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Mientras las comunidades enfrentan la escasez de agua y un fenómeno de El Niño intenso, avanzan las concesiones para extraer material de los ríos

  • El Concejo Municipalidad de Monteverde respalda la moratoria a la extracción mecanizada de materiales en el río Guacimal y sus afluentes.
  • Las comunidades advierten sobre el deterioro de los ríos y el riesgo para las fuentes que abastecen de agua a la población.

«El río Lagarto, de donde toma agua Lourdes, está cada vez más deteriorado. Entrando por Poza Azul hay un acceso al río y, hacia arriba, están sacando material para abastecer un quebrador que instalaron en Lourdes. El río permanece hecho un barrial, sucio, cada vez más pequeño y con menos agua. Ya casi no corre».

Este testimonio refleja una preocupación que se extiende por distintas comunidades de Puntarenas y Guanacaste: el deterioro de los ríos y las fuentes de agua, precisamente cuando se aproxima la época seca y se advierten condiciones climáticas asociadas al fenómeno del super Niño.

Pero esta no es la única concesión ni el único río. Según estudios del geógrafo guacimaleño Dany Villalobos, existen 62 áreas en reserva o trámite avanzado en los cantones Puntarenas, Montes de Oro y Abangares, de las cuales 17 son concesiones activas. El río Aranjuez es el más explotado hasta ahora, con 5 concesiones operando y el 33% de su cauce solicitado. Mientras que los ríos Guacimal y Lagarto tienen 2 concesiones activas cada uno, con el 45% y 40% de su cauce bajo solicitud, lo que significaría un impacto acumulado enorme para las cuencas (Villalobos,2026).

 Para el investigador, sumado a todos los impactos hidrológicos y ecológicos, es importante destacar la pérdida del dominio público del río, que se manifiesta en los usos socioculturales del agua que realizan las comunidades rurales puntarenenses, que hasta ahora no reciben la debida importancia dentro de los procesos de evaluación de impacto ambiental, pues la exclusión de sus puntos de vista sobre la actividad es sistemática.

Para el geógrafo que ha vivido toda su vida junto al río Guacimal “la suspensión permanente de sedimentos en el agua y alteración del cauce afectan o impiden por completo la normalidad de actividades humanas en el río. Los usos recreativos quedan completamente desplazados por los planes operativos de las empresas que generan una privatización de facto cuando enclavan en los ríos por 10 o hasta 30 años, de acuerdo a los plazos de explotación permitidos por el Código de Minería”.

La preocupación es especialmente grave porque muchas comunidades dependen directamente de los ríos y sus afluentes para abastecer sus tomas de agua. Incluso los sistemas que utilizan pozos dependen, en muchos casos, de las aguas subterráneas vinculadas con los mismos sistemas fluviales. El deterioro de los cauces y la disminución del agua ponen en riesgo, por tanto, distintas formas de abastecimiento comunitario.

Mientras las comunidades se organizan para buscar soluciones a un problema tan vital como garantizar el acceso al agua, el gobierno, por medio del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y las instancias competentes (SETENA y Geología y Minas), ha permitido avanzar en un escenario de múltiples solicitudes y concesiones para la extracción de materiales de los cauces de los ríos, mediante actividades de minería no metálica y quebradores, en beneficio de intereses empresariales privados.

Esta situación resulta particularmente preocupante ante la disminución de los caudales, el aumento de la presión sobre las fuentes de agua y los escenarios de sequía que podrían agravarse con El Niño. No se trata solamente de una discusión sobre extracción de materiales: está en juego la seguridad hídrica de las comunidades, la integridad de las cuencas y la protección de los ecosistemas que sostienen la vida.

Una buena noticia: Monteverde respalda la moratoria

En medio de este panorama, hay una noticia importante. El Concejo Municipal de Monteverde, mediante el acuerdo 02 de la sesión ordinaria 163-2026, del 3 de noviembre, manifestó su apoyo expreso a la Moratoria Municipal Reglamentaria Temporal a la extracción mecanizada de material en el cauce del río Guacimal y sus afluentes, aprobada por el Concejo Municipal del cantón Central de Puntarenas y publicada en La Gaceta N.° 156 del 19 de agosto de 2026.

La moratoria establece una suspensión de nuevos trámites y autorizaciones relacionados con esta actividad, con una vigencia inicial de 24 meses, prorrogables, condicionada a la elaboración de un informe técnico integral sobre la capacidad de carga del cauce y sus riesgos.

