Denuncia pública a la opinión nacional e internacional
El Partido Vanguardia Popular DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional, sobre los actos de represión contra las y los ciudadanos de Hatillo que reclaman por el justo derecho de que el gobierno de turno y Acueductos y Alcantarillados atienda la emergencia de la ausencia de agua en dicha comunidad.
Sin embargo, ahora resulta que la defensa por el agua en Hatillo, se convierte en un espacio para legitimar la criminalización de la protesta social.
Al estilo de los gobiernos fascistas, de derecha y prepotentes que conculcan los derechos fundamentales, aquí, en nuestro país Costa Rica, garante de todos los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos, desconoce los más elementales derechos del y las ciudadanas.
Pero esta escalada de represión entra en franca contradicción con lo que vive el país actualmente en materia de seguridad pública. En el Diario Extra, página 11, de fecha miércoles 13 de marzo de 2024, bajo el título: “Hatillo son territorio en disputa por banda criminal”. Se aclara a la opinión pública que están claramente identificadas dos bandas criminales, Los Lara y la banda de Gery. Pero el silencio que guarda la Fuerza Pública es parecido a la estupidez, o contrario sensus, guardan toda su brutalidad para emplearla contra el pueblo honesto de Hatillo, cuya demanda, por lo demás totalmente válida, reclaman por el suministro del agua en sus comunidades. Entonces, por qué no actúan con la misma fuerza contra esas bandas delictivas, como lo hicieron hoy contra los vecinos de Hatillo.
Una página negra más para el gobierno actual de Rodrigo Chaves Robles.
Queremos llamar, sin embargo la atención. Curiosamente y de forma unánime las y los diputados de la actual Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate: “ampliar la prisión preventiva en caso de flagrancia”. Eh aquí que la receta ya la pusieron en práctica, pues hoy, bajo la detención arbitraria e irrespetando el primer derecho humano a que tiene toda sociedad: el derecho a la protesta social, es pisoteado por la Fuerza Pública y 9 personas son detenidas arbitrariamente. Tres de ellas ya fueron pasadas a los tribunales de flagrancia y desconocemos, hasta el momento, cuál es el curso que se sigue contra los otros seis.
Nosotros, como PARTIDO VANGUARDIA POPULAR, históricamente hemos estado a la par de las luchas populares y condenamos abiertamente la criminalización de la protesta social. La represión estructural ha sido constante desde el año 2000, fecha en la cual el pueblo de Costa Rica amplió la democracia de la calle exigiendo el retiro del Combo Eléctrico que atentaba contra la histórica y meritoria institución del ICE.
Exigimos la pronta libertad de los nueve compañeros(as) detenidos arbitrariamente. Recordamos a los cuerpos represivos que el agua es un derecho humano fundamental y que la protesta social es, por excelencia, el primer derecho al cual puede aspirar el pueblo en su demanda popular.
¡LIBERTAD PARA LAS Y LOS DETENIDOS YA, Y SIN NINGÚN CARGO!
Ante la implementación de estas estrategias de in-seguridad pública, queremos invitarles a reflexionar sobre las implicaciones de la criminalización de la protesta social, comprendiendo que hay dos elementos que debemos tener presentes:
Según Constitución Política, el Estado reconoce el derecho humano al acceso del agua potable para consumo humano, por ende tiene la obligación de garantizar este derecho.
La criminalización de la protesta social es un mecanismo para legitimar la omisión del Estado en su deber de garante de derechos y representa una forma de inseguridad jurídica para todas las personas defensoras de derechos.
Les compartimos esta infografía para abrir este debate.
La Facultad de Ciencias Sociales, en colaboración con diversas instituciones académicas de la región, tiene el honor de invitar al público en general a la conferencia titulada «Proceso de Transformación del Trabajo y sus Desafíos en la Era de la Globalización», impartida por el doctor Ricardo Antunes, profesor catedrático del Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas en la UNICAMP.
Este evento promete ser un espacio de reflexión y análisis profundo sobre los cambios y retos que enfrenta el mundo laboral en el contexto actual de globalización. Se llevará a cabo el miércoles 24 de abril de 2024, a las 3:00 pm (hora de Costa Rica) y 6:00 pm (hora de Brasil).
La conferencia estará disponible para su visualización en línea a través de varias plataformas. Se podrá acceder al evento en directo mediante el Facebook Live de la Facultad de Ciencias Sociales, la Maestría Centroamericana en Sociología, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, la Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS) y el Posgrado en Sociología de la Universidad Nacional de Honduras. Además, la conferencia estará disponible en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales y la Maestría Centroamericana en Sociología para aquellos que deseen verla en diferido.
Este evento representa una oportunidad invaluable para explorar los cambios fundamentales en el mundo del trabajo y comprender mejor los desafíos que enfrentan los trabajadores en la era de la globalización. Se espera que la conferencia genere un diálogo enriquecedor y contribuya al análisis crítico de temas relevantes para la sociedad contemporánea.
¡Les extendemos una cordial invitación a unirse a esta importante conversación y a participar en la construcción de un futuro laboral más justo e inclusivo para todos!
La titularidad de nuestras tierras costeras en el Caribe de Costa Rica es un tema que involucra aspectos legales, culturales y ambientales, que el Ministerio de Planificación Nacional y el Instituto Costarricense de Turismo nunca han tomado en cuenta.
En la región del Caribe, especialmente en lugares como la Barra del Colorado, Tortuguero, Ciudad de Limón, Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo, existen comunidades indígenas y afrodescendientes con derechos ancestrales sobre la tierra.
Paralelo a las regulaciones estatales que protegen ciertas áreas como Patrimonio Natural del Estado o Zona Marítima Terrestre, que puede limitar el uso privado de la tierra; sin embargo, la legislación costarricense reconoce los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes sobre sus territorios tradicionales, lo que incluye las zonas costeras.
Razón por la cual es importante que se respeten los derechos de las comunidades locales y que se busquen soluciones que equilibren la protección del medio ambiente con el desarrollo sostenible de la región.
La colaboración entre las autoridades locales, las comunidades indígenas y afrodescendientes, y las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para encontrar soluciones justas y equitativas para todos los involucrados. Ese es precisamente el dilema que tenemos entre manos.
Las políticas públicas que promueven el desarraigo y la gentrificación en estas zonas costeras a través de los “PLANES REGULADORES COSTEROS”, suelen estar motivadas por varios factores.
Primordialmente están diseñadas para impulsar el desarrollo económico y turístico de la zona, lo que puede llevar a la expulsión de residentes de bajos ingresos y a la transformación de la comunidad local.
Además, la presión de la demanda de vivienda en estas atractivas zonas costeras, llevaran a un aumento de los precios de la vivienda, lo que paralelo al incremento de ganancias de los inversionistas, a su vez, desplazará a los residentes de larga data.
Es importante entonces, que las políticas públicas tengan en cuenta el impacto social y económico en las comunidades locales y busquen soluciones equitativas que protejan los derechos de los residentes actuales mientras se fomenta el desarrollo sostenible.
No es la cultura de la región la que necesita cambiar y adaptarse a las nuevas políticas públicas, sino que éstas deben formularse de acuerdo con la cultura y el estilo de vida de las personas, algo difícil para quienes detentan el poder político local y nacional; quienes una vez electos y nombrados, se sienten amos exclusivos de la corona.
Durante la conferencia “Aportes de las ciencias sociales a la sociedad costarricense”, dictada por la Académica Jubilada, Dra. Arlette Pichardo, se reescribió una frase inspiradora, útil para los tiempos que vivimos.
Y es que, siguiendo con las frases dichas y contundentes, aquello de que debemos salir a defender lo obvio cada vez en una constante.Decía Arlette que las ciencias sociales costarricenses y particularmente las desarrolladas desde la Universidad Nacional en Costa Rica, han hecho significativos aportes a una sociedad tan compleja como la costarricense.
