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Etiqueta: abolición del ejército

La plaza sin don Pepe

Escrito en . Publicado en Análisis.

Roger Ríos Duarte

El viernes 6 de noviembre, poco después de las ocho de la mañana, una cuadrilla de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz sujetó con una grúa la figura de bronce de José Figueres Ferrer, la envolvió en plástico y la bajó de su pedestal en la plaza que desde 2016 se llama, en su rótulo oficial, Plaza de la Democracia y de la Abolición del Ejército. Con ella salieron las demás piezas del conjunto «La abolición del Ejército», obra de la escultora Marisel Jiménez, de modo que lo que se retiró ese viernes fue la abolición del ejército de la Plaza de la Abolición del Ejército. El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, que fiscalizó personalmente la maniobra, explicó que las esculturas quedarían resguardadas para su restauración y que no volverían a la plaza hasta que se garantizara que no serían objeto de nuevos actos de vandalismo. No dijo cuándo. Así lo informó La Nación y así lo confirmaron, con pocas variantes, AmeliaRueda.com y El Observador.

Los hechos que precedieron el retiro están igualmente documentados. Durante las manifestaciones de las últimas semanas en defensa del presupuesto de la educación pública, el monumento recibió pintura, grafitis y rayones; el Museo Nacional calculó que las pintadas cubrieron el noventa por ciento de la base y alcanzaron tres esferas precolombinas, y presentó una nueva denuncia penal ante el OIJ y la Fiscalía por lo ocurrido en la madrugada del 2 de noviembre, cuando, según las fotografías que circularon, varias personas encapuchadas rayaron las figuras mientras los estudiantes acampaban en la plaza. Los estudiantes negaron cualquier relación con el hecho: la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED relató a CRHoy que cuatro encapuchados vestidos de negro llegaron hacia la una de la mañana, ajenos al movimiento, y que fueron ellos quienes rayaron el bronce. Quiénes eran lo dirá, si avanza, la investigación judicial; lo que esta columna puede examinar es lo que vino después, porque del grafiti al retiro del monumento mediaron apenas cuatro días, y entre un daño reparable y la desaparición indefinida de un símbolo del espacio público hay muchas decisiones posibles que el Gobierno no tomó.

Al ministro le asiste el argumento de cualquier administración responsable del patrimonio: una obra dañada se protege, se restaura y se devuelve en condiciones. Nadie discute la restauración. Lo que se discute es que la devolución quede sin fecha y condicionada a una garantía que ningún espacio público puede ofrecer, porque toda plaza es, por definición, el lugar donde un país se manifiesta y a veces se desborda. Si el criterio fuera que un monumento regresa solo cuando esté a salvo de la protesta, entonces lo que se está diciendo, sin decirlo, es que la Plaza de la Democracia no es lugar para don Pepe mientras haya democracia en la plaza.

Que ese retiro sea un episodio político y no administrativo se entiende al mirar la cadena de la que forma parte. En agosto de 2024, durante la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, el entonces presidente Rodrigo Chaves llamó a las universidades públicas «mentirosos, berrinchosos y sin madurez emocional»; el Gobierno se mantuvo en un aumento del uno por ciento que los rectores consideraron inconstitucional y la negociación se rompió. En setiembre de 2025, a propósito de la distribución del FEES 2026, dijo que la UCR «se fue y se puñaleó las reservas de Conare». En marzo de 2026 calificó de «vaca sagrada» al rector de la UCR, sostuvo que con un año de FEES podrían darse 64.000 bonos de vivienda y construirse 1.700 kilómetros de carreteras, afirmó que esa universidad «se lleva la tajada de león» y pidió a los demás rectores «ahombrarse» frente a ella. Y en abril de 2026, ya en la transición, el Ejecutivo se levantó de la mesa del FEES 2027 alegando «demandas irracionales y abusivas», después de condicionar cualquier aumento a recortes de entre un veinte y un treinta por ciento para la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. El campamento estudiantil del 2 de noviembre en la Plaza de la Democracia es la continuación directa de esa secuencia, y el monumento que salió de la plaza salió en medio de un conflicto que el propio Gobierno llevaba dos años alimentando.

Lo notable de esa retórica, visto desde la sociología, es que no es solo presupuestaria sino de clase. Chaves no ha discutido con las universidades el valor de la investigación ni la cobertura de la educación superior; ha hablado de «la casta alta de la universidad», de los almuerzos del rector y de los docentes interinos a los que, según él, no se les paga ni se les da estabilidad para que los de arriba conserven sus lujos. Es la operación clásica del populismo de derecha: tomar una institución pública y presentarla como el privilegio de una élite, de modo que atacarla parezca un acto de justicia popular y no lo que es, un desmontaje. Y es exactamente la misma operación que se ejecuta cuando un símbolo de la Segunda República sale de la plaza bajo la justificación de protegerlo de la gente.

Las universidades no han sido el único contrapeso tratado así. El 25 de julio de 2026, en el Consejo de Gobierno celebrado en Nicoya por el aniversario de la Anexión, y en medio del debate por el recorte al presupuesto del Poder Judicial, el ministro Chaves preguntó al público: «¿Les da miedo la dictadura? ¿Les da miedo que cierre el Poder Judicial?», parte de los asistentes le contestó que no, y él atribuyó a la oposición y al propio Poder Judicial la intención de «meterle miedo» a los costarricenses. La Nación lo llevó a su editorial y la Universidad de Costa Rica emitió un pronunciamiento. Puestos en fila, los tres episodios dibujan una figura: las universidades, los tribunales y la plaza son los tres lugares donde la Segunda República guardó su saber, su ley y su memoria, los cuerpos intermedios de los que me ocupé en «Los amortiguadores de la República», y los tres han recibido, en poco más de dos años, el mismo tratamiento: no la abolición, que sería visible, sino el vaciamiento por dentro con formas legales, que es la manera en que las repúblicas pierden sus amortiguadores sin que nadie firme un decreto.

Aquí entra la parte de esta historia que ningún novelista se atrevería a inventar. Rodrigo Chaves, que gobernó entre 2022 y 2026, es hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda del Gobierno de Laura Fernández, con la coordinación del gabinete económico, en un nombramiento que, según recordó el historiador Vladimir de la Cruz, no tiene precedente desde la fundación de la Segunda República. Y ese ministro es, en sus propias palabras, «el hijo del guardaespaldas y chofer de don Pepe». No es una atribución de sus adversarios: así lo consigna la página oficial de la Presidencia, que registra que su padre, Rodrigo Chaves Arguedas, ejerció ambas ocupaciones junto a José Figueres Ferrer en las décadas de 1940 y 1950. En el debate de Repretel del 1 de abril de 2022, a dos días de la segunda ronda, Chaves le reprochó a José María Figueres mentir sobre quién había arriesgado la vida por su padre, nombró a Víctor Protti, al Ñato Ortiz, a Osvaldo D’Ambrosio y a Rodrigo Chaves como los hombres que «jugaron su vida por defender a don Pepe», y remató diciéndole que el apellido Figueres le había quedado grande.

No hace falta especular sobre lo que siente el ministro para registrar lo que hace el gabinete al que pertenece. El hijo del hombre que ponía el pecho por Figueres preside el gabinete que descuelga a Figueres de la plaza, y lo hace mientras ese mismo gabinete disputa a las universidades públicas, que son la otra gran herencia institucional de 1948, su financiamiento y su autonomía. Que el partido fundado por don Pepe fuera durante años el empleador de su padre, y que el hijo haya construido su carrera política contra ese partido, contra los Arias y contra la institucionalidad que su padre custodiaba, no es psicología sino biografía política, y como tal se puede escribir sin adjetivos. La Costa Rica de la abolición del ejército, del ICE y de la Caja fue también la Costa Rica que les dio trabajo a los guardaespaldas y a los choferes; esa es la paradoja que el bronce envuelto en plástico pone en escena.

Tampoco cabe la tentación contraria. Las esculturas no fueron destruidas, el Gobierno no ha dicho que no vuelvan y el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, que calificó la decisión de «manual de dictador», tiene tanto interés partidario en el símbolo como el oficialismo en retirarlo. Figueres fue un hombre de luces y de sombras, y la Segunda República no fue el paraíso que la liturgia liberacionista recita cada 8 de mayo; una columna seria no debe convertir una estatua en un santo. Pero hay una diferencia entre discutir el legado de un fundador en el espacio público y sustraer el fundador del espacio público para que no se lo discuta, y los gobiernos que gobiernan por sustracción de símbolos rara vez se detienen en el primero.

Porque eso es lo que está pasando, más allá de una plaza y de un bronce. Un gobierno que se presenta como socialdemócrata y gobierna desde la derecha, que concentra en un solo ministro la Presidencia y la Hacienda, que ha convertido la confrontación con las universidades en política de Estado, que pregunta a una plaza si le teme a la dictadura y que ahora retira sin plazo el monumento al hombre que abolió el ejército, está redefiniendo, pieza por pieza, qué cosas del país de 1948 siguen siendo de todos y cuáles pasan a ser del Gobierno. Del rótulo de la plaza ha salido ya, en bronce, la segunda mitad; queda la primera, la democracia, que es precisamente la palabra por la que el ministro preguntó en Nicoya. No sería extraño, en la lógica de lo que llevamos visto, que el nombre fuera lo siguiente, y la paradoja de un gobierno que llegó al poder por la vía democrática y parece incómodo con la palabra no la resuelve ninguna restauración.

Quienes nacieron en los años treinta, en la San José del tranvía y de las fábricas de barrio, vieron fundarse de muchachos el país que ese monumento conmemora; sus hijos lo heredamos como un dato de la naturaleza, y sus nietos lo están viendo desmontar como si fuera un adorno. La memoria institucional de un país no se protege envolviéndola en plástico, se protege dejándola en la plaza, expuesta a la pintura y a la discusión, que es lo que hace a una república y no a un museo.

Hace 75 años un tico hizo lo que California apenas intenta hoy

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Welmer Ramos González
Economista

Hay estadistas y hay administradores. Los administradores gestionan lo que existe. Los estadistas transforman lo que es posible. Costa Rica tuvo, en José Figueres Ferrer, el más grande estadista del siglo XX latinoamericano. Y hoy, cuando miramos a nuestros dirigentes con la esperanza de encontrar, aunque sea un destello de esa visión, lo que vemos es, con demasiada frecuencia, el reflejo gris del miedo a pensar distinto.

Don Pepe no era un hombre sin errores. Era, al contrario, profundamente humano. Pero entre sus errores nunca se contaron la avaricia, la codicia ni el egoísmo. Esos espantos, que tanto daño hacen a la política, nunca le afectaron. Tenía un norte fijo, claro y obstinado: el bien común. No el bien de los poderosos, no el bien de los que ya tenían, sino el bienestar de todos los habitantes de este país. Con ese faro encendido, pensaba y repensaba. Dudaba y volvía a pensar. Y cuando actuaba, lo hacía con una valentía que hoy parece de otro mundo.

