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Distopía, anticipación ontológica (Bloch) y Netflix

Jiddu Rojas Jiménez

“Somos seres para la esperanza, aunque sepamos del abismo”. Ernst Bloch.

Recientemente, pude ver un maratón de la serie El cuento de la criada, The Handmaid’s Tale (2017-2025, creada por Bruce Miller). Otra distopía más en el inevitable Netflix.

No es cine-arte precisamente; es otra serie, con la arquitectura y textura necesarias para ser “popular” y bien comercializable. Recomendada. Muy recomendada.

Pero tenemos malas noticias políticas: como ya sabemos, el cine, la televisión y hasta Netflix son, desgraciadamente, “proféticos”. Y no en un sentido religioso y menos emancipador o escatológico.

Sufre, por el contrario, esta industria cultural (arte digamos no áureo), estructuralmente, de lo que el gran filósofo Ernst Bloch llama “anticipación ontológica” (en El principio esperanza).

Aunque, paradójicamente, el cine como espectáculo serial de masas la padece más bien. No la constituye como potencia liberadora necesariamente, sino como desgarramiento cultural avisado. Como anuncio acaso de un destino colectivo trágico; apenas evitable, y matizado de alienantes distracciones sociales o de delirantes teorías de la conspiración.

En este caso no se trata de la hermosa esperanza ontológica de Bloch —tan diferente de la religiosa confesional—, sino de una anunciada tragedia cultural, política, económica y sexual, que se aproxima en pleno siglo XXI.

Lo sabemos desde la transformación de la República en Imperio con Star Wars, pasando por el humor corrosivo de Los Simpsons, o las versiones cinematográficas de los clásicos 1984, Fahrenheit 451, Un mundo feliz, La naranja mecánica, luego más recientemente los éxitos de taquilla Avatar, Los juegos del hambre o simplemente Matrix. Todas grandes metáforas culturales. Todas acertadas. Y todas interpelando a la cultura de masas.

Esta nueva, aberrante y cruel trama —algo delirante en otros tiempos pasados, y basada en la novela de la autora canadiense Margaret Atwood de 1985— parece ahora totalmente plausible en un futuro cercano. Tal cual. El cuento de la criada no parece suficientemente imposible. Así de simple.

Lo que hubiese parecido una exageración poco realista —imaginar una especie de violenta sociedad totalitaria hiperpatriarcal, militarizada y fundamentalista protestante para los EE.UU., con servidumbre sexual femenina obligada y poligamia bíblica, con natalismo fascista, con mutilaciones públicas como castigo, con tortura reglamentada y dosificada penalmente y sádicamente, como en el actual y moderno Israel (en caso de “terrorismo”), etc.— es una de las posibles realidades futuras en un impredecible imperio trumpista en total decadencia. Más allá de MAGA, y con algún detonante colectivo y mediático, podríamos tener esta especie de neofascismo natalista norteamericano, o casi cualquier cosa.

“El anticomunismo es el comienzo del fascismo”, escribió Camus (quien no era comunista ni marxista, pero sí miembro de la Resistencia). Aun y cuando no haya más “comunismo”, ni URSS, ni Pacto de Varsovia, queda su fantasma. La desinformación sistemática y la manipulación colectiva hacen el resto. Y el ascenso económico brutal de China Popular y de los BRICS+ no pasa inadvertido para el “Imperio” (Negri).

Justo en este momento se discute internacionalmente en China sobre la llamada “trampa de Tucídides” —concepto del politólogo norteamericano Graham T. Allison, creado en su artículo homónimo del 2012 para el Financial Times, y luego desarrollado en el libro Destined for War del 2017, inspirado a partir del texto griego clásico de Tucídides Historia de la guerra del Peloponeso—, que explicaba la inevitable guerra entre la antigua Atenas y la antigua Esparta. Lo que pasa es que EE.UU. y China Popular son potencias mundiales nucleares. Sin hablar del poderío militar de Rusia.

Y esto nos recuerda que últimamente el rumbo democrático-liberal —con todos los defectos clasistas de la democracia liberal burguesa— del imperialismo occidental está en entredicho y navega con rápido rumbo hacia el autoritarismo.

Esto último incide directamente en su periferia neocolonial, incluida América Central, Latinoamérica en general y, por supuesto… Costa Rica con Rodrigo Chaves y su continuismo.

La “actualización” del imperialismo capitalista en tiempos de crisis fue, es y será el fascismo, y obviamente su economía política es la guerra de rapiña y el caos organizado. Y obviamente su periferia neocolonial, dada su histórica relación asimétrica, será su primer campo de batalla y experimentación.

Pero como alguna vez sentenció Umberto Eco: “Nazismo solo hay uno, pero fascismos hay muchos”. Es variopinto el neofascismo en el siglo XXI. Y se le nombrará como “libertad”, sentenció Umberto Eco de nuevo.

Ya sea el apartheid bóer con su discurso paranoico racista en la vieja Sudáfrica; o el franquista nacional-católico de viejo estilo; o el de nuevo estilo tipo Vox o la internacional Ayuso; o el régimen salazarista de Portugal; o la dictadura de los coroneles griegos (1967-1974); o la dictadura militar turca laica y prooccidental, o la actual islamista de Erdogan; las dictaduras de seguridad nacional impuestas en la periferia latinoamericana o por el neocolonialismo en África; o, a su manera, las satrapías petroleras del Medio Oriente; o el nuevo clásico: el actual sionismo revisionista y su genocidio en Gaza (y su pasada, atroz y también colonial Nakba).

La protagonista June Osborne (interpretada por Elisabeth Moss), ahora sexualmente esclavizada por uno de los nuevos comandantes (interpretado por Ralph Fiennes), no solo es mujer, blanca, hermosa e inteligente; es educada, universitaria, profesional y tenía un trabajo estable y un lindo matrimonio heterosexual interracial, carro y casa, y atención… tenía una hermosa hija.

Esto último le salva la vida cuando trata fallidamente de escapar con su familia a Canadá y es capturada y llevada con las demás “sirvientas”; porque en esta distopía norteamericana hay una especie de extraña pandemia mundial donde no hay fertilidad. Ella, al final del día, es fértil. Es un útero fértil. Y como en “La dialéctica del amo y el esclavo” de La fenomenología del espíritu de Hegel, el esclavo (o esclava) terminará sutilmente administrando su esclavitud y venciendo sobre el amo.

Este apocalíptico tema ya ha sido tratado en otra película distópica, pero británica: Children of Men (2006), Los hijos del hombre (España), o Los niños del hombre (Latinoamérica), de Alfonso Cuarón, con Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine y Chiwetel Ejiofor. Y viendo la tasa de natalidad de algunos países ricos, si no fuese por la inmigración de países pobres periféricos, pronto colapsarían demográficamente.

Spoiler sobre la trama de la serie en cuestión: aprovechando la coyuntura, los fanáticos fundamentalistas crean falsos atentados, o sea de “falsa bandera”, provocaciones al estilo de las Torres Gemelas del 11-S, y se desbordan. Así dividen EE.UU. al estilo de la Confederación sureña esclavista (anticipada por el filibusterismo de William Walker), e implantan un moderno toque de queda permanente, como en El Salvador de Bukele: la “República de Gilead”. Dando pie a un siniestro proyecto político totalitario.

Todo muy propio al próximo cambio del nuevo modo de producción del tecnofeudalismo, anunciado por el economista Yanis Varoufakis. Un nuevo modo de producción —aún peor que el capitalismo tardío, financiero y global— caracterizado por personajes ultramillonarios, barones del tecnofeudalismo tipo Peter Thiel, Alex Karp, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai y Bill Gates.

Así las cosas, con las previstas, actuales y próximas guerras imperialistas, con la grave crisis energética en ciernes, con la crisis climática y ecológica, con el sesgo totalitario de la IA, con la desinformación sistemática y con la manipulación de masas del populismo de extrema derecha, que nada nos extrañe… “El futuro es ya”, ironizaba el francés Jean Baudrillard.

Avisados estamos. La distopía, cualquiera sea su nombre, podría estar más cerca. Y Netflix lo “profetiza”.

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Ana Cecilia Jiménez: las etiquetas ideológicas funcionan como mecanismos de descalificación y “macartización” política

En el marco del programa Alternativas, realizado recientemente bajo el tema “Más allá de las etiquetas: el lenguaje ideológico que oculta la desigualdad y la acumulación de riqueza en el sistema capitalista”, la socióloga, trabajadora social y presidenta de ACODEHU Ana Cecilia Jiménez Arce presentó una reflexión crítica sobre el uso de etiquetas ideológicas como instrumentos de descalificación política y construcción de discursos de odio.

El texto desarrollado por la autora, titulado “Estereotipos, etiquetas, el macartismo ideológico”, analiza cómo determinados conceptos y símbolos políticos son utilizados desde estructuras de poder mediático, político e ideológico para simplificar, estigmatizar y desacreditar a personas, movimientos sociales y corrientes de pensamiento.

Jiménez parte de una referencia al discurso del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una cumbre de líderes progresistas realizada en Barcelona el 18 de abril de 2026. Allí, Sánchez reivindicó públicamente términos utilizados históricamente de forma peyorativa contra sectores progresistas, feministas, ecologistas o de izquierda.

La autora rescata especialmente la frase:

“Nunca te avergüences de tus ideales… el mundo necesita más gente como tú”.

A partir de ese punto, sostiene que las etiquetas ideológicas funcionan frecuentemente como mecanismos de “desdibujamiento del otro”, orientados a desacreditar adversarios políticos y construir imaginarios de amenaza social.

El documento plantea que expresiones como “zurdo”, “rojo”, “progre”, “verde” o “comunista” adquieren significados específicos dependiendo del contexto histórico y cultural donde son utilizadas. Según Jiménez, estas palabras dejan de ser simples categorías descriptivas y pasan a convertirse en instrumentos de confrontación política y exclusión simbólica.

En su análisis, la autora afirma que la prensa mediática y los sectores de ultraderecha utilizan frecuentemente discursos de odio y estrategias de simplificación ideológica para generar confrontación social y legitimar posiciones autoritarias.

Como ejemplo, menciona declaraciones y discursos políticos recientes en Costa Rica y América Latina, vinculados con la idea de “limpiar de comunistas” determinados espacios sociales o institucionales.

Jiménez sostiene que las etiquetas operan como “mapas simbólicos” cargados de contenido histórico, religioso, cultural e ideológico. Bajo ciertas condiciones políticas, afirma, esas etiquetas son utilizadas para menospreciar, deslegitimar y generar ambientes de agresividad irracional contra personas o colectivos.

El texto también analiza ejemplos históricos relacionados con el color rojo asociado al comunismo, la revolución y la amenaza durante la Guerra Fría, así como el uso del color verde para referirse a movimientos ecologistas, frecuentemente descalificados desde posiciones desarrollistas o extractivistas.

En esa línea, la autora cita al lingüista y analista político Noam Chomsky, señalando que el problema surge cuando las etiquetas “congelan significados” y reducen realidades políticas complejas a categorías simplificadas.

Jiménez concluye que las etiquetas, utilizadas desde grupos de poder en contextos históricos determinados, suelen asociarse a memorias de violencia política y mecanismos de persecución ideológica.

El documento cierra con una reflexión sobre las funciones simbólicas y prácticas de las etiquetas políticas, entre ellas la identificación rápida, la construcción de identidad colectiva, la simplificación mediática y la movilización emocional.

Como anexo, la autora incorpora además un comentario crítico sobre las tensiones entre el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y el expresidente Rodrigo Chaves respecto al Poder Judicial, utilizando ambos casos para contrastar actitudes frente a la institucionalidad democrática y la rendición de cuentas.

La participación de Ana Cecilia Jiménez formó parte del espacio de análisis impulsado por Alternativas, dedicado a discutir el lenguaje ideológico y las formas discursivas utilizadas para ocultar desigualdades estructurales y procesos de acumulación de riqueza en el sistema capitalista.

Organizaciones piden aprobar proyecto de ley sobre pasos de fauna y alertan sobre muerte masiva de animales en carreteras

Diversas organizaciones ambientales y personas defensoras de la vida silvestre solicitaron a la Asamblea Legislativa ampliar el plazo de discusión y aprobar el proyecto de ley No. 23.166, orientado a garantizar la incorporación de pasos de fauna en obras de infraestructura vial en Costa Rica.

La solicitud fue impulsada por la Comisión Vías y Vida Silvestre de la UNED (CVVS-UNED), junto con sectores ecologistas vinculados al Frente Ambiental del Frente Amplio y organizaciones conservacionistas.

Según el pronunciamiento enviado a diputadas y diputados, la ausencia de pasos de fauna ha provocado una creciente mortalidad de animales silvestres en carreteras nacionales, situación que consideran ya constituye una amenaza para la biodiversidad y la conectividad ecológica del país.

El proyecto de ley busca incorporar medidas obligatorias de protección de fauna silvestre dentro de las obras de infraestructura vial, incluyendo pasos aéreos, subterráneos y otras soluciones de conectividad ecológica.

La Comisión Vías y Vida Silvestre recordó que actualmente “están muriendo más animales silvestres en nuestras carreteras que por la cacería”.

Como parte de la campaña, se compartieron materiales audiovisuales elaborados por la UNED sobre atropello de fauna silvestre y prevención en carreteras.

Además, las organizaciones insistieron en la necesidad de que el proyecto vial de ampliación de la Ruta 1 San José-San Ramón incorpore pasos de fauna desde sus etapas de diseño y evaluación ambiental.

En una carta enviada el 16 de abril de 2026 al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al viceministerio y al CONAVI, la Comisión Vías y Vida Silvestre consultó formalmente si el proyecto contempla pasos de fauna aéreos, subterráneos y mixtos, y cuántas estructuras de este tipo se encuentran previstas.