Pero también señalaba los caminos por recorrer, ahora bajo las amenazas de la anticiencia, los peligros que acechan el camino de las universidades públicas en su funcionamiento y financiamiento y el descrédito al que las ciencias sociales por combativas y constantes, se han sometido por parte de sectores regresivos y conservadores en su pensamiento y acciones.
Defender la alegría es para mí, hoy, un testimonio de vida.Soy producto absoluto de la educación pública costarricense desde mi formación como artista en el Conservatorio de Castella, mi base sociológica y mi posgrado en la Maestría Académica de Comunicación en la Universidad de Costa Rica y más recientemente, reconocido con uno de los grados máximos otorgado a una tesis doctoral en el Programa de Doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional.
Defender la alegría es sostener estos pilares que nos forman.Tener gratitud por las oportunidades recibidas y aprestarse a devolver, desde el corazón, lo recibido.
Quiso la historia individual que así fuera, entrelazada con los procesos y devenires de esta sociedad que nos necesita tanto.Continuamos entonces, ahora desde las trincheras de la alegría como razón de vida.A ella vamos y nos aferramos. Si.
El jueves 14 de marzo de 2024 se realizó un homenaje al Máster Efraín Cavallini Acuña, coordinador de la Cátedra Solidaria de la Escuela Planificadora y Promoción Social de la EPPS-UNA, por su trabajo comprometido y de excelencia en calidad de autor del pensamiento y obras selectas de Alberto Martén Chavarría, creador del Solidarismo Costarricense, editadas por EUNA.
El reconocimiento realizado en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales UNA, estuvo a cargo de la Dra. Marianela Rojas Garbanzo, rectora adjunta UNA, el Dr. Ángel Ortega Ortega, director de EPPS y el Máster Álvaro Villalobos Garro, presidente de la academia Solidarista Alberto Martén.
Cavallini aceptó el reconocimiento con las siguientes palabras:
“Agradezco infinitamente este reconocimiento por mi participación como autor de la obra: «Proyección del Pensamiento y Obras Selectas de Alberto Martén Chavarría, creador del Solidarismo Costarricense».
Mi gratitud a EPPS-UNA, Academia Solidarista, Asouna y Editorial UNA, por darme la oportunidad de trabajar en este proyecto editorial. Muchas gracias. Lo valoro mucho”.
El 22 de marzo de 2024, a las 6:00 p.m. Alternativas realizará el foro “El cine como herramienta de cambio: Cine, ambiente y ciencia”.
Tendrá en su panel a Silenny Montero, bióloga marina y directora Herederas, y a Ignacio Barrantes Jiménez, chef y cineasta con énfasis en producción.
El programa se transmitirá por las plataformas digitales de Alternativas: Facebook, YouTube y Spotify. Y también se estará retransmitiendo por 107.1FM, Radio Guanacaste, Radio Soberanía y Radio Revolución.
Imagen tomada de http://derech0sindigenas.blogspot.com
El día 16 de marzo de 2024 el señor Marco Levy Virgo escribe al Consejo Superior Poder Judicial en su calidad de ciudadano Afro costarricense y amparado en el Convenio 169 de la OIT, solicita respetuosamente una respuesta antes de la creación Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Personas indígenas y El Poder Judicial ha creado la Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Personas indígenas y emite lineamientos que permiten implementar las reglas prácticas para facilitar el Acceso a la Justicia de esa Población, y también crea por aparte una subcomisión de afrodescendientes. Por ello solicitó dar respuesta a los siguientes puntos:
Indicar cual es la razón jurídica y administrativa para que exista una división creada por el Poder Judicial en relación con las dos poblaciones, Tribales e Indígenas de Costa Rica, pues se han creado dos comisiones diferentes, con representantes diferentes, con una tutela diferente, para dos pueblos tribales cubiertos por una misma Ley y por un mismo Tratado Internacional y que por ende tienen los mismos derechos, mismas obligaciones y que no pueden ser discriminados por parte del Estado.