Democratizó el crédito cuando nadie en América se atrevió. El crédito era caro, clasista y empobrecedor. Los bancos intermediaban con el dinero del pueblo y prestaban barato a los ricos, caro a los pobres. Figueres determinó que eso era inaceptable y nacionalizó la banca. Por cuarenta años, las pequeñas y medianas empresas pagaron tasas similares a las que pagaban los grandes capitales. La gente dejó de trabajar para quien le prestaba y comenzó a trabajar para sí misma. Ni el más ardiente socialista de América Latina se atrevió a tanto, y sin embargo fue una medida que impulsó el desarrollo con crédito barato para producir y construir vivienda, no para el consumo. Cuando en los años ochenta el sistema financiero se abrió al libre mercado, la usura volvió de inmediato: la crisis de las financieras y la ruina de miles fueron el primer fruto amargo de soltar lobos entre las ovejas.

Financió el Estado cuando el Estado lo necesitaba. Tras la guerra civil de 1948, las arcas estaban vacías. Don Pepe impuso un impuesto del diez por ciento sobre los grandes capitales. Hoy, casi ochenta años después, el mundo apenas comienza a discutir algo parecido: California votará mañana para intentar imponer el cinco por ciento a las grandes fortunas. La mitad de lo que don Pepe impuso, con décadas de retraso. Mientras tanto, en Costa Rica vemos crecer el PIB y bajar la recaudación, vemos decenas de empresas que facturan más de cien millones de dólares al año y declaran pérdidas ante el fisco de manera consecutiva, vemos los Panamá Papers repletos de nombres conocidos. ¡Qué falta hace don Alberto Martén en Hacienda y don Pepe de presidente!

Electrificó el país con justicia. El 8 de abril de 1949, el Decreto-Ley N.º 449 le dio vida al ICE. Pero no a un ICE para las ciudades rentables. A un ICE solidario: las ganancias de las zonas urbanas financiarían la electrificación rural donde no había negocio. Para todos, al costo, en todo el país. Hoy ese modelo —que Puerto Rico envidia mientras espera meses a que una empresa privada le restaure la luz tras un huracán— está en la mira de quienes quisieran convertirlo en negocio. Don Pepe ya sabía que hay sectores donde los lobos no pueden entrar.

Abolió el ejército siendo el general victorioso. Ganó la guerra y disolvió su propio ejército. Convirtió los cuarteles en museos y la plata del ejército la destinó a escuelas. Le dio rango de cuarto poder del Estado al Tribunal Supremo de Elecciones para blindar la democracia. Aprobó el voto femenino y la ciudadanía plena para la población afrocostarricense. Hizo de Costa Rica un refugio para los perseguidos políticos de América.

Y lo hizo escuchando. No tenía miedo de rodearse de personas que pensaban diferente. Tomó las reformas buenas de sus propios enemigos y las elevó a rango constitucional, sí, las de Manuel Mora y Rafael Ángel Calderón Guardia. No llegó al poder para instaurar el odio, sino para poner a todos a trabajar juntos.

Eso es liderazgo. No la amalgama ideológica que hoy se disfraza de prudencia. No el silencio calculado frente a las ideas incómodas. No el miedo a parecer diferente, a que le critiquen, a que el debate los incomode.

Don Pepe no conoció ese miedo. Y por eso algunos costarricenses le agradecemos tanto.

Don Pepe no gobernó para la historia. Gobernó para la gente; y esa distinción, hoy casi extinta, es exactamente lo que más nos hace falta.

Carta abierta a Su Santidad papa León XIV con motivo de la visita de la presidenta de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

SURCOS comparte esta carta abierta, publicada por su autor el 28 de octubre, con motivo de la audiencia de la presidenta Laura Fernández Delgado con el papa León XIV.

San José, 28 de octubre de 2026
A Su Santidad León XIV
Ciudad del Vaticano
Santo Padre:

Me entero de que mañana recibirá a nuestra presidenta, Laura Fernández. Como costarricense y cristiano, considero mi deber advertirle algunas cosas. No quisiera que Su Santidad terminara recibiendo lecciones de cristianismo de una mandataria cuya interpretación del Evangelio parece haber pasado por la oficina de Donald Trump.

Le comparto diez advertencias. No son artículos de fe, aunque algunas requieren bastante fe para creerlas.

  1. Cuidado con las Biblias.

Nuestra presidenta asegura que gobierna con la Biblia. En Costa Rica hemos descubierto que las Escrituras sirven para todo: gobernar, ganar elecciones y hasta, según denunció ella misma, para que Fabricio Alvarado intentara arrinconarla en una oficina con el pretexto de regalarle una. Él negó la acusación, pero el episodio dejó una enseñanza: no basta con llevar la Palabra de Dios bajo el brazo; importa también lo que uno hace con el otro brazo. Aquí la Biblia se utiliza para casi todo, excepto, aparentemente, para amar al prójimo.

  1. No se sorprenda si menciona a Donald Trump.

Nuestra presidenta siente una fascinación política por el mandatario estadounidense. Suscribe sus iniciativas con un entusiasmo que haría palidecer a los propios republicanos. Quizá deba explicarle que el Sermón del Monte se pronunció mucho antes de la construcción de Mar-a-Lago y que las bienaventuranzas no necesitan autorización de Washington.

  1. Si hablan de Irán, recuerde quién es el príncipe de la paz.

Mientras usted condena la guerra y recuerda la dignidad de las víctimas, nuestro Gobierno parece encontrar más fácil acompañar políticamente a Washington que cuestionar sus decisiones militares. Tal vez convenga recordarle que los misiles no son instrumentos de evangelización y que bombardear a un enemigo no es exactamente lo que Jesús quiso decir con poner la otra mejilla.

  1. No acepte invitaciones a excursiones escolares.

Nuestra presidenta propuso llevar estudiantes a conocer una cárcel de máxima seguridad para mostrarles las consecuencias de delinquir. Una pedagogía inspirada en Bukele. Usted podría recordarle que Jesús enseñaba con parábolas, no organizando visitas guiadas al sufrimiento.

  1. Pregúntele por los presos.

En nuestro país las megacárceles se han convertido en un espectáculo político. Las personas privadas de libertad aparecen como trofeos de una supuesta victoria moral. Conviene recordarle Mateo 25:36: «Estuve preso y vinisteis a verme». Jesús no agregó: «Y procurasteis que las cámaras captaran mi peor perfil».

  1. No confunda la justicia con una escenografía.

Nuestra presidenta admira el modelo penitenciario salvadoreño. Parece convencida de que cuanto más aterradora resulte una cárcel, más virtuoso será el Gobierno. Tal vez pueda explicarle que la justicia no se mide por la cantidad de barrotes y que la misericordia no es una conspiración internacional de delincuentes contra las buenas costumbres.

  1. Si le ofrece firmar algo, revise el bolígrafo.

En julio de 2024, cuando todavía era ministra, protagonizó una firma pública en la que el bolígrafo no tocó el papel. Después explicó que se trataba de un acto simbólico y que firmó posteriormente. En Costa Rica aquello nos recordó la multiplicación de los panes, pero sin panes. Si mañana firma un compromiso por la paz, compruebe que la tinta llegue al documento. No todos los milagros administrativos están reconocidos por el Vaticano.

  1. No se deje impresionar por su humildad.

Nuestra mandataria probablemente llegará hablando de Dios, de la familia y de su amor por Costa Rica. Todo muy edificante. El problema es que la humildad cristiana también exige escuchar críticas, reconocer errores y admitir que el Espíritu Santo no tiene carné de ningún partido político. Sería bueno recordarle que Jesús lavó los pies de sus discípulos; no les exigió que primero reconocieran su liderazgo.

  1. Recuérdele que Costa Rica no tiene ejército.

Lo abolimos en 1948 y durante décadas hicimos de la paz una seña de identidad. Ahora nuestra política exterior parece cada vez más seducida por las alianzas de seguridad de las grandes potencias. Sería una ironía histórica que, después de casi ochenta años sin ejército, nuestra principal contribución a la paz mundial consistiera en aplaudir las guerras ajenas.

  1. No permita que confunda la audiencia con una canonización.

Es probable que la fotografía con usted se convierta en un importante recurso propagandístico. Comprenderá que una audiencia papal tiene un valor electoral considerable.

Santo Padre:

Le escribo con humor, pero también con preocupación. Existe una distancia enorme entre invocar el nombre de Dios para ejercer el poder y permitir que el Evangelio cuestione ese poder.

Usted ha hablado de paz, misericordia, justicia y dignidad humana. Precisamente esas palabras resultan incómodas para quienes prefieren el espectáculo del castigo, la obediencia a los poderosos y las fotografías piadosas.

No le pido que reprenda a nuestra presidenta. Solamente que le hable de Jesús. Del Jesús de los Evangelios, no del que algunos asesores de comunicación parecen haber contratado para las campañas electorales.

Y si todavía le queda tiempo, recuérdele que la Biblia no es un programa de gobierno, que la verdad no es un accesorio de la propaganda y que el prójimo incluye también a los presos, los extranjeros, los enemigos y quienes piensan distinto.

Reciba mi respeto y mis mejores deseos.

Y, por favor, Santidad, si nuestra presidenta le ofrece firmar un compromiso por la paz, asegúrese de que esta vez el bolígrafo toque el papel.

José Chacón
Costa Rica

Publicado por el autor en https://www.facebook.com/jose.chacona

Sobre las luchas y movilizaciones ciudadanas

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

En la historia social de Costa Rica es usual conocer las luchas sindicales como parte esencial de ella. Hay luchas y huelgas de trabajadores desde el siglo XIX en Costa Rica. Hay organización social de trabajadores desde el siglo XIX. Hay sindicatos tal y como ahora los conocemos como forma superior de esa lucha de los trabajadores desde 1901. Hay federaciones de trabajadores, que son uniones de sindicatos en una sola organización, desde 1905 y confederaciones de Trabajadores, uniones más amplias, en Costa Rica, desde 1913.

Desde finales del siglo XIX cuando surgieron los partidos políticos hubo partidos políticos que representaban a los trabajadores, se autoproclamaban sus representantes, los de “los chaquetas, descamisados y descalzos”, entre ellos. Hubo diputados electos de estos grupos de trabajadores, que eran principalmente obreros, artesanos y trabajadores en general.

Hubo huelgas a principios del siglo XX que fueron determinantes para los derechos laborales, sociales y de todos los trabajadores, como lo fueron las huelgas que giraron entre 1917 y 1920 alrededor de la lucha por obtener la jornada de 8 horas de trabajo diario, lo que se logró en diciembre de 1920 y hasta hoy, que se quiere alterar por una jornada de 12 horas diarias mediante la ley conocida como la 4-3, porque con esa ley se quiere establecer la jornada semanal de 48 horas comprimida a 4 días por semana, sin pago de horas extras, como dispone la Constitución Política, que se deben pagar. Cínicamente ha dicho el diputado jefe de los diputados del actual gobierno, que esa jornada solo “beneficiará”, o se impondrá a un 1% de los trabajadores, tratando de engañar de que no es una reforma que afecta a todos los trabajadores, que obligatoriamente irán siendo sometidos a esa jornada.

