Ir al contenido principal

Etiqueta: abolición del ejército

Es necesaria la transparencia en el Poder Ejecutivo, como se realiza en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

El ambiente político nacional se ha desarrollado con una línea directa para que desde los órganos superiores de la Dirección Política del Estado, del Gobierno y de las Instituciones públicas, cada vez se actúe con más transparencia.

En el gobierno anterior de Rodrigo Chaves Robles, y en el actual de Laura Fernández Delgado, se hablaba y se habla, constantemente contra los Poderes Públicos, especialmente contra la Corte Suprema de Justicia.

Los retos que se hacen desde la Presidencia de la República a los presidentes de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial para reuniones a toda luz, con todos los reflectores puestos en esas sesiones van en esa dirección, de hacer ver que el Poder Judicial especialmente actúa a la sombra, en la oscuridad pública, que le da miedo discutir de esa forma los asuntos de cualquier agenda que se le proponga.

Ese ataque no va dirigido al Poder Legislativo, ya que por su naturaleza hace sus sesiones públicas, con presencia permanente de los medios comunicación, que tienen Oficina de Prensa en el mismo edificio legislativo, desde donde los periodistas y comunicadores, que así se inscriban, pueden asistir y ver todas las sesiones del Plenario legislativo, como las de las comisiones de trabajo de los diputados. Incluso, se permite que los periodistas puedan asistir a las sesiones plenarias a tomar fotos y retrasmitir con regulaciones. Los periodistas y comunicadores tienen acceso directo a todos los diputados para sus entrevistas o cuestionamientos. No es igual con los ministros que los tienen bajo control y censura previa.

La publicidad del trabajo legislativo permite que se transmitan por medios radiofónicos y televisivos oficiales las sesiones, en vivo, en directo.

Innecesariamente va el ataque dirigido contra la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia hace sus sesiones de manera pública, sin público como en la Asamblea legislativo, pero retrasmitidas. Y las actas de sus sesiones igualmente son públicas.

De los tres Poderes de la República, el único que sesiona absolutamente en privado, casi en secreto, es el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, de cuyas sesiones no se consiguen actas, donde se recojan las intervenciones, con sus discusiones, si las hay, de todos los ministros y el presidente, ni se consiguen minutas de las mismas. Escuálidos comunicados de prensa de vez en cuando.

Las mesas de prensa, las sesiones de los miércoles que prepara el presidente de la República no tienen el carácter de rendición de cuentas de lo que se trata en el Consejo de Gobierno. Por ello también las reuniones de los miércoles están encuadradas más en la perspectiva de la comunicación política electoral de la presidenta, en la situación actual, como lo hacía en su momento el Presidente Chaves. Y, también, por ese motivo las reuniones de los miércoles ni siquiera tienen la capacidad, y mucho menos, de establecer, en el balance político semanal, la agenda nacional de los temas de la semana que concluye ese miércoles o que inicia a partir de ese mismo miércoles. Estas sesiones, que además son totalmente montadas, como show, como espectáculo, son el fraude político nacional más grande que se produce y ejecuta, que generalmente sirve para alimentar troles y la producción de memes, por las tonterías que muchas veces se dicen o perciben, y por las expresiones lingüísticas con que a veces se dicen ciertas cosas, a modo de voz oficial de la presidenta, cuando se refieren a ciertos eventos o sucesos nacionales.

La estructura de los llamados de la presidenta retando, especialmente, al presidente de la Corte Suprema de Justicia a discutir de manera pública, no es para discutir, analizar, intercambiar opiniones, o buscar soluciones reales, o caminos por donde avanzar, sobre los graves problemas del país, o de las instituciones públicas, para buscar soluciones conjuntas.

Por ahora su discurso es solo para evidenciar supuestos problemas de la administración de justicia, entrabamientos en la resolución de los litigios y juicios que allí se conocen. Son tan solo para tirársele encima al presidente de la Corte, y en paralelo a todos los magistrados, e indirectamente a todos los jueces, por los años de servicio que tienen prestándole al Poder Judicial.

Los desesperados llamados de la presidenta son tan solo convocatorias montadas para ir a realizar ataques directos, personales hasta donde puedan darse, contra el Presidente de la Corte, y para tratar de dar una imagen pública que con sus ataques está enfrentando la “corrupción” pública y “vicios” de la administración pública, y de la administración de Justicia, situación que le permite justificar ante la ciudadanía el ataque sistemático que tiene el Poder Ejecutivo, continuado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, para debilitar el Poder Judicial, como parte del debilitamiento y resquebrajamiento, minando la confianza pública, en instituciones como el Poder Judicial, que vienen haciendo del Estado de derecho para justificar también lo que el copresidente Chaves dijo en Nicoya, que no se le debía tener miedo al cierre de la Corte o al establecimiento de una dictadura, como actos preparativos del impulso de un régimen autoritario, despótico, de características dictatoriales y tiránicas. No fue casual tampoco la frase de inicio de gobierno de que ya tenían el control de Poder Legislativo con sus 31 diputados y que ahora iban por la Corte Suprema de Justicia, y con ese control también iban por el control del Tribunal Supremo de Elecciones, como se han venido montando los gobiernos autoritarios en el continente y en Centroamérica.

¿Qué pasaría si en esas reuniones forzadas que monta el Poder Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, llevara una andanada de datos de todo tipo, de corrupción, de mala o pésima administración pública que se tienen desde algunos sectores del Poder Ejecutivo, como se evidencia constantemente, y de los mecanismos que se debilitaron para ese control institucional desde la administración anterior?

Si se quiere discutir con publicidad, ante la sociedad y con toda la prensa sentada al frente, ¿por qué el Poder Ejecutivo no hace sus sesiones de Consejo de Gobierno públicas, con presencia de la prensa como se realizan las sesiones legislativas? ¿Por qué no se divulgan actas literales del Consejo de Gobierno, como son las actas de la Asamblea Legislativa o las de la Corte Suprema de Justicia?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández quiere impulsar mecanismos para fortalecer y ampliar el llamado Secreto de Estado? Es claro que puede haber temas de esta naturaleza. Pero, lo que se quiere realmente en el Poder Ejecutivo actual es actuar con la mayor posibilidad que se pueda actuar sin controles de ningún tipo, lo que solo favorecería la posibilidad de negocios oscuros y altos grados de corrupción y de complicidad con negocios ilícitos, o con grandes chorizos como se les llama a lo tico. Por eso también impulsan un proyecto de ley para debilitar los controles de la Contraloría General de la República. ¿Acaso no impulsaron un proyecto de póliza de seguros para las actuaciones de los miembros del Poder Ejecutivo, para resguardarse de todas las irregularidades que podían hacer?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández, violando la Constitución Política, que tiene abolido el ejército, quiere imponer rangos militares a la guardia civil de Costa Rica? ¿Para mejorar la disciplina policial, como dice?

Si el Ejército está abolido están abolidos los rangos militares de los cuerpos policiales civiles. Eso es elemental. Así se actuó en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, en el período 1986-1990, cuando se abolieron esos rangos, y en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 1998-2002, cuando nuevamente se fortaleció esa decisión de abolición de los rangos militares.

Lo que el gobierno de Laura Fernández impulsa es meternos en la dinámica del militarismo, de la posibilidad de volver a establecer un ejército, de participar de movimientos militares regionales, como ya se iniciado al amparo del gobierno de Trump y el escudo militar regional que él ha impulsado. Es la posibilidad de realizar actos represivos contra la población por parte de una institución como es el ejército al que se le permite actuar con brutalidad represiva. Es la posibilidad de hacer prácticas y acciones militares en el trato policial con la población, y hasta de impulsar torturas y tratos degradantes y violatorios de los Derechos Humanos, como en ocasiones se denuncian en la prensa nacional con detenidos. Ese es el camino que por ahora están empedrando.

En el debate público, de los poderes del Estado costarricenses, es urgente que el Gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, abra sus entrañas, haga públicas sus sesiones, publique las actas de esas sesiones de manera literal. Si el gobierno quiere exigir esa transparencia con los poderes Legislativo y Judicial, debe igualarse con igual rigurosidad, que haga pública sus sesiones y sus actas de manera literal. Es lo mínimo, que no actúe a la sombra, bajo el mantel del Secreto de Estado.

