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La Batalla de Santa Rosa, la más importante de la Campaña Nacional

Reflexiones en el 170 aniversario de la Batalla de Santa Rosa. (Conferencia de Vladimir de la Cruz, Secretario de la Academia Morista Costarricense, el 19 de marzo del 2026, en el Club Unión, con motivo del inicio del Año Morista 2026, y por la celebración del 170 aniversario de la Batalla de Santa Rosa. Igualmente impartida, el mismo día, a las 4 p.m en la Benemérita Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano”)

Los límites de Costa Rica se determinaron desde la época colonial. Al sobrevenir la Independencia, se alteraron cuando los habitantes del Partido de Nicoya tomaron la decisión de adherirse por su propia voluntad a Costa Rica, situación que incomodó a Nicaragua que se consideraba con mayor derecho, por haber sido la sede de la Diputación Provincial durante los últimos años de la colonia, resultado de las Cortes de Cádiz.

La decisión de Nicoya fue por el goce de su limitada autonomía que tenía frente al resto de los territorios de las Provincias centroamericanas, y por el papel importante que Costa Rica iba adquiriendo desde las Cortes de Cádiz, por el representante en ellas, el Dr. Florencio del Castillo, como por el papel que empezaban a tomar en esa región del Golfo de Nicoya, la apertura de los puertos de Caldera y de Puntarenas, que lograron intensificar más el comercio entre ambas regiones, así como por la estabilidad política y mejores condiciones que ofrecía Costa Rica a los nicoyanos, frente a la crisis que tenía Nicaragua.

Nicaragua no satisfecha con la decisión nicoyana, intervino ante la República Federal del Centro de América, reclamando las tierras de Nicoya, situación que no se resolvió en su favor. Los órganos de la República Federal ratificaron la decisión tomada por Nicoya y por Costa Rica, pero los sentimientos de recuperación del viejo Partido de Nicoya lo mantuvieron, hasta nuestros días, cuando en reiteradas ocasiones los gobiernos nicaragüenses, han incitado y alientan esa recuperación para consolidarse ante situaciones políticas internas que se les presentan, y usan el asunto de la recuperación de Nicoya como un gran distractor político, y de unificación popular frente a su gobierno.

La Corte Internacional nos ha dado la razón y permitido validar el Tratado de Límites de 1858, y hacer respetar el territorio nacional.

En la década de 1840-1850 esa demanda nicaragüense se mantenía y obligó al gobierno de Costa Rica a fortalecer su aparato militar. Con el ascenso de Juan Rafael Mora Porras, con gran visión política y preventiva, fortaleció la institución militar ante posibilidades de una guerra o una confrontación militar con Nicaragua.

Mientras tanto, los grupos económicos del sur de Nicaragua alentaban el conflicto. En Granada se mantenían los conservadores o legitimistas y en León los sectores más democráticos y liberales. En 1854 ambos grupos buscaban apoyos militares para sus luchas.

Los liberales, al estallar la guerra interna en Nicaragua buscaron apoyo extranjero promoviendo la llegada de William Walker, en 1855, ya reconocido filibustero y mercenario en el norte del continente, especialmente en México y, particularmente en Estados Unidos.

Walker había desembarcado en Nicaragua, en el puerto del Realejo en junio de 1855, con un grupo de mercenarios militares y combatientes de sus aventuras en Sonora, México, reconociéndole como “ciudadano nicaragüense”.

Allí, en Rivas, hubo una reacción contra él cuando se produjo la Primera Batalla de Rivas, el 29 de junio, en la cual las tropas legitimistas derrotaron a Walker, destacándose en esa Batalla el maestro Enmanuel Mongalo y Rubio, en un acto similar al que tiempo después haría Juan Santamaría, en Rivas el 11 de abril de 1856, con la quema del Mesón de Guerra.

El 13 de octubre de 1855, Walker ya estaba ocupando Granada, llegando el 23 de octubre de 1855 a la presidencia de Nicaragua Patricio Rivas, quien nombró a Walker General Jefe del Ejército, lo que le permitió ser el hombre fuerte de Nicaragua.

Poco tiempo después de la Batalla de Rivas, del 11 de abril de 1856, Walker llegó a elegirse Presidente de Nicaragua el 10 de junio de 1856, reconocido por el gobierno estadounidense. Fue investido como Presidente de Nicaragua el 12 de julio por el Fermín Ferrer, quien era presidente provisional, en la Plaza de Granada. En el acto de su investidura señaló su deseo de gobernar toda la América Central. Los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala firmaron el Tratado de la Alianza, del 18 de julio de 1856, con el cual reconocían a Patricio Rivas, enfrentándose de esa manera a Walker, y participando más activamente en la lucha que llevaba a cabo Costa Rica contra él.

En Nicaragua, el 14 de setiembre de 1856 en la Hacienda San Jacinto, cera de Managua se libró una Batalla, de San Jacinto, en la cual s fuerzas patrióticas de Nicaragua, encabezadas por el Coronel José Dolores Estrada, bajo el llamado Ejército de Septentrión, con 60 flecheros indígenas derrotaron a 300 filibusteros de Walker, comandados por Byron Cole, quien falleció dos días después, el 16 de setiembre, a manos de un sabanero.

En febrero de 1856 Walker había obtenido una concesión para construir el canal a través del río San Juan.

En el conflicto nicaragüense, Honduras apoyó a los conservadores. Y en el contexto centroamericano Honduras se debatía entre la mayor presencia de los Estados Unidos y la de Inglaterra. Por una situación particular en 1847 asumió la presidencia Juan Lindo, liberal alineado a los Estados Unidos, quien maniobró con El Salvador y Nicaragua, para restablecer la República Federal, para lo cual convocó a la Dieta de Nacaome, que funcionaba como conferencia unionista centroamericana, en la cual estos tres países firmaron un pacto con un gobierno provisional en Tegucigalpa. Guatemala no aceptó la iniciativa y la hizo fracasar con colaboración del cónsul inglés, Federico Chatfield, extendiendo el territorio del Rey Mosquito desde el Cabo de Honduras hasta la desembocadura de la región canalera del río San Juan, lo que desconoció Estados Unidos, posesionándose el arqueólogo, cónsul norteamericano, Ephraim Squier, de la Isla Tigre.

En los días inmediatos se agudizaron conflictos entre esos países, que culminaron con el Tratado Clayton Bulwer, tratado canalero entre Inglaterra y Estados Unidos sin tomar en cuenta a los centroamericanos.

En 1852 asumió la presidencia de Honduras José Trinidad Cabañas, más liberal, quien renunció siendo sustituido por Francisco Castellón, quien no gozaba de la simpatía de los ingleses. Los conflictos regionales se agudizaron y facilitaron que el representante estadounidense, Ephraim Squier, obtuviera una concesión ferrocarrilera muy favorable a Honduras por lo que los intereses británicos fueron de nuevo traídos a ese país, provocando una lucha armada en 1855 que derrocó a Cabañas.

En febrero de 1856, los ingleses apoyando a José Santos Guardiola, se impusieron en Honduras, agudizando el conflicto con Estados Unidos. El presidente Guardiola, aliado de los ingleses se sumó a la lucha contra los filibusteros de William Walker y procuraba hacer valer la soberanía del Rey Mosquito en la costa nicaragüense.

Para esa época, al desatarse los países latinoamericanos del yugo colonial, se volcaron ávidamente sobre ellos los otros países europeos, especialmente Francia e Inglaterra, con afanes imperialistas, lo que provocó enfrentamientos inter imperialistas de esa época.

América, Asia y Africa de nuevo volvieron al escenario de la dominación internacional. En América la presencia inglesa y francesa, especialmente en Suramérica, y luego en Centroamérica, provocó el interés de los Estados Unidos a principios del siglo XIX.

Así, desde 1811, los Estados Unidos aprobó la Política del Principio de No Transferencia que pretendía detener que los territorios americanos pasaran a manos de las potencias europeas como lo pretendía Inglaterra en el Cono Sur, en esos años.

Más tarde, en 1823, el 2 de diciembre de ese año, en su sétimo discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión, el Presidente Monroe declaró que los Estados Unidos tenían el “carácter elegido”, la “idea americana” de la “defensa” de las Américas, considerando que los esfuerzos ingleses de controlar o influir, particularmente, en Suramérica debía considerarse una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto hizo surgir la llamada Doctrina Monroe que sostenía que Europa y América debían considerarse como dos esferas de influencias separadas.

Desde los mismos días de la Independencia de los Estados Unidos, Alexander Hamilton, había señalado que Europa debía mantenerse lejos de América, valorando el papel que Estados Unidos podría jugar en esa época en el plano internacional. John Quincy Adamas, presidente de Estados Unidos, también se pronunció contra cualquier intento de presencia colonial europea, luego que se fueron declarando las independencias de los países americanos.

En ese tiempo los Estados Unidos se adueñaron de la Florida, en 1819, que pertenecía a España y, en 1821, proclamaron la “defensa” arrogándose el derecho de intervenir unilateralmente en los estados latinoamericanos, convirtiéndose de hecho en sus protectores. Así, enfrentaron a Europa que quería restaurar su dominio colonial en América.

En 1845 el presidente James K. Polk afirmó, sobre la Doctrina Monroe, que ninguna nación o Estado europeo podía interferir con la expansión estadounidense que se estaba realizando.

En 1846, Estados Unidos impuso a Colombia, a la República de Nueva Granada, el Tratado Mallarino-Bidlack, con el cual se aseguró el derecho de tránsito por el istmo de Panamá a cambio de garantizar la soberanía colombiana sobre el territorio. En 1867 Rusia perdió sus posesiones americanas, adquiriéndolas Estados Unidos por compra debido, entre otras razones, al debilitamiento que tuvo en la Guerra de Crimea.

Con el desarrollo de la incipiente revolución industrial y agraria, a principios de siglo XIX, el esclavismo adquirió fuerza en los Estados Unidos, mientras en Europa daba paso a la proletarización y la liberación de la mano de obra. A mediados del siglo XIX esta postura política de los Estados Unidos cobró fuerza con el desarrollo de la doctrina del Destino Manifiesto que justificó la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos, arrasando con todas las culturas originarias de esa gran nación, y se volcaron sobre los territorios de México y de Centroamérica, lo que produjo la guerra de 1856-1857, cuando los filibusteros actuaron, intervencionistamente, en posibilidad de anexar estos países y de someter a la esclavitud a los pueblos centroamericanos.

La Doctrina del Destino Manifiesto se convirtió en bandera de avance colonial esclavista, destacándose en ese proceso los llamados filibusteros, que actuaban como fuerzas mercenarias al servicio de estados, de grupos económicos de hacendados y de grupos políticos dominantes.

En la perspectiva de este desarrollo económico y político continental, del siglo XIX, se valoró la necesidad de facilitar el comercio para lo cual el Istmo Centroamericano empezó a destacar como un sitio no solo estratégico y geopolítico, sino de gran interés económico.

Centroamérica, con el río San Juan, el Gran Lago de Nicaragua y el Estrecho de Rivas sobresalían como la gran ruta interoceánica. Francia, Inglaterra y los mismos Estados Unidos miraban y deseaban la región y el control de este paso nartural.

En Estados Unidos, la expansión hacia el oeste, con el descubrimiento de las actividades mineras en California, despertó procesos migratorios violentos, de enfrentamientos con las comunidades indígenas autóctonas. La falta de un ferrocarril transcontinental, como fue llamado, terminado de construir hasta 1865, obligaba a trasladarse por la costa pacífica hasta llegar a la desembocadura del río San Juan, y continuar desde allí su travesía por la ruta natural que ofrecía el río y el Lago de Nicaragua, para cruzar por el Estrecho de Rivas, y dirigirse al norte por la costa pacífica para llegar a California.

A finales de la década de 1840, en 1849, el empresario Cornelius Vanderbilt impulsa la empresa The American Atlantic Pacific Steamship Company, interesada en construir un canal en esa región, combinándola, por razones tecnológicas, con navegación marítima y fluvial, y por vía terrestre con carruajes, para lo que fundó, en 1851, la Compañía Accesoria de Tránsito, que fue una empresa clave durante los años siguientes, que le permitió mover, desde la costa Atlántica a la Pacífica de los Estados Unidos, un flujo, según se ha dicho, de mil personas por mes. La empresa tuvo sus propios problemas y conflictos legales con el gobierno de Nicaragua por incumplimiento de contratos, disputas por la propiedad de los vapores que se empleaban y discusiones sobre la explotación de la ruta del tránsito.

La disputa por el límite sur de Nicaragua, que no estaba bien delimitado, se acentuó en esos años por parte de sectores sociales y políticos, en Nicaragua, que de paso estaban en una guerra interior.

Al contrario, la situación de Costa Rica era muy significativa y distinta a la que se vivía en Centroamérica.

Políticamente habíamos salido de la República Federal de Centroamérica desde 1838. Aún con Morazán en 1842 no se pudo reconstruir el proyecto federal. Mantuvimos el nombre de Estado de Costa Rica hasta el 31 de agosto de 1848, cuando se declaró la República de Costa Rica en el gobierno del Dr. José María Castro Madriz. En esa década, ya fuera de la República Federal, iniciamos lentamente nuestras relaciones internacionales como país independiente.

Económicamente, la expansión cafetalera tenía gran impulso hacia el oeste del Valle Central, donde también se habían desarrollado actividades mineras desde 1819 hasta 1844, que cuando se abandonaron permitió, de manera exitosa, una reinversión de ese capital minero en café y en caña de azúcar, en el norte del Valle Central. El café desde 1843 empezó a exportarse hacia Europa lo que provocó un gran salto en la economía, y abrió el país a la migración europea, con gran importancia, en la segunda mitad del siglo XIX.

Militarmente el Presidente Mora, desde 1850 fortaleció la institucionalidad militar, reorganizó el Ejército, restableció́ contingentes militares en Alajuela y Heredia. Asoció el poder de los militares y la existencia del Ejercito con la defensa y apoyo de los intereses del Gobierno.

Constitucionalmente, ya se había establecido cierto control de los poderes del Estado sobre el aparato militar y sobre la mayor incidencia del Poder Ejecutivo en el Ejército. Parte de esta reorganización fue la traída al país del militar polaco, en 1852-1853, Fernando von Salisch, para servir de instructor de alta preparación de las fuerzas militares y para ello se creó una academia militar.

En 1854 Mora reconocía cierta tensión en la relación limítrofe con Nicaragua, enfatizando que a partir de ese año la Provincia de Guanacaste “no tendría otra nacionalidad más que la costarricense, y el Partido de Nicoya no podía ser objeto de litigio, pues es propiedad nuestra, a la que tenemos indisputables derechos”, y advertía “que pueden presentarse complicaciones bastante graves”.

Con el Presidente Mora se aprueban las bases de un acomodamiento entre Costa Rica y Nicaragua, sobre límites territoriales, convenidos en Washington, por representantes de Gran Bretaña y Estados Unidos. Esta situación no estaba agotada. Se mantuvo hasta la llegada de Walker a Nicaragua, en 1855.

Los sucesos de Nicaragua y de Centroamérica, como las políticas injerencistas de la Doctrina Monroe, no eran desconocidas del presidente Juan Rafael Mora Porras.

La presencia filibustera en Nicaragua hizo que el Presidente Mora a finales de 1855, el 20 de noviembre, hiciera su Primera Proclama advirtiendo del peligro filibustero entronizado en Nicaragua, amenazando a Centroamérica, sobre todo cuando a finales de 1855, en Nicaragua se publica un mapa con la firma del Presidente Patricio Rivas y de William Walker en el cual se fija la frontera de Nicaragua, que incluía toda la Península de Nicoya, desde la desembocadura del río Tempisque hasta la desembocadura del río San Juan, lo que era una abierta amenaza de usurpación territorial, que no se podía dejar de lado. El representante diplomático de Costa Rica, en Estados Unidos, Luis Molina, tenía bien informado al presidente.

A diferencia de las situaciones políticas y militares conflictivas en Centroamérica, la de Costa Rica era bastante estable desde 1849, cuando Juan Rafael Mora asumió la Presidencia de Costa Rica, hasta cuando le derrocaron, el 14 de agosto de 1859, reconociendo el mismo Mora que tenía oposiciones políticas importantes que logró controlar hasta después de la guerra contra los filibusteros en Costa Rica y en Nicaragua. Eso permitió, quizá, el mejor manejo de la situación militar contra la presencia filibustera en la región, y permitió que el Presidente Mora se convirtiera en la figura política más destacada de esos acontecimientos, luciéndose como gran estratega y líder militar de la lucha contra la presencia y amenaza de los filibusteros en Costa Rica, Nicaragua y en Centroamérica.

El tiempo histórico de Juan Rafael Mora estuvo contenido en la Constitución Política reformada, del 30 de noviembre de 1848, promulgada en el Gobierno del Dr. José María Castro Madriz, que tuvo una vigencia de once años, hasta la caída del Presidente Juan Rafael Mora Porras, el 14 de agosto de 1859, cuando, pocos días después, se impuso la Constitución Política el 27 de diciembre de 1859. Eso permitió la estabilidad política que no existió para los gobernantes costarricenses entre 1833 y 1848, aunque tuviese el gobierno algunas situaciones tensas político militares que Mora supo controlar.

Desde el 10 de noviembre de 1855, el Presidente Mora, se dirigió a los representantes diplomáticos de Gran Bretaña, Francia y España, señalándoles el peligro que había sobre Centroamérica, solicitando apoyo moral y material para la lucha que iba a realizarse.