Las huelgas han logrado establecer una serie de derechos y de reconocimientos de beneficios sociales y económicos para los trabajadores. Esos derechos y beneficios así establecidos son resultado de pactos finales de esas huelgas entre los trabajadores y sus sindicatos y los patronos o el Estado cuando los han aceptado e instituido en la práctica laboral. Así, la organización sindical y sus huelgas han sido un instrumento muy importante para impulsar la legislación social del país.

También ha habido luchas ciudadanas muy importantes, como fue la lucha del pueblo costarricense, incluso con episodios de resistencia armada contra la dictadura de Federico Tinoco Granados, 1917-1919. Ha habido períodos de auge huelguístico, como fueron 1907-1909, 1917-1921, 1929-1934.

Desde el siglo XIX ha habido tiempos de intensa lucha social entre sectores políticos del país, que culminaron con nuevas constituciones políticas, suspensiones de la Constitución, con breves gobiernos, invasiones y conflictos armados.

El país en todo ese proceso histórico vivió momentos especiales de grandes acuerdos políticos. Desde 1821 conocemos lo que se llamó El Pacto de Concordia o Pacto Fundamental Interino de Costa Rica, que produjo la primera constitución costarricense. Las Constituciones de 1871 y la de 1949 lograron imponerse como grandes acuerdos políticos por grandes períodos de tiempo. La de 1871 interrumpida entre 1917 y 1919, pero luego volvió a restablecerse. Eso logró estabilidad política importante en el país.

La década de 1940-1949 fue intensa y convulsa en el contexto de la II Guerra Mundial, pero permitió lograr acuerdos como el de 1943, que dio por resultado el Capítulo de las Garantías Sociales de la Constitución Política, en la Constitución vigente de 1871, que luego se incorporó ligeramente ampliado en la Constitución de 1949, y la aprobación del Código de Trabajo, de 1943, que sigue vigente con las reformas que se han hecho. Estas reformas sociales fueron pactadas por el Gobierno del Dr. Rafael Calderón Guardia, por la Iglesia Católica de Costa Rica, dirigida por monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y por el Partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde.

Las contradicciones políticas y sociales de esta década condujeron a los sucesos armados de marzo y abril de 1948, guerra civil que se finalizó con el llamado Pacto de Ochomogo, y el Pacto de la Embajada de México, donde se conoció lo pactado en Ochomogo, por el líder político militar antigobiernista, de la guerra civil, José Figueres Ferrer y Manuel Mora Valverde, como jefe político militar, en ese momento defendiendo al gobierno de Teodoro Picado, y las reformas sociales que veía amenazadas. Un acuerdo político, que junto con el de 1943, se convirtieron en las bases de la llamada Segunda República, que así fue fundada el 8 de mayo de 1948, que sigue vigente hasta hoy.

La Segunda República en todos sus fundamentos y logros institucionales está amenazada de muerte por el presidente Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026 y su prolongación como ministro de la Presidencia, desde el mismo Despacho presidencial del gobierno de su continuidad, de Laura Fernández Delgado, 2026-2030.

En el período anterior hubo grandes momentos de movilización ciudadana. Algunos de ellos fueron: en 1969 y 1970 las luchas contra el Contrato Ley con la Aluminum Company of America, contra la ALCOA, a principios de este siglo, bajo el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, se dio la gran lucha contra el llamado Combo del ICE, cuando la población del país se movilizó para evitar la privatización de la generación y servicios de electricidad, en el 2007 las grandes movilizaciones populares contra la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Junto a estos movimientos ha habido otros, y muchos, de trabajadores de la educación, de trabajadores y estudiantes universitarios y de otros sectores sociales de la población.

Recientemente, tuvimos dos grandes movimientos y movilizaciones ciudadanas de nuevo tipo, en defensa de la institucionalidad política, en defensa del Poder Judicial, de los ataques despiadados que mantiene el cogobierno de Rodrigo Chaves y Laura Fernández contra el Poder Judicial y su integración de magistrados propietarios y suplentes y las movilizaciones, a propósito de la celebración de la fecha del 15 de setiembre, cuando el 14, en distintas comunidades del país se volvió a salir en los pueblos en defensa de la libertad, la independencia y la soberanía nacional.

Estas últimas movilizaciones populares y comunales se han realizado bajo la forma de Plantones por la democracia, respondiendo al peligro que representa el cogobierno de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, contra toda la institucionalidad, contra los derechos y libertades ciudadanas y contra el peligro del establecimiento de un régimen dictatorial, tiránico, despótico y de autoritarismo absoluto, como se percibe el avance del gobierno y sus políticas públicas en ese sentido.

La experiencia de los Plantones por la Democracia ha sido buena, sana políticamente para la ciudadanía movilizada, buena para generar y fortalecer una conciencia en defensa de la democracia costarricense. Esta lucha debe mantenerse. Tenemos a la vista fechas importantes que recordar y atender con estas movilizaciones. Algunas de ellas que dejo planteadas son:

Todo el mes de octubre y noviembre se discute en la Asamblea Legislativa el Presupuesto Nacional del 2027.

En este Presupuesto se ha hecho un recorte criminal de fondos públicos al Poder Judicial, a las instituciones que atienden asuntos sociales de la población, al sistema educativo nacional con las eliminaciones de las becas, comedores escolares, subsidios para el transporte estudiantil.

Se ha recortado el presupuesto universitario público, con el claro pensamiento de los presidentes Chaves y Fernández, de reducir áreas de estudio de las universidades públicas, como son los Estudios Generales y Humanísticos.

Se mantiene el congelamiento de 5 años de salario y se proyecta ese congelamiento por los próximos 5 años. Se mantiene el congelamiento de las pensiones con la clara intención de rebajarlas con un impuesto del 5%. Se habla de alargar la edad de pensión de las mujeres y de los hombres. Se han eliminado los subsidios de las pensiones menores de 85.000 colones. No se le quiere devolver el ROP a los pensionados, porque en la práctica ese fondo de los trabajadores lo han saqueado o desviado a otros menesteres privados, cuando les pertenecen a los trabajadores.

Se aumenta el desempleo público por restructuraciones institucionales que se enmarcan en las políticas de despidos forzados y de eliminación poco a poco de esas instituciones, para pasar al sector privado, a un mayor costo para la población la atención de esos servicios.

Se están eliminando servicios públicos como el de la Cruz Roja, institución benemérita nacional, lo que provocará menor atención de ciertas zonas, lugares y poblados, para estimular los servicios privados de esta atención.

El Presupuesto Nacional que se quiere aprobar contiene los recortes de estos señalamientos aquí hechos.

Octubre y noviembre deben convertirse en los meses de grandes movilizaciones de todos estos sectores educativos, de la salud, judicial, de los trabajadores y pensionados, de las familias completas, pidiéndole a los diputados que no produzcan esos recortes presupuestarios, porque sus efectos directos son mayor empobrecimiento de la población, y menor atención de los servicios públicos con un impacto directo a la salud de los costarricenses.

Por lo menos cada semana deberían realizarse movilizaciones de ciudadanos, por sus sectores organizados, a la Asamblea Legislativa, a pedir y a presionar en ese sentido a los diputados.

A la par de estas movilizaciones debería prepararse para el 1 de diciembre una doble movilización.

En un primer sentido para recordar la Primera Constitución de Costa Rica, firmada el 1 de diciembre de 1821, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia. Recordar con esta fecha el desarrollo constitucional del país, recordar que la historia patria se ha construido con pactos sociales políticos, no con dictaduras ni tiranías. Exaltar la Constitución actual para defender con ella el Estado de Derecho, es decir la independencia absoluta de los Poderes Públicos, y al Estado Social de Derecho, con sus libertades y derechos sociales.

En un segundo sentido para recordar la fecha de la abolición del ejército de Costa Rica, el 1 de diciembre de 1948, y combatir en este sentido la tendencia militarista de los gobiernos Chaves-Fernández que de manera disfrazada avanzan para modificar la estructura policial que tenemos por la de un ejército. En esta dirección caminan cambiando los rangos policiales de la Fuerza Pública por rangos militares de ejércitos, y por insinuar, y casi presagiar Laura Fernández, el establecimiento de una base militar estadounidense, que estaría enmarcada en el Escudo de las Américas que impulsa el presidente Trump, que ya cuenta con el aval de la presidenta Laura Fernández. Una base militar requeriría obligadamente una aprobación legislativa y de la Sala Constitucional.

Hay que luchar desde ahora para que esto no suceda. El 1 de diciembre debe ser el primer campanazo de esta lucha popular, nacional, democrática y profundamente costarricense.

Las movilizaciones ciudadanas están protegidas por la Constitución Política como derechos de los costarricenses.

Las guerras no terminan cuando callan las armas

Escrito en . Publicado en Análisis, Portada.

PhD. José Efraím Quirós Moya

El siglo XX terminó, pero muchas de sus heridas permanecen: dos guerras mundiales, la Guerra Fría, la caída de la URSS, la desintegración de Yugoslavia y las intervenciones de las grandes potencias dejaron fronteras, memorias, alianzas y conflictos que todavía condicionan el presente. Europa vuelve a escuchar los tambores de guerra.

La historia ayuda a comprenderlo: para muchos países del Este europeo, la memoria de la dominación soviética alimentó su búsqueda de seguridad en la OTAN; desde Moscú, ese proceso fue interpretado como pérdida de influencia y seguridad estratégica.

Dos memorias. Dos lecturas del pasado. Un mismo continente.

Putin no es simplemente “el nuevo Hitler”. La comparación puede servir para estudiar determinados mecanismos históricos, pero también puede ocultar las diferencias entre dos épocas. Lo importante es comprender cómo la memoria histórica puede convertirse en fuerza política en el presente.

¿Y Costa Rica?

Aquí aparece nuestra propia historia.

En 1948, después de una guerra civil, se abolió el ejército. En 1949, esa decisión quedó incorporada a la Constitución. Y aquel antiguo espacio militar, el Cuartel Bellavista, terminó convertido en Museo Nacional.

Una sociedad que había vivido la guerra transformó un cuartel en un espacio de cultura y memoria.

Ese hecho también forma parte de nuestra identidad.

A ello se suman una tradición educativa y civilista construida durante décadas y el papel diplomático que Costa Rica desempeñó en la búsqueda de la paz centroamericana durante los años ochenta.

Por eso, frente a un mundo que vuelve a hablar de armas, fronteras y rearme, nuestra historia plantea una pregunta:

¿Puede una sociedad aprender de sus conflictos sin quedar prisionera de ellos? Quizá esa sea una de las grandes preguntas sociológicas de nuestro tiempo.

Porque la paz no es simplemente ausencia de guerra.

También puede ser una construcción histórica, institucional y cultural. Europa carga con sus memorias de guerra.

Costa Rica carga con las suyas, pero también con una decisión histórica: convertir la paz en parte de su identidad.

Doña Laura: no queremos militares… no somos siervos menguados

Escrito en . Publicado en Derechos.

