Más de 71.000 millones de colones fue lo recaudado por los partidos políticos en la pasado contienda electoral. Eso es casi el doble de lo que el TSE tenía previsto como deuda política para este proceso.
Solo el partido oficialista colocó en bonos la suma de 3.481 millones de colones después de las elecciones, es decir, el 22% del total de la gigantesca suma gastaba por esa entidad política. Tres inversionistas, tres personas físicas, adquirieron bonos por 556 millones, un 64% de los colocados en febrero y marzo.
A este mismo partido 10 inversores le aportaron 2.000 millones de colones. De esos, cuatro aportaron 1.262 millones.
Otros montos de la campaña dejan mucho que pensar. Por ejemplo, de la veintena de partidos participantes, solo cinco se repartieron esas sumas gigantescas. Los demás, chitón y tragar pa’adentro.
En la elección presidencial cada sufragio les costó 5.527 colones. Fue una elección de y para los ricos.
Esos datos solos, así de fríos, son capaces de hacernos pensar acerca de la calidad democrática de nuestro sistema electoral y, en general, de nuestro sistema político. ¿Es nuestra democracia tan democrática como se obstinan en repetirnos?
Lo cierto es que la campaña electoral, los representantes electos y la democracia misma tienen dueños: son 292 financistas y 23 medios de comunicación (entre ellos Trivisión y Repretel, que aportaron al PSSO 131 y 126 millones, respectivamente), los cuales pusieron la mayor cantidad de dinero y además se repartirán 12.827 millones de la deuda política. Y esos financistas no son filántropos: ellos cobran unas tasas de redescuento altísimas, a veces de un 40%, es decir, que el partido les vende bonos por 100 pero estos solo reciben 60. Lo otro es ganancia neta del financista y a costa de su dinero y el mío, pues el estado es el que al final paga a través de la deuda política.
Los que no estamos en ese grupo de elegidos no tenemos ninguna posibilidad de elección y menos de hacer escuchar nuestra voz. Ellos son los que mandarán en los próximos cuatro años y no sabemos por cuántas décadas más.
“La ley se estira y se encoge según a quien se le aplica, esto pasa en todas partes, pero más en Costa Rica”, decía Aquileo Echeverría. Pues lo cierto es que nuestra santa democracia no ha sido ni tan santa ni tan democracia como nos la pintan. Así, con marca de gamonal, vendiéndose al que mejor paga, así ha andado esa señora desde que era joven.
En la primera mitad del siglo pasado el fraude era santo y señor. Los partidos tenían unos tipos sagrados que, al decir de la gente, “lo sabían hacer”, es decir, eran maestros en el fraude. Y no se crea que por eso los despreciaban. Al revés, eran muy respetados no porque hicieran buenos negocios, que también los hacían, ni porque desfalcaran al fisco, que también lo desfalcaban, sino simplemente “por lo sabían hacer” y por eso había que estar bien con ellos.
El fraude, además, tenía otros ropajes. Ricardo Jiménez Oreamuno fue obligado a dejar su cuarta y última postulación a punta de cruceta, es decir, a punta de garrote. Don Ricardo, el viejo liberal, se había aliado entonces con los comunistas y el presidente León Cortés mandaba a sus matones a deshacerle por la fuerza sus mitines. Don Ricardo, ya muy viejo, renunció y se fue para su casa y las elecciones las ganó cómodamente Calderón Guardia.
Así transcurrió el siguiente proceso electoral, en que resultó electo Teodoro Picado, y el siguiente, supuestamente ganado de Otilio Ulate. Para entonces el poder electoral lo manejaba la oposición.
Algunos políticos de alto ruedo habían llamado ya al cambio de la institución electoral y habían propuesto un tribunal electoral no dependiente ejecutivo, sino otro similar al que tenemos hoy en día, disimuladamente neutral. La propuesta vino de Fernando Soto Harrison, que fue fundador del partido de Calderón Guardia y ministro de calderonismo. Cuando su propuesta fue rechazada y arrolló sus bártulos y se fue tranquilo a vivir a Estadios Unidos. Él mismo fue el que, poco antes de morir, me contó muchas de las cosas que aquí he narrado.
Entonces el poder electoral siguió controlado por el ejecutivo, quien lo puso en manos de la oposición después de la huelga de brazos caídos. Ese tribunal permitió el fraude en favor de Ulate. Los resultados fueron anulados por la Asamblea Legislativa, quien llamó a nuevas elecciones. Entonces esa anulación sirvió de excusa para que Figueres se lanzara a la guerra civil. Prefirió la guerra fratricida a unas nuevas elecciones, y así pasó a la historia como el apóstol de nuestra democracia.
Luego vinieron 18 meses de gobierno de facto, luego un gobierno de Otilio Ulate que no eligió nadie, y más tarde el primer gobierno constitucional de José Figueres Ferrer, electo en una contienda en que los dos principales partidos de oposición, el calderonista y el comunista, estaban fuera de ley y sus líderes en el exilio.
Pasaron dos largas décadas de ilegalización y persecución de los partidos de izquierda. A costarricenses ilustres se les negaron los derechos políticos, entre ellos a Joaquín García Monge, a Enrique Obregón Valverde, a Víctor Manuel Arroyo y, por supuesto, a Manuel Mora Valverde y sus compañeros.
No fue sino hasta 1970 que el partido de los comunistas pudo participar en elecciones y lo hizo gracias a un truco parlamentario. Sucede que Vanguardia Popular había tratado de inscribir el Partido Acción Socialista (PASO). Como al partido lo ponían fuera de ley con cualquier excusa, entre ellas la de que su bandera se parecía a la de Tanzania, Vanguardia propuso la bandera de los cuatro colores: negro, azul, rojo y verde. Nosotros decíamos que era la bandera de los cinco colores: lo cuatro del trapo y el que se daba uno cuando la llevaba.
Pues bien, el TSE puso a este partido y a su horrible bandera fuera de ley. Pero resulta que la prohibición tenía que ser ratificada por la Asamblea Legislativa. Diputados amigos hicieron largas, llegó el día del receso parlamentario y entonces, con la asamblea en receso, la prohibición del TSE no se pudo aplicar. Un mes tuvo el partido para armar su campaña electoral, enero, y con esa corta campaña eligió dos diputados, a Manuel Mora y a Marcial Aguiluz.
Años más tarde, en 1984, el TSE volvió a ilegalizar un partido que intentó inscribirse con el nombre de Partido Comunista Costarricense, pero esa es otra historia.
Ahora volvemos al presente con el panorama descrito al comienzo. Las delegaciones de la OEA y de la Unión Europea hicieron señalamientos serios sobre esta situación. Dijeron, por ejemplo, que había fuertes indicios de que la campaña había sido financiada con dinero más habido, posiblemente proveniente del narcotráfico. Nuestra financiación, dice la comisión de la UE, es “ampliamente considerada susceptible de ser utilizada para el blanqueo de capitales procedentes de fuentes ilícitas”.
Llamaron a establecer un sistema de financiamiento “que garantice recursos oportunos para todos los partidos políticos —nacionales, provinciales y cantonales— y reduzca la dependencia del financiamiento privado”.
Propusieron abrir espacios en los medios de comunicación para todos los partidos, grandes y pequeños. Ambos llaman a establecer límites a aportes privados.
Yo siempre he creído, y he propuesto muchas veces, que el Estado, que de todos modos es el que va a pagar los gastos, mantenga los millones correspondientes a la deuda política en líquido, y que los ofrezca a los partidos con tasas de redescuento muy bajas o con ninguna, con el fin de evitar que los partidos recurran al inversor privado. Sería un gran ahorro para todos, pero, claro, una enorme pérdida para los inversores.
La democracia costarricense es un sistema de poder de una clase, es un instrumento al servicio de la oligarquía nacional, íntimamente emparentada con el capital extranjero. Es un instrumento de opresión sobre las clases populares. Eso no va cambiar con reformas. Para que haya un verdadero giro de timón debe haber antes un cambio de timonel. Para que sea una democracia para todos, habrá que quebrar ese sistema de dominio de la oligarquía y sustituirlo por el sistema de dominio del pueblo trabajador. Denunciar esto es lo más útil y lo más importante.
No obstante, se pueden proponer reformas, como esas adelantadas por las comisiones de la OEA y la Unión Europea. ¿Habrá quien le ponga el cascabel al gato? Esa llamada alianza opositora, ¿se atreverá a tocar los grandes intereses que los financistas o les dará miedo quedarse sin ayuda de ellos en las próximas elecciones? Cada uno tiene el derecho a tener su opinión. Yo apuesto a que no se van a atrever a mover un dedo y que en cuatro años estaremos repitiendo lo mismo que hoy.
Publicado originalmente en la revista digital europea MEER
Cuando uno lee los relatos de los viajeros y cronistas europeos y estadounidenses que recorrieron el territorio de Costa Rica en el siglo XIX, llama la atención que haya muy pocas menciones de mujeres en particular. Esto no es de extrañar, pues por entonces —incluso en los altos círculos sociales— a la mujer se le ignoraba, al punto de que muy rara vez se indicaban sus nombres, y apenas si se les nombraba con el apellido de sus maridos. No obstante, en las crónicas que he podido leer, he detectado varios casos de mujeres, todas del mundo rural, que llamaron la atención por ser muy atractivas.
Aunque, por supuesto, el concepto de belleza física tiene un fuerte sesgo cultural, pues el ideal de belleza es diferente en cada etnia, entre los viajeros y cronistas hay alusiones tanto a mujeres indígenas y mulatas, como a caucásicas.
En el primer caso, cuando en 1860 el médico y naturalista Alexander von Frantzius visitó el valle de Orosi —habitado por indígenas—, manifestó que, ante sus ojos de alemán, “los indios de Orosi no tienen absolutamente bellas formas corporales; son en su mayoría algo rechonchos, y las mujeres, especialmente las jóvenes, muy obesas o barrigudas. Tienen caras anchas y redondas, con pómulos algo salientes. El color de su piel es amarillo moreno y su cabellera negra y lacia”.
En el segundo caso, cuando en 1858 el periodista y diplomático francés Félix Belly arribó a San Juan del Norte (Greytown), en el Caribe de Nicaragua, y navegó después por los ríos San Juan y Sarapiquí para llegar a San José, atestiguó que “por cierto que las indígenas de la ribera del San Juan y las negras de sangre mezclada con los mosquitos [miskitos] no podían, bajo ningún concepto, compararse con nuestras mujeres europeas. Ellas no tienen ni la frescura del color, ni la elegancia de las formas, ni la perfección de los detalles, ni, sobre todo, el atractivo seductor. Por eso, cuando se ven pasar a cierta distancia, con sus ropas flotantes y sus hombros desnudos, sin otro adorno que sus lindos cabellos peinados en trenzas, piensa uno que un poco de civilización haría de estos graciosos fantasmas unas verdaderas mujeres”.
Bosque típico de Sarapiquí: Foto: Luko Hilje.
Sin embargo, pronto se llevó una gran sorpresa. En efecto, en un paraje ribereño del San Juan, halló a un coterráneo oriundo de Bretaña, a quien denominó “el nuevo Robinson”, en alusión al célebre Robinson Crusoe. Este aventurero, rubio y de unos 30 años de edad, vivía en una cabaña rústica, totalmente rodeada de montaña, amancebado con “una mulata de bello tipo florentino, cuya camisa de muselina blanca apenas cubría su garganta y sus hombros”. De inmediato acotó que “yo no había visto en Greytown sino una joven de color que fuera bonita y que, además, hubiera llamado la atención en París. Ella se detuvo una vez frente a una casa contigua a la mía, acompañada de una hermosa india y de un negro semidesnudo. La miré con el interés que despertaba, y al notarlo ella, se sintió cohibida. Lástima que tan preciosa criatura se encuentre perdida en un mundo como este”.
Más adelante, al desembarcar en Muelle, en la ribera del río Sarapiquí, donde había una guarnición militar, Belly comenzó a mirar por dentro el rancho donde se albergaba el comandante del lugar, de lo cual narró que “solamente una mitad de la casa estaba cerrada por un enrejado de cañas superpuestas; y hacia abajo, servía de refugio durante la noche un piso del mismo material, que dejaba ver una cama cubierta con un mosquitero. Pero lo que me pareció más extraño en todo esto, fue la presencia de una mujer que a mi llegada cerró su blusa entreabierta. La mujer del comandante, pues era ella, blanca y muy bonita, me miraba con la misma curiosidad con que yo contemplaba su casa”.
Ahora bien, aunque Belly no aludió a ella, en Cariblanco hubo una mujer tan linda, que ninguno de los foráneos que recorrió el muy transitado camino de Sarapiquí pudo ignorarla.
El médico y químico alemán Moritz Wagner
Por ejemplo, en 1853 el alemán Moritz Wagner, quien viajaba con el austríaco Carl Scherzer, describiría que “Cariblanco es un rancho abierto, como todas las chozas que habíamos encontrado en el camino. […] El posadero, que tenía una joven y hermosa mujer, nos ofrecía por buenas palabras y mucho dinero unos pocos huevos y malas tortillas”. Cuatro años después, en 1857, el botánico Hermann Wendland mencionaba que ahí, “la cabaña en la que pernoctaríamos estaba bastante limpia, y sus propietarios también se distinguían por su elegante ropa. La hija de la casa, una muchacha de 14 a 15 años, fue una de las pocas mujeres realmente bellas que conocí en Centroamérica. Esa sería la última semana que pasaría en casa de sus padres, pues a la semana siguiente iría a casarse a la capital. La madre, que tararea a [Richard] Wagner, aún mostraba rastros de gran belleza. Me impactó la hermosa tez blanca de ambas, algo muy poco común en los lugareños”.
En 1859 fue el escritor inglés Anthony Trollope quien pasó por ahí, para expresar que “había en aquel sitio una hacienda de ganado en plena selva, un pedacito de tierra desmontado en que un aventurero se había establecido y osaba vivir. El aventurero no estaba allí, pero tenía una mujer bonita, con la cual mi amigo el teniente [James Terence FitzMaurice] había entablado, según parece, una amistad íntima en su viaje anterior a San José”.
Mucho después, en 1866, el abogado inglés Frederick Boyle, describiría que “después de pasar un río y muchas corrientes rápidas, llegamos a una hermosa sabana, tachonada con casas bonitas y árboles grandes que rodeaban la morada del gran propietario del Sarapiquí, don V. S.”, y que “la hermosa mujer de don V. S., estaba en el corredor al partir nosotros”. Acerca de la vida ahí, él reflexionaba así: “Si ella está contenta con la gran finca ganadera que la Providencia le ha dado, perfecto; pero si yo fuera mujer no la envidiaría. Pero, ¿si ella sintiera muchísimas ganas de volver a ver a su familia y amigos? Eva podría haber sido feliz en el Sarapiquí, pero Eva no nació en San José de Costa Rica. Contenta o no, la mujer de don Vicente es una persona firmemente establecida, pues él no sería tan tonto como para dejarla irse. Quizás sea un hombre feliz ese Don. En verdad, ningún libertino alegre de la capital probablemente perseguiría esta presa para su gruta solitaria, y el marido debe tenerla toda para sí para hacerle lo que le guste”.
Colorado de Turrialba, hoy. Foto: Luko Hilje
El botánico alemán Otto Kuntze
Ahora bien, para cambiar por completo de contexto geográfico, es oportuno desplazarse hacia el Caribe, pero a la región de Turrialba. En efecto, a mediados de 1874 arribó a Puerto Limón el botánico alemán Otto Kuntze, y pocos días después se enrumbó hacia el Valle Central, mientras recolectaba plantas. Sin embargo, después de sufrir un extravío en las cercanías del río Reventazón, que le pudo haber costado la vida, llegó a Turrialba, villorrio que por entonces se asentaba en las lomas de Colorado, “un pueblo de montaña situado a 1200 metros, donde nos dieron una amistosa acogida en casa de un criollo con dos hermosas hijas”. Embelesado por ellas, las describiría como, “dos atractivas gracias de piel amarillenta, chispeantes ojos negros y rasgos faciales agitanados pero nobles”, a las que “hay que verlas cuando ondean coquetamente su pañuelo de colores bajo el sombrero de paja y sobre la nuca. Me hubiera podido enamorar. Lástima que la sociedad sea demasiado tonta y santurrona”.
El abogado y diplomático estadounidense John Lloyd Stephens
Planicies de Guanacaste, hoy. Foto: Luko Hilje
Finalmente, quien quedó imantado por una mujer rural fue el abogado, diplomático y explorador estadounidense John Lloyd Stephens, que había recorrido mucho mundo, y que un día de febrero de 1840 recaló en Liberia, Guanacaste.
Al caer la noche, y sin tener dónde dormir, el comandante de la localidad le ayudó para que se instalara en “una casa con una tiendecita al frente”, donde fue gentilmente recibido por su dueña. Mientras conversaba con ella, quien saboreaba una taza de chocolate, “oí una animada voz en la puerta, y al punto entró una señorita con dos o tres jóvenes en su compañía, quien se acercó a la mesa frente a mí, y echando para atrás su negra mantilla, me dio las buenas noches y me tendió la mano”. Enterada en la iglesia local de que había llegado a su casa, ella se vino rápido, pues deseaba conocer a un extranjero como él. Boquiabierto, expresó que “ella no era tan hermosa que digamos, pero su boca y sus ojos eran bellos; y sus modales tan diferentes del frío zafio y esquivo aire de sus paisanas, y tan parecidos a la franca y fascinante bienvenida que una señorita de mi tierra le daría a un amigo después de larga ausencia, que si la mesa no hubiera estado entre nosotros, yo la habría tomado entre mis brazos y besado”.
La conversación entre ellos, salpicada por las preguntas inteligentes de la muchacha, se prolongó hasta la medianoche. Y, llegada la hora de dormir, ella le cedió su “catrecito muy aseado, con un mosquitero de gasa con lazos color de rosa en las esquinas”, en cuya “cabecera había una atractiva almohada con una funda de muselina color de rosa, y sobre ella una sutil sobrefunda blanca con hechiceros vuelos”, lo que, turbado, lo hizo preguntarse “¿Las mejillas de quién habían descansado en esa almohada?”. Tan cautivado estaba por los encantos de esa muchacha, que “me acosté, pero no pude dormir y determiné no continuar mi viaje al día siguiente”.
Sin embargo, ya a las tres de la madrugada, con las mulas ensilladas, el guía Nicolás, que lo había conducido en esos días como baquiano, llamó a su puerta. Aunque Stephens lo trató de disuadir para permanecer ahí un día más y disfrutar de la compañía de la muchacha, sus planes de viaje demandaban continuar la travesía, por lo que “apresuré mis preparativos y me despedí de ella, debo decirlo, con un adiós muy cariñoso”, para después aceptar que de “la bella de Guanacaste” —como la denominó—, “no abrigo ni la más mínima esperanza de volverla a ver jamás”. Eso sí resultaría inolvidable para “el extranjero que debe a ella algunos de los más dichosos momentos que pasó en Centro América”.
En realidad, a su belleza física sumó su sensibilidad e inteligencia, al punto de ser pretendida por varios individuos prominentes, como lo demostró el célebre historiador Ricardo Fernández Guardia, quien le dedicó sendos artículos, intitulados La novela trágica del Teniente Coronel Molina y El rapto de la señorita Elizondo, los cuales aparecen en el libro Cosas y gentes de antaño. Su nombre era Josefa Elizondo Villar, hija del acaudalado terrateniente Antonio Elizondo Rojas y de Manuela Villar Marín.
Cabe destacar que aquellos atributos que Stephens había captado en ella al instante, y que lo desquiciaron, dos años después provocarían tanta pasión y celos, que desembocarían en una cruenta confrontación, la cual culminó con la muerte de tres militares del ejército unionista del hondureño Francisco Morazán Quesada: el guatemalteco Manuel Ángel Molina Bedoya, y los salvadoreños Enrique Rivas y Eduvigis Guillén. Superada esta trágica coyuntura, años después ella se casaría con Bernardino Urtecho Martucci en primeras nupcias —con quien procreó tres hijas— y, tras enviudar, años después lo haría con el español Manuel Giberga del Bosque, con quien tuvo otra hija; él fue combatiente contra el ejército filibustero de William Walker, primero como coronel del ejército conservador (legitimista), y después unido a nuestras tropas, como jefe de la 2ª División dentro del Estado Mayor de nuestro ejército.
En fin, bellas mujeres rurales de otrora, de las cuales sin duda hubo muchas más, pero no quedaron retratadas en ninguna crónica de viajeros, lamentablemente.
Imagen de portada: Una calle de San Juan del Norte (Greytown), en el siglo XIX.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público Facultad de Derecho, UCR) nboeglin@gmail.com
Incitar al odio a través de un discurso, de una narrativa, o mediante declaraciones hechas públicas, cual sea su autor, constituye en muy diversas latitudes, un delito debidamente tipificado en el derecho penal.
No es el caso en Costa Rica, en el que persiste, hasta la fecha, una laguna legal al respecto, al no contar con una tipificación de este delito expresamente prevista en su Código Penal. Un primer proyecto de ley presentado en el 2014 fue rechazado en el 2017 (véase texto del dictamen negativo unánime). Un segundo texto ha sido propuesto, sin alcanzar su adopción: véase el Expediente Legislativo 20.174, cuyo texto no es exento de algunas muy fundadas críticas hechas en su momento (Nota 1). Al haber seriamente decaído la agenda en derechos humanos en materia legislativa en el período 2022-2026, es probable que haya que reiniciar nuevamente un trámite legislativo en el marco de la nueva legislatura 2026-2030 que inició el pasado 1ero de mayo.
En las líneas que siguen intentaremos dar a conocer las herramientas legales con las que ya se cuenta en América Latina y en Europa, así como en un segundo momento, las diversas alertas que una y otra vez ha recibido Costa Rica para frenar la incitación al odio, para luego interesarnos al contenido de un reciente informe sobre las amenazas e intimidaciones que sufren los periodistas en Costa Rica.
Una tipificación ya existente en otras legislaciones penales
Contrario a lo que se observa en Costa Rica, son varias las partes de América Latina y de Europa en las que se registran las diversas penas previstas en la legislación penal en caso de incitación al odio, debidamente tipificada como delito (Nota 2).
La pequeña lista de Estados citados a modo de ejemplos (lista que no pretende ser exhaustiva) no corresponde a Estados en los que se limite la libertad de expresión: se trata de un argumento agitado a veces por algunos sectores cuando se busca legislar en aras de sancionar penalmente la incitación al odio. Cabe señalar que algunos de los asesores legales de estos sectores se identifican plenamente con el debate en Estados Unidos sobre la libertad de expresión. Un artículo sobre la jurisprudencia norteamericana publicado en Francia señala en su conclusión la especificidad del modelo norteamericano, al precisar que:
«Si le droit de la liberté d’expression États-Unien trouve ses racines dans l’histoire européenne, les États-Unis en ont visiblement tiré des conclusions très différentes, conclusions qui viennent nourrir de manière pas toujours très heureuse cet « exceptionnalisme américain [46]», qu’il vaut mieux regarder de loin» (Nota 3).
Esta peculiaridad de Estados Unidos explica la actual arremetida de la administración norteamericana en contra de la Unión Europea (UE), partidaria de establecer reglas mucho más elaboradas sobre el contenido que ofrecen las redes sociales y las plataformas en el mundo digital moderno, protegiendo a los usuarios de la incitación al odio y de la desinformación: estas regulaciones entraron en vigor en el 2023 con el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (véanse esta nota oficial informativa de la UE y este artículo de corte académico al respecto publicado por el Real Instituto El Cano en España).
En la materia más específica de la lucha contra la incitación al odio, el continente europeo cuenta desde el 2008 con una decisión marco del Consejo Europeo (véase texto) cuyo artículo I define el alcance la definición de los «Delitos de carácter racista y xenófobo» y refiere a las distintas medidas que deberían de poder trasladar en el ámbito de su legislación penal, los Estados Miembros de la UE.
Este muy detallado artículo del 2026 sobre las desavenencias de una turista argentina en Brasil debido a expresiones racistas que usó, evidencia que en Brasil, las expresiones de carácter racista son penadas de manera mucho más severa que en muchas otras latitudes, en razón del contexto histórico y cultural propio de Brasil.