En esa nota diplomática el Presidente Mora advierte y destaca el interés expansionista de los Estados Unidos, señalando al filibusterismo como una “fuerza conquistadora” indicando que “la América Central hace algún tiempo es objeto de proyectos de anexión, por las riquezas del suelo y por las facilidades que ofrece para la comunicación interoceánica”. Les perfila a Walker como la persona que se presenta como “pacificador y conquistador de Nicaragua”, y les señala que “la Independencia está amenazada”, por lo que los filibusteros deben “ser vigorosa y prontamente escarmentados en la América Central”.

Preventivamente, el 2 de noviembre ordenó el Presidente Mora, que el General José María Cañas, Comandante de Puntarenas, se trasladara a Liberia para asumir la Comandancia de Armas y de Gobernación del Departamento de Moracia. A Rudesindo Guardia, Comandante y Gobernador de Alajuela, lo trasladó a Puntarenas.

El Presidente Mora había negociado con Francia y Gran Bretaña que estacionaran buques en Puntarenas, porque se consideraba un punto débil.

Por su parte William Walker tenía a Nicaragua como la puerta de entrada a Centroamérica. Tenía bien premeditado su plan, plasmado en la franja blanca de la bandera nicaragüense, donde escribió la consigna en inglés, “Five or none”, es decir, «Todas o ninguna».

El Presidente Mora estaba tomando las previsiones correspondientes.

Así, el 20 de noviembre de 1855 hizo su Primera Proclama, dirigida a todos los habitantes de Costa Rica:

“La paz, esa paz venturosa que, unida a vuestra laboriosa perseverancia, ha advertido tanto nuestro crédito, riqueza y felicidad, está pérfidamente amenazada. Una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos, condenados por la justicia de la Unión americana, no encontrando ya dónde hoy están con qué saciar su voracidad, proyectan invadir a Costa Rica para buscar en nuestras esposas e hijas, en nuestras casas y haciendas, goces a sus feroces pasiones, alimento a su desenfrenada codicia.

¿Necesitaré pintaros los terribles machos que de guardar fríamente tan bárbara invasión pueden resultaros?

No; vosotros los comprendéis; vosotros sabéis bien qué podéis esperar de esa horda de aventureros apóstatas de su patria; vosotros conocéis vuestro deber.

¿Necesitaré pintaros los terribles machos que de guardar fríamente tan bárbara invasión pueden resultaros?

No; vosotros los comprendéis; vosotros sabéis bien qué podéis esperar de esa horda de aventureros apóstatas de su patria; vosotros conocéis vuestro deber.

¡Alerta pues costarricenses! No interrumpáis vuestras nobles faenas, pero preparad vuestras armas. Yo velo por vosotros, bien convencido de que en el instante del peligro, apenas retumbe el primer cañonazo de alarma, todos, todos os reuniréis en torno mío bajo nuestro libre pabellón nacional. Aquí no encontrarán jamás los invasores, partido, espías ni traidores. ¡Hay del nacional o extranjero que intentare seducir la inocencia, fomentar discordias o vendernos!

Aquí no encontrarán más que hermanos, verdaderos hermanos resueltos irrevocablemente a defender la patria como a la santa madre de todo cuanto aman y a exterminar hasta el último de sus enemigos.”

Unos días después el Obispo Anselmo Llorente y La fuente, se pronunció en igual sentido, llamando a apoyar al Presidente Mora, enfatizando que era una guerra en defensa de la religión católica. En la movilización a los escenarios de la guerra, la Iglesia hizo su aporte con sacerdotes formando parte del Ejército, siendo su Capellán General, el Pbro. Francisco Calvo.

En 1855 Mora consideraba que el Ejército había logrado una gran disciplina muy esmerada, que estaba bien provisto para la defensa de la República y “para refrenar cualquiera facción que pretendiese alterar la inquietud de sus habitantes”.

Para el Presidente Mora el Ejército “era obediente, ejemplar en su valor si el infortunio alguna vez trajese la guerra a la Nación y le fuese preciso defender su independencia y la integridad de su territorio”.

A mediados de febrero de 1856 Walker envió a su emisario, el coronel húngaro Louis Schlessinger, uno de sus lugartenientes más importantes, para discutir con nuestro gobierno la pertenencia de Guanacaste a Nicaragua.

El Presidente Mora, en conocimiento de que dicho emisario llegaría a Puntarenas ordenó, el 18 de febrero, que lo expulsaran de inmediato, lo que indispuso a Walker, que en Granada, al regresar Schlessinger, exclamó ante sus tropas: «Les enviamos la rama de olivo y nos devolvieron el cuchillo. Bien está. Les daremos guerra a muerte y les hundiremos el cuchillo hasta la empuñadura». Así, declaró la guerra.

Schlessinger, estaba también comisionado por el Presidente Provisorio de Nicaragua, Patricio Rivas, en ese momento, para recabar información sobre la actitud del gobierno de Costa Rica sobre el gobierno de Nicaragua.

Schlessinger se hizo acompañar del Capitán W. A. Sutter, ambos expulsados de Costa Rica, desde Puntarenas donde habían llegado. El Presidente Mora también dispuso no reconocer misión ninguna del Gobierno Provisorio de Nicaragua.

Ante esa situación, el 27 de febrero de 1856, el Congreso Nacional declaró la guerra a la presencia filibustera, para ir a esa guerra solos, o en unión de fuerzas aliadas de los demás gobiernos centroamericanos, si se sumaran a la lucha contra la opresión de los nicaragüenses, para sacarlos de América Central.

Los objetivos eran claros, redimir de la opresión a Nicaragua, arrojar a los invasores del territorio centroamericano, y asegurar la libertad de Hispanoamérica.

El Presidente Mora, con gran responsabilidad patriótica, se puso personalmente al frente del Ejército Expedicionario.

El Congreso Nacional “ante la integridad nacional amenazada reclamó a los buenos costarricenses acudir a la defensa de la Patria, para lidiar por tan justa causa, por lo que aumentó el Ejército Nacional a 9000 hombres, de todas armas y, con este fin, en cada una de las provincias de Alajuela y Heredia se organizará inmediatamente una división de mil soldados con sus correspondientes jefes y oficiales.”

El primero de marzo el Presidente Mora hace su Segunda Proclama, en tono categórico, dirigida “a los compatriotas:

“A las armas! Ha llegado el momento que os anuncié. Marchemos a Nicaragua a destruir esa Falange impía que la ha reducido a la más oprobiosa esclavitud. Marchemos a combatir por la libertad de nuestros hermanos.

Ellos os llaman, ellos os esperan para alzarse contra sus tiranos. Su causa es nuestra causa. Los que hoy los vilipendian, roban y asesinan, nos desafían audazmente e intentan arrojar sobre nosotros las mismas cadenas ensangrentadas.

Corramos a romper las de nuestros hermanos y a exterminar hasta el último de sus verdugos.

No vamos a lidiar por un pedazo de tierra: no por adquirir efímeros poderes; no por alcanzar misérrimas conquistas, ni mucho menos por sacrílegos partidos.

No, vamos a luchar por redimir a nuestros hermanos de la más inicua tiranía: vamos a ayudaros en la obra fecunda de su regeneración, vamos a decirles:

Hermanos de Nicaragua, levantaos: aniquilad a vuestros opresores. Aquí venimos a pelear a vuestro lado por vuestra libertad, por vuestra patria.

Unión, nicaragüenses, unión.

Inmolad para siempre vuestros enconos; no más partidos, no más discordias fratricidas. Paz, justicia y libertad para todos. Guerra sólo a los filibusteros.

Yo marcho al frente del ejército nacional. Yo que me regocijo al ver hoy vuestro noble entusiasmo, que me enorgullezco al llamaros mis hijos, quiero compartir siempre con vosotros el peligro y la gloria.

Vuestras madres, esposas, hermanos e hijos os animan. Sus virtudes patrióticas os harán invencibles.

Al pelear por la salvación de vuestros hermanos, combatiremos también por ellos, por su honor, por su existencia, por nuestra patria idolatrada y la independencia hispanoamericana.

Todos los leales hijos de Guatemala, El Salvador y Honduras, marchan sobre esa horda de bandidos. Nuestra causa es santa, el triunfo es seguro. Dios nos dará la victoria y con ella la paz, la concordia, la libertad y la unión de la gran familia centroamericana”.

Era claro el llamado poniendo de relieve luchar para destruir a la falange impía, a lucha contra la esclavitud que se había impuesto en Nicaragua y a luchar por la libertad de los nicaragüenses, “nuestros hermanos”.

Señalaba que se avanzaba a Nicaragua pero no para adquirir tierras, ni a gobernar ese país. Se iba para estimular el levantamiento de los nicaragüenses contra sus opresores y a luchar por su Libertad. Más claro fue cuando señaló que la lucha, en Nicaragua, era para asegurar la Independencia hispanoamericana, reconociendo que también Guatemala, el Salvador y Honduras se sumaban en esa lucha por la unión de la familia centroamericana.

El 3 marzo de 1856 se reunieron en la plaza principal de San José las personas para escuchar la arenga del obispo Anselmo Llorente y Lafuente y para conformar el ejército costarricense, que se enfrentaría a las tropas invasoras del norteamericano William Walker.

La vanguardia de este Ejército compuesta por 2500 hombres estuvo al mando del General don José Joaquín Mora.

La marcha inició desde San José, en la madrugada del 4 de marzo, tras recibir el día anterior la bendición del obispo Anselmo Llorente y Lafuente.

En el camino se fueron sumando los regimientos de Heredia y Alajuela, constituyendo así el Ejército Expedicionario, que se dirigió por los Montes del Aguacate hacia Puntarenas, donde se estimaba que Walker invadiría y para continuar hasta Guanacaste. Unos lo hicieron por tierra y otros cruzaron, en barcos o en botes, el Golfo de Nicoya, y navegaron en el río Tempisque, y sus afluentes, Bolsón y Bebedero, para llegar a Liberia.

La fracción del ejército que se dirigió a Puntarenas, estuvo a cargo del General José Joaquín Mora. De allí siguieron con destino al afluente de Las piedras, conocido como Bebedero, situado en la confluencia de los ríos Las Piedras y Tenorio. El otro grupo, iba el mando del Capitán Clodomiro Escalante que se dirigió al Puerto de Bolsón y desde allí proseguir hasta Liberia.

El mando del Ejército lo asumió el Presidente Juan Rafael Mora Porras el 8 de marzo, dejando en su lugar a Francisco María Oreamuno, falleciendo como Presidente en ejercicio del país, como resultado de la peste del cólera, el 23 de mayo de 1856.

Mientras tanto, en Nicaragua, el 11 de marzo, el gobierno de Patricio Rivas declaraba la guerra a Costa Rica. El mismo 11 de marzo Walker se dirige a “los centroamericanos”, señalando que bajo su mando se encuentra la “fuerza americana” para conciliar la paz, para intentar establecer francas y amistosas relaciones con las Repúblicas vecinas, que fueron repelidas y tratadas con desprecio y desdén, por lo que le queda es tratar con hostilidad a todos los serviles de América Central y declarar enemigos a esos gobiernos serviles.

El día 12 de marzo, el Presidente Juan Rafael Mora en su ruta hacia Liberia, iba acompañado por el Subsecretario de Guerra, Rafael G. Escalante. Llegó a Puntarenas para reunirse con el resto del Ejército y las tropas del General don José María Cañas, comandante del Departamento de Moracia y del General José Joaquín Mora.

Por su parte Walker ordenó a su Ejército estar listo para enfrentarse a Costa Rica, y nombró a Schlessinger jefe de su tropa invasora, ordenándole que partiera hacía el río La Flor, que era el límite natural de Guanacaste, llegando de esa manera a la Hacienda Santa Rosa.

Este mismo día 12 de marzo, desde el puerto de Puntarenas al mando del Capitán José María Gutiérrez, con destino a las Piedras, salió un contingente de 300 hombres, que se agregaron al grueso del Ejército el día 16.

El día 15 entraron los filibusteros a La Flor, en territorio nicaragüense y el 16 de marzo cruzaron la frontera de Costa Rica, llegando a las Salinas de Bolaños, hoy conocido el sitio como Puerto Soley.

El 19 por la tarde la tropa de Walker estaba en la Hacienda Santa Rosa.

El 17 de marzo prácticamente toda la tropa costarricense se encontraba en Liberia. Allí se había sumado la caballería y los llaneros que comandaba el General José María Cañas.

La noticia de la invasión del territorio nacional llega el 17 de marzo por medio del dueño de la Hacienda Sapoá. Ante esta situación se dispone que el general Cañas se quede en Liberia con el grueso del ejército, mientras que un contingente de 500 hombres, al mando del coronel Lorenzo Salazar, reforzado por cien lanceros bajo las órdenes del mayor don Julián Arias y del capitán don Juan Estrada, salgan en la madrugada del 18 de marzo, con el objeto de ir a su encuentro.

El 19 de marzo la tropa nacional recibió el refuerzo del General Mora, y del teniente Coronel José María Gutiérrez, con 100 hombres y dos cañones pequeños.

El 19 de marzo el jefe filibustero Schlessinger había llegado a la Hacienda Santa Rosa, con casi 300 solados y combatientes.

Con conocimiento de la presencia filibustera en la Hacienda Santa Rosa, y del conocimiento que sobre la zona y de la Hacienda, por el General José Joaquín Mora, se discute escoger entre dos rutas; una, que se dirigía a la Hacienda el Pelón y, otra, a la Hacienda Santa Rosa. Se decide avanzar hacia la Hacienda el “El Pelón” que había pertenecido al suegro el General José Joaquín Mora, a Agustín Gutiérrez.

La Hacienda tenía facilidades para abastecerse de agua y sobre todo tenía, muy buena posición estratégica en caso de un ataque. A la Hacienda llegaron en horas de la tarde, después de haber recibido en el camino la arenga patriótica del capellán Manuel Vasco.

La marcha se inició el día 20 de marzo durante las horas de la madrugada. Había el rumor de la presencia del enemigo en la proximidades de los llanos del Coyol. Se envió una avanzada en misión de exploración. Los datos no resultaron verdaderos al lograr apresar un filibustero que se había quedado rezagado. Este soldado intentó engañar al ejército costarricense llevándolo en sentido contrario, pero fue descubierta su trampa. Además, Agustín Gutiérrez descubre, en uno de los senderos que conducían a la Hacienda Santa Rosa, las huellas del grupo invasor, por lo que se toma la decisión de enviar en labor de reconocimiento al teniente Macedonio Esquivel, quien en efecto pudo observar y constatar la presencia de los filibusteros en la casa de la Hacienda, para lo que se preparó el ataque por sorpresa.

La organización de las tropas de Costa Rica fue de la siguiente forma: Jefe del Estado Mayor, el General José Joaquín Mora, Jefe de División, el Coronel Lorenzo Salazar, Comandante del Batallón Guardia de la Constitución, el Mayor Clodomiro Escalante, el Jefe de la escuadra de Caballería, el Mayor Julián Arias y el Capitán Juan Estrada y el Jefe del batallón de Moracia, el Comandante Mayor Domingo Murillo.

El ejército invasor de Walker organizado personalmente poé él estaba comandado por el coronel Louis Schlessinger, militar de carrera húngaro, que dominaba varias lenguas, entre ellas el francés, alemán, español, y el inglés, lo que le posibilito formar un ejército de alemanes, franceses y norteamericanos constituido por alrededor de 300 hombres. Los jefes filibusteros eran: el Jefe De batallón, Coronel Luis Schlessinger. Su Ayudante, el Mayor J.C. O`Neal, el Jefe de la Compañía A (Nueva Orleáns), el Capitán D. W. Torpe, el Jefe de la Compañía B, (franceses), el Capitán Legeay, el Jefe de la Compañía C, (Nueva York), el Capitán Creighton, el Jefe de la Compañía D, (Alemanes), el Capitán Prange, y el jefe de la Compañía F (Rifleros californianos), el Capitán Anthony Francis Rudler.

Con motivo de la guerra el Ejército Nacional, en marzo de 1856, hizo circular el Boletín del Ejército, editado en la imprenta del Ejército Expedicionario, por el Cuartel General en marcha, con sede en Liberia. Mora de esa manera le daba un papel muy importante a la imprenta, a la prensa, como un elemento de combate, para levantar la moral de la tropa, para desalentar y engañar a los enemigos y para advertirlos sobre sus capturas. Capturado un filibustero, que manifestó que era periodista, le perdonó la vida, valorando el papel de los periodistas como corresponsales de guerra. Capturado luego como combatiente ordenó se le fusilase. En uno de sus ejemplares, por la composición de los combatientes de Walker se publicó la Proclama del Presidente Mora, en inglés, francés y alemán referida al fusilamiento de todo aquel filibustero que fuere aprehendido con armas.

El 20 de marzo por la tarde, era Jueves Santo. La organización del ataque permitió que en pocos minutos el ejército filibustero fuera derrotado.

El parte de guerra informando del triunfo se redactó entre el minuto 11 y 14 después del triunfo, una vez que se hizo el balance del combate, de manera que el enfrentamiento pudo haber durado no más de 7 u 8 minutos. El General Mora señaló que el combate duró 5 minutos.

El General José Joaquín Mora describe la Batalla de Santa Rosa así:

“El Coronel Lorenzo Salazar, con doscientos ochenta hombres, debía atacar el frente, la izquierda y el flanco derecho de la casa; seguíanle por ese lado (el más practicable) los dos cañoncitos, dirigidos por el Capitán Mateo Marín.

“El Capitán José M. Gutiérrez, con doscientos hombres, debía flanquear la izquierda por fuera de las cercas y tomar posición a la espalda de las casas, sobre la cumbre de la colina.

“El escuadrón de caballería quedo formado en el callejón hasta recibir la orden de cargar al enemigo, cuando se le desalojara de sus posiciones.