El acuerdo de Monteverde tiene especial relevancia porque reconoce que la cuenca del río Guacimal (vecino del Río Lagarto) debe entenderse como una unidad hidrológica y ecológica, incluyendo su parte alta en Monteverde. Además, solicita que esta dimensión sea considerada en los estudios técnicos y en los procesos de consulta pública.

El Concejo Municipal también instó al MINAE, la Dirección de Geología y Minas, SETENA, la Dirección de Aguas y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias a valorar la moratoria y aplicar el principio precautorio al tramitar solicitudes de extracción en la cuenca.

El agua no puede esperar

El respaldo de Monteverde demuestra la importancia de que los gobiernos locales asuman un papel activo en la protección de las cuencas y los bienes comunes. Frente a la presión de las actividades extractivas, las comunidades necesitan decisiones que prioricen el agua, la salud y las condiciones de vida de las poblaciones.

Es urgente detener el avance de nuevas autorizaciones mientras no existan estudios integrales, ordenamiento territorial y garantías suficientes para proteger las fuentes de agua y los ecosistemas. No podemos esperar a que los ríos pierdan su capacidad de abastecer a las comunidades para reaccionar. La protección del agua debe estar por encima del beneficio privado de las empresas extractivas.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Centro de Amigos para la Paz convoca a Encuentro por la Paz y los Derechos Humanos

El Centro de Amigos para la Paz invita al Encuentro por la Paz y los Derechos Humanos, que se realizará el domingo 15 de noviembre a la 1:00 p. m. en su sede, ubicada en San José, en avenida 6A, calle 15, costado oeste de los Tribunales de Justicia.

La actividad busca «construir juntos un espacio de paz». Cuenta con el apoyo

Se solicita confirmar la asistencia al teléfono 2233-6168.

Mensaje de agradecimiento de Pablo Sibar Sibar después de la audiencia del 10 de noviembre

Pablo Sibar Sibar, líder indígena brörán de Térraba, comparte un mensaje de agradecimiento por la solidaridad y el acompañamiento recibidos durante el juicio agrario realizado el 10 de noviembre, en el que enfrenta un intento de despojo de una finca que posee desde hace 15 años.

En su mensaje agradece a todas las personas y organizaciones que han estado pendientes de su caso. Sin embargo, recuerda que el juicio todavía no tiene una resolución definitiva y que es importante seguir atentos a su desarrollo.

Este proceso tiene implicaciones que van más allá de la situación personal de Pablo. Su resolución podría sentar un precedente para Térraba y otros territorios indígenas que enfrentan procesos de recuperación territorial y numerosos juicios agrarios pendientes.

Durante el juicio, Pablo presentó documentación y testimonios para demostrar la posesión de la finca y explicó los acuerdos de intercambio de propiedades realizados.

Comunicado compartido por la Clínica de Derechos Humanos Ambientales del IDELA-UNA.

SURCOS le invita a escuchar el breve mensaje de Pablo Sibar Sibar.

Jean-François Millet: el pintor del realismo

Gabe Abrahams

Jean-François Millet fue un destacado pintor del realismo que plasmó la realidad de los campesinos franceses del siglo XIX. El presente artículo lo recuerda.

Jean-François Millet nació el 4 de octubre de 1814 en la aldea de Gruchy, Gréville-Hague, Normandía, Francia, en el seno de una familia de campesinos.

Sus padres fueron miembros de la comunidad agrícola de la citada aldea y él, de pequeño, participó en las labores de la misma, estudió en la escuela y aprendió latín.

En 1833, Jean-François Millet se trasladó a Cherburgo para estudiar arte, en concreto pintura. Y, en 1837, marchó a París para completar sus estudios en la École des Beaux-Arts, bajo la dirección del pintor Paul Delaroche. Allí perfeccionó su técnica y creció como artista.

Ya en 1841, Jean-François Millet se casó con Pauline Virginie Ono-dit-Biot, pero al cabo de tres años esta falleció por tuberculosis. Entonces se unió a Catherine Lemaire, con la cual tuvo nueve hijos.

En la primera mitad de la década de 1840, Millet se decantó por pintar retratos siguiendo el estilo oficial, aunque después optó por el realismo. En 1848, así pues, Millet pintó Un vanneur (El aventador) y, en 1850, Le semeur (El sembrador), dos obras magníficas dedicadas a mostrar la realidad de los campesinos franceses.

En esas fechas, el artista se trasladó a Barbizon, un pueblo del bosque de Fontainebleau, situado a las afueras de París, y se unió a la Escuela de Barbizon.

