y no, como errónea y malintencionadamente se ha afirmado, la “defensa de delincuentes”.

Los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura establecen que las personas juzgadoras deben poder ejercer sus funciones libres de presiones, amenazas o interferencias indebidas, así como contar con garantías de seguridad. En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que el Estado tiene el deber de prevenir actos de intimidación contra jueces y juezas y de asegurar condiciones que resguarden su independencia. La exposición pública que genere riesgo o estigmatización compromete la responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de sus obligaciones convencionales.

La preocupación aquí externada ya ha sido advertida por la Relatora de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite (Ref.: AL CRI 3/2024), quien recordó al Estado costarricense su obligación de garantizar la protección de jueces y fiscales frente a presiones indebidas. Hoy, los hechos evidencian un preocupante retroceso. La justicia no puede ni debe ejercerse bajo amenaza.

Por ello, ACOJUD exige de manera urgente el respeto irrestricto a la independencia judicial como bastión esencial de la democracia y el cese inmediato de prácticas de exposición y estigmatización de personas juzgadoras.

En virtud de la gravedad de los hechos descritos, ACOJUD solicita a la Corte Suprema de Justicia de forma inmediata, en su condición de máximo órgano del Poder Judicial y garante de su independencia:

UNO: Que acuerde y ejecute con los órganos internos del Poder Judicial que corresponden, todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de los jueces y juezas de la República. En particular, instamos a que se dispongan acciones reales y efectivas de protección para la persona juzgadora afectada y para quienes se encuentren en situación de riesgo con alarmas ya comunicadas y se establezcan protocolos claros frente a escenarios de exposición y hostigamiento.

DOS: Instamos a que se posicionen firmemente como órgano en defensa de la independencia judicial, frente a cualquier forma de injerencia o presión indebida, venga de donde venga. La protección de quienes administran justicia no es solo una responsabilidad institucional, sino una condición indispensable para la vigencia del Estado de derecho. El silencio institucional, en momentos como este, también compromete la independencia judicial.

Por último, recordamos a la ciudadanía que los ataques no solo no nos intimidan, sino que reafirman nuestro compromiso inquebrantable con la Constitución, la ley y los derechos humanos. La judicatura costarricense no renunciará a su deber.

Sin jueces independientes, no hay justicia. Sin justicia, no hay democracia.

San José, 19 de abril del 2026.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ACOJUD

Sala IV fundamenta medidas cautelares en Playa Panamá por posible regresión ambiental y riesgo irreparable al bosque

La resolución mediante la cual la Sala Constitucional ordenó medidas cautelares en el caso de Playa Panamá no solo suspendió permisos y autorizaciones vinculadas al desarrollo inmobiliario en la zona, sino que dejó expuestos los argumentos jurídicos y ambientales que llevaron al magistrado instructor a intervenir de forma urgente. El documento identifica posibles violaciones constitucionales, ausencia de estudios técnicos y riesgo de daños graves e irreparables al ambiente.

El expediente cuestiona reformas introducidas por el Decreto Ejecutivo N.° 44448 MP-TUR, relacionado con el reglamento del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo. Según se expone en la resolución, la normativa permitiría trasladar derechos de construcción entre fincas concesionadas incluso cuando no son colindantes, lo que podría ocasionar aumentos de densidad superiores a los límites originalmente autorizados.

Procuraduría advirtió inconstitucionalidad

Uno de los elementos centrales considerados por el magistrado Fernando Cruz Castro fue el criterio rendido por la Procuraduría General de la República, según el cual la figura de “compensación de densidad o coeficiente de ocupación” podría ser inconstitucional.

De acuerdo con la resolución, la Procuraduría señaló que esa regulación:

  • vulneraría el principio de no regresión ambiental;
  • fue aprobada sin estudios técnicos suficientes;
  • transgrediría el principio precautorio;
  • sería incompatible con el artículo 50 de la Constitución Política, que protege el derecho a un ambiente sano.

Riesgo inmediato por tala de 700 árboles

Otro aspecto determinante fue la advertencia presentada por el accionante sobre la autorización para talar aproximadamente 700 árboles en el Polo Turístico Golfo de Papagayo, dentro del contexto de un proyecto hotelero. El magistrado consideró que esa eventual afectación justificaba actuar de inmediato para prevenir daños materiales y posiblemente irreparables.