¿Por qué militarizar a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública Nacional?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Desde el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026, se ha insistido en fortalecer la Fuerza Pública, no tanto para combatir el narcotráfico y a las organizaciones narco delincuenciales, sino para desarrollar un particular grupo militar dentro de la organización civilista del Ministerio de Seguridad Pública, dependiente de manera directa del presidente, como se hizo con el grupo que se creó para Rodrigo Chaves, por gestión de uno de sus viceministros, Manuel Jiménez Steller, vice ministro de Unidades Especiales, quien incluso había firmado solicitudes de sobreseimiento para personas que habían atrapado con kilos de cocaína.

Para ello eliminó toda la organización y estructuración que existía desde antes, muy profesional en la lucha contra el narco en las costas, en la zona sur, en los puestos de fronteras. Cuando no la pudo eliminar del todo, la debilitó hasta donde pudo. Al personal que combatía en mar y costas lo desplazó al interior del país, sin siquiera poder practicar en piscina, como lo hacían en el mar.

A los patrulleros marítimos llegaron a cambiarles la capacidad de fuego en sus armas, de manera que sus fusiles que tenían un alcance satisfactorio en distancia, para disparar a los motores de las lanchas transportadoras de drogas, se los cambiaron casi literalmente por rifles de balines, haciéndolos perder su capacidad de fuego y de combate. Así no se podía “cazar” ni “pescar” a esas lanchas transportadoras de drogas. Así se dejaba pasar droga por el mar costarricense.

En la sección aérea no se atendía la información que se daba de penetración de aeronaves que volaban a baja altura, detectadas por los trabajadores de las torres de control aéreo, que monitorean todo el territorio nacional. Así, por ejemplo, si una aeronave sospechosa entraba el territorio nacional, el operador de torre de control, informaba a la Oficina de Vigilancia Aérea, que debe darle seguimiento, y no se daba, por lo que el transporte aéreo de drogas fácilmente penetraba en el país. Esto sigue sucediendo. No hay control inmediato de los informes que se producen en esas Torres a Vigilancia aérea, ni de coordinación inmediata cuando así se procede con las oficinas policiales locales, ni se lleva a revisar los aeropuertos o pistas clandestinas o no reportadas oficialmente.

Un caso doloroso fue el accidente aéreo en el que cayó una nave en los cerros de Escazú hace poco tiempo. La Torre de Control informó de la desaparición de la nave, en el radar, a los instantes del accidente. Informó varias veces. Vigilancia aérea no reaccionó o se hizo “la tonta”, seguramente acostumbrada a no darle seguimiento a la desaparición en pantalla de esas naves pequeñas, la que se encontró gracias a una nave particular que la localizó.

En estos días se ha dicho de la inmensa cantidad de pistas privadas, no reportadas oficialmente, que operan prácticamente de manera clandestina en las zonas sensibles a los negocios del trasiego de drogas, en la zona sur como en el Caribe y otras partes del territorio nacional. Y, tan grave como eso, se ha señalado la detención de más de 100 funcionarios de la Fuerza Pública asociados o colaboradores directos de los grupos mafiosos vinculados al narcotráfico, donde se hizo énfasis que eran fundamentalmente de los que sustituyeron en esas zonas a los que eran altamente especializados en la lucha antinarco, que les habían cambiado sus especialidades de combate policial, improvisando experiencia en los nuevos puestos, debilitando el control del narco y facilitándolo. Así se procedía en el gobierno de Papá Chaves, como cariñosamente algunos se referían al Ejecutivo nacional.

Mar, aire y tierra en materia de lucha contra el narco estaba debilitado en el gobierno anterior. Era parte de la política oficial del gobierno en su negocio con los grupos narco delincuenciales. El gobierno de hecho había pactado con las organizaciones para la distribución regional del territorio, con la intención de disminuir las muertes y asesinatos de las luchas internas de esos grupos, evitar el escándalo nacional y la inseguridad que ello provocaba, a la vez que garantizaba el gran negocio de la comercialización de droga que desde aquí se hacía, internamente y al menudeo, y la que se sigue haciendo con destino a Europa, como constantemente se aprecia por las capturas que se hacen en puertos europeos, de lo que se envía desde Limón…curiosamente en los mismos empaques de piña, principalmente.

A propósito de Limón, dos recuerdos. El primero. Un día, el flamante ministro de seguridad Zamora anunció, con varios días de anterioridad a la acción policial, que se desarrollaría un operativo en Limón con varios cientos de policías, indicando toda el área que se cubriría. Llegó el día. Con toda la publicidad y despliegue policial en marcha el operativo terminó con agua en las manos. A nadie agarraron. Les habían avisado públicamente cuando llegarían.

El segundo. El día que pusieron a funcionar unos escáneres nuevos. Despliegue publicitario total. El presidente, si no se prestó para ello, fue usado vulgarmente. Las cámaras apuntaban a los escáneres y la fila de furgones o trailers, que iban a pasar, para detectar si iban o no cargados con drogas estaban listos para la función. Pasó un furgón. Con emoción se decía que iba limpio. El segundo trailer, igual emoción provocaba. El presidente igual se reía, hasta con cierto nerviosismo. Así pasaron, uno tras otro, hasta el quinto. Con éste demostraron que los trailers no llevaban cargamentos de drogas y que los escáneres funcionaban. Todo era fiesta. Pero, ¿la droga acaso iba a ir en los cinco trailers que estaban montados y escogidos para ese show? Por supuesto que a nadie iban a agarrar en ese espectáculo.

Cuando estas cosas suceden, ¿por qué organismos como la DEA, en su oficina local, sabiendo de estas fallas, va a confiar en las acciones del Gobierno? ¿Por qué el Gobierno protesta de que en las capturas importantes que se han hecho últimamente no se les ha informado por parte del OIJ, del Ministerio Público y del Poder Judicial? Es absolutamente claro que no se les informaba porque desde el mismo Poder Ejecutivo y desde el Ministerio de Seguridad se les avisaba a los líderes y pandilleros que se querían capturar, para que pudieran escapar. Eso es lo que le ha dolido al Poder Ejecutivo actual, a sus voceros, que como plañideras y plañideros, no han dejado de quejarse porque no les informaron de esas exitosas acciones policiales, que fueron acciones bien planificadas con conocimiento de la DEA, que tampoco quiso informarle al gobierno en sus autoridades ejecutivas y de seguridad nacional. Por algo será.

¿Por qué tanta preocupación y reclamo público por el traslado del delincuente más peligroso que tenía el país a entrevistas judiciales en San José? ¿Por qué tanta preocupación por el “delincuente” que se dice que había caído en combate y no hubo cadáver? ¿Y, si era un informante, que debía conservársele como anónimo o como esos testigos con los que se transa hasta una nueva personalidad?

¿Y la reacción de Papá Chaves cual fue? Anunciar el bloqueo económico al Poder Judicial, al Ministerio Público, al OIJ. ¿Por qué se empeña el copresidente Chaves y el gobierno en debilitar económicamente la lucha contra el narcotráfico y sus ramificaciones en el país?

En la Fuerza Pública, en los destacamentos que se han ido preparando para las contingencias de manifestaciones, cada vez más se evidencia el carácter gorilesco con que los preparan, más represivos y agresivos físicamente. En la detención incluso agreden y golpean a los detenidos. Hasta dicen que se les realizan torturas. ¿Por qué están enseñando a torturar? ¿Quiénes son los entrenadores de torturas, nacionales o extranjeros? ¿O, a dónde están enviando a prepararse a oficiales y miembros de la Fuerza Pública? ¿A cuáles academias? ¿A Guantánamo? Les están destruyendo sus raíces civilistas.

El gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, declaró en 1986, el 1 de diciembre, el Día de la Abolición del Ejército, lo que significó también de los elementos militares que todavía persistían en la organización policial, los rangos militares. Así, con su ministro de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua, eliminó esos rangos que sustituyó por denominaciones civiles. Como elemento militar persiste la Unidad Especial de Intervención, UEI, que tiene comandos élite entrenados y preparados con fuerzas especiales de otros países, que pertenece a la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, que depende del Ministerio de la Presidencia. Esta unidad está organizada militarmente, aunque oficialmente es una unidad policial civil.

Los rangos civiles se fortalecieron en el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, quien también estabilizó más a la Fuerza Pública con el Estatuto Policial, que le dio más estabilidad y profesionalización a sus servidores. Ingresar a la Fuerza Pública significaba ir a la Escuela Nacional de Policía donde a la par de los conocimientos profesionales se les formaba con valores cívicos. En este período se estableció el uniforme civil, y no el militar.

En una huelga, muy fuerte que había en el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, con una gran marcha que terminó en Zapote, se había dispuesto que el personal de la Casa Presidencial se retirara. El presidente Rodríguez permaneció allí hasta que un Oficial se le acercó para comunicarle que tenían información que los manifestantes iban a tratar de ocupar el edificio y que había que sacarlo. Llevaron al presidente al patio de atrás para llevárselo en helicóptero. Antes de abordar el presidente reunió a la Policía del edificio presidencial. Les pidió hacer una oración por Costa Rica y les dirigió unas breves palabras enfatizando en su papel protector del edificio y de la seguridad del personal que quedaba. Al finalizar les dijo. “Ante todo, no se les olvide que las personas que están allí, refiriéndose a los manifestantes, son costarricenses y son personas como ustedes”. Un mensaje claro de ese sentimiento civilista con el que se ha construido Costa Rica.

En otra huelga a Casa Presidencial, del sector magisterial, gigantesca huelga, en el gobierno de José María Figueres, en circunstancia parecida un Oficial se dirigió a él diciéndole: “Presidente, tenemos información que van a tratar de tomar el edificio. Podemos evitarlo”. El presidente Figueres le manifestó: “Déjelos entrar, que ocupen los jardines si quieren, pero el edificio es suyo” … No entraron… Otra manifestación pacífica de un gobernante que instruía claramente que no reprimieran aún en los jardines de la Casa Presidencial.

Este civilismo se está perdiendo con la Fuerza Pública. El actual gobierno de la copresidente Fernández está proponiendo restablecer los rangos militares. Así los nombres de Comisario de Policía/Director general de la Fuerza Pública, Comisionado de Policía, Comandante de Policía, Capitán de Policía, Intendente, Subintendente, Sargento de Policía, Inspector, Agente 2, Agente 1, Agente 1, quieren cambiarse por coronel, teniente coronel, mayor, teniente, subteniente, cabo y raso “de policía”.

Con los nombres se viene su contenido militar. Es un asunto implícito, conceptual de carácter de doctrina militar. Se trata de imponer no más respeto ni disciplina. Se trata de imponer miedo, terror, mayor presencia autoritaria. Se trata de imponer lo que se conoce como Temor Reverencial, lo que se refuerza por el entorno cultural televisivo, de cine, de noticias relacionado con la violencia que ejercen los militares amparados a sus uniformes, al abuso con que pueden actuar, que ya se está practicando finamente en los cuerpos policiales. Con el cambio de nombre en los cargos y en el tipo de uniforme se cambia también la mentalidad de quien lo ostenta. Y van a cambiar con ellos los contenidos de los cursos para volver al entrenamiento de soldados y no de policías. Se trata de modificar los valores culturales, pacíficos, antimilitaristas con que se han venido preparando los miembros de la Policía Nacional. Esto hay que evitarlo. La Fuerza Pública hay que mantenerla en el ideario y la doctrina democrática, civilista, antimilitarista, en el conocimiento de la Historia Patria, los Valores cívicos, culturales y de Derechos Humanos que conforman hoy la cultura y la sociedad costarricense, como una cultura de paz.

Las organizaciones militares no se usan para combatir la delincuencia ni el narcotráficos. Tienen un carácter altamente represivo, opresivo. Tampoco acaban con la violencia. En cierta forma la complementan.

Este año, en febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó una vez más, que la seguridad ciudadana debe estar en manos de las policías civiles al margen o fuera de las estrategias militares. Junto a esto propuso también contribuir a mejorar y fortalecer la investigación y la cooperación policial y judicial.

La presidenta Laura Fernández debe pensar muy bien esto que está impulsando. Con este paso retrocede el país, nacional e internacionalmente. Y se coloca ella del lado equivocado de la trayectoria pacifista y antimilitarista de la Historia Nacional, que desde el siglo XIX marcó este rumbo que culminó con un país sin Ejército. ¿Por qué camuflarlo? Estas instituciones, el Ejército y el militarismo, sí son los embriones y los vehículos hacia cualquier tipo de Golpe de Estado, como los son los ejércitos en todo el continente.

El Escudo de las Américas, la lucha contra las drogas y la entronización del militarismo en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Queda cada vez más claro el camino militarista, autoritario, despótico que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Preguntado el presidente por un periodista mexicano sobre su deseo de volver a ser presidente, contestó de manera directa que no tenía interés de ser presidente, pero sí tenía interés de ser Gobernante.

Tal vez parezca que no hay diferencia en los conceptos presidente y Gobernante, porque usualmente se usan como sinónimos de la persona que ejerce la presidencia del Poder Ejecutivo.

Un presidente es un funcionario público, que en la tradición política y democrática costarricense es electo por un período de cuatro años.

El presidente tiene la máxima autoridad del Estado y del gobierno nacional. En términos generales representa la unidad nacional. Es en cierta forma un símbolo nacional. Preside las sesiones o reuniones del Consejo de Gobierno, que se integra con todos los ministros del gobierno escogidos por el presidente, una función que es única y propia de él.

El presidente cumple las funciones constitucionales, legales, administrativas y políticas, que le están señaladas para el desarrollo de sus funciones y para la toma de decisiones estratégicas sobre el desarrollo nacional. El presidente es el dirigente político nacional de mayor relevancia en el país.

En la Costa Rica de la Segunda República, 1948-2026, el presidente puede reelegirse dejando pasar ocho años después de que ha ejercido ese alto cargo político.

El actual presidente desearía poder reelegirse indefinidamente, o al menos dejando pasar un plazo de cuatro años. Es decir, aspira volver a ser presidente en el 2030, para lo cual tendría que modificarse la Constitución Política, para poder reelegirse a los cuatro años de haber dejado la presidencia, y no a los ocho años. Esto lo intentará en el gobierno de Laura Fernández, que inicia el 8 de mayo, con la nueva Asamblea Legislativa, que le da una mayoría holgada de 31 diputados, que le facilita, con las alianzas y acuerdos legislativos adecuados, las posibilidades de reformar la Constitución Política en este sentido.

Un Gobernante es quien manda con su autoridad. Manda quien ordena, quien delega, quien dispone y dirige de conformidad a su real entender y saber. Manda quien considera súbditos a los receptores de sus órdenes. Manda quien impone con su autoridad su voluntad. Manda quien domina y quien es obedecido, quien impone sus normas, órdenes, directrices, indicaciones obligando a la sumisión y disciplina de acatamiento de lo dictado, como sucedió cuando la Ministra de Ciencia y Tecnología, frente al Presidente, manifestó que respetaba un fallo judicial, y el presidente la interrumpió e increpó de inmediato, en vivo, a todo color, frente a las cámaras de televisión, diciéndole que él no respetaba a la Corte, ni los fallos judiciales, aunque tuviera que acatarlos. Además, le dijo a la ministra que ella tenía que proceder igual que él…y la ministra quedó ni chus ni mus, sin decir palabra o, ni oste ni moste, es decir callada en todo…popularmente, calladita más bonita, mejor en silencio que dar una opinión que nadie le pidió.

Al gobernante se le considera el líder o la máxima autoridad o cabeza de un Estado, que de manera soberana ejerce las funciones de representación del Estado y del Gobierno. El gobernante es el jefe, es quien gobierna de manera tiránica, con poder absoluto. Esto fue lo que quiso decir el presidente Rodrigo Chaves al periodista mexicano. Que le interesaba gobernar con poder absoluto, no sometido a límites y controles establecidos por la Constitución Política o por las Leyes nacionales que controlan y limitan el ejercicio administrativo del gobierno y de las acciones públicas. La presidenta Laura Fernández también se ha quejado de que tiene que acatar lo que la legislación nacional le permite hacer, enfatizando que ese es el problema para gobernar, señalando que quisiera gobernar sin esas limitaciones.

Es claro que la próxima presidenta, Laura Fernández, quien asumirá el 8 de mayo la Jefatura del Poder Ejecutivo, está totalmente identificada, por lo menos hasta ahora, con los deseos y aspiraciones del Presidente Rodrigo Chaves, y que procurará impulsar las reformas de ley para facilitar la reelección de Chaves en el 2030, lo que podría alterarse si la reforma constitucional llegare a aprobarse, facilitando la reelección consecutiva, donde la misma Laura podría verse ella misma en la posibilidad de reelegirse en el 2030.

Por ahora este tema es como apretar un jabón, nadie sabe para dónde sale. Son arenas movedizas las que se están tratando de caminar.

El gobierno autoritario, despótico, tiránico, requiere, necesita un aparato de seguridad militar fuerte, tenebroso, temible, como decía Maquiavelo, “mejor temido que amado”. Por ello el actual gobierno ha venido en estos cuatro años preparando toda la estructura institucional es esa dirección. Ha impuesto, desde su tribuna de los miércoles, el terror reverencial del presidente. Ha hecho cambios importantes en los mandos de la Seguridad Pública, fortaleciendo las lealtades hacia el presidente Rodrigo Chaves, ha creado unidades policial militares, que solo le reportan a él.

El ministro de Seguridad y su viceministro más importante han desarrollado unidades militares especiales en este sentido, como los cuerpos de la SS y SA que tenía Hitler, en este caso para la investigación y control ciudadano. Fortalecen la actuación militarista de la policía, lo que se observa en el trato público que tiene ese cuerpo institucional al abordar huelgas o protestas, al actuar contra ciudadanos, y al desarrollar prácticas de maltratos y quizá torturas que se dan con detenidos, como se han hecho públicos algunos sucesos de este tipo, que pareciera que son para ir acostumbrando a la población a ese tipo de detenciones y actuaciones.

Igualmente, han debilitado las instancias militares y policiales existentes en el país encargadas de la persecución del narco tráfico y sus redes organizativas, aunque tengan un discurso de fortalecimiento y de persecución del narco tráfico. Han debilitado los controles administrativos del Estado encargados de vigilar el tráfico de drogas, su negocio y sus actividades comerciales en general. Costa Rica se ha convertido en la bodega más importante de receptación y movimiento de drogas del Caribe. De aquí se envían constantemente, sin importantes controles nacionales, las drogas a los principales puertos de Europa, de Medio Oriente, sin descuidar otras regiones o países receptores de estos envíos. En Europa, y esos países, constantemente las policías especializadas en esas aduanas de esos países capturan, y dan testimonio de los envíos que les llegan de Costa Rica.

No casualmente al Estado costarricense se le considera un narco estado. Esto significa que las instituciones públicas legítimas, el gobierno, la policía o la Fuerza Pública, en sus diversos componentes, el sistema judicial están influidos, y en algunas situaciones contralados por narco organizaciones, lo que permite actuar a sus actores con bastante impunidad, convirtiéndose de esta manera el Estado, en su órgano más importante, el Gobierno, en facilitador del narcotráfico, como sucede en el país con el narco comercio y narco tráfico internacional y nacional.

El narco estado también se da cuando el tráfico de drogas influye para determinar funciones del propio estado, para alimentar los mecanismos de alta corrupción en la administración pública y la violencia en la vida ciudadana, el control de regiones urbanas y rurales por parte de pandillas, grupos o clanes narco delincuentes y grupos criminales, que imponen controles de coerción y de violencia sobre las personas, cobros de peajes en calles de barrios, la violencia generada por préstamos gota a gota que amenaza la seguridad ciudadana.

El narco estado se manifiesta en la flexibilidad o facilidad para el lavado de dinero y la inversión de dineros movidos por la narco actividad en áreas importantes de las de la vida económica nacional, así como en el tráfico de armas. En algunos países el narco estado produce la inestabilidad política, lo que todavía no se da en Costa Rica.

Costa Rica se ha convertido en el país que, en términos absolutos de gasto al consumidor, es el de mayor nivel de consumo de los hogares de toda Centroamérica, que fue de $56 millones en el año 2024 y que ronda los $60 millones de dólares en el año 2025.

Estados Unidos se lleva el récord mundial de país consumidor, de uso y abuso de drogas, de mayor mortalidad por estas drogas. Es el país con el mayor tráfico de cocaína y marihuana o cannabis, así como de la sustancia sintética conocida como fentanilo o metanfetaminas.

Las drogas sintéticas son hoy más baratas, más potentes, con mayor efecto devastador. En Estados Unidos muchos Estados de la Unión América permiten el cultivo de la marihuana, además de que se ha establecido una autorización para su uso personal recreativo. En Costa Rica hace tiempo se dispuso ese uso y la cantidad de droga que puede portar un ciudadano si es para su uso personal, como es el caso de la marihuana, que no cae del cielo como si fuera maná.

El narcotráfico ha sido utilizado por países, como Estados Unidos para financiar grupos armados organizados, por sus agencias policiales y militares, como la CIA o la DEA, de acuerdo a sus intereses geopolíticos o estratégicos, para desestabilizar, ofrecer resistencia y lucha militar a Estados y Gobiernos legítimamente constituidos, que Estados Unidos rechaza especialmente por su definición política o ideológica o por sus vínculos internacionales.

Actualmente así actúa y presiona contra aquellos países de América Latina que tienen relaciones políticas fuertes o comerciales con Rusia, China, Irán y Cuba, dentro de su perspectiva hegemónica de control mundial que impulsa el presidente Donald Trump. En Costa Rica el actual gobierno y el presidente se han comportado como felpudos de estas políticas y decisiones que le han sido impuestas por Estados Unidos de manera directa, clara y pública, especialmente en lo que corresponde a las relaciones con la República Popular China.

En la década de 1980 fue pública, notoria y escandalosa la actividad en este sentido, en aquellos años, con el llamado escándalo Irán Contras, con el cual Estados Unidos suministraba droga a los grupos contra revolucionarios de Nicaragua y en Centroamérica para que la comercializaran, y con ello, financiaran sus actividades contra el gobierno sandinista de aquellos años.

En 1985 Embajador estadounidense se reunió, por separado, con los candidatos presidenciales más importantes del momento, Oscar Arias y Rafael Ángel Calderón para negociar el mantenimiento de las bases militares que tenían funcionando de hecho en la región fronteriza con Nicaragua, asociadas a las luchas contra revolucionarias y del tráfico de drogas. Oscar Arias fue contundente. Le manifestó que si él ganaba las elecciones de febrero de 1986, como resultó ganador, el 8 de mayo esas bases debían estar fuera de Costa Rica, como también sucedió. El presidente Arias, hay que reconocérselo se le plantó a Ronald Reagan con altivez, decoro y dignidad nacional. No casualmente pudo impulsar su plan y negociaciones para poner fin a las guerras en Centroamérica, que merecidamente, como el mismo Fidel Castro se lo reconoció, por ello le dieron el Premio Nobel.

La lucha contra las drogas, hoy, le ha permitido a Estados Unidos elaborar una narrativa contra gobiernos que no son de su simpatía, en una perspectiva de replanteamiento de su vieja Doctrina Monroe, de 1823, puesta en el escenario actual como un control total de los países que se identifiquen o identifican con la política exterior de los Estados Unidos. Esa narrativa es la de calificar a los grupos narcotraficantes y narco productores como organizaciones terroristas, y como tal objeto de lucha del Ejército de los Estados Unidos, dándose la libertad de actuar unilateralmente. Contra gobiernos, presidentes y gobernantes que así también los califique y actuar contra ellos, como hizo contra el presidente Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, desatando una acción militar, una pequeña guerra, contra ese país y secuestrando al presidente Maduro, pocos días después de estar haciendo prácticas de tiro al blanco, con misiles, y ajusticiamientos y ejecuciones contra pescadores, sin que hubiera podido demostrar públicamente que en sus lanchas traficaban drogas. Sencillamente los eliminaban, no los detenían para capturarles la droga e imponer, de esa manera, el terror de sus actuaciones.

En este sentido los Estados Unidos impulsa alianzas estratégicas y tácticas de actuación en el plano internacional, como la Junta de la Paz, o en el continente, como lo ha hecho el pasado 4 y 5 de febrero, el presidente Donald Trump con las reuniones, de esos días, en Miami, de los Ejércitos de 17 de los 34 países de América Latina, con este propósito, de poder actuar con el Ejército de los Estados Unidos allí donde al presidente Trump se le ocurra y justifique en su lucha contra las drogas, o en su lucha contra la presencia de Irán, Rusia, China y Cuba en el continente.