En los años posteriores, Millet siguió pintando magníficas obras realistas dedicadas a la misma temática campesina como Las espigadoras (1857), El Ángelus (1857-1859) y El hombre con la azada (1860-1862). Y tocó techo.

En la obra Las espigadoras, Millet pintó una escena con varias campesinas trabajando en el campo cerca de Barbizon. La obra mostró la fatiga que les provocaba su labor al pintar sus espaldas encorvadas hacia el suelo.

En la obra El Ángelus, Millet pintó una escena de dos campesinos rezando el ángelus, en una llanura que tenía en el fondo a la población de Chailly-en-Bière, próxima a Barbizon. La obra remarcó que los campesinos realizaban su esforzada labor, sin olvidar dar gracias a dios por medio de su culto.

En la obra El hombre con la azada, Millet pintó a un campesino descansando sobre su herramienta de trabajo. La inclusión de cardos y espinas en la pintura simbolizó el trabajo duro y el cansancio al que se encontraba sometido.

En definitiva, en esas obras del realismo, Millet mostró una vez más la realidad de los campesinos franceses de su tiempo, exponiendo sus duras condiciones laborales en Las espigadoras y El hombre con la azada y sus convicciones más íntimas en El Ángelus, lo cual molestó a la burguesía y el capitalismo del momento.

Millet ayudó a que el arte dejase de ser una mera exaltación de lo bello y transitase hacia convertirse en una herramienta de expresión de la realidad.

En 1867, la Exposición Universal de París albergó una muestra de las obras de Millet y la acogida fue buena. Y, trascurrido un año, el Estado francés premió la trayectoria de Millet, nombrándole caballero de la Legión de Honor francesa.

En 1870, el Salón de París incorporó a Millet a su jurado, pero, al poco tiempo, él y su familia se marcharon de la capital francesa en la que entonces vivían por cuestiones políticas, terminando otra vez en Barbizon.

Durante los últimos años de su vida, Jean-François Millet se dedicó a pintar paisajes y obras destacadas como Pajares, Otoño (1874), recibiendo un reconocimiento pleno por su labor artística.

El 3 de enero de 1875, tras más de treinta años de convivencia, Millet se casó con su compañera Catherine Lemaire. Y, solo diecisiete días después, falleció en Barbizon, siendo enterrado en el cementerio comunal de Chailly-en-Bière.

Jean-François Millet dejó un legado para la posteridad que influyó en artistas de movimientos posteriores como el realismo social y el impresionismo. Entre otros, Millet inspiró al pintor Claude Monet y sus pinturas dedicadas a la costa de Normandía y al pintor Vincent van Gogh y sus paisajes. Van Gogh sintió una devoción tan grande hacia él que describió el encuentro con su obra de la siguiente forma: “Cuando entré en la sala del Hotel Drouot, donde estaban expuestos sus dibujos, sentí alguna cosa como: descálzate porque el suelo que pisas es sagrado”.

Han pasado más de 150 años del adiós de Jean-François Millet y su legado sigue manteniendo un gran atractivo. Lejos de venirse abajo, todavía resulta una guía imprescindible del realismo del siglo XIX, y sobre todo una guía comprometida con los sufridos campesinos franceses de ese siglo.

Panoramas SURCOS | 10 de noviembre de 2026

Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:

Organizaciones sociales, sindicales y académicas se suman a la marcha en defensa de la educación pública de este 11 de noviembre.
https://wp.me/p6rfbZ-Azp

Juicio contra Pablo Sibar en Térraba: lo que está en juego para los derechos territoriales indígenas.
https://wp.me/p6rfbZ-Azb

Rocío Alfaro: nuevo reglamento busca burlar dos sentencias de la Sala Constitucional sobre la representación sindical en la CCSS.
https://wp.me/p6rfbZ-Azy

Defender el 0,25% del Banco Popular es defender una visión integral de la seguridad social.
Vivian Rodríguez Araya.
https://wp.me/p6rfbZ-AyS

Iglesia, me dueles.
Pbro. Glenm Gómez Álvarez.
https://wp.me/p6rfbZ-Az0

Unas palabras sobre la reelección.
Walter Antillón.
https://wp.me/p6rfbZ-AzB

La elección del director general de la OIT: entre la estabilidad institucional y la urgencia de los trabajadores del mundo.
https://wp.me/p6rfbZ-Azn

El Escudo de las Américas: debacle imperial y pérdida de soberanía nacional.
Juan Huaylupo.
https://wp.me/p6rfbZ-Azl

A propósito de una demanda internacional contra Costa Rica ante el CIADI que explica que … se organizara un «conversatorio» en Turrúcares: acto I.
Nicolas Boeglin.
https://wp.me/p6rfbZ-Azi

UNDECA: ¡las personas trabajadoras no son responsables de la crisis hospitalaria!
https://wp.me/p6rfbZ-Azg

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Unas palabras sobre la reelección

Walter Antillón

En general, la cuestión de la reelección es particularmente importante en los sistemas presidencialistas, en los que una duración indefinida del mandato ha sido identificada como un factor de riesgo democrático.

El ius honorum (derecho a ser electo en un alto cargo público), al igual que el ius suffragi (derecho a elegir), es fundamental e infaltable en el elenco de los derechos políticos previstos por la Constitución y los tratados. Pero ¿cuántas veces podría alguien ser distinguido con una elección popular? ¿Una, dos, tres veces?

En la experiencia histórica, eso ha tenido diferentes soluciones, dependiendo de distintas circunstancias: a) para la Presidencia de México, tenemos un único período sin reelección; b) para Estados Unidos y Brasil, cabe una única reelección inmediata; pero transcurrido un período, la persona podría volver a postularse; c) para Nicaragua y El Salvador, la reelección puede ser indefinida. Etc. ¿De qué ha dependido en cada caso? De los equilibrios del poder.

Los politólogos han observado que en los países políticamente desarrollados y con una institucionalidad fuerte (como Estados Unidos), la tendencia va hacia una reelección restringida; mientras que los democráticamente inmaduros, carentes de instituciones sólidas (como son, claramente, muchos en Latinoamérica) caen fácil y repetidamente en la reelección indefinida.

Para cualquier gobernante no resulta fácil renunciar a las ‘mieles del poder’ una vez que las ha probado; de modo que, si dispone de un haz de facultades y de un largo período para usarlas, tendencialmente va a buscar la manera de torcer las reglas que lo limitan, va a usar todas las posibilidades a su disposición para perpetuarse en el cargo; y si el país no cuenta con frenos vigorosos, el daño es irreversible.

Costa Rica ha tenido la suerte de haber consolidado algunas instituciones esenciales para preservar su régimen jurídico; pero ha arrastrado, por culpa de una tanda de gobiernos irresponsables, un déficit de gobernabilidad en relación con sus clases pobres, sobre todo en lo que concierne a su economía, su salud, su educación; mientras que por el otro lado ha permitido el ascenso de un grupo de nuevos ricos que casi han reventado el coeficiente de Gini, que registra la desigualdad.

Como todos hemos podido ver, esa debilidad estructural ha sido exitosamente explotada por los gobiernos Chaves-Fernández para fines electorales: creen que se han ingeniado una eterna fabriquita de votos con su espectáculo de los miércoles, pero por ahí pueden venir sorpresas (remember Trump).

Mientras tanto, Costa Rica ha podido resistir el brutal asedio que ese gobierno ha puesto sobre las instituciones más vitales: el Poder Judicial, las universidades públicas, la prensa, la Contraloría, la Caja, el ICE, etc. Nuestro pueblo está cada vez más consciente y más organizado, y más temprano que tarde le pasará la cuenta.

Lo tenemos claro: Chaves no está interesado en resolver los graves problemas del país, sino en demoler las instituciones y perpetuarse en el poder. Lo cual explica su proyecto de reforma constitucional para establecer la reelección indefinida.

¿Qué quiere hacer este señor con un poder ilimitado? Echemos un vistazo alrededor del continente, y saldrá la respuesta.

Rocío Alfaro: nuevo reglamento busca burlar dos sentencias de la Sala Constitucional sobre la representación sindical en la CCSS

Rocío Alfaro Molina, electa por el movimiento sindical como su representante en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), denunció que el nuevo reglamento del Poder Ejecutivo sobre la elección de los sectores sociales en ese órgano «pretende ser la herramienta para burlar las dos sentencias de la Sala Constitucional que ordenaban al Consejo de Gobierno juramentarme».

Según Alfaro, el decreto es «un instrumento ad hoc y retroactivo para impedir la participación del sector sindical y para poder imponer a una persona a gusto del gobierno, Roger Rivera, quien nunca fue electo por el sector».

Rocío Alfaro Molina es juramentada en la asamblea sindical que la eligió como representante del sector en la junta directiva de la CCSS.

Los antecedentes

El 9 de junio de 2026, la Asamblea del Movimiento Sindical eligió a Rocío Alfaro Molina como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como suplente para el periodo 2026-2030. El Consejo de Gobierno rechazó la designación, pero la Sala Constitucional anuló esa decisión mediante la resolución 2026-031380, del 13 de agosto, y lo reafirmó en la resolución 2026-038199, del 6 de octubre. Pese a ello, el gobierno nombró a Roger Rivera Mora como representante sindical pro tempore.

En su resolución de agosto, según recoge el propio decreto, la Sala estableció que el Consejo de Gobierno solo puede hacer una verificación «objetiva y formal» de la persona electa por los sindicatos. Esa verificación se limita a constatar prohibiciones, incompatibilidades y requisitos objetivos. La valoración de requisitos subjetivos, como la «máxima honorabilidad» o las «competencias económico-sociales», corresponde al movimiento sindical.

Lo que cambia el reglamento

El decreto ejecutivo n.º 45985-MP, firmado el 5 de noviembre por el primer vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Francisco Gamboa Soto, y por el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, se publicó en el Alcance n.º 148 a La Gaceta del 9 de noviembre. Reforma el reglamento de 2024 en tres aspectos centrales:

  • Nuevos requisitos de procedimiento. Las organizaciones deberán enviar al Consejo de Gobierno, dentro de los tres días naturales siguientes a la asamblea, el expediente completo de la designación: atestados, actas, informes sobre la honorabilidad y la competencia de la persona electa, y una explicación firmada de la valoración realizada que identifique a las personas que la hicieron. Toda la documentación debe estar certificada por notario público. El Consejo de Gobierno «no formalizará el nombramiento» hasta recibir ese expediente.
  • Traslado de responsabilidades. El decreto dispone que la valoración de los requisitos subjetivos «traslada de pleno derecho a las organizaciones proponentes y a sus responsables las eventuales responsabilidades civiles, administrativas y penales».
  • Prórroga de representantes anteriores. Un nuevo artículo 6 bis establece que, si no hay representación sectorial nombrada, se prorrogará provisionalmente el «nombramiento válido y eficaz inmediato anterior» hasta que se juramente a la nueva persona. Si esa persona no acepta, el Consejo de Gobierno podrá iniciar un «nombramiento provisional y excepcionalísimo».

En sus considerandos, el Ejecutivo justifica la reforma en la necesidad de dar «certeza, transparencia y seguridad jurídica» al procedimiento y de evitar que las vacantes paralicen la Junta Directiva de un servicio público esencial.

La lectura de Alfaro

Alfaro señala que se sabía que la Junta Directiva sería convocada a sesión ordinaria el jueves 12 de noviembre. Según ella, eso hacía pensar que finalmente se cumpliría lo ordenado y que se juramentaría a la representación electa por los sindicatos, «pues de otra manera tendrían que hacerlo bajo la figura de “funcionario de hecho”, con limitaciones de agenda».

La dirigente sostiene que el gobierno no quiere que la representación sindical participe en debates polémicos de la Junta Directiva, como la pérdida de trazabilidad de recursos por el ERP, las contrataciones con empresas privadas de salud, la paralización de obras de infraestructura o los cambios en la edad de pensión. Afirma, además, que existen presiones de cooperativas relacionadas con el caso Barrenador para que se les adjudiquen áreas de salud.

Alfaro anunció que se valoran «las acciones legales y constitucionales para impedir este nuevo atropello a la autonomía sindical, a la seguridad social, al derecho a la salud pública y, sobre todo, al Estado de derecho y el orden constitucional».

Organizaciones sociales, sindicales y académicas se suman a la marcha en defensa de la educación pública de este 11 de noviembre

Este miércoles 11 de noviembre se realizará una marcha nacional en defensa de la educación pública, convocada por los sindicatos del Magisterio Nacional: la Asociación Nacional de Educadoras y Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC). A la convocatoria se han sumado organizaciones sindicales, sociales, académicas y profesionales.

La salida será a las 9:00 a. m. del parque Braulio Carrillo (La Merced), en San José, y la llegada, a la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa.

Las demandas

Las convocatorias coinciden en la defensa de la educación pública frente a los recortes en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 y en la exigencia de cumplir el artículo 78 de la Constitución, que establece una inversión en educación no inferior al 8 % del PIB. También incluyen el rechazo al congelamiento salarial en el sector público, el pago puntual y completo del aguinaldo, el pago de las deudas del Estado con la CCSS y con el régimen de pensiones del Magisterio, y la defensa del Estado social de derecho y de la institucionalidad pública.

Las organizaciones que convocan

En orden alfabético, estas son las organizaciones que han difundido su llamado a la marcha:

  • Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Regional 01. Llama a todas las personas trabajadoras de la educación a participar para «defender nuestros derechos laborales, la dignidad de nuestra profesión y el fortalecimiento de la educación pública costarricense».
  • Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Convoca «en defensa de la educación pública», «contra el congelamiento salarial» y «por el pago del aguinaldo puntual y completo».
  • Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO). Acordó en sesión plenaria respaldar la lucha del magisterio, que considera «una expresión de defensa del Estado social de derecho, de la institucionalidad pública, de los derechos laborales y de las conquistas sociales».
  • Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y universidades públicas. Convocan a la ciudadanía a participar, porque la educación pública «es un pilar fundamental para el desarrollo del país y una oportunidad para construir un futuro con más posibilidades para todas las personas».
  • Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica. Se suma a la que denomina «gran marcha por la educación y la institucionalidad».
  • Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE). Llama a movilizarse «por la democracia, por la educación pública, por la CCSS» y por «justicia al agricultor».
  • Pacto por la Educación Pública y Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo. Difunden la convocatoria de los sindicatos del Magisterio Nacional a la «gran marcha en defensa de la educación pública».
  • Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES). Llama a acompañar al magisterio porque «la defensa de la educación pública no es un asunto gremial: es la defensa del principal mecanismo de movilidad social que ha tenido Costa Rica».
  • Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA). Respalda la movilización con la consigna «la lucha del Magisterio Nacional es también nuestra lucha», contra el congelamiento salarial y por el pago de la deuda con la CCSS.

Las organizaciones coinciden en llamar a una participación pacífica, firme y organizada.

La elección del director general de la OIT: entre la estabilidad institucional y la urgencia de los trabajadores del mundo

ISFODE

La elección del próximo director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prevista para el 16 de noviembre de 2026, no es un trámite burocrático más. Es una decisión que definirá si la agencia tripartita de Naciones Unidas encargada de los derechos laborales será capaz de responder, con normas vinculantes y capacidad de supervisión, a una realidad global que castiga a cientos de millones de trabajadores con la informalidad, la pobreza laboral y la pérdida de libertades sindicales. El actual director general, Gilbert Houngbo, busca un segundo mandato. Su respaldo mayoritario en la Confederación Sindical Internacional (CSI), confirmado el 29 de octubre de 2026, consolidó su posición frente a la candidatura de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social de España. Pero ese respaldo, lejos de cerrar el debate, lo profundiza: ¿estabilidad para gestionar la crisis, o cambio para recuperar la centralidad regulatoria de la OIT?

La importancia de una elección bajo presión

El contexto en el que se celebra esta elección es el de una OIT financieramente asediada. Estados Unidos adeuda alrededor de 173 millones de dólares en contribuciones obligatorias de 2024 y 2025, lo que ha llevado a la organización a proponer recortes del 12,5% del presupuesto y la eliminación de 120 puestos de un total de 3.400. Houngbo ha defendido explícitamente la continuidad como garantía de estabilidad frente a un multilateralismo desafiado, y ha propuesto la creación de un fondo rotatorio para evitar que crisis como la actual se repitan.

La CSI justificó su apoyo en avances concretos de su primer mandato: nuevas normas internacionales del trabajo sobre trabajo en plataformas digitales y riesgos biológicos, el reconocimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable como principio y derecho fundamental, y la remisión de la disputa sobre el derecho de huelga a la Corte Internacional de Justicia. Para la CSI-África, el respaldo se basó además en un argumento de legitimidad histórica: Houngbo fue el primer africano en dirigir la OIT, y su liderazgo durante una de las peores crisis financieras de la organización merece un segundo mandato para consolidar reformas.

Sin embargo, la decisión de la CSI no fue unánime. La Confederación Europea de Sindicatos (CES) expresó su «enfado» con la cúpula mundial, señalando que el apoyo a Houngbo no fue adoptado por el Consejo General sino mediante una votación «indicativa» y no formal, y que la candidatura de Díaz contaba con simpatías en organizaciones americanas, asiáticas y africanas. La división sindical es real y refleja una tensión de fondo sobre el modelo de actuación de la OIT.

