Lamentablemente, continúan los trabajos ilegales del proyecto aguacatero en la Zona Protectora El Chayote, esta vez se encuentran aplicando agrovenenos y quemantes para eliminar la cobertura vegetal, lo cual queda de manifiesto en las fotografías aportadas. Se observa el contraste entre áreas con vegetación seca y los potreros aledaños verdes.
Las aplicaciones de agrovenenos se realizan dentro de áreas de protección de nacientes de agua (a menos de 10 metros), se hacen sin permisos ambientales, sin medidas de protección para los trabajadores y utilizando conexiones ilegales de agua.
FEDAPRO aún se encuentra a la espera de alguna respuesta con respecto a la propuesta de trabajo presentada hace casi tres meses al Concejo Municipal de Naranjo para atender esta problemática.
La propuesta de FEDAPRO:
Elaboración de una tarifa de protección de recurso hídrico municipal aplicable a los recibos por el servicio de abastecimiento de agua potable en manos del acueducto municipal de Naranjo cuyos fondos sean destinados, exclusivamente, para la compra de terrenos de dentro de la Zona Protectora El Chayote y las áreas de recarga acuífera y protección de nacientes en el cantón de Naranjo (FEDAPRO ofreció elaborar gratis el proyecto).
Elaboración de términos de referencia para estudios hidrogeológicos de las nacientes del sitio para exigir que sean costeados por los empresarios que quieren establecer el presunto proyecto aguacatero.
Presionar al SINAC por la finalización de los estudios hidrogeológicos de toda la Zona Protectora El Chayote, los cuales, fueron solicitados y exigidos por FEDAPRO para consolidar la protección absoluta de estas áreas de recarga acuífera, en cumplimiento de la legislación nacional.
Actualizar y renovar los índices de fragilidad ambiental y cumplir con las exigencias establecidas en el informe de SETENA sobre dichos insumos.
Trabajar en una propuesta para aumentar el área y la categoría de manejo de la Zona Protectora El Chayote.
Terminar de tramitar y aprobar el Plan Regulador del cantón de Naranjo para que se ordene el territorio y se realice una planificación adecuada del espacio y los recursos para que, de esta manera, la municipalidad cuente con una herramienta legal para gestionar el uso adecuado del suelo.
Construir un plan de financiamiento y compra de todos los terrenos en manos privadas de la ZPEC.
Exigir la corrección de la información del registro nacional de concesiones y de la municipalidad para que las nacientes que están erróneamente identificadas como “ríos” sean redefinidas como “nacientes” para que se respete sus radios de protección de 100 y 200 metros establecidos en Ley Forestal y Ley de Aguas (esto es de perogrullo, pero, para información de toda la comunidad cantonal y nacional, el referido registro de concesiones está plagada de gravísimos errores en identificación de fuentes y coordenadas, lo que ha generado una situación de altísima invasión de áreas de protección, casos de contaminación con agro-venenos, entre otros), solicitud que, en múltiples ocasiones, ha sido hecha a la Municipalidad de Naranjo, el AYA y la Dirección de Aguas y que se encuentra sin ser atendida.
Buscar financiamiento y apoyo institucional para, en primera instancia, hacer los estudios hidrogeológicos de todas las nacientes captadas para abastecimiento humano del cantón de Naranjo y, posteriormente, proseguir con las demás nacientes no captadas.
Establecer una comisión municipal permanente con participación diversa de vecinos y vecinas del cantón para dar seguimiento, debatir y discutir sobre este caso y muchos otros relacionados con daños ambientales del cantón.
Selva Melody Baker Felton, costarricense por nacimiento y vecina con participación comprometida en la comunidad del distrito de Cahuita y del cantón de Talamanca envió a las instituciones implicadas, incluyendo a la Municipalidad de Talamanca, un documento con el señalamiento de irregularidades en la propuesta de Plan Regulador Costero.
En su documento señala que “en el distrito de Cahuita NO somos un enclave turístico… aquí somos comunidad primero”.
Agrega que el bien común debe ser el concepto que marque los esfuerzos comunitarios y de las instituciones públicas.
Especifica que la comunidad “le reconoce una nula validez legal a todo el proceso de elaboración del presente PRC”, pues se constató una carencia de participación ciudadana real, la que fue reemplazada por simples “charlas informativas”.