En este estudio publicado en Chile, se procede a un muy completo análisis de derecho comparado, que permite un mejor entendimiento de las diferencias que pueden existir en materia de legislación nacional y de jurisprudencia al respecto en los Estados de América Latina.
En este otro estudio de legislación comparada de julio del 2017, preparado por el Congreso de Chile, se lee con relación a las penas previstas en la legislación penal que (página uno): «8. Penas aplicables: El rango de pena más alto se da en Alemania: privación de libertad de 3 meses a 5 años; el rango más bajo se da en Alemania y Uruguay, en que la pena tiene un mínimo de 3 meses. Alemania, Brasil y España aplican penas combinadas, de privación de libertad y/o multa«.
Incitar al odio en Costa Rica: alertas y recomendaciones desoídas
Como bien se sabe, la incitación al odio es usualmente seguida de alguna forma de violencia física o de otra índole.
En el caso de Costa Rica, en el mes de febrero del 2018, se pudo constatar un aumento significativo de actos de violencia contra la población costarricense sexualmente diversa, consecuencia de un discurso en su contra (y en particular de sus derechos) por parte de uno de los contendientes durante la campaña electoral en Costa Rica del 2018: véase al respecto este artículo del Semanario Universidad del 28 de febrero del 2018.
Siempre en el año 2018, con ocasión de una inédita marcha en el centro de la capital costarricense convocada por un grupo de ciudadanos costarricenses en contra de la presencia de migrantes venidos masivamente desde Nicaragua, tuvimos la ocasión de señalar los vacíos legales, pese a varias recomendaciones hechas desde Naciones Unidas, con respecto a un discurso xenófobo, y muchas veces denigrante, que sufren en Costa Rica los migrantes en proveniencia de Nicaragua (Nota 4). Dicho sea de paso, nos permitimos reproducir en este 2026 algunas de las interrogantes hechas en el 2018:
“Devolviéndonos un momento a la idea que el desconocimiento del «otro» constituye una raíz muy fértil para la xenofobia, nos podemos preguntar: ¿Qué conocen de la cultura nicaragüense en el 2018 los colegiales costarricenses que desconocían antes del caso Canda del 2005/2007? ¿Qué ha hecho el Estado costarricense desde el 2005/2007 para proporcionar espacios en las aulas de sus colegios en aras de prevenir actitudes xenófobas de sus colegiales mediante el acercamiento a la cultura de estudiantes oriundos de Nicaragua?”.
En el 2023, un informe de Naciones Unidas sobre la incitación del odio hacia los migrantes en Costa Rica generado por las mismas autoridades costarricenses originó esta muy completa nota del programa La Voz de América (VOA), en la que se lee que: «La VOA contactó al gobierno en busca de comentario pero no obtuvo respuesta al cierre de la edición«.
Los recientes actos de violencia observados contra una jueza ejecutora de la pena, con una violencia inducida esta vez por una narrativa oficial cuestionando la imparcialidad de esta jueza y más generalmente la del Poder Judicial (véase al respecto esta nota del Semanario Universidad del 20 de abril del 2026), nos vienen a recordar que en Costa Rica, la incitación al odio como tal no puede derivar en algún tipo de acusación ante los tribunales, al no existir tipificación penal alguna.
La deriva discursiva de algunos sectores contra otros sectores, y, desde la misma narrativa oficial, en contra de los órganos de justicia y más generalmente, en contra de los mecanismos de fiscalización existentes dentro del ordenamiento jurídico costarricense, es relativamente reciente en Costa Rica.
Es una tendencia discursiva que no debe sorprender, al registrarse en otras partes en América Latina y en el mundo, pero que debería llamar a algunos sectores a ponerle un freno de una u otra manera, proponiendo, por ejemplo, una revisión del marco normativo costarricense existente.
Este discurso viene usualmente a acompañar la tendencia actual “anti derecho” a la que asistimos en varias latitudes el planeta. Una ONG de gran trayectoria como Amnistía Internacional no dudó en titular su comunicado oficial del pasado 21 de abril de la siguiente manera (véase texto integral, de lectura recomendada): “Amnistía Internacional pide a los Estados que impidan que el orden depredador antiderechos se imponga en un momento trascendental para la humanidad”. Nuestros estimables lectores podrán por sí mismos revisar cuál ha sido la difusión de esta alerta lanzada en este comunicado por parte de Amnistía Internacional en los grandes medios de prensa internacionales y los medios nacionales en Costa Rica: si encuentran lo mismo que nosotros (nada), posiblemente afloren las mismas dudas e interrogantes sobre las agendas informativas de algunos.
Con relación a la narrativa oficial del Poder Ejecutivo escuchada en los últimos cuatro años en Costa Rica, esta no solamente se ha expresado en contra del Poder Judicial, sino también en contra de muchos otros sectores que por alguna razón, cuestionan algunas decisiones gubernamentales: los periodistas, los sindicatos, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los universitarios de las universidades públicas, las organizaciones ecologistas, así como algunos jerarcas de entidades fiscalizadoras costarricenses han visto su nombre o su entidad fuertemente cuestionados, a partir de esta misma narrativa oficial.
A modo de ejemplo reciente, la entonces Presidenta electa aún no en funciones, designó como “personas radicalistas” (sic.) en el Golfo de Papagayo (véase nota del Semanario Universidad del 23 de abril del 2026) a organizaciones ecologistas por oponerse a la tala de árboles y por lograr obtener una resolución de la Sala Constitucional suspendiendo dicha tala: ¿debemos entonces entender con esta expresión usada que la defensa del ambiente a partir de las reglas que establece expresamente el mismo ordenamiento jurídico costarricense, … nos convierte a muchos en Costa Rica, en “personas radicalistas”?
Cabe recordar que en agosto del 2022, un congresista costarricense denominó «terroristas» a ecologistas en el Caribe Sur de Costa Rica, causando el asombro de muchas organizaciones sociales costarricenses (véase nota de SURCOS Digital): dejó su cargo el 1ero de mayo del 2026 sin que se sepa si fue objeto (o no) de alguna sanción o reprimenda por parte de la Presidencia de la Asamblea Legislativa o por parte de su fracción. El Caribe Sur de Costa Rica es una zona que vive una extrema tensión: en julio del 2024, se hicieron públicas intimidaciones sufridas por un reconocido luchador y dirigente de la zona (véase nota) y en agosto del 2024, se hicieron públicas amenazas de muerte contra varios grupos ecologistas (véase nota del Semanario Universidad). Esta nota del Semanario Universidad de mayo del 2025 compila varios relatos de defensores del ambiente costarricenses y de lideres de pequeñas comunidades indígenas, y del tipo de amenazas e intimidaciones que reciben por sus denuncias, así como su total desprotección: se trata de una situación que revela la otra cara de la «Costa Rica Verde» que tanto promueve el país en el exterior.
Un discurso presidencial del 2011 en San Carlos, ante una audiencias de empresarios, con una fuerte carga con voz femenina en contra de las organizaciones ecologistas, constituye uno de los hechos más insólitos (y a la fecha inexplicados) en Costa Rica en el período correspondiente a la administración (2010-2014): se puede escuchar un extracto de este discurso en el documental «El Oro de los Tontos«, disponible aquí, a partir del minuto 25:11. A casi 15 años de pronunciada semejante arenga presidencial, una rectificación o aclaración de parte de su autora, no sería de más, así como el hecho de tildar de «malos costarricenses» – también en el 2011 – a reconocidos abogados ecologistas que exigen el respeto a la legislación ambiental vigente (véase nota del programa radial Amelia Rueda).
Estigmatizar e incitar al odio contra las organizaciones ecologistas o sus abogados en Costa Rica es una alerta que fue dada por Naciones Unidas desde el 2013 (Nota 5), y muchas otras se han hecho desde diversos órganos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos al Estado costarricense en aras de proteger y de resguardar a otros sectores o a ciertas poblaciones particularmente vulnerables en Costa Rica: mujeres, personas con discapacidad, personas migrantes, personas indígenas, personas afrodescendientes, población sexualmente diversa, personas privadas de libertad, y/o, en su momento, portadores del VIH-Sida, entre muchas otras. En el caso específico de las luchas ecologistas en Costa Rica, esta obra publicada en el 2020 hace un repaso de los 30 años de amenazas, intimidaciones y de muertes que ha sufrido el movimiento ecologista costarricense. Este video realizado por la UCR sobre el Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente por su parte, entrevista a algunas personas que han sufrido amenazas e intimidaciones en Costa Rica. Dicho sea de paso, el Acuerdo de Escazú ya cuenta con 19 Estados Partes, sin Costa Rica, pese a haber sido de los primeros Estados en firmarlo en septiembre del 2018 (véase estado oficial de firmas y de ratificaciones)
Con relación a las comunidades indígenas, esta reciente tribuna escrita por un reconocido líder brörán en Costa Rica (véase artículo publicado en el Semanario Universidad el 15 de mayo del 2026) pone en evidencia el gran desconocimiento de la problemática indígena en Costa Rica por parte de su clase política.
Una muy completa recopilación hecha por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2024 con ocasión del denominado “Examen Periódico Universal (EPU) de Costa Rica – 2024” (véase enlace) da cuenta de una serie de recomendaciones hechas por diversas instancias de derechos humanos de Naciones Unidas, las cuales, en su gran mayoría, no han dado pie a medidas y/o a modificaciones de las regulaciones internas para su correcta implementación en Costa Rica.
En cambio, este enlace oficial en el Reino Unido remite a las diversas regulaciones adoptadas a partir de las recomendaciones hechas desde diversos órganos de derechos humanos de Naciones Unidas en materia de incitación al odio.
Criminalización de la protesta social en Costa Rica: casos recientes de intentos (bastante burdos)
Nótese que los intentos por criminalizar la protesta social en Costa Rica cuentan con dos nuevos episodios muy recientes (2026), en los que la actuación de las autoridades nacionales merece una mención particular:
– durante el reciente traspaso de mando en Costa Rica, el pasado 8 de mayo, dos estudiantes fueron apresadas y colocadas en celdas una noche por llevar con ellas banderas de Palestina (véase nota de prensa sobre su liberación): tal y como señalado por su abogado, no cometieron delito alguno conocido, ni opusieron resistencia alguna a las fuerzas de seguridad, contrariamente a lo afirmado por las autoridades policiales a la Fiscalía: véase enlace de Spotify a entrevista realizada en Interferencia el 14 de mayo del 2026 en la emisión titulada: «Hay banderas prohibidas en Costa Rica?«. La demanda interpuesta en este caso merece seguimiento al evidenciarse probables instrucciones superiores ilegales con respecto a la garantías que ofrece el ordenamiento jurídico costarricense en materia de libertad de expresión y de manifestación pacífica. Como tuvimos la oportunidad de analizarlo, llegó para este acto de traspaso el presidente de Israel en persona, un hecho singular en la medida en que nunca se observó asistiendo en actos de traspasos recientes en América Latina (Nota 6). En esta nota de ElPais (España) del 16 de mayo del 2026, se detalla la clara alineación de las pasadas y nuevas autoridades Costa Rica con Israel: con en la mira, el próximo traslado de la embajada de Costa Rica de Tel Aviv a Jerusalén, en abierta violación al consenso internacional existente desde 1947 sobre el estatuto particular de Jerusalén;
– en enero del 2026, en la recta final de la campaña electoral en Costa Rica, una reconocida activista en derechos humanos costarricense fue objeto de lo que parece ser un burdo montaje por parte de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), una dependencia de la Casa Presidencial (véase nota sobre las denuncias que presentó del Semanario Universidad y una nota anterior sobre los cargos que se le imputaron). Un dato de interés resulta el hecho que la empresa norteamericana Google suspendió una campaña de recolección de firmas en su favor (véase nota del Semanario Universidad), lo cual no deja de plantear algunas interrogantes muy válidas. Aquí también, las demandas interpuestas ante los tribunales de justicia deberían evidenciar el montaje del que fue víctima esta experimentada y muy reconocida activista costarricense en favor de los derechos humanos.
Foto extraída de artículo del Semanario Universidad del año 2015 (que ya no está disponible en la red) para ilustrar unas reflexiones anteriores nuestras tituladas «Criminalización de la protesta social: el caso de Costa Rica», publicada en el medio digital SURCOS Digital, edición del 11 de junio del 2017, cuyo texto está siempre disponible aquí.
En estos dos casos recientes observados en Costa Rica, la forma de actuar de las autoridades plantea serias interrogantes y será de interés conocer el origen exacto de las instrucciones dadas a las fuerzas policiales: este artículo publicado en Guatemala titulado «Defender a quienes defienden: la criminalización de defensoras y defensores de DDHH como estrategia de miedo» ofrece algunas pautas sobre un ministerio público como el de Guatemala, empecinado desde varios años en usar todo el arsenal de la legislación penal guatemalteca a su disposición para intimidar a líderes sociales y a activistas en derechos humanos.
El informe del IPLEX en Costa Rica
Recientemente, se dio a conocer un informe en Costa Rica elaborado por investigadores del Instituto de Prensa y de Libertad de Expresión (IPLEX) sobre el discurso oficial en contra de periodistas y los efectos observados, con una aumento creciente de actos de violencia contra comunicadores costarricenses.
Este informe está disponible en este enlace y merece una lectura detallada, y no solamente por parte de comunicadores y de profesionales de la información. En efecto, es intimidando a la prensa y controlándola que inician las experiencias de corte autoritario (Nota 7): en Centroamérica, si los periodistas salvadoreños de un medio como El Faro decidieron en el 2023 trasladarse a Costa Rica (véase nota de prensa de Delfino.cr) es en razón del hostigamiento y de las intimidaciones de todo tipo que recibieron para no continuar con sus valiosas investigaciones periodísticas. Dicho sea de paso, estas intimidaciones y el rastreo a su labor como comunicadores se han visto facilitadas por la cercanía con Israel de las actuales autoridades salvadoreñas y la compra de modernos programas israelíes de espionaje informático (véase reportaje de ElFaro del 12 de mayo del 2026 y otro valiosa investigación del 30 de enero del 2023).
Con relación a la incitación al odio, este informe del IPLEX explica la mecánica que opera cuando, desde las más altas esferas nacionales costarricenses, una narrativa reiterada y recurrente designa a un sector de la prensa con adjetivos y expresiones tendientes a desacreditar su labor y a estigmatizar a sus profesionales, con una correlación casi automática con respecto al aumento de la violencia contra periodistas registrado años después. Mientras que al inicio este discurso oficial y esta violencia se circunscribieron al aparato estatal, paulatinamente esta violencia se fue liberando del aparato estatal y logró encontrar ecos fuera del mismo.
El informe indica que:
“En comparación con el primer informe publicado en 2022, se mantiene una preocupante tendencia en la persistencia de vulneraciones a la libertad de prensa, las cuales se manifiestan a través del discurso estigmatizante, el uso abusivo del poder estatal y la restricción al acceso a la información. Estas formas de violencia institucional han ido consolidando un entorno hostil para el ejercicio del periodismo en Costa Rica. No obstante, un aspecto particularmente alarmante es la identificación, en el año 2023, de la primera agresión física documentada en los reportes, lo que representa un punto de inflexión en la evolución de los ataques contra la prensa. Dicha agresión no constituyó un caso aislado, sino que marcó el inicio de un aumento sostenido en la frecuencia y gravedad tanto de agresiones físicas como verbales, fenómeno que se ha intensificado durante el año 2024” (página 9).
Además, el informe señala el verdadero «incentivo» que genera, en algunos sectores de la población costarricense, una narrativa oficial estigmatizante:
“Este escenario se ve exacerbado por la legitimación del discurso presidencial, el cual ha evolucionado progresivamente hacia una narrativa que deslegitima la labor de diversos sectores del periodismo. La constante estigmatización y señalamiento por parte del Ejecutivo no solo ha incentivado agresiones contra medios de comunicación y reporteros, sino que también ha propiciado la extensión de estas agresiones a perfiles tradicionalmente menos expuestos, como editores y productores de contenido. Esta transformación en el discurso oficial ha generado un clima de hostilidad que legitima implícitamente la violencia contra la prensa, facilitando que nuevos actores dentro del ecosistema mediático sean objeto de ataques sin que existan consecuencias claras para los perpetradores” (pp.13-14).
Este análisis del IPLEX es reciente y permite entender mucho mejor cómo la violencia verbal discursiva en Costa Rica se torna con el simple paso del tiempo en violencia física en contra de comunicadores: una violencia cuyos autores se sienten legitimados, precisamente en razón de la recurrencia de la narrativa oficial y la falta de sanción.
Posiblemente existen otros sectores, víctimas de un discurso estigmatizante o denigrante por parte de las autoridades nacionales, que han experimentado en estos últimos años en Costa Rica, actos de violencia en contra de sus integrantes o alguna forma de intimidación o amenazas: estos actos de violencia ameritarían un ejercicio de sistematización y de análisis muy similar, de manera a verificar esta correlación existente entre el verbo y el acto violento inducido por el primero.
Se trata de una nueva alerta a la sociedad costarricense sobre los riesgos de no frenar la incitación al odio, en este caso, proveniente del mismo Poder Ejecutivo.
Esta violencia verbal cuenta con un amplificador desregulado, que fomenta la polarización y la estigmatización, así como el discurso de odio: las redes sociales. A este respecto, una alerta hecha pública desde Naciones Unidas en septiembre del 2026 (véase comunicado oficial) da cuenta del costo a futuro para la sociedad costarricense si permanece sin acciones concretas, haciendo eco a una alerta muy similar hecha en julio del 2024 de Naciones Unidas (véase comunicado).
A modo de conclusión
La agenda en materia de derechos humanos en Costa Rica ha sido descuidada en los últimos años, tal y como tuvimos la ocasión de detallarlo para el 10 de diciembre del 2024: una fecha de conmemoración del día internacional de los derechos humanos, pasada totalmente desapercibida en Costa Rica (Nota 8).
En parte, esta agenda descuidada y el desinterés de distintos sectores en la sociedad costarricense al respecto pueden explicar el hecho de que, pese a reiteradas advertencias hechas desde Naciones Unidas, Costa Rica no cuente aún con herramientas para frenar la incitación al odio.
El riesgo de continuar con una retórica oficial desde el Poder Ejecutivo similar por cuatro años más contra la prensa y contra el Poder Judicial, pero también contra muchos otros sectores o grupos de personas, es el de ir sembrando cada vez más odio y ver aumentar paulatinamente la violencia en contra de distintos sectores de la sociedad costarricense o en contra de sus representantes.
Ello sin hablar del riesgo siguiente: el que esta narrativa de las autoridades sea replicada por algunos sectores para emprenderla ellos mismos contra otros sectores.
Tipificar como delito penal la incitación al odio en Costa Rica puede contribuir a frenar en parte esta peligrosa tendencia: requiere, esto sí, que diversos sectores unan sus esfuerzos en aras de resguardar a Costa Rica de esta creciente violencia verbal que impera en diversos espacios públicos costarricenses.
Esta publicación editada en Costa Rica en el 2022 por el Colegio de Abogados y Naciones Unidas ya concluía, luego de repasar las diversas obligaciones internacionales de Costa Rica, en la imperiosa necesidad de elaborar normas específicas con relación a la incitación al odio.
Notas:
Nota 1: Véase al respecto CHINCHILLA CALDERON R., «Crímenes de odio«, Delfino.cr, edición del 5 de junio del 2019. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2: En la legislación penal de Uruguay, por ejemplo, se indica que: «ARTÍCULO 149 bis. (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas).- El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión» (véase texto de Ley 17.677). En la legislación de la prensa en Chile se señala que: “Artículo 31.– El que por cualquier medio de comunicación social, realizare publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad, será penado con multa de veinticinco a cien unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia, se podrá elevar la multa hasta doscientas unidades tributarias mensuales” (véase texto integral de la Ley 19.733 del 2001). Un proyecto de ley del 2017 para modificar el Código Penal chileno señala que: “el que públicamente incitaré al odio o al empleo de violencia contra personas por su raza, etnia o grupo social, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión o creencias, nacionalidad, filiación política o deportiva, o la enfermedad o discapacidad que padezca, será castigado con presidio menor en su grado medio” (véase documento del Instituto Nacional de los Derechos Humanos que lo cita, página 4). En el Código Penal de Ecuador (véase texto), el Articulo 177 se lee como sigue: “Artículo 177.- Actos de odio.- La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. La reforma en España del Código Penal ha dado pie a un Artículo 510 que merece una lectura detallada, y que debería de poder interesar a muchos otros legisladores en diversas partes del mudo. El extenso artículo 510 del Código Penal de España está disponible en este enlace, al tiempo que un valioso estudio pormenorizado de cómo se llegó a la necesidad de llegar a su actual redacción en el 2015, se encuentra disponible en este enlace. En el mundo anglosajón, podemos de igual manera referir a la legislación de Canadá sobre el «Hate Speech» (véase disposición de su código penal desde 1985). Este enlace refiere a las diversas legislaciones penales sobre incitación al odio que se encuentran vigentes en algunos Estados miembros de la Unión Europea (UE).
Nota 3: Véase CABON S.-M., «Discours de haine et droit pénal aux États-Unis : de quelques rares limites à la liberté d’expression«, Revue des Droits et Libertés Fondamentaux, 2024, Chronique 28. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «El derecho internacional ante la xenofobia, el racismo, la discriminación y la incitación al odio en Costa Rica«, Sección Voz Experta, Portal de la UCR, edición del 30 de agosto del 20218. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 5: A raíz de su visita en Costa Rica en el 2013, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Ambiente recomendó en su informe A/HRC/25/53/Add.1 (véase texto completo) que: «Punto 67. /…/, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica”. En el Punto 68, el experto «recomienda al Gobierno que no trate las protestas sociales contra los proyectos de desarrollo en gran escala como un comportamiento delictivo, sino que las considere como manifestaciones de los derechos humanos a la libertad de expresión y de asociación, de conformidad con las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos». Como ocurre a menudo en Costa Rica, 17 años después de emitidas estas recomendaciones, los activistas ecologistas continúan siendo objeto de intimidaciones sin que el marco legal costarricense haya sido modificado para prevenirlas. En el mes de febrero del 2023, se presentó un repentino proyecto de ley, bastante incompleto e improvisado, y fuertemente cuestionado por diversos especialistas de la UCR (véase informe a la Directora del Consejo Universitario de la UCR de junio del 2023).Tuvimos la ocasión de explicar a qué pudo haber respondido este súbito interés en presentar un proyecto de ley tan pésimamente redactado: véase nuestras conclusiones en BOEGLIN N., “El proyecto de ley «para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente» (expediente 23.588): algunos apuntes”. Texto disponible en este enlace de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Costa Rica / Israel: ¿Benjamín Netanyahu … asistiendo al próximo acto de traspaso de poderes en Costa Rica?«, 30 de abril del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 7: Es usualmente con un discurso de intimidación en contra de la prensa que se han originado todas las derivas autoritarias observadas en las más diversas latitudes del mundo. Intimidar y controlar primero a quienes informan a la opinión pública son un objetivo prioritario para todos los que comulgan con una forma de gobierno autoritario. Recuerdan como, en su momento, los partidarios de los golpes de Estado militares en América Latina (y en otras partes del mundo) establecían, como primeros operativos, la toma de los edificios de radio y televisión y la captura de los directores de medios de prensa: esta nota de prensa peruana recuerda cómo inició el denominado «autogolpe» en 1992. En la época más contemporánea, una experiencia reciente de corte autoritario en Europa merecería una detallada investigación: en efecto, los medios de prensa y los periodistas en Hungría saben bien que así fue como todo inició a partir del 2010, de una manera más sutil y planificada. Esta nota de prensa del 2024 da cuenta del aparato de propaganda oficial que se instaló en Hungría. Es de esperar que con los resultados de las elecciones del pasado 12 de abril del 2026, se inicien investigaciones de manera a conocer con mayor detalle cómo comenzó esta estrategia, cómo logró plasmarse en una campaña de polarización y de desinformación gracias a las redes sociales, y cómo los efectos fueron paulatinamente surtiendo efectos en Hungría de manera a socavar las bases del Estado de Derecho.
Nota 8: Véase BOEGLIN N., «La deuda que Costa Rica acumula en materia de derechos humanos: siempre más pesada«, 10 de diciembre del 2024. Texto integral disponible en este enlace.
Un estudio dirigido a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social sostiene que el problema de las listas de espera en consulta médica especializada puede reducirse significativamente mediante medidas administrativas y de gestión, sin necesidad de aumentar los costos en servicios personales.
El documento, elaborado por el médico Carlos Zamora Zamora, analiza el comportamiento de la contratación de médicos y la producción de consultas especializadas en hospitales de la Caja entre 2004 y 2025. A partir de ese análisis concluye que existe una “contracción continuada” y “paradójica” de la oferta de servicios especializados, pese al aumento sostenido de personal médico contratado.
La investigación parte de la preocupación por la existencia de centenares de miles de personas en listas de espera para obtener atención especializada, situación que —según el autor— afecta el derecho a la salud y genera incertidumbre y angustia en la población.
El estudio señala que frecuentemente se atribuye el problema a limitaciones de recursos, cambios demográficos o factores epidemiológicos, pero afirma que rara vez se examinan de forma rigurosa aspectos relacionados con la administración de servicios y la gestión institucional.
Entre los principales hallazgos, el documento destaca que la cantidad de médicos contratados en hospitales de la Caja pasó de 1.825 en 2004 a 4.251 en 2025, mientras que la producción de consultas especializadas prácticamente permaneció estancada.
El análisis señala que en 2014 se alcanzó el punto más alto de producción con 2.587.000 consultas y 2.984 médicos. Sin embargo, en 2025, con 4.251 médicos contratados, se realizaron 2.278.000 consultas, es decir, aproximadamente 300.000 menos que en el año de mayor producción.
Según el estudio, esta discrepancia evidencia un deterioro progresivo en el rendimiento de los servicios de consulta externa especializada y una reducción real de la oferta, especialmente si se considera el crecimiento demográfico del país.
El documento estructura el análisis en varios apartados:
una carta pública dirigida a la Junta Directiva de la Caja;
un adendum técnico sobre listas de espera y tendencias de los servicios entre 2004 y 2025;
cuadros comparativos sobre contratación de médicos y producción de consultas en hospitales nacionales, regionales y periféricos;
y un análisis de tendencias institucionales y de rendimiento.
El estudio incluye comparaciones entre distintos tipos de hospitales y muestra que, en numerosos centros médicos, la contratación de especialistas creció mucho más rápido que la cantidad de consultas efectivamente realizadas.
Entre los argumentos centrales del autor se encuentra la idea de que la magnitud de la diferencia entre recursos contratados y servicios producidos no puede explicarse únicamente por factores externos como la pandemia. Aunque reconoce el impacto del COVID-19, sostiene que la tendencia decreciente venía manifestándose desde años anteriores y continuó después de la emergencia sanitaria.
El autor plantea que la situación podría estar asociada con cambios en la forma de administrar los recursos, medidas institucionales que habrían favorecido ineficiencias, incumplimiento de normas reglamentarias y debilidades en los mecanismos de control de labores.
Asimismo, afirma que el comportamiento observado sería inaceptable en cualquier organización pública o privada:
“Ante una divergencia como esta entre el desempeño de los recursos contratados y la producción, cualquier empresa, desde la panadería del barrio hasta la transnacional más poderosa, procedería a revisar con urgencia su administración y su gerencia”.
El documento sostiene además que las listas de espera no solo pueden intervenirse, sino también reducirse y equilibrarse en un plazo relativamente corto mediante acciones administrativas sencillas.
En el cierre del estudio, Zamora concluye:
“Con base en los resultados mostrados puede afirmarse que es posible resolver el problema de listas de espera en consulta especializada”.
El autor indicó que está dispuesto a ampliar los resultados del análisis y presentar propuestas concretas para atender las listas de espera en la institución.
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La Asociación Confraternidad Guanacasteca dirigió una carta pública a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, en la que cuestiona la mora e inacción dentro del propio Poder Ejecutivo en materia de justicia ambiental, particularmente en el funcionamiento del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).
El documento, firmado por Gad Amit Kaufman en representación de la organización, reconoce inicialmente las manifestaciones públicas de la mandataria sobre la necesidad de enfrentar la mora judicial en Costa Rica y comparte la importancia de impulsar transformaciones estructurales en el sistema de justicia. Sin embargo, la carta enfatiza que esa problemática no se limita al Poder Judicial y que también afecta gravemente órganos bajo responsabilidad directa del Ejecutivo.
La organización señala específicamente al Tribunal Ambiental Administrativo, órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, como ejemplo de expedientes paralizados durante años, recursos sin resolver y ausencia de respuestas oportunas a la ciudadanía.
Como caso emblemático, la carta expone la denuncia ambiental presentada contra el Hotel Riu Guanacaste bajo el expediente 174-09-03, interpuesta hace más de diecisiete años. Según el documento, el expediente requirió incluso recursos ante la Sala Constitucional para lograr avances procesales.
La organización recuerda que una resolución constitucional emitida en octubre de 2024 ordenó a Laura Fernández Delgado —entonces ministra de la Presidencia y representante del Consejo Nacional Ambiental— nombrar a los integrantes faltantes del TAA, situación que finalmente permitió que el Tribunal dictara sentencia el 25 de noviembre de 2025.
Dicha resolución declaró con lugar la mayoría de los cargos relacionados con daños ambientales causados al manglar, al bosque y a una quebrada por actividades vinculadas con el proyecto hotelero. No obstante, la organización denuncia que actualmente continúan pendientes la resolución de medidas cautelares y recursos de apelación, reproduciendo nuevamente la dinámica de retraso institucional.
La carta plantea tres solicitudes concretas al Poder Ejecutivo:
que el MINAE adopte medidas administrativas y asigne recursos humanos suficientes para agilizar la resolución del expediente;
que se establezcan métricas de rendimiento y plazos máximos para resolver casos en el TAA;
y que se garantice permanentemente la existencia de jueces titulares y suplentes debidamente nombrados para evitar nuevas parálisis institucionales.
El texto concluye señalando que la exigencia de rendición de cuentas y eficiencia institucional promovida por la Presidencia debe aplicarse también dentro del propio Poder Ejecutivo.
A continuación, se reproduce íntegramente la carta:
San José, Costa Rica, 16 mayo de 2025
Señora LAURA FERNÁNDEZ DELGADO Presidenta de la República de Costa Rica
Asunto: Mora en el Tribunal Ambiental Administrativo — Solicitud de ejecución de sentencia N° 1403-2005-TAA (Caso HOTEL RIU GUANACASTE)
Estimada señora Presidenta:
Nos dirigimos a usted con el mayor respeto institucional, para manifestarle, en primer lugar, nuestro pleno respaldo a la preocupación que ha externado públicamente en torno a la mora en la administración de justicia. Compartimos ese anhelo ciudadano de una justicia pronta y cumplida, que es además una garantía constitucional consagrada en el artículo 41 de nuestra Carta Magna.
Reconocemos, al mismo tiempo, que la transformación estructural del Poder Judicial es una tarea que corresponde, en virtud del principio de separación de poderes, a la Asamblea Legislativa y a la propia Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, compartimos el deseo de que se impulse una reforma legislativa profunda al respecto, y confiamos en que su voz como jerarca del Ejecutivo contribuirá a colocar ese debate en la agenda nacional.
Sin embargo, señora Presidenta, la mora judicial no es exclusiva del Poder Judicial. El problema existe también —y de forma igualmente grave— dentro del propio Poder Ejecutivo, en órganos que están bajo su directa autoridad y respecto de los cuales usted sí cuenta con plenas potestades de dirección, organización y control.
Nos referimos concretamente al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, cuya gestión refleja exactamente la misma patología que usted ha señalado en el Poder Judicial: expedientes que duermen por años, recursos sin resolver, y una ciudadanía que agota todas las vías —incluyendo el amparo constitucional— para obtener una respuesta que nunca llega.
El caso que le presentamos lo ilustra con absoluta claridad. La denuncia ambiental N° 174-09-03 contra el HOTEL RIU GUANACASTE fue interpuesta hace más de diecisiete años. Fue necesario recurrir en dos ocasiones a la Sala Constitucional para que el expediente siquiera avanzara. La segunda de esas resoluciones, la Res. N° 2024029778 del 11 de octubre de 2024 (Exp. 24-020676-0007-CO), ordenó precisamente a usted, en su entonces condición de Ministra de la Presidencia y representante del Consejo Nacional Ambiental, designar a los miembros faltantes del TAA. Lo hizo con prontitud, y se lo reconocemos públicamente.
Gracias a esa actuación, el Tribunal pudo finalmente emitir su sentencia el 25 de noviembre de 2025. Esa resolución declaró con lugar la gran mayoría de los cargos formulados, ordenando la reparación de los daños causados al manglar, el bosque y la quebrada afectados por la actividad hotelera.
Hoy, meses después de dictada esa sentencia, nos encontramos nuevamente en espera: pendiente la resolución de las medidas cautelares y la apelación planteada por el Hotel. La historia amenaza con repetirse.
Es por ello que nos permitimos dirigirnos a usted, señora Presidenta, con una solicitud concreta y dentro del ámbito estrictamente ejecutivo:
Primero. Que se instruya al Ministerio de Ambiente y Energía para que, en ejercicio de su función de órgano superior jerárquico, adopte las medidas administrativas necesarias —incluyendo la asignación de recursos humanos y, de ser preciso, la habilitación de jornadas extraordinarias— para que el TAA resuelva con la debida diligencia las actuaciones pendientes en el expediente N° 174-09-03.
Segundo. Que se establezcan, por vía reglamentaria o mediante directriz administrativa, métricas de rendimiento y plazos máximos de resolución para los expedientes en trámite ante el TAA, de manera que la ciudadanía cuente con certeza sobre los tiempos de respuesta y el Ejecutivo pueda ejercer un control real de gestión sobre ese órgano.
Tercero. Que se adopten las disposiciones pertinentes para garantizar que el TAA cuente siempre con jueces titulares y sustitutos debidamente nombrados, evitando la parálisis institucional que afectó este expediente y, con él, a todos los demás en trámite.
Señora Presidenta: usted ha convocado a otros poderes del Estado a rendir cuentas sobre la mora judicial. Es ese mismo espíritu —y no la crítica— el que nos impulsa a señalar que la reforma más urgente bien puede comenzar en casa, dentro del Poder Ejecutivo, donde su autoridad es plena y sus instrumentos de acción son inmediatos.
La sentencia N° 1403-2005-TAA existe. Fue dictada tras diecisiete años de lucha. Merece ser ejecutada con la misma energía institucional con que usted exige justicia a los demás.
Con las muestras de nuestra más alta consideración,
GAD AMIT KAUFMAN En representación de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA
La Defensoría de los Habitantes lanzó un nuevo capítulo del podcast “Calladita No es más bonita”, el cual se crea desde la convicción que el silencio no puede seguir siendo cómplice de la violencia contra la mujer.
En esta nueva edición se aborda la temática del hostigamiento sexual en el empleo y entornos seguros, con la participación de las expertas Lilliana Castro López e Ivania Solano Jiménez, funcionarias de la Dirección de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de los Habitantes.
El sector público arrancó el 2026 con 33 denuncias por hostigamiento sexual en enero, lo que equivale a un reporte cada 24 horas, lo que enciende las alertas a nivel institucional para acelerar las acciones en materia de prevención y atención de esta manifestación de violencia, donde la mayoría de las denunciantes son mujeres.
Esta producción estará conformada por 12 episodios de 30 minutos de duración cada uno, los cuales serán difundidos dos capítulos por mes en todas las plataformas sociales de la Defensoría de los Habitantes. Cada entrega ha sido concebida y abrirá un espacio seguro de información, reflexión y compromiso social, orientado a promover una cultura de respeto, prevención y cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia; además invitará a escuchar, reflexionar y actuar frente a una de las problemáticas más dolorosas que enfrentamos como sociedad.
El Podcast contará con la participación de mujeres sobrevivientes de violencia, familiares de víctimas de femicidio, así como mujeres expertas y técnicas en la materia, quienes aportarán no sólo sus conocimientos, sino también sus testimonios, experiencias y propuestas para la prevención y erradicación de este flagelo.
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Es conocida mundialmente la determinación de la FIFA de obligar al equipo de fútbol de la Unión Soviética, a jugar el “Partido Fantasmas”, en el mítico Estadio Nacional el 21 de noviembre de 1973. Si, justamente el mismo donde se torturó y asesinó a miles de personas a partir del Golpe de Estado del 11-09-1973 dado a la Unidad Popular. Golpe organizado y financiado por el gobierno de los EE.UU., según los propios documentos desclasificados por sucesivos gobiernos norteamericanos años después.
Ante la negativa del equipo de la Unión Soviética de presentarse a jugar en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, fue eliminado del Mundial de Fútbol en Alemania y el equipo chileno se “clasificó por walkover”, en un simulacro de partido de un solo equipo que hizo un gol simbólico. Bueno ese día fue solo ese gol y ninguno más ya que Santos FC que si jugo, goleó 5-0 a la Selección Chilena.
Por años el Estadio Nacional de Santiago de Chile quedó marcado por los asesinatos y torturas, esto fue tan fuerte en su historia que uno de los primeros gestos al regreso de la democracia fue “limpiar” el Estadio. En un acto multitudinario con el presidente de Chile, el gobierno en pleno y las más importantes organizaciones de DD.HH., Familiares Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos, de ex Presos Políticos, etc. Ahí el país entero pudo ver “la cueca sola” hoy famosa mundialmente, el baile que hace una mujer sola, resaltando la ausencia de su ser querido desaparecido por la dictadura.
Hoy el Estadio Nacional es un Monumento Nacional en calidad de Sitio Histórico y la “Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional”, administra este monumento realizando una permanente actividad de concientización para impedir que nunca más se use como lugar de detención, tortura y muerte.
Como podemos ver en esta foto más abajo, esto cambió y fue noticia mundial cuando en julio del 2015 salimos campeones de América, se pudo leer a lo ancho de la foto aquí más abajo: “Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro” y los jugadores chilenos corriendo a celebrar el penal convertido por Alexis Sánchez que nos daba por primera vez la copa en la historia de nuestro fútbol. La frase del memorial del sitio.
La FIFA es una de las instituciones más desprestigiada del mundo, junto con el Comité Olímpico Internacional. Las reiteradas condenas y expulsiones de países que no cuentan con la simpatía y el beneplácito de EE.UU. No es raro que se deje afuera a países como la Federación Rusa y a Bielorrusia por motivos absolutamente no deportivos.
Los argumentos son variados, pero el principal es el conflicto en Ucrania. Lo increíble es que, en estas instituciones, nadie ve los bombardeos brutales de Gaza con el asesinato de miles de niños por parte de Israel apoyado por EE.UU. que también bombardea desde hace un mes a Irán. Bombardeo iniciado en medio de las negociaciones por el programa nuclear iraní.
La situación es de una injusticia brutal y sin argumentos. La FIFA no dejará fuera a EE.UU., país que junto con Canadá y México serán los anfitriones del próximo mundial en junio.
Todo lo contrario, han acordado dejar fuera a Irán, ya clasificado para el mundial y como el mundo entero sabe, es el país agredido. Los mandamases de la FIFA ya barajan eventuales reemplazantes y se escucha el nombre de Italia que fue eliminada en los últimos tres mundiales justamente por falta de calidad de su fútbol.
Protestamos enérgicamente desde esta modesta tribuna, ante estos “matones” que toman decisiones tan arrogantes y tan injustas.
Embajada de Paraguay, Fundación Guitarras del Corazón Ibermusicas y el Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional del SINABI, se complacen en invitarle a la conferencia Agustín Barrios Mangoré: patrimonio documental y audiovisual que pone en valor su obra y legado a la guitarra culta universal y presentación musical por María Selva Corrales de la Fundación Guitarras del Corazón, y a la presentación musical por los artistas Rodrigo Benítez, Favio Rodríguez, José Carlos Cabrera, músicos paraguayos del grupo MBARAKATRIO y Randall Dormond, músico costarricense.
Esta actividad se celebra en conmemoración del 215 aniversario de la Independencia de la República de Paraguay.
La conferencia y presentción musical será en la Benemérita Biblioteca Nacional el lunes 18 de mayo a las 4:30 p.m. y se transmitirá por los Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