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

No lo digo yo, solo lo repito. La bien amada del chavismo y encartada en la fiscalía general la hoy simple asesora presidencial Pilar Cisneros, dijo el pasado mes de agosto del 2025 en el programa de televisión el Octavo Mandamiento, que a Doña Laura Fernández «a veces le cuesta concretar una idea sencilla«. Esto, que pudo ser una frase atribuible a los calores de la campaña y ella no la quería como candidata, por algunos «safis» que la señora presidenta ha tenido en estos cuatro meses supuestamente al mando del país, si nos vuelven un tanto terroríficos. Hoy vamos a dejarlos pasar un tanto inadvertidos, como eso de llamarle presidente a Rodrigo Chávez y para sacar las extremidades del barro dijo que ¡él también la llamaba ministra!, ¡más “pior!» dijo Gorgojo; para no distraernos de sus últimas declaraciones que resultan, simplemente, alarmantemente inaceptables.

Ante la afirmación hecha en declaraciones dadas a la agencia de noticias Reuter, en el sentido de que está anuente a recibir operaciones militares estadounidenses en Costa Rica, con el pretexto de combatir el narcotráfico y el terrorismo internacional, es preferible creer que el «síndrome pilarico» hizo su aparición, y no fue capaz de concretar claramente lo que talvez quiso decir, y por lo tanto, le salió semejante barbaridad.

Pero por si acaso, se le debe recordar a la presidencia de la República, a quienes la ejerzan de hecho y de derecho, que ellos tienen el poder y el gobierno de este país… prestado, por un tiempito. Y que, al ejercerlo, deben obedecer lo establecido en la Constitución y las leyes. En ellas, se les recuerda, está establecido que nosotros los costarricenses, desde 1848 vivimos en un país soberano y que ellos son guardianes de esa soberanía y nadie puede arrogarse ser ella y actuar por ella, fuera de las normas legales y constitucionales establecidas, sin caer en el delito de traición a la Patria.

En ese sentido, soberanamente los costarricenses desde 1949 abolimos el ejército y cualquier cambio, tratado o afectación a ese principio, debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa por 3/4 partes de la totalidad de sus miembros o sea 43 votos. Entonces, aunque alguien le silbe al oído que se pueden instalar bases militares gringas o traer fuerzas militares armadas sin la aprobación legislativa, seguro les está silbando desde una rama seca de alguna mata de cannabis.

No, miembros del régimen FER/CHA, por más convenios o acuerdos de escudos militares que hayan firmado -que deben ser conocidos por la Asamblea Legislativa- con el déspota de Trump y su aliado el genocida Netanyahu, aquí en nuestra querida Costa Rica la inmensa mayoría de verdaderos ciudadanos que no nos arrodillamos ni ante ustedes ni ante ellos y los fascistoides que han instalado en América Latina, vamos a permitir que las botas militares suenen en nuestro suelo…porque no somos siervos menguados y por eso vamos a exigirles que se respetan hasta la última palabra los derechos sagrados que la patria nos da.

De la protesta del Plantón a la del Farolazo el 14 de setiembre

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Vladimir de la Cruz

En Costa Rica conocemos históricamente muchas formas de luchas sociales y protestas ciudadanas. Resistencias y rebeliones indígenas, cuando las hubo en la colonia, las protestas anticoloniales, que contribuyeron al proceso de la Independencia, las luchas de los pequeños propietarios campesinos en Guanacaste, en los primeros años de la vida independiente, cuando se empezaron a privatizar las tierras de pastoreo y se cercaron los accesos a los ríos y pozos de agua, que habían tenido un carácter comunal abierto en la colonia…

En la vida independiente, durante el desarrollo y surgimiento del Estado las diversas modalidades de luchas políticas y electorales que fueron surgiendo durante el siglo XIX, hasta que empezó a manifestarse el capitalismo agrario en el último tercio del siglo XIX y la modernización que empezó a tener el país con la construcción del ferrocarril al Atlántico, como se decía, con la traída de mano de obra extranjera afrodescendiente de Panamá y luego de Jamaica, para esos duros trabajos industriales que exigía el ferrocarril, el muelle y la ciudad de Limón, especialmente, junto a los chinos y los italianos, grupos sociales que en sus trabajos impulsaron y desarrollaron luchas más típicamente capitalistas, en defensa de sus salarios, de defensa de sus contratos de trabajo, que desarrollaron huelgas, paros y otras formas de protesta, más de carácter sindical, cuando los sindicatos estaban en gérmenes iniciándose con sus organizaciones antecesoras, las sociedades mutualistas, de mutuo auxilio y de socorros mutuos, junto con las sociedades de trabajadores, de artesanos y de obreros, hasta que con las transformaciones capitalistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX surgieron las Ligas de Obreros y los Sindicatos tal y como ahora los conocemos.

Con el ferrocarril luego se impulsó la producción bananera que prácticamente desde su origen tuvo en sus trabajos protestas laborales y huelgas, casi una docena de huelgas desde 1890 hasta 1934, siendo la más importante y bulliciosa la de 1934, dirigida por el Partido Comunista que se acababa de fundar en 1931.

En aquellos años, desde principios de siglo XX, las huelgas y las huelgas de, o en solidaridad, con otros huelguistas, habían aparecido, así como ciertas políticas sociales relacionadas con pensiones, y otras regulaciones en materia laboral para trabajadores organizados, como fueron entre ellos los maestros y educadores, y los trabajadores del campo que luchaban por la ley de accidentes de trabajo, que se logró en 1925. La jornada de trabajo de 8 horas ya se había logrado en diciembre de 1920, la que se llevó al Código de Trabajo de 1943 y a la Constitución Política de 1943 y luego a la vigente de 1949.

La prensa diaria y la prensa social, surgida en la última década del siglo XIX, que atendía la situación de los trabajadores, de los chaquetas, descamisados y descalzos, de los grupos urbanos marginados, recibiendo información de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas en Europa, y los Estados Unidos, que culminaron con las triunfantes huelgas de Chicago de 1886, 1890 y las siguientes para imponer a partir de este año esa lucha a escala internacional, fueron también, desde aquellos años, hasta la segunda década del siglo XX, que se acompañaron con otros procesos huelguísticos en el país de trabajadores migrantes, españoles especialmente, y con una migración europea intelectual de gran valía en el campo educativo, de las ciencias, las artes y la cultura en general, hicieron surgir también una conciencia política anti oligárquica, de carácter popular.

En el campo político con el surgimiento de los partidos políticos a partir de 1890 surgieron también las organizaciones políticas de los trabajadores, que incluso en la última década del siglo XIX pudieron nombrar o elegir sus propios diputados, como lo fue el Partido Independiente Demócrata, que forzó para que los partidos oligárquico liberales crearan a su amparo los clubes respectivos de trabajadores, artesanos y obreros, eligiendo ellos también un diputado representante de estos trabajadores, en esos años.

Ese final de siglo XIX se fortaleció en el campo de las ideas políticas, además del liberalismo, cuando por la prensa, especialmente, empezó a llegar la información de las ideas y de los movimientos anarquistas, socialistas, socialdemócratas y socialcristianas de Europa. Estas últimas con el impacto que tuvo la Encíclica Rerum Novarum, que con el Obispo Bernardo Augusto Thiel, impulsó su Carta Pastoral No. 30 reproduciendo prácticamente su contenido, a los “desposeídos de bienes de fortuna”, donde defendió el derecho de organización sindical, el derecho a la huelga y el derecho a un justo salario, creando las condiciones para que la Iglesia impulsara y apoyara el Partido Unión Católica, e hiciera surgir a un grupo de cristianos muy importante socialmente que también se organizaron alrededor del periódico La Justicia social.

En otro ámbito del debate político la Iglesia desde sus publicaciones religiosas atacaba violentamente a los masones y la influencia que tenían en el desarrollo institucional y político del Estado y de la sociedad costarricense.

Las elecciones de 1910 tuvieron la organización de partidos regionales obreros en Limón, Grecia y San José, por las concentraciones de trabajadores agrícolas y urbanos, que surgían y se impulsaban con los cultivos de café y sus Beneficios, y con la caña de azúcar y sus Ingenios.

Desde 1900-1902 con el surgimiento de los sindicatos se pasó en 1905 a la constitución de la primera Federación de Trabajadores de San José, fortaleciendo más la organización y las luchas de los trabajadores. En 1909, con el surgimiento del Centro de Estudios Sociales Germinal, estas organizaciones y luchas se consolidaron. Hicieron surgir en 1913 la primera Confederación General de Trabajadores que dio origen, desde entonces, a la celebración del Primero de mayo en Costa Rica, como día internacional del Trabajador, y a poner en alto la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas, la que se logró establecer en el país den 1920.

Entre 1909 y 1913, entre 1917 y 1921 y luego, entre 1927 y 1934 se produjeron grandes movimientos y “oleadas” huelguísticas en el país, que se acompañaron, en esos mismos años, con el surgimiento de esos grupos políticos de trabajadores, en el Centro Socialista de Costa Rica del Dr. Aniceto Montero, que fue el primer intento importante de desarrollar y organizar un Partido Comunista en el país, que organizó desfiles de duelo de trabajadores, por la muerte de Lenin, del partido Reformista, impulsado por el sacerdote Jorge Volio Jiménez, y luego por el surgimiento, en 1931 del Partido Comunista de Costa Rica.

Esos años, desde principios del siglo XX hasta mediados de la década de 1930-1940, se dieron una diversidad importante de movimientos y de luchas nacionalistas, antiimperialistas y patrióticas, con participación importante de sectores de la oligarquía nacional y de ricos empresarios que salían afectados con los contratos que se celebraban con empresas extranjeras y con el Tratado de Comercio con Estados Unidos que se celebró en esos años.

En la lucha contra la dictadura de los Tinoco, 1917-1919, papel importante jugaron los maestros y los estudiantes de los colegios de la capital.

El antiimperialismo, y en las décadas de 1930 y 1940 el antifascismo y el antinazismo también fueron movimientos políticos importantes que se manifestaron en Costa Rica.

La década de 1940 surgieron los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, como una nueva fuerza social organizada. En este mismo tiempo los maestros y educadores también fortalecieron sus niveles organizativos y de luchas.

El marco de la II Guerra Mundial y la derrota del nazi fascismo provocó una nueva situación política nacional muy particular, que dio por resultado la alianza del Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y la Iglesia Católica costarricense, liderada por su arzobispo Dr. Víctor Manuel Sanabria Martínez, a cuyo amparo se aprobaron las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, situación que condujo, por los problemas político electorales de esos años, a la guerra civil de marzo y abril de 1948, que impuso en el gobierno, durante los años 1948-1949, al grupo armado victorioso de la guerra civil que gobernó con el nombre de Segunda República de Costa Rica.

Durante el período de la Segunda República, desde el gobierno de Otilio Ulate Blanco, 1949-1953, se dieron luchas políticas intensas por recobrar la legalidad e institucionalidad política democrática, que se afectó hasta 1975, por los efectos de la guerra civil.

La democracia costarricense, así se fortaleció de nuevo en su derechos y libertades ciudadanas. El valor democrático de su institucionalidad igualmente se fortaleció.

El Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho se consolidaron más. Se amplió la sociedad democrática a los jóvenes con el sufragio a los 18 años, el de las mujeres desde 1949, y la igualdad de género se ha fortalecido ampliamente.

Los Derechos Humanos de han fortalecido en la institucionalidad nacional, convirtiéndose en el gran paraguas de la vida social y política nacional.

Durante la Segunda República a su vez se crearon una serie de instituciones dentro de una perspectiva de un Estado más proteccionista de los sectores populares y sociales más débiles, y de una clase media vigorosa que se creó en estos años, hoy muy amenazada en el conjunto de sus condiciones vitales.

Las políticas económicas y públicas que se han desarrollado desde 1980 del mismo modo han contribuido a debilitar este Estado Social de Derecho, al tiempo que se fortaleció el Estado de Derecho con el establecimiento de la Sala Constitucional de la República, o Sala IV como popularmente se le conoce.

El período político más reciente ha contribuido a desarrollar nuevos grupos económico financieros, con poca expresión política, pero con éxito electoral para haber alcanzado el Gobierno de la República en el período 2022-2026 y 2026-2030, con el propósito claramente definido de acabar con el Estado de Derecho, de su institucionalidad democrática, de los controles institucionales existentes de la Administración Pública, y acabar también con el Estado Social de Derecho para lo cual han venido, en estos dos gobiernos, impulsando medidas con acabar con todas las instituciones sociales existentes, con derechos fundamentales de los ciudadanos y de los trabajadores, con políticas de estado que claramente conducen a un mayor empobrecimiento de toda la población, especialmente de los grupos sociales marginales, excluidos, agrupados en la extrema pobreza, en la pobreza, que se hacen más pobres, y en sectores medios que son empujados hacia la pobreza. El congelamiento de salarios y pensiones por los últimos cinco años y proyectados de igual manera para los siguientes cinco años, el debilitamiento económico de las universidades públicas, el desfinanciamiento de las instituciones sociales, pilares de estos grupos sociales, son parte de este proceso, que se impulsan bajo los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, gobiernos que no ocultan sus intenciones autoritarias, dictatoriales, tiránicas y militaristas.

El enfrentamiento que han hecho contra los poderes públicos que no controlan son parte de este proceso, de estas políticas y de este propósito que impulsan.

Dichosamente el pasado 6 de agosto se produjo el llamado Plantón por la Democracia, que se constituyó en un gran movimiento popular, expresado en distintas partes y pueblos del país, con gran éxito, como un gran movimiento popular que se logró articular en defensa de la institucionalidad democrática, en defensa de la independencia de los Poderes Públicos, de las Libertades y Derechos Ciudadanos, en defensa de las instituciones controladoras de la corrupción y de las finanzas en la Administración Pública.

El Plantón como manifestación de protesta, de esa forma, no se había realizado antes en el país. Como concentración pacífica, popular, prolongada como ll fue para exigir respeto por el Estado de Derecho y el cese de la agresión a la Independencia de los poderes públicos, resultó un gran éxito.

Se convocó a la Plaza de la Democracia en San José y ante los principales edificios públicos y de gobierno, como en las calles públicas en los pueblos donde se realizó ese Plantón.

Fue una gran muestra de apoyo de la población, de reconocerse en esa lucha distintos sectores y ciudadanos identificados totalmente con la Democracia como sistema político y de vida nacional.

El plantón del 6 de agosto fue igualmente una manifestación de fuerza popular y un claro mensaje a las autoridades del Poder Ejecutivo para que paralicen sus discursos ofensivos, irrespetuosos contra ciudadanos y podres públicos, y cesen sus amenazas y acciones contra la libertades públicas, entre ellas las de prensa y expresión ciudadanas.

Para el próximo 14 de setiembre, en paralelo con el tradicional desfile que se organiza simbólicamente que trae, desde Guatemala hasta Cartago, la Antorcha de la noticia de la Independencia, que había dispuesto Guatemala y comunicaba al resto de las Provincias, para que cada una decidiera lo correspondiente respecto a España, se está llamando a otro Plantón Popular.

Se le llama el Farolazo, para que de igual manera en todo el país, con faroles, como los escolares y colegiales, la gente se manifieste por la Independencia Nacional, por la Independencia de los Poderes Públicos amenazados por Rodrigo Chaves y su gobierno mancomunado con Laura Fernández, para evitar el establecimiento de un gobierno autoritario y despótico.

En mi opinión es que pasado el Plantón del Farolazo hay que convocar para el Primero de Diciembre, día en que se celebra la abolición del ejército en Costa Rica, otro Plantón popular festejando y apoyando la abolición del Ejército, y exigiendo que no se introduzcan los grados militares en el ordenamiento y organización policial del país. Ese es el camino disfrazado con el que el concubinato político de Rodrigo Chaves y Laura Fernández quieren avanzar hacia el restablecimiento del ejército para tener un brazo armado en capacidad de sostener una gobierno absolutista, dictatorial, tiránico, autoritario, antidemocrático, antinacional costarricense.

Es necesaria la transparencia en el Poder Ejecutivo, como se realiza en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial

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Vladimir de la Cruz

El ambiente político nacional se ha desarrollado con una línea directa para que desde los órganos superiores de la Dirección Política del Estado, del Gobierno y de las Instituciones públicas, cada vez se actúe con más transparencia.

En el gobierno anterior de Rodrigo Chaves Robles, y en el actual de Laura Fernández Delgado, se hablaba y se habla, constantemente contra los Poderes Públicos, especialmente contra la Corte Suprema de Justicia.

Los retos que se hacen desde la Presidencia de la República a los presidentes de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial para reuniones a toda luz, con todos los reflectores puestos en esas sesiones van en esa dirección, de hacer ver que el Poder Judicial especialmente actúa a la sombra, en la oscuridad pública, que le da miedo discutir de esa forma los asuntos de cualquier agenda que se le proponga.

Ese ataque no va dirigido al Poder Legislativo, ya que por su naturaleza hace sus sesiones públicas, con presencia permanente de los medios comunicación, que tienen Oficina de Prensa en el mismo edificio legislativo, desde donde los periodistas y comunicadores, que así se inscriban, pueden asistir y ver todas las sesiones del Plenario legislativo, como las de las comisiones de trabajo de los diputados. Incluso, se permite que los periodistas puedan asistir a las sesiones plenarias a tomar fotos y retrasmitir con regulaciones. Los periodistas y comunicadores tienen acceso directo a todos los diputados para sus entrevistas o cuestionamientos. No es igual con los ministros que los tienen bajo control y censura previa.

La publicidad del trabajo legislativo permite que se transmitan por medios radiofónicos y televisivos oficiales las sesiones, en vivo, en directo.

Innecesariamente va el ataque dirigido contra la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia hace sus sesiones de manera pública, sin público como en la Asamblea legislativo, pero retrasmitidas. Y las actas de sus sesiones igualmente son públicas.

De los tres Poderes de la República, el único que sesiona absolutamente en privado, casi en secreto, es el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, de cuyas sesiones no se consiguen actas, donde se recojan las intervenciones, con sus discusiones, si las hay, de todos los ministros y el presidente, ni se consiguen minutas de las mismas. Escuálidos comunicados de prensa de vez en cuando.

Las mesas de prensa, las sesiones de los miércoles que prepara el presidente de la República no tienen el carácter de rendición de cuentas de lo que se trata en el Consejo de Gobierno. Por ello también las reuniones de los miércoles están encuadradas más en la perspectiva de la comunicación política electoral de la presidenta, en la situación actual, como lo hacía en su momento el Presidente Chaves. Y, también, por ese motivo las reuniones de los miércoles ni siquiera tienen la capacidad, y mucho menos, de establecer, en el balance político semanal, la agenda nacional de los temas de la semana que concluye ese miércoles o que inicia a partir de ese mismo miércoles. Estas sesiones, que además son totalmente montadas, como show, como espectáculo, son el fraude político nacional más grande que se produce y ejecuta, que generalmente sirve para alimentar troles y la producción de memes, por las tonterías que muchas veces se dicen o perciben, y por las expresiones lingüísticas con que a veces se dicen ciertas cosas, a modo de voz oficial de la presidenta, cuando se refieren a ciertos eventos o sucesos nacionales.

La estructura de los llamados de la presidenta retando, especialmente, al presidente de la Corte Suprema de Justicia a discutir de manera pública, no es para discutir, analizar, intercambiar opiniones, o buscar soluciones reales, o caminos por donde avanzar, sobre los graves problemas del país, o de las instituciones públicas, para buscar soluciones conjuntas.

Por ahora su discurso es solo para evidenciar supuestos problemas de la administración de justicia, entrabamientos en la resolución de los litigios y juicios que allí se conocen. Son tan solo para tirársele encima al presidente de la Corte, y en paralelo a todos los magistrados, e indirectamente a todos los jueces, por los años de servicio que tienen prestándole al Poder Judicial.

Los desesperados llamados de la presidenta son tan solo convocatorias montadas para ir a realizar ataques directos, personales hasta donde puedan darse, contra el Presidente de la Corte, y para tratar de dar una imagen pública que con sus ataques está enfrentando la “corrupción” pública y “vicios” de la administración pública, y de la administración de Justicia, situación que le permite justificar ante la ciudadanía el ataque sistemático que tiene el Poder Ejecutivo, continuado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, para debilitar el Poder Judicial, como parte del debilitamiento y resquebrajamiento, minando la confianza pública, en instituciones como el Poder Judicial, que vienen haciendo del Estado de derecho para justificar también lo que el copresidente Chaves dijo en Nicoya, que no se le debía tener miedo al cierre de la Corte o al establecimiento de una dictadura, como actos preparativos del impulso de un régimen autoritario, despótico, de características dictatoriales y tiránicas. No fue casual tampoco la frase de inicio de gobierno de que ya tenían el control de Poder Legislativo con sus 31 diputados y que ahora iban por la Corte Suprema de Justicia, y con ese control también iban por el control del Tribunal Supremo de Elecciones, como se han venido montando los gobiernos autoritarios en el continente y en Centroamérica.

¿Qué pasaría si en esas reuniones forzadas que monta el Poder Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, llevara una andanada de datos de todo tipo, de corrupción, de mala o pésima administración pública que se tienen desde algunos sectores del Poder Ejecutivo, como se evidencia constantemente, y de los mecanismos que se debilitaron para ese control institucional desde la administración anterior?

Si se quiere discutir con publicidad, ante la sociedad y con toda la prensa sentada al frente, ¿por qué el Poder Ejecutivo no hace sus sesiones de Consejo de Gobierno públicas, con presencia de la prensa como se realizan las sesiones legislativas? ¿Por qué no se divulgan actas literales del Consejo de Gobierno, como son las actas de la Asamblea Legislativa o las de la Corte Suprema de Justicia?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández quiere impulsar mecanismos para fortalecer y ampliar el llamado Secreto de Estado? Es claro que puede haber temas de esta naturaleza. Pero, lo que se quiere realmente en el Poder Ejecutivo actual es actuar con la mayor posibilidad que se pueda actuar sin controles de ningún tipo, lo que solo favorecería la posibilidad de negocios oscuros y altos grados de corrupción y de complicidad con negocios ilícitos, o con grandes chorizos como se les llama a lo tico. Por eso también impulsan un proyecto de ley para debilitar los controles de la Contraloría General de la República. ¿Acaso no impulsaron un proyecto de póliza de seguros para las actuaciones de los miembros del Poder Ejecutivo, para resguardarse de todas las irregularidades que podían hacer?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández, violando la Constitución Política, que tiene abolido el ejército, quiere imponer rangos militares a la guardia civil de Costa Rica? ¿Para mejorar la disciplina policial, como dice?