Curiosamente a esa mini reunión de representantes de mini ejércitos, en las cabezas de los ministros de Defensa, no invitaron a participar a los grandes países de América Latina, México, Colombia y Brasil, que ellos solos constituyen casi el 70 % de toda la población de América Latina, además de ser países conocidos por vivir situaciones de narcotráfico, narco delincuencias, narco producción y de organizaciones altamente desarrolladas en esos negocios. Sencillamente no lo invitaron a participar, porque a Trump no le interesa esa lucha con ellos presentes en ese organismo que ha creado, donde el gobierna y manda, y los ministros y presidentes de esas pequeñas naciones obedecen. La DEA, la CIA y otras dependencias militares actúan en todos los países de América Latina, donde hay casi 30 bases militares, que no llevan a cabo luchas de ninguna clase contra ese crimen organizado.

Sencillamente Trump ha creado círculo de pequeños países alrededor de Cuba, Nicaragua, México, Colombia donde quiere actuar como lo hizo con Venezuela. Por eso no invitaron a Venezuela, qué la tienen intervenida como si fuera un Protectorado neocolonial, a Nicaragua que la tienen marcada y especialmente a Cuba, que le llevan ganas. Pero, Cuba no es Venezuela, ni La Habana es Caracas. México le acaba de dar una lección de control de la lucha contra las drogas a Trump. Y, Costa Rica representada en esa Junta de Trump, de militarotes de los ministros de Defensa, reunidos y jefeados por el secretario de Guerra, como ahora se llama el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Óigase y léase bien: Departamento de Guerra, para hacer guerras, no para negociar la paz ni buscar la paz. El negocio es la guerra y el control de territorios que esas guerras produzcan.

Desde hace muchos años los Estados Unidos ha firmado pactos y tratados, incluso con Costa Rida, para el patrullaje marítimo de ambas costas, para el control de drogas. El control marítimo de Costa Rida se hace con el de Centroamérica. En la práctica no ha servido casi para nada en ese propósito.

La reunión de los militarotes en Miami, entre ellos el flamante ministro de Seguridad de Costa Rica, con Trump, fue solo la pantalla. Por la Declaración firmada por todos esos representantes militares, pareciera que la reunión fue pura lámpara. Las firmas no se recogieron en la sesión final, sino que hicieron en días separados, como si ya estuvieran cocinadas. Así, unas son firmadas el 4-3 (suponemos el 4 de marzo), otras el 3-4 (podría ser 3 de abril).

Pero, la que destaca más es la del ministro de Seguridad de Costa Rica, que con mucha seguridad estampó su firma el “4-6-26” (queda claro que es el 4 de junio del 2026, no podría interpretarse que es el 6 de abril del 2026, ni podría ser pieza testimonial de que los días 4 y 5 de marzo estaba atendido por Trump, en Mar a Lago y no en Doral, ¿o es lo mismo?

En la interpretación extrema de ambas fechas no calza con la realización de la reunión de Miami los días 4 y 5 de marzo. ¿Dónde estaba volando Mario Zamora? ¿Estaba en su sano juicio, proyectado, volado, extasiado en el 6 de junio, como si Laura Fernández lo hubiese nombrado ministro y en esa fecha hubiera rubricado ese documentazo para “Promover la Paz a través de la Fortaleza, para hacer frente a futuras amenazas a nuestros intereses mutuos” y “unirnos a una coalición para combatir el narco terrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental”?

Como el emblemático ministro de Seguridad firmó el 6 de junio, es claro que esa firma no tiene ningún valor real, formal, institucional. Si acaso tendrá valor sentimental. Oficial ninguna. No tiene validez. No puede comprometernos como país. Sería horroroso que le alteren la fecha, para hacerla calzar con la reunión del 4 y 5 de marzo, o que lo lleven a pasear de nuevo a Doral, Mar a Lago o al Pentágono para que refirme el documento o le ponga un “otro sí”.

Está claro, por lo demás, que Costa Rica por su disposición constitucional, Artículo 12, abolió el ejército no puede participar activamente en organismos militares, constituidos por ejércitos para por la “Fuerza” “promover la Paz”.

De la Declaración firmada por esos militares pareciera que enterraron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tiene la Fuerza Interamericana de Paz, que es el organismo político militar de la Organización de Estados Americanos, que usó 42000 soldados estadounidenses y 25 guardias civiles de Costa Rica en la invasión de República Dominicana en 1965, que no se puso del lado de Argentina en la Guerra de las Malvinas, en 1982, cuando los Estados Unidos se prestó de aliado con Inglaterra para la ocupación inglesa de esas islas, ni hizo nada contra Estados Unidos cuando invadió la pequeña isla de Granada en el Caribe sur, en 1983

La Declaración del Escudo de las Américas, como también se le llama a esa coalición militar, también deja sin efecto al Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, que ya es un organismo bastante inoperante, del que Costa Rica es miembro observador.

Lo que no se puede tirar por la borda el flamante ministro, de Inseguridad Nacional, es la Sentencia de la Sala IV del 2004 cuando obligó al presidente Abel Pacheco a retirar la firma que había puesto de apoyo y solidaridad con Estados Unidos para la guerra que desarrolló en Irak. Fue clara la Sala IV al manifestar que Costa Rica por haber abolido el ejército de manera permanente no podemos participar en organismos ni coaliciones de carácter militar, que participen en guerras.

Para ello, Trump ha desarrollado un nuevo concepto de hacer guerras justificadas por razones políticas y geopolíticas guardando sus intereses. Ha modificado su lucha contra el narcotráfico bajo la perspectiva de la lucha contra las organizaciones narcoterroristas como las llama, y las coloca en la órbita de la lucha militar, de los ejércitos sin fronteras. La lucha contra las drogas para él es una tarea del ejército. En ninguna parte del mundo esa es una tarea militar, del ejército de los países. Esa es una tarea encomendada a cuerpos policiales altamente especializados.

La incorporación de Costa Rica en la Coalición militar de Trump, en la perspectiva de hacer guerras por doquier, con el impulso que trata de darle a su nueva Organización Mundial, sustitutiva de la ONU, nos lleva a la militarización del país, a la ocupación militar de Costa Rica, a la posibilidad de entregar el territorio nacional para construir emplazamientos militares y bases militares que no contribuirán en nada al desarrollo económico, social, político y democrático del país. Solo facilitará el desarrollo de tendencias militaristas en el país, la posibilidad de desarrollar de nuevo el ejército y de disminuir más los gastos públicos en educación, salud, vivienda, cultura, ciencia y tecnología.

La “firmita” del ministro Zamora es un compromiso de muerte para el país, para la democracia nacional y para la paz social que se ha construido y vivido en Costa Rica, prácticamente desde el siglo XIX, desde 1869 cuando empezó a fortalecerse más la educación y la salud pública.

La firmita del ministro Zamora, de ahora o de junio, es el camino al autoritarismo, al militarismo y al gorilismo rampante en el país.

¿Es necesaria una base militar estadounidense?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Estados Unidos tiene oficialmente en el mundo más de 800 bases militares, emplazamientos e instalaciones militares de diverso uso. De esas tiene 22 bases militares en Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

En Latinoamérica hay 20 países considerados independientes, 10 en Suramérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela; 7 en Centroamérica, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá; 1 en Norteamérica, México y 2 en el Caribe, Cuba y República Dominicana.

A Puerto Rico no se le considera un país independiente, ya que es un Estado Asociado de los Estados Unidos.

En el conjunto de países de la Organización de Estados Americanos, OEA, participan especialmente las naciones angloparlantes y francoparlantes del Caribe, como son Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahamas, Barbados, Santa Lucía, Granada, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Saint Kitts, Dominica, San Cristóbal, Guyana, Surinam.

En la OEA hay 34 países miembros y en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, participan 33. Estados Unidos no es miembro de CELAC, como sí lo es de la OEA, siendo su país más importante.

Estados Unidos tiene oficialmente registradas y públicamente reconocidas, entre bases militares e instalaciones militares, llamadas de seguridad, un total de 76 en todos los países de América Latina y el Caribe.

La proyección militar estadounidense se produjo con la existencia de la Unión Soviética, desde 1921, cuando Estados Unidos trató de detener la influencia soviética mediante la presencia militar en diversos países, que le permitían establecer sus bases, instalaciones y emplazamientos militares.

La desaparición de la Unión Soviética y de los países socialistas europeos, especialmente, no debilitó la presencia militar estadounidense en otros países. Al contrario la fortaleció, dentro de su expansionismo hegemonista que tuvo a partir de ese momento, y todavía trata de expandirla y robustecerla, hoy bajo el pretexto de la seguridad internacional, de los nuevos problemas internacionales y globales, como son el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Esto le ha permitido fortalecer su presencia bélica a nivel mundial, en una nueva situación geopolítica internacional donde han surgido otras potencias políticas, económicas, financieras y militares, que se mueven dentro de una estrategia multilateralista y antimonohegemonista, rompiendo de esa manera el mundo unipolar de los Estados Unidos para construir un mundo multipolar, que se expresa en otros bloques de países no comandados por los Estados Unidos.

En su estructura político militar, Estados Unidos organiza su operaciones militares en 6 grandes Comandos, el del Norte, NORTHCOM, el del Sur, SOUTHCOM, el de Africa, AFRICOM, el de Europa, EUCOM, el Indo Pacífico, INDOPACOM y el Comando Central, CENTCOM. Junto a estos Comandos ha desarrollado los Comandos Espacial, el Cibernético, el de Operaciones Especiales, el Estratégico y el de Transporte.

El Comando Sur, que atiende a toda la América Latina, en administración y vigilancia de las actividades militares, es el que atiende a las 76 instalaciones o bases, divididas en tres categorías, la Base de Operaciones, que trabaja directamente con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, las Bases Militares pequeñas, también llamadas “Lily Pad”, que desarrollan operaciones avanzadas, de seguridad cooperativa, con el Ejército de los Estados Unidos y las llamadas Bases Financiadas, que son las que pertenecen a los países anfitriones o receptores de estas bases, que las utilizan mucho para el entrenamiento y adiestramiento militar. Organizaciones Civiles encargadas de la vigilancia de estas bases y emplazamientos militares, señalan la existencia de las “Bases Operacionales no confirmadas”, que son bases existentes, reales, no reconocidas oficialmente por los gobiernos afectados.

Es claro que la presencia de las bases militares en el continente ha tenido un papel injerencista determinante en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños afectados por dictaduras, golpes de estado, tiranías, gobiernos autoritarios, represiones políticas, prácticas de torturas a detenidos políticos y civiles. En el gobierno de Barak Obama se autorizó el último Manual de Torturas, empleado por el ejército de los Estados Unidos. Especialmente se empezó a utilizar en los detenidos en la Base Militar de Guantánamo, que tienen desde 1901 en Cuba.

Muchos ejércitos latinoamericanos y organismos policiales se entrenan en estas bases, en sus diversos cursos de capacitación y de tortura. Cuando había guerrillas en el continente las bases militares, como las que estaban en Panamá, se usaban para capacitar en la lucha contrainsurgente y antiguerrillera.

En sus diversos tamaños todos los países de América Latina y el Caribe tienen bases, instalaciones o emplazamientos militares estadounidenses.

Así, en la información oficial de los Estados Unidos, en este campo de bases militares, aparece Costa Rica con emplazamientos o instalaciones militares estadounidenses en Liberia, Caldera, Colorado.

México y Venezuela aparecen sin ninguna presencia militar extranjera. Nicaragua aparece con tres instalaciones o emplazamientos militares. En Colombia, recientemente el presidente Petro ha señalado que desde hace más de 40 años Estados Unidos tiene allí siete bases.

Las bases militares extranjeras, sean de Estados Unidos o de otra nación, presentan el problema de si violan o no la soberanía del país receptor donde se establecen. Su establecimiento tiene que aceptarse por disposición legislativa, y no solo por decisión ejecutiva.

El establecimiento de una base militar extranjera produce el dilema de si la presencia de efectivos militares, de manera estable en el territorio nacional, fuera del territorio de donde son nacionales los militares, sean estadounidenses o no, constituye una violación a la soberanía de los países receptores o si se trata de un “beneficio mutuo” en torno a la seguridad nacional de ambos, que es como generalmente las tratan de justificar.

Una base militar extranjera se conceptúa como un territorio extranjero correspondiente a país que pertenece esa base. Es igual en este concepto que una Embajada representativa de un país en otro país. El edificio, propio o alquilado, la residencia del Embajador, propia o alquilada es considerado territorio de la Bandera Nacional que se representa con esa sede diplomática.

En los países se autoriza la compra de esos terrenos a los representantes diplomáticos, que los hace inviolables en todos los sentidos. Por ello, es que pueden asilarse personas en las Embajadas o Residencias de los Embajadores, sin que el gobierno del país, que las persigue, pueda intervenir en ellas.

De esta manera autorizar el establecimiento de una base militar es en la práctica entregar una parte, por pequeña que sea, del territorio nacional que queda bajo la administración del país ocupante de esa Base Militar, con todos los problemas que ello pueda conllevar u ocasionar. No son territorios libres. Son territorios ocupados militarmente por el ejército o fuerza armada que allí se instale.

Generalmente, su instalación obliga al país receptor a dar una serie de privilegios a los miembros y habitantes de esos emplazamientos militares, desde apoyos logísticos, de seguridad exterior, migracionales, hasta aduanales, tributarios y hacendarios.

Su sola presencia conduce a que el país ocupante, dueño de la base militar, ejerza mayor influencia en las estructuras políticas del gobierno nacional. Lo hemos visto estos días, cuando España le dijo a los Estados Unidos, en el conflicto que tiene con Irán, que desde las bases militares que tienen autorizadas en ese país, no se podían hacer vuelos ni acciones militares o de guerra contra Irán. España prohibió el uso de su territorio para esas actividades militares, lo que ocasionó que el presidente Trump amenazara a España con apretarle sus políticas financieras, sus aranceles y sus actividades comerciales. Y no contento con esto, dijo, además, que ellos y qué él, Trump, harían lo que quisieran desde sus bases y emplazamientos militares, sin que España se lo pueda impedir. Ese es el problema de facilitar el establecimiento de una base militar en un país. El matonismo con que puede actuar el dueño o país de esa base militar con el país sede de esa base.

Un próximo diputado entrante en mayo, ha señalado la necesidad de establecer una base militar estadounidense en el país, para luchar contra el narcotráfico y el narco terrorismo, concepto de modo en esta actividad.

No sabemos si fue una ocurrencia, una estupidez, una falta notable de comprensión de las cosas, o una falta de inteligencia, una forma irracional de actuación.

Tampoco sabemos si fue un acto consciente representando a grupos nacionales o extranjeros interesados en someter más a Costa Rica a la órbita de los intereses geopolíticos, militaristas y guerreristas estadounidenses.

O, si fue un acto de quienes, en Costa Rica, añoran o sueñan con el establecimiento de un ejército como institución permanente de nuestra vida política, y lo ven reflejado en el establecimiento de una horda militar extranjera en el territorio nacional.

En Costa Rica tuvimos Ejército Nacional. Su etapa heroica sin lugar a dudas la tuvo cuando se unió el Ejército al pueblo, en la gran epopeya nacional libertadora, cuando se movilizó a Nicaragua en 1856, hace 170 años, para expulsar la horda filibustera que se había establecido en ese país, para sacarlos de Centroamérica, por el peligro que significaba para la Independencia, Soberanía y Libertad de nuestros países y pueblos, a los cuales William Walker, el jefe filibustero, quería convertir en Estados sureños de los Estados Unidos y en pueblos sometidos a la esclavitud.

Dichosamente todos nuestros gobernantes desde el siglo XIX fueron y han sido principalmente educadores, abogados, médicos, periodistas. De excepción tuvimos algunos militares gobernando por breves períodos. La visión de ellos condujo a fortalecer la educación como el medio más importante de superación, de movilidad social y de oportunidades para la vida.

Después de la Guerra Nacional contra los filibusteros la enseñanza se fue fortaleciendo y se fue debilitando la estructura militar existente. Desde principios del siglo XX se eliminó del Escudo Nacional lo que todavía representaba el elemento militar de la vida nacional.

La dictadura de los hermanos Tinoco, 1917-1919, fortaleció la institucionalidad militar y el ejército. Con la caída de la dictadura cayó también ese impulso militarista.

El Ejército estaba debilitado en la década de 1940. En los sucesos de la guerra civil de marzo y abril de 1948 no tuvo ningún papel destacado. Evidenció su ineficacia y su necesaria inexistencia.

Desde 1946 en el Congreso de la República se empezó a plantear la necesidad de su extinción, de su eliminación como parte de la institucionalidad y de la vida nacional.

José Figueres Ferrer, su ministro de Seguridad, Edgar Cardona, asumieron ese impulso en 1948 y en diciembre, bajo el Gobierno Fundador de la Segunda República, como llamaron el ejercicio político de esos dos años, 1948-1949, acordaron disolver el Ejército Nacional como institución permanente. Así lo acordaron también en la Asamblea Nacional Constituyente que elevó a norma constitucional su abolición.

