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Etiqueta: abandono institucional

Finca Dos Ríos: sembrando dignidad en el Día del Campesino que no llega

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Cada 15 de mayo se conmemora en Costa Rica el Día del Campesino, una fecha que debería servir no solo para celebrar, sino para reflexionar críticamente sobre las condiciones en que viven quienes sostienen la alimentación del país. Lejos de los discursos oficiales, en comunidades como Finca Dos Ríos —ubicada en el Caribe— las personas campesinas enfrentan abandono institucional, inseguridad jurídica y exclusión sistemática. Su realidad es también la de miles de familias rurales invisibilizadas, que a pesar de todo siguen sembrando vida.

Finca Dos Ríos, ubicada en Guácimo de Limón, es el hogar de decenas de familias campesinas que enfrentan una dura realidad marcada por la inseguridad jurídica, el abandono estatal y las dificultades económicas. Desde hace más de dos décadas, estas personas han vivido, trabajado y cuidado la tierra que antes perteneció a una empresa bananera. Hoy, su derecho a permanecer allí sigue en disputa.

“Aquí nadie nos ayuda”: entre el olvido institucional y la resistencia

Los testimonios de hombres y mujeres que hoy están trabajando su tierra, dan cuenta de una lucha constante. Cuentan cómo llegaron a la finca, muchos tras ser despedidos sin liquidación de las bananeras, cómo abrieron caminos con machete y cultivaron yuca, plátano, cacao, pipa y limón sin ayuda técnica ni apoyo institucional. Las pérdidas son comunes: enfermedades de los cultivos, plagas como el abejorro, lluvias intensas que pudren las cosechas, falta de compradores y caminos intransitables que dificultan sacar los productos.

A esto se suma la amenaza permanente de desalojo. Varios habitantes denuncian que una persona que reclama la propiedad de las tierras, vendiendo parcelas sin títulos claros y presionando a las familias para que paguen por lo que consideran suyo por derecho de trabajo y ocupación. “Yo no le voy a dar gusto a usted, yo no le voy a pagar esa tierra”, afirma uno de los entrevistados. La incertidumbre legal impide que muchos accedan a servicios básicos como electricidad o agua potable y limita la posibilidad de mejorar sus viviendas.

Las instituciones públicas brillan por su ausencia. No hay apoyo técnico agrícola, no se atienden las condiciones de los caminos, ni se avanza en procesos de legalización. “Aquí nadie mete un dedo por nosotros. Lo único que queremos es papeles que reconozcan que esta tierra es nuestra”, reclama otro vecino.

Pese a todo, en Finca Dos Ríos hay resistencia. Las personas campesinas siguen sembrando, limpiando sus parcelas, luchando por mantener a sus familias y soñando con que un día el Estado los escuche y los reconozca como legítimos dueños de la tierra que han hecho producir con tanto esfuerzo.

Campesinado: pilar de la soberanía alimentaria

Más allá de sus luchas particulares, las personas que habitan Finca Dos Ríos representan un modelo de vida esencial para la sostenibilidad de cualquier país: el campesinado. Su trabajo diario asegura la producción de alimentos básicos como maíz, frijol, yuca, plátano, cacao y frutas, contribuyendo directamente a la alimentación local y nacional.

En contextos globales marcados por el encarecimiento de los alimentos, la crisis climática y la concentración del mercado en manos de grandes agroindustrias, el trabajo de las familias campesinas cobra un valor estratégico. Son ellas quienes mantienen vivas semillas criollas, conocimientos tradicionales y prácticas sostenibles que resguardan la biodiversidad y reducen la dependencia de importaciones.

Sin tierra, sin apoyo estatal y bajo constante amenaza de despojo, las comunidades como Finca Dos Ríos enfrentan condiciones adversas para continuar su labor. Sin embargo, su permanencia en el territorio no solo es un acto de resistencia, sino una garantía para la soberanía alimentaria del país.

Reconocer, proteger y apoyar al campesinado no es un gesto de caridad: es una apuesta por un futuro con alimentos sanos, producidos en armonía con el entorno y al alcance de todas las personas.

Finca Dos Ríos no es solo un caso; es un llamado urgente a convertir las conmemoraciones en compromisos concretos con quienes cultivan dignidad todos los días

Estas conmemoraciones no deben quedarse en actos simbólicos ni en celebraciones vacías. El Día del Campesino debe ser una oportunidad para abrir espacios socioeducativos que promuevan la reflexión crítica, la reivindicación de derechos y, sobre todo, el reconocimiento de la lucha de quienes producen los alimentos que llegan a nuestras mesas.

Validar su experiencia, visibilizar sus demandas y acompañar sus procesos organizativos es una deuda histórica. El ejemplo de Finca Dos Ríos nos recuerda que la defensa del territorio y la vida campesina no es solo una causa rural, sino una responsabilidad colectiva con la justicia social y la soberanía alimentaria del país.

Costa Rica: El campo se marchita bajo el peso de la deuda, las importaciones y el criminal modelo neoliberal

Martín Rodríguez Espinoza

El pasado 15 de mayo, en el Día Nacional del Agricultor, pasó inadvertido para los medios, para el gobierno y, por supuesto, para el pueblo en general.

Es un día, supuestamente, para rendir homenaje a quienes cultivan la tierra, a los campesinos y campesinas que producen los alimentos, pero la realidad del sector agrícola costarricense es muy alarmante. La combinación de políticas neoliberales, crisis económica, abandono institucional, favorecimiento a los delincuentes importadores que financian campañas electorales, y la creciente dependencia de esas importaciones ha dejado a muchos agricultores en la ruina absoluta.

Costa Rica, que anteriormente fue autosuficiente en productos como arroz, frijoles, papa, ajo y carne, ha visto cómo la producción nacional disminuye brutalmente y las importaciones aumentan. Esto no es casualidad, responde a décadas de políticas neoliberales que priorizaron la apertura comercial, la reducción del Estado y la liberalización de los mercados, mediante TLC por ejemplo, relegando el agro nacional a un segundo o tercer plano. Esta tendencia ha debilitado la economía rural, destruido miles de empleos y puesto en riesgo la seguridad alimentaria del país.

Lo más preocupante es que esta situación no solo es una crisis económica o social, es también una amenaza directa a la soberanía nacional. La creciente dependencia de alimentos importados expone al país a la volatilidad de los mercados internacionales, la usura de los importadores y reduce su capacidad de decisión sobre un aspecto tan básico como la alimentación de la población.

Ahora vemos cómo por la falta de acceso a financiamiento formal, venta de sus cosechas y falta de asesoría e insumos, muchos agricultores recurren a préstamos informales conocidos como «gota a gota», ofrecidos por redes criminales vinculadas al narcotráfico. Estos créditos imponen tasas de interés abusivas y métodos de cobro violentos. Según datos del CINPE-UNA, unas 225.000 personas en Costa Rica han caído en esta trampa por la ausencia de alternativas financieras viables.

Es tal la situación del avance de estas bandas criminales, que no encuentran oposición por parte del gobierno costarricense, que el propio ministro de Seguridad, Mario Zamora, ha denunciado que “hay comunidades enteras sometidas al terror de estos prestamistas, quienes utilizan amenazas y agresiones para cobrar.” Pero no dice cómo su ministerio va a atacar, de verdad, a esas bandas criminales que incluso tienen ventanas de préstamos por todo el país. Ese es el reflejo más brutal del abandono estatal en el campo.

Aunque el gobierno ha dicho penalizar el «gota a gota» con hasta 15 años de cárcel, también dice que será “cuando haya vínculos con el crimen organizado”, lo que nunca se demuestra.

Algunos bancos han lanzado iniciativas para dar opciones seguras de crédito, estas medidas aún son muy limitadas frente al tamaño del problema.

La crisis del agro costarricense no es un accidente, es consecuencia de un modelo económico que ha favorecido la importación sobre la producción nacional, ha desmontado instituciones y políticas de apoyo agrícola, y ha dejado al pequeño productor expuesto al mercado global sin protección. Miles de familias campesinas no solo no cuentan con apoyo para producir, sino que son reprimidas policialmente por hacerlo, despojados de la tierra, perseguidos, golpeados y encarcelados.

Rescatar el campo es un asunto de soberanía, dignidad y justicia social. Es momento de cuestionar el rumbo actual y plantear una reforma estructural que recupere el rol estratégico del agro en la economía nacional, garantice la autosuficiencia alimentaria y ofrezca condiciones dignas para quienes alimentan al país.

Nicaragua viene superando a Costa Rica en todos aquellos aspectos en los cuales antes teníamos una buena posición, ha construido más de 70 hospitales públicos, carreteras y desarrollo de infraestructura vial, vivienda popular, electrificación con energías renovables en más del 98%, una agricultura fuerte y autosuficiente, desarrollo de puertos públicos, sistema educativo universitario público absolutamente gratuito, y todo eso generando amplias fuentes de empleo.