Ante un tema de tanto impacto comunitario como un plan regulador, la comunidad ha reclamado que se realicen “verdaderos espacios para la comunicación horizontal entre el conjunto tripartito de autoridades correspondientes y el mayor rango diverso e inclusivo posible de todas las y los Agentes Sociales de las comunidades afectadas directa e indirectamente” por ese plan regulador.
Ante esa carencia de participación ciudadana, Selva Baker Felton solicita a la Municipalidad de Talamanca “entregar copias de todos los anuncios que se publicaron” para propiciar la debida participación.
Asimismo, indica que “el derecho al agua es un derecho humano”. Agrega que “la comunidad ha expuesto claramente la falacia de la afirmación sobre el estado real y actual de abastecimiento y suministro de agua potable”.
En cuanto a la recolección de los desechos sólidos por parte de la Municipalidad, indica el documento que “las comunidades somos testigos de la incapacidad actual de dicha autoridad de brindar un servicio satisfactorio, ejemplificado claramente por las montañas de basura que se acumulan a la orilla de las calles con los habitantes y visitantes actuales”. Añade: “El texto del borrador de la propuesta del PRC afirma lo contrario al hablar de la cantidad máxima de visitantes en la ZMT y la cantidad de basura proyectada”, es decir, no hay coherencia entre lo que se pretende con el plan regulador y la realidad en cuanto a la capacidad municipal para administrar la recolección de basura común y desechos sólidos.
En el documento de Baker se hace referencia a graves irregularidades y problemas de filtración de aguas contaminadas al mar, “y sin duda a los mantos acuíferos más superficiales”.
Agrega que “el tema del medioambiente es muy amplio y digno de un verdadero análisis metodológico minucioso y muy cuidadoso”. Se debe tener presente, se argumenta “la alta fragilidad” del tema ambiental y su impacto en las comunidades locales, pues debe aspirarse a un sano balance bioquímico del mismo para la sobrevivencia, y el desarrollo de las actividades ecoturísticas que se llevan a cabo en el distrito y que representan un importante ingreso al PIB de nuestro país”.
Con base en documentación del Instituto Costarricense de Turismo, Baker indica que “carece de toda lógica” lo que se pretende con el Plan Regulador Costero si se tiene como referencia la meta de “conservar y proteger la integridad del medioambiente que nos caracteriza”, esto, si se considera “que hayan decidido plasmar una propuesta de PRC traslapando parte del territorio que le pertenece al Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (REGAMA)”.
SURCOS comparte el documento íntegro presentado por Selva Melody Baker Felton. Puede descargarlo de este enlace.
El pasado mes setiembre de 2021, se presentó el Informe Técnico Caso ASADA Cipreses de Oreamuno por parte del AyA, en esta infografía les invitamos a reflexionar sobre las principales conclusiones y riesgos que representa la situación actual.
La infografía nos presenta 6 conclusiones las cuales son:
Se debe de verificar el caudal asignado de las nacientes.
Solo la naciente de San Francisco, presenta el caudal aforado estable. Las nacientes presentan condiciones de bajo caudal muy marcadas en al menos la mitad del año, por lo que la ASADA debería suplir este déficit con fuentes alternas.
Se evidencio la presencia de productos de degradación de agroquímicos en las pruebas de calidad del agua para la naciente de Plantón, además se evidencio la presencia de coliformes fecales y niveles de cloro residual por encima y debajo del reglamento de calidad del agua para mediciones puntuales dentro de la red de distribución.
Es necesario que se analice la demanda en la prestación del servicio, ya que ello tiene incidencia directa sobre el sistema de abastecimiento.
Es fundamental contar con estudios hidrogeológicos que determinen el radio de protección que se debe cumplir para cada una de las nacientes.
El balance hídrico modelado no es representativo de la realidad del acueducto del de la ASADA Cipreses.
Se evidenció una gestión administrativa y técnica deficiente:
Hay evidencia del riesgo del agotamiento de las naciones.
Hay una afectación negativa probada sobre la naciente de Plantón.
Sigue la ausencia de los estudios técnicos necesarios para determinar la condición de las nacientes para garantizar su protección.
La acción polinizadora de las abejas está probada como crucial para el ciclo vegetal de la flora. Esta importancia es señalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), al calcular que más del 70% de los 100 cultivos que proporcionan la mayoría del alimento para humanos son polinizados por abejas. Sin abejas no hay alimentos, sin embargo estos vitales insectos están peligro a nivel mundial por causa de los plaguicidas neonicotinoides que aún se aplican en muchos países, incluido Costa Rica.