Desde 1948 hasta hoy no ha habido necesidad alguna de acudir a la excepcionalidad de establecer o convocar al ejército para alguna situación, que de emergencia hubiera sido necesaria su constitución pasajera. No fue necesario en diciembre de 1948 ni a principios de 1955 cuando el país se vio amenazado de incursiones militares desde Nicaragua, por costarricenses interesados en derrocar a Figueres que gobernaba en esos años.

Costa Rica había firmado su ingreso a la Organización de Estados Americanos, y había rubricado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, con el cual se consideraba que se tenía un escudo protector frente a amenazas militares como la de 1948 y 1955, cuando dicho Tratado se invocó, sin necesidad de su presencia militar.

Ni en los días difíciles y complejos de la lucha triunfadora anti somocista, y de reacción contra el establecimiento del Gobierno Sandinista, en el período 1979-1990, hubo necesidad de invocar el TIAR.

Ni posteriormente, en el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, 2010-2014, hubo necesidad de acudir al llamado de un ejército de excepción para los problemas que tuvimos fronterizos con el gobierno de Daniel Ortega. Acudimos a la Corte Internacional a resolver nuestro problema, como fue atendido.

En el gobierno de Abel Pacheco, 2002-2006, cuando se plegó “solidariamente” al pronunciamiento público de los Estados Unidos justificando su guerra contra Irak, la Sala Constitucional de la República, le ordenó retirar el nombre de Costa Rica de esa adhesión, porque la Constitución Política de Costa Rica, al haber abolido el ejército, de manera permanente, no permite realizar actos de esa naturaleza ni comprometer al país en acciones militares de ese tipo. El gobierno de Estados Unidos se negó a quitar la firma del apoyo que Abel Pacheco había puesto.

Por este motivo, no es viable pretender impulsar el establecimiento de una base estadounidense en el país. Constitucionalmente no se puede.

No hay justificación alguna para una situación como ésa. La lucha contra el narcotráfico no es una lucha que se libra con ejércitos.

La experiencia en América Latina, especialmente en Colombia, ha demostrado con 7 bases militares estadounidenses, por casi 50 años, luchando contra guerrillas, que se aprovecharon del negocio de la producción drogas para financiarse, que ese negocio o esa narcoactividad no se detuvo ni se acabó.

Las guerrillas que se acabaron en Colombia y en la región centroamericana fue por decisiones políticas, por acuerdos políticos.

Cuando la contra sandinista estaba en su apogeo se produjo el escándalo Irán-Contras, que descubrió cómo organismos militares, y de lucha contra la droga de los Estados Unidos, financiaban a esos grupos contra revolucionarios facilitándoles droga, para ayudarles de esa manera, permitiéndoles vender la droga, y financiarse así para sus actividades político-militares.

No se puede confiar en los Estados Unidos, en su ejército, en sus autoridades militares y políticas, de que una base militar, como la que se ha insinuado se pueda establecer en Costa Rica, va a contribuir en la lucha contra las estructuras del narcotráfico que operan en el país.

La presencia de una base de esa naturaleza va a contribuir a ese negocio. La existencia de las 76 bases e instalaciones militares que Estados Unidos tiene en toda Latinoamérica y el Caribe ha demostrado que el negocio con ellas ha crecido, porque es un gran negocio también para la economía de los Estados Unidos, donde llega la droga. Con las 800 bases militares en el mundo Estados Unidos no ha detenido el negocio de las narco organizaciones. Sigue creciendo.

Los anuncios internacionales de detección y captura de envíos de droga se da en los países europeos, no en los Estados Unidos.

El tratado militar policial que se tiene con Estados Unidos para la vigilancia de las aguas marítimas poco resultado produce en la captura de la droga que se trafica por mar. Pareciera que esas naves protegen a los barcos que nos roban las riqueza atuneras, sobre las cuales Costa Rica poco control ejerce.

La base militar que los intereses militaristas y guerreristas quieren establecer en el país hay que combatirla, hay que detenerla. Es más peligroso para la seguridad e institucionalidad nacional el establecimiento de esa base, que no tenerla.

Es igualmente peligroso permitir que empresas extranjeras de seguridad, o inversionistas extranjeros, como se está discutiendo en la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, tengan la posibilidad de organizar empresas de seguridad, en manos de esos extranjeros. De hecho, será también como desarrollar la posibilidad de constituir pequeños, medianos o grandes ejércitos disfrazados de organizaciones de seguridad privada. O lo que sería peor, que grupos narco criminales se disfracen con este ropaje de seguridad para desarrollar y ampliar sus espacios delictivos. Ese tema en esa Comisión también hay que detenerlo. No vaya a ser que quienes constituyan esa Comisión, como ya se menciona para la nueva Asamblea Legislativa, sean diputados muy afines a estas actividades de la criminalidad y de las narco estructuras y narco delincuencia.

Simbólica de una ausencia importante

Escrito en . Publicado en Cultura.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

He tomado distancia de los recientes actos deslucidos en conmemoración de los 77 años de la abolición del ejército. Deslucidos si porque una vez más el más alto representante de la ciudadanía costarricense aprovechó su estrado para mostrar prepotencia frente a quienes lo adversaban con el grito de “Fuera Chaves”, grito que por cierto ha empezado a crecer en los últimos días en varios escenarios públicos.

Ante la protesta, el presidente envió a la policía a callar a los manifestantes, acto que solo en regímenes autoritarios ha sido observado.

Más allá del hecho, que denota una pobrísima inteligencia social para contender y manejar la crítica y la adversidad, prefiero resignificar la importancia de la fecha, que pudiera haber pasado inadvertida dados los acontecimientos.

Este año la poesía, y no otra cosa, me ha llevado al Caribe y al sur del continente en distintos momentos: República Dominicana, Colombia, Argentina, Venezuela, Ecuador.

Cuando uno sale del país y muestra su cédula, los conceptos cambian. Y empieza una consabida conversación en la que de por medio está la simbólica de la ausencia.

De inmediata se percata de la importancia política y cultural de un acto realizado hace 77 años, en el que la figura del ejército fue abolida no sólo imaginaria sino materialmente del escenario costarricense.

Pensar en este tema pareciera natural para el costarricense. Pero créame que en otros países el peso cultural y político del ejército es muy fuerte. Tanto así, que he tenido conversaciones con algunos amigos y amigas en estos países visitados, en las que su extrañeza combinada con sana envidia sobre la ausencia del ejército en Costa Rica resulta ya lugar común.

A esa historia deberíamos aferrarnos. No es fácil la democracia, nunca lo ha sido. Pero prefiero su imperfección a vivir aquí el terror de las desapariciones, las violencias físicas, las persecuciones.

Como muchos lectores de lo columna saben, conduzco un espacio de arte y cultura en América Latina y El Caribe llamado Zona de Recarga. Les invito a buscar en las plataformas, dos programas que para mí fueron maestros en este tema de los ejércitos y los autoritarismos: el realizado con la escritora argentina Margarita Drago y el producido con la poeta chilena radicada en Costa Rica, Valeria Varas.

Les invito a revisar sus contenidos. A significar el valor simbólico de una ausencia importante. A mirar con ojos críticos el peso de la historia que está por escribirse en el país. Debemos darnos espacio y respirar.

Luego será demasiado tarde.

El legado del pacto de concordia

Escrito en . Publicado en Formación.

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

1º. de diciembre de 1821 – Primer ensayo democrático en Costa Rica

Al finalizar el largo período de dominio español en América, el proceso de independencia iniciado en México y Guatemala tuvo grandes repercusiones en la provincia de Costa Rica. Al igual que en otras provincias del Istmo Centroamericano, la búsqueda de una nueva alternativa de organización política ya fuera autónoma o confederada, supuso una época de gran incertidumbre e intensos debates ciudadanos.

Por ello, la fecha del 1º. De diciembre de 1821 ha trascendido en la historia nacional como un momento fundamental en la consolidación de la independencia de nuestro país, dando por concluido el largo período del dominio español e inaugurando un complejo proceso a través del cual nos convertiríamos, paulatinamente, en un nuevo estado libre y soberano.