La crítica que no puede ignorarse

Las posiciones críticas, recogidas en el debate interno sindical, cuestionan que bajo el mandato de Houngbo la OIT haya tendido a priorizar una agenda de «gestión de crisis de estabilidad» en lugar de afianzar su vertiente regulatoria e impulsora de normas globales sobre condiciones de trabajo decente. Se señala también una pérdida de centralidad del diálogo social tripartito tradicional frente a soluciones burocráticas o presupuestarias de carácter pragmático.

Estas críticas no son abstractas. La propia OIT reconoce que solo el 37% de las evaluaciones de impacto en empleo incluyeron alguna consulta con los interlocutores sociales, y apenas el 7% los involucró activamente. El 34% de los Estados miembros registró un deterioro de la libertad sindical y la negociación colectiva entre 2021 y 2024. Si la gobernanza laboral global se debilita precisamente cuando más se necesitaría para corregir las asimetrías del sistema económico internacional, la pregunta sobre el liderazgo de la OIT adquiere una urgencia que trasciende la coyuntura administrativa.

La realidad socioeconómica que la elección no puede ocultar

La reflexión sobre la elección del director general debe anclarse en la situación concreta de los trabajadores, sin perder la perspectiva de la dependencia global. Los datos de la OIT para 2026 son elocuentes: el desempleo mundial se mantiene en 4,9%, pero cerca de 300 millones de trabajadores viven con menos de 3 dólares al día y se prevé que 2.100 millones estén en la informalidad. El problema no es principalmente la falta de empleo, sino la calidad del empleo que el sistema global produce y distribuye.

Esa dependencia opera a través de tres canales que fracturan la situación de los trabajadores según su ubicación en la economía mundial. Primero, la brecha de productividad y la desaceleración de la transformación estructural: la productividad laboral en los países de bajos ingresos crece débilmente, profundizando las desigualdades geográficas. Segundo, la incertidumbre comercial: las reglas del comercio global y los cuellos de botella en las cadenas de suministro erosionan los salarios, aunque el comercio sostiene 465 millones de empleos. Tercero, la presión demográfica asimétrica: mientras las economías ricas envejecen, los países de bajos ingresos deben absorber un crecimiento poblacional rápido con empleos productivos insuficientes.

El resultado es una divergencia radical. En América Latina, el Índice de Mejores Empleos del BID muestra una mejora histórica de la calidad del empleo (40,6 sobre 100), pero siete de cada diez trabajadores no cotizan a la seguridad social y la informalidad ronda el 69%. En la Unión Europea, uno de cada doce trabajadores (8,2%) sufría pobreza laboral en 2024. En los países de bajos ingresos, la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan alcanza el 27,9%, frente al 12,4% global de desempleo juvenil. El mismo sistema global que genera crecimiento agregado produce resultados radicalmente distintos para un trabajador formal europeo, un informal latinoamericano y un joven africano o asiático sin empleo productivo.

Conclusión: la estabilidad no basta

La elección del 16 de noviembre no es solo una disputa entre dos candidaturas. Es una decisión sobre si la OIT seguirá gestionando la crisis con criterios de supervivencia institucional o si recuperará la capacidad regulatoria que la dependencia global exige. Houngbo ha demostrado que puede mantener la organización a flote en aguas hostiles, y ese mérito no es menor. Pero la estabilidad administrativa, por necesaria que sea, no corrige por sí sola las condiciones de cientos de millones de trabajadores cuya situación depende de decisiones que se toman muy lejos de sus lugares de trabajo.

La CSI y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) valoraron esa estabilidad; los críticos europeos señalaron que la centralidad del tripartismo se erosiona frente a lógicas burocráticas. Los datos sobre la mesa sugieren que ambos tenían razón en algo: la OIT efectivamente sobrevive en un entorno hostil, pero esa supervivencia no está corrigiendo las asimetrías que la dependencia global reproduce. El próximo director general, sea quien sea, heredará una organización financieramente frágil y un mandato constitucional que exige mucho más que gestión de crisis. La pregunta que el movimiento sindical debe seguir planteando es si la OIT será capaz de estar a la altura de esa exigencia.

El Escudo de las Américas: debacle imperial y pérdida de soberanía nacional

Juan Huaylupo

En el espacio latinoamericano contemporáneo la globalización de las relaciones internacionales en las políticas nacionales ha adquirido una importancia vital para el sostenimiento político norteamericano a través de los procesos electorales para gobiernos autocráticos, las clases propietarias del capital y de las derechas nacionales. Un proceso de mutua conveniencia política, a la vez permite garantizar a EE. UU el saqueo de los recursos y riquezas estratégicas, ante su debilitamiento económico, político y militar en el mundo y particularmente en el Oriente Medio.

No obstante, la influencia norteamericana no es absoluta, tiene la sumisión de algunos gobernantes, como el costarricense, pero también se ha ganado el repudio de muchas naciones y poblaciones del mundo. Su presencia se ha incrementado en Latinoamérica con bases militares, con la complicidad rastrera y corrupta de gobiernos, parlamentos y los medios, para intentar reproducir el pasado, donde lo militar constituía el fundamento ante las inferiores capacidades de resistencia y defensa nacionales, pero el presente ha cambiado. La furtiva agresión imperial no es garantía para la ocupación, saqueo ni piratería, debido a los apoyos internacionales, como por los intereses geopolíticos que impiden o limitan el expansionismo territorial, político, o militar norteamericano, así como por los compromisos, inversiones, concesiones y tratados mercantiles, productivos, de cooperación o de ayuda mutua, que constituyen barreras en la interdependencia de las relaciones internacionales.

Las guerras han redefinido fronteras, sociedades, recrearon tecnologías, así como han permitido destruir y monopolizar mercados. De este modo, nuevos mercados son dominados para mantener la hegemonía imperial y condicionar las economías locales. No obstante, en nuestros días las diferencias entre potencias están mediadas por riesgos nucleares y la posibilidad latente de enfrentamientos globales, con capacidad destructiva de los sistemas económicos, naturaleza y humanidad, dado que el ente internacional de supervisión, control y no proliferación nuclear, no es una organización para eliminar dichas armas, ni para evitar su posesión y uso, sino para su concentración catastrófica entre los países que las poseen, y para conservar la capacidad disuasiva de dominio y supremacía económica y política sobre otras naciones. Esto es, los países poseedores de armas nucleares: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, son miembros del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), un organismo que impide que otras naciones desarrollen y posean dichas armas, mientras que los integrantes del TNP tienen la libertad de incrementarlas, diversificarlas y emplearlas, como aquellos que las poseen, sin formar parte del (TNP): India, Pakistán, Corea del Norte e Israel, que están alineados con alguna potencia político-militar.

Costa Rica y otros espacios nacionales son escenarios que semejan las acciones y disputas competitivas que efectuaba el gobierno norteamericano en áreas de influencia política y económica y militar inglesa en nuestra América. Recordemos que luego de las conquistas independentistas, Gran Bretaña tenía una gran influencia política y económica que historiadores denominaron como el “imperio informal” quien creó los conocidos bancos Anglo, que producían su propio dinero, con el cual se adquirían cualquier bien o mercancía, proceso que se eliminó con la formación de los bancos centrales. El naciente imperio norteamericano, con su creciente industrialización y expansionismo, sustituyó a Gran Bretaña en un proceso paulatino, desde fines del siglo XIX con el panamericanismo, hasta la primera mitad del siglo XX.

En el presente el dominio político y económico norteamericano en Latinoamérica no es exclusivo. La expansión mercantil de nuestro espacio es con muchos países, las inversiones chinas, japonesas, españolas, canadienses, holandesas, alemanas y entre países latinoamericanos, constituyen límites a las inversiones norteamericanas, que a diferencia de otros tiempos, no cuenta con la presencia, protección o amenaza imperial.

La pérdida de la hegemonía norteamericana en el universo capitalista se manifiesta con la creación del Escudo de las Américas, una efímera, endeble e ilegítima agrupación suscrita con gobiernos para apoderarse de las reservas y recursos estratégicos, tener preferencias mercantiles, expandir la industria de guerra norteamericana y autoproclamarse regulador de nuestras relaciones internacionales.

La adhesión geopolítica gubernamental costarricense al destino de una potencia en declive, no solo contamina nuestras relaciones globales, perdemos soberanía, también impacta y condiciona las prácticas económicas, políticas y sociales. El gobierno costarricense al atreverse a regalar la soberanía nacional con la suscripción de un espurio documento sin validez jurídica ni social, que acepta la intervención militar, la adquisición masiva de armamento norteamericano, nos obliga a defenderlo en confrontaciones bélicas y a privilegiar sus intervenciones económicas y mercantiles nacionales. Insulta nuestra soberanía e institucionalidad y nos somete a la colonialidad del poder, ello es, en términos políticos, una traición a los intereses de la patria, a vista y paciencia del silencio de los parlamentarios y magistrados.

En su declive el imperio crea administradores de gobiernos, mientras se imagina ser el amo del presente y futuro costarricense.