“La tropa de Moracia, en número de doscientos hombres, la formé, en batalla, en el callejón para cubrir la retirada en caso necesario.

“Listo todo, mandé a desembocar por el callejón a la tropa formada por columnas. Nuestros soldados al son de las cornetas, que tocaban a degüello, marcharon a la carrera, acudiendo cada cual al puesto señalado.

“Los filibusteros no hicieron ni un tiro…Allí murió el valiente oficial Manuel Rojas. Una vez dentro no hubo ya esperanza para los malhechores; el sable y la bayoneta los hacían trizas y ellos, aterrados, ni atinaban ofender con sus tiros… Todo esto paso en cinco minutos.

A los 14 minutos, contados desde la primera descarga, se hallaba mi tropa formada en el mejor orden y en tranquila posición de Santa Rosa”

Nuestros soldados y combatientes actuaron con furia, dispararon con dos cañoncitos de montaña, numerosos fusiles Minié y otros de chispa, pero también blandieron filosas bayonetas, sables y machetes en el enfrentamiento sorpresivo de luchar cuerpo a cuerpo. Schlessinger, jefe del ejército invasor, fue de los primeros en huir hacia Nicaragua, donde no le fue nada bien con Walker.

El periódico “El nicaragüense”, refiriéndose a la Batalla, dice que los filibusteros “sufrieron una terrible derrota”, “cruel y vergonzosa”, a manos del Ejército de Costa Rica que estaba compuesto de 600 a 1000 hombres. La derrota se le atribuyeron al comandante Schlessinger ya que los sorprendieron descansando.

La prensa dice “el fuego de los costarricenses fue destructor”. Los filibusteros huyeron en todas direcciones. Schlessinger y otros oficiales fueron sometidos a un Consejo de Guerra. Schlessinger fue fusilado.

El periódico, de Frank Leslie, “Ilustrated Newspaper”, del 21 de junio de 1856, concluía que la Batalla de Santa Rosa “será por siempre recordada como una de las más desastrosas que se haya sostenido bajo nombre americano en este continente”.

El Presidente Juan Rafael Mora, en el cuartel General de Liberia, el 21 de marzo se dirigió a los soldados de la División de Vanguardia. El Presidente les dijo:

“Habéis cumplido vuestro deber siendo los primeros en derrotar a los verdugos de vuestros hermanos, a los alevosos enemigos de la Independencia centroamericana, que se han atrevido a profanar el caro suelo de la Patria. Robando y asesinando. Eso esperaba de vosotros.

¡Adelante! Otro esfuerzo más: un solo tiro y a la bayoneta. Y veréis como huyen y esos son sus mejores asesinos. El triunfo es y será siempre vuestro.

Paz y gloria a los bravos que han perecido. Salud y lauros a todos los valientes vencedores.”

El mismo 21 de marzo el Presidente Mora dirigiéndose al Señor Ministro de Guerra le informa que el primer triunfo se logró el 20 de marzo en la hacienda Santa Rosa, próxima a la frontera con Nicaragua: ahí se le marcó la raya sur a las tropas del expansionismo esclavista.

Pocos días después, el 7 de abril se arrebató a los usurpadores el puerto de La Virgen sobre el Lago Cocibolca. A los tres días se cortó, en Sardinal, un avance filibustero por el río Sarapiquí, segunda victoria en suelo costarricense. Dos mil hombres marchaban de victoria en victoria en el viril cumplimiento de los deberes de su destino.

El 20 de marzo de 1856 se encontraron ambos ejércitos en Santa Rosa, descrita como una hacienda, con una plazuela, formada por un valle hondo y limpio, circundado por colinas de poca elevación, pero escarpadas, según consta en la descripción del General José Joaquín Mora, hermano del Presidente.

Allí, comentó Mora, se vio a aquellos soldados motejados de “sombras” y “enclenques”, “incapaces de valor guerrero y de valentía personal”, acometer al enemigo, al son de las trompetas que tomaban a degüello, en tal forma que, según lo menciona el propio parte de guerra, el sable y la bayoneta los hacían trizas y ellos, los filibusteros, aterrados, ni atinaban a ofender con sus tiros. Y agrega, en frase que lo dice todo por su sobriedad castrense, digna de los grandes capitanes: “Hubo entre los soldados notables rasgos de valor; pero tan comunes a casi todos, que sería imposible enumerarlos.”

Con razón, el entonces Ministro de la Guerra, decía: “No podía esperarse otra cosa del denuedo y decisión del valeroso ejército de Costa Rica, que el Excelentísimo Presidente tiene la gloria de mandar, ni puede creerse que a otro jefe le tocara la de dar el primero y más decisivo golpe al enemigo, sino al intrépido y valeroso General don José Joaquín Mora, honor y esperanza del ejército de Costa Rica.”

El 20 de marzo, sobre el Combate de Santa Rosa, el General José Joaquín Mora, escribe su Segundo Parte informativo:

Excelentísimo señor Presidente, General en jefe del ejército. –Cuartel de la división vanguardia. –Hacienda del “Pelón”, 24 de marzo de 1856. –

Tengo el placer de dirigir a V. E. parte detallado de la toma de Santa Rosa.

El jueves 20 del corriente, con noticia de haber visto a los filibusteros en el llano del “Coyol”, me puse en marcha con la columna que saqué de Liberia. Mucho nos costó conducir los dos cañoncitos de a tres, por lo quebrado e impracticable del camino.

Tomamos un filibustero que procuró engañarnos, guiándonos al enemigo por un lado enteramente opuesto a aquel en que se hallaba; pero desconfiando de él, quise, antes de seguirle, registrar el llano del “Coyol”. Seguimos la marcha y a corto trecho descubrimos huellas de botas en un camino que conduce a la hacienda de Santa Rosa. Mandé a un ayudante adelantarse para observar las casas de dicha hacienda y retornó con la razón de estar allí el enemigo.

Seguimos un callejón orillado de árboles a cuyos lados se extendían lomas de poca altura cubiertas de espesa breña. Al salir del callejón vimos tendida a nuestros pies la plazuela de dicha hacienda, formada por un valle hondo y limpio, circundado por colinas de poca elevación, pero escarpadas.

Los corrales de la hacienda, cerrados con cercas de piedra, empiezan como a la mitad de la falda de una de las colinas situada al frente del callejón hacia su izquierda y rodean las casas que ocupan la altura, pero que están dominadas por la cumbre de la colina, a corta distancia y cubiertas de breña.

Tienen las casas un gran patio también cercado: a la derecha y en la falda de la colina hay una quesera.

A continuación de la altura, ligándola con la inmediata, corre una limpia loma, al frente del camino que seguimos. La línea que debía correr mi gente, para llegar a las casas, es precisamente una milla.

En vista de la posición, di mis órdenes para el ataque, concebido ya de antes sobre el exacto plano que el Mayor Don Clodomiro Escalante me había presentado para el caso de tener que batir allí al enemigo.

El Coronel Lorenzo Salazar, con doscientos ochenta hombres, debía atacar el frente, la izquierda y el flanco derecho de la casa: seguíanle por ese lado (el más practicable) los dos cañoncitos, dirigidos por el capitán Mateo Marín.

El capitán José M. Gutiérrez, con doscientos hombres, debía flanquear la izquierda por fuera de las cercas y tomar posesión a la espalda de las casas sobre la cumbre de la colina.

El escuadrón de caballería quedó formado en el callejón hasta recibir la orden de cargar al enemigo, cuando se le desalojara de sus posesiones.

La tropa de Moracia, en número de doscientos hombres, la formé en batalla en el callejón para cubrir la retirada en caso necesario.

Listo todo, mandé desembocar por el callejón a la tropa formada por columnas. Nuestros soldados, al son de las cornetas, que tocaban a degüello, marcharon a la carrera, acudiendo cada cual al puesto señalado.

Los filibusteros no hicieron ni un tiro; nos aguardaban de cerca, con la esperanza que su primer descarga nos derrotaría. Tampoco los nuestros dispararon hasta hallarse a veinte varas del enemigo. Rompieron entonces un fuego sostenido, que duró tanto como tardaron los costarricenses en llegar a las cercas. Desde este instante, sólo los piratas dispararon. Los nuestros saltaban a los corrales sin que el mortífero fuego que sufrían bastara a detenerlos. Allí murió el valiente oficial Manuel Rojas. Una vez dentro, no hubo ya esperanza para los malhechores: el sable y la bayoneta los hacían trizas y ellos aterrados, ni atinaban a ofender con sus tiros.

Así fueron rechazados hasta las casas, donde se encerraron, al tiempo que la gente del capitán Gutiérrez, posesionada ya de la altura, los cercaba. En estos momentos pereció el capitán Manuel Quirós, herido al saltar la cerca del patio. Sus últimas palabras fueron dirigidas a sus compañeros de armas. “Entre ustedes” les dijo y espiró.

Señalóse también en el asalto del patio el ayudante del Coronel Salazar, Joaquín Ortiz, quien con su espada mató dos bandidos, teniendo la suerte de quedar ileso.

Di la orden de atacar a la caballería, pareciéndome que no tardaría tanto en llegar sino el tiempo necesario para desalojar de su guarida a los filibusteros. Pero viendo al llegar que no era tiempo aún, marchó a formarse a la loma del frente, aguardando el momento oportuno. Todo eso pasó en cinco minutos.

Ya empezaba a obrar la artillería: el capitán Marín disparó sus cañones contra el costado derecho y frente de la casa, abriendo brecha, pero esto sólo sirvió para enfurecer más a los forajidos que avivaron el fuego.

Impaciente el coronel Salazar, corrió exponiéndose a servir de blanco al enemigo, para preguntarme si para librar de ser diezmada su gente, podría poner fuego a la casa de un propietario costarricense. Inquieto al verlo venir, temiendo que estuviese herido, me adelanté a su encuentro y le di el permiso que pidió: retornó a dar la orden a sus soldados, que la recibieron con gritos de alegría. Más no hubo tiempo. El arrojado capitán Gutiérrez, olvidando la orden que tenía, entró a la casa y adelantándose hacia un establo atrincherado y erizado de rifles, con pistola y sable en mano murió desgraciada y prematuramente. La ira que su muerte causó a los soldados fue tal, que nada bastó a contenerlos.

La casa fue invadida por todos lados y los filibusteros hallando salida por la altura que debió cubrir el malogrado Gutiérrez, huyeron en tropel y aunque perseguidos y diezmados por todas partes, lograron muchos escaparse. Entonces mandé a la tropa de Moracia se dispersase en guerrillas por la colina a la izquierda del callejón, para aprisionar a los fugitivos que tomaran por allí.

Desde el principio de la acción, al ver a nuestra tropa apoderarse de los corrales, varios jefes filibusteros montaron a caballo y huyeron sin poderlos alcanzar ni dañarles.

Al dispersarse el enemigo, la caballería de Moracia anduvo tarda en perseguirle a pesar de mis órdenes y los esfuerzos del coronel Salazar. Sólo el capitán Estrada, seguido de sus pocos lanceros, le cargó, matándole un solo hombre, pues favorecido por la inacción de la caballería y lo cercano de la espesura del monte, se aprovechó de tan favorables incidentes. Considerando las dificultades que el lugar de la acción presentaba, he hallado alguna disculpa al Comandante del escuadrón.

A los catorce minutos, contados desde la primera descarga, se hallaba mi tropa formada en el mejor orden y en tranquila posesión de Santa Rosa.

Señaláronse en este memorable día, además de los buenos oficiales que perdimos el ya citado Joaquín Ortiz, el Mayor Clodomiro Escalante, los capitanes Carlos y Miguel Alvarado (habiendo recibido éste último tres heridas de rifle que le rompieron la ropa rozándole el cuerpo), Vicente Velarde, Mateo Marín, Santiago Millet, Joaquín Fernández, Felipe Ibarra y Jesús Alvarado, el ayudante Macedonio Esquivel y en general toda mi lucida oficialidad. Hubo entre los soldados notables rasgos de valor, pero tan comunes a casi todos que sería imposible enumerarlos.

He tomado al enemigo diez y ocho rifles, un fusil, cuatro cajas de parque (que según declaración de los prisioneros es cuanto tenían) las pistolas, paradas, piezas de equipaje, etc., que cedí a los jefes y oficiales que las tomaron, varios caballos y mulas, todos sus papeles y un grupo daguerreotipado, con los retratos de varios jefes de la gavilla de vergantes. Todo cuanto tenían, en fin, ha caído en poder de mi gente.

Los muertos del enemigo que pude reunir llegaron a veintiséis y muchos deben de haber acabado en lo espeso del monte. Prisioneros hasta hoy, diez y nueve. El resto hasta cuatrocientos hombres, que según los prisioneros que entraron en acción, se entregará o morirá de sed y hambre en los montes. Los persigo por todas partes y el mayor Domingo Murillo, apostado en Sapoá con respetable fuerza, les cortará el solo camino para ellos practicable.

No puede darse una victoria más completa, gracias al valor de mis soldados.

Nuestras pérdidas, según las listas, ascienden a cuatro oficiales y quince soldados muertos. Dios guarde a V. E. muchos años.

José Joaquín Mora”

El 21 de marzo de 1856 se persigue a los filibusteros por todo el territorio nacional, por el norte del país y la margen del Río San Juan.

Triunfados en la Batalla de Santa Rosa, el 20 de marzo, murió el Capitán Manuel Quirós, miembro del Estado Mayor Militar, y tres oficiales más, junto con 15 combatientes costarricenses. Hubo 32 heridos. La tropa filibustera tuvo 26 muertos en el combate. Se le hicieron 19 prisioneros.

Inmediatamente, el Presidente Mora ordenó continuar hacia Nicaragua, el objetivo político y militar de la movilización para asegurar la derrota de los filibusteros en ese país, y expulsarlos del suelo centroamericano, trasladándose la guerra hasta 1857 en Nicaragua.

El 25 de marzo de 1856 se fusilan 18 filibusteros en Liberia, a las 4 de la tarde. La sentencia a los filibusteros capturados fue una advertencia contundente a la tropa invasora de William Walker, y a sus jefes militares, de la determinación del Presidente Juan Rafael Mora Porras, y de los altos Jefes del Ejército Nacional, de que serían pasados por las armas quienes intentaran ocupar y dominar el territorio nacional o sojuzgar al pueblo costarricense.

El 27 de marzo de 1856, el gobierno de Costa Rica recibió al General Pedro de Alcántara Herrán, quien había sido Presidente de Nueva Granada, participante en las guerras de Independencia de su país y de Perú, militar de carrera, Ministro de Guerra y de Relaciones Exteriores, diplomático activo, quien llegó para brindar apoyo y solidaridad en la lucha contra los filibusteros y mostrar la simpatía del gobierno neogranadino en esta gesta nacional y centroamericana.

El 29 de marzo de 1856 Mora declaró su objetivo de ingreso a Nicaragua:

“Paz y libertad a Nicaragua y Costa Rica, independientes y unidas como hermanas. ¡Gloria a las fuerzas aliadas libertadoras de la América Central!”

El 29 de marzo de 1856 el Ejército costarricense cruza la frontera con Nicaragua para luchar contra los filibusteros en ese país, e inicia la penetración en el territorio nicaragüense, dirigiéndose hacia la ciudad de Rivas que tomaron, para asegurar la lucha con los filibusteros norteamericanos establecidos en Nicaragua, y expulsarlos de ese territorio.

Al mismo tiempo se ordenó ocupar el Puerto de San Juan del Sur, en el Pacífico, y el Puerto La Virgen, sobre el Lago de Nicaragua.

El 29 de marzo, desde Sapoá, el Presidente Mora se dirige a los nicaragüenses indicándoles la decisión de ingresar a Nicaragua a derrotar a los filibusteros.

“Desde el seno de nuestras pacíficas montañas he oído vuestros congojosos lamentos.

Mutuos errores y una guerra fratricida os han entregado al fiero albedrío de una horda de forajidos, que llamados incautamente como amigos auxiliares de unos se han convertido en déspotas de todos.

Hoy yacéis aún aterrorizados bajo el yugo acerado de un ejército compuesto de las heces corrompidas, que arrojan de sí todas las sociedades.

¿Qué sois vosotros en vuestro propio país? ¿Qué es el esclavizado nicaragüense que llaman por befa Presidente? ¿Cuál es vuestra suerte hoy y la más fatal, que con tan cruentos amos os espera? Vosotros lo sabéis más que yo; vosotros que la sufrís y deploráis con lágrimas de sangre!.

Habéis llamado a vuestros hermanos. Vuestros hermanos todos rodean vuestras fronteras y avanzan para libertaros de esa Falange traidora.

Combatimos por vuestra salvación. Después del triunfo, paz, unión, justicia y libertad para vosotros y para todos.

Harto conocéis a los pacíficos costarricenses. También los han conocido en Santa Rosa los cobardes filibusteros. Siempre neutrales en vuestras discordias, hemos acogido con igual hospitalidad a todos los nicaragüenses.

Para vosotros no existen ni existirán jamás distinciones ni partidos. Sea lo mismo para vosotros. Que una sola bandera, una causa y un grito de concordia y progreso nos reúnan a todos como católicos, como hijos de una misma patria, como verdaderos hermanos.

Cese ya tanta postración, tanta iniquidad y servidumbre. ¿Toleraréis por un instante más tanta esclavitud, oprobio y tiranía? ¿No lidiaréis todos unidos, siempre unidos, por conquistar la libertad que os han robado?

Sí valerosos nicaragüenses. Uníos, alzaos y combatid con aquel ardiente coraje que habéis mostrado en tantas nefastas luchas. Arrojemos unidos a esa pestífera canalla; no quede uno solo de esos asesinos sobre la tierra privilegiada que os concedió la Providencia y de entre esos montones de cadáveres y ruinas que han acumulado tantos desvaríos y maldades, levantemos juntos una patria más unida, más fuerte, más venturosa y más grande.

Paz y libertad a Nicaragua y Costa Rica, independientes y unidas como hermanas. ¡Gloria a las fuerzas aliadas libertadoras de la América Central!”

La Batalla de Santa Rosa es para mí la más importante de todas las que se llevaron a cabo contra las tropas filibusteras. Lo es porque se produce en el territorio nacional, donde los filibusteros fueron derrotados, obligándose su retirada y salida del territorio costarricense. Lo es porque se le infligió una profunda derrota militar y moral a los filibusteros.

La Batalla de Santa Rosa elevó la moral de los combatientes costarricenses. Le infligió a los filibusteros un temor de combate con nuestra tropa, nuestro Ejército.

El Ejército Nacional estaba en capacidad de dar esa batalla. Tenía los hombres necesarios. Tenía los Jefes militares en capacidad de conducir el Ejército y capacidad de hacer el análisis estratégico y táctico de esa Batalla.

Fue la primer derrota del imperialismo colonialista estadounidense en el continente y golpeó la Doctrina Monroe y la del Destino Manifiesto que se levantaba por Estados Unidos, estableciendo el límite del expansionismo de los Estados Unidos.

El 20 de marzo celebramos el acontecimiento más importante de la vida nacional, la Batalla de Santa Rosa, cuando las tropas invasoras filibusteras fueron derrotadas por los costarricenses en el territorio nacional. Batalla de pocos minutos pero demoledora para los agresores.

En esta Batalla jugó un papel muy importante el Batallón de Moracia, como se conocía en ese momento la Provincia de Guanacaste, que le habían puesto ese nombre en mérito al Presidente Mora.

Los jefes militares de la Batalla Clodomiro Escalante, Lorenzo Salazar, José María Gutiérrez, Mateo Marín, Manuel Rojas, Manuel Quirós, Joaquín Ortiz, y otros, todos, se distinguieron en el combate. Varios oficiales cayeron en el combate.

Los filibusteros huyeron, 26 cayeron muertos y a otros, capturados, 19, los fusilaron. Los caídos costarricenses en la Batalla de Santa Rosa fueron 4 oficiales y 15 soldados, según el parte oficial de la Batalla.

La participación en la Guerra Nacional permitió que el Ejército, por su masividad popular tuviera un carácter nacional y libertador, con un alto grado moral.

La Guerra Nacional hizo surgir en la conciencia popular y nacional héroes de batallas y héroes nacionales. De algunos mártires, sus gestas y batallas se inmortalizaron y se reconocieron ampliamente, no sólo en el territorio costarricense sino también en el centroamericano. Así, especialmente se reconoció al Presidente Juan Rafael Mora, al General José María Cañas y a Juan Santamaría, éste último no por sus dotes militares sino por el acto del sacrificio y lo simbólico popular que su figura representa: el pueblo en la escena histórica, como actor.

También se fortalecieron los símbolos nacionales: la Bandera, El Escudo y el Pabellón Nacional, la música del Himno Nacional y las marchas militares que se desarrollaron al calor de los días de combates, las cuales regresaron entonando las tropas, como la Marcha Santa Rosa.

Siete de cada diez hogares rurales viven en pobreza digital revela estudio de la UCR

Mag Olga Marta Ramírez Hernández

Comunicadora
Sistema de Estudios de Posgrado (SEP)

  • La investigación de Posgrados de la UCR, realizada por Maricruz León Miranda, propone un índice para analizar el acceso, uso y gasto en tecnologías en los hogares del país.

En las zonas rurales, el 70% de los hogares está en pobreza digital, según se desprende en una investigación desarrollada en la Maestría Profesional en Estadística, del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Para acercarse a la realidad que se vive en los hogares costarricenses en el tema digital, el estudio, titulado Índice para la Medición de la Pobreza Digital de los Hogares en Costa Rica, realizado por Maricruz León Miranda de Posgrados UCR, desarrolló una herramienta estadística para identificar brechas en acceso, uso y gasto en tecnologías de información.

Desde una perspectiva territorial, los resultados de la investigación confirman la existencia de brechas geográficas. En la zona urbana, la distribución de los hogares entre los distintos niveles de pobreza digital es relativamente equitativa.

La investigación realizada por León Miranda para optar por el grado de Maestría Profesional en Estadística, parte del reconocimiento de que el acceso y uso adecuado de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se relaciona directamente con las oportunidades de desarrollo social y económico. En ese contexto, el trabajo propone un Índice de Pobreza Digital (IPD) que permite categorizar a los hogares según su nivel de exclusión tecnológica.

El propósito fue construir una medición que integrara no solo la tenencia de dispositivos o servicios, sino también el uso de las tecnologías y el esfuerzo económico que realizan los hogares para acceder a ellas”, explicó Maricruz León Miranda, autora del estudio.

El índice se elaboró a partir de información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 2018 (ENIGH) y de la Encuesta Nacional de Hogares 2018 (ENAHO). Integra dos componentes principales: uno asociado al acceso y uso de servicios y dispositivos TIC en los hogares, y otro relacionado con el gasto mensual en tecnologías de información.

Desde el Sistema de Estudios de Posgrado siempre hemos aportado conocimiento y buenas prácticas en todas las áreas del conocimiento. En este caso, desde la estadística aplicada, se generan herramientas rigurosas que permiten comprender fenómenos sociales complejos y apoyar la toma de decisiones en política pública”, señaló el Dr. Eldon Cadwell Marín, decano del SEP.

El estudio evidenció que la pobreza digital se asocia con variables como la zona y región de residencia, el nivel educativo, la edad y la condición de actividad del jefe del hogar, lo que confirma la existencia de brechas estructurales en el acceso a la tecnología en el país.

Entre las principales recomendaciones, la investigación sugiere al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) considerar la incorporación del índice como un indicador de referencia para el monitoreo de la pobreza digital y su alineación con los instrumentos de planificación institucional.

Lo que revela el estudio

En términos de acceso a dispositivos, los resultados muestran importantes limitaciones: ocho de cada diez hogares no cuentan con tablet, el 85 % no posee computadora de escritorio y el 58 % carece de computadora portátil. El dispositivo más frecuente es el televisor, presente en casi la totalidad de los hogares, mientras que el radio o equipo de sonido no está presente en cuatro de cada diez hogares. (Datos ENAHO 2018).

El estudio también evidencia una diferencia marcada en el gasto en TIC entre los hogares pobres y no pobres digitales. El gasto mensual promedio estimado en tecnologías de información es de ¢49 183, con diferencias según zona de residencia: en la zona urbana el gasto alcanza ¢54 103, mientras que en la zona rural se reduce a ¢36 543.

El análisis sociodemográfico revela que el nivel educativo, la condición de actividad y la edad del jefe del hogar influyen significativamente en el nivel de pobreza digital. A medida que aumenta el nivel educativo del jefe del hogar, disminuye de forma notoria la proporción de hogares clasificados como pobres digitales. Específicamente, entre los hogares con jefatura sin estudios 9 de cada 10 son clasificados como pobre digital. En contraste, entre los hogares cuyo jefe posee educación universitaria, esta proporción se reduce a 2 de cada 10.

En cuanto a la condición de actividad, los hogares con jefatura ocupada presentan una distribución más equilibrada entre pobres y no pobres digitales, mientras que en los hogares con jefatura desocupada o fuera de la fuerza laboral predomina la pobreza digital. Asimismo, se observa una relación con la edad del jefe del hogar. En aquellos hogares cuya jefatura está ocupada, la distribución es relativamente equitativa, 51,7% son pobres digitales y 48,3% no pobre digitales. En los hogares con jefatura desocupada o fuera de la fuerza laboral, la mayoría se clasifica como pobre digital.

Finalmente, se evidencia una relación entre la edad del jefe y la condición de pobreza digital. Se observa que conforme aumenta la edad del jefe del hogar, disminuye la proporción de hogares pobres digitales. En general, los hogares con jefaturas menores a 25 años o mayores a 55 años presentan mayor incidencia de pobreza digital. En los hogares con jefaturas con edades intermedias se tiene porcentajes más similares entre los conglomerados pobre digital y no pobre digital.

Metodología del estudio

El componente de acceso y uso de TIC se construyó mediante análisis factorial exploratorio, mientras que el gasto en TIC se calculó directamente en la ENIGH y se estimó en la ENAHO mediante un modelo de regresión múltiple. Ambos componentes se combinaron en un índice estandarizado con una escala de 0 a 100, donde valores más altos representan mayor nivel de pobreza digital.

Los resultados estimaron una media nacional de 67,3 puntos en el índice construido con la ENIGH y de 65,9 puntos en el elaborado con la ENAHO. Además, el análisis permitió segmentar a los hogares en distintos grupos, desde hogares no pobres digitalmente hasta hogares con pobreza digital media y alta.

El trabajo aporta una base metodológica replicable y actualizable, que permite dar seguimiento a la evolución de la pobreza digital y contribuir a una comprensión más precisa de las desigualdades tecnológicas en Costa Rica.

Les compartimos la investigación: https://ucr.cr/r/dbzMo

Modelos de descentralización en América Latina: análisis comparado: México, Costa Rica, Venezuela, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Chile

Decentralization models in Latin America: comparative analysis: Mexico, Costa Rica, Venezuela, Peru, Argentina, Colombia, Brazil and Chile

Modelos de descentralização na América Latina: análise comparativa: México, Costa Rica, Venezuela, Peru, Argentina, Colômbia, Brasil e Chile

Autor: Dr. Fernando Villalobos Chacón*

RESUMEN

Este artículo explora la regionalización en América Latina, abordando conceptos fundamentales como la descentralización y la desconcentración, y analizando sus implicaciones. La regionalización, entendida como la transferencia de competencias a niveles locales, se presenta como una estrategia para enfrentar la centralización excesiva que caracteriza a muchos países de la región. Se identifican diversos tipos de regionalización y sus clasificaciones, así como las implicaciones socioeconómicas y políticas de estos procesos. Además, se comparan experiencias exitosas y desafíos en países como México, Costa Rica, Venezuela, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Chile. Comprender la diferencia entre desconcentración (delegación administrativa sin autonomía) y descentralización (transferencia de autonomía política y financiera) es crucial en este contexto, ya que ambas influyen en la participación de las comunidades y el éxito de las políticas estatales. A partir de esta base, se presentan recomendaciones para una regionalización efectiva, que incluyen fortalecer la capacidad institucional local, establecer una transferencia equitativa de recursos, promover la participación ciudadana, desarrollar infraestructura para la conectividad y adoptar políticas sostenibles y adaptadas a cada región. Este análisis sugiere que una implementación equilibrada de estos procesos podría contribuir a un desarrollo más justo y sostenible en América Latina.

ABSTRACT

This article explores regionalization in Latin America, addressing fundamental concepts such as decentralization and deconcentration, and analyzing their implications. Regionalization, understood as the transfer of powers to local levels, is presented as a strategy to confront the excessive centralization that characterizes many countries in the region. Various types of regionalization and their classifications are identified, as well as the socioeconomic and political implications of these processes. In addition, successful experiences and challenges are compared in countries such as Mexico, Costa Rica, Venezuela, Peru, Argentina, Colombia, Brazil, and Chile. Understanding the difference between deconcentration (administrative delegation without autonomy) and decentralization (transfer of political and financial autonomy) is crucial in this context, as both influence citizen participation and the effectiveness of public policies. Based on this foundation, recommendations for effective regionalization are presented, which include strengthening local institutional capacity, establishing an equitable transfer of resources, promoting citizen participation, developing infrastructure for connectivity, and adopting sustainable policies tailored to each region. This analysis suggests that a balanced implementation of these processes could contribute to more equitable and sustainable development in Latin America.

Palabras clave: descentralización, América Latina, análisis comparado, centralismo, regionalización.

Keywords: decentralization, Latin America, comparative analysis, centralism, regionalization.

Palavras-chave: descentralização, América Latina, análise comparativa, centralismo, regionalização.

  1. INTRODUCCIÓN.

La regionalización en América Latina tiene importantes implicaciones en diversos aspectos del desarrollo económico, político, social, ambiental y cultural. En una región caracterizada por profundas desigualdades socioeconómicas, el proceso de regionalización es visto como una herramienta esencial para reducir brechas socioeconómicas entre la periferia y la metrópoli; mejorar la eficiencia administrativa, y fortalecer las identidades locales y nacionales (Gómez, 2023; Mendoza, 2023). La importancia de este proceso se refleja en las múltiples formas en que la regionalización afecta la vida de los ciudadanos, fomentando un desarrollo más inclusivo y sostenible.

La regionalización contribuye significativamente al desarrollo económico local al permitir un reparto más adecuado de los recursos y fomentar más oportunidades en áreas previamente marginadas. Según Estevadeordal (2024), la transferencia de competencias a nivel regional puede potenciar el crecimiento económico al aprovechar los recursos específicos de cada región y promover una administración más cercana y eficaz. Por ejemplo, en países como México, la regionalización económica ha sido clave para reducir la dependencia del distrito federal, lo que ha incidido que otras regiones desarrollen sus propios mercados y oportunidades de empleo (Alonso, 2023).

Además, la descentralización facilita la adaptación de políticas económicas a las necesidades específicas de cada zona, lo que puede mejorar la competitividad y atraer inversiones extranjeras (Kotschwar, 2023). En este contexto, la regionalización económica no solo favorece el desarrollo de áreas rurales, sino que también reduce la presión sobre las grandes ciudades, permitiendo una distribución más equitativa para las personas en los territorios (Fernández, 2022).

Uno de los principales beneficios de la regionalización en América Latina es su capacidad para reducir las desigualdades sociales al mejorar el acceso a servicios básicos en áreas menos favorecidas. De acuerdo con Gómez (2023), la regionalización permite que los gobiernos locales y regionales adapten sus políticas a las necesidades de sus comunidades, lo que resulta en una distribución con mayor justicia y equidad, así como el perfeccionamiento de los servicios de salud, educación y vialidad. Esto es particularmente relevante en América Latina, donde las disparidades entre las áreas urbanas y rurales son notorias.

A través de la regionalización, se fomenta una mayor participación de las comunidades en decisiones que les atañe, esto resulta clave como estrategia de cohesión social y la integración de las comunidades (Daza, 2022). Esta descentralización facilita que las poblaciones locales tengan una mayor voz en los asuntos que les afectan directamente, promoviendo así una idea de pertenencia y de compromiso social en el desarrollo de la región (Rodríguez & Torres, 2022).

En términos ambientales, la regionalización permite una gobernanza más eficaz y sostenible de los recursos disponibles, lo cual es fundamental para enfrentar los desafíos ambientales que enfrenta América Latina, como la deforestación, el deterioro del medio ambiente y la degradación en la calidad del agua (Pérez & Cárdenas, 2023). La regionalización ambiental facilita la creación de políticas adaptadas a las condiciones ecológicas de cada región, lo que ayuda a proteger los ecosistemas locales y a promover un desarrollo sostenible.

Según Rodríguez y Torres (2022), en países como Brasil y Colombia, la regionalización ha permitido una mejor gestión de áreas críticas como la Amazonía, donde se implementan políticas de conservación y uso sostenible de recursos que buscan equilibrar el desarrollo económico con la protección

El Índice de Descentralización y Autonomía Regional (IDAR), publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), evalúa cómo la descentralización de poderes en distintos niveles de gobierno afecta el desempeño y el impacto de las políticas estatales. En este índice, países como Colombia, México y Brasil muestran avances en descentralización, con sistemas federales que otorgan mayor autonomía a sus regiones. Este enfoque ha mejorado la adaptabilidad de las políticas públicas a necesidades locales, aunque también enfrenta desafíos como la gestión desigual de recursos y problemas de corrupción a nivel local (Martínez & Zárate, 2022).

En contraste, el informe del Índice de Gobernanza Global (IGG) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) resalta cómo naciones con sistemas centralizados, como Perú y Bolivia, tienden a mostrar menores niveles de desarrollo en comparación con sus vecinos más descentralizados. Estos sistemas centralizados reducen la toma de decisiones en el ámbito local, lo que en muchos casos lleva a una inadecuada asignación de recursos y a una menor efectividad en la ejecución de políticas públicas (OCDE, 2023).

Asimismo, el Índice de Desarrollo Regional (IDR), publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), identifica que los países con mejores niveles de regionalización, como Chile y Uruguay, suelen obtener mejores resultados en indicadores de desarrollo social y económico. En particular, Chile ha implementado políticas exitosas en sus regiones para mejorar la calidad de vida, mientras que Uruguay enfatiza en la inclusión de programas regionales de desarrollo económico y social que han reducido desigualdades (PNUD, 2022).

Igualmente, el Índice de Competitividad Regional (ICR), desarrollado por el Foro Económico Mundial, analiza la capacidad de cada país para fomentar el desarrollo económico en sus regiones. En este índice, Brasil ocupa una posición relevante gracias a sus esfuerzos de regionalización en zonas como São Paulo y Minas Gerais. No obstante, la falta de infraestructura y la desigualdad económica en otras regiones de Brasil muestran que la descentralización debe acompañarse de políticas equitativas de distribución de recursos (Foro Económico Mundial, 2023).

La desconcentración y descentralización tienen diferencias conceptuales y relación directa con el concepto de regionalización. La diferencia entre desconcentración y descentralización es fundamental para entender las dinámicas de la regionalización en América Latina. Ambos conceptos, aunque relacionados, tienen características y aplicaciones distintas, y conocer sus diferencias ayuda a comprender cómo se pueden aplicar en el contexto de la regionalización.

Desconcentración se refiere al proceso mediante el cual una autoridad central delega ciertas funciones o competencias a oficinas o agencias en diferentes regiones, pero sin ceder el control ni la autonomía política. En otras palabras, el gobierno central establece oficinas locales que pueden ejecutar funciones administrativas, pero la toma de decisiones sigue concentrada en el poder central. Así, la desconcentración permite una gestión más cercana a la población sin comprometer el control del gobierno central sobre dichas acciones (Martínez & González, 2021; OCDE, 2023). Este modelo suele aplicarse en áreas como salud, educación y justicia, donde es importante acercar los servicios a la población sin perder el control administrativo.

Por otro lado, descentralización involucra la transmisión de autoridad y responsabilidad a entes con autonomía, tanto en el ámbito local así como el regional, permitiendo a estas unidades tomar decisiones sobre asuntos que les conciernen directamente. A diferencia de la desconcentración, la descentralización concede autonomía política, administrativa y financiera, lo cual permite que las regiones gestionen sus propios recursos y definan políticas públicas acordes a sus necesidades locales (Banco Interamericano de Desarrollo, 2022; Rodríguez, 2022). La descentralización es un proceso más profundo y complejo que la desconcentración, ya que implica una reestructuración del poder y fomenta la autonomía regional.

En el contexto de la regionalización, ambos conceptos se vinculan en el sentido de que, aunque la regionalización requiere algún grado de descentralización para ser efectiva, en numerosas naciones de la región, se ha comenzado con procesos de desconcentración como un primer paso hacia una regionalización plena (Gutiérrez & Pérez, 2023). La desconcentración puede funcionar como una fase preliminar que permite adaptar las estructuras administrativas antes de asumir el modelo descentralizado, especialmente en países donde el centralismo ha sido históricamente fuerte y la desconfianza en la autonomía regional es elevada (López & Sánchez, 2022).

La experiencia en América Latina demuestra que, en gran parte de los países, se han experimentado proyectos de desconcentración antes de adoptar modelos de descentralización más completos. En Chile, por ejemplo, las reformas en la administración pública se encaminaron primeramente en la desconcentración de servicios de educación y de salud, lo cual permitió una mayor proximidad de estos servicios a la ciudadanía sin otorgar autonomía plena a las regiones. Sin embargo, en años recientes, se han implementado reformas de descentralización para que las regiones tengan mayor control sobre sus políticas de desarrollo (Bianchi, 2023; OCDE, 2023).

Asimismo, estudios recientes indican que la desconcentración y la descentralización, cuando se implementan en conjunto y de manera progresiva, pueden facilitar un proceso de regionalización efectivo. En Colombia, la descentralización ha permitido una administración más adaptada a las necesidades locales, lo que ha favorecido la mejora en la calidad de vida en algunas zonas. No obstante, el éxito depende en gran parte en la voluntad política y las capacidades de las autoridades locales en la adecuada gestión de los recursos (Martínez & Zárate, 2022).

Sumariamente, la desconcentración y la descentralización son conceptos que, aunque distintos, están vinculados a la regionalización en tanto que ambos procesos permiten una administración más cercana a las regiones. No obstante, para una regionalización efectiva que busque democratizar la distribución y la equidad de la riqueza, así como potenciar el desarrollo humano, es fundamental avanzar hacia una descentralización más profunda, es esencial que las decisiones se adapten mejor a las realidades locales, promoviendo un desarrollo regional más objetivo y sostenible.

  1. DEFINICIONES DE REGIONALIZACIÓN

La regionalización en América Latina es un proceso integral que involucra variadas dimensiones, desde la organización político-administrativa hasta el fortalecimiento de identidades locales.

Debido a la polisemia del término, a continuación, se presentan algunas definiciones desde distintas perspectivas recientes para comprender el alcance y los desafíos de este fenómeno en la región.

1. Regionalización como herramienta de descentralización administrativa: este enfoque define la regionalización como un proceso para distribuir de manera equitativa el poder y la administración pública. A través de esta perspectiva, se busca mejorar la eficiencia en la gestión de recursos y servicios al acercar la toma de decisiones a las comunidades locales. Este concepto tiene particular relevancia en países de América Latina, donde las políticas históricamente centralistas han generado desigualdades significativas entre capitales y provincias (Estevadeordal, 2024).

2. Regionalización como integración económica y comercial: desde una visión económica, la regionalización en la región se refiere a la creación de bloques y acuerdos comerciales que promuevan el intercambio de servicios, bienes y personas entre las naciones latinoamericanas. Ejemplos de esto lo constituye el Mercosur y la Comunidad Andina, que buscan fortalecer el mercado interno para competir con otras economías globales. Sin embargo, la falta de infraestructura y la fragmentación de normativas en la región limitan su éxito (Americas Georgetown, 2023).

3. Regionalización y desarrollo territorial: algunos autores argumentan que la regionalización es un medio para impulsar el desarrollo territorial, promoviendo un crecimiento más equilibrado entre regiones. Según estudios recientes, en América Latina, muchas regiones se han mantenido marginadas del desarrollo debido a la concentración de recursos en las capitales. Este tipo de regionalización apunta a reducir las disparidades territoriales promoviendo inversiones en áreas rurales y menos desarrolladas (Universidad Barcelona, 2022).

4. Regionalización cultural y fortalecimiento de identidades locales: otra perspectiva clave es la regionalización como mecanismo para fortalecer identidades culturales y locales. Este enfoque destaca la importancia de reconocer y preservar las identidades culturales específicas de cada región, permitiendo que estas sean representadas en políticas y decisiones públicas. En América Latina, este aspecto de la regionalización es crucial debido a la gran diversidad étnica y cultural que caracteriza a países como Perú y Bolivia, donde las identidades indígenas son prominentes (Kotschwar, 2023).

5. Regionalización como respuesta a la globalización: diversidad de autores ven la regionalización en América Latina como una consecuencia natural del proceso de globalización y la búsqueda de salvaguardar el mercado local. En este contexto, la regionalización no solo busca descentralizar, sino también crear un bloque económico y político cohesivo capaz de negociar en el escenario global. Este enfoque es particularmente relevante ante la creciente presión de actores globales como Estados Unidos y China en los recursos naturales de la región (Estevadeordal, 2024).

Cada una de estas definiciones muestra cómo la regionalización en América Latina es un proceso multidimensional que busca abordar tanto las necesidades de desarrollo local como los desafíos impuestos por la globalización y las políticas centralistas. Estas perspectivas proporcionan una base teórica para entender los distintos enfoques y la complejidad del fenómeno en el contexto latinoamericano.

  1. TIPOS Y CLASIFICACIONES DE REGIONALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA

La regionalización en América Latina es un fenómeno multifacético que abarca diversos tipos y clasificaciones, cada uno con enfoques y objetivos particulares. Este proceso se caracteriza por la reestructuración de los espacios económicos, sociales y administrativos de acuerdo con las necesidades y desafíos de cada país y región. A continuación, se exploran los principales tipos de regionalización: económica, política, socio-cultural, ambiental, y tecnológica, cada uno de ellos con clasificaciones específicas que reflejan los distintos contextos de los países latinoamericanos.

  • Regionalización Económica

La regionalización económica en América Latina está orientada principalmente a la creación de bloques comerciales que faciliten la integración de mercados y promuevan el comercio de servicios y bienes, entre los países. Ejemplos de esta forma de regionalización son Mercosur y la Comunidad Andina, que buscan reducir las barreras comerciales y fomentar la competitividad en el contexto global (Estevadeordal, 2024; Kotschwar, 2023). Según Daza (2022), uno de los objetivos centrales de la regionalización económica es aumentar la autosuficiencia de las regiones y reducir la dependencia de mercados externos. En el caso de la región, varios países afrontan conflictos para alcanzar estos objetivos debido a la falta de infraestructura y a la fragmentación regulatoria que limita la efectividad de estas iniciativas (Americas Georgetown, 2023).

Este tipo de regionalización ha sido clasificado en dos enfoques principales: el de integración económica y el de cooperación transnacional. La integración económica implica la creación de zonas económicas especiales, áreas de libre comercio, así como alianzas en materia aduanera, como Mercosur, donde los países buscan crear un mercado único con aranceles externos comunes (Alonso, 2023). En contraste, la cooperación transnacional se centra en acuerdos menos formales que facilitan el comercio y la inversión sin comprometer la autonomía económica de los países involucrados (Georgetown, 2023).

  • Regionalización Política

La regionalización política tiene como objetivo descentralizar la autoridad del ejecutivo nacional, hacia autoridades locales o regionales, permitiendo una distribución más equitativa de los recursos y una mayor representación de las comunidades (Sánchez & Arrieta, 2022). Este tipo de regionalización es particularmente relevante en América Latina debido a las políticas históricamente centralistas que han mantenido el poder concentrado en las capitales nacionales, lo que ha generado una gran disparidad entre las áreas urbanas y rurales (Gómez, 2023).

Este tipo de regionalización se clasifica en descentralización administrativa y descentralización legislativa. La descentralización administrativa permite que las regiones gestionen sus propios servicios, como salud y educación, mientras que la descentralización legislativa otorga a los gobiernos regionales el poder de tomar decisiones políticas autónomas en ciertos ámbitos (Mendoza, 2023). De acuerdo con Sánchez y Arrieta (2022), la descentralización política en América Latina ha enfrentado numerosos desafíos, principalmente debido a la falta de recursos financieros y a la resistencia de los gobiernos centrales a ceder poder a las regiones.

  • Regionalización Socio-Cultural

La regionalización socio-cultural se centra en el fortalecimiento de las identidades y culturas locales dentro de un marco regional. América Latina, una región diversa en términos étnicos y culturales, encuentra en este tipo de regionalización una oportunidad para reconocer y promover las particularidades de cada grupo social, lo cual es crucial en países con poblaciones indígenas significativas, como Perú y Bolivia (Fernández, 2022). Este tipo de regionalización permite que las comunidades mantengan sus tradiciones y sistemas de conocimiento mientras se integran en la sociedad nacional y global (Pérez & Cárdenas, 2023).

Dentro de esta clasificación, se pueden identificar dos enfoques: regionalización inclusiva y regionalización diferenciada. La regionalización promueve la inclusión de las comunidades en los procesos de gobernanza y toma de decisiones, mientras que la regionalización diferenciada reconoce la necesidad de enfoques específicos para grupos con características particulares, como las comunidades indígenas (Gómez, 2023).

  • Regionalización Ambiental

La regionalización ambiental en América Latina surge en respuesta a la búsqueda de resguardar y gestionar los abundantes recursos en un contexto de gran biodiversidad y desafíos ambientales significativos, como la deforestación en la Amazonía (Rodríguez & Torres, 2022). Este tipo de regionalización busca crear unidades territoriales que faciliten la implementación de políticas ambientales adaptadas a las condiciones específicas de cada región. Según Daza (2022), la regionalización ambiental es fundamental para la sostenibilidad de los recursos en América Latina y permita una planificación más adecuada del territorio y la gestión adecuada del ecosistema.

Este tipo de regionalización se divide en gestión de recursos naturales y protección de áreas ambientales. La gestión de recursos se enfoca en la regulación del uso y la explotación de recursos, mientras que la protección ambiental se orienta a conservar áreas críticas y a promover políticas de desarrollo sostenible en las zonas más vulnerables (Fernández, 2022).

  • Regionalización Tecnológica

Por último, la regionalización tecnológica aborda los contrastes en el acceso a la tecnología y la infraestructura digital, problemas que inciden en el progreso y la búsqueda de la tan ansiada competitividad del subcontinente (Pérez & Cárdenas, 2023). Según Mendoza (2023), una adecuada regionalización tecnológica puede reducir la brecha digital y mejorar la conectividad entre áreas urbanas y rurales, lo cual es crucial para el desarrollo socio-económico..

La regionalización tecnológica incluye la infraestructura digital y acceso a la innovación. La primera se refiere a la creación de redes y centros de acceso en áreas remotas, mientras que la segunda aboga por la inversión en tecnología avanzada y formación digital, especialmente en regiones con baja cobertura tecnológica (Gómez, 2023).

  1. CONTRASTE DE LA REGIONALIZACIÓN CON LAS POLÍTICAS CENTRALISTAS EN LATINOAMÈRICA.

Los conceptos de regionalización y centralismo han sido antagónicos en la organización territorial y política de los países latinoamericanos. Mientras que la regionalización busca una mayor descentralización para favorecer el desarrollo local y la inclusión de diversas regiones, el centralismo concentra el poder y los recursos en las capitales o centros de poder político y económico. Este contrapunto refleja tensiones profundas en la historia de América Latina, donde el centralismo ha sido un modelo predominante que, según muchos estudios, ha contribuido a perpetuar desigualdades territoriales y económicas (Sánchez & Arrieta, 2022; Rodríguez & Torres, 2022). A continuación, se examinan los distintos tipos de políticas centralistas y sus efectos en la región, así como las consecuencias de este enfoque para el proceso de regionalización.

  1. Centralismo Administrativo y Asignación de Recursos

El centralismo administrativo concentra las decisiones sobre la asignación de recursos en el gobierno central, generalmente en las capitales nacionales. En muchos países de América Latina, este modelo ha limitado el acceso equitativo a los recursos en las regiones periféricas, ya que las decisiones de inversión tienden a favorecer a las áreas urbanas más desarrolladas (Gómez, 2023; Daza, 2022). De acuerdo con Fernández (2022), la centralización administrativa en América Latina ha causado desigualdades significativas, ya que los gobiernos locales tienen poca autonomía para gestionar sus propios recursos. Este enfoque centralista ha obstaculizado la regionalización, dificultando la respuesta oportuna, necesaria y adecuada de los gobiernos locales en atender las necesidades específicas de sus comunidades.

Los efectos de este tipo de centralismo son evidentes en países como Perú y Colombia, donde las regiones rurales reciben menos inversión en infraestructura y servicios básicos en comparación con las capitales (Alonso, 2023). En lugar de fomentar una distribución equitativa, el centralismo administrativo crea una dependencia de las autoridades regionales hacia el gobierno central, limitando su capacidad de actuar de manera autónoma y adaptarse a las particularidades de su región (Estevadeordal, 2024).

  1. Centralismo Político y Concentración del Poder de Decisión

El centralismo político implica la concentración del poder de decisión en una élite política ubicada en la capital o en los centros de poder. Este tipo de centralismo ha sido una característica persistente en América Latina, especialmente en sistemas presidencialistas donde el poder ejecutivo tiene un gran control sobre las políticas nacionales (Pérez & Cárdenas, 2023; Kotschwar, 2023). La centralización política limita la contribución de los territorios con los gobiernos, en la formulación de la política pública, lo cual afecta directamente la capacidad de la población para influir en las decisiones..

Este tipo de centralismo genera tensiones con la regionalización, limita la inserción de la expresión popular en los procesos de toma de decisiones y reduce la capacidad de los ciudadanos de participar activamente en temas de su interés (Mendoza, 2023). Según Gómez (2023), la concentración del poder político en la capital provoca que las políticas nacionales no consideren las realidades regionales, lo cual aumenta la desconexión entre el gobierno central y la colectividad, perpetuando así las inequidades territoriales y políticas.

  1. Centralismo Fiscal y Limitación de Recursos Financieros

Otro aspecto fundamental del centralismo en América Latina es el control de los recursos fiscales por parte del gobierno central. En muchos países de la región, el gobierno central retiene una gran parte de los ingresos fiscales, limitando así la capacidad de los gobiernos regionales para financiar sus proyectos de desarrollo (Rodríguez & Torres, 2022; Alonso, 2023). Este tipo de centralismo fiscal impide que las regiones puedan invertir en infraestructura, salud, educación y otros servicios esenciales para mejorar el bienestar de sus comunidades.

Este enfoque centralizado ha sido criticado por expertos en desarrollo regional, quienes argumentan que limita el crecimiento de las economías locales y genera una dependencia constante de los gobiernos regionales hacia el presupuesto nacional (Fernández, 2022; Estevadeordal, 2024). En países como México y Argentina, el centralismo fiscal ha creado un sistema de dependencia en el que las regiones no pueden actuar de manera autónoma, lo que afecta su capacidad para adaptarse a las condiciones locales y fomenta una distribución desigual de los recursos.

  1. Centralismo Cultural y Homogeneización de Identidades Regionales

El centralismo cultural se refiere a la imposición de una identidad cultural dominante, generalmente asociada a la capital, en detrimento de las identidades locales y regionales. En países de América Latina con una gran diversidad étnica y cultural, este tipo de centralismo puede tener un efecto alienante, ya que impone un modelo cultural único y no permite la expresión de las identidades locales (Sánchez & Arrieta, 2022). La regionalización cultural, en contraste, busca valorar y preservar la diversidad cultural de cada región, permitiendo que las comunidades mantengan sus tradiciones y costumbres.

El centralismo cultural es particularmente evidente en países como Perú y Bolivia, donde las políticas nacionales han tendido a favorecer las tradiciones de las élites urbanas en lugar de las culturas indígenas (Gómez, 2023). Este enfoque centralista ignora la riqueza cultural de las regiones y reduce la participación de la población en la vida política y social, lo cual contradice los objetivos de la regionalización inclusiva y dificulta la integración cultural (Pérez & Cárdenas, 2023; Daza, 2022).

