Asociación Americana de Juristas rechaza tesis de Grupo de Lima

SURCOS recibió de la Asociación Americana de Juristas la siguiente declaración en torno al llamado Grupo de Lima y su posición respecto al gobierno de Venezuela.

La Asociación Americana de Juristas es una Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra.

DECLARACIÓN DE LA AAJ EN RECHAZO A LA DECLARACIÓN DEL LLAMADO “GRUPO DE LIMA”

Ya No Es Tiempo de Imperios, Ni Colonias. Es Tiempo de Pueblo y Dignidad.

La Asociación Americana de Juristas, que tiene entre sus objetivos la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la acción contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo y el neocolonialismo, la defensa de una paz efectiva basada en el principio de coexistencia pacífica entre estados de diferentes sistemas sociales y económicos, y la defensa y promoción de los derechos humanos y su efectiva vigencia, expresa su más firme rechazo a la reciente declaración del denominado “Grupo de Lima”, con la oposición de México, que promueve el desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas en la República Bolivariana de Venezuela.

Este grupo de gobiernos, surgió tras el fracaso de la tentativa impulsada por los Estados Unidos de activar en la OEA la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela, argumentando una supuesta ruptura del orden constitucional del mencionado país. En esa línea injerencista, en abril del año pasado, rechazaron la convocatoria de las elecciones presidenciales de Venezuela de 2018, y la canciller peruana Cayetana Aljovín omitió la invitación al presidente Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas de 2018, manifestando que no sería bienvenido.

En esta oportunidad, y bajo la clara conducción del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien a pesar de no integrar formalmente el “grupo”, participó en el mismo, luego de su visita a varios países de América Latina, requiriendo a sus gobiernos, aumentar la presión contra el presidente Nicolás Maduro; emiten una declaración que pretende desconocer la legitimidad de la elecciones realizadas bajo argumentos mendaces[1]; exhorta al Presidente Nicolás Maduro a no asumir el cargo para el cual lo ha elegido su pueblo, requiriéndole que transfiera provisoriamente el poder a la Asamblea Nacional, con total desconocimiento de lo resuelto por la Asamblea Constituyente y arrogándose la facultad de negar los resultados de dos actos electorales, con amplia participación popular y varios partidos políticos, y el orden dispuesto en la Constitución Nacional de la República Bolivariana.

Estos gobiernos incurren en ostensibles contradicciones, cuando se manifiestan preocupados por la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país atribuyéndola a la supuesta “ruptura del orden democrático y el estado de derecho”, pero en la lista de medidas que acuerdan, consignan:

  • Reevaluar el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela;
  • Impedir a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de los países del Grupo de Lima;
  • Elaborar listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus países no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos;
  • Evaluar con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos a Venezuela en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte;
  • Evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria.

Lo acordado refleja una profundización del bloqueo económico y aislamiento de la República Bolivariana de Venezuela, ya aplicado desde hace casi 60 años a Cuba, por la misma potencia imperial, con el objetivo de propiciar un golpe de estado y el derrocamiento del Presidente Maduro. Para ello, agudizan las dificultades económicas, mediante un bloqueo comercial y político, causando daños irreparables al pueblo que las sufre y creando una crisis migratoria.

La vergonzosa conducta de estos gobiernos constituye una grave amenaza a la paz de la región y una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, organización basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros, que establece: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas. … arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”

Además, el artículo 19 de la Carta de la OEA, determina que “Ningún Estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen.”

Llamativamente hipócrita es el abordaje de la Declaración Lima respecto de la crisis de migrantes y humanitaria saludando su inclusión en el Llamamiento Humanitario Global de la ONU para 2019, así como la designación del representante conjunto de la OIM y ACNUR, teniendo en cuenta que sus integrantes han mantenido un vergonzoso silencio respecto de las crisis humanitarias sufridas por otros países de la región. Como ejemplos, nos referimos a la grave realidad haitiana; la caravana de migrantes hondureños; la situación de casi 15,000 mil niños y niñas migrantes, en su mayoría provenientes de Centroamérica, detenidos y bajo la custodia del gobierno de los Estados Unidos; y la crítica ´situación en Colombia después de la firma de los Acuerdos de Paz, que hasta hace poco registraba más de cinco millones de colombianos residiendo en Venezuela y varios millones en otros países. No se ha sabido de pedidos de intervenciones o medidas de bloqueo contra esos países, similares a las ahora propiciadas, revelando claramente que responden únicamente a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que, a través de sus funcionarios, se han manifestado claramente a favor de una intervención militar a la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Destacamos la posición del nuevo gobierno de México del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se manifestó en contra de las amenazas, reconociendo la legitimidad del gobierno del Presidente Maduro, fundamentado en la defensa de los principios de respeto a la autodeterminación de los pueblos y de no intervención. López Obrador solicitó al Grupo de Lima velar por la vocación multilateralista y la creencia en que el diálogo y el entendimiento entre los venezolanos será la única vía posible para solucionar los problemas que atraviesa el país. En términos similares se ha expresado el Papa Francisco.

Por todo lo expuesto, la AAJ llama a las organizaciones de juristas, como también a los movimientos y organizaciones sociales, culturales y profesionales, y a las fuerzas políticas progresistas a repudiar las amenazas golpistas del gobierno de los Estados Unidos y los entes en el llamado “Grupo de Lima”, a reclamar a sus respectivos gobiernos que respeten las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas de no intervención en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela.

[1] Afirman: “por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”, cuando en realidad compitieron diversas listas y candidaturas, tuvo una amplia participación popular que alcanzó un porcentaje igual al de las elecciones estadounidenses, y contó con la presencia de más de doscientos acompañantes nacionales e internacionales. La misma ha sido objeto de las auditorias correspondientes, y no ha recibido impugnaciones internas.

A 11 de enero de 2019

Vanessa Ramos, Presidenta AAJ Continental

Luis Carlos Moro, Secretario General

Beinusz Szmukler, Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ

Enviado a SURCOS por Carlos Meneses Reyes. Foto con fines ilustrativos tomada de http://aajramaargentina.blogspot.com