Desde hace más de una década se viene investigando la relación de los plaguicidas neonicotinoides con la rápida y preocupante disminución en las poblaciones de abejas a nivel global por su causa. En febrero del 2018 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyó a través del estudio de la evidencia científica, que el uso de los neonicotinoides en la agricultura sí representa un riesgo para las abejas, tanto silvestres como las abejas de miel (https://www.efsa.europa.eu).
A raíz de este informe, la Unión Europea llegó a un consenso en abril del 2018 y ha decidió prohibir el uso de tres de estos compuestos: clotianidina, thiametoxam e imidacloprid, los cuales son utilizados en los cultivos de maíz, algodón y girasol, entre otros (http://www.elmundo.es). La comisión de Ambiente del Parlamento Europeo (PE) asegura que los insecticidas neonicotinoides suponen «riesgos muy agudos» para las abejas.
Una de las características más peligrosas de los neonicotinoides es que son persistentes, es decir los plaguicidas pueden permanecer en el suelo durante varios años, así las plantas que crecen en suelos previamente expuestos a estos plaguicidas pueden absorberlos a través de sus raíces y convertirse en un peligro para las abejas.
Esta decisión tomada por la Unión Europea debe ser considerada también por otros países consumidores de plaguicidas, como el nuestro que se ubica en el primer lugar de aplicación de venenos por hectárea de cultivo agrícola. Sobre estos tres plaguicidas, en el siguiente cuadro se resume su situación actual en Costa Rica tomando en cuenta la cantidad de productos registrados y los cultivos en que están autorizados (http://app.sfe.go.cr/) :
Tal como lo señalan las autoridades europeas, la salud de las abejas está relacionada con la biodiversidad, la producción de alimentos y la salud ambiental. En Costa Rica se encuentran más de 650 especies de abejas de las cuales 58 son especies de abejas sin aguijón que se agrupan socialmente con géneros diversos y abundantes, como lo son: Cephalotrigona, Frieseomelitta, Nannotrigona, Partamona, Plebeia, Scaptotrigona, Scaura, Trigona, Tetragona, Tetragonisca, (Espinoza y colaboradores, 2015).
Se debe considerar por su parte que en el capítulo 2: Foraging and Pollination, específicamente en el apartado 2.3 sobre Foraging and Flight Range (pág 82-91) vienen una serie de ejemplos sobre el rango de vuelo máximo que pueden tener las abejas en el neotrópico, se cita, por ejemplo, un trabajo clásico de Janzen en donde los géneros de abejas Xylocopas y Euglosas. Las Euglosas por ejemplo son polinizadoras de orquídeas y presentan color verde metálico) pueden tener rangos de vuelo tan amplios como de 20 km siendo su óptimo entre 6,7 Km a 10,0 Km. Tomando en cuenta estos rangos de vuelo se puede dimensionar el área que puede afectar un cultivo que aplique los neonicotinoides señalados. Es posible el que pueda presentarse el impacto incluso dentro de áreas de conservación que se encuentran rodeadas de zonas agrícolas, (Roubik, D, 1989).
Siendo Costa Rica un país con una alta diversidad biológica y que se promueve como un país protector del ambiente, surgen interrogantes como: ¿se ha realizado la correspondiente evaluación de riesgo ambiental para garantizar la protección del ambiente al momento de registrar estos productos? ¿Qué acciones van a tomar las autoridades en Costa Rica a la luz de esta nueva información? Aún, sin tener respuestas de esas preguntas debería aplicarse el principio precautorio y prohibir dichos plaguicidas. Además, partiendo de que Europa se prohíben estos plaguicidas teniendo una sola especie de abeja europea (Apis mellifera) y que en el país tenemos más 650, muchas de ellas nuevas para la ciencia: ¿no deberíamos ir a la vanguardia de Europa y prohibir estos venenos?
Con los neonicotinoides sale peor el remedio que la enfermedad. Las cosechas de aguacate, café, melón, naranja, etc dependen de las abejas. Sin estas maravillosas aliadas del agricultor no sería posible obtener cosecha alguna. Ya han pasado “tortas” en la zona de los Santos que por tratar de eliminar los ácaros se quedaron sin abejas y por lo tanto sin aguacates. Sin abejas no hay cosechas, sin cosecha no hay comida, sin comida no hay vida.