  1. Centralismo Educativo y Control sobre la Educación Regional

Por último, el centralismo educativo se manifiesta en la concentración de los sistemas educativos bajo la autoridad del gobierno central, lo cual limita la capacidad de las regiones para adaptar la educación a sus necesidades específicas. Este enfoque centralista impone un currículo uniforme que no necesariamente refleja las realidades locales, lo que limita el potencial de las regiones para desarrollar sus propios programas educativos y para promover la cultura e historia local (Mendoza, 2023; Rodríguez & Torres, 2022).

Según Kotschwar (2023), el centralismo educativo en América Latina ha generado un sistema poco flexible que no responde a las necesidades de las comunidades rurales ni a las particularidades de cada región. En contraposición, la regionalización educativa permite una mayor adaptabilidad en los programas de estudio y en la formación de docentes, lo cual puede contribuir al desarrollo regional y a la inserción comunal en el sistema educativo nacional.

  1. EXPERIENCIAS DE REGIONALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA; ANÁLISIS COMPARADO. CASOS DE: MÉXICO, COSTA RICA, PERÚ, ARGENTINA, COLOMBIA, BRASIL Y CHILE

La regionalización en América Latina es un proceso que, aunque varía ampliamente en cada país, busca la descentralización de la gobernanza y el fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales. A continuación, se analizan las experiencias de siete países: México, Costa Rica, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Chile, evaluando sus avances en la regionalización y su éxito en reducir el centralismo, o en su defecto, identificando los retos que enfrentan.

MÉXICO: AVANCES Y DESAFÍOS EN LA REGIONALIZACIÓN

En México, la regionalización ha sido un tema de interés desde hace varias décadas, sin embargo, se enfrenta a importantes desafíos debido al persistente centralismo que caracteriza su sistema de gobierno. Aunque formalmente es un Estado Federal, el modelo mexicano presenta una alta concentración del poder fiscal en el gobierno central. Los estados y municipios dependen en demasía de las transferencias del gobierno federal. La descentralización administrativa ha sido significativa (educación, salud), pero sin el acompañamiento de recursos suficientes. La Ciudad de México concentra gran parte de los recursos y las decisiones políticas, lo que dificulta el desarrollo equitativo de otras regiones (Flores, 2023; Hernández & Torres, 2022). No obstante, en los últimos años se han efectuado acciones orientadas a descentralizar algunos sectores, como la educación y la salud, a través de reformas de modernización del federalismo (Gómez, 2023).

Algunas iniciativas exitosas han tenido lugar en estados como Nuevo León y Jalisco, que han logrado cierto grado de autonomía en el manejo de sus recursos y en la atracción de inversión extranjera (Martínez & Sánchez, 2022). Estas experiencias demuestran que la descentralización es posible, aunque sigue siendo limitada en comparación con el control que mantiene el gobierno central (García, 2023).

COSTA RICA: MODELO DE REGIONALIZACIÓN PARTICIPATIVA CON TAREAS PENDIENTES.

Con un sistema unitario, Costa Rica ha avanzado en descentralización administrativa y fiscal, en parte gracias al impulso del Código Municipal (1998). Sin embargo, la fragmentación de competencias y la limitada capacidad institucional local restringen el impacto del proceso. Ha implementado un modelo de regionalización que se distingue por su enfoque en la participación ciudadana y en el fortalecimiento de los gobiernos locales. Este país ha trabajado en la descentralización de funciones administrativas y en la promoción de la autonomía de sus municipios, permitiendo una mayor adaptación a las necesidades de cada región (Díaz, 2022; Vargas & Solís, 2023). La creación de Consejos de Desarrollo Regional ha sido un paso significativo para coordinar los esfuerzos de desarrollo regional y buscar la distribución más justa de los recursos (Soto & Mora, 2023). Este proceso ha demostrado ser eficaz en áreas como Guanacaste, donde se ha promovido el turismo sostenible y la gestión de recursos naturales de manera local, adaptando las políticas nacionales a las necesidades específicas de esta región (Martínez, 2023). A pesar de los avances, Costa Rica aún enfrenta desafíos, especialmente en términos de financiamiento y autonomía plena para sus gobiernos locales (Solano, 2024).

VENEZUELA: UN FEDERALISMO FORMAL CON RECENTRALIZACIÓN PRÁCTICA

Venezuela se constituye formalmente como un Estado federal descentralizado, según el artículo 4 de la Constitución Política del año 1999. No obstante, en la realidad ha vivido una recentralización progresiva, especialmente desde mediados de la década de 2000. Durante los años 80 y 90, el país vivió un proceso de descentralización política, con la elección directa de gobernadores (1989) y alcaldes, además de la transferencia de algunas competencias a estados y municipios.

No obstante, con la consolidación del modelo centralista del Estado comunal muchas competencias y recursos fueron reabsorbidos por el Ejecutivo nacional, debilitando a los gobiernos locales, por lo que Venezuela al igual que la mayoría de países de la región no solo tiene una deuda pendiente en esta materia, sino que más bien sufre un retroceso hacia el centralismo del estado.

PERÚ: CENTRALISMO PERSISTENTE Y OBSTÁCULOS EN LA DESCENTRALIZACIÓN

En Perú, el proceso de regionalización ha enfrentado grandes dificultades debido al arraigado centralismo de su estructura estatal. Implementó una descentralización acelerada tras el colapso del régimen de Fujimori, creando gobiernos regionales y promoviendo participación ciudadana. Sin embargo, la falta de planificación y el clientelismo han limitado su eficacia. Aunque se han creado gobiernos regionales y se ha transferido alguna autonomía administrativa, el poder y los recursos continúan centralizados en Lima (Ríos & Vargas, 2023; Pérez, 2022). Esto ha limitado la capacidad de las regiones para gestionar sus propios recursos y ha exacerbado las desigualdades territoriales.

Un ejemplo de las limitaciones de la regionalización en Perú es la región de Cusco, donde la falta de recursos y autonomía ha impedido que el gobierno regional promueva un desarrollo sostenible y que se atiendan las demandas locales de manera eficaz (González, 2022). Aunque existen esfuerzos por fortalecer la descentralización, el centralismo sigue predominando, limitando los beneficios que podrían derivarse de una verdadera regionalización (Chávez & Ramos, 2023).

ARGENTINA: FEDERALISMO EN TENSIÓN CON EL CENTRALISMO

A pesar de su estructura federal, Argentina experimenta una asimetría profunda entre provincias, lo que genera tensiones en la distribución de recursos. El gobierno nacional ejerce una fuerte influencia sobre las provincias vía transferencias discrecionales. Es un país federal en teoría, pero en la práctica, Buenos Aires acapara la mayor parte del poder político y económico, lo que representa un reto para la regionalización efectiva. Aunque cada provincia tiene cierto grado de autonomía, el financiamiento depende en gran medida del gobierno central, lo que crea una relación de dependencia (López, 2023; Navarro, 2022). Esta dependencia limita las posibilidades de desarrollo regional y ha generado desigualdades significativas entre las provincias.

No obstante, algunas provincias, como Mendoza y Córdoba, han implementado políticas para diversificar sus economías y reducir la dependencia económica del gobierno central. Estas experiencias han demostrado que, con un manejo autónomo y adecuado de los recursos, es posible avanzar hacia una regionalización más equilibrada y menos dependiente (Ferreyra & Romero, 2023). Sin embargo, la estructura fiscal y financiera de Argentina continúa siendo un obstáculo significativo para una regionalización efectiva (Bianchi, 2022).

COLOMBIA: PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA DE PAZ

El proceso colombiano ha sido influenciado por el conflicto armado y el postconflicto. La descentralización ha permitido el surgimiento de gobiernos locales más autónomos, aunque las regiones periféricas aún enfrentan problemas de inseguridad y baja institucionalidad. El proceso colombiano ha sido influenciado por el conflicto armado y el postconflicto. La descentralización ha permitido el surgimiento de gobiernos locales más autónomos, aunque las regiones periféricas aún enfrentan problemas de inseguridad y baja institucionalidad. Visto de esta forma, en Colombia, la descentralización ha sido una estrategia clave para promover la paz y el desarrollo regional en municipios inmersos en la guerra entre el ejército y las FARC. La creación de entidades tales como: Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), han sido fundamentales para mejorar la gobernanza territorial y promover el desarrollo en regiones históricamente marginadas (Gutiérrez & Quintero, 2023; Rodríguez, 2022).

El caso de Antioquia y su autonomía en la gestión de planes de desarrollo local, es un ejemplo exitoso de regionalización, que ha permitido mejorar la infraestructura y reducir la distancia social entre la zona urbana y la ruralidad (Martínez & Salazar, 2023). Sin embargo, el centralismo persiste en algunas áreas, y las regiones aún son fuertemente dependientes del presupuesto asignado por el gobierno nacional, lo que limita la sostenibilidad de estos avances (Mejía & Gómez, 2023).

BRASIL: FEDERALISMO Y DESAFÍOS EN LA REGIONALIZACIÓN

Es uno de los países menos centralizados de la región. La Constitución de 1988 reconoció a los municipios como entes federados. Aun así, las disparidades regionales y la fragmentación partidaria obstaculizan la gobernanza territorial. Brasil cuenta con un sistema federal que otorga un alto grado de autonomía a los estados, lo cual ha facilitado procesos de regionalización en campos como la educación y la salud. No obstante, existen desigualdades marcadas entre las regiones, especialmente entre el sureste y el noreste, lo cual ha generado tensiones en el desarrollo regional (Silva & Pereira, 2023; Oliveira, 2022). La descentralización en Brasil ha permitido que estados como São Paulo y Minas Gerais desarrollen sus economías de manera independiente, fortaleciendo sus infraestructuras y atrayendo inversión extranjera.

Sin embargo, el gobierno central todavía tiene un papel predominante en la distribución de recursos, y el desequilibrio económico entre las regiones persiste, lo que limita el potencial de la regionalización para reducir las disparidades (Costa, 2024). A pesar de los avances, la dependencia de las regiones hacia el gobierno central representa un obstáculo significativo para una regionalización equitativa en Brasil (Fernández, 2023).

CHILE: CENTRALISMO Y TÍMIDOS AVANCES EN LA REGIONALIZACIÓN

Históricamente centralista, Chile ha iniciado recientemente un proceso de regionalización con la elección de gobernadores regionales desde 2021, aunque sin una transferencia real de competencias ni presupuesto, lo que limita su impacto. Chile es uno de los países con mayor centralismo en América Latina. Experimenta una gran concentración de poder y recursos en Santiago. Aunque en los últimos años se han realizado esfuerzos para descentralizar el país, el progreso ha sido lento y las regiones aún dependen en gran medida del gobierno central (Lagos, 2023; González, 2023). A pesar de esto, se han implementado algunas políticas de regionalización en sectores como la gestión de recursos naturales, donde las regiones del sur han logrado cierta autonomía para promover el desarrollo sostenible.

Una iniciativa destacada es el programa de fortalecimiento de las regiones, que ha permitido a algunas zonas gestionar sus recursos de manera más autónoma y adaptar las políticas nacionales a las necesidades locales (Carrillo & Martínez, 2023). Sin embargo, la falta de un marco legal sólido para la regionalización y el predominante centralismo siguen siendo los principales retos para una descentralización efectiva en Chile (Fuentes, 2023).

  1. BENEFICIOS DE UNA REGIONALIZACIÓN EXITOSA: APUNTES PARA LA DISCUSIÓN.

Sin pretender terminar con la discusión; sino más bien fomentar el debate aun inconcluso; que permita dinamizar la confrontación de ideas; se esbozan a modo de resumen, algunos beneficios que podría traer a la región, una regionalización exitosa:

1. Fortalecimiento de la capacidad institucional local: una regionalización efectiva requiere instituciones locales fuertes, con capacidad administrativa, técnica y financiera suficiente para gestionar y ejecutar políticas públicas adaptadas a las necesidades regionales. La experiencia ha demostrado que la falta de recursos y personal capacitado a nivel local limita el éxito de las políticas descentralizadas (Martínez & Zárate, 2022). Es fundamental que los gobiernos nacionales inviertan en programas de capacitación y desarrollo institucional en los niveles subnacionales para asegurar que las autoridades locales puedan tomar decisiones informadas y eficientes (Rodríguez, 2023). Según estudios del Banco Mundial, la creación de redes de colaboración entre diferentes niveles de gobierno también es esencial para facilitar el flujo de conocimientos y habilidades hacia las autoridades locales, promoviendo una mayor capacidad de respuesta frente a problemas específicos de cada región (Banco Mundial, 2023). Además, estos esfuerzos deben ir acompañados de un compromiso inequívoco de lucha frontal contra la corrupción y que potencie con especial vigor la rendición de cuentas (Gutiérrez & Pérez, 2023).

2. Transferencia equitativa de recursos fiscales: una distribución equitativa de los recursos fiscales es clave para asegurar que todas las regiones, independientemente de su nivel de desarrollo, tengan acceso a los fondos necesarios para implementar proyectos de desarrollo y mejorar los servicios públicos. Estudios realizados por la OCDE destacan que la descentralización fiscal es efectiva solo cuando se acompaña de una estructura de transferencias que considera las desigualdades territoriales (OCDE, 2023). En América Latina, países como Brasil y Colombia han implementado sistemas de transferencias que buscan corregir desigualdades históricas entre regiones, aunque todavía enfrentan desafíos para reducir las disparidades existentes (Mejía, 2023). Un enfoque recomendado es el de diseñar mecanismos de asignación de recursos basados en criterios de necesidad y rendimiento. Esto implica que los fondos se distribuyan teniendo en cuenta factores como el nivel de pobreza, el fomento distributivo con equidad de las políticas públicas así como aumentar las capacidades de las autoridades locales para ejecutar programas, de modo que se maximice el impacto social de los recursos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2022).

3. Promoción de la aportación de la ciudadanía en la toma de decisiones: esto es fundamental para asegurar que las políticas de regionalización respondan a las demandas reales de la sociedad. La participación activa de la sociedad civil puede ayudar a mejorar la legitimidad de las decisiones y a reducir las tensiones políticas entre el nivel central y las regiones (López & Sánchez, 2022). Estudios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señalan que los mecanismos de consulta y participación ciudadana deben integrarse en todas las fases de la gobernanza en los territorios para lograr procesos exitosos (PNUD, 2022). En este sentido, el uso de tecnologías digitales y plataformas en línea para consultas y retroalimentación ciudadana ha sido efectivo en países como Uruguay, donde la participación ha mejorado notablemente gracias a estos medios (Bianchi, 2023). Además, estas plataformas pueden ayudar a recopilar datos para mejorar la efectividad de las políticas regionales.

4. Desarrollo de infraestructura para la conectividad regional: una regionalización efectiva necesita una infraestructura sólida que conecte las diferentes regiones, promueva las inversiones, favorezca el comercio y facilite el sector servicios. En América Latina, las disparidades en infraestructura han limitado el desarrollo en las regiones más alejadas de la metrópoli. Según la CEPAL, la inversión en infraestructura vial, transporte y tecnología digital es un pilar para reducir las brechas de desarrollo y fortalecer los lazos entre las regiones y el mercado nacional (CEPAL, 2023).

Asimismo, el acceso a internet y tecnología en las zonas rurales es crucial para integrar a estas comunidades en el ámbito económico y social, permitiéndoles acceder a servicios educativos, de salud y de capacitación profesional. La inversión en infraestructura tecnológica es una prioridad para lograr que todas las regiones participen en el crecimiento económico (Navarro & Díaz, 2023).

5. Políticas de desarrollo sostenible y adaptadas al contexto local: para alcanzar mejoras sustantivas en desarrollo humano; las políticas de regionalización deben ser sostenibles y adaptarse a las condiciones ambientales, culturales y económicas de cada región. En muchos países, los modelos de desarrollo uniformes no han sido efectivos, ya que no toman en cuenta las particularidades de cada territorio. Por ejemplo, en Perú y Bolivia, los enfoques de desarrollo adaptados a las condiciones geográficas y culturales de las comunidades han mostrado mejores resultados que las estrategias generales (Chávez & Ramos, 2023).

De acuerdo con un informe de la FAO, las políticas agrícolas y de desarrollo rural deben diseñarse en función de las capacidades productivas y ecológicas de cada región para evitar problemas de degradación ambiental y garantizar la sostenibilidad a largo plazo (FAO, 2023). Esto también permite diversificar la economía en zonas que tradicionalmente dependen de un solo sector productivo, lo cual contribuye a reducir la pobreza y mejorar las oportunidades laborales en áreas menos desarrolladas.

  1. RECOMENDACIONES PARA UNA REGIONALIZACIÓN EFECTIVA

Fortalecer las capacidades institucionales locales: capacitación técnica, gestión pública profesional y planificación territorial.

Establecer esquemas de financiamiento equitativos y sostenibles: evitar la dependencia total de transferencias.

Promover la participación activa de los ciudadanos en la planificación y ejecución de planes estratégicos orientados a sus regiones.

Invertir en conectividad territorial e infraestructura básica, reduciendo la marginación rural y periférica.

Diseñar modelos adaptativos, sensibles a las realidades sociales, culturales y ambientales de cada región.

  1. REFLEXIONES FINALES.

De la exégesis de los modelos de regionalización en América Latina abarcados en este artículo, destaca la preponderancia de robustecer las políticas tendientes a fortalecer de manera vigorosa proyectos de descentralización y desconcentración administrativa y de gobernanza; como medios para fortalecer la equidad y el desarrollo humano en las regiones periféricas. La regionalización surge como una estrategia para enfrentar el tradicional centralismo que limita el desarrollo equitativo y la autonomía de las regiones, permitiendo así una mayor adaptación de las políticas públicas a las necesidades específicas de cada área. A través del estudio de experiencias en distintos países de la región, se observa que, si bien algunos han avanzado hacia modelos de descentralización exitosos, otros enfrentan importantes desafíos debido a estructuras centralistas rígidas y a una falta de capacidad institucional a nivel local.