Indicar cual es la razón jurídica y administrativa tomada por el Poder Judicial para decidir, por un lado, que los representantes de del Poder Judicial en la Sub-Comisión de Asuntos indígenas sean en su mayoría personas de la alta jerarquía de la Corte, pues la conforman personas que en su mayoría pueden tomar decisiones tanto a nivel administrativo como judicial, dado que está conformada por las siguientes personas:
Sr. Jorge Olaso Álvarez, MAGISTRADO, COORDINADOR COMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA
Sra. Damaris Vargas Vásquez, MAGISTRADA, COORDINADORA SUBCOMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA DE POBLACIÓN INDÍGENA.
Sr. Paul Rueda Leal, MAGISTRADO SALA CONSTITUCIONAL.
Sr. Gerardo Rubén Alfaro Vargas, MAGISTRADO SALA TERCERA.
Suplente: SRA. JOVANNA CALDERÓN ALTAMIRANO.
Sra. Melissa Benavides Víquez, UNIDAD DE ACCESO A LA JUSTICIA
Sra. Angie Calderón Chaves, SUPLENTE: UNIDAD DE ACCESO A LA JUSTICIA.
Sra. Kattia Morales Navarro, DIRECTORA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.
Sra. Rebeca Guardia Morales, DIRECTORA A.Í. ESCUELA JUDICIAL.
Suplentes: SRA. MAGDALENA AGUILAR ÁLVAREZ.
Sra. Maricruz Chacón Cubillo, CENTRO DE APOYO, COORDINACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL.
Suplentes: SR. CRISTIAN ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, SRA. PAULA CAMPOS VALVERDE.
Sr. Erick Alfaro Romero, CONTRALOR DE SERVICIOS.
Suplentes: SRA. YANORY OLAYA DELGADO.
Sr. Hugo Vega Castro, DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Suplente: SRA. STEPHANNIE PHILLIPS ASCH.
Sr. José Pablo Rodríguez Alpízar, DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES.
Sr. Alí García, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
Todas estas personas tienen poder de decisión administrativo sobre asuntos indígenas, e inclusive toman decisiones judiciales en expedientes en tramite y deben resolver en definitiva en conflictos judiciales a favor de un indígena y en contra de un particular o de otro pueblo tribal. Mientras tanto en relación con el pueblo Tribal Afrodescendiente, también protegido por el convenio 169 de la ONU, el Poder Judicial crea una subcomisión solo para ese pueblo Tribal y nombra representantes a personas sin don de mando y que no tienen la posibilidad de tomar decisiones administrativas ni judiciales relacionadas con la población afro, pues esa comisión la conforman
SONGHAY WHITE CURLING, COORDINADORA, Juzgado VD Desamparados
AIDA CRISTINA SINCLARE MYERS, Escuela Judicial
MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ CRUZ, OIJ
ENRIQUE JOSEPH JACKSON, Municipalidad Talamanca
JAZMÍN OROZCO ARIAS, Dirección de Gestión Humana
PRISCILA ELIZONDO HERNÁNDEZ, Ministerio Público
DIANA SENIOR ANGULO, Universidad de Costa Rica
MELISSA BENAVIDES VÍQUEZ, Unidad de Acceso a la Justicia
ANGIE CALDERÓN CHAVES, Unidad de Acceso a la Justicia
JOSELYN BRIGHT CAMPOS, Defensa Pública
EDWIN PATTERSON, Sociedad Civil
LUCETT WATLER ELLIS, JUAN ÁVILA LESLIE WILSON SHIMPSON, Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Analizadas ambas listas de representantes se desprende con claridad discriminación en perjuicio de las personas afrodescendientes por los siguientes motivos:
1.- El Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, es claro y no hace distinción alguna entre pruebo indígena y pueblo tribal (afrodescendiente) y el Poder Judicial está creando una discriminación en perjuicio de la población Afro, una división no autorizada en materia de derechos humanos, ello pues con el simple hecho de formar dos comisiones por separado, está generando división, pues el Convenio no hace dicha división.
2.- El Poder Judicial al crear dos comisiones por separado está incumpliendo con la obligación de emitir medidas especiales y acciones afirmativas, para asegurar la protección y avance de la igualdad de los pueblos protegidos por el convenio de la OIT 169. Esas medidas son las que reclamó para garantizar el ejercicio de los derechos de la población afrodescendiente, que sufre desigualdades estructurales que han llevado a esa población a ser víctimas de procesos históricos de exclusión.
3.- En materia de derechos humanos, existe la prohibición de diferencia de trato arbitraria – entendiendo por diferencia de trato, distinción, exclusión, restricción o preferencia – y otra es la relacionada con la obligación de crear condiciones de igualdad real frente a grupos que han sido históricamente excluidos y se encuentran en mayor riesgo de ser discriminados.
4.- La lista de personas encargadas por el Poder Judicial para formar parte de una Comisión de acceso a la justicia de indígenas y Afros, es totalmente desproporcional en cuanto a temas como la autoridad del representante a lo interno del Poder Judicial, el rango, currículo, preparación académica, y la posibilidad de toma de decisiones de ese representante, pues se crean dos comisiones cuyos representantes para efectos de los indígenas son funcionarios del más alto nivel administrativo y judicial y por otro para los Afrodescendientes, se enlistan a personas que no tienen poder de decisión ni administrativo ni judicial y que a lo interno del Poder Judicial son funcionarios valiosos pero que ocupan cargos rasos y normales. Por lo anterior, tomando como fundamento las atribuciones, deberes y obligaciones legales que le corresponden al Poder Judicial, solicita respetuosamente remitir la siguiente información:
a) Cuando fue nombrada la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas Afrodescendientes y cuando la de indígenas.
b) Quien ostenta la dirección o coordinación de ambas comisiones.
c) Indicar cuál es la razón jurídica para que se tenga la regulación en dos comisiones diferentes para una sola población que es Tribal y que abarca a indígenas y afrodescendientes.
d) Quién fue la entidad o persona encargada de seleccionar y nombrar a cada uno de los participantes en la sub comisión de indígenas y afrodescendientes y qué puntos fueron analizados para calificar a cada uno de los elegidos como personas aptas para formar parte de la comisión.
e) Indicar en ambas comisiones, desde la fecha de creación de cada una de ellas, cuál ha sido el calendario de las reuniones que han realizado, cuántas reuniones han tenido y quienes son los funcionarios que han acudido a las reuniones.
f) Indicar cuales son los acuerdos o recomendaciones, directrices o circulares emitidos por cada comisión a favor de los afrocostarricenses y a favor de indígenas. Favor adjuntarlas.
g) Informar cuáles han sido las gestiones, actuaciones, solicitudes, directrices, circulares, que históricamente ha emitido el Poder Judicial a favor de la Población Indigena y a favor de la Población Afro.
h) Informar si las circulares o directrices que emite el Poder Judicial para tutelar derechos de esta población protegida por el Convenio 169 de la OIT, se dirigen directamente solo a la población indígena o si por el contrario se dirigen de manera general a la tutela de protección de poblaciones Tribales.
i) Indicar cuál fue el fundamento jurídico, administrativo y técnico utilizado por el Poder Judicial, para nombrar los representantes de las subcomisiones de indígenas y afrodescendientes.
j) Informar cuales son los cursos de capacitación emitidos por el Poder Judicial, Escuela Judicial, sobre temas indígenas y sobre temas de derechos de los afrodescendientes, con indicación expresa de cuál fue la población judicial a la que se invitó a cada uno de esos cursos y los temas a tratar.
El Dr. Giovanni Beluche V., conversa con el biólogo ecologista Jorge Polimeni, acerca del legado de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), como homenaje al cumplirse 30 años del «misterioso» incendio en que murieron Oscar Fallas Baldí, María Del Mar Cordero y Jaime Bustamante en el contexto de la lucha de AECO y las comunidades del sur de Costa Rica contra la empresa Stone Forestal. Compartimos la entrevista:
ANEP conversó con el licenciado Óscar Ramírez Alpízar Jefe Área de Dotación de Personal de la Dirección de Administración y Gestión de Personal, quien detalló el plan que maneja la institución para poder generar estabilidad laboral a más de 25 mil trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social.
