Como Marita Arce Soto y Diego Retana Solano, entonces estudiantes de Trabajo Social; como Dennis Solís, educador de secundaria; como Adrián Jaén España y Manuel Alberto Villalobos Arias, profesores universitarios, multitud de costarricenses marchamos el 8 de noviembre de 2012 en defensa de una de las instituciones públicas de mayor importancia de la historia reciente de Costa Rica: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Una institución pública creada en los años cuarenta, financiada por la mayoría de la población, que funciona por el principio de la solidaridad social y por la universalidad del servicio, para brindar acceso masivo a la atención de la salud pública y a la seguridad social.
Pero resulta que solo esas cinco personas fueron procesadas judicialmente, de los miles que allí se presentaron a manifestarse, ejerciendo su derecho a la libre expresión y en defensa del derecho a la salud pública. Inicialmente fueron detenidas unas 35 personas y después el Ministerio Público les levantó un juicio penal a cinco de ellas; juicio que se realizará del 3 al 6 de abril de 2017.
¿Por qué enjuiciar a manifestantes? Los derechos a la manifestación y a la libertad de expresión de los ciudadanos están garantizados por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política. Y hay una sentencia de la Sala Constitucional (2-03-020, del 14 de abril de 2000) que establece que ante un conflicto entre la libertad de expresión y la libertad de tránsito, prevalece el primero y que, en todo caso, la Policía no puede dispersar a los manifestantes “mediante maltrato físico y detenciones ilegítimas”.
Por eso manifestamos:
Los argumentos del Ministerio Publico no se sostienen en un régimen democrático. Sin duda las personas manifestantes estaban en situación de indefensión ante una policía con escudos antimotines, que los usaron para tratar de disolver la manifestación.
Nos preguntamos ¿qué buscaban con esa acción las autoridades policiales de la administración de la presidenta Laura Chinchilla? Sin duda buscaban dar una vez más una lección al pueblo costarricense: Que no protestemos, y que nos olvidemos de defender nuestros derechos, máxime si ponen en evidencia la corrupción o ineficiencia de quienes socaban las instituciones del pueblo, cuando gobiernan y administran bienes públicos y colocan por encima los intereses privados que se apropian de ellas.
¿Por qué defender la CCSS en 2012 y aún hoy en 2017?
En 2012, los y las manifestantes procedentes de diversos lugares del país como elOccidente del Valle Central, de Puntarenas y Guanacaste plantearon su protesta por el recorte al presupuesto de la institución, que se reflejaba en el deterioro de los servicios de salud en clínicas y hospitales, evidente en largas filas de espera para atenciones de servicios especializados, falta de especialistas en zonas fuera del Área Metropolitana, abandono de la función de promoción de salud y prevención de las enfermedades, entre otras deficiencias.
Es así como sistemáticamente se ha venido erosionando su eficiencia, la evasión en el pago de las cuotas patronales, incluida la del gobierno de la República, sin dejar de lado la entrega al sector privado de servicios muy rentables, en vez de adquirirlos con bienes propios.
Poco se ha resuelto de esas quejas del 2012, a pesar de un cambio de gobierno. Actualmente la situación se complejiza más y hoy nos preocupa a la ciudadanía la crisis del sistema de pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Como Movimiento Salud sin Paredes, de la zona de Occidente el Valle Central, confirmarnos el derecho de la ciudadanía de ser parte de sus instituciones públicas construidas a lo largo de la historia y nos manifestarnos en defensa de uno de los pilares de la democracia costarricense.
Por eso denunciamos la injusticia de un juicio penal contra ciudadanas y ciudadanos, cuyo único “delito” es ser parte de un pueblo que se movilizó en noviembre de 2012 para pedir que la CCSS no perdiera su eficacia en la calidad de la atención de salud.
¡La salud es un derecho del pueblo y su participación un deber!
Movimiento Salud Sin Paredes, Región Occidente
San Ramón de Alajuela, 29 de marzo de 2017.
Enviado a SURCOS por Movimiento Salud Sin Paredes.
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