La diferenciación entre desconcentración y descentralización resulta fundamental en el proceso de regionalización. La desconcentración permite una proximidad operativa sin transferir autonomía plena, mientras que la descentralización conlleva una transferencia real de poder político y financiero. Ambas estrategias, aunque distintas, pueden ser implementadas de manera complementaria, dependiendo de las capacidades y necesidades de cada país.

Por último, se proponen recomendaciones específicas para una regionalización efectiva, como la inversión en infraestructura y tecnología, el fortalecimiento de capacidades locales, y la implementación de mecanismos de participación ciudadana, todo ello orientado a reducir las desigualdades territoriales. Se concluye que una regionalización bien estructurada puede ser un instrumento clave para un desarrollo más justo y sostenible en América Latina, promoviendo una gobernanza equitativa y mejorando la vida de los habitantes de las zonas periféricas, hasta ahora en desventaja con las urbanas.

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*https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/FERNANDO-VILLALOBOS-CHACON-2026.pdf

El Escudo de la Vergüenza: Costa Rica a los pies del Trumpismo

Por: JoseSo (José Solano-Saborío)

La historia de Costa Rica, esa que se construyó sobre los cimientos de la paz, la neutralidad y el respeto sagrado a la dignidad humana, está siendo subastada en el mercado de la geopolítica más rancia. Lo que hoy presenciamos no es “diplomacia pragmática”; es una capitulación absoluta. Rodrigo Chaves y su heredera política, Laura Fernández, han decidido canjear la soberanía nacional por una palmadita en la espalda de la Casa Blanca de Trump, sometiendo al país a un neo-colonialismo fascista que se disfraza de seguridad.

El “Escudo” que oculta la entrega

Bajo el rimbombante y opaco nombre de “Escudo de las Américas”, el oficialismo ha sellado un pacto de sumisión que se niegan a transparentar del todo. Este acuerdo, lejos de ser una herramienta eficaz contra el narcotráfico, funciona como una correa de transmisión para las políticas represivas de Washington.

No es solo el despliegue de una retórica militarista ajena a nuestra idiosincrasia; es la aceptación de Costa Rica como el “patio de atrás” donde el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) puede descargar sus crisis humanas. La reciente noticia de que el país aceptará deportados de terceros países —seres humanos tratados como mercancía descartable— es la prueba fehaciente de que la “Suiza Centroamericana” ha pasado a ser una sucursal del sistema penitenciario federal estadounidense.

Randall Gamboa: El rostro de la traición

Mientras Chaves y Fernández sonríen en cumbres en Florida, la realidad se escribe con sangre y dolor. La memoria de los héroes nacionales, de Juanito Mora y Juan Santamaría, es insultada cada vez que este gobierno guarda un silencio cómplice ante los atropellos de sus aliados.

Pero el insulto más grave es a los vivos y a los deudos de Randall Gamboa Esquivel. Randall, un costarricense de 52 años que salió del país con salud y sueños, fue capturado arbitrariamente por el ICE.

Tras meses de detención en condiciones que solo pueden calificarse de inhumanas, fue devuelto a suelo tico el 3 de septiembre de 2025 en un avión ambulancia, en estado crítico y sin explicaciones. Su fallecimiento el 26 de octubre es un recordatorio brutal de lo que significa ser un “aliado” de una potencia que no distingue entre aliados y vasallos.

¿Dónde estuvo la cancillería? ¿Dónde estuvo la “mano dura” del Ejecutivo para exigir justicia por un compatriota torturado por el sistema migratorio al que hoy le rinden pleitesía?

Una quimera llamada rectificación

La presidente electa, Laura Fernández, ha dejado claro en sus intervenciones de febrero que su hoja de ruta es la continuidad del autoritarismo y la genuflexión. Su promesa de profundizar la “mano dura” y su alineamiento incondicional con las políticas de Washington sugieren que la dignidad nacional seguirá en ‘el cuarto de San Alejo’ como dicen en Colombia.

Esperar que Fernández rectifique esta errática y vergonzosa política exterior parece, hoy más que nunca, una quimera. Sin embargo, la historia no olvida a quienes, por un destello de poder efímero, entregan el honor de una República que una vez fue ejemplo de paz para el mundo.

Chaves pasa de ser un Jaguar —matón de barrio bajo— qué insulta a diputados, magistrados y periodistas, a un simple gatito sumiso ante las imposiciones del convicto presidente naranja de la decadente potencia. Su lacayismo es tan grande como su desdén por nuestra historia democrática.

¡La soberanía no se negocia!

Gabe Abrahams y su nuevo libro Deporte soviético

Óscar Alonso

Gabe Abrahams (Barcelona, 1966) es un marchador con plusmarcas mundiales en caminatas Multiday, una especialidad de varios días de duración. Desde 2020, su actividad deportiva va unida a la literaria, publicando artículos y libros de temática deportiva. Acaba de publicar su cuarto libro: Deporte soviético (Rebelión, 2026).

Entre sus caminatas Multiday y la escritura, este barcelonés nos ha dejado un magnífico libro dedicado al deporte de la Unión Soviética que merece una reseña especial.

En 1991, la URSS finalizaba su recorrido histórico, después de haber tomado forma con la Revolución Rusa de 1917 y realizado un trayecto de más de setenta años.

Sobre la caída de la URSS, se han escrito bastantes cosas. Hay quien llegó a afirmar que su derrumbe suponía el inicio de una nueva Era del capitalismo. Algo así como el final de la historia. Francis Fukuyama, quien lo dijo, obviamente se equivocó.

Como consumado experto en deporte y en la temática soviética, Gabe Abrahams no es ajeno a estos posicionamientos y ha querido mostrar la realidad de lo que ocurrió en la URSS y en su deporte de competición en su obra Deporte soviético.

Así, a través de sus páginas, Abrahams repasa el método de Marx y el sistema marxista-leninista de Lenin, la historia de la URSS, biografías de deportistas soviéticos y el recorrido de los equipos y clubs de la Unión Soviética.

Explica con detalle cómo el sistema marxista-leninista soviético le supuso a la URSS adaptarse a sus deportistas, cubrirles las necesidades que tenían y a la vez dedicarse a la formación de su voluntad. Una apuesta de los años treinta del siglo pasado que triunfó y que estuvo vigente hasta el último aliento de la Unión Soviética. Una cifra estratosférica de medallas olímpicas da testimonio de ello.

Gabe Abrahams reflexiona en el epílogo de su libro Deporte soviético sobre una cuestión que debería atraer la atención de todos. “¿Qué hubiese ocurrido con la URSS si hubiese extendido a todo su Estado el sistema marxista-leninista adaptado para el deporte, es decir la conjunción de condiciones materiales más fuerza de voluntad?”, se pregunta.

Abrahams considera que, de haberse extendido el sistema marxista-leninista adaptado al deporte a todo el Estado soviético, la URSS no se hubiese aburguesado en su última etapa, ni claudicado en 1991.

El libro Deporte soviético está estructurado con un prólogo, una introducción, quince capítulos repartidos en tres partes y un epílogo. En sus 140 páginas, atrapa desde el principio por su dinamismo y los conocimientos y datos que aporta el autor sobre cuestiones nucleares de la URSS y su sistema.

Gabe Abrahams nos habla de Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Stalin, León Trotski, Mao Zedong, Nikita Jrushchov… Y también de Aleksandr Kérenski y los suyos, es decir, de aquellos que fracasaron al intentar doblegar a los bolcheviques y no pudieron evitar el nacimiento y desarrollo de la URSS.

La novedad editorial Deporte soviético es muy recomendable para conocer exactamente lo ocurrido en la URSS y el sonoro éxito que consiguió su deporte.

Es una obra clave que profundiza en las entrañas de la Unión Soviética, mostrando que el sistema que empleó para su deporte de competición supuso y supone una vía hacia la victoria.

Gabe Abrahams, aparte del deporte y la escritura, ha tenido un interés intelectual desde su juventud por la filosofía, siendo sus dos pensadores favoritos Baruch Spinoza y Karl Marx. A estos los ha tenido siempre presentes, incluso en las etapas en las que se dedicó exclusivamente al deporte y a sus caminatas Multiday.

Deporte soviético ha sido publicado por Rebelión en marzo de este 2026 y se puede descargar en la sección Libros Libres del medio.

Niñez con depresión: cómo detectarla y qué hacer

UNA Comunica. Se suele asociar la imagen de la niñez con los juegos, las risas y el aprendizaje de un mundo por descubrir. Sin embargo, la realidad esconde una faceta de la cual poco se habla: la depresión en edades infantiles, incluso a partir de los dos años.

El tema resurge ante la crítica situación que experimenta un país como Corea del Sur: en cuestión de cuatro años, los casos de depresión en esta población aumentaron un 70%. En esta nación, la “presión por el éxito” impulsa a personas adultas responsables a mantener a la niñez en jornadas escolares y extracurriculares que superan las 40 horas semanales, lo que ha generado preocupación en personas expertas.

Tradicionalmente, los cuadros depresivos se han asociado con etapas como la adolescencia o la adultez. Sin embargo, la académica Tamara Fuster, de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional (UNA), señala que “la depresión puede suceder en todas las etapas de la vida, lo que ocurre es que va a tener manifestaciones distintas, según la etapa en la que nos encontremos”.

Una de las diferencias más marcadas en la niñez es que los síntomas no siempre se manifiestan como tristeza, sino como irritabilidad. “Son personas menores de edad que, de repente, van a tener rabietas fuertes o que van a explotar por cualquier cosa”, explicó Fuster.

También se debe prestar atención a cambios en el comportamiento, como la pérdida de interés en actividades que antes resultaban atractivas, falta de energía, disminución del deseo de socializar o tendencia al aislamiento.

Otros signos pueden incluir alteraciones en los patrones de sueño y alimentación, como dormir en exceso o muy poco.

Diferencias entre tristeza y depresión

La depresión en la niñez presenta particularidades relacionadas con la capacidad de expresar emociones. Según Fuster, las personas adultas tienen mayores herramientas para comunicar lo que sienten, mientras que en la niñez esta capacidad está en desarrollo.

La especialista subraya la importancia de distinguir entre tristeza y depresión. La tristeza es una emoción básica y pasajera, asociada a situaciones como la pérdida de un ser querido o de una mascota. En cambio, cuando los síntomas se prolongan por más de dos semanas y se acompañan de irritabilidad, enojo o falta de energía, podría tratarse de un cuadro depresivo.

Factores asociados

Las causas de la depresión en la niñez pueden ser diversas. Entre ellas se encuentran predisposiciones genéticas, condiciones de crianza y la ausencia de vínculos seguros con personas adultas responsables.

También influyen factores como la presión académica, cargas excesivas, acoso escolar y entornos sociales que limitan la interacción o el desarrollo emocional.

Asimismo, se mencionan factores externos como la inseguridad ciudadana, que reduce los espacios de recreación, y la exposición a contenidos violentos que pueden afectar la estabilidad emocional de la niñez.

¿Qué hacer ante señales de alerta?

La académica de la UNA recomienda a las personas adultas responsables permitir que la niñez exprese sus emociones sin juicio, así como demostrar afecto mediante el contacto físico y el acompañamiento cercano.

También se sugiere:

  • mantener rutinas adecuadas de sueño y alimentación,

  • promover actividades físicas y recreativas,

  • fomentar el contacto con la naturaleza,

  • aplicar rutinas relajantes antes de dormir.

“El tiempo de contacto con la naturaleza ayuda ante estados de ansiedad o depresión”, indicó Fuster.

En casos donde los síntomas se prolongan o se agravan, se recomienda acudir a atención profesional, especialmente si la persona menor de edad expresa ideas relacionadas con la muerte, se autolesiona o manifiesta conductas de alarma.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Sector agropecuario impulsa pacto con diputaciones electas

Organizaciones del sector agropecuario costarricense impulsan la firma de un Pacto por la Producción Agropecuaria, dirigido a diputaciones electas de partidos de oposición para el período legislativo 2026-2030, con el objetivo de incidir en la construcción de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del agro.

La iniciativa es promovida por el Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, integrado por la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPANACIONAL) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV).

Estas organizaciones plantean la necesidad de una articulación nacional del sector, con el fin de consolidar una plataforma de incidencia desde las personas productoras para la definición de políticas públicas.

Propuesta de diez ejes prioritarios

El pacto presentado incluye diez propuestas consideradas prioritarias para el desarrollo del sector agropecuario:

  • defensa de la producción nacional,

  • innovación en los procesos productivos,

  • atención al cambio climático,

  • fortalecimiento de los impactos sociales y culturales del agro,

  • impulso al mercado nacional agropecuario,

  • garantía de la salud humana y la inocuidad alimentaria,

  • mejora del acceso al financiamiento,

  • creación de seguros agropecuarios accesibles,

  • promoción de una actividad agropecuaria en armonía con el ambiente,

  • desarrollo de una política territorial construida con participación local.

Espacio de diálogo con diputaciones electas

En este contexto, se realizó un conversatorio con diputaciones electas de la oposición, el miércoles 25 de marzo de 2026 en el Centro Agrícola Cantonal (CAC) de Escazú, donde se abordaron temas como la importancia del sector agropecuario, los efectos de la política económica y las implicaciones de la apertura comercial para el agro costarricense.

La agenda contempló la presentación de la propuesta de política pública, la lectura del pacto y su eventual firma por parte de las diputaciones electas, así como espacios de intervención y cierre con representantes del sector.

Antecedentes: demandas del sector agropecuario

Este planteamiento se inscribe en un contexto en el que el sector agropecuario ha venido señalando la necesidad de políticas públicas más robustas, orientadas a la protección de la producción nacional, el acceso a financiamiento, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de los mercados internos.

En notas previas se ha evidenciado la preocupación de organizaciones productoras por los efectos de la apertura comercial, las condiciones de competitividad y la falta de instrumentos adecuados para enfrentar desafíos como el cambio climático y la seguridad alimentaria.

El Pacto por la Producción Agropecuaria busca consolidar estas demandas en una agenda común que permita incidir en la acción legislativa y en la formulación de políticas públicas.

Cuando el pueblo pierde el derecho a discutir el destino de sus muelles, no solo se concesiona un puerto: se empieza a concesionar la república

Francisco Guevara Matarrita

Le pregunté a la Inteligencia Artificial cuál sería su voto en su condición de experto constitucionalista y Magistrado de la Sala Constitucional ante una Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley 7762 y el contrato de concesión con APM Terminals.

La respuesta de la IA fue la siguiente: Si me posiciono en el lugar de un magistrado que prioriza la pureza del diseño constitucional originario sobre la pragmática administrativa, mi voto se inclinaría por una inconstitucionalidad parcial, fundamentada en la violación del principio de reserva de ley y control parlamentario específico.

Aquí te presento los considerandos de ese voto hipotético, pero técnicamente robusto:

  1. El Vicio de la «Delegación en Blanco» El Constituyente de 1949 no redactó el artículo 121, inciso 14, como una sugerencia decorativa.

Al exigir la aprobación legislativa para la enajenación o aplicación de bienes propios de la Nación (como los puertos y la Zona Marítimo Terrestre), estableció un control de oportunidad política, no solo técnica.

Argumento: Una ley marco (como la 7762) no puede agotar la voluntad del primer poder de la República para contratos que durarán 30 o 50 años. El legislador de 1998 no puede «adivinar» si el contrato con APM Terminals en 2011 sería beneficioso para el interés público de las décadas venideras.

  1. La Insuficiencia del Control Técnico (CNC y Contraloría) El Consejo Nacional de Concesiones (Ejecutivo) y la Contraloría (Auxiliar Legislativo) realizan un control de legalidad y eficiencia, pero carecen de la legitimidad democrática para decidir sobre la conveniencia nacional de un monopolio portuario.

Voto: Al permitirse que el contrato de APM Terminals se perfeccionara sin pasar por el plenario, se hurtó al pueblo de Costa Rica —representado en sus diputados— la posibilidad de debatir las cláusulas de exclusividad y las tarifas en un foro público y transparente.

  1. La Naturaleza de los Bienes Estratégicos Los puertos son la «puerta de entrada» de la soberanía económica. Entregar la gestión de la carga contenerizada de un país entero a un solo actor privado bajo una autorización genérica de hace décadas, desnaturaliza la protección que el Constituyente quiso darle a los servicios públicos esenciales.

Mi Por tanto (Voto Hipotético): «Se declara con lugar la acción de inconstitucionalidad contra la interpretación de la Ley 7762 que permite omitir el refrendo legislativo individual en contratos sobre bienes estratégicos. Se ordena que, en adelante, toda concesión de puertos, aeropuertos y recursos de la Zona Marítimo Terrestre que afecte de manera estructural la economía nacional, deba ser sometida a aprobación legislativa caso por caso, recuperando el control de oportunidad y utilidad social que dicta la Carta Magna.»

En conclusión: La Sala, en la realidad, optó por la «seguridad jurídica» de las inversiones y la agilidad del Estado. Pero desde una visión purista de la República, sí hubo una extralimitación al permitir que el Ejecutivo se saltara el «filtro democrático» que el Constituyente diseñó precisamente para evitar abusos con el patrimonio nacional.

Y me pregunta la IA: ¿Crees que si este contrato hubiera pasado por la Asamblea, se habrían evitado las cláusulas de exclusividad que tanto han polemizado el caso de APM Terminals?

Sí se habrían evitado. Y no por magia institucional, sino porque el paso por la Asamblea habría obligado a poner el contrato bajo la luz, donde las cláusulas de exclusividad dejan de maquillarse como técnica y empiezan a verse como lo que son: decisiones de poder sobre el patrimonio estratégico de la Nación.

Hay algo profundamente revelador —y también profundamente incómodo— en que una inteligencia artificial, colocada en el papel hipotético de magistrado constitucionalista, llegue a una conclusión que la Sala Constitucional real prefirió bordear, relativizar o simplemente domesticar: que en concesiones de esta magnitud no basta la liturgia administrativa, no alcanza el refrendo técnico, no suple el debate democrático una ley marco redactada años antes, y no puede el Ejecutivo actuar como si el país le hubiera firmado un cheque en blanco sobre los muelles, la costa y la soberanía económica. Ahí está el hueso del asunto. El problema nunca fue únicamente APM Terminals. El problema ha sido, desde el inicio, la erosión calculada del control político sobre decisiones que comprometen a generaciones enteras.

La gran trampa del discurso oficial ha consistido en vender como modernización lo que en el fondo fue una poda del principio republicano. Nos dijeron eficiencia; se tradujo en desplazamiento del debate público. Nos dijeron seguridad jurídica; se ejecutó como blindaje del contrato frente al escrutinio democrático. Nos dijeron agilidad del Estado; y al final lo que hubo fue una velocidad sospechosamente funcional para sacar del camino al órgano que constitucionalmente representa al pueblo. Cuando un contrato de concesión sobre infraestructura portuaria estratégica puede nacer, crecer y consolidarse sin pasar por el tamiz concreto de la Asamblea Legislativa, lo que se sacrifica no es un rito inútil: es el control de oportunidad nacional. Es decir, la posibilidad de que el país, de cara a sí mismo, discuta si quiere o no quiere hipotecar una porción sustantiva de su capacidad logística, comercial y territorial bajo condiciones de exclusividad y asimetría.

El artículo 121 inciso 14 de la Constitución no fue escrito como adorno de museo. No es una reliquia para citar en clases de derecho constitucional mientras en la práctica se vacía de contenido por la vía de interpretaciones complacientes. Fue concebido como un valladar, como una barrera de prudencia republicana frente a la tentación permanente del poder ejecutivo de convertir lo público en objeto de administración unilateral. Lo que ahí subyace no es una obsesión formalista, sino una intuición política elemental: los bienes estratégicos de la Nación no pueden quedar sometidos solo al cálculo tecnocrático ni al entusiasmo concesionario de coyuntura. Requieren una decisión reforzada, visible, discutida y políticamente asumida.

Por eso la idea de que una ley marco como la 7762 podía absorber de una vez y para siempre el juicio legislativo sobre cualquier concesión futura es, en el fondo, una tesis peligrosísima. Porque equivale a admitir que un Congreso del pasado puede prestar por anticipado la voluntad soberana de los congresos futuros sobre operaciones cuyo contenido, alcance, riesgos y consecuencias todavía no existían. Eso no es previsión legislativa; eso es abdicación anticipada. Ningún parlamento serio puede “aprobar” en abstracto el detalle político, económico y social de un contrato que todavía no conoce, cuyas cláusulas aún no han sido negociadas y cuyos efectos estructurales recaerán sobre la economía nacional durante décadas. Lo contrario sería aceptar que el poder legislativo puede autovaciarse por adelantado, como quien deja firmados documentos en blanco y luego pretende llamar a eso institucionalidad.

Y en el caso de APM Terminals, ese vaciamiento adquiere una gravedad mayor. No estamos hablando de una soda en la esquina ni de una contratación menor perdida en el laberinto burocrático. Estamos hablando de puertos. De puertas de entrada y salida. De arterias económicas. De la zona donde la geografía se vuelve destino político. El puerto no es un simple activo operativo: es una pieza de soberanía material. Desde ahí entra el comercio, se conectan cadenas logísticas, se condicionan costos país, se moldean regiones enteras y se redistribuye —o se concentra— poder económico. Permitir que semejante enclave estratégico quede sometido a un régimen de concesión robustecido por cláusulas de exclusividad sin debate parlamentario específico no fue una simple omisión procedimental. Fue una decisión estructural para desplazar el centro de gravedad del poder fuera del espacio donde todavía, al menos en teoría, el pueblo puede hacerse oír.

Por eso la pregunta no es ingenua: si el contrato hubiera pasado por la Asamblea, ¿se habrían evitado las cláusulas de exclusividad? Mi respuesta es que muy probablemente sí, o al menos habrían sido severamente discutidas, condicionadas, recortadas o políticamente encarecidas. La Asamblea no garantiza virtud, claro está; tampoco reparte santidad por curul. Pero sí introduce algo que el circuito técnico-administrativo suele detestar: conflicto visible. Y en democracia el conflicto visible no es una falla; es una garantía. En plenario habría habido debate, exposición pública, control mediático, presión regional, cuestionamientos sobre JAPDEVA, observaciones sobre competencia, reparos sobre tarifas, denuncias sobre concentración, y sobre todo una obligación política de dar la cara. Eso cambia todo. Porque una cláusula de exclusividad soporta mucho mejor el silencio de una oficina que el ruido de una República.

La exclusividad, cuando se instala sobre infraestructura estratégica, no es una cláusula neutra. Es una forma de ordenamiento del poder económico. No regula solo quién opera, sino quién manda. No decide únicamente sobre contenedores, sino sobre flujos, tiempos, costos, ventajas y subordinaciones. Tiene efectos expansivos. Redibuja el tablero competitivo. Relega actores. Reorienta inversión pública. Y muchas veces, como en estos casos, no nace de una necesidad constitucional sino de una preferencia contractual presentada como inevitabilidad técnica. Ahí está la jugada vieja del neoliberalismo periférico: convertir decisiones ideológicas en aparentes exigencias de eficiencia. Se privatiza el poder de decidir y luego se lo viste de neutralidad. Como si la exclusividad brotara sola del concreto del muelle.

Lo más delicado es que cuando la Sala Constitucional avala ese desplazamiento y prefiere el argumento de la seguridad jurídica de la inversión sobre el control democrático del patrimonio nacional, no está resolviendo solo un caso: está reescribiendo la relación entre Constitución y mercado. Está diciendo, en la práctica, que la República debe replegarse cuando el contrato ya está montado, que el debate político llega tarde, que la voluntad popular debe ceder ante el hecho consumado, y que la técnica administrativa basta para legitimar lo que la deliberación democrática nunca examinó de frente. Ese es el punto exacto donde el constitucionalismo deja de ser escudo del interés general y comienza a operar como gestor de la resignación institucional.

Y hay que decirlo sin maquillaje: cuando se normaliza que decisiones de esta magnitud puedan esquivar el control parlamentario concreto, lo que se abre no es una excepción, sino un método. Hoy es un puerto. Mañana será otra infraestructura estratégica, otro enclave, otra concesión, otra cesión prolongada de poder económico bajo el mismo cuento de la eficiencia. Así se desarma un Estado: no siempre con un martillo visible, sino con interpretaciones que van aflojando tornillos hasta que la estructura parece seguir en pie aunque ya haya perdido su alma. La demolición elegante también demuele.

Por eso el valor simbólico del razonamiento atribuido a la IA no está en que una máquina “tenga razón” por encima de los jueces. No va por ahí. Lo importante es que incluso una construcción hipotética, despojada de intereses, lealtades burocráticas y reflejos de autopreservación institucional, alcanza a ver lo que la Sala quiso no ver: que hubo una extralimitación al admitir que el Ejecutivo y el aparato técnico sustituyeran el filtro democrático en una materia donde la Constitución exigía otra densidad de control. Cuando hasta una inteligencia artificial, jugando a ser magistrado fiel al diseño constitucional originario, entiende la necesidad del control parlamentario específico, la pregunta incómoda no es qué tan audaz fue la IA. La pregunta es qué tan lejos estuvo la Sala de su propia razón de ser.

Porque en el fondo este caso nunca trató solo de un contrato. Trató del país que se quería fundar cada vez que se interpreta la Constitución. Un país donde el patrimonio estratégico sigue siendo asunto del pueblo, o un país donde las grandes decisiones se resuelven en corredores técnicos, refrendos administrativos y blindajes jurídicos diseñados para que la discusión democrática llegue tarde, cansada o amputada. Esa es la verdadera línea divisoria.

Si ese contrato hubiera pasado por la Asamblea, quizá no habríamos tenido un paraíso institucional. Pero habríamos tenido algo infinitamente más digno: una República obligada a mirarse al espejo antes de entregar las llaves del puerto. Y a veces eso basta para evitar que una cláusula de exclusividad se convierta en una cláusula de sometimiento.

Porque cuando el pueblo pierde el derecho a discutir el destino de sus muelles, no solo se concesiona un puerto: se empieza a concesionar la República.

Universidad de Costa Rica advierte riesgos socioambientales en proyecto minero de Abangares

La Universidad de Costa Rica, por medio de su Consejo Universitario, analizó el proyecto de ley denominado Ley para la protección de la actividad minera de Abangares (Expediente N.° 24.932), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, y acordó recomendar su no aprobación en su forma actual, hasta tanto no se incorporen observaciones sustantivas de carácter técnico, ambiental y social (CU-19-2026).

Este criterio se fundamenta en los aportes de diversas instancias universitarias consultadas, entre ellas el Programa de Kioscos Socioambientales, la Sede Regional de Guanacaste y la Escuela Centroamericana de Geología, las cuales advierten vacíos significativos y riesgos asociados al proyecto.

El Programa de Kioscos Socioambientales señala que la propuesta legislativa “no corrige los problemas estructurales identificados históricamente; por el contrario, profundiza un modelo de gestión excepcional, caracterizado por altos niveles de opacidad, informalidad y riesgo socioambiental”. Asimismo, advierte que “el análisis comparado demuestra el rezago de Costa Rica frente a países latinoamericanos que han implementado sistemas rigurosos de trazabilidad… En contraste, la dependencia de declaraciones juradas perpetúa la opacidad e impide controlar el flujo de oro desde zonas prohibidas hacia circuitos formales”.

Por su parte, la Sede Regional de Guanacaste enfatiza que “la omisión más preocupante del proyecto de ley es la falta de disposiciones orientadas a la salud pública”, subrayando la ausencia de medidas de atención, monitoreo y prevención para las comunidades expuestas a contaminantes como el mercurio. Si bien reconoce la importancia económica de la minería para Abangares, advierte que su continuidad debe estar condicionada a garantías reales de protección ambiental y sanitaria, de lo contrario se podrían profundizar los daños ecológicos y humanos.

Desde la Escuela Centroamericana de Geología se advierte que “el proyecto no aborda la complejidad real de la problemática minera en Abangares”, y se cuestiona la persistencia de un enfoque fragmentado en la legislación minera. Señala además que la sucesiva ampliación de plazos para la formalización de concesiones evidencia un patrón problemático de legislación reactiva, orientada a “apagar incendios”, en lugar de impulsar una reforma integral del Código de Minería. En este sentido, coincide con las demás instancias en la urgencia de implementar mecanismos robustos de trazabilidad.

En conjunto, estos criterios coinciden en que el proyecto, tal como está planteado, podría profundizar las condiciones de informalidad, opacidad y riesgo ambiental, comprometiendo tanto el patrimonio natural del país como la salud y seguridad de las comunidades involucradas.

La representante de Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, la politóloga Ilka Treminio, señaló que “en las últimas semanas, a partir de las investigaciones recibidas sobre los daños ambientales asociados a la minería ilegal, se cuenta con evidencia de que no se trata únicamente de procesos artesanales o coligalleros independientes, sino de formas de explotación ilegal con características industriales en Costa Rica, acompañadas de una alta importación de mercurio y cianuro, sustancias que contaminan las aguas y afectan gravemente la salud de las personas”. Asimismo, destacó la importancia de que esta situación se convierta en un llamado a fortalecer el debate académico y a profundizar el aporte de la universidad en materia de salud pública y protección ambiental.

En consecuencia, la Universidad de Costa Rica reitera su disposición a contribuir con conocimiento técnico y científico para el fortalecimiento de iniciativas legislativas que garanticen una gestión responsable, transparente y sostenible de la actividad minera en el país, en resguardo del bien común.

Otros sectores. La posición de la Universidad de Costa Rica es coincidente con un pronunciamiento suscrito por más de 50 organizaciones y personas, el cual advierte sobre los riesgos de mantener un modelo que permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas sin trazabilidad verificable. Este pronunciamiento señala que la minería ilegal no opera de forma aislada, sino que converge con otras actividades criminales, incluyendo el lavado de dinero, el contrabando de minerales y el uso descontrolado de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio, así como posibles vínculos con dinámicas del narcotráfico en zonas fronterizas.

Dictamen (CU-19-2026): https://drive.google.com/file/d/1EzqYd_H8r2um28zApqhww15eGjs4h6I9/view?usp=sharing

Dirección de Agua tramita concesión en territorio de Térraba a favor de persona que no es Brörán

Una nueva controversia surge en el Territorio Indígena de Térraba. La Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía tramita y dejó lista para resolución una concesión de aprovechamiento de agua dentro de la finca Crun Shurin, en territorio Brörán, a favor de una persona que no pertenece a este pueblo originario, sin que en el expediente conste la realización de un proceso de consulta previa, libre e informada con la comunidad que recuperó dicha finca.

El caso se gestiona bajo el expediente 27127-A. La solicitud original fue por 0,05 litros por segundo de un nacimiento afluente del río Térraba y fue publicada en el diario oficial La Gaceta mediante el edicto ED-1229-2025, el 23 de octubre de 2025. Posteriormente, un informe técnico de la Unidad Hidrológica Térraba–Pacífico Sur recomendó otorgar 0,04 litros por segundo, y la revisión legal, fechada el 23 de enero de 2026, concluyó que el trámite cumple con los requisitos formales y puede pasar a resolución final.

No obstante, en los documentos disponibles no se evidencia consulta a autoridades tradicionales como el Consejo de Mayores Brörán ni a las familias recuperadoras que viven actualmente en el lugar, pese a tratarse de una captación ubicada dentro de una finca recuperada en un territorio indígena oficialmente reconocido y bajo régimen de propiedad colectiva.

Uno de los afectados sería el líder indígena Pablo Sibar Sibar y su familia, así como alrededor de 25 familias recuperadoras del asentamiento Crun Shurin, proceso iniciado en 2018 y hoy es habitado por unas 80 personas que si son parte de la base de datos del pueblo Brörán. La concesión se ubica sobre la principal fuente que abastece esta recuperación, fuente que, según denuncian, ha sido cuidada, regenerada y reforestada desde entonces, tras encontrarse deteriorada, altamente contaminada y disminuida por consecuencia de la usurpación ganadera.

El propio expediente reconoce que la finca donde se ubica la captación pertenece registralmente a la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Térraba, la cual avala la gestión de la interesada. Sin embargo, la concesión se tramita a favor de una persona física para uso comercial.

La situación genera mayor tensión debido a que, según el Consejo Brörán, que elaboró la base de datos de troncos familiares reconocida por el Tribunal Supremo de Elecciones y oficializada por el Gobierno mediante el decreto No 41903- MP , la persona solicitante no pertenece al pueblo Brörán. Aun así, la Asociación de Desarrollo Integral habría otorgado su aval para la extracción de agua destinada, entre otros usos, a una actividad comercial que no paga impuestos e incluye según las personas recuperadoras la venta de licor, actividad prohibida por ley dentro del territorio indígena.

Paralelamente, familias indígenas Brörán que habitan la recuperación denuncian que no cuentan con acceso formal al agua, ya que la Asociación de Desarrollo Integral no les otorga el aval necesario para conectarse, mientras sí respalda la gestión de la persona no indígena.

La situación del agua es crítica en esta región, caracterizada por condiciones climáticas muy secas. En varias ocasiones, las familias de la recuperación han tenido que interponer recursos de amparo para garantizar que al menos dos veces por semana llegue un camión cisterna, aunque con una cantidad limitada de agua. Ante este contexto, la comunidad planteó al AyA la construcción de un acueducto en la quebrada en disputa, con el fin de asegurar el acceso al agua potable como uso prioritario y central para la reproducción de la vida del pueblo brörán. Sin embargo, la institución respondió que un proyecto de este tipo podría tardar hasta 20 años en concretarse.

Para Pablo Sibar Sibar, la situación refleja una vulneración constante de los derechos del pueblo Brörán. En sus palabras:

Esos son los atropellos que día a día vivimos en los territorios indígenas, especialmente quienes defendemos derechos. Esta señora es una usurpadora que tiene un bar restaurante y se lleva el agua de una tierra que nos ha costado sudor y lucha; con el agua del territorio está enriqueciendo su negocio mientras los recuperadores no tenemos ni una gota. No podemos entender cómo, a casi cinco décadas de la promulgación de la Ley Indígena, se siguen violentando nuestros derechos.”

Además, existe un patrón de hostigamiento contra el dirigente Sibar. En agosto pasado, la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba intentó vender a personas no indígenas una finca perteneciente al líder Brörán, quien cuenta con medidas cautelares. Debido a este hecho, se solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el reforzamiento de dichas medidas. Esta situación se suma a un patrón sostenido de violencia que incluye amenazas, agresiones e incendios ocurridos en ocasiones anteriores, así como un nuevo incendio registrado el mes pasado, lo que coloca en riesgo extremo su vida e integridad.

¿Qué va a pasar con la concesión? Mientras la resolución final sigue pendiente, las familias sostienen que no se trata de un asunto meramente técnico o administrativo, sino de una decisión con profundas implicaciones territoriales, sociales y culturales. Ante lo que consideran una serie de atropellos, la comunidad ha anunciado que interpondrá los recursos legales necesarios para hacer valer sus derechos.