Si el Ejército está abolido están abolidos los rangos militares de los cuerpos policiales civiles. Eso es elemental. Así se actuó en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, en el período 1986-1990, cuando se abolieron esos rangos, y en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 1998-2002, cuando nuevamente se fortaleció esa decisión de abolición de los rangos militares.

Lo que el gobierno de Laura Fernández impulsa es meternos en la dinámica del militarismo, de la posibilidad de volver a establecer un ejército, de participar de movimientos militares regionales, como ya se iniciado al amparo del gobierno de Trump y el escudo militar regional que él ha impulsado. Es la posibilidad de realizar actos represivos contra la población por parte de una institución como es el ejército al que se le permite actuar con brutalidad represiva. Es la posibilidad de hacer prácticas y acciones militares en el trato policial con la población, y hasta de impulsar torturas y tratos degradantes y violatorios de los Derechos Humanos, como en ocasiones se denuncian en la prensa nacional con detenidos. Ese es el camino que por ahora están empedrando.

En el debate público, de los poderes del Estado costarricenses, es urgente que el Gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, abra sus entrañas, haga públicas sus sesiones, publique las actas de esas sesiones de manera literal. Si el gobierno quiere exigir esa transparencia con los poderes Legislativo y Judicial, debe igualarse con igual rigurosidad, que haga pública sus sesiones y sus actas de manera literal. Es lo mínimo, que no actúe a la sombra, bajo el mantel del Secreto de Estado.

¿Por qué militarizar a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública Nacional?

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Vladimir de la Cruz

Desde el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026, se ha insistido en fortalecer la Fuerza Pública, no tanto para combatir el narcotráfico y a las organizaciones narco delincuenciales, sino para desarrollar un particular grupo militar dentro de la organización civilista del Ministerio de Seguridad Pública, dependiente de manera directa del presidente, como se hizo con el grupo que se creó para Rodrigo Chaves, por gestión de uno de sus viceministros, Manuel Jiménez Steller, vice ministro de Unidades Especiales, quien incluso había firmado solicitudes de sobreseimiento para personas que habían atrapado con kilos de cocaína.

Para ello eliminó toda la organización y estructuración que existía desde antes, muy profesional en la lucha contra el narco en las costas, en la zona sur, en los puestos de fronteras. Cuando no la pudo eliminar del todo, la debilitó hasta donde pudo. Al personal que combatía en mar y costas lo desplazó al interior del país, sin siquiera poder practicar en piscina, como lo hacían en el mar.

A los patrulleros marítimos llegaron a cambiarles la capacidad de fuego en sus armas, de manera que sus fusiles que tenían un alcance satisfactorio en distancia, para disparar a los motores de las lanchas transportadoras de drogas, se los cambiaron casi literalmente por rifles de balines, haciéndolos perder su capacidad de fuego y de combate. Así no se podía “cazar” ni “pescar” a esas lanchas transportadoras de drogas. Así se dejaba pasar droga por el mar costarricense.

En la sección aérea no se atendía la información que se daba de penetración de aeronaves que volaban a baja altura, detectadas por los trabajadores de las torres de control aéreo, que monitorean todo el territorio nacional. Así, por ejemplo, si una aeronave sospechosa entraba el territorio nacional, el operador de torre de control, informaba a la Oficina de Vigilancia Aérea, que debe darle seguimiento, y no se daba, por lo que el transporte aéreo de drogas fácilmente penetraba en el país. Esto sigue sucediendo. No hay control inmediato de los informes que se producen en esas Torres a Vigilancia aérea, ni de coordinación inmediata cuando así se procede con las oficinas policiales locales, ni se lleva a revisar los aeropuertos o pistas clandestinas o no reportadas oficialmente.

Un caso doloroso fue el accidente aéreo en el que cayó una nave en los cerros de Escazú hace poco tiempo. La Torre de Control informó de la desaparición de la nave, en el radar, a los instantes del accidente. Informó varias veces. Vigilancia aérea no reaccionó o se hizo “la tonta”, seguramente acostumbrada a no darle seguimiento a la desaparición en pantalla de esas naves pequeñas, la que se encontró gracias a una nave particular que la localizó.

En estos días se ha dicho de la inmensa cantidad de pistas privadas, no reportadas oficialmente, que operan prácticamente de manera clandestina en las zonas sensibles a los negocios del trasiego de drogas, en la zona sur como en el Caribe y otras partes del territorio nacional. Y, tan grave como eso, se ha señalado la detención de más de 100 funcionarios de la Fuerza Pública asociados o colaboradores directos de los grupos mafiosos vinculados al narcotráfico, donde se hizo énfasis que eran fundamentalmente de los que sustituyeron en esas zonas a los que eran altamente especializados en la lucha antinarco, que les habían cambiado sus especialidades de combate policial, improvisando experiencia en los nuevos puestos, debilitando el control del narco y facilitándolo. Así se procedía en el gobierno de Papá Chaves, como cariñosamente algunos se referían al Ejecutivo nacional.

Mar, aire y tierra en materia de lucha contra el narco estaba debilitado en el gobierno anterior. Era parte de la política oficial del gobierno en su negocio con los grupos narco delincuenciales. El gobierno de hecho había pactado con las organizaciones para la distribución regional del territorio, con la intención de disminuir las muertes y asesinatos de las luchas internas de esos grupos, evitar el escándalo nacional y la inseguridad que ello provocaba, a la vez que garantizaba el gran negocio de la comercialización de droga que desde aquí se hacía, internamente y al menudeo, y la que se sigue haciendo con destino a Europa, como constantemente se aprecia por las capturas que se hacen en puertos europeos, de lo que se envía desde Limón…curiosamente en los mismos empaques de piña, principalmente.

A propósito de Limón, dos recuerdos. El primero. Un día, el flamante ministro de seguridad Zamora anunció, con varios días de anterioridad a la acción policial, que se desarrollaría un operativo en Limón con varios cientos de policías, indicando toda el área que se cubriría. Llegó el día. Con toda la publicidad y despliegue policial en marcha el operativo terminó con agua en las manos. A nadie agarraron. Les habían avisado públicamente cuando llegarían.

El segundo. El día que pusieron a funcionar unos escáneres nuevos. Despliegue publicitario total. El presidente, si no se prestó para ello, fue usado vulgarmente. Las cámaras apuntaban a los escáneres y la fila de furgones o trailers, que iban a pasar, para detectar si iban o no cargados con drogas estaban listos para la función. Pasó un furgón. Con emoción se decía que iba limpio. El segundo trailer, igual emoción provocaba. El presidente igual se reía, hasta con cierto nerviosismo. Así pasaron, uno tras otro, hasta el quinto. Con éste demostraron que los trailers no llevaban cargamentos de drogas y que los escáneres funcionaban. Todo era fiesta. Pero, ¿la droga acaso iba a ir en los cinco trailers que estaban montados y escogidos para ese show? Por supuesto que a nadie iban a agarrar en ese espectáculo.

Cuando estas cosas suceden, ¿por qué organismos como la DEA, en su oficina local, sabiendo de estas fallas, va a confiar en las acciones del Gobierno? ¿Por qué el Gobierno protesta de que en las capturas importantes que se han hecho últimamente no se les ha informado por parte del OIJ, del Ministerio Público y del Poder Judicial? Es absolutamente claro que no se les informaba porque desde el mismo Poder Ejecutivo y desde el Ministerio de Seguridad se les avisaba a los líderes y pandilleros que se querían capturar, para que pudieran escapar. Eso es lo que le ha dolido al Poder Ejecutivo actual, a sus voceros, que como plañideras y plañideros, no han dejado de quejarse porque no les informaron de esas exitosas acciones policiales, que fueron acciones bien planificadas con conocimiento de la DEA, que tampoco quiso informarle al gobierno en sus autoridades ejecutivas y de seguridad nacional. Por algo será.

¿Por qué tanta preocupación y reclamo público por el traslado del delincuente más peligroso que tenía el país a entrevistas judiciales en San José? ¿Por qué tanta preocupación por el “delincuente” que se dice que había caído en combate y no hubo cadáver? ¿Y, si era un informante, que debía conservársele como anónimo o como esos testigos con los que se transa hasta una nueva personalidad?

¿Y la reacción de Papá Chaves cual fue? Anunciar el bloqueo económico al Poder Judicial, al Ministerio Público, al OIJ. ¿Por qué se empeña el copresidente Chaves y el gobierno en debilitar económicamente la lucha contra el narcotráfico y sus ramificaciones en el país?

En la Fuerza Pública, en los destacamentos que se han ido preparando para las contingencias de manifestaciones, cada vez más se evidencia el carácter gorilesco con que los preparan, más represivos y agresivos físicamente. En la detención incluso agreden y golpean a los detenidos. Hasta dicen que se les realizan torturas. ¿Por qué están enseñando a torturar? ¿Quiénes son los entrenadores de torturas, nacionales o extranjeros? ¿O, a dónde están enviando a prepararse a oficiales y miembros de la Fuerza Pública? ¿A cuáles academias? ¿A Guantánamo? Les están destruyendo sus raíces civilistas.

El gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, declaró en 1986, el 1 de diciembre, el Día de la Abolición del Ejército, lo que significó también de los elementos militares que todavía persistían en la organización policial, los rangos militares. Así, con su ministro de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua, eliminó esos rangos que sustituyó por denominaciones civiles. Como elemento militar persiste la Unidad Especial de Intervención, UEI, que tiene comandos élite entrenados y preparados con fuerzas especiales de otros países, que pertenece a la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, que depende del Ministerio de la Presidencia. Esta unidad está organizada militarmente, aunque oficialmente es una unidad policial civil.

Los rangos civiles se fortalecieron en el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, quien también estabilizó más a la Fuerza Pública con el Estatuto Policial, que le dio más estabilidad y profesionalización a sus servidores. Ingresar a la Fuerza Pública significaba ir a la Escuela Nacional de Policía donde a la par de los conocimientos profesionales se les formaba con valores cívicos. En este período se estableció el uniforme civil, y no el militar.

En una huelga, muy fuerte que había en el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, con una gran marcha que terminó en Zapote, se había dispuesto que el personal de la Casa Presidencial se retirara. El presidente Rodríguez permaneció allí hasta que un Oficial se le acercó para comunicarle que tenían información que los manifestantes iban a tratar de ocupar el edificio y que había que sacarlo. Llevaron al presidente al patio de atrás para llevárselo en helicóptero. Antes de abordar el presidente reunió a la Policía del edificio presidencial. Les pidió hacer una oración por Costa Rica y les dirigió unas breves palabras enfatizando en su papel protector del edificio y de la seguridad del personal que quedaba. Al finalizar les dijo. “Ante todo, no se les olvide que las personas que están allí, refiriéndose a los manifestantes, son costarricenses y son personas como ustedes”. Un mensaje claro de ese sentimiento civilista con el que se ha construido Costa Rica.