Aplicación del principio Pro Natura

La resolución también subraya que en materia ambiental debe prevalecer el Principio Pro Natura, criterio jurídico según el cual, ante dudas razonables o posibles impactos graves, debe optarse por la interpretación más favorable a la protección de la naturaleza. Este razonamiento fortaleció la decisión de imponer medidas preventivas mientras se analiza el fondo del caso.

Más que un conflicto local

El caso de Playa Panamá trasciende la disputa puntual por un proyecto turístico. La resolución pone en debate los límites del desarrollo inmobiliario en zonas frágiles, la obligación estatal de respaldar sus decisiones con evidencia técnica y la vigencia de principios constitucionales ambientales en Costa Rica.

El documento fue firmado por el magistrado instructor Fernando Cruz Castro.

La ilusión de la mano dura: Bukele, Trump y el riesgo de dinamitar nuestro ADN tico

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

La tentación de importar milagros siempre ha sido el talón de Aquiles de las democracias fatigadas. En los últimos años, Costa Rica ha comenzado a mirar de reojo hacia el norte de su la región centroamericana, embelesada por la promesa de la mano dura y la supuesta eficiencia fulminante. Sin embargo, intentar calzar el modelo salvadoreño en la realidad costarricense es ignorar el abismo histórico, institucional y existencial que separa a ambas naciones. Para entender por qué el espejismo autoritario es incompatible con nuestro ADN, debemos primero desvestir la ilusión de que somos sociedades equiparables.

Nuestra matriz existencial se forjó desde lugares diametralmente opuestos. La Costa Rica moderna se construyó a partir de 1948 sobre una premisa insólita para la región: la abolición del ejército y la edificación de un Estado de bienestar robusto, con la seguridad social y la educación pública como grandes igualadores. Históricamente, hemos apostado por la tiza sobre el fusil, cultivando una fe casi dogmática en el derecho, el consenso y el equilibrio de poderes. El Salvador, por el contrario, ha escrito su historia en clave de supervivencia. Atravesado por décadas de dictaduras militares y una guerra civil que dejó cicatrices profundas, su transición a la paz fue trágicamente secuestrada por la barbarie de las pandillas. La sociedad salvadoreña, acorralada por el terror diario, llegó a un límite de agotamiento donde estuvo dispuesta a sacrificar sus libertades constitucionales a cambio de no morir en la calle. Costa Rica, mientras tanto, sangra por una herida muy diferente, con penetración de organizaciones criminales internacionales.

A pesar de esta abismal diferencia, a partir del 2022 hemos presenciado un giro inquietante en nuestro país. El chavismo tico ha comenzado a imitar un libreto que no encaja con la esencia de Costa Rica por el “éxito” cortoplacista, que consiste en esconder su problemática social “debajo de la alfombra”, aprovechando para, entre la basura, desaparecer a opositores y críticos. Bajo la bandera del anti-establecimiento, se ha importado una retórica confrontativa que busca desacreditar sistemáticamente a la prensa independiente, a los órganos de control y a los cimientos mismos de nuestra democracia. Este intento de aplicar una receta autoritaria y centralista en la otrora “Suiza centroamericana” genera una fricción destructiva. Nuestras instituciones fueron diseñadas meticulosamente para evitar que un solo líder acumule el poder absoluto; intentar forzar el modelo de excepción salvadoreño aquí es como intentar operar un marcapasos a martillazos.

El peligro de romantizar esta deriva populista se vuelve aún mayor cuando la fachada del modelo a imitar comienza a resquebrajarse. La narrativa de la paz salvadoreña, vendida como un triunfo absoluto de la voluntad presidencial, oculta un costo oscuro que hoy está más expuesto que nunca. Recientes investigaciones y reportajes de la cadena estadounidense CBS han sacado a la luz nuevas pruebas, a partir de la denuncia del medio salvadoreño “El Faro”, que confirman lo que muchos teman y otros sospechamos: el pacto original del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas. Las denuncias documentan cómo, para cimentar su popularidad inicial, se negoció la liberación de líderes históricos de la MS-13.