Referencias:
Espinoza, F. 2015. Guía Práctica de Identificación de Abejas Nativas sin Aguijón (Apidae, Meliponini) por medio de sus entradas. Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales, Universidad Nacional. Departamento de Publicaciones UNA. Primera Edición. 67pp.
Roubik, D 1989. Ecology and Natural History of Tropical Bees. Cambridge University Press. USA. 514pp.
*Por Fabián Pacheco, encargado del Centro Especializado de Agricultura Orgánica del INA y Mauricio Álvarez, coordinador del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR
Guacimal, Puntarenas. El pasado sábado 13 de enero se llevó a cabo en la Casona de Guacimal una importante reunión entre personas de ASADAS y organizaciones locales de Chomes, Judas, Coyolito, Costa de Pájaros, Orocú, Lourdes y Guacimal, a la que se sumaron representantes de la UCR y la UNED.
El motivo del encuentro era discutir los desafíos ambientales que enfrentan actualmente las fuentes de agua de la zona, especialmente las que abastecen el agua para consumo humano en estas comunidades puntarenenses, con el fin de buscar acciones conjuntas para afrontar las amenazas identificadas en la zona.
La actividad comenzó con una exposición informativa sobre los derechos ambientales y de participación comunitaria en las decisiones sobre el manejo de las fuentes de agua, a cargo de Dany Villalobos, geógrafo de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua.
Seguidamente, representantes de las ASADAS expusieron sus principales preocupaciones respecto a la administración comunal del agua. Desafíos que van desde un acelerado crecimiento residencial en algunas comunidades hasta los impactos ambientales que traería la ampliación de la ruta Cañas-Barranca fueron parte de las discusiones.
Esta actividad fue impulsada en conjunto por la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua y el proyecto “Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participativa” de la Sede del Pacífico de la UCR. Con ella se acordó dar inicio a un proceso que busca integrar más a las organizaciones locales de la zona en su trabajo por cuidar y administrar mejor el agua.
Al final se acordó realizar un segundo encuentro el sábado 24 de febrero en la comunidad Abangaritos de Manzanillo. Allí la intención será profundizar una discusión sobre democracia participativa en las organizaciones comunales y crear un plan de acciones para intervenir en las problemáticas identificadas. Además, se compartirán impresiones sobre la explotación del cauce del río Abangares y se conocerá el problema de desabastecimiento de agua que sufre el poblado de Higuerillas de Abangares.
Con esta unión se busca fortalecer el trabajo comunitario, vislumbrándose un año 2018 de mucha actividad en las comunidades puntarenenses, que se centrarán en la concientización y esfuerzos por proteger los ríos y las fuentes de agua potable ante la voracidad lucrativa de las grandes empresas y la falta de controles estatales para proteger este valioso recurso.
Este 14 de noviembre, se presentó en Costa Rica el Informe sobre el Estado de la Nación (EDN): se trata de un valioso diagnóstico anual realizado por un equipo de investigadores, con el apoyo de las universidades públicas costarricenses y la Defensoría de los Habitantes. El documento completo está disponible desde ya en este enlace.
Uno de los capítulos del EDN es el ambiental, titulado «Armonía con la Naturaleza» (véase texto completo). Constituye un capítulo que cobra una particular relevancia, en la medida en que, desde hace más de 15 años, las reiteradas advertencias que contiene sobre el rumbo insostenible del modelo de desarrollo desde la perspectiva ambiental, siguen sin ser atendidas por los decisores políticos. La falta de solución a muchos de los conflictos que se han generado explica en parte la presencia en Costa Rica de expertos o de relatores independientes de Naciones Unidas sobre Agua y Derechos Humanos (2009, véase informe disponible en este enlace en los seis idiomas de Naciones Unidas), Derecho de los Pueblos Indígenas (2010 y 2011, véase informe), Ambiente y Derechos Humanos (2013, véase informe), cuyas recomendaciones de carácter urgente tampoco son implementadas por las autoridades costarricenses.
Sobre la pérdida del patrimonio natural, se señala en la valoración general del capítulo que: «La gestión inadecuada del suelo explica varias formas de afectación del patrimonio natural que reporta este Informe, como la derivada de patrones de ocupación y producción agrícola: cambios de uso del suelo e invasión de zonas protegidas por la expansión de cultivos, pérdida de manglares y frentes de deforestación, acompañados por el alto impacto de un paquete tecnológico dependiente de los agroquímicos, tendencia que no cede ni muestra avances en el estímulo y crecimiento de prácticas alterativas» (página 179).
Foto extraída de nota de prensa relativa a reciente denuncia de vecinos en Pital de San Carlos titulada «Denuncian que empresa piñera Ananas Export Company (ANEXCO) destruye fuente de agua y zona de humedales en Río Cuarto de Alajuela» (Octubre 2017, Surcos Digital).
La ausencia de planificación y de políticas en materia de ordenamiento territorial está llevando a Costa Rica a una vulnerabilidad cada vez mayor, que se materializa con cuantiosas pérdidas que ocasionan eventos metereológicos. La marcada dependencia a los hidrocarburos del sistema de transporte persiste como un agravante de la huella de carbón, agudizado con un aumento en la flota vehicular de un 7,4% registrado para el año 2016. Entre los diversos hallazgos relevantes con los que inicia este capítulo, se señala que: «… el decreto ejecutivo 40379 designó al Incopesca como la Autoridad Científica para especies marinas de interés pesquero y acuícola, y al MAG como Autoridad Administrativa. De esta forma, se eliminó la participación de una instancia científica colegiada en la emisión de criterios técnicos, permisos y certificados de pesca para las especies mencionadas» (página 177).
Con relación a una valiosa herramienta aplicable a megaproyectos como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se lee por ejemplo que: «Además, se determinó que no existe una metodología homogénea para la adecuada integración de la variable ambiental. La CGR analizó seis propuestas de planes de ordenamiento territorial que recibieron viabilidad ambiental entre 2010 y 2015, y encontró que en cinco de ellas falta información indispensable para evaluar el sustento técnico con que se incorpora esta variable. No se ha delimitado la naturaleza, nivel de profundidad, alcance y efectos de las medidas ambientales que deben resultar de la incorporación de la EAE, especialmente en planes reguladores municipales» (página 227).
Foto escogida para ilustrar la portada del Informe del Estado de la Nación (EDN) 2017 sobre la situación en Costa Rica.
Ello sin hablar de la situación de «estress hídrico» que viven muchas comunidades de Costa Rica. A modo de ejemplo, en la Gran Area Metropolitana (GAM), las zonas de recarga del acuífero del Barva y del Colima sufren el avance de un desarrollo urbano descontrolado: este año, el capítulo ambiental del EDN refiere a cómo este «modelo» de desarrollo urbano se ha expandido a ciudades intermedias fuera de la GAM (San Isidro de El General, Ciudad Quesada y Guápiles), las cuales ya están registrando los mismo síntomas. Mientras tanto, en Bagaces y Cañas, el arsénico detectado en el agua persiste sin que se haya encontrado una solución duradera al problema. En la costa Pacífica, la intrusión salina en los acuíferos costeros de Brasilito, Tamarindo, Potrero, Playa Panamá y Playa del Coco evidencia la deficiente política en materia de recurso hídrico. Nótese que la alta vulnerabilidad de estos acuíferos costeros a la extracción masiva e incontrolada de agua fue alertada hace más de 15 años.
Un grave conflicto no resuelto como el del agua en Sardinal amenaza con revivir, ante el anuncio de reiniciar los trabajos (véase nota de La Nación del 13 de noviembre) y ante la renuencia de las autoridades de dialogar con las comunidades concerñidas (véase esta nota y otra nota publicadas esta misma semana por CRHoy, así como una más reciente sobre el intento de legalizar proyectos ilegales). Nótese que en el caso de Sardinal, el juez constitucional procedió a una verdadera regresión declarando en febrero del 2017 que la participación ciudadana en materia ambiental ya no constituye un derecho humano (véase breve nota nuestra al respecto). En un reciente foro sobre la piña, se pudo confirmar otro tipo de renuencia por parte de las actuales autoridades costarricenses: debatir públicamente sobre los problemas que genera este monocultivo para las comunidades rurales de Costa Rica (véase nota nuestra al respecto).
Los gráficos elaborados por el EDN sobre la conflictividad socio-ambiental en Costa Rica evidencian un aumento creciente sin que se vislumbre mecanismo alguno para resolver esta grave situación (gráficos de páginas 222-223). Se lee al respecto, en la sección inicial «hallazgos relevantes» del capítulo ambiental que: «Por sexto año consecutivo, las acciones colectivas sobre asuntos ambientales se mantuvieron en sus máximos niveles desde 1993. En 2016 este tema registró su valor más alto como porcentaje del total de protestas sociales del país (15,8%)» (Página 177).
Con relación a la efectividad de los fallos del juez constitucional en materia ambiental, se lee que las entidades recurridas optan por desacatarlos: «Entre las instituciones que de manera regular incumplen lo dispuesto por la Sala se encuentran el Minae, el Minsa y las municipalidades» (páginas 224-225).
Con relación a una reglamentación inconsulta relativa al registro de nuevos agroquímicos, que movilizó al sector ecologista en los últimos años, se lee que: «estos reglamentos proveen mecanismos que facilitan el registro y posterior uso de plaguicidas. Sin embargo, se generan riesgos ambientales y de salud por las limitaciones para evaluar los productos (individual y directamente) o por la revalidación de algunos que no pasaron por los análisis que el país estableció en 2006 (decreto nº 33495-MAG-S-Minae-MEIC). Esto afecta el principio precautorio y preventivo, según el cual, en caso de duda, prevalece el objetivo de evitar posibles impactos ambientales y en salud» (página 219).
El abanico de temas analizados es extremadamente ámplio y se recomienda la lectura completa de este capítulo del EDN, cuyos gráficos, fotos satelitales e ilustraciones de gran calidad permiten superar la densidad de los datos técnicos que aporta.
De cara a las próximas elecciones a realizarse en el 2018, este texto plantea, como sus antecesores, una serie de interrogantes a la sociedad costarricense y a la clase política, la cual no pareciera haber incluído el tema ambiental como un tema de campaña. Sobre este último punto, remitimos a nuestros estimables lectores al reciente artículo de opinión del Dr. Allan Astorga publicado en HablandoClaro (Radio Columbia) y titulado precisamente «Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?»
Foto extraída de artículo de prensa titulado «Tormenta Nate destrozó 28 mil kilómetros de esfuerzo tico» Afirma UNGL» (Prensa Libre, octubre 2017).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Cada vez se suman más y diversos sectores, instituciones, incluso instancias gubernamentales contra la propuesta de ley que busca autorizar a las cooperativas a prestar servicios de abastecimiento de agua potable (expediente 19.441) y el cual se discute actualmente en la Asamblea Legislativa.
A la férrea oposición de MINAE y AyA ante este proyecto de ley se une el Consejo Institucional Instituto Tecnológico de Costa Rica que después de una análisis del marco jurídico actual concluye que “esta ley, tal y como está escrita, vendría a competir con las ASADAS que por años han brindado un servicio a sus comunidades ad honorem y sin ánimo de lucro…El agua como recurso estaría en mayor disputa, dado la escasez que se puede presentar por el cambio climático” (ITEC, Sesión Ordinaria No. 2916).
“Como está concebido el proyecto de ley podría permitir que una transnacional haga uso de cooperativas para lucrar con el suministro de agua, aún más de lo que ya hacen hoy con la venta del líquido embotellado” así advirtió la Alianza de Redes Ambientales (ARA) frente al proyecto que se autorice por Ley de la República que las cooperativas explotación comercial de los acueductos públicos. Además ARA sostiene que al mismo tiempo hay complicidad por parte de Alianza Nacional Opositora para que quede en firme la privatización antes de la nueva ley rectora del recurso hídrico que está por aprobarse y que vendría a cerrar posibilidades de privatización.
Ya se han manifestado contra esta iniciativa decenas de ASADAS o Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados que bajo la normativa vigente prestan hoy el servicio sin fines de lucro y reinvirtiendo las ganancias en la prestación del mismo servicio. Entre las ASADAS que se manifestaron están: Pueblo Nuevo de Rivas, Barrio El Carmen Piedades Sur de San Ramón, Carmen Lyra, Santuario de Atenas, Vicente Tayutic de Turrialba y la de Pavón de los Chiles.
La ASADA de Santuario de Atenas asegura que “el proyecto de ley no contempla ni respeta la variedad de acueductos comunales, así como su finalidad y el compromiso social de sus dirigentes para garantizar la prestación de igualdad de condiciones a todos los costarricenses. Este proyecto no clarifica que en los acueductos rurales o ASADAS no se lucra con el servicio de agua, más bien deja portillos legales y no se limita las condiciones en las que las cooperativas prestaran el servicio y los criterios normativos que las regirán”( ver criterio).
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa (Informe, 4-5- 2015) advirtió que, en el tema tributario, las cooperativas podrían llegar a gozar de mejores beneficios fiscales respecto de las ASADAS, pues además de recibir el mismo trato que ASADA, que implica exención de varios impuestos y cargas, se suma a otros beneficios fiscales que hoy gozan las cooperativas en la Ley de Asociaciones Cooperativas (art 6).
Por su parte Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, calificó la propuesta como una “loca” iniciativa pues considera que “la provisión de los servicios de agua, como bien público, de carácter demanial y bajo la concepción de Derecho Humano Fundamental, no debe tener inspiración en el lucro mercantil, en la generación de ganancias, por más manto cooperativo que se le quiera dar. Dada la gravedad que en un futuro cercano tendrá la lucha por el agua, no sería descabellado pensar que bajo la figura cooperativa se generen verdaderos consorcios corporativos empresariales privados que atenten contra su carácter demanial y de Derecho Humano Fundamental” (Prensa Libre, 09 -6-2015).
Primer paso para instaurar la explotación comercial de los acueductos públicos
Abre camino para introducir nuevas formas de privatización
Los ecologistas emitieron una alerta sobre un proyecto de ley de que busca autorizar a las cooperativas a prestar servicios de abastecimiento de agua potable (expediente 19.441) y el cual se discute actualmente en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
El proyecto de ley abre un peligroso “portillo” legal hacia la privatización de los servicios de abastecimiento de agua potable. Bajo las leyes actuales, este servicio público esencial sólo puede ser prestado por instituciones públicas (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, municipalidades o empresas públicas) y asociaciones sin fines de lucro de base comunal conocidas como Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS).
Aunque las ASADAS son asociaciones comunales y no entes públicos, claramente operan sin fines de lucro. Es decir, son organizaciones que están al servicio de la comunidad, concebidas para garantizar el acceso al agua potable en zonas del país donde las instituciones públicas no han llegado. Una de las principales características de las ASADAS es que todos los ingresos que genere la operación del acueducto comunal deben reinvertirse en beneficio de la comunidad. Prestan un servicio al costo y como su finalidad no es el lucro, cualquier excedente que produzca su administración del acueducto debe destinarse a mejoras del servicio público.
En este sentido, debe destacarse que en nuestro país los acueductos públicos han sido concebidos históricamente como un servicio social indispensable para la vida y la salud de las personas; un servicio que debe prestarse al costo y con el que no se puede lucrar.
Sin embargo, con este proyecto de ley se abre una nueva posibilidad de romper estos principios. Si bien las cooperativas pertenecen al sector de la llamada “economía social” y su fin primordial no es el lucro, no puede perderse de vista que son empresas que admiten la repartición de excedentes entre sus asociados. En efecto, la legislación cooperativa permite que los excedentes que produzca la actividad económica de estas organizaciones sean distribuidos para el beneficio individual de sus socios.
Así las cosas, de permitirse que empresas constituidas bajo la figura de cooperativas exploten servicios de acueductos públicos se estaría abriendo la puerta para que parte de los recursos que genera la operación de dichos servicios se desvíen hacia la repartición de excedentes de socios particulares, quebrando el principio de que dichos ingresos deben reinvertirse en su totalidad en el mejoramiento del servicio público comunal. De esta forma se estaría abriendo la puerta para que las ASADAS que hoy deben destinar cualquier excedente al acueducto público sean transformadas en entidades que repartirán dichos excedentes entre sus asociados.
Otro problema que presenta el proyecto de ley analizado es que también estaría rompiendo con la base comunal que actualmente caracteriza el funcionamiento de las ASADAS. Esto pues se autoriza a las “cooperativas” en general a gestionar acueductos públicos sin establecer ningún vínculo entre dichas cooperativas y las comunidades usuarias de los acueductos. Hoy en día estas asociaciones están integradas por vecinos y vecinas de una determinada comunidad, que se organizaron para desarrollar un bien comunal ante la ausencia o la inoperancia de las instituciones públicas. Son las mismas comunidades las que se organizaron para construir el acueducto público y administrarlo. Hay un claro vínculo entre la comunidad y la asociación que administra el acueducto. Sus asociados son las mismas personas que reciben el servicio público y participan en la gestión de un bien comunal. Si este servicio se entrega en concesión a empresas privadas (incluyendo empresas cooperativas) que no tienen base social en la comunidad, nada impide que dichas empresas limiten o cierren la participación de las personas usuarias de la comunidad en las decisiones sobre el futuro del acueducto comunal.
FECON manifestó su oposición al proyecto mediante un criterio solicitado por la Comisión de Ambiente e invitó a las y los diputados a concentrarse en la discusión de la Agenda Legislativa del Agua y en especial en las ASADAS, mediante la discusión democrática y participativa de legislación que permita mejorar el funcionamiento y las capacidad de estas organizaciones comunales sin quebrar su naturaleza.
Al ICE que aclare los plazos para archivar proyectos
El 11 de noviembre el Consejo Municipal de Buenos Aires decidió rechazar el veto a la intención de derogar la moratoria a los proyectos hidroeléctricos privados interpuesto, por tercera vez, por la Vice Alcalde Rosario Cordero, el pasado martes 28 de octubre.
Ahora será un Tribunal Contencioso Administrativo quien resuelva el diferendo entre algunos miembros del Consejo y las autoridades municipales que aprobaron la moratoria (Acuerdo 25-2013 y ratificado 11-2-2014) hasta tanto no se resuelva el conflicto con proyectos de abastecimiento de agua potable para las poblaciones del cantón.
Vencimiento de plazos para proyectos. Las acciones de lucha de las comunidades en defensa del agua han tenido sus frutos logrando archivar tres proyectos hidroeléctricos en ARESEP (Monteverde I, Monteverde II y Consuelo), y continúan, ahora el Movimiento Ríos Vivos solicitó a SETENA el archivo de los proyectos San Pedro, San Rafael y Peñas Blanquitas II por vencimiento de plazos para presentación de información técnica y la falta de una solicitud de prórroga.
En el caso de proyecto San Pedro, mediante el Oficio 595-2014, la SETENA otorgó plazo de 6 meses para la presentación del Anexo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que venció el 26 de setiembre pasado. Mientras el Peñas Blanquitas II, mediante el Oficio 538-2014-SETENA, se le otorgó plazo de 6 meses para la presentación de un anexo al EIA que venció el pasado 19 de setiembre sin costar ninguna solicitud de prórroga en el expediente.
Al proyecto San Rafael la SETENA le otorgó 6 meses de tiempo para la presentación del Anexo al EIA, mediante el oficio 578-2014. El plazo para presentar el estudio venció el pasado 24 de setiembre 2014 y el documento no fue entregado. A pesar de haber vencido el plazo, se presentó una solicitud de prórroga (ver documento) con fecha de recibido el 26 de setiembre, por tanto dicha solicitud se presentó a destiempo.
Mediante una carta respaldada por el diputado Edgardo Araya Sibaja, el 30 de octubre de 2014 solicitaron al Presidente Ejecutivo del ICE Carlos Obregón información sobre los plazos de los proyectos Consuelo, Monteverde II, Monteverde I y San Rafael, que fueron seleccionados en las licitaciones del ICE (N°01-2012) y (N° 02-2014) y en teoría, tenían un año para cumplir con la presentación de requisitos como la Evaluación Ambiental, concesión de aguas y servicio público de generación eléctrica, aprobada por Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.
La carta de compromiso del PH Consuelo y el ICE, firmada en 21 de febrero de 2013, asegura que tendría un año para cumplir con esos requisitos, por lo que Ríos Vivos quiere saber las razones y el estado de los otros proyectos, y que informen si es el caso, las ampliaciones otorgadas.
Los proyectos Consuelo y Monteverde I por estar en el cantón de Buenos Aires no cuentan con el uso conforme necesario para la aprobación de EIA por la moratoria municipalidad vigente para la construcción de proyectos hidroeléctricos, hasta tanto no se resuelva el conflicto con proyectos de abastecimiento de agua potable para las poblaciones del cantón. Por esta razón, así como el criterio técnico vinculante como el caso de AyA y MINAE solicitaron dar por terminado el compromiso del ICE con estos proyectos.
Informes: Roberto Granados del Comité Cívico Bonaerense al tel: 8860 0011 Jiri Spendlingwimmer del Movimiento Ríos Vivos al tel 8880 6385