En otra huelga a Casa Presidencial, del sector magisterial, gigantesca huelga, en el gobierno de José María Figueres, en circunstancia parecida un Oficial se dirigió a él diciéndole: “Presidente, tenemos información que van a tratar de tomar el edificio. Podemos evitarlo”. El presidente Figueres le manifestó: “Déjelos entrar, que ocupen los jardines si quieren, pero el edificio es suyo” … No entraron… Otra manifestación pacífica de un gobernante que instruía claramente que no reprimieran aún en los jardines de la Casa Presidencial.

Este civilismo se está perdiendo con la Fuerza Pública. El actual gobierno de la copresidente Fernández está proponiendo restablecer los rangos militares. Así los nombres de Comisario de Policía/Director general de la Fuerza Pública, Comisionado de Policía, Comandante de Policía, Capitán de Policía, Intendente, Subintendente, Sargento de Policía, Inspector, Agente 2, Agente 1, Agente 1, quieren cambiarse por coronel, teniente coronel, mayor, teniente, subteniente, cabo y raso “de policía”.

Con los nombres se viene su contenido militar. Es un asunto implícito, conceptual de carácter de doctrina militar. Se trata de imponer no más respeto ni disciplina. Se trata de imponer miedo, terror, mayor presencia autoritaria. Se trata de imponer lo que se conoce como Temor Reverencial, lo que se refuerza por el entorno cultural televisivo, de cine, de noticias relacionado con la violencia que ejercen los militares amparados a sus uniformes, al abuso con que pueden actuar, que ya se está practicando finamente en los cuerpos policiales. Con el cambio de nombre en los cargos y en el tipo de uniforme se cambia también la mentalidad de quien lo ostenta. Y van a cambiar con ellos los contenidos de los cursos para volver al entrenamiento de soldados y no de policías. Se trata de modificar los valores culturales, pacíficos, antimilitaristas con que se han venido preparando los miembros de la Policía Nacional. Esto hay que evitarlo. La Fuerza Pública hay que mantenerla en el ideario y la doctrina democrática, civilista, antimilitarista, en el conocimiento de la Historia Patria, los Valores cívicos, culturales y de Derechos Humanos que conforman hoy la cultura y la sociedad costarricense, como una cultura de paz.

Las organizaciones militares no se usan para combatir la delincuencia ni el narcotráficos. Tienen un carácter altamente represivo, opresivo. Tampoco acaban con la violencia. En cierta forma la complementan.

Este año, en febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó una vez más, que la seguridad ciudadana debe estar en manos de las policías civiles al margen o fuera de las estrategias militares. Junto a esto propuso también contribuir a mejorar y fortalecer la investigación y la cooperación policial y judicial.

La presidenta Laura Fernández debe pensar muy bien esto que está impulsando. Con este paso retrocede el país, nacional e internacionalmente. Y se coloca ella del lado equivocado de la trayectoria pacifista y antimilitarista de la Historia Nacional, que desde el siglo XIX marcó este rumbo que culminó con un país sin Ejército. ¿Por qué camuflarlo? Estas instituciones, el Ejército y el militarismo, sí son los embriones y los vehículos hacia cualquier tipo de Golpe de Estado, como los son los ejércitos en todo el continente.

El Escudo de las Américas, la lucha contra las drogas y la entronización del militarismo en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Queda cada vez más claro el camino militarista, autoritario, despótico que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Preguntado el presidente por un periodista mexicano sobre su deseo de volver a ser presidente, contestó de manera directa que no tenía interés de ser presidente, pero sí tenía interés de ser Gobernante.

Tal vez parezca que no hay diferencia en los conceptos presidente y Gobernante, porque usualmente se usan como sinónimos de la persona que ejerce la presidencia del Poder Ejecutivo.

Un presidente es un funcionario público, que en la tradición política y democrática costarricense es electo por un período de cuatro años.

El presidente tiene la máxima autoridad del Estado y del gobierno nacional. En términos generales representa la unidad nacional. Es en cierta forma un símbolo nacional. Preside las sesiones o reuniones del Consejo de Gobierno, que se integra con todos los ministros del gobierno escogidos por el presidente, una función que es única y propia de él.

El presidente cumple las funciones constitucionales, legales, administrativas y políticas, que le están señaladas para el desarrollo de sus funciones y para la toma de decisiones estratégicas sobre el desarrollo nacional. El presidente es el dirigente político nacional de mayor relevancia en el país.

En la Costa Rica de la Segunda República, 1948-2026, el presidente puede reelegirse dejando pasar ocho años después de que ha ejercido ese alto cargo político.

El actual presidente desearía poder reelegirse indefinidamente, o al menos dejando pasar un plazo de cuatro años. Es decir, aspira volver a ser presidente en el 2030, para lo cual tendría que modificarse la Constitución Política, para poder reelegirse a los cuatro años de haber dejado la presidencia, y no a los ocho años. Esto lo intentará en el gobierno de Laura Fernández, que inicia el 8 de mayo, con la nueva Asamblea Legislativa, que le da una mayoría holgada de 31 diputados, que le facilita, con las alianzas y acuerdos legislativos adecuados, las posibilidades de reformar la Constitución Política en este sentido.

Un Gobernante es quien manda con su autoridad. Manda quien ordena, quien delega, quien dispone y dirige de conformidad a su real entender y saber. Manda quien considera súbditos a los receptores de sus órdenes. Manda quien impone con su autoridad su voluntad. Manda quien domina y quien es obedecido, quien impone sus normas, órdenes, directrices, indicaciones obligando a la sumisión y disciplina de acatamiento de lo dictado, como sucedió cuando la Ministra de Ciencia y Tecnología, frente al Presidente, manifestó que respetaba un fallo judicial, y el presidente la interrumpió e increpó de inmediato, en vivo, a todo color, frente a las cámaras de televisión, diciéndole que él no respetaba a la Corte, ni los fallos judiciales, aunque tuviera que acatarlos. Además, le dijo a la ministra que ella tenía que proceder igual que él…y la ministra quedó ni chus ni mus, sin decir palabra o, ni oste ni moste, es decir callada en todo…popularmente, calladita más bonita, mejor en silencio que dar una opinión que nadie le pidió.

Al gobernante se le considera el líder o la máxima autoridad o cabeza de un Estado, que de manera soberana ejerce las funciones de representación del Estado y del Gobierno. El gobernante es el jefe, es quien gobierna de manera tiránica, con poder absoluto. Esto fue lo que quiso decir el presidente Rodrigo Chaves al periodista mexicano. Que le interesaba gobernar con poder absoluto, no sometido a límites y controles establecidos por la Constitución Política o por las Leyes nacionales que controlan y limitan el ejercicio administrativo del gobierno y de las acciones públicas. La presidenta Laura Fernández también se ha quejado de que tiene que acatar lo que la legislación nacional le permite hacer, enfatizando que ese es el problema para gobernar, señalando que quisiera gobernar sin esas limitaciones.

Es claro que la próxima presidenta, Laura Fernández, quien asumirá el 8 de mayo la Jefatura del Poder Ejecutivo, está totalmente identificada, por lo menos hasta ahora, con los deseos y aspiraciones del Presidente Rodrigo Chaves, y que procurará impulsar las reformas de ley para facilitar la reelección de Chaves en el 2030, lo que podría alterarse si la reforma constitucional llegare a aprobarse, facilitando la reelección consecutiva, donde la misma Laura podría verse ella misma en la posibilidad de reelegirse en el 2030.

Por ahora este tema es como apretar un jabón, nadie sabe para dónde sale. Son arenas movedizas las que se están tratando de caminar.

El gobierno autoritario, despótico, tiránico, requiere, necesita un aparato de seguridad militar fuerte, tenebroso, temible, como decía Maquiavelo, “mejor temido que amado”. Por ello el actual gobierno ha venido en estos cuatro años preparando toda la estructura institucional es esa dirección. Ha impuesto, desde su tribuna de los miércoles, el terror reverencial del presidente. Ha hecho cambios importantes en los mandos de la Seguridad Pública, fortaleciendo las lealtades hacia el presidente Rodrigo Chaves, ha creado unidades policial militares, que solo le reportan a él.

El ministro de Seguridad y su viceministro más importante han desarrollado unidades militares especiales en este sentido, como los cuerpos de la SS y SA que tenía Hitler, en este caso para la investigación y control ciudadano. Fortalecen la actuación militarista de la policía, lo que se observa en el trato público que tiene ese cuerpo institucional al abordar huelgas o protestas, al actuar contra ciudadanos, y al desarrollar prácticas de maltratos y quizá torturas que se dan con detenidos, como se han hecho públicos algunos sucesos de este tipo, que pareciera que son para ir acostumbrando a la población a ese tipo de detenciones y actuaciones.

Igualmente, han debilitado las instancias militares y policiales existentes en el país encargadas de la persecución del narco tráfico y sus redes organizativas, aunque tengan un discurso de fortalecimiento y de persecución del narco tráfico. Han debilitado los controles administrativos del Estado encargados de vigilar el tráfico de drogas, su negocio y sus actividades comerciales en general. Costa Rica se ha convertido en la bodega más importante de receptación y movimiento de drogas del Caribe. De aquí se envían constantemente, sin importantes controles nacionales, las drogas a los principales puertos de Europa, de Medio Oriente, sin descuidar otras regiones o países receptores de estos envíos. En Europa, y esos países, constantemente las policías especializadas en esas aduanas de esos países capturan, y dan testimonio de los envíos que les llegan de Costa Rica.

No casualmente al Estado costarricense se le considera un narco estado. Esto significa que las instituciones públicas legítimas, el gobierno, la policía o la Fuerza Pública, en sus diversos componentes, el sistema judicial están influidos, y en algunas situaciones contralados por narco organizaciones, lo que permite actuar a sus actores con bastante impunidad, convirtiéndose de esta manera el Estado, en su órgano más importante, el Gobierno, en facilitador del narcotráfico, como sucede en el país con el narco comercio y narco tráfico internacional y nacional.

El narco estado también se da cuando el tráfico de drogas influye para determinar funciones del propio estado, para alimentar los mecanismos de alta corrupción en la administración pública y la violencia en la vida ciudadana, el control de regiones urbanas y rurales por parte de pandillas, grupos o clanes narco delincuentes y grupos criminales, que imponen controles de coerción y de violencia sobre las personas, cobros de peajes en calles de barrios, la violencia generada por préstamos gota a gota que amenaza la seguridad ciudadana.

El narco estado se manifiesta en la flexibilidad o facilidad para el lavado de dinero y la inversión de dineros movidos por la narco actividad en áreas importantes de las de la vida económica nacional, así como en el tráfico de armas. En algunos países el narco estado produce la inestabilidad política, lo que todavía no se da en Costa Rica.

Costa Rica se ha convertido en el país que, en términos absolutos de gasto al consumidor, es el de mayor nivel de consumo de los hogares de toda Centroamérica, que fue de $56 millones en el año 2024 y que ronda los $60 millones de dólares en el año 2025.

Estados Unidos se lleva el récord mundial de país consumidor, de uso y abuso de drogas, de mayor mortalidad por estas drogas. Es el país con el mayor tráfico de cocaína y marihuana o cannabis, así como de la sustancia sintética conocida como fentanilo o metanfetaminas.

Las drogas sintéticas son hoy más baratas, más potentes, con mayor efecto devastador. En Estados Unidos muchos Estados de la Unión América permiten el cultivo de la marihuana, además de que se ha establecido una autorización para su uso personal recreativo. En Costa Rica hace tiempo se dispuso ese uso y la cantidad de droga que puede portar un ciudadano si es para su uso personal, como es el caso de la marihuana, que no cae del cielo como si fuera maná.

El narcotráfico ha sido utilizado por países, como Estados Unidos para financiar grupos armados organizados, por sus agencias policiales y militares, como la CIA o la DEA, de acuerdo a sus intereses geopolíticos o estratégicos, para desestabilizar, ofrecer resistencia y lucha militar a Estados y Gobiernos legítimamente constituidos, que Estados Unidos rechaza especialmente por su definición política o ideológica o por sus vínculos internacionales.

Actualmente así actúa y presiona contra aquellos países de América Latina que tienen relaciones políticas fuertes o comerciales con Rusia, China, Irán y Cuba, dentro de su perspectiva hegemónica de control mundial que impulsa el presidente Donald Trump. En Costa Rica el actual gobierno y el presidente se han comportado como felpudos de estas políticas y decisiones que le han sido impuestas por Estados Unidos de manera directa, clara y pública, especialmente en lo que corresponde a las relaciones con la República Popular China.

En la década de 1980 fue pública, notoria y escandalosa la actividad en este sentido, en aquellos años, con el llamado escándalo Irán Contras, con el cual Estados Unidos suministraba droga a los grupos contra revolucionarios de Nicaragua y en Centroamérica para que la comercializaran, y con ello, financiaran sus actividades contra el gobierno sandinista de aquellos años.

En 1985 Embajador estadounidense se reunió, por separado, con los candidatos presidenciales más importantes del momento, Oscar Arias y Rafael Ángel Calderón para negociar el mantenimiento de las bases militares que tenían funcionando de hecho en la región fronteriza con Nicaragua, asociadas a las luchas contra revolucionarias y del tráfico de drogas. Oscar Arias fue contundente. Le manifestó que si él ganaba las elecciones de febrero de 1986, como resultó ganador, el 8 de mayo esas bases debían estar fuera de Costa Rica, como también sucedió. El presidente Arias, hay que reconocérselo se le plantó a Ronald Reagan con altivez, decoro y dignidad nacional. No casualmente pudo impulsar su plan y negociaciones para poner fin a las guerras en Centroamérica, que merecidamente, como el mismo Fidel Castro se lo reconoció, por ello le dieron el Premio Nobel.

La lucha contra las drogas, hoy, le ha permitido a Estados Unidos elaborar una narrativa contra gobiernos que no son de su simpatía, en una perspectiva de replanteamiento de su vieja Doctrina Monroe, de 1823, puesta en el escenario actual como un control total de los países que se identifiquen o identifican con la política exterior de los Estados Unidos. Esa narrativa es la de calificar a los grupos narcotraficantes y narco productores como organizaciones terroristas, y como tal objeto de lucha del Ejército de los Estados Unidos, dándose la libertad de actuar unilateralmente. Contra gobiernos, presidentes y gobernantes que así también los califique y actuar contra ellos, como hizo contra el presidente Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, desatando una acción militar, una pequeña guerra, contra ese país y secuestrando al presidente Maduro, pocos días después de estar haciendo prácticas de tiro al blanco, con misiles, y ajusticiamientos y ejecuciones contra pescadores, sin que hubiera podido demostrar públicamente que en sus lanchas traficaban drogas. Sencillamente los eliminaban, no los detenían para capturarles la droga e imponer, de esa manera, el terror de sus actuaciones.

En este sentido los Estados Unidos impulsa alianzas estratégicas y tácticas de actuación en el plano internacional, como la Junta de la Paz, o en el continente, como lo ha hecho el pasado 4 y 5 de febrero, el presidente Donald Trump con las reuniones, de esos días, en Miami, de los Ejércitos de 17 de los 34 países de América Latina, con este propósito, de poder actuar con el Ejército de los Estados Unidos allí donde al presidente Trump se le ocurra y justifique en su lucha contra las drogas, o en su lucha contra la presencia de Irán, Rusia, China y Cuba en el continente.

Curiosamente a esa mini reunión de representantes de mini ejércitos, en las cabezas de los ministros de Defensa, no invitaron a participar a los grandes países de América Latina, México, Colombia y Brasil, que ellos solos constituyen casi el 70 % de toda la población de América Latina, además de ser países conocidos por vivir situaciones de narcotráfico, narco delincuencias, narco producción y de organizaciones altamente desarrolladas en esos negocios. Sencillamente no lo invitaron a participar, porque a Trump no le interesa esa lucha con ellos presentes en ese organismo que ha creado, donde el gobierna y manda, y los ministros y presidentes de esas pequeñas naciones obedecen. La DEA, la CIA y otras dependencias militares actúan en todos los países de América Latina, donde hay casi 30 bases militares, que no llevan a cabo luchas de ninguna clase contra ese crimen organizado.

Sencillamente Trump ha creado círculo de pequeños países alrededor de Cuba, Nicaragua, México, Colombia donde quiere actuar como lo hizo con Venezuela. Por eso no invitaron a Venezuela, qué la tienen intervenida como si fuera un Protectorado neocolonial, a Nicaragua que la tienen marcada y especialmente a Cuba, que le llevan ganas. Pero, Cuba no es Venezuela, ni La Habana es Caracas. México le acaba de dar una lección de control de la lucha contra las drogas a Trump. Y, Costa Rica representada en esa Junta de Trump, de militarotes de los ministros de Defensa, reunidos y jefeados por el secretario de Guerra, como ahora se llama el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Óigase y léase bien: Departamento de Guerra, para hacer guerras, no para negociar la paz ni buscar la paz. El negocio es la guerra y el control de territorios que esas guerras produzcan.

Desde hace muchos años los Estados Unidos ha firmado pactos y tratados, incluso con Costa Rida, para el patrullaje marítimo de ambas costas, para el control de drogas. El control marítimo de Costa Rida se hace con el de Centroamérica. En la práctica no ha servido casi para nada en ese propósito.

La reunión de los militarotes en Miami, entre ellos el flamante ministro de Seguridad de Costa Rica, con Trump, fue solo la pantalla. Por la Declaración firmada por todos esos representantes militares, pareciera que la reunión fue pura lámpara. Las firmas no se recogieron en la sesión final, sino que hicieron en días separados, como si ya estuvieran cocinadas. Así, unas son firmadas el 4-3 (suponemos el 4 de marzo), otras el 3-4 (podría ser 3 de abril).

Pero, la que destaca más es la del ministro de Seguridad de Costa Rica, que con mucha seguridad estampó su firma el “4-6-26” (queda claro que es el 4 de junio del 2026, no podría interpretarse que es el 6 de abril del 2026, ni podría ser pieza testimonial de que los días 4 y 5 de marzo estaba atendido por Trump, en Mar a Lago y no en Doral, ¿o es lo mismo?

En la interpretación extrema de ambas fechas no calza con la realización de la reunión de Miami los días 4 y 5 de marzo. ¿Dónde estaba volando Mario Zamora? ¿Estaba en su sano juicio, proyectado, volado, extasiado en el 6 de junio, como si Laura Fernández lo hubiese nombrado ministro y en esa fecha hubiera rubricado ese documentazo para “Promover la Paz a través de la Fortaleza, para hacer frente a futuras amenazas a nuestros intereses mutuos” y “unirnos a una coalición para combatir el narco terrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental”?

Como el emblemático ministro de Seguridad firmó el 6 de junio, es claro que esa firma no tiene ningún valor real, formal, institucional. Si acaso tendrá valor sentimental. Oficial ninguna. No tiene validez. No puede comprometernos como país. Sería horroroso que le alteren la fecha, para hacerla calzar con la reunión del 4 y 5 de marzo, o que lo lleven a pasear de nuevo a Doral, Mar a Lago o al Pentágono para que refirme el documento o le ponga un “otro sí”.

Está claro, por lo demás, que Costa Rica por su disposición constitucional, Artículo 12, abolió el ejército no puede participar activamente en organismos militares, constituidos por ejércitos para por la “Fuerza” “promover la Paz”.

De la Declaración firmada por esos militares pareciera que enterraron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tiene la Fuerza Interamericana de Paz, que es el organismo político militar de la Organización de Estados Americanos, que usó 42000 soldados estadounidenses y 25 guardias civiles de Costa Rica en la invasión de República Dominicana en 1965, que no se puso del lado de Argentina en la Guerra de las Malvinas, en 1982, cuando los Estados Unidos se prestó de aliado con Inglaterra para la ocupación inglesa de esas islas, ni hizo nada contra Estados Unidos cuando invadió la pequeña isla de Granada en el Caribe sur, en 1983

La Declaración del Escudo de las Américas, como también se le llama a esa coalición militar, también deja sin efecto al Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, que ya es un organismo bastante inoperante, del que Costa Rica es miembro observador.

Lo que no se puede tirar por la borda el flamante ministro, de Inseguridad Nacional, es la Sentencia de la Sala IV del 2004 cuando obligó al presidente Abel Pacheco a retirar la firma que había puesto de apoyo y solidaridad con Estados Unidos para la guerra que desarrolló en Irak. Fue clara la Sala IV al manifestar que Costa Rica por haber abolido el ejército de manera permanente no podemos participar en organismos ni coaliciones de carácter militar, que participen en guerras.

Para ello, Trump ha desarrollado un nuevo concepto de hacer guerras justificadas por razones políticas y geopolíticas guardando sus intereses. Ha modificado su lucha contra el narcotráfico bajo la perspectiva de la lucha contra las organizaciones narcoterroristas como las llama, y las coloca en la órbita de la lucha militar, de los ejércitos sin fronteras. La lucha contra las drogas para él es una tarea del ejército. En ninguna parte del mundo esa es una tarea militar, del ejército de los países. Esa es una tarea encomendada a cuerpos policiales altamente especializados.

La incorporación de Costa Rica en la Coalición militar de Trump, en la perspectiva de hacer guerras por doquier, con el impulso que trata de darle a su nueva Organización Mundial, sustitutiva de la ONU, nos lleva a la militarización del país, a la ocupación militar de Costa Rica, a la posibilidad de entregar el territorio nacional para construir emplazamientos militares y bases militares que no contribuirán en nada al desarrollo económico, social, político y democrático del país. Solo facilitará el desarrollo de tendencias militaristas en el país, la posibilidad de desarrollar de nuevo el ejército y de disminuir más los gastos públicos en educación, salud, vivienda, cultura, ciencia y tecnología.

La “firmita” del ministro Zamora es un compromiso de muerte para el país, para la democracia nacional y para la paz social que se ha construido y vivido en Costa Rica, prácticamente desde el siglo XIX, desde 1869 cuando empezó a fortalecerse más la educación y la salud pública.

La firmita del ministro Zamora, de ahora o de junio, es el camino al autoritarismo, al militarismo y al gorilismo rampante en el país.