Ese oscurantismo se agrava al observar las nuevas dimensiones internacionales del bukelismo. Lejos de ser un modelo de soberanía, El Salvador ha profundizado sus nexos con Donald Trump, ofreciendo el publicitado megadespliegue del CECOT no solo como prisión local, sino como una pieza en el engranaje de las políticas de deportación masiva estadounidenses. Someter la soberanía nacional para convertirse en un apéndice carcelario de intereses extranjeros, en medio de severas denuncias internacionales por tortura y violaciones al debido proceso, no es un modelo de éxito, es la claudicación del Estado de derecho.

A la peligrosa importación de este espejismo autoritario se suma, además, un error conceptual tan básico como destructivo. El modelo que el oficialismo intenta vendernos ignora deliberadamente la naturaleza de nuestro propio mal. Las maras salvadoreñas y su brutal violencia territorial no son, ni de cerca, equiparables a las complejas, equipadas y multimillonarias redes transnacionales del narcotráfico que hoy infiltran a Costa Rica. Intentar desmantelar la sofisticada maquinaria del crimen organizado y los grandes carteles de la droga aplicando tácticas de encierro masivo diseñadas para pandillas, no solo es una ingenuidad operativa, sino que equivale a dispararle al objetivo equivocado mientras el verdadero enemigo sigue avanzando sin oposición ni estrategia de contención real.

Costa Rica está a tiempo de mirarse al espejo y reconocer su propia valía. El Salvador entregó las llaves de su democracia empujado por una necesidad extrema y el trauma del plomo; nosotros corremos el riesgo de entregarlas por pura frivolidad populista. Prometernos seguridad y eficiencia dinamitando los puentes institucionales que construyeron nuestros abuelos solo nos llevará hacia un modelo cimentado en pactos opacos y sumisión, que no resuelve por el fondo las causas de la delincuencia, la brecha social, la desigualdad y la exclusión. El verdadero patriotismo hoy no exige mano dura, sino la valentía de defender la democracia que nos hizo excepcionales.

Movimiento Magisterial denuncia aumento salarial “discriminatorio” y advierte impacto en futuras pensiones

ACOJUPEMA y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna calificaron como una “burla más” el ajuste salarial establecido mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45515-H-PLAN, al considerar que excluye a una gran parte del personal del sector público, especialmente a personas trabajadoras con mayor antigüedad en el régimen de salario compuesto. La agrupación sostiene que la medida profundiza desigualdades laborales y afectará directamente el monto de futuras pensiones.

Según el pronunciamiento, el decreto —emitido el 3 de marzo de 2026 y vigente desde el 1.º de abril— establece un incremento general de ₡10.000 al salario base, pero únicamente para escalas salariales entre ₡514.000 y ₡534.000, aplicable además a determinados esquemas salariales y no a quienes permanecen bajo salario compuesto con bases superiores.

Las organizaciones señalan que una parte importante del magisterio con categorías como PT6, MT6 y VT6 mantiene salarios base cercanos a los ₡600.000, monto que no recibiría el ajuste. Denuncian que esto ocurre tras seis años de congelamiento salarial, mientras continúan soportando deducciones obligatorias y aumento del costo de vida.

Impacto en jubilaciones futuras

Uno de los principales reclamos del grupo es que el congelamiento salarial no solo afecta ingresos actuales, sino también las futuras pensiones. Explican que en el régimen de Capitalización Colectiva, muchas personas se pensionarán con alrededor del 60% del salario base, por lo que una base devaluada reduciría severamente los ingresos al jubilarse.

La organización afirma que se está creando una división entre personas trabajadoras antiguas y nuevas, al coexistir esquemas salariales distintos que benefician a ciertos sectores mientras castigan a quienes permanecen bajo condiciones anteriores.

Llamado a revisar política salarial

El Movimiento Magisterial por una Pensión Digna y ACOJUPEMA cuestionan que personal con amplia trayectoria deba recurrir a recargos laborales adicionales para enfrentar deudas y gastos de salud, pese a años de servicio público. Por ello, demanda revisar la política salarial del sector público y adoptar medidas que garanticen justicia para personas trabajadoras activas y futuras jubiladas.

Esta es la tabla que muestra el ajuste: