Este jueves 11 de abril a las 7:00 p.m., por el Facebook y YouTube de APSE Informa, se analizará las principales consecuencias de la Ruta del Arroz a la luz de la reciente suspensión del decreto que reduce los aranceles para la importación.
El gobierno Chaves cree que la solución al problema de los médicos especialistas es que se vayan los médicos y comprar servicios.
El gobierno Chaves cree que la solución del problema de los especialistas es contratar hospitales privados y traer médicos extranjeros. De igual modo, el gobierno cree que la solución a los problemas del arroz, es fortalecer a los importadores, no a los productores.
Debilitar al productor local. Debilitar, no dar condiciones al médico especialista. Matar la gallina y comprar huevos. El buen granjero no es el que mata a sus gallinas y compra huevos fuera. El buen granjero alimenta sus gallinas y fomenta la producción de huevos.
El gobierno Chaves en cambio, actúa como el mal granjero.
El gobierno de Rodrigo Chaves es privatizador, extranjerista y antinacional.
¡Entendámoslo ya!
Hagamos causa común a favor de la medicina social, la agricultura nacional y educación, pilares básicos del país, porque este gobierno, ostentando un discurso de anticorrupción, nos está llevando por un camino nefasto.
Exijamos que el gobierno sea el buen granjero. Los servicios de educación, salud y granos básicos son para todos nosotros y especialmente para los sectores más débiles de la sociedad, en un momento tan difícil como el que estamos pasando.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) solicitó a la Contraloría General de la República, a la Auditoría de la Institución y a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa investigar la contratación realizada por la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Las presuntas irregularidades nos generan dudas acerca de la transparencia y legalidad de los procedimientos seguidos en la contratación de servicios privados para atender emergencias médico-quirúrgicas, procedimientos médicos y radiológicos.
Nos preocupa que el 21 de marzo del 2024, a instancia de la Presidenta Ejecutiva y la Gerencia Médica, la Junta Directiva de la Caja (sesión N° 9422, artículo 16°), declaró Estado de Emergencia Institucional por el mes de abril, ante un potencial riesgo para la prestación de los servicios, que pudieran afectar el derecho a la salud y la vida, dada la advertencia de los especialistas de no realizar tiempo extraordinario.
Al día siguiente (22 de marzo), la Dirección Jurídica advirtió a la Administración que, en el supuesto de que surgiera la necesidad, debido a la suspensión temporal de tiempo extraordinario de especialistas, solo se podía contratar los servicios “estrictamente necesarios” para dar continuidad a los servicios.
Ese mismo 22 de marzo, la Gerencia Médica celebró, de forma sospechosamente célere, un convenio con la Cámara de Salud, que incluye una cláusula de exclusividad, que le permitió a esa Cámara definir, en una lista taxativa, los centros privados de salud que podían participar en la licitación para realizar procedimientos especializados durante el período de emergencia.
“Dudamos de la legalidad del convenio suscrito por el Gerente Médico en que se pacta una cláusula de exclusividad para favorecer a empresas afiliadas a la Cámara, porque se podría estar violentando principios elementales de igualdad, transparencia y libre participación en materia de contratación pública”, señaló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
El 25 de marzo (iniciando la Semana Santa), la Gerencia Médica sin adherirse a los criterios de necesidad estricta advertidos por la Dirección Jurídica, emitió una resolución que autorizaba una compra excepcional de servicios privados (GM-4332-2024). Esta resolución dio inicio a un proceso de licitación que, sorprendentemente, tuvo una duración extraordinariamente corta, de poco más de dos horas, para una contratación de servicios de casi 12.600 millones de colones.
El viernes Santo (29 de marzo) la Gerencia Médica designó una comisión de 4 funcionarios para que realizara el criterio técnico a fin de justificar la contratación, tomando en cuenta una proyección -promedio de la demanda de los últimos 3 años- que solo como ejemplo, en estudios radiológicos se contratan 61.534 procedimientos, cuando el promedio es de solo 30.968.
Ese mismo día, un asesor de la Gerencia Médica (médico especialista) miembro de esa comisión, aparentemente recomienda adjudicar ₡12.583.339.112,00 (25 millones dólares), con una vigencia contractual de 3 meses, pese a que el plazo de la emergencia es de 1 mes. Es relevante revisar si la adjudicación cumple el Reglamento de distribución de Competencias en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obra Pública de la CCSS.
Finalmente se adjudicó a la Clínica Bíblica (ASEMECO) que alberga la sede de la Cámara de Salud, el Hospital Universitario UNIBE, Hospital Metropolitano (ICEM. S.A.) y las sociedades Raque y Mediluke.
“Solicitamos que se investigue si pudiéramos estar ante un posible favorecimiento a ciertos sectores empresariales, conflictos de intereses, actos que no se ajusten a los principios de transparencia, objetividad, probidad; y no descartamos que puedan existir intereses espurios y “muy convenientes” en las altas esferas de la Institución para no procurar una solución inmediata al conflicto laboral”, añadió Chavarría.
Estamos convencidos de que la declaratoria de emergencia no era un cheque en blanco para impulsar la privatización, que ahora puede estar siendo utilizada como un caballo de troya para que los centros privados puedan lucrar a costa de la salud pública, por lo cual solicitamos la intervención e investigación lo antes posible. UNDECA demanda una investigación exhaustiva e inmediata sobre estos eventos para garantizar la transparencia, la legalidad y la protección de los intereses públicos.
En el programa «La mesa redonda», Sergio Marín Cornavaca presenta una discusión sobre la sesión convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Nicaragua. Se invita al historiador costarricense Vladimir de la Cruz para analizar el tema, la sesión, programada para el miércoles 3 de abril de 2024, tiene como objetivo abordar la solicitud de reincorporación de Nicaragua a la OEA, de la cual se retiró oficialmente en 2023 bajo la dictadura de Daniel Ortega.
El proyecto de resolución propuesto por Canadá, Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos y Uruguay, instó a los Estados miembros a hacer todo lo posible para facilitar el regreso de Nicaragua a la OEA. Se reconoce la persistente crisis en Nicaragua, marcada por el deterioro de las instituciones democráticas, la violación de los derechos humanos y la represión política, pero la necesidad de no alejarla de los mecanismo internacionales de diplomacia y resolución de conflictos continentales.
Las reacciones ante esta convocatoria son diversas. Arturo Maxfield, exembajador de Nicaragua ante la OEA, considera positivo el intento de resucitar el tema nicaragüense en la agenda hemisférica, aunque critica la falta de acciones contundentes por parte de la OEA para abordar la situación en Nicaragua y en cambio, Guillermo Bell, analista cubano, lamenta que la OEA haya convocado a un diálogo que incluye a representantes del régimen de Ortega, a pesar de las evidentes violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
Vladimir de la Cruz, en su intervención, contextualiza la importancia de la OEA como organismo regional y menciona otros organismos y acuerdos regionales en los que Nicaragua aún participa, a pesar de su salida de la OEA, se puede decir que discusión aborda varios aspectos importantes en relación con la situación de Nicaragua y su posible salida de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como su implicación en un contexto geopolítico más amplio.
Se plantea que la decisión de un país de retirarse de un organismo internacional como la OEA es similar a un divorcio, donde se busca una salida elegante por mutuo acuerdo o, en su defecto, mediante las causales establecidas en el código y que la comunidad internacional, en general, podría no intervenir mucho si Nicaragua decide retirarse de la OEA, ya que se considera una decisión soberana del país.
Sin embargo, se discute el posible trasfondo geopolítico de esta decisión y cómo podría afectar las relaciones internacionales de Nicaragua, especialmente en relación con países aliados como Rusia, Venezuela y Cuba, sin olvidar la importancia de mantener relaciones diplomáticas y militares con Estados Unidos, lo cual podría influir en la postura del gobierno estadounidense hacia Nicaragua.
Además, se plantea la posibilidad de que la salida de Nicaragua de la OEA tenga implicaciones en su participación en organismos financieros regionales, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esto aislando a este país que se sugiere que si es obligatorio ser miembro de la OEA para acceder a fondos de estos organismos, Nicaragua podría enfrentar dificultades económicas comparativas con sus vecinos.
Se procede a discutir el panorama geopolítico global y la posibilidad de un conflicto internacional de grandes proporciones, donde se menciona la tensión en Europa, particularmente en relación con Rusia y Ucrania, como también el de Taiwán y China,. Se plantea que una guerra de estas características tendría implicaciones graves para todos los países involucrados, incluidos Estados Unidos y Europa, y se cuestiona si los países de Centroamérica y el Caribe estarían preparados para afrontar una situación de ese tipo sea indirectamente o directamente, para terminar Vladimir da una cátedra de la segunda guerra mundial y como sería diferente de una guerra actual a gran escala.
Compartimos el video:
Compartido con Surcos con Vladimir de La Cruz.
La transcripción proporcionada es una narración detallada y extensa sobre las reflexiones del hablante sobre la Semana Santa y diversos aspectos de su vida y sociedad costarricense. Comienza con una reflexión sobre la importancia de la Semana Santa en la tradición católica y cristiana, así como la influencia de la religión en su familia, que estaba dividida entre una parte fervientemente católica y otra más anticlerical.
El hablante comparte recuerdos de su infancia durante la Semana Santa, mencionando cómo solían ser las celebraciones en la playa y las procesiones religiosas. También habla sobre su abuela materna, quien tenía creencias espirituales diferentes a las de su familia paterna, y cómo influyó en su crianza.
Posteriormente, la narración se desplaza hacia la reflexión sobre la muerte y la importancia de aceptarla como parte natural de la vida. Se menciona la preparación de libros y la revisión de manuscritos, así como la importancia de documentar la historia de Costa Rica, especialmente en relación con la Segunda República y su impacto en la sociedad actual.
El hablante discute la situación actual de Costa Rica, haciendo hincapié en los problemas económicos y sociales que enfrenta, como la crisis de la clase media y la vivienda. También aborda malentendidos sobre su carrera política, aclarando que nunca ha sido diputado ni ministro, aunque ha tenido experiencias cercanas a la política parlamentaria.
Compara la situación política de Costa Rica con la de otros países, como Venezuela, destacando la importancia de la educación en la construcción y la interpretación de la historia nacional, en la cual se discute la importancia de la educación histórica en Costa Rica, específicamente en relación con la Segunda República.
Se señala que a lo largo de la historia educativa del país, no se ha enfatizado lo suficiente la importancia de este período, lo que ha llevado a una comprensión limitada de su relevancia en la historia nacional. Se mencionan logros significativos de la Segunda República, como la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social y el impulso del Estado Social de Derecho. Sin embargo, se lamenta que estos aspectos no sean ampliamente conocidos ni valorados por la población debido a la falta de un sólido proceso educativo que los destaque.
Además, se habla sobre la experiencia del autor durante la Semana Santa, donde aprovechó el tiempo para realizar actividades relacionadas con la lectura y la preparación de nuevos libros. Se destaca la importancia del Día del Libro y se menciona la participación en la Feria Internacional del Libro Universitario, donde se presentará un libro sobre la dinastía de Los Conquistadores.
Posteriormente, se aborda un informe que indica que Costa Rica ocupa el último lugar en la escala de acceso a la información pública según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se critica la falta de transparencia y acceso a la información por parte del gobierno, especialmente en lo que respecta a las agendas de los ministros y las sesiones de los órganos de gobierno. Se compara esta situación con otros países que tienen procesos electorales más transparentes y establecidos, lo que destaca la necesidad de mejorar la integridad y la transparencia en Costa Rica.
En esta parte de la transcripción, se enfatiza la relación entre la falta de transparencia en las contrataciones gubernamentales y la corrupción. Se menciona que la falta de agendas precisas y accesibles crea un ambiente propicio para la corrupción en todos los niveles, incluso con actividades ilícitas como el narcotráfico. Se destaca que, a pesar de la existencia de leyes que obligan a las entidades públicas a publicar información sobre sus sesiones y contrataciones, muchas instituciones incumplen con esta obligación, lo que ha dado lugar a casos de corrupción notorios, como el escándalo relacionado con el aeropuerto de Liberia.
Se critica la falta de regulaciones sólidas para garantizar el acceso a la información pública y se señala que, aunque existe una Comisión Nacional para el Estado Abierto, su funcionamiento y efectividad son cuestionables. Se resalta que Costa Rica ha recibido una baja calificación en materia de acceso a la información según la OCDE, lo que sugiere una falta de transparencia generalizada en el país.
Se concluye mencionando que el secretismo del Estado y la falta de sanciones efectivas para los funcionarios que incumplen con sus obligaciones contribuyen a mantener un ambiente propicio para la corrupción. Se expresa la preocupación de que, si no se toman medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, el país podría continuar en una espiral descendente hacia niveles aún más bajos de integridad gubernamental.
Compartimos el enlace a la transmisión de Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=1109157286870544
Vecinos afectados por la reciente problemática de desabastecimiento del agua y el Movimiento Asambleas Populares están liderando un esfuerzo organizativo para unificar la lucha de diversas comunidades en busca del acceso al recurso hídrico. Tras desarrollar reuniones conjuntas con vecinos de Tibás, Moravia, Alajuelita, Hatillo y Goicoechea, se ha acordado establecer la Coordinadora Intercantonal de Defensa del Recurso Hídrico.
El objetivo primordial de esta coordinadora es abordar la que afirman que es la verdadera raíz del problema del desabastecimiento urbano, el cual resulta siendo consecuencia de una situación política. Por lo tanto, señalan la carencia de políticas oficiales que garanticen una distribución justa del agua, así como la falta de interés estatal en la modernización de la infraestructura hídrica.
En este sentido, la Coordinadora Intercantonal se ha comprometido a:
El pasado viernes 5 de abril, los vecinos de San Josecito de Alajuelita celebraron una asamblea popular bajo la coordinación de la vecina Loana Calderón, donde se tomaron importantes decisiones para fortalecer la lucha por el acceso al recurso hídrico. Durante la reunión, se distribuyó un instrumento digital para registrar las fechas y horas en las que no tienen acceso al agua, y se acordó presentarse ante las autoridades para exigir su entrega.
La participación ciudadana ha sido fundamental y los acuerdos tomados en esta asamblea fueron respaldados de manera unánime por aclamación de todos los asistentes.
Le invitamos a ver el video que se encuentra en esta nota:
Imagen ilustrativa, UCR.
En el año 2022 entró en vigencia la ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del río Sarapiquí y la protección de su cauce principal, la cual sentaba sus bases sobre tres ejes fundamentales: cultural, ambiental y socioeconómico.
A dos años de la vigencia de esta ley, el pasado 8 de abril se llevó a cabo un taller de socialización del plan de manejo de la cuenca del río Sarapiquí, celebrado en las instalaciones de la estación experimental La Selva de la OET en Sarapiquí. El objetivo principal del evento era presentar los resultados obtenidos durante el proceso de elaboración del plan y recoger aportes finales, permitiendo de esta forma la retroalimentación, el involucramiento activo de las partes interesadas, así como la construcción colaborativa del plan. Dicho proceso es liderado por la Dirección de Aguas del MINAE.
La actividad siguió la siguiente agenda: en primera instancia se realizó una breve bienvenida, se presentó tanto el equipo, como los participantes, seguidamente se explicó el objetivo del taller y se expusieron etapas previas de caracterización y diagnóstico. Posteriormente se presentó el plan de manejo de la cuenca del río Sarapiquí, se brindó un refrigerio y se prosiguió con un trabajo en grupos que permitiera retroalimentar el plan, finalmente se realizó una plenaria sobre lo anterior, se agradeció la participación y finalizó la actividad.
Gracias a su eficiente administración, que le permite ganancias netas anuales, superiores a US$80 MILLONES, en cuatro años, nuestro Banco de Costa Rica ha aportado ₡64.184 millones en CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, dirigidas a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE), Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM-CCSS) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y pagó más de ₡59.000 millones por concepto de impuesto sobre la renta. Cifras del 2021 que hoy superan los ¢115.000 MILLONES. Realidad de la cual no quieren hablar, ni Chaves, ni Acosta, ni los ávidos por comprar el BCR, pues se les podría caer el negocio, ya que NO proponen fuentes alternativas de financiamiento, mientras que es conocido, que ciertos grandes empresarios privados, «son tan buenos evadiendo impuestos», que ¡la evasión supera la deuda del Estado!
O sea, si la «doñita de Purral» vende su buena pulpería, para pagar al usurero del barrio, tal vez saldría momentáneamente de esa deuda, pero «se quedaría sin el santo», que le da sustento diario y le permite a sus hijos, por ejemplo, continuar estudios en la Universidad.
En una carta dirigida a la diputada Rosalía Brown Young el 3 de abril del 2024, firmada por Marco Levy Virgo, se ha propuesto la creación de una Comisión de Asuntos Afrodescendientes, según un documento donde se pronuncia un grupo identificado como “Foro Curling por la paz y la seguridad jurídica de los Afrodescendientes”. Esta propuesta surge en medio de una serie de reclamos y preocupaciones relacionadas con la protección de los derechos de la población afrodescendiente en Costa Rica.
Abordan el tema de la ausencia de una legislación específica que proteja los derechos de la población afrodescendiente en el país, señalando que, a pesar de que el Estado costarricense reconoce la existencia de esta población y su presencia en el Caribe costarricense, no se han tomado medidas concretas para delimitar y proteger sus territorios ancestrales. Afirman que esta falta de reconocimiento y protección legal ha llevado a una serie de conflictos, violencia y desplazamientos forzosos en comunidades afrodescendientes como Cocles, Puerto Viejo y Cahuita.
Para reforzar su argumento, referencian a John Alexander Curling Delisser, quien fue el primer diputado afrocostarricense en ocupar un puesto en el Congreso, haciendo énfasis en en su contribución para otorgar derechos de ciudadanía a los afrodescendientes en Costa Rica, pero subrayando que aún queda mucho por hacer en términos de protección legal y reconocimiento de derechos para esta población.
Por lo tanto, afirman que, la propuesta de creación de una Comisión de Asuntos Afrodescendientes se basa en la necesidad de contar con un órgano específico que promueva el mejoramiento social, económico y cultural de la población afrodescendiente. Algunas de las funciones propuestas para esta comisión son las siguientes:
Servir de instrumento de coordinación entre las distintas instituciones públicas para ejecutar obras y servicios en beneficio de las comunidades afrodescendientes.
Promover la investigación científica sobre el modo de vida de los grupos afrodescendientes para orientar programas de bienestar.
Fomentar la divulgación de los asuntos afrodescendientes y estimular el respeto por su cultura, incluyendo el uso y estudio de las lenguas afrodescendientes.
Velar por el respeto a los derechos de las minorías afrodescendientes, especialmente en cuanto a la propiedad de la tierra y el acceso a crédito y asistencia técnica.
Promover la capacitación y adiestramiento de profesionales y líderes comunitarios en las zonas habitadas por afrodescendientes.
Establecer centros de salud con personal capacitado para atender las necesidades de las comunidades afrodescendientes.
Con esto, se busca abordar las desigualdades estructurales que han llevado a la población afrodescendiente a ser históricamente excluida y marginada en Costa Rica, y de ahí surge la importancia de crear condiciones de igualdad real y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos para esta población.
Además, mencionan la falta de consultas previas y participación efectiva de la población afrodescendiente en procesos de diseño y ejecución de proyectos que afectan sus territorios ancestrales. Se hace un llamado a garantizar el derecho de consulta y consentimiento previo de esta población, tal como se establece en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Se invita a consultar el documento completo para obtener más detalles sobre los argumentos y propuestas presentadas. Para acceder al documento completo, se puede descargar el PDF original aquí:
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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sesión celebrada el 3 de mayo de 2019, resolvió el Expediente número 19-002174-0007-CO, con la Resolución número 2019007689, relativo a un recurso de amparo presentado por Marco Levy Virgo contra la Municipalidad de Talamanca, el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Según consta en el expediente, el recurso de amparo fue recibido en la Secretaría de la Sala a las 08:21 horas del 12 de febrero de 2019. En dicho recurso, Marco Levy Virgo expuso que en la entrada principal a Puerto Viejo se encuentra una gran laguna de aguas negras que fluyen hacia la playa, lo que representa un riesgo para la seguridad y vida de los turistas nacionales e internacionales. Afirmó que, a pesar de haber solicitado una solución a las autoridades correspondientes, no se había tomado ninguna medida al respecto hasta la fecha de interposición del recurso. Además, argumenta que se vulneran sus derechos fundamentales y solicitó que se declarara con lugar el recurso y se obligará a los recurridos a resolver de manera inmediata el problema sanitario, colocando rótulos preventivos e implementando medidas para eliminarlo definitivamente.
La Sala Constitucional, tras analizar los argumentos presentados, resolvió declarar con lugar el recurso de amparo. En consecuencia, se ordenó a las autoridades pertinentes, incluyendo a la Presidenta Ejecutiva (Yamileth Astorga Espeleta) y al Gerente General del AyA (Manuel Antonio Salas Pereira), al Alcalde Municipal de Talamanca (Marvin Antonio Gómez Bran) y a la Directora del Área Rectora de Salud de Talamanca (Jennifer Jones Villiers) del Ministerio de Salud, o a quienes ocupen esos cargos, que en un plazo de tres meses, contado a partir de la notificación de la sentencia, brinden una solución al problema de contaminación en Puerto Viejo.
Asimismo, se instruyó al AyA a coordinar con las otras instituciones involucradas (Municipalidad de Talamanca y Ministerio de Salud) para implementar medidas temporales o provisionales mientras se trabaja en una solución definitiva al problema de contaminación. Se advirtió que el incumplimiento de esta orden podría conllevar sanciones de acuerdo con lo establecido en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de conformidad con el artículo 71, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado.
Finalmente, se condenó a la Municipalidad de Talamanca, al AyA y al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados por los hechos que dieron lugar a la presente resolución, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Adicionalmente, se dio la orden de notificar a las autoridades correspondientes.
Se adjunta la resolución completa para su consulta y análisis.
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