Sin este poder desde la ciudadanía no hubiésemos logrado impedir PH San Rafael

Luis Monge, Ríos Vivos

En el año 2013, iniciamos una lucha que nos vaticinaban perdida: detener 17 proyectos hidroeléctricos, planteados al amparo de las leyes de apertura del mercado eléctrico; aprobadas en los gobiernos de José Ma. Figueres y Oscar Arias, casualmente ambos pertenecientes a familias que participan de la generación privada. Estos proyectos además serían desarrollados por grandes empresas y grupos familiares poderosos. Teníamos en contra el marco legal, a grupos política y económicamente poderosos y a la misma institucionalidad, como la SETENA, que históricamente había cumplido un papel de “facilitador” para este tipo de proyectos, al igual que la ARESEP, el ICE, las Municipalidades. Muchos nos auguraban un rotundo fracaso: “ustedes no tienen recursos, no tienen capacidades técnicas, ni legales, no tienen “patas” políticas”.

Bajo un discurso de “desarrollo”, de progreso, se justificaban estos proyectos, a las pocas personas que se les presentaron inicialmente en las comunidades. Sin embargo 6 años después somos testigos del cierre del último proyecto hidroeléctrico en la Zona Sur, el PH San Rafael. Poco a poco, gracias a la resistencia que ofrecieron las comunidades, que, integradas junto con estudiantes, artistas, profesionales, ciudadanos y ciudadanas en general, en el Movimiento Ríos Vivos, logró articular la lucha para vencer a estos proyectos.

Poco a poco, basado en la experiencia que iba desarrollando cada grupo de resistencia que se constituía en las comunidades, y con el apoyo de aliados, como Kioscos Ambientales de la UCR, la FECON, la Asociación Voces Nuestras y en un inicio incluso la Pastoral Social de la Iglesia Católica. A punta de ejercicio se tejieron músculos de resistencia: aprendimos a presentar oposiciones en la SETENA; a hurgar en estudios técnicos para ubicar la información biológica, a desarrollar herramientas de comunicación tanto a lo interno como a lo externo del Movimiento; a realizar movilizaciones en los ríos, en las calles, en la ciudades, para llamar la atención de la ciudadanía, a realizar cabildeo político con los candidatos, a presionar a las Municipalidades para lograr las moratorias, a ser expertos en tramitologías, para descubrir las múltiples irregularidades con las que se iban aprobando los avances en los proyectos hidroeléctricos; a constituir células de resistencia independientes, pero al mismo tiempo capaces de aprovechar el conocimiento y experiencia adquiridos por el Movimiento en su totalidad. Se construyeron también hermandades, nuevas amistades, relaciones que antes no existían entre personas y comunidades distintas.

Este proceso desnudó los niveles de injerencia y de corrupción que se promueve desde las empresas privadas, tramitando proyectos con estudios de impacto ambiental superficiales, sin consulta a las comunidades, e incluso manipulando con su capital a algunos vecinos; logrando permisos irregulares en las Municipalidades y la aprobación en la ARESEP y SETENA de procesos que indican claramente que dio una colusión entre las empresas y estas entidades. Lo último que nos enteremos, cuando se solicitó información respecto a lo actuado, es que no se “puede adelantar información, hasta que sea oficialmente comunicada a los interesados”; refiriéndose a la empresa: para las autoridades las comunidades, los vecinos que defendemos los ríos, no somos “parte interesada”.

Todo este conocimiento y capacidades, construido por cientos de personas, es el que permitió que hoy se nos anuncie que el gobierno decidió no otorgar la conveniencia nacional al último proyecto en ciernes, el PH San Rafael; sin esta presión social, sin este ejercicio del poder y la gobernanza que emergió de la ciudadanía, no lo hubiésemos logrado.

 

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