Hoy Costa Rica es costa pobre, saqueada, robada, estafada, asaltada, ultrajada. Por décadas de gobiernos corruptos y por el actual de Rodrigo Chaves, al fin de cuentas, son lo mismo y gobiernan para los mismos corruptos.

19 de mayo de 2025

Voces desde Finca Dos Ríos: cuando la tierra espera y la justicia no llega

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En esta entrevista realizada por el Observatorio de Bienes Comunes, Freddy Cooper, campesino de Finca Dos Ríos, comparte el testimonio sobre las múltiples injusticias que enfrentan las familias campesinas de la zona: inseguridad jurídica, procesos judiciales prolongados, amenazas de desalojo y falta de acceso garantizado a la tierra. Sus palabras reflejan la lucha diaria por la supervivencia, el derecho a producir alimentos y la dignidad del trabajo en el campo.

Puede escuchar la entrevista aquí.

Incertidumbre en la finca: así se siente la injusticia desde el campo

En Finca Dos Ríos, la injusticia no se vive en abstracto: se siente en cada siembra que no puede cosecharse con tranquilidad, en cada vivienda que no se mejora por temor al desalojo, y en cada noche en vela esperando una resolución que nunca llega. Freddy Cooper y otras familias campesinas enfrentan una cadena de agravios —inseguridad jurídica, procesos judiciales sin fin, presiones para abandonar sus tierras, falta de acceso a servicios básicos— que deterioran su salud, su calidad de vida y su derecho a existir en el territorio que han trabajado por décadas. Esta situación no solo amenaza su sustento, sino también el tejido comunitario y la soberanía alimentaria que sostienen con su esfuerzo diario.

  • Inseguridad jurídica sobre la tierra:
    Las familias viven sin certeza legal sobre su derecho a permanecer en las parcelas que habitan y cultivan desde hace años, lo que genera miedo constante a ser desalojadas.

  • Procesos judiciales interminables:
    Los juicios relacionados con la tenencia de tierra llevan más de una década sin resolverse, prolongando la incertidumbre y postergando soluciones.

  • Presiones y amenazas de desalojo:
    Algunas personas han sido obligadas a salir; otras viven bajo amenazas constantes, lo que afecta su salud emocional y física.

  • Deterioro de las condiciones de vida:
    Por miedo a invertir en mejoras, como cavar pozos o construir viviendas, muchas familias viven sin acceso a agua potable ni condiciones adecuadas de vivienda.

  • Pérdida de salud y calidad de vida:
    El estrés, la angustia y la inseguridad impactan en la salud mental y física de las personas, especialmente de adultos mayores y niños.

  • Despojo silencioso:
    Mientras la institucionalidad retrasa soluciones, han aparecido supuestos nuevos propietarios con documentos que presionan para negociar la salida de los campesinos.

  • Erosión del arraigo y el tejido comunitario:
    La salida forzada de familias rompe vínculos sociales y elimina formas de vida basadas en la solidaridad, el cultivo y la pertenencia al territorio.


Crisis en Finca Dos de Guácimo: familias afectadas por temporal y abandono institucional

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Desde Finca Dos de Guácimo nos reportan la grave situación que enfrentan las familias debido a los recientes temporales. Las afectaciones en la producción agrícola y el deterioro de su calidad de vida reflejan una realidad alarmante, marcada por la falta de acceso a servicios básicos como el agua potable.

El principal problema es la contaminación de los pozos, que ha dejado a las familias sin una fuente segura de agua. Las alternativas para conseguir agua potable son extremadamente limitadas: los caminos inundados dificultan el traslado y los ríos cercanos están contaminados. Aunque la opción más cercana es acudir al centro de Guácimo, esta resulta inviable para la mayoría debido a la distancia y las precarias condiciones de las vías.

Conflicto de tierras y falta de apoyo institucional

La situación se complica porque las tierras están en conflicto legal y no están inscritas formalmente. Esta irregularidad impide que las instituciones brinden ayuda, dejando a las familias en un estado de desprotección.

A pesar de los esfuerzos de líderes comunitarios, como las gestiones realizadas ante la Municipalidad de Guácimo para mejorar los caminos, el impacto del temporal ha retrasado los avances logrados.

Este conflicto no es nuevo. Desde hace 25 años, las autoridades competentes, incluyendo el Poder Judicial, han postergado una resolución sobre el estatus de estas tierras. Mientras tanto, la incertidumbre pone en riesgo la vida y el sustento de quienes dependen de estas parcelas para sobrevivir.

Los más afectados

Las familias campesinas que trabajan y viven en Finca Dos Ríos son las principales perjudicadas. Su esfuerzo por mantener la producción agrícola choca contra un panorama desolador: no tienen acceso a agua potable, carecen de electricidad, enfrentan caminos intransitables y no reciben el apoyo necesario para hacer frente a emergencias.

Es urgente que las instituciones tomen medidas concretas para resolver el conflicto de tierras y brindar asistencia inmediata a quienes más lo necesitan. La vida y el bienestar de estas familias no pueden seguir en el limbo.

UCR: Son necesarias una mayor atención y medidas urgentes en materia de niñez y adolescencia en Costa Rica

Diferentes proyectos e iniciativas de la UCR trabajan con grupos de niños y niñas de comunidades vulnerables, con el objetivo de contribuir a la consecución de sus derechos en muy variadas áreas de la vida en sociedad (Foto Laura Rodríguez).

Pronunciamiento de la UCR

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU) en su sesión n.º 6694, artículo 4, del pasado 2 de mayo de 2023, acordó pronunciarse y denunciar ante la sociedad costarricense y las autoridades del gobierno por “…el abandono y la negligencia por parte de las personas e instituciones de protección de las niñas, los niños y las personas adolescentes en situaciones de riesgo que comprometan su integridad”.

El pronunciamiento de este órgano universitario tomó en consideración una serie de estudios, normativas y compromisos, nacionales e internacionales, que el país ha refrendado en materia de derechos de la niñez y la adolescencia en nuestro país tales como: el artículo 51 de nuestra Constitución Política; la Convención internacional sobre los Derechos del Niño; el Código de la Niñez y la Adolescencia.

Por ejemplo, el Informe 2020-2021 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) demuestra importantes condiciones de vulnerabilidad que siguen afectando a la niñez y la adolescencia costarricenses. Tal como se presenta en el pronunciamiento en cuestión “…del total de personas que viven en pobreza, cerca de un 34,8% son niños, niñas y personas adolescentes. Esto significa que 470 668 de 1 201 570 personas menores de edad viven en pobreza monetaria”.

Además, retoma el pronunciamiento de la UCR, la Unicef señala que “en Costa Rica, aproximadamente 14 mil adolescentes quedan embarazadas cada año, y de ellas cerca de 500 son menores de 15 años…” También advierte la Unicef que “en Costa Rica, entre las personas menores de edad que trabajan, el 29% está expuesta a alguna condición de riesgo (32% si no se consideran los niños y las niñas de 5 y 6 años). El trabajo infantil interfiere en sus oportunidades de acceder al conocimiento y habilidades que les permitan una plena participación e inserción social; asimismo, la exposición a condiciones de riesgo en espacios laborales vulnerabiliza y va en detrimento de la integridad de niñas, niños y personas adolescentes”.

Entre los acuerdos que conforman este pronunciamiento de la UCR, se “exhorta a la Asamblea Legislativa a revisar minuciosamente el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley Orgánica del PANI y el Código de Familia en aras de fortalecer la normativa vigente con enfoques interseccionales, preventivos, atencionales y promocionales para el cumplimiento integral de protección de los derechos de las personas menores de edad”.

Diversos espacios en la UCR se han abierto a lo largo de décadas para el estudio y acompañamiento de la niñez y la adolescencia de nuestro país., tanto en las instalaciones de la universidad, como en diferentes espacios generados en las comunidades. (Foto Laura Rodríguez).

También sostiene el pronunciamiento que “se debe asegurar y reforzar el presupuesto nacional para que se dote a las instituciones del Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de los recursos financieros, jurídicos y humanos, necesarios para el resguardo de los derechos de dicha población”.

Puede consultar el texto completo del Pronunciamiento en el siguiente enlace:

 

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista Oficina de Comunicación Institucional

Mesa de Diálogo Social y Productivo se une a la marcha del sector agro y producción nacional

Comunicado de prensa

Desde las organizaciones sociales y productivas que participamos de la Mesa de Diálogo Multisectorial por una Costa Rica próspera, inclusiva y solidaria, nos pronunciamos a favor de la producción nacional de los sectores Agrícola, Agropecuaria y Agroindustrial, ante el abandono histórico de los gobiernos,  y las políticas agrarias como también comerciales que impulsa el actual Poder Ejecutivo en Costa Rica, beneficiando a un sector pequeño desde la importación, al mismo tiempo que abandona y profundiza la precariedad de las familias agricultoras y en general de las personas consumidoras costarricense ante la ausencia de seguridad y soberanía alimentaria no presente en las políticas públicas.

Dicho abandono institucional agudiza las actividades nacionales agrarias ante la insistente intención de que el país deba adherirse a la Alianza del Pacífico, tratado comercial que ya hemos fundamentado con rigurosidad el cómo afecta y precariza aún más las condiciones para el sector de producción nacional en pequeña y grande escala.

Por tanto, consideramos que esta iniciativa sin medir el impacto en el mediano y largo plazo solo suman al debilitamiento de la producción nacional, colocando al país en un lugar de mayor vulnerabilidad a sufrir fuertes consecuencias debido efectos de la crisis climática, y políticas alimentarias y de comercio de otros países, además de la frágil seguridad alimentaria en la que nos encontramos, de no ser por el esfuerzo de las organizaciones y todas las personas del sector de producción nacional, que mantienen en pie el abastecimiento de alimentos en el país, pese a las dificultades y ausencia evidente del apoyo estatal. 

Es importante que la ciudadanía costarricense a través de esta marcha comprenda que la integración a  esta alianza pone en riesgo a más de 500 mil empleos asociados al sector agro, sector que representa actualmente el 7% del PIB y amenaza la seguridad alimentaria que hoy más que nunca es necesaria proteger ante los escenarios de convulsos de la coyuntura económica y social internacional, de igual manera las zonas rurales dependen de las actividades agrícolas para subsistir ante la falta de alternativas.

Es por ello por lo que nos sumamos a la marcha nacional a favor del sector Agro y en pro del bienestar y la seguridad alimentaria de la ciudanía de este país.  Es así como reivindicamos las solicitudes del sector Agropecuario ante la coyuntura actual:

  1. a) NO incorporar a Costa Rica en el tratado comercial “Alianza del Pacífico”; ni en ningún otro tratado o acuerdo comercial, que disminuya la participación de la producción nacional o que favorezca su precarización. Estamos a favor de los acuerdos de integración entre países donde se garantice la seguridad alimentaria de los pueblos y no la perjudique.
  2. b) Construcción de una política integral agraria de ESTADO de fomento para la reactivación económica del sector productivo nacional, con perspectiva diferenciada de territorio, modelo de comercio, producción, género y acción frente al cambio climático. 
  3. c) La instalación de una Comisión Mixta Especial en la Asamblea Legislativa que coloque el tema agrario como política de Estado y que analice las claves y desafíos que el sector productivo agro y agroindustrial enfrenta actualmente.

Todas las demandas anteriores en consulta con los sectores sociales y productivos mediante un mecanismo de diálogo social que se garantice un proceso democrático en las vías legislativas y ejecutivas existentes.

Quienes conformamos esta mesa, participamos desde la diversidad de sectores productivos como organizaciones asociativas y cooperativas, así como la organización de estudiantes universitarios desde las federaciones estudiantiles, participación diversa de sindicatos, así como la participación nacional de Colegios Profesionales, Universidades Públicas y Asociaciones de Desarrollo Comunal.

Así que nos unimos a la demanda internacional de integración de países, pero que sea desde el interés de velar por la soberanía y seguridad alimentaria de sus pueblos, frente a la crisis climática, y que por el contrario no afecten o generen implicaciones negativas para la seguridad alimentaria.

El presente y futuro de los alimentos debería ser una prioridad en tiempos de crisis, no un intercambio antojadizo de políticos sin una visión prospectiva de la protección de los bienes comunes, la salud comunitaria, los derechos humanos, la autonomía de los pueblos y sus democracias que se fortalecen con la sabiduría de las comunidades campesinas y ancestrales. 

Por las razones anteriormente mencionadas nos unimos a la gran marcha nacional en apoyo al sector agrícola, agropecuaria, y agroindustrial el próximo miércoles 29 de marzo a las 9:00am, saliendo del parque Central de Costa Rica, en ruta hacia la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial.

Marcharemos pacíficamente por una política agraria integral y solidaria, que asegure el desarrollo productivo y social convocada por de la Corporación Hortícola Nacional (CHN), UPA Nacional, UNAG y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) e instamos a la comunidad nacional a unirse y sumar en defensa de nuestro sector agropecuario y la seguridad alimentaria de todas nuestras familias en el país.

 

Imagen ilustrativa, UCR.