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Etiqueta: 2025

UCR: Una fuerza multisectorial alza su voz para defender la educación pública y los derechos sociales en Costa Rica

Publicado el . Publicado en Derechos, Educación.

Marcha nacional: “Educación hoy, paz mañana”

Ante la dramática crisis educativa que vive el país, miles de personas marcharon este 28 de agosto por las calles de San José, en respuesta al llamado de más de 70 organizaciones sociales y productivas, así como de las universidades públicas, por un Pacto Nacional por la Educación

Con una movilización nacional multisectorial por las calles de la capital este 28 de agosto, las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo y otros sectores de la sociedad civil dan de nuevo la lucha por reactivar el proceso del Pacto Nacional por la Educación Pública. Este proceso inició el 20 de junio del 2023, con el objetivo de mejorar las condiciones del sistema educativo del país y, además, promover cambios sociales urgentes y una transformación tributaria justa.

Por medio de esta nueva movilización, la Mesa Nacional de Diálogo advierte una vez más que la actual crisis educativa es parte de una crisis más amplia que afecta los servicios de salud, el sector agroalimentario, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana, el medio ambiente y los derechos humanos, sociales y laborales en todo el país.

El lema «Educación hoy, paz mañana» fue la consigna bajo la cual marcharon miles de personas en la capital, del Parque de la Merced a la Plaza de la Democracia y del Pretil de la Universidad de Costa Rica a la sede central de la Universidad Estatal a Distancia en Sabanilla, a las 8:00 a. m.

El comunicado oficial de los organizadores indicaba que “se busca incorporar una agenda amplia que incluya diversas demandas territoriales y locales, y demostrar que la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo es la transformación tributaria estructural para atacar de raíz el principal problema de la actualidad: la desigualdad”.

Por tanto, las movilizaciones convocadas para este 28 y 29 de agosto no se limitan a una lucha en defensa del sistema educativo costarricense, pues aglutinan una agenda social muy amplia. Entre las principales demandas está el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8 % del PIB a la educación pública.

Todos los sectores se reunieron en la Plaza de la Democracia, donde presentaron a la Asamblea Legislativa la propuesta del Pacto Nacional, en el contexto de la discusión del presupuesto para la educación nacional, el cual en este 2024 se ve en manos de los legisladores, tras la imposibilidad del Poder Ejecutivo de llegar a un acuerdo con las universidades públicas.

Documento del Pacto Nacional por la Educación,dirigido a la Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo y Defensoría de los Habitantes

Estudiantes de primaria, secundaria y de universidades públicas  entregaron al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, y a varios legisladores presentes, un documento con las principales demandas y propuestas para reactivar el proceso de diálogo y concertación que permita alcanzar un Pacto Nacional por la Educación Pública.

En el documento dirigido al presidente de la República, a la Asamblea Legislativa y a la Defensoría de los Habitantes, los organizadores de la movilización manifiestan que “Urgen soluciones ante las distintas causas y manifestaciones de la actual crisis educativa”.

El documento continúa señalando que “la inversión en educación se redujo en el 2023 a un 5,2 % del PIB, a pesar de que la Constitución Política es clara en que debe destinarse el 8 % del PIB al sistema educativo en todos sus niveles. Esta reducción  significa un retroceso de casi 20 años. Si no se cambia el actual rumbo, se continuará profundizando el deterioro, no solo en todos los niveles del sistema educativo, sino que también disminuirá la productividad, la calidad en el talento humano y el bienestar de la sociedad en general, empeorando así la desigualdad, la exclusión social, la violencia y el autoritarismo”.

Rodrigo Arias Sánchez

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, recibe a los marchistas de este 28 de agosto. Marcha Educación hoy, paz mañana.

Las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo proponen un mecanismo de enlace ciudadano que acompañe la discusión del presupuesto para educación en la Asamblea Legislativa. También lanzarán una consulta ciudadana a través de un formulario en línea, en el cual personas y organizaciones de todo el país podrán proponer sus ideas para fortalecer el sistema educativo.

La movilización nacional continuará este 29 de agosto con acciones regionales, culturales y propositivas en Limón, Río Frío, Liberia, Nicoya, Pérez Zeledón, El Palmar, Ciudad Neily, San Vito, San Carlos, Upala, Puntarenas, Quepos y San José.

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

UCR, Voz experta: las fuerzas del aparato de propaganda del Ejecutivo se volcarán contra las Universidades

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Dr. Gabriel Macaya Trejos. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Educación hoy, paz mañana

La presente campaña electoral en la UCR debe ser un momento de lucidez y acción institucional

Hace justo dos años, cuando, tardíamente, se iniciaba en la Comisión de Enlace la negociación del Fondo Especial de la Educación Superior, escribía que “Negociar, según la segunda acepción del Diccionario de la Real Academia Española, significa tratar asuntos públicos o privados procurando su mejor logro. Debería ser un proceso de diálogo honesto, claro, basado en datos y hechos que lleve a un acuerdo entre las partes. Puede ser corto, en el que las partes llegan a un acuerdo rápido o lento con muchas discusiones, propuestas y contrapropuestas. No es, ni debería ser uno en el que una de las partes imponga sus condiciones. Debe prevalecer un interés común, en el caso de la negociación del FEES, más aún, un interés superior.”

Este año, parece que el Ejecutivo sigue sin entender lo que es un proceso de negociación. También señalé hace dos años que algunos dicen que negociar es un arte, yo esperaría que fuera, al menos, una destreza. Otros tratan de enseñarlo. Pero estoy convencido que negociar se aprende negociando. Y en esto, el Gobierno muestra que en dos años poco ha aprendido. Para ellos es más fácil imponer que convencer. Y no es solo el fracaso de la negociación del FEES, sino múltiples ejemplos de imposiciones presidenciales.

Además, este año el Ejecutivo engañó. Con una rabieta, la ministra de educación exigió que, si los Rectores querían seguir negociando, deberían hacerlo en la Casa Presidencial. Si no era así, la negociación se daba por terminada, y el FEES tendría un aumento del 1%. Los Rectores inicialmente rechazaron la imposición de la sede de negociación, pero finalmente cedieron a reunirse en Casa Presidencial. Esta decisión ahora la vemos como un error. Ingenuamente cedieron tal vez pensando que se abría la posibilidad de una negociación, como parecía indicarlo la convocatoria de la Ministra de Educación.

La dura realidad fue que no hubo negociación, el Gobierno impuso su incremento del 1%, que los rectores rechazaron. Al no haber acuerdo, contrariamente a lo dicho en la carta de convocatoria impuesta por la ministra Müller, finalmente el Gobierno enviará un presupuesto para el FEES con el mismo monto del año anterior, sin ningún incremento. Si así son las cosas, la ministra de educación engañó a los Rectores.

Pasamos a una etapa en la que será la Asamblea Legislativa la que defina el monto del Fondo. Esta circunstancia no es inédita, ya en el pasado no se logró acuerdo en la Comisión de Enlace y el asunto pasó a la Asamblea Legislativa, la que lo devolvió al Ejecutivo para que, al final, se llegara a un acuerdo en la Comisión de Enlace.

En nuestra institución, esta circunstancia llega en un momento complejo, en medio de una campaña de elección de Rector con cinco candidatos. El FEES y su negociación debe ser tema de esta campaña, pero no para marcar diferencias entre los candidatos, sino para mostrar una posición institucional consensuada, que demuestre nuestra unidad. Una declaración conjunta de los cinco candidatos frente al proceso que se inicia en la Asamblea Legislativa sería bienvenida y oportuna.

Ya debemos ponernos a trabajar para mostrar a la ciudadanía lo que son y significan nuestras instituciones de educación superior, construyendo un relato claro y contundente, ya que las fuerzas del aparato de propaganda del Gobierno, eficaz al menos en las redes sociales, se volcará contra las Universidades con sus mentiras y campañas de desinformación.

Que esta campaña electoral en la UCR sea un momento de lucidez y acción institucional. No puede ser de otra manera: alzando la voz.

Gabriel Macaya Trejos
Exrector de la Universidad de Costa Rica

Defensoría revisará posibles recortes a entidades públicas en presupuesto 2025

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La Defensoría de los Habitantes inició una investigación de oficio sobre el presupuesto que tendrán los 18 Ministerios para determinar si la asignación presupuestaria para el 2025 lleva implícita o no recortes que puedan poner en aprietos programas sociales.

A este listado de instituciones del Gobierno Central se suma el Banco Hipotecario de la Vivienda, el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Patronato Nacional de la Infancia, debido a que son entidades del Estado que atienden a población en condición de vulnerabilidad.

La información se solicitó a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda. El interés de este órgano de control es conocer el límite presupuestario máximo y el presupuesto aprobado del 2024 además, el límite presupuestario máximo del 2025 de cada entidad.

También se solicitó al director general de Presupuesto Nacional, José Luis Araya Alpízar, el listado de instituciones públicas que se les haya realizado recortes a la asignación presupuestaria en comparación con el ejercicio fiscal del año 2024 y las razones del por qué dichos ajustes.

La alerta para la Defensoría de los Habitantes proviene ante la posibilidad de una disminución en el presupuesto destinado a la educación para el próximo año y, los impactos que enfrenta este sector con la aplicación de la regla fiscal, pues el país debe seguir apostando a una inversión en el sistema educativo para transformar el futuro de los habitantes, disminuyendo la desigualdad social, ampliando las oportunidades y reforzando el conocimiento, práctica y defensa de los derechos humanos.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes