SURCOS recibió de la Asociación Americana de Juristas la siguiente declaración en torno al llamado Grupo de Lima y su posición respecto al gobierno de Venezuela.
La Asociación Americana de Juristas es una Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra.
DECLARACIÓN DE
LA AAJ EN RECHAZO A LA DECLARACIÓN DEL LLAMADO “GRUPO DE LIMA”
Ya No Es
Tiempo de Imperios, Ni Colonias. Es Tiempo de Pueblo y Dignidad.
La Asociación
Americana de Juristas, que tiene entre sus objetivos la lucha por la
autodeterminación de los pueblos, la acción contra el imperialismo, el
fascismo, el colonialismo y el neocolonialismo, la defensa de una paz efectiva
basada en el principio de coexistencia pacífica entre estados de diferentes
sistemas sociales y económicos, y la defensa y promoción de los derechos
humanos y su efectiva vigencia, expresa su más firme rechazo a la reciente
declaración del denominado “Grupo de Lima”, con la oposición de México, que
promueve el desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas en la
República Bolivariana de Venezuela.
Este grupo de
gobiernos, surgió tras el fracaso de la tentativa impulsada por los Estados
Unidos de activar en la OEA la Carta Democrática Interamericana contra
Venezuela, argumentando una supuesta ruptura del orden constitucional del
mencionado país. En esa línea injerencista, en abril del año pasado, rechazaron
la convocatoria de las elecciones presidenciales de Venezuela de 2018, y la
canciller peruana Cayetana Aljovín omitió la invitación al presidente Nicolás
Maduro en la Cumbre de las Américas de 2018, manifestando que no sería
bienvenido.
En esta oportunidad, y bajo la clara conducción del
Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien a pesar de no
integrar formalmente el “grupo”, participó en el mismo, luego de su visita a
varios países de América Latina, requiriendo a sus gobiernos, aumentar la
presión contra el presidente Nicolás Maduro; emiten una declaración que
pretende desconocer la legitimidad de la elecciones realizadas bajo argumentos
mendaces[1]; exhorta al Presidente Nicolás Maduro a no asumir el cargo para el
cual lo ha elegido su pueblo, requiriéndole que transfiera provisoriamente el
poder a la Asamblea Nacional, con total desconocimiento de lo resuelto por la
Asamblea Constituyente y arrogándose la facultad de negar los resultados de dos
actos electorales, con amplia participación popular y varios partidos
políticos, y el orden dispuesto en la Constitución Nacional de la República
Bolivariana.
Estos gobiernos incurren en ostensibles contradicciones,
cuando se manifiestan preocupados por la crisis política, económica, social y
humanitaria que atraviesa ese país atribuyéndola a la supuesta “ruptura del
orden democrático y el estado de derecho”, pero en la lista de medidas que
acuerdan, consignan:
- Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela;
- Impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima;
- Elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos;
- Evaluar con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos a Venezuela en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte;
- Evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria.
Lo acordado
refleja una profundización del bloqueo económico y aislamiento de la República
Bolivariana de Venezuela, ya aplicado desde hace casi 60 años a Cuba, por la
misma potencia imperial, con el objetivo de propiciar un golpe de estado y el
derrocamiento del Presidente Maduro. Para ello, agudizan las dificultades
económicas, mediante un bloqueo comercial y político, causando daños
irreparables al pueblo que las sufre y creando una crisis migratoria.
La vergonzosa
conducta de estos gobiernos constituye una grave amenaza a la paz de la región
y una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, organización
basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros, que
establece: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales,
se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la
integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en
cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.
… arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal
manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni
la justicia. “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones
internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza
contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier
Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las
Naciones Unidas.”
Además, el artículo 19 de la Carta de la OEA, determina que
«Ningún Estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir, directa o
indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos
de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada,
sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de
la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales
que lo constituyen.»
Llamativamente hipócrita es el abordaje de la Declaración
Lima respecto de la crisis de migrantes y humanitaria saludando su inclusión en
el Llamamiento Humanitario Global de la ONU para 2019, así como la designación
del representante conjunto de la OIM y ACNUR, teniendo en cuenta que sus
integrantes han mantenido un vergonzoso silencio respecto de las crisis
humanitarias sufridas por otros países de la región. Como ejemplos, nos referimos
a la grave realidad haitiana; la caravana de migrantes hondureños; la situación
de casi 15,000 mil niños y niñas migrantes, en su mayoría provenientes de
Centroamérica, detenidos y bajo la custodia del gobierno de los Estados Unidos;
y la crítica ´situación en Colombia después de la firma de los Acuerdos de Paz,
que hasta hace poco registraba más de cinco millones de colombianos residiendo
en Venezuela y varios millones en otros países. No se ha sabido de pedidos de
intervenciones o medidas de bloqueo contra esos países, similares a las ahora
propiciadas, revelando claramente que responden únicamente a los intereses
geopolíticos de Estados Unidos, que, a través de sus funcionarios, se han
manifestado claramente a favor de una intervención militar a la hermana
República Bolivariana de Venezuela.
Destacamos la
posición del nuevo gobierno de México del presidente Andrés Manuel López
Obrador, que se manifestó en contra de las amenazas, reconociendo la
legitimidad del gobierno del Presidente Maduro, fundamentado en la defensa de
los principios de respeto a la autodeterminación de los pueblos y de no
intervención. López Obrador solicitó al Grupo de Lima velar por la vocación
multilateralista y la creencia en que el diálogo y el entendimiento entre los
venezolanos será la única vía posible para solucionar los problemas que
atraviesa el país. En términos similares se ha expresado el Papa Francisco.
Por todo lo
expuesto, la AAJ llama a las organizaciones de juristas, como también a los
movimientos y organizaciones sociales, culturales y profesionales, y a las
fuerzas políticas progresistas a repudiar las amenazas golpistas del gobierno
de los Estados Unidos y los entes en el llamado “Grupo de Lima”, a reclamar a
sus respectivos gobiernos que respeten las disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas de no intervención en los asuntos internos de la República
Bolivariana de Venezuela.
[1] Afirman: “por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”, cuando en realidad compitieron diversas listas y candidaturas, tuvo una amplia participación popular que alcanzó un porcentaje igual al de las elecciones estadounidenses, y contó con la presencia de más de doscientos acompañantes nacionales e internacionales. La misma ha sido objeto de las auditorias correspondientes, y no ha recibido impugnaciones internas.
A 11
de enero de 2019
Vanessa Ramos, Presidenta AAJ Continental
Luis Carlos Moro, Secretario
General
Beinusz Szmukler, Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ
Enviado a SURCOS por Carlos Meneses Reyes. Foto con fines ilustrativos tomada de http://aajramaargentina.blogspot.com
