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A propósito de una demanda internacional contra Costa Rica ante el CIADI que explica que … se organizara un «conversatorio» en Turrúcares: acto I

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR
nboeglin@gmail.com

Introducción

El pasado 30 de octubre, se anunció la integración de un tribunal arbitral en el marco del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista extranjero y Estado, más conocido por sus siglas en inglés – ICSID – y en francés – CIRDI) en el caso de la demanda interpuesta por la empresa EBI contra Costa Rica en julio del 2025: véase nota de IA reporter y enlace oficial del CIADI sobre el caso ARB. 25/33. En este otro enlace oficial del CIADI se dan a conocer algunos aspectos del procedimiento iniciado en julio del 2025 por la empresa EBI contra Costa Rica.

Como por alguna extraña coincidencia, en la semana posterior al viernes 30 de octubre del 2026, se escuchó hablar mucho de Turrúcares y del relleno sanitario que la empresa EBI pretende instalar en esta comunidad, tal y como lo veremos a continuación. Con un inusitado esfuerzo de convencimiento por parte del Estado costarricense en el marco de un repentino «conversatorio» organizado con presencia de varios ministros en Turrúcares, pocos días después, el miércoles 4 de noviembre: cuatro ministros (uno de ellos con doble cartera) que suspenden en cuestiones de días su cargada agenda para coincidir en Turrúcares, ¿no resultará del todo algo insólito? A todas luces se trató, de un interesante ejercicio de las actuales autoridades costarricenses que pareciera iniciar una secuencia, razón por la cual el título de este artículo incluye un: «Acto I«.

El titular de esta nota de CRHoy del 6 de noviembre refiere a la palabra «chantaje«: un intercambio de proyectos para la comunidad de Turrúcares a cambio de un pequeño favor solicitado a esta misma comunidad.

De manera a tener una pequeña idea de la actual orientación política que se observa en Costa Rica con todo lo que le pida Estados Unidos y los círculos corporativos que gravitan alrededor de la embajada de Estados Unidos en San José, no está de más añadir el texto de una declaración adoptada el 5 de noviembre en el marco de una cumbre iberoamericana en Madrid, en la que Costa Rica, conjuntamente con Argentina, Colombia y Paraguay optaron por separarse del párrafo 4 (véanse notas al final de la misma declaración) que se lee de la siguiente manera:

«Rechazamos la coerción y la aplicación de medidas contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas que obstaculicen la capacidad de los Estados para hacer frente a sus necesidades y prioridades en materia de desarrollo«.

Más allá de una cara verdaderamente desconocida que Costa Rica externa ante el mundo y ante los demás integrantes de la comunidad internacional con este tipo de posturas, en las líneas que siguen, enfatizaremos nuestras reflexiones en torno a algunas amenazas de demandas ante el CIADI fomentadas por las autoridades de Costa Rica en años pasados con respecto a megaproyectos, en torno a la desconfianza que ha generado el CIADI en América Latina así como a la demanda de la empresa EBI contra Costa Rica de julio del 2025, dedicando unas líneas al «conversatorio» con la comunidad de Turrúcares en el que el micrófono fue monopolio de las autoridades presentes a la reunión (lo cual explica las comillas usadas en la frase anterior).

Amenazas de arbitraje internacional: algunos recuerdos que cabe mencionar no muy lejanos

La amenaza de un arbitraje internacional en Turrúcares y el condicionamiento escuchados (véase nota de Diario Extra) que explicaremos más en detalle, recuerda unas desafortunadas declaraciones brindadas el 27 de julio del 2010 por parte de un vicepresidente en Costa Rica, según el cual, de derogar un decreto de conveniencia nacional, Costa Rica debería desembolsar la coqueta suma de 1.700 millones a una empresa minera canadiense (véase nota de La Nación y nuestra opinión publicada el 2 de agosto del 2010 en La Nación, titulada «Minería, arbitraje y amenazas«). A la fecha de hoy (10 de noviembre del 2026), se mantiene como una verdadera incógnita en Costa Rica la identidad de las personas que integraron una «comisión de alto nivel» gubernamental que llevó al vicepresidente de Costa Rica a referirse a semejante suma (verdaderamente fantasiosa) de 1.700 millones de US$ (véanse nuevamente las declaraciones de Alfio Piva del 27 de julio del 2010 y artículo de un geólogo extrañado por esta cifra – publicado en medios digitales – de agosto del 2010 exigiendo explicaciones): pese a gozar todos los integrantes del gabinete correspondiente al período (2010-2014) de una muy buena salud y posiblemente de una buena memoria, la nómina exacta de los integrantes de esta «comisión» constituye posiblemente uno de los secretos mejores guardados en Costa Rica.

La cifra mirobolante de aquel momento nos llevó a explicar cómo amenazas de arbitraje internacional han sido utilizadas a veces por decisores políticos: véase al respecto nuestro artículo publicado en el 2011 en la revista Ambientico (UNA), titulado «Minería y amenazas de arbitraje internacional: balance y perspectivas«.

Como se recordará, planteada finalmente la demanda contra Costa Rica en el 2014 por la misma empresa minera canadiense ante el CIADI, un laudo arbitral del 2021 no le ordenó pago alguno a ésta por parte del Estado costarricense.

Siempre en el 2011, fue esta vez con respecto al gas y al petróleo que algunos círculos políticos y corporativos agitaron la amenaza de un arbitraje internacional, al que también nos referimos en este artículo publicado en La Nación, titulado «Petróleo, gas y amenazas«. En el 2024, un artículo del Semanario Universidad reveló con respecto a círculos que persistían en el 2023 en fomentar la exploración y extracción de gas y de petróleo en Costa Rica, las andanzas de un exjerarca de la cartera ambiental en Costa Rica.

En este artículo publicado en La Nación en el 2011, se indica a partir de los cables WikiLeaks cómo el embajador de Estados Unidos en Costa Rica no logró inmutar en lo más mínimo al presidente de Costa Rica de la época, Abel Pacheco (2002-2006), pese a la amenaza de una demanda de la empresa petrolera Harken por un monto (algo astronómico…!) de 57.000 millones de US$ que al final nunca presentó. Dicho sea de paso, este cable confidencial dado a conocer por WikiLeaks de agosto del 2005, detalla a los operadores a favor del TLC con Estados Unidos en Costa Rica identificados por la embajada de Estados Unidos en San José, y que han coincidido con agitar amenazas de arbitraje internacional. Este otro cable confidencial del 2006 detalla el «estado de pánico» de algunos decisores en Costa Rica a cargo del comercio exterior al anunciar Estados Unidos sanciones si Costa Rica no aprobaba un ABI (Acuerdo Bilateral de Inmunidad), que garantice impunidad a personas de nacionalidad norteamericana buscadas por la justicia penal internacional de La Haya.

En el 2013, una demanda contra Costa Rica por parte de un grupo de accionistas de Suiza de una empresa distribuidora de gas que un ministro adelantó ser «infundada» (véase nota de Teletica) terminó ordenando al inversionista pagarle a Costa Rica más de un millón de US$ (véase texto de la demanda de febrero del 2013 y decisión de un tribunal del CIADI de marzo del 2017 en particular el párrafo operativo final 728). La mención a Suiza refiere a una cláusula favorable al inversionista extranjero en un TBI vigente entre Costa Rica y Suiza, creándose una sociedad anónima cuya única existencia se debió a esta demanda interpuesta ante el CIADI contra Costa Rica: una búsqueda en la red de «Cervin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A» al menos así lo evidencia.

En el 2017, con respecto a la desestimación de una demanda interpuesta contra Costa Rica por una subsidiaria de RITEVE ante el CIADI, nos permitimos recordar en esta nota que:

«Con relación a la demanda interpuesta en febrero del 2012 por RITEVE contra Costa Rica, cabe recordar que en junio del 2012, durante una conferencia de prensa (véase nota de Diario Extra, del 16/06/2012) el viceministro del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) de Costa Rica, Rodrigo Rivera, “explicó que para el Estado era más barato permitirle a Riteve quedarse operando 10 años más y de esta manera asegurarse no tener que pagar los $280 millones si perdía el arbitraje”.»

En el 2022 otra decisión de un tribunal del CIADI resultó favorable para Costa Rica (véase texto completo de la decisión).

Este breve recuento de algunos recuerdos no tan lejanos en la línea de tiempo, evidencia el uso que tradicionalmente se ha hecho del arbitraje internacional en Costa Rica para intentar malinformar y/o manipular a la opinión pública.

El CIADI y la profunda desconfianza que genera

El CIADI permite a un inversionista presentar una demanda contra un Estado, pese a tratarse muchas veces de demandas abusivas y/o infundadas. Algunas de ellas se originan en permisos y autorizaciones otorgadas por entes públicos, sea a nivel local, sea a nivel nacional, de manera sospechosa en «modo express«. Al tratarse de demandas acompañadas de cientos de millones de US$ exigidos a título de indemnización y/o compensación a un Estado, estas demandas suelen ser usadas como mecanismo de presión sobre los decisores políticos.

Cuando la mala fe de un inversionista extranjero es notoria, el CIADI puede condenar al inversionista a pagarle al Estado un monto determinado. Es lo que obtuvo Costa Rica en una decisión del 2018 (véase texto en el caso David Aven et alii vs Costa Rica: párrafo final 769). Los especialistas en materia ambiental podrán verificar que en este caso, los árbitros del CIADI consideraron que no había cómo eximir a los inversionistas extranjeros de la obligación de cumplir con todos los requisitos que establece la legislación ambiental vigente en Costa Rica. En el párrafo 116 se refiere a un «documento falsificado» que, salvo error de nuestra parte, no ha dado lugar a sanciones en Costa Rica contra sus autores.

El hecho que, hasta ahora, Costa Rica haya salido bastante bien librada en el CIADI luego de varios años de procedimiento frente a las millonarias pretensiones de una empresa minera canadiense en el 2021, así como en otros casos como el de un megaproyecto en Playa Esterillos en el 2018 (caso David Aven et alii vs Costa Rica: véase nuestra nota al respecto) y los demás casos indicados, no debe ocultar la peligrosa deriva del CIADI que ha generado paulatinamente cierta desconfianza en otras partes de América Latina y del mundo.

Y es que cualquier descuido en la defensa legal de un Estado y en particular en la batalla procesal que supone una demanda contra un Estado ante una terna arbitral, puede resultar riesgosa. Tratándose además de tres árbitros, y de sumas millonarias en juego, son muchos los Estados que han preferido no seguir arriesgándose de esta manera.

Como se ha analizado en textos anteriores nuestros (véanse esta nota editada por Bretton Woods Project del 2013, así como esta nota de CIARGlobal del 2017 entre otras más), el sistema de arbitraje de inversión del CIADI ha provocado una creciente desconfianza en América Latina y en el resto del mundo, a tal punto que son muchos los Estados que ya sea:

– han denunciado la Convención de Washington de 1965 que lo establece (Bolivia, Ecuador, Venezuela, Honduras), o ya sea;

– han dado por finalizados o bien renegociado las cláusulas sobre solución de diferencias incluidas en tratados bilaterales de protección y promoción de inversiones (denominados TBI en español o BIT en inglés: se trata de tratados bilaterales que habilitan a un inversionista a interponer demandas internacionales ante el CIADI). Este ha sido el caso de Bolivia, de Ecuador (véase artículo), de Indonesia (véase artículo), o de Sudáfrica (cuyo último TBI con España fue suspendido en el 2024 – véase nota). La terminación de un TBI requiere algo de valentía en el plano político, y jurídicamente se materializa mediante una simple notificación, como fue el caso del TBI con Estados Unidos denunciado por Bolivia en el 2011 (véase enlace); o bien:

– han mantenido una distancia prudente con este mecanismo como por ejemplo Brasil: se trata, paradójicamente, del principal Estado receptor de inversión extranjera en América Latina que ni siquiera ha firmado este tratado de 1965 (véase artículo al respecto); así como Cuba, Nicaragua o el mismo México que ratificó la Convención de Washington de 1965 tan solo en el 2018, así como Canadá (tan solo en el 2013). Con respecto a la denuncia de esta convención de 1965 por parte de Honduras, remitimos a nuestra nota de marzo del 2024, titulada:

«CIADI: a propósito de la reciente denuncia por parte de Honduras de la Convención de Washington de 1965«.

Es de notar que Brasil ha firmado varios TBIs sin nunca ratificarlos, lo cual denota el cuido extremo de sus autoridades de manera a no exponer a Brasil a demandas por parte de inversionistas extranjeros.

En el caso de la Unión Europea (UE), sus Estados miembros acordaron un tratado regional en el 2020 para suspender todos los TBI existentes entre ellos, de manera a no permitir más demandas abusivas de inversionistas extranjeros europeos en contra de Estados miembros de la UE (véase enlace al tratado y estado de firmas y ratificaciones). Se trata de una interesante protección legal que han establecido estos Estados, y que debiera de poder interpelar a muchos otros Estados en otras latitudes, en particular en las que persisten algunos decisores políticos que siguen negociando de manera muy entusiasta TBIs que contienen cláusulas muy favorables para el inversionista extranjero.

También es de señalar que en el 2023, fue desde el Congreso de Estados Unidos que 33 integrantes exigieron a sus autoridades extraer a Honduras, víctima de demandas abusivas por parte de empresas norteamericanas, del sistema de arbitraje de inversión del CIADI (véase cable de Reuters). Luego de la denuncia del CIADI en marzo del 2024, las nuevas autoridades electas de Honduras decidieron en julio del 2026 reintegrar el CIADI, provocando una ola de repudio (véase documento titulado:» Statement in Defense of Sovereignty and Collective Rights in Honduras – Returning to ICSID is a sign of Nasry Asfura’s Subservience to Transnational Capital«.

Desde la perspectiva ambiental y de los derechos humanos, un informe poco difundido de Naciones Unidas del 2023 en América Latina (véase enlace) y cuya lectura completa se recomienda, elaborado por el «Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible», se titula:

«Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y Estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos«.

En el 2021, tuvimos la ocasión de explicar en una nota publicada en CIARGlobal, a raíz de la decisión de un tribunal arbitral del CIADI relacionada a una demanda interpuesta por una empresa minera canadiense contra Costa Rica que:

«(…) no tiene mayor sentido el permitir a un inversionista extranjero de mala fe recurrir ante el CIADI contra decisiones de la justicia nacional que declaran ilegal su proyecto y mucho menos el tener que esperar siete largos años de costosos procedimientos ante el CIADI para escuchar a tres árbitros confortar las decisiones judiciales antes mencionadas. Ello sin hablar del riesgo, inherente a este tipo de demandas millonarias, de ver a dos (de los tres árbitros) acoger, por alguna razón, algunas de las pretensiones económicas del inversionista«.

Presión de una demanda sobre decisores políticos: el «affaire» Crucitas en Costa Rica a inicio de los años 2000

Como ha ocurrido en el pasado, estas demandas ante el CIADI ejercen una presión muy fuerte sobre decisores políticos y algunos círculos corporativos y políticos, dispuestos a invocar la «flexibilización» de algunas reglas con tal de que la demanda sea retirada por parte del inversionista. El «affaire» Crucitas y los secretos persistentes que la rodean, así lo evidencian, en la medida en que:

– en el 2003 para el mismo proyecto minero de Crucitas, la empresa canadiense demandó a Costa Rica ante el CIADI por rechazarle sus autoridades ambientales el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La demanda era por 276 millones de US$ (véase nota de La Nación de setiembre del 2005).

– repentinamente, en una carta del 4 octubre del 2005 (véase texto), la Secretaría del CIADI indicó a las autoridades de Costa Rica que se retiraba la demanda interpuesta por la empresa Vanessa Ventures. En el anexo con fecha del 3 de octubre del 2005 (véase documento), la firma de abogados Torys explica que la empresa y el Estado costarricense estaban en negociación y que la empresa se sentía » reasonably optimistic» sobre el resultado de esta.

– el 12 de diciembre del 2005, la SETENA (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) aprobaba el EIA que había rechazado en el 2003.

A la fecha de hoy (10 de noviembre del 2026), tampoco se tiene identidad de quiénes, en nombre del Estado costarricense, negociaron semejante «arreglo» con la empresa minera canadiense en el 2005.

CIADI, TBIs y lluvia de demandas en América Latina

Volviendo al CIADI y a los instrumentos que habilitan a un inversionista a demandar a Costa Rica, en la parte final de este enlace oficial de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior) aparece en «Acuerdos de Inversión» la lista de los 15 TBIs que tiene vigentes, a los que hay que añadir varios de los tratados de libre comercio (TLC) vigentes de la sección primera, que también contienen una cláusula permitiendo al inversionista extranjero acudir contra Costa Rica ante el CIADI.

Como todo tratado bilateral, dos Estados pueden considerar oportuno renegociar sus cláusulas, como fue, entre muchos ejemplos, recientemente el caso del TBI entre Corea del Sur y México (véase nota de Asia Today).

Según la información oficial del CIADI, al 7 de noviembre del 2026 Costa Rica enfrenta además otras dos demandas, al tiempo que ha concluido procedimientos en el caso de 18 de ellas. Una de las demandas pendientes contra Costa Rica fue presentada en el 2023 con base en el TBI con Alemania (véase enlace) al tiempo que la otra en el 2025 con base en el TBI vigente entre Costa Rica y Venezuela (véase enlace).

Los Estados con mayores demandas en su contra en estos momentos pendientes de resolución ante el CIADI de América Latina son Perú (22 demandas pendientes), seguido por México (20), Honduras (12), Panamá (11), y Venezuela (9).

Este informe del 2011 ya advertía de los riesgos que representa el CIADI para Estados cuyos dirigentes políticos firman TBIs o TLCs sin preocuparse mayormente por sus efectos a futuro, en particular cuando contienen cláusulas sumamente ventajosas para el inversionista extranjero. Este nuevo informe del 2025 permite comprender mejor el peso cada vez más grande que tienen estas numerosas demandas en las ya maltrechas economías de los Estados de América Latina.

En el caso específico de Argentina, se lee en este muy completo informe del 2025 sobre los estragos que han causado estas demandas ante el CIADI, que:

«Argentina podría terminar unilateralmente más del 85% de sus TBIs cuyo período inicial ya venció o que vence este año (antes de ser renovado). Sin embargo, ningún gobierno desde los años noventa hasta la actualidad ha considerado seriamente esta opción, evidenciando cómo las élites locales han internalizado los imperativos del capital transnacional. El RIGI del presidente Javier Milei intenta cerrar definitivamente esta ventana, consolidando por tres décadas un marco jurídico que blinda los privilegios corporativos«.

La demanda contra Costa Rica como tal del 2025 interpuesta por la empresa EBI

La demanda de la empresa canadiense EBI contra Costa Rica fue planteada formalmente el 14 de julio del 2025 ante el CIADI, con base en el tratado bilateral de inversiones (TBI) siempre vigente (véase texto) entre Costa Rica y Canadá suscrito en 1998: véase nota del Semanario Universidad publicada unas semanas antes del registro oficial de la demanda ante la Secretaría del CIADI.

A diferencia de otros casos, el texto de la demanda interpuesta como tal no está por el momento disponible (véase por ejemplo texto de la demanda interpuesta contra Costa Rica de inversionistas para un megaproyecto en Playa Esterillos del 2014 y texto de demanda de empresa suiza en representación de Gas Z del 2013). Desde ya agradecemos el concurso de nuestros estimables lectores si alguno/a de ellos sabe dónde podría estar disponible en línea el texto de la demanda como tal: el contenido del texto de esta demanda permitiría conocer con precisión sobre qué ha basado sus millonarias pretensiones la empresa EBI ante el CIADI, al estar aún pendientes decisiones de la justicia costarricense. Y en particular contraponer el texto de esta demanda a dos requisitos indispensables que enumera el Artículo XII del TBI Canadá-Costa Rica, al precisar que:

El artículo XII del TBI entre Costa Rica y Canadá tiene un inciso, el 3, que establece un plazo de tres años, pero adicionalmente establece que:

«Un inversionista podrá someter una diferencia, según se indica en el párrafo (1), a arbitraje conforme a lo dispuesto en el párrafo (4) solamente si:

…

  1. «no han transcurrido más de tres años desde la fecha en que el inversionista inicialmente tuvo o debió haber tenido conocimiento, de la violación alegada y conocimiento de que el inversionista ha incurrido en pérdidas o daño; y
  2. en los casos en que Costa Rica es parte de la diferencia, ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo relativo a la medida que se alega contraviene este Acuerdo«.

Cabe recordar que fue este mismo tratado bilateral entre Costa Rica y Canadá el que también había servido de base jurídica en el caso de la demanda interpuesta en febrero del 2014 contra Costa Rica por la empresa minera canadiense Infinito Gold relacionada a su polémico proyecto minero ubicado en Las Crucitas, en Cutris de San Carlos (véase texto de la demanda con fecha del 6 de febrero del 2014, presentada pocos días después de celebrarse los comicios en Costa Rica).

Con respecto a los proyectos de rellenos sanitarios de la empresa EBI en Costa Rica, en la precitada nota del Semanario Universidad se hace ver que la empresa cuestiona el hecho que no pueda construir rellenos sanitarios en las localidades de Turrúcares y Montes de Oro debido a la oposición de los vecinos y de los mismos municipios concernidos.

Foto de manifestaciones en las principales arterias de San José contra el proyecto minero de Crucitas en Costa Rica. Imagen extraída del artículo titulado «Canadian groups tell gold company to ‘stop harassing’ Costa Ricans» (Bilaterals.org., edición del 17 de abril del 2013).

Dos comunidades opuestas a la instalación de rellenos sanitarios

En el caso de la primera comunidad, en esta nota del 4 de noviembre del 2026, se hace ver la férrea oposición de vecinos al parecer muy organizados que se «plantaron» (expresión usada en el título de la nota) y obligó al Estado costarricense a desplazar a cuatro de sus ministros (con uno de ellos con doble cartera): su presencia al parecer no impresionó mayormente a los asistentes y vecinos, profundamente indignados y molestos por el apoyo a este proyecto de relleno sanitario de las máximas autoridades costarricenses (véase nota del Semanario Universidad).

Como pequeño detalle de interés, insistimos nuevamente en la cercanía de la fecha del anuncio de la integración de la terna arbitral del CIADI (30 de octubre) con esta reunión con los vecinos de Turrúcares realizada el 4 de noviembre por las máximas autoridades costarricenses, y nos permitimos plantear la siguiente pregunta: de no haberse anunciado nada por parte del CIADI el 30 de octubre ¿siempre se hubiese convocado un «conversatorio» en Turrúcares días después?

En esta otra nota de CRHoy, se señala la oposición de las mismas autoridades municipales a este polémico proyecto. Ya en el año 2024, se había observado a la máxima instancia costarricense en materia de salud cuestionar la posición de las autoridades municipales en defensa de la comunidad de Turrúcares (véase nota del Semanario Universidad).

La actitud de las máximas autoridades ministeriales fue tal durante la reunión del 4 de noviembre que hirió la susceptibilidad de las autoridades municipales (tal y como se señala en el título de esta nota del programa radial Nuestra Voz del 5 de noviembre) al tiempo que personas que votaron por el oficialismo en las elecciones de febrero del 2026 externaron su profunda decepción (véase nota del Semanario Universidad). Este video informativo realizado por el medio digital Delfino.cr explica de manera muy clara las razones por tanta indignación provocada en Turrúcares el pasado 4 de noviembre.

Con respecto a las alegaciones de los voceros de la empresa EBI, en esta otra nota del medio universitario Semanario Universidad, de julio del 2025, se lee que:

«EBI afirmó que “la demanda se basa, en parte, en el abuso de los procesos locales por parte de las municipalidades y en su falta de diligencia razonable para avanzar en los asuntos, tal y como exige la legislación costarricense y el principio procesal de impulso de oficio”.»

En otra nota del programa radial matutino de Nuestra Voz de junio del 2025, se señala que para los representantes de la empresa:

«“Lo que ha impedido avanzar con el proyecto son dos procesos de lesividad que ha interpuesto la Municipalidad de Alajuela para anular los usos de suelo que ya habían sido otorgados a esas fincas por la misma administración. Además, en los últimos años, esa municipalidad emitió cuatro acuerdos indicando, sin fundamento alguno, que no permitiría la aprobación del permiso constructivo y a pesar de que esos acuerdos fueron impugnados por la empresa, desde el año 2023 se ha negado a resolver los recursos a pesar de existir una orden de un Tribunal”.

Si procesos de lesividad en contra de funcionarios municipales fueron iniciados por las autoridades municipales y están aún en proceso, resulta de cierto interés leer que para la empresa EBI, estos procesos «impiden avanzar«. Remitimos a nuestros estimables lectores a la definición del proceso de lesividad vigente en Costa Rica de manera a entender mejor la expresión de «impiden avanzar«, así como los plazos previstos en el ordenamiento jurídico costarricense, que recordó la Procuraduría General de la República (PGR) ante una consulta en el 2017 (véase enlace). En esta nota del 2024 de Diario Extra se precisa por parte de una autoridad municipal que:

«Esos usos de suelo se dieron en 2011 de manera muy rápida, no hago juicios de valor, solo cumplo con mi deber como alcalde de Alajuela y de los turrucareños, por eso iniciamos la lesividad, porque los usos de suelo se hicieron mal dados«.

Es de notar que se trata de un proyecto que lleva ya varios años discutiéndose: en el 2014, en una decisión de la Sala Constitucional (véase voto 16359-2014) relativa al proyecto de relleno sanitario en Turrúcares, fueron tres los magistrados (de siete) los que habían considerado que la Sala Constitucional no debía modificar el alcance del principio de la participación ciudadana en materia ambiental como derecho fundamental. Siempre en el 2014, fue esta vez un magistrado el que reiteró, siempre con respecto a este mismo proyecto en Turrúcares su posición anterior (véase voto 19621-2014).

Con respecto a la otra comunidad (Montes de Oro) también sujeta a un proyecto de relleno sanitario de la misma empresa, en el 2023 tuvimos la ocasión de analizar el alcance de la discusión interna en la Sala Constitucional con respecto al principio de participación ciudadana en materia ambiental, a raíz del voto 11236-2023: véase al respecto nuestra nota de julio del 2023, titulada:

«Participación ciudadana en materia ambiental: breves apuntes relativos a una reciente sentencia».

Siempre con respecto a Montes de Oro, se sugiere revisar el Acta Municipal N.128-2026 del 13 de octubre del 2026 de la Municipalidad de Montes de Oro (véase enlace), y en particular lo adelantado por el alcalde con base en un oficio recibido por parte del jerarca del comercio exterior costarricense sobre la demanda de EBI contra Costa Rica (pp.11-12). Se lee en particular que, según la nota recibida por COMEX,

«5- Comex indica que, en el caso de que se pierda el arbitraje, ambas municipalidades deben cancelar el monto total de la sentencia que se dicte a los efectos.

6- Comex indica que, a partir de este momento, cualquier tema que se hable en sesiones municipales sobre el caso, puede ser tomado por las empresas como evidencia para sustentar su denuncia».

No se tiene información sobre el punto de saber si COMEX tiene claridad con respecto al principio de autonomía municipal, ni con base en qué elementos COMEX anuncia desde ya que Costa Rica podría ser condenada por el CIADI a pagar un monto a la empresa.

A modo de conclusión

Nuevamente aquí, o como ocurrió con el fallido proyecto minero de Infinito Gold en Crucitas, o como ocurrió en Colombia cuando el Estado decidió proteger los páramos, o cuando en Panamá la justicia constitucional suspendió una concesión minera, u otras situaciones en las que la protección del derecho a la salud o al ambiente, o la protección de derechos de pequeñas comunidades rurales o indígenas frenan un megaproyecto, se vuelve a verificar lo siguiente: decisiones de entidades estatales (o bien de tribunales de justicia) o procedimientos en trámite ante instancias jurisdiccionales nacionales que alteran el plan operativo de un megaproyecto de un inversionista extranjero, al parecer algo urgido, dan pie para una demanda internacional multimillonaria ante el CIADI.

En el caso de Infinito Gold, la demanda interpuesta en febrero del 2014 culminó con una decisión de junio del 2021, en la que si bien se condenó a Costa Rica por violar disposiciones del TBI con Canadá, no se le ordenó pago alguno por concepto de indemnización: véase al respecto nuestra nota de junio del 2021 titulada:

» Infinito Gold contra Costa Rica: nuevo fracaso de minera canadiense al tiempo que persisten secretos en Costa Rica«.

La empresa solicitó posteriormente una anulación parcial de este laudo ante un órgano de apelación del CIADI y en el 2024, la empresa y Costa Rica acordaron solicitar el archivo del caso al CIADI. Un pequeño detalle que se omitió oficialmente en Costa Rica al anunciar la «victoria» ante el CIADI. En julio del 2024, COMEX precisó que no se había pactado nada con la empresa (véase nota del Semanario Universidad). Considerando que si ambas partes piden de común acuerdo archivar un procedimiento pendiente a un órgano de apelación del CIADI y una de las dos omite señalarlo, es que algo se pactó. En junio del 2025, elaboramos otra nota que se tituló de la siguiente manera:

«Crucitas: Infinito Gold c. Costa Rica ante el CIADI a 11 meses de un comunicado oficial omiso, en medio de un súbito entusiasmo por el oro».

Con respecto a la comunidad de Turrúcares, en esta nota del Semanario Universidad de marzo del 2024 se lee por parte de un reconocido abogado costarricense en materia ambiental, una aseveración que debiera interesar a todo especialista en celeridad notoria de funcionarios municipales para otorgar permisos:

«Consultado al respecto, Sagot destacó que “a EBI no se le puede otorgar ningún permiso de construcción de ese relleno sanitario en Turrúcares porque el Plan Regulador lo prohíbe por los usos del suelo que existen actualmente”.

En segundo lugar, señaló que los usos del suelo “fueron otorgados de una manera totalmente irregular, al grado de que se otorgaron en cuatro horas”.»

En el 2018, en una decisión del CIADI con respecto a una demanda interpuesta contra Costa Rica por un grupo de inversionistas norteamericanos cuyo megaproyecto en Playa Esterillos fue frenado por el Estado costarricense, se pudo leer una situación muy similar de notable celeridad municipal, al consignarse que (véase texto completo de la decisión):

«127. Fue por eso que la Sra. Vargas presentó una denuncia el 15 de junio de 2010 ante el Tribunal Ambiental Administrativo (“TAA”), una división del Ministerio de Ambiente, mediante la cual solicitaba una investigación del Proyecto Las Olas en vista de (i) las inquietudes acerca de si se estaban rellenando humedales; (ii) la construcción de calles pavimentadas y (iii) el hecho de que se había talado y quemado “vegetación. 128. Al día siguiente, el 16 de junio de 2010, la Sra. Vargas informó al SINAC acerca de sus hallazgos e informes anteriores emitidos con respecto al Proyecto Las Olas. 129. Curiosamente, el mismo día que la Sra. Vargas anunció públicamente sus inquietudes, la Municipalidad emitió siete permisos de construcción para el Sector de Servidumbres del Proyecto Las Olas. Pocos días después, el 22 de junio de 2010, DEPPAT—la Regente Ambiental contratada por el Sr. Aven—presentó un plan de movimientos de tierra y un programa de obras previstas con respecto al Sector de Servidumbres«.

Más allá de la extrema celeridad de algunos funcionarios municipales que siempre debería de interpelar, ¿qué se debe esperar Costa Rica a partir de la constitución de la terna arbitral anunciada por el CIADI el pasado 30 de octubre? A un largo procedimiento ante el CIADI, como ello ha ocurrido en muchas ocasiones anteriores en las que un inversionista extranjero encuentra manera de intentar obtener afuera lo que el ordenamiento jurídico costarricense y sus tribunales no le han permitido obtener.

Si nuestros estimables lectores llegaron al final de este texto, deben saber que apenas iniciamos con el Acto I. El Acto II debería intervenir dentro de unos meses, apenas el CIADI haga público una nueva etapa en el procedimiento interpuesto por la empresa EBI contra Costa Rica y un nuevo «conversatorio» sea nuevamente organizado.

UNDECA: ¡Las personas trabajadoras no son responsables de la crisis hospitalaria!

La falta de personal, la sobrecarga laboral, la deuda del gobierno y la deficiente infraestructura no se resuelven culpando a quienes atienden a las personas pacientes.

Comunicado de UNDECA

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social rechaza las declaraciones de la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor Hernández, quien, ante la grave saturación de los servicios de emergencias, manifestó al diario La Nación: “Lamentablemente, el personal es el que no está colaborando”.

Estas declaraciones resultan preocupantes porque trasladan a las personas trabajadoras la responsabilidad de una crisis que tiene causas estructurales que el anterior gobierno no resolvió: falta de personal de enfermería, tecnólogos, especialistas, insuficiencia de camas e infraestructura hospitalaria, limitaciones de equipamiento, problemas de gestión y una deuda acumulada del Estado con la CCSS que debe ser atendida.

La misma Auditoría señaló las deficiencias y advierte sobre retrasos en procedimientos críticos y riesgos de complicaciones y mortalidad potencialmente evitable.

La saturación en los servicios de emergencias en varios hospitales, con pacientes esperando durante días una cama o un procedimiento, compromete gravemente sus derechos fundamentales a la salud, la vida, la dignidad humana y la atención oportuna, segura y de calidad.

Los trabajadores no pueden convertirse en el blanco de la frustración ciudadana por decisiones y problemas institucionales que no está en sus manos resolver.

La responsabilidad de una jerarquía no consiste solamente en dirigir: también debe proteger la dignidad, la integridad y la seguridad de las personas trabajadoras.

La crisis hospitalaria no se resuelve mediante declaraciones que desacreditan al personal. Se requiere que el gobierno cumpla sus obligaciones financieras con la CCSS, resolver la falta de personal, fortalecer los equipos de salud, ampliar la disponibilidad de camas, construir nueva infraestructura y garantizar el equipamiento necesario.

Exigimos respuestas inmediatas, decisiones institucionales responsables y rendición de cuentas de las autoridades competentes.

La defensa de los trabajadores y el derecho de la población a recibir atención digna, oportuna y de calidad son parte de una misma lucha.

San José, 10 de noviembre de 2026.

Juicio contra Pablo Sibar en Térraba: lo que está en juego para los derechos territoriales indígenas

El 10 de noviembre se realizó en Térraba la audiencia del juicio agrario que enfrenta el dirigente brörán Pablo Sibar Sibar, defensor de derechos humanos ambientales, por una finca de unas diez hectáreas que posee desde hace más de una década. El juicio fue promovido por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba y se desarrolló de forma pública en la misma propiedad, la finca San Andrés.

Al cierre de la jornada no hubo resolución. Según conoce SURCOS se agotó parte del debate y aún no se sabe si el juez ordenará un peritaje cultural o resolverá con los elementos que ya tiene sobre la posesión de la tierra.

Más allá de una finca

Para Sibar, el resultado puede tener repercusiones que van más allá de su caso particular. «Este juicio va a determinar cuál es la potestad de la Asociación de Desarrollo sobre las tierras indígenas que realmente nos pertenecen», afirmó en una entrevista grabada durante la audiencia. «El argumento que nosotros sostenemos […] está estipulado en la Ley Indígena: la tierra es de los indígenas y no de la Asociación de Desarrollo».

El dirigente sostuvo que el hecho de que el Estado haya dado a las ADI la función de gobierno local para administrar los territorios «no le da ningún derecho a la Asociación de Desarrollo para tomar determinaciones que afecten nuestra tierra, nuestra forma de vida y nuestra forma de ser». Y agregó: «La Asociación de Desarrollo es una instancia impuesta por el Estado y que no nos representa dentro de nuestro territorio».

El origen de la posesión y el conflicto

Sibar explicó que la tierra proviene de un intercambio entre dos personas indígenas: él cedió a otro integrante de la comunidad una propiedad que tenía en el centro de Térraba a cambio de esta finca. Tras la recuperación de la finca Crün Shürïn, decidió con sus hijos destinar el terreno a la conservación. La propiedad tiene una quebrada de la que se abastece de agua una gran cantidad de personas, y en ella se elimina el pasto para favorecer la regeneración natural. «Yo puedo demostrar, tengo documentos, tengo todo que certifican que esta tierra es mía, pero además toda la población sabe que esta tierra es mía», afirmó.

Según la denuncia de Sibar y del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), el conflicto se originó el 10 de agosto de 2025, cuando dos personas no indígenas ingresaron a la propiedad alegando contar con el respaldo de la ADI de Térraba, amparadas en una certificación emitida por esa asociación el 7 de agosto. Ese mismo día, Sibar denunció un incendio provocado dentro de la finca.

Contexto de riesgo

Pablo Sibar es beneficiario desde 2015 de la medida cautelar MC 321/12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según FRENAPI, ha enfrentado hostigamientos, amenazas de muerte, agresiones físicas, intentos de homicidio, incendios en sus propiedades y campañas de difamación, por lo que se solicitó a la CIDH reforzar las medidas de protección.

En su comunicado, FRENAPI expresó su solidaridad con Sibar y consideró «inaceptable que una estructura que debería representar y defender los intereses de los pueblos indígenas pueda ser utilizada para cuestionar los derechos de una persona indígena que ha dedicado su vida a la defensa territorial y ambiental». La organización exigió al Estado:

  • garantizar la vida, la integridad y la seguridad de Sibar;
  • investigar con perspectiva étnica el ingreso a la propiedad, el presunto uso de la certificación de la ADI y el incendio;
  • respetar el debido proceso y los derechos territoriales de las personas indígenas.

«Lo que está en juego no es solamente una finca: también están en discusión los derechos territoriales de los pueblos indígenas», resumen quienes acompañaron la audiencia.

Entrevista y fotografías: Osvaldo Durán, ecologista y profesor pensionado del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Alternativas: Mafalda, la niña que hizo del arte una incomodidad política

El programa Alternativas, elaborado por el Colectivo Reflexión-Acción, dedicará su próxima emisión al tema «Mafalda, la niña que hizo del arte una incomodidad política». Se transmitirá en vivo el viernes 13 de noviembre a las 6:00 p. m.

El panel invitado estará integrado por:

  • Luis Andrés Sanabria Zaniboni, educador popular y coordinador del Observatorio de Bienes Comunes del programa Kioscos Socioambientales.
  • Luis Ángel Salazar Oses, profesor jubilado de Filosofía y Educación de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
  • Tatiana Herrera Ávila, profesora de la Sección de Comunicación y Lenguaje de la Escuela de Estudios Generales de la UCR.

El programa podrá seguirse por Facebook Live, YouTube y Spotify, y también por las emisoras amigas:

  • Guanacaste 106.1 FM
  • Radio Revolución (CONAICOP)
  • Onda UNED
  • Radio Soberanía
  • 506 Ondas Alajuelita Radio, los sábados a las 6:00 p. m.
  • Radio Voces Libertarias 97.3 FM

Alternativas se transmite desde el 12 de enero de 2020 con el lema «Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores».

Entre las frases de la célebre niña creada por Quino que recoge el afiche, está esta:
«De tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho millonarios en ignorancia».

Costa Rica: de la “guerra contra las drogas” a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte III (TIC, Inteligencia artificial, extradición y una nueva estrategia nacional frente al crimen organizado)

La arquitectura tecnológica y el blindaje estatal

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente sindical ANEP, escritor
Contacto: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Modelo CR-IA 2035: cronograma de implementación

Se propone una implementación gradual y progresiva estructurada en cuatro fases estratégicas orientadas a consolidar la transición hacia un Estado inteligente:

  • Fase I — integración (2026-2027)
    • Elaboración del inventario nacional de datos e identificación de duplicidades institucionales.
    • Establecimiento de estándares nacionales de interoperabilidad y protocolos seguros de intercambio de información.
    • Implementación del marco de ciberseguridad inicial y la política nacional de gobernanza de datos.
    • Adopción del marco ético y principios rectores para el uso responsable de la IA en la administración pública.
    • Homologación de tratados y optimización de expedientes de asistencia jurídica internacional y extradición.
  • Fase II — Inteligencia (2027-2029)
    • Despliegue operativo de plataformas analíticas y sistemas de mapas territoriales dinámicos.
    • Activación de los laboratorios de inteligencia artificial especializados en seguridad pública.
    • Implementación de herramientas avanzadas de análisis de redes criminales y de inteligencia financiera integrada.
    • Integración automatizada de sistemas de análisis de riesgo logístico y alertas operativas entre agencias internacionales.
  • Fase III — anticipación (2029-2032)
    • Activación de modelos de riesgo predictivo bajo estricta supervisión humana.
    • Despliegue de planes de contención social e intervención policial de precisión post-extradición en los territorios identificados con alta vulnerabilidad.
    • Automatización del procesamiento de indicadores del Índice Nacional de Impacto del Crimen Organizado.
    • Integración analítica avanzada entre todas las instituciones que conforman la red nacional de seguridad.
  • Fase IV — Estado inteligente (2032-2035)
    • Consolidación de un ciclo dinámico, sistemático y permanente de gestión pública basado en el flujo de conocimiento:

Detectar⟶Analizar⟶Intervenir⟶Evaluar⟶Aprender

Bajo este esquema consolidado, el Estado costarricense dejaría de considerar la política pública como una secuencia cerrada o un conjunto de programas aislados. Cada intervención produciría información analítica, cada resultado generaría aprendizaje técnico y cada aprendizaje modificaría de forma automatizada e inteligente la siguiente intervención estratégica del Estado.

Presupuesto y financiamiento

La transformación propuesta hacia un modelo inteligente no debe plantearse bajo ninguna circunstancia como una simple expansión inercial del gasto público o un aumento de la burocracia estatal. Debe conceptualizarse como una inversión estratégica en la capacidad soberana del Estado.

La asignación de recursos públicos de la Matriz Presupuestaria de Inversión se organizará en cinco componentes fundamentales: 

Componente

Finalidad e inversión estratégica

Datos e interoperabilidad

Infraestructura tecnológica para la interconexión ágil, interoperable y segura de las bases de datos de las instituciones públicas.

Ciberseguridad estatal

Sistemas avanzados de defensa informática, blindaje de datos sensibles y protección de redes de información de seguridad nacional.

IA y ciencia de datos

Herramientas analíticas avanzadas, software especializado y laboratorios de procesamiento predictivo de los subsistemas criminales.

Formación y alianzas

Financiamiento del Programa Nacional Universitario de Inteligencia y Seguridad Pública para la creación de talento humano especializado.

Evaluación científica

Financiamiento de las auditorías de impacto de las políticas públicas y el desarrollo de los tableros del CR-IA Dashboard.

 

El financiamiento del modelo combinará de forma transparente los recursos presupuestarios existentes en las carteras de seguridad, la cooperación internacional técnica y financiera, fondos específicos destinados por ley a la innovación tecnológica y seguridad nacional, y alianzas estratégicas con la academia pública, sometidos a estrictos mecanismos de control público y rendición de cuentas. Debe prevalecer un principio estratégico fundamental: no comprar tecnología sin construir la capacidad humana institucional para utilizarla.

Indicadores de resultado y el CR-IA dashboard

El modelo de gestión inteligente abandonará definitivamente la dependencia exclusiva de los indicadores tradicionales de actividad u operativos. No basta con contabilizar el volumen físico o el número de acciones (cuántas operaciones policiales se ejecutaron, cuántos agentes se desplegaron o cuántos decomisos aislados ocurrieron). La evaluación del Estado requiere indicadores cualitativos y de impacto que respondan técnicamente a las siguientes variables analíticas:

  • Cuánto disminuyó la violencia y los delitos conexos en los cuadrantes intervenidos.
  • Cuánto volumen de dinero ilícito fue identificado e interceptado de forma temprana.
  • Cuánto patrimonio y activos de origen delictivo fueron recuperados efectivamente por el Estado.
  • Qué territorios específicos mejoraron sus indicadores de vulnerabilidad social y exclusión.
  • Cuánto disminuyó la tasa de reincidencia criminal en las poblaciones atendidas.
  • Qué programas preventivos demostraron efectividad con base en la evidencia.
  • Qué recursos institucionales fueron utilizados y qué resultados específicos produjo cada intervención pública.

Para centralizar, procesar y visibilizar esta información de forma analítica, se propone la creación de un tablero nacional digital de control denominado CR-IA DASHBOARD. Esta plataforma operará con dos niveles técnicos de acceso: una interfaz con indicadores públicos agregados para fomentar la transparencia ciudadana y el análisis académico, y módulos reservados con sistemas de acceso cifrado para uso exclusivo de las autoridades e instituciones judiciales autorizadas por ley.

Matriz de evaluación

Para construir una cultura institucional de aprendizaje permanente y mejora continua, cada política de seguridad implementada en el marco nacional deberá responder de forma obligatoria a cinco preguntas fundamentales de control científico:

  1. ¿Cuál era el problema estructural o la vulnerabilidad identificada?
  2. ¿Qué intervención específica se realizó y bajo qué marco legal?
  3. ¿Qué recursos públicos (humanos, tecnológicos, financieros) se utilizaron?
  4. ¿Qué resultado medible e impacto real se obtuvo sobre el fenómeno?
  5. ¿Qué variables operativas deben modificarse para la siguiente intervención?

Riesgos del modelo

La implementación de una política de alta intensidad tecnológica y analítica conlleva riesgos críticos inherentes que deben ser identificados y mitigados de forma rigurosa desde su origen para evitar distorsiones en el sistema democrático:

  • Falsos positivos: alertas erróneas generadas por los modelos predictivos.
  • Sesgos algorítmicos: modelos entrenados con datos históricos distorsionados que puedan replicar discriminaciones.
  • Filtraciones de información: fugas de datos sensibles de seguridad nacional hacia redes externas.
  • Ataques cibernéticos: sabotajes o intrusiones en la infraestructura crítica del Estado.
  • Vigilancia excesiva o invasiva: riesgo de rebasar los límites de privacidad de la población.
  • Dependencia tecnológica: subordinación del Estado a proveedores o tecnologías extranjeras cerradas.
  • Concentración de información: acumulación desproporcionada de bases de datos en pocas manos burocráticas.
  • Decisiones automatizadas: emisión de sanciones o actos administrativos sin supervisión humana.

Por tales razones, cada sistema informático o algoritmo de IA integrado en el modelo deberá incorporar obligatoriamente auditorías de código, documentación técnica exhaustiva, evaluaciones periódicas de impacto en derechos humanos, supervisión humana constante, mecanismos ágiles de reclamación ciudadana, trazabilidad total de consultas y procesos de revisión técnica periódica.

La IA y los límites del poder estatal

Existe una diferencia conceptual y constitucional fundamental entre utilizar la inteligencia artificial para detectar patrones complejos y utilizarla para tomar decisiones punitivas sobre las personas. La primera constituye una herramienta analítica legítima; la segunda puede vulnerar de forma directa derechos fundamentales y el debido proceso.

Por ello, el modelo establece una frontera ética y constitucional clara e infranqueable: la IA puede recomendar dónde mirar, pero nunca puede decidir a quién condenar.

La inteligencia artificial tiene permitido:

  • Identificar anomalías administrativas, aduaneras y financieras.
  • Encontrar relaciones y reconstruir vínculos ocultos en redes complejas.
  • Priorizar riesgos logísticos y territoriales para guiar recursos.
  • Comparar de forma masiva grandes volúmenes de información dispersa.

La inteligencia artificial tiene estrictamente prohibido:

  • Declarar la culpabilidad jurídica de un ciudadano.
  • Sustituir el proceso de investigación policial o judicial humana.
  • Sustituir la función jurisdiccional y el criterio del juez de la República.
  • Producir o emitir de forma automatizada sanciones administrativas o penales.

Seguridad como concepto integral multidimensional

El concepto tradicional y lineal de seguridad nacional enfocado exclusivamente en el control policial clásico resulta insuficiente en el siglo XXI. La seguridad contemporánea debe entenderse como un entramado sistémico y multidimensional que comprende e integra de forma interactiva las siguientes dimensiones críticas:

  • Seguridad física: Protección directa de la vida e integridad de los ciudadanos ante la violencia criminal.
  • Seguridad financiera: Blindaje del sistema económico formal ante los flujos de legitimación de capitales.
  • Seguridad digital y ciberseguridad: Protección de las redes informáticas, infraestructuras y datos del Estado.
  • Seguridad territorial: Recuperación integral de los espacios geográficos y exclusión social en las comunidades.
  • Seguridad sanitaria: Enfoque de salud pública para la prevención, tratamiento y reducción del daño por consumo.
  • Seguridad institucional: Protección de los procesos administrativos públicos frente a los riesgos de corrupción.
  • Seguridad informacional: Garantía de la veracidad, custodia, calidad y trazabilidad de los datos públicos.

Dado que el crimen organizado tiene la capacidad de atacar simultáneamente cualquiera de estas dimensiones, la respuesta estratégica del Estado costarricense debe ser igualmente multidimensional e integrada en red.

Costa Rica como Estado inteligente

Un Estado inteligente no es simplemente un Estado digitalizado. Digitalizar las instituciones públicas sin modificar de raíz la estructura y la metodología con la que se toman las decisiones estratégicas únicamente produce un incremento de la burocracia digital.

La verdadera transformación conceptual consiste en utilizar la información para mejorar la calidad y precisión de las decisiones públicas. Un Estado inteligente se define como aquel aparato institucional que cuenta con la capacidad real de transitar de manera científica por un ciclo permanente de aprendizaje estatal:

  • Observar⟶Comprender⟶Decidir⟶Intervenir⟶Medir⟶Aprender

Costa Rica cuenta con ventajas particulares para liderar este modelo: estabilidad democrática, un sistema universitario de excelencia, conectividad digital, experiencia en políticas sobre drogas y una estrategia nacional de IA en desarrollo. El reto actual consiste en conectar de forma responsable esas capacidades dispersas para transformar los datos aislados en conocimiento estratégico aplicable al desarrollo nacional.

Continuará…

Vigilia en Pacayas por la seguridad y la soberanía alimentaria

Nota

El Equipo Técnico de Apoyo al Sector Agropecuario convoca a la «Vigilia por el sector agropecuario costarricense», que se realizará el miércoles 18 de noviembre en el parque de Pacayas, en Alvarado de Cartago. La actividad busca apoyar y visibilizar la labor de quienes trabajan la tierra, «por la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país».

El programa es el siguiente:

  • 10:00 a. m. a 3:00 p. m.: feria de productos e intercambio de semillas criollas.
  • 4:00 p. m. a 6:30 p. m.: presentaciones sobre el sector agropecuario costarricense.
  • 6:30 p. m.: presentación artística de Gerardo y Los Hicsos.

«¡Acercate y viví esta vigilia con nosotros! Apoyemos lo nuestro», invitan las personas organizadoras.

Iglesia, me dueles

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

En 1995, ochenta de cada cien latinoamericanos se declaraban católicos. Treinta y un años después, son cincuenta y cinco. En Costa Rica, la medición de 2024 ya nos situaba en el 52 %. Leo estas cifras del Latinobarómetro y me pregunto si realmente nos preocupan. Porque tengo la impresión de que nos hemos acostumbrado a perder fieles con la misma tranquilidad con que nos hemos acostumbrado a tantas otras cosas. El próximo domingo abriremos los templos, celebraremos las misas y seguiremos adelante. Como si nada estuviera pasando.

El Latinobarómetro, que lleva tres décadas estudiando las creencias y actitudes de los latinoamericanos, presenta un panorama que debería sacudirnos. La identificación católica ha caído veinticinco puntos. Las iglesias evangélicas han ganado presencia y capacidad de movilización. Entre sus fieles, el 62 % se declara practicante o muy practicante, frente al 48 % de los católicos. Y entre quienes no profesan ninguna religión encontramos una presencia creciente de jóvenes.

Sería demasiado cómodo atribuirlo todo al secularismo, al relativismo o a una sociedad que supuestamente ha perdido sus valores. ¿Y nuestra responsabilidad? ¿Cuándo fue la última vez que nos preguntamos por qué alguien dejó de encontrarse con Dios en nuestras comunidades?

Durante generaciones dimos por garantizada la transmisión de la fe. Bautizábamos, preparábamos primeras comuniones, celebrábamos matrimonios y esperábamos que los hijos repitieran el camino de sus padres. Hoy esa continuidad se ha roto. Pero mientras la sociedad cambia, buena parte de nuestras estructuras pastorales permanece inmóvil.

Nos hemos vuelto expertos en administrar una Iglesia que pierde capacidad de escuchar. Nos preocupan los edificios, los presupuestos, las celebraciones y las estadísticas sacramentales. No siempre con la misma intensidad nos preocupan las familias endeudadas, los agricultores abandonados, los jóvenes sin oportunidades o las comunidades sometidas al miedo de la violencia.

Y hay algo que me duele particularmente: cierta fascinación por las apariencias clericales. Las sotanas que se exhiben por las calles, los ornamentos suntuosos, los títulos, los tratamientos honoríficos y los protocolos que parecen devolvernos a otros siglos. Nada de eso constituye, por sí mismo, una falta. El problema aparece cuando la vestimenta adquiere más importancia que el testimonio, cuando la solemnidad sustituye la cercanía y cuando algunos parecen más interesados en hacerse reconocer como sacerdotes que en ser reconocidos por su servicio.

También necesitamos hablar de nuestros obispos. Los hay comprometidos, cercanos, capaces de acompañar el sufrimiento de sus pueblos. Sería injusto desconocerlos. Pero también hay quienes parecen haberse convertido fundamentalmente en administradores de sus diócesis, cómodos entre reuniones, ceremonias y asuntos internos, mientras sus comunidades enfrentan problemas cada vez más graves.

Recuerdo la participación pública de sectores de la Iglesia durante la discusión sobre el matrimonio igualitario en 2018. Hubo pronunciamientos, movilización y una presencia difícil de ignorar. Cuesta más recordar una intervención episcopal de semejante intensidad frente al deterioro de la seguridad, las dificultades de acceso a la vivienda, el endeudamiento de las familias o las condiciones que amenazan la supervivencia de nuestros agricultores.

No se trata de exigir que la Iglesia se convierta en un partido político. Se trata de recordar que la defensa de la vida no puede comenzar en el vientre materno y terminar allí. También comprende al niño que crece entre balaceras, al anciano que no puede comprar sus medicamentos y muere maltratado por sus «cuidadores» y a la familia que trabaja sin conseguir una vida digna.

Mientras tanto, algunos dirigentes evangélicos han adquirido una influencia política considerable. No corresponde confundir a todos sus fieles con las posiciones de sus pastores, pero tampoco podemos ignorar la instrumentalización religiosa de la política. La respuesta católica no debería ser competir por cuotas de poder ni añorar los tiempos en que la palabra episcopal bastaba para orientar el debate nacional. Nuestra autoridad moral no puede depender de la cercanía con los gobernantes.

Hace unos días, una productora de frijol explicaba en la prensa costarricense las dificultades para continuar sembrando. Pensé en las veces que durante la misa pronunciamos aquellas palabras: «Fruto de la tierra y del trabajo del hombre». ¿Sabemos cuánto recibe quien cultiva nuestros alimentos? ¿Nos preocupa que termine endeudado después de una cosecha? ¿O nos limitamos a bendecir los frutos de un trabajo cuyas injusticias preferimos desconocer?

No propongo una Iglesia sin liturgia, sin tradición ni identidad. Propongo una Iglesia que recuerde para qué existe. Una Iglesia donde el Evangelio pese más que las vestiduras, donde la cercanía con los pobres importe más que el prestigio de los cargos y donde los pastores no necesiten esperar una tragedia para descubrir el sufrimiento de sus comunidades.

Iglesia, me dueles. Y me dueles porque también soy parte de aquello que cuestiono. Porque durante años hemos podido confundir la fidelidad con la costumbre, la autoridad con el poder y la evangelización con mantener funcionando nuestras estructuras.

Quizá lo más grave no sea que millones de latinoamericanos hayan dejado de llamarse católicos. Lo verdaderamente grave sería que nosotros hayamos dejado de preguntarnos por qué. Y todavía peor: que, mientras ellos se marchan, nosotros sigamos satisfechos, acomodándonos la sotana frente al espejo.

Defender el 0,25% del Banco Popular es defender una visión integral de la seguridad social

Vivian Rodríguez Araya
Lideresa Sector Cooperativo
Comunicadora

Costa Rica ha sido reconocida por construir un modelo de desarrollo basado en la solidaridad y la búsqueda del bienestar colectivo. Muchas de las instituciones que hoy sostienen nuestra democracia social no surgieron por casualidad, sino gracias a decisiones visionarias impulsadas por sectores sociales, trabajadores, empresarios y líderes políticos que comprendieron la importancia de pensar en el largo plazo. Una de esas conquistas históricas es el aporte patronal del 0,25 % destinado al Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Este aporte no debe verse únicamente como una fuente de financiamiento institucional. Su origen responde a una visión estratégica que entendía la necesidad de crear mecanismos complementarios de protección económica para las personas trabajadoras, fortaleciendo así el sistema de bienestar más allá de las pensiones tradicionales. Fue una apuesta por la inclusión financiera, la democratización del crédito y el desarrollo de oportunidades para sectores que históricamente han tenido dificultades para acceder a la banca tradicional.

Gracias a este fondeo y otros, el Banco Popular es una institución de movilidad social, colocando créditos en condiciones más accesibles para trabajadores, familias de ingresos limitados, pequeños productores y emprendedores. Miles de costarricenses han podido iniciar o fortalecer sus negocios, adquirir vivienda, enfrentar situaciones económicas complejas o desarrollar proyectos productivos que generan empleo y dinamizan la economía nacional.

Nuevamente, las propuestas legislativas impulsadas para trasladar ese 0,25 % con el fin de financiar el Régimen No Contributivo (RNC) plantean una discusión que debe analizarse con profundidad y responsabilidad. Sin duda, el fortalecimiento de las pensiones de las personas en condición de pobreza y vulnerabilidad constituye un objetivo noble, justo y necesario. Nadie puede cuestionar la importancia de garantizar ingresos mínimos a quienes enfrentan la vejez sin una pensión contributiva.

En ese contexto, ya señala un conocido principio popular, no se puede desvestir un santo para vestir otro. Resolver las dificultades financieras de ese régimen mediante la reasignación de recursos que ya cumplen una función social y económica estratégica puede generar consecuencias negativas para miles de personas que dependen del acceso a crédito inclusivo y del apoyo a iniciativas productivas.

Lo que realmente necesita Costa Rica es una discusión integral sobre el futuro de su sistema de pensiones. Las dificultades actuales no pueden recaer únicamente sobre una institución o sobre un fondo específico de financiamiento. El desafío requiere corresponsabilidad y compromiso colectivo. El Estado, los trabajadores, los empleadores y los diversos actores sociales deben participar en la búsqueda de soluciones sostenibles que permitan fortalecer el sistema sin sacrificar instrumentos que también generan bienestar.

Nuestro país cuenta con un sistema multipilar de pensiones que, aunque enfrenta retos importantes, ofrece la oportunidad de construir soluciones equilibradas a tiempo. Lo que se requiere es voluntad política para impulsar una reforma integral que analice cada uno de sus componentes, identifique las fuentes de financiamiento necesarias y garantice la sostenibilidad de todo el Sistema Nacional de Pensiones.

La discusión de fondo debe enfocarse en cómo fortalecer el Sistema Nacional de Pensiones en su conjunto, preservando los instrumentos que promueven el desarrollo económico, la inclusión financiera y la protección social.

Defender el aporte del 0,25 % al Banco Popular no significa oponerse al fortalecimiento de los regímenes de pensiones. Por el contrario, significa reconocer que ambos cumplen funciones sociales esenciales y que ambos deben fortalecerse. La solución no puede surgir de la confrontación entre necesidades legítimas, sino de una visión compartida que permita construir consensos en beneficio de toda la sociedad costarricense.

Las grandes conquistas sociales de Costa Rica nacieron cuando el país fue capaz de pensar de manera integral y actuar solidariamente. Hoy, más que nunca, se necesita recuperar ese espíritu visionario para garantizar que las futuras generaciones cuenten con pensiones dignas, acceso al crédito y oportunidades reales de desarrollo. Esa debe ser la ruta de una reforma responsable y verdaderamente transformadora.

Panoramas SURCOS | 9 de noviembre de 2026

Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:

Presupuesto 2027: las cuatro normas que pondrían al Poder Judicial bajo control político legislativo.
https://wp.me/p6rfbZ-Ayy

Juventud alemana se moviliza contra el rearme y por la educación: exige la renuncia de Merz.
https://wp.me/p6rfbZ-Ayv

Pablo Sibar enfrenta en juicio a la ADI de Térraba.
https://wp.me/p6rfbZ-AxZ

FRENAPI se solidariza con Pablo Sibar Sibar ante juicio agrario con la ADI de Térraba.
https://wp.me/p6rfbZ-Ayf

La IA y la enfermería: entre la innovación y la defensa del empleo.
Frank Ulloa Royo.
https://wp.me/p6rfbZ-Ayt

UNA: Pérdida de empleos afecta más a mujeres y a residentes de zonas urbanas.
Roxana Morales Ramos / OES-UNA.
https://wp.me/p6rfbZ-Ay5

Más allá de las palabras. Tercera parte: regresaron a sus tumbas.
Rafael A. Ugalde Quirós.
https://wp.me/p6rfbZ-AyM

Sin el cargo, Netanyahu perdería su escudo ante la justicia nacional e internacional.
Freddy Pacheco León.
https://wp.me/p6rfbZ-Ay1

La plaza sin don Pepe.
Roger Ríos Duarte.
https://wp.me/p6rfbZ-AxE

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Más allá de las palabras. Tercera parte: regresaron a sus tumbas

Rafael A. Ugalde Quirós
Periodista
Miembro del Círculo Bolivariano de Solidaridad Yamileth López

Como corolario de la serie Más allá de las palabras, esta tercera y última entrega deja planteada una paradoja absurda para tantos costarricenses —consagrados durante años a defender una ciudadanía hueca frente a un globalismo avasallador—: en menos de medio siglo, ese modelo ha dejado al pueblo casi sin sus organizaciones y menos articulación activa. La gran incógnita permanece: ¿qué harían Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas si vieran bandas multicolores, bastoneras y discursos de todo tipo celebrando, en Puntarenas, la magnitud de sus propias tragedias?

Aquellas muertes no solo extinguieron las vidas de los líderes de la Campaña Nacional —quienes ya nos advertían sobre la capacidad del filibustero para mimetizarse—, sino que sellaron con sangre un compromiso fundacional. A 166 años de aquel crimen perpetrado bajo la sombra de un árbol de Jobo en el barrio El Carmen, el legado de Mora y Cañas adquiere una relevancia crítica impostergable, especialmente en una nación donde cada vez más personas se sienten extraños en su propia tierra.

“Voy a honrar una deuda que los costarricenses tenemos con Juanito Mora”, dijo en Puntarenas la presidenta Laura Fernández Delgado, el pasado 30 de septiembre, luego de finalizar el Consejo de Gobierno en ocasión de los 166 años del asesinato del exjefe de Estado y su cuñado, el general José María Cañas, este último, pasado por las armas el 2 de octubre de 1860, durante el gobierno de su concuño José María Montealegre Fernández.

Ella llegó al Puerto ese día con una fuerza contenida, pero con el firme propósito de hacer justicia. Al encontrarse frente a sus ministros, diputados y gente humilde que ya no busca liderazgos de ayer, esta esparzana —criada bajo la sombra del histórico Barón de San Rafael— encontró de inmediato la “comba al palo” y decretó banderas ondeando a media asta y un funeral de Estado para honrar la memoria de Mora Porras y Juan Mora Fernández.

Se trató más bien de honores para el general José Joaquín Mora Porras, quien cumplió importantes tareas echando a los filibusteros durante la Campaña Nacional en 1856. Él, su hermano Juan Rafael y el general Cañas fueron desterrados a El Salvador, tras el golpe de Estado dado por la cúpula cafetalera el 14 de agosto de 1859.

Los tres regresaron en 1860 y encabezaron la frustrada intentona para recuperar el poder desde Puntarenas. A José Joaquín le perdonan la vida, regresa al destierro y muere en El Salvador el 17 de diciembre de 1860.

En 1870 sus restos mortales fueron trasladados al Cementerio General y desde 1954 se guardan en el mausoleo de la familia González Herrán, que corresponde a la bóveda 8, en la sección exterior este, del expresidente Cleto González Víquez. Juan Mora Fernández ejerció como primer jefe de Estado entre 1824 y 1833.

Ese día la presidenta anunció además de obras de infraestructura, como la reactivación del servicio de tren – el último pitazo desde Puntarenas se registró el 27 de junio de 1995 –, pagos de subsidios para el sector pesquero afectado por vedas, se deslindó de lo que llamó “consorcios económicos” y a los gritos afuera contra la “dictadura”, advirtió, según ella, sobre el peligro de tener gobernantes impuestos por sectores de poder.

El diario La Nación – 80 años presente en las causas conservadoras -se hizo eco ese día de los enfrentamientos verbales entre simpatizantes del gobierno y jóvenes que, el periódico identificó como de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).

Pintura al óleo sobre «Ejecución de Juan Rafael Mora Porras en Puntarenas», de Carlos Aguilar Durán, en Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.

La gobernante hizo asimismo votos a favor de la democracia reseñando las excelentes relaciones entre su gobierno y los Estados Unidos. Desmintió que Washington había suspendido la visa a su ministro Rodrigo Chaves, como “bolo” político echado a rodar por sus opositores.

Desde estas perspectivas y de cómo se desarrollaron los acontecimientos durante el “mes de la patria”, primero deja de salir el sol antes de que San José pregunte si es posible votar contra el bloqueo comercial, financiero y energético impuesto a Cuba, en la Asamblea General de la ONU el 27 y 28 de octubre.

Eso sucede a los médicos, investigadores, maestros, choferes, agricultores y obreros cubanos por ser tan “comunistas” y desobedecer a Washington, como argumentaría alguien sin sentido.

Este esquema tiene años de vigencia, solo que ahora está en plena marcha y perfeccionamiento, a partir del invento de los nuevos enemigos de la democracia, la paz y la institucionalidad de los Estados en la región.

Una visión completa la dio recientemente solo quien conoce nuestros entresijos. El fiscal general, Carlo Díaz, aseguró que la coordinación que se mantiene con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos es prácticamente diaria, al punto de bromear con que se siente “como un funcionario más” de esa agencia.

Díaz hizo la afirmación en el podcast “El Bien y El Mal” de Grupo Extra al explicar las razones por las que creía debía seguir al frente del Ministerio Público por un nuevo periodo de cuatro años.

Esto va más allá del compromiso con la democracia, los muertos que ya nos deja a diario la guerra contra las drogas y el enfrentamiento al terrorismo, bajo un amplio marco para que a futuro encaje cualquier manifestación, conforme cobre fuerza y termine consolidándose en los estrados judiciales y el legislativo el llamado Derecho Penal de autor. Entonces, en la aldea empobrecida, jóvenes desempleados y gente marginada, todos necesitaremos que nos cuiden.

Laura Fernández Delgado a (5G) el alineamiento del país con la estrategia de seguridad tecnológica de EUA derivó en restricciones a proveedores de redes que no fuesen firmantes del Convenio de Budapest (afectando directamente a empresas de China). Pese a fricciones iniciales, los principales partidos de oposición han respaldado la incorporación del país a la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP) impulsada por Washington. Un ejemplo más de las coincidencias de fondo entre los grupos que juegan a la oposición y los que hacen de gobierno de turno.

El sostenido desarrollo de semiconductores posicionó los acuerdos bilaterales y a Costa Rica

como un centro neurálgico regional de manufactura avanzada tecnológica, facilitando incentivos de inversión de grandes corporaciones estadounidenses (como Intel).

Resumen con ayuda de la IA de la relación EUA – CRC en la última década:

Eje del Acuerdo

Rol del Ejecutivo

Rol de la Oposición (Asamblea)

Impacto Institucional

Seguridad Ciudadana

Negociación y firma de protocolos ministeriales (INL, DEA, FBI).

Autorización de atraques de buques y dotación presupuestaria complementaria.

Récord en incautaciones de droga y fortalecimiento de la vigilancia costera.

Control Migratorio

Cooperación diplomática y adopción de la Declaración de Los Ángeles.

Control político para garantizar resguardo y DD.HH. según óptica de EUA.

Recepción regulada de tránsito y asistencia financiera estadounidense vía OIM.

Tecnología y Comercio

Decretos regulatorios para redes 5G y postulaciones comerciales internacionales.

Aprobación de leyes de incentivos para la atracción de inversionistas globales.

Consolidación de Costa Rica como proveedor prioritario de microchips para EUA.

En conclusión, aunque la última década ha experimentado transiciones entre distintas administraciones en el Poder Ejecutivo, la relación estratégica con los Estados Unidos ha mantenido un consenso invariable donde la oposición ha priorizado los acuerdos en seguridad hemisférica y dinamismo tecnológico sobre las disputas político-partidarias locales.

El hombre de barba miró el pecho de su camisa. El agujero de bala estaba mal hecho. Miró al compañero a su lado. El otro hombre tenía el mismo agujero en la tela, pero no dijo nada. Tenía los ojos fijos en la multitud. Buscaba caras. Sí, caras. Los conocía a todos. Buscaba a los Blanco, a los Salazar, a los Montealegre, a los Fernández, a los Aguilar, a los Lorente, a los Yglesias. Buscaba a los nietos y tataranietos de quienes los habían matado.

Alguien ordenó poner un torniquete a las tamboras. A las liras metálicas algún travieso robó sus 27 notas. El hombre sin barba miró a su amigo. Lo miró como un hijo mira a su padre.

—No han cambiado —dijo. Su voz se oyó perfectamente.

No había rencor en sus palabras. Hizo una seña militar con cinco dedos:

—Por el flanco izquierdo. Para protegernos entre el paso de la Angostura y la playa.

Caminaron hacia el este de Puntarenas. Iban a la Ciudad de las Tumbas.