La organización recordó que la Ruta 1 atraviesa importantes corredores biológicos y señaló que la Sala Constitucional ya había indicado anteriormente la necesidad de contemplar medidas de protección de fauna silvestre para esta vía.

Entre los antecedentes citados destaca la resolución de la Sala Constitucional relacionada con el proyecto del corredor vial San José-San Ramón. En ella se reconoce que la Ruta 1 atraviesa tres corredores biológicos: Garcimuñoz, El Achiote y Montes de Aguacate.

La resolución también establece que el Estudio de Impacto Ambiental deberá determinar la necesidad de incorporar pasos o cruces de fauna silvestre como parte del diseño del proyecto vial.

Asimismo, SETENA indicó dentro de los términos de referencia del estudio ambiental que deben evaluarse corredores biológicos, fragilidad de ecosistemas y medidas de protección asociadas a la conectividad ecológica.

Aunque la Sala Constitucional declaró sin lugar el recurso presentado en 2021 debido a que el proyecto aún se encontraba en una fase inicial, el tribunal dejó claro que los pasos de fauna deberán ser incorporados en el diseño del proyecto una vez presentado el Estudio de Impacto Ambiental.

Las organizaciones ambientalistas advierten que el país enfrenta un proceso creciente de “defaunización” de los bosques, producto de la expansión vial, incendios forestales, cacería y cambio climático. Por ello, consideran urgente aprobar legislación que garantice infraestructura amigable con la vida silvestre y reduzca la mortalidad animal en carreteras.

Desde el Frente Nacional Ecologista del Frente Amplio se respaldó la solicitud de ampliar el plazo legislativo del expediente 23.166 y se pidió su pronta aprobación “para proteger y conservar la vida silvestre”. También señalaron la necesidad de detener las muertes de animales tanto por atropellos como por electrocuciones.

Concierto Especial “Mister Sax”

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Banda Nacional de San José y la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi,  se complacen en invitarle al Concierto Especial “Mister Sax” con la Benemérita Banda Nacional de San José y como invitados el Director Juan Carlos Meza y el Dr Geoffrey Landman, saxofonista de la Universidad de Kansas.

La actividad será presencial el viernes 22 de mayo a las 10:00 a.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

Desigualdades afectan más a las mujeres en su etapa adulta mayor

Llegar a la tercera edad está lejos de ser un escenario de igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Por el contrario, la vida de ellas queda marcada por brechas significativas que las exponen a la pobreza, la marginación, el poco acceso a servicios y hasta a una pensión digna.

La investigación Personas mayores en Costa Rica: condiciones de vida, género y derechos humanos analizó la situación de la población de 65 años del país en diversas áreas. Se llevó a cabo en el marco del Programa Análisis de Coyuntura, Sociedad y Democracia, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

La correlación de factores tomó como base la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2024, sobre características sociodemográficas de la población costarricense.

Con respecto a la conformación de los hogares, se determinó que aquellos unipersonales (quienes viven solos), son habitados en su mayoría por mujeres, con un 67.3%, que duplica el porcentaje de hombres (32.7%).

Aunque se ha documentado que la expectativa de las mujeres es más alta que la de los hombres (83,5 años versus 78,6 años), la investigación detalla que “una vida más prolongada no implica que lo hagan en mejores condiciones, sino que muchas veces se enfrentan a situaciones de viudez, desamparo, soledad no deseada y abandono”.

Ser jefe o jefa de hogar es un rol que en el caso de adultos mayores lo ejercen en su mayoría hombres (29.1%) con respecto a las mujeres (18.6%). Esto se debe a que, tradicionalmente, a ellos se les vincula con las actividades productivas, el trabajo remunerado y la toma de decisiones, mientras que a ellas se les delega más en función del espacio privado del hogar, las labores domésticas y los cuidados.

En concordancia con lo anterior, el informe destaca que la labor de cuido, ya sea de niños, otras personas adultas mayores o con alguna condición de discapacidad, la realizan, en su mayoría, las mujeres (61%) con respecto a los hombres (38.9%).

Para Rebeca Espinoza, académica y coautora de la investigación, los datos reflejan el vínculo existente entre la sociedad del cuidado y la discriminación de género, en la etapa adulta mayor. Por ello, considera fundamental que la “socialización de género” empiece desde etapas tempranas de la educación. “A los niños y niñas se les debe educar en el sentido de que mujeres y hombres podemos realizar diversas actividades, sin que la labor de cuido se les recargue únicamente a ellas”.

Otros factores

La condición de viudez en personas mayores de 65 años, la viven en su mayoría la población femenina, con un 80.65%.

De la interpretación de este aspecto, también se esconden manifestaciones de desigualdad, que van más allá de la expectativa de vida por género. “La mayor viudez se relaciona en las mujeres con patrones que fomentan el matrimonio con hombres de mayor edad”.

En el ámbito económico existe un elemento a resaltar: los adultos mayores en condiciones de pobreza se incrementaron de 109.746 personas, en el 2015, a 189.373, en el 2022. Es decir, pasaron de un 24.1% a un 26.9% del total de la población mayor.

Al desmenuzar los datos, se confirma que son las mujeres quienes más sufren de pobreza. Por ejemplo, en números absolutos, en la clasificación de “pobreza no extrema”, esta afecta a 64.745 hombres frente a 76.104 mujeres, mientras que en la categoría de “pobreza extrema”, es la población femenina la que lidera con 14.119 casos frente a 11.901 casos entre la población masculina.

De nuevo, este indicador socioeconómico se relaciona con factores como la discriminación, la violencia y la exclusión de trabajos no remunerados. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho llamados para que los países reduzcan los niveles de pobreza en la población adulta mayor bajo una perspectiva de género, como una prioridad de política pública.

Lo anterior está vinculado con el hecho de que un 75% de las personas adultas mayores dependientes de una institución del Estado para mantener un hogar, son mujeres. Incluso, más de la mitad de ellas (57.7%) proviene de hogares unipersonales.

La fragilidad socioeconómica sobresale también en aspectos como el acceso a una pensión. Mientras que un 14.3% de los hombres carecen de esa fuente de ingreso, el porcentaje aumenta a un 17.8% en las mujeres.

En cuanto al acceso a las tecnologías de información y comunicación, los resultados de la encuesta arrojan que una mayoría de adultos mayores no disfrutan de los avances de la era digital. Del total de la población, por ejemplo, solo un 3.8% utilizó tabletas en los últimos tres meses.

De ese porcentaje que sí tuvo acceso, son las mujeres las que menos oportunidades recibieron. En el uso de Internet, ellas no lo utilizaron en el 57% de los casos, dato que se incrementa a un 59.6% si se trata de la telefonía celular.

¿Estas desigualdades responden a estructuras heredadas desde años anteriores o se radicalizan en esta etapa de sus vidas? Para Rebeca Espinoza, las investigaciones alrededor de la “feminización de la vejez” sugieren que las discriminaciones por género se van acumulando con el paso del tiempo.

A pesar de ello, la perspectiva de incremento de la población adulta mayor a mediano plazo, incorpora un elemento de presión adicional a este fenómeno. Al respecto Fernando Méndez, coautor del estudio, indicó que “se ha tendido hacia una visión generalizada de las vejeces, y ante la evidencia, se deben aterrizar políticas públicas hacia las necesidades específicas de grupos particulares de adultos mayores”.

Además del género, los autores también valoraron aspectos como la etnicidad, las orientaciones sexuales, condiciones de discapacidad y de salud, territorialidades, entre otros. Espinoza complementó al respecto, al afirmar que “si bien tenemos una Política Nacional de Envejecimiento y Vejez y una Política Nacional de Cuidados, hay una carencia de un enfoque de género diferenciado que permita cubrir necesidades específicas”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Halcones de RAND: Cuba y Venezuela como objetivos

José A. Amesty Rivera

En mayo del presente año 2026, la organización estadounidense RAND Corporation publicó un informe que prendió las alarmas en América Latina. El documento, llamado “Multiplicadores de poder en las Américas”, dice que Estados Unidos debe aumentar su presencia militar, política y de inteligencia en la región para frenar el avance de China, Rusia e Irán.

Aunque el texto habla de apoyo a fuerzas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y combate a la corrupción, el mensaje de fondo parece otro, Washington quiere recuperar más control e influencia sobre América Latina.

RAND no es cualquier centro de estudios; desde la Guerra Fría ha trabajado muy cerca del Pentágono y de la política exterior de EEUU. Muchas de sus ideas terminan convertidas en decisiones reales del gobierno norteamericano. Por eso, cuando RAND habla de fortalecer operaciones militares, ampliar la cooperación de seguridad y aplicar estrategias de “guerra irregular”, no se siente como simple teoría, suena más bien como una advertencia política.

Además, el informe aparece en un momento delicado; el gobierno de Donald Trump ha endurecido nuevamente su discurso hacia América Latina, retomando ideas muy parecidas a la vieja Doctrina Monroe, América bajo la influencia de Washington.

En discursos recientes, funcionarios estadounidenses han dicho que China representa una amenaza para el continente y que América Latina debería volver a alinearse con EEUU.

Aunque el informe menciona varios países, Cuba y Venezuela aparecen otra vez como objetivos principales, no es casualidad, ambos gobiernos han mantenido relaciones cercanas con Rusia y China, además de buscar mecanismos económicos alternativos al sistema financiero dominado por EEUU.

RAND señala directamente que Rusia mantiene presencia política y militar en Cuba, Nicaragua y Venezuela, mientras China sigue creciendo mediante inversiones, infraestructura y acuerdos estratégicos.

Pero aquí aparece una contradicción clara; mientras Washington acusa a China de expandir su influencia, EEUU lleva décadas teniendo una presencia mucho más grande en la región, bases militares, cooperación militar, presión económica y acuerdos políticos.

En el caso de Cuba, el tema tiene un peso simbólico enorme; desde 1959, la isla ha sido uno de los pocos proyectos políticos latinoamericanos que ha resistido abiertamente la influencia estadounidense. El bloqueo económico ha golpeado fuerte a la población cubana, especialmente en los últimos años, pero aun así Cuba sigue siendo una referencia política para sectores de izquierda en América Latina.

En marzo de 2026, crecieron rumores sobre posibles acciones militares estadounidenses alrededor de la isla, aunque el Comando Sur negó planes de invasión, reconoció que mantiene capacidad militar activa cerca de Cuba y en la base de Guantánamo.

Eso deja claro que, aunque Washington no hable abiertamente de intervención, la presión militar sigue presente.

El caso venezolano es todavía más complicado; durante años, Venezuela fortaleció sus relaciones con China y Rusia en áreas como petróleo, defensa e infraestructura, esto convirtió al país en un punto clave de la disputa global entre Washington y sus rivales.

Medios internacionales reportaron que, después de operaciones estadounidenses realizadas a comienzos de 2026, contra el liderazgo venezolano, aumentó la presión política y militar sobre el país.

El informe de RAND encaja perfectamente en este escenario; el documento dice que hoy las diferencias entre amenazas estatales y grupos criminales son “difusas”, y esta idea preocupa, porque históricamente ese tipo de discurso ha servido para justificar sanciones, operaciones encubiertas e incluso intervenciones militares.

Esto ya pasó antes en América Latina; durante décadas, EEUU utilizó el argumento de la “seguridad nacional” para intervenir directa o indirectamente en países considerados contrarios a sus intereses. Guatemala en 1954, República Dominicana en 1965, Chile en 1973, Panamá en 1989 y las guerras en Centroamérica durante los años 80 son ejemplos claros.

Hoy el lenguaje cambió, ya no se habla tanto de comunismo, sino de narcotráfico, terrorismo, corrupción o influencia china o rusa; pero la lógica política se parece bastante, presentar una amenaza para justificar más control y presencia militar.

Otro de los temas centrales del informe es China; RAND deja claro que para EEUU el problema ya no es solamente el narcotráfico, sino también el crecimiento económico chino en América Latina.

Según declaraciones recientes del Comando Sur, Washington vigila puertos, proyectos espaciales e infraestructuras ligadas a empresas chinas en varios países latinoamericanos.

Estados Unidos dice que muchas de esas inversiones podrían tener uso civil y militar al mismo tiempo; este discurso recuerda bastante al que se utilizaba durante la Guerra Fría contra la Unión Soviética.

Pero para muchos gobiernos latinoamericanos, China representa otra cosa, financiamiento, comercio e inversiones sin las condiciones políticas tradicionales de Washington o del Fondo Monetario Internacional. Países como Brasil, Perú, Argentina, Bolivia y Venezuela han aumentado mucho sus relaciones con Beijing en los últimos años.

Obvio que China busca influencia, recursos y mercados, pero varios gobiernos de la región consideran que tener relaciones con distintas potencias les da más independencia y reduce la dependencia histórica de EEUU.

Aquí aparece otro tema sensible, la desdolarización. El crecimiento de mecanismos comerciales fuera del dólar preocupa mucho a Washington. Los BRICS y otros espacios internacionales impulsan alternativas financieras que podrían reducir el peso mundial de la moneda estadounidense.

Por eso RAND, insiste tanto en que el Pentágono debe responder también frente a la “presión económica” china y rusa. El problema es que esa lógica puede abrir la puerta a justificar acciones políticas o militares por motivos económicos.

Quizás lo más preocupante del informe es su tono; RAND dice que EEUU debe prepararse para actuar en escenarios de competencia, crisis y “guerra irregular”. También propone aumentar el uso de fuerzas especiales, cooperación militar y mecanismos de seguridad regional.

Al mismo tiempo, funcionarios estadounidenses han dicho recientemente que los carteles del narcotráfico solo pueden enfrentarse con fuerza militar.

Este discurso genera preocupación porque América Latina conoce muy bien las consecuencias de la militarización. La llamada “guerra contra las drogas”, impulsada durante décadas, dejó miles de muertos en países como México y Colombia sin resolver realmente el problema del narcotráfico.

Además, usar el crimen organizado como argumento para aumentar presencia militar extranjera puede terminar debilitando la soberanía de los países de la región.

Muchos analistas creen que detrás de todo esto hay una pelea mucho más grande, el control político y estratégico del continente en medio de la competencia mundial entre Estados Unidos y China.

Lo que está pasando se parece cada vez más a una nueva Guerra Fría, ya no entre capitalismo y socialismo, sino entre un mundo dominado por EEUU y otro más multipolar.

En esta disputa, América Latina vuelve a convertirse en una región estratégica; petróleo, minerales, rutas comerciales, telecomunicaciones y mercados hacen que el continente tenga un valor enorme para las grandes potencias.

Cuba y Venezuela aparecen como símbolos de resistencia frente a la influencia estadounidense, mientras China y Rusia aprovechan las tensiones históricas entre Washington y varios gobiernos latinoamericanos para ganar espacio.

La gran pregunta es si América Latina podrá mantener cierta independencia o terminará atrapada otra vez entre potencias mundiales.

El informe de RAND deja claro que sectores del poder estadounidense creen que llegó el momento de recuperar influencia política y estratégica en el continente, pero América Latina ya no es la misma de hace décadas, hoy existen gobiernos, movimientos sociales y alianzas internacionales que buscan más autonomía.

Por eso, cualquier intento de imponer presión extrema o soluciones militares podría aumentar todavía más la tensión y la inestabilidad en la región.

Al final, detrás de términos técnicos como “asistencia de seguridad”, “guerra irregular” o “multiplicadores de poder”, aparece una realidad vieja y conocida, la pelea por el control político y económico de América Latina sigue viva, y Cuba y Venezuela continúan estando en el centro de esa disputa.

Estado mexicano pide disculpas por su responsabilidad en la desaparición forzada de Gregorio Alfonso Alvarado López

En conmemoración del Día del Maestro en México, el 15 de mayo se llevó a cabo el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional y Disculpa Pública del Estado mexicano en el caso de la desaparición forzada del maestro Gregorio Alfonso Alvarado López, ocurrida el 26 de septiembre de 1996 en el estado de Guerrero.

Durante el acto, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por las violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de Gregorio Alvarado y ofreció una disculpa pública a su familia y a la sociedad, en cumplimiento de las medidas de reparación derivadas del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Gregorio Alvarado era maestro, poeta, padre y líder social indígena. Su labor comunitaria y educativa lo vinculó con procesos organizativos en la región de la montaña de Guerrero en un contexto de fuerte violencia y persecución contra integrantes de movimientos sociales y comunitarios en la década de los noventa. Tras meses de que Gregorio y su familia enfrentaran vigilancia constante, persecución y hostigamiento, su desaparición forzada ocurrió en septiembre de 1996 y desde entonces su paradero continúa sin conocerse.

En representación del Estado, el Subsecretario de Derechos Humanos reconoció que como Estado “no solo fallamos al no proteger su integridad, con el propósito de prevenir los hechos, sino también en no reaccionar de forma inmediata para dar con su localización y sancionar a las personas responsables”. A casi 30 años de los hechos, este caso permanece en la impunidad.

El Subsecretario reconoció también la labor de defensa de derechos humanos que realizó Gregorio en sus comunidades y que lo enfrentó a la persecución y la desaparición forzada. En particular nombró que hasta la fecha su labor “beneficia a niñas y niños indígenas en Guerrero; debido a que durante su ejercicio promovió instituciones de carácter intercultural y bilingüe, mismas que persisten. Lo cual fue y es un acto de amor, convicción y compromiso para mejorar su entorno social”.

Según reconoció el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la desaparición de Gregorio se dio en el contexto de “una política de terror” implantada por el gobierno mexicano donde “Guerrero fue el epicentro de la contrainsurgencia, siendo el ejército el principal responsable de las graves violaciones de derechos humanos que se consumaron en ese período. (…) años cruentos en los que se castigaba la organización independiente y el pensamiento autónomo, como lo documentó la Comisión de la Verdad que se encargó de investigar los hechos ocurridos durante aquellos años y cuyo informe no ha sido plenamente asumido por el Estado mexicano”.

Así, el caso de Gregorio ha representado no solo una grave violación a sus derechos humanos, sino también una afectación profunda para su comunidad y su familia, que ha sostenido durante casi tres décadas una búsqueda permanente de verdad y justicia, enfrentando impunidad, omisiones institucionales y la ausencia de investigación efectiva.

En el acto, Norma, esposa de Gregorio y quien ha liderado su búsqueda, hizo un llamado a investigar y juzgar a las personas responsables de su desaparición y demandó que la desaparición forzada deje de lacerar a las familias mexicanas. Norma recordó que “pese al paso inexorable del tiempo, Gregorio, “Goyito” sigue siendo referente de las luchas más sensibles que enfrentan nuestros pueblos, su trabajo, su ejemplo sigue vigente, por el y por todos los desaparecidos: ni olvido, ni perdón”.

La ceremonia realizada este día representó un acto de reconocimiento a la lucha por verdad y justicia, así como una medida de dignificación de la memoria de Gregorio Alfonso Alvarado López, cuya vida estuvo dedicada a la educación, la organización comunitaria y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de la familia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, acompañaron este acto y reiteraron que, si bien constituye un paso importante en el reconocimiento de responsabilidad y en la reparación del daño causado, persiste la obligación del Estado mexicano de garantizar plenamente los derechos a la verdad y la justicia.

Las organizaciones recordaron que “el caso de Gregorio no es un caso aislado. México enfrenta hoy una crisis humanitaria de proporciones alarmantes: más de 133.000 personas figuran en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y las cifras no dejan de crecer. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha subrayado que la desaparición forzada en México constituye un fenómeno generalizado y sistemático que demanda una respuesta integral y efectiva por parte del Estado. No solo con mecanismos reactivos, sino políticas de prevención, búsqueda con perspectiva de derechos, verdad, justicia y reparación”.

Y afirmaron que “Gregorio sigue desaparecido. Mientras esto siga así, su memoria es una exigencia viva de justicia. (…) Hoy, en este Día del Maestro, le rendimos homenaje con la certeza de que su lucha continúa —en la voz de Norma, en los pasos de sus hijos, en cada escuela comunitaria que lleva su nombre, y en todos los que seguimos comprometidos con que la desaparición forzada no tenga cabida en ningún rincón de este país”.

Para que las esperanzas tengan larga vida y mañana amanezca más temprano”
Gregorio Alvarado

¿Qué obstaculiza la atención médica en los territorios indígenas?

Observatorio de Bienes Comunes

Desde Talamanca, el Colectivo Antonio Saldaña comparte una reflexión urgente sobre las barreras que enfrentan las comunidades Bribri y Cabécar para acceder a una salud digna, culturalmente pertinente y ajustada a la realidad del territorio.

Protocolos rígidos, falta de medicamentos, largas distancias y una institucionalidad que muchas veces no logra responder a las condiciones reales de las comunidades.

El texto también recupera el marco legal que obliga al Estado costarricense —incluyendo el Convenio 169 de la OIT— a garantizar servicios de salud adecuados para los pueblos indígenas.

“Las comunidades indígenas no están solicitando privilegios. Están exigiendo derechos.”

Lea la nota completa aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-la-consulta-se-anuncia-al-aire-alertas-del-colectivo-antonio-saldana-ante-la-normalizacion-de-convocatorias-ajenas-a-los-pueblos/

Panoramas SURCOS | 17 de mayo de 2026

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La incitación al odio y la violencia en Costa Rica: algunas reflexiones
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Democracia con dueño
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Bellas mujeres rurales de otrora
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Una masacre en camino

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Nos estamos matando. No. No es lo mismo a decir que “se matan entre ellos”. No. A la pérdida de contrato social y convivencia fragmentada en Costa Rica, debe agregársele una narrativa cargada de violencia y odio desde los altos mandos del país. Nada de esto es bueno y augura una masacre sin retorno.

Nos estamos matando.

En los primeros cuatro meses de 2026 la cifra de homicidios fue de 265, presentando una baja significativa respecto a los 311 asesinatos registrados en el mismo periodo el año anterior. De mantenerse este récord de 1.9 homicidios por día, en diciembre se estarían alcanzado 800 casos, una cifra aún alta en la historia del país.

De nuevo las personas adolescentes y adultas jóvenes presentan la más alta incidencia y se ha detallado una ampliación en la geografía de la violencia, alcanzando territorios en las provincias de Cartago y Puntarenas que antes no estaban incluidos.

De nueva cuenta se debe declarar esta problemática como emergencia nacional para abordarla prioritaria mente. Sin embargo, lo que alarmar junto a la estadística, es el funcionamiento descontrolado de un mercado ilegal de armas en el país.

La existencia de comercio “por debajo” donde se tranzan todos los días armas de cualquier tipo, preocupa en la medida que nos hemos convertido en un colectivo al que le cuesta manejar la ira y el enojo especialmente en la vía pública, que no dialoga y se frustra con facilidad y entiende que la violencia es el único camino.

Una masacre se avecina si no hacemos algo urgente para detener esto. Más de 6.000 armas circulan sin registro en el país, lo que nos convierte en una sociedad con un ejército velado listo para entrar a escena en cualquier momento.

No es que se matan entre ellos. Es que nos estamos matando. Si no hacemos algo pronto la masacre se habrá consumado.