A partir del 15 de setiembre de 1821, día en el que la Capitanía General de Guatemala declaró el fin del dominio español en sus provincias, se vivió en la nuestra una coyuntura de gran inestabilidad política, la cual repercutió en los diferentes ayuntamientos y poblaciones que se debatían entre dos alternativas: mantenerse dentro de los dictados de la Constitución de Cádiz de 1812, o impulsar un proceso por medio del cual se daría inicio a una nueva época de vida independiente. Por suerte, nuestros antepasados criollos escogieron ésta última, la vía de la libertad y la autonomía.

Al respecto, años después el historiador don Ricardo Fernández Guardia señalaba:

“A los tres meses justos de haberse planteado ante ellos el muy escabroso problema de la Independencia llovida del cielo, nuestros abuelos, a pesar de su inexperiencia, de su falta de recursos de todo género, de las encontradas opiniones y de las dificultades que surgieron, habían logrado darle la mejor solución posible, instituyendo un gobierno constitucional libremente electo por el pueblo”. *

Todo aquello fue posible gracias a la temprana aprobación del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, también conocido como el Pacto de Concordia, el 1º. De diciembre de 1821. Con este instrumento jurídico se dio inicio al largo y complejo proceso que ha llevado a Costa Rica por los senderos de la vida republicana, la independencia nacional y la construcción de una democracia, cuya trayectoria no ha estado exenta del paso de políticos autócratas y de algunos intentos para socavar los cimientos de nuestra cultura política, pero que hasta ahora ha sobrevivido frente a diversas vicisitudes.

En ese sentido, debemos tener presente los acontecimientos del día 7 de noviembre de 1889, cuando los ciudadanos que apoyaban la elección del candidato don José Joaquín Rodríguez se manifestaron públicamente en defensa de su triunfo electoral, ante el peligro de que el gobierno en ejercicio no reconociera su legítima elección. Por esa razón, en esa fecha celebramos el Día de la Democracia Costarricense.

El doloroso paréntesis que significó el período transcurrido entre 1917 y 1919, cuando la paz costarricense se vio amenazada con la instauración de la cruel dictadura de los hermanos Tinoco, es un hecho que tampoco debe borrarse de la memoria nacional. Asimismo, deben tenerse presente las complejas circunstancias que en marzo de 1948 arrastraron a este pequeño país a una guerra civil, con consecuencias tan profundas que aún hoy resuenan en los oídos de nuestras generaciones mayores.

Sin embargo, la salida constitucional por la que apostaron los sectores vencedores en 1949 contribuyó a forjar una nueva etapa en nuestra historia nacional, con mayor justicia social y con valiosos proyectos para la modernización económica del país. Desde este punto de vista, no podemos dejar de mencionar también la Abolición del Ejército en Costa Rica en una fecha como ésta, el 1º. de diciembre de 1949, lo cual constituyó un paso de incalculable valor para garantizar la estabilidad futura del Estado costarricense.

En lo que va del siglo XXI, las luchas contra el Tratado de Libre Comercio en el año 2007 constituyeron otro antecedente inédito. La creación de los llamados comités patrióticos, a lo largo de todo el territorio nacional, fue una experiencia inédita de ejercicio democrático pues se convirtieron en centros de estudio y reflexión sobre el significado de nuestra independencia nacional.

Por todas esas razones, la actual coyuntura electoral nos debe llevar a reflexionar sobre la voluntad y la creatividad que necesita la sociedad costarricense para defender, una vez más, nuestra democracia y nuestra independencia. Hoy día, estamos lejos de vivir en un sistema democrático verdaderamente satisfactorio, sin diferencias económicas y sociales tan marcadas y con un consenso social exento de las amenazas del crimen, del aumento de los feminicidios, de la proliferación del narcotráfico y de la impunidad.

Por otra parte, echamos de menos el verdadero respeto por la división de poderes, como debe darse en cualquier régimen democrático y pluralista. Asimismo, clamamos por una participación más decidida del Estado costarricense para resolver los problemas de la creciente pobreza, del deterioro del sistema educativo y de la CCSS, de la producción agrícola nacional, del respeto a las diferencias de criterio de toda la ciudadanía, en fin, necesitamos seguir construyendo el país que queremos con paz social, tranquilidad, optimismo y estabilidad nacional.

El Instituto Sindical de Formación Democrática se compromete con este difícil reto para recuperar los avances obtenidos a lo largo de 204 años de vida independiente. El fomento de la consciencia cívica de la ciudadanía es indispensable para comprometerse en la solución de los graves problemas que hoy amenazan a nuestro país. Alimentar el espíritu del pluralismo, la participación ciudadana y el respeto a las diferencias políticas, religiosas, ideológicas y culturales será nuestra tarea prioritaria.

*. Peralta G. Hernán (1955) El Pacto de Concordia. Orígenes del Derecho Constitucional de Costa Rica. 2ª. Edición.

Suspensión de garantías constitucionales

Escrito en . Publicado en Derechos.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Serían cerca de las 9 de la noche cuando el silencio en la calle fue roto por el estruendo de los motores de diésel de camiones que se escuchaba desde el tercer piso en que estaba nuestro departamento, que se estacionaban en plena calle frente al edificio en que residíamos. Cual si fuesen a entrar en combate decenas de soldados bajaron de ellos con arma en mano, e inmediatamente “asaltaron” el pequeño edificio de apartamentos, ubicado en la calle Pérez Valenzuela en Providencia, Santiago.

Por referencia de otros casos, esperábamos angustiados los golpes en nuestra puerta, como también nos había sucedido en la calle Mac Iver, en Santiago centro, pocos días después del sangriento golpe de Estado al presidente Salvador Allende, en 1973. Esta vez el “objetivo” no era este tico, entonces estudiante de doctorado en la Universidad de Chile. No. La misión era otra. Los milicos no subieron las escaleras esa noche, se quedaron en el primer piso. Minutos después, salieron del edificio llevándose detenidos a más o menos una decena de personas, que logramos ver mientras eran iluminados por luces rojas intermitentes, que se reflejaban en sus caras, mientras eran subidos violentamente a los camiones verde olivo. Así como llegaron, después de unas cuantas órdenes del “comandante”, partieron rápidamente, y el resto fue silencio.

A la mañana siguiente, aunque saludamos a algunos vecinos, nadie se refería a lo sucedido. Los intercambios matutinos siempre cordiales, eran cortantes y las miradas esquivas. Una sensación de temor dominaba el ambiente, y, por lo tanto, comprendimos que no era prudente preguntar ni la hora.

Y es que la dictadura de Pinochet mantenía suspendidas las garantías individuales, antes consagradas en la Constitución Política que regía hasta el día de la acción militar contra el gobierno democrático. Estaban derogados derechos que tenemos los costarricenses, como la inviolabilidad del domicilio, de la intimidad, de reunión pacífica, de libre opinión, de comunicación sin previa censura, de hábeas corpus, de amparo, y, como en todo régimen dictatorial, de la inviolabilidad de la vida humana.

Bajo un “toque de queda” la libertad simplemente no existe; solo la voz del dictador tiene valor, y Dios guarde al que se atreva a cuestionarlo siquiera, pues al Poder Judicial hasta se le saca de sus sedes; la fuerza bruta omnipotente, sustituye a las normas civilizadas que sustentan el Estado.

Lo sucedido esa noche allá en Providencia era consecuencia de esa situación. Resulta que, después de celebrarse una boda, a algunos de los familiares e invitados los sorprendió la hora en que iniciaba el toque de queda, durante el cual no se podía caminar por las calles de ciudades y otras comunidades, por lo que no les quedó más que quedarse reunidos en casa de la novia esa noche, irrespetando la prohibición a reunirse pacíficamente, y abriendo así la posibilidad de que el domicilio fuese violado sin orden judicial alguna, para llevarse detenidos a los que estaban violentando la injusta orden militar, sin saber cuál iría a ser su destino.

Algunos, quizá con razón, nos dirán que eso fue cosa menor, que no ameritaba este comentario (aunque nunca supimos qué había sucedido con los trasladados a celdas de la dictadura), pero fue nuestra experiencia personal. Por supuesto que conocíamos de los crímenes que se ejecutaban durante esas largas noches, y veíamos en las entradas de algunos edificios, cadáveres cubiertos por páginas de El Mercurio usadas como sábanas, o en las aguas poco profundas del río Mapocho. Los muertos ya eran solo estadísticas (como dolorosamente nos está sucediendo en Costa Rica) y se trataba, según Pinochet, de “delincuentes comunes que se matan entre ellos”.

Lo narramos porque no podemos pasar por alto a la que irreflexivamente dice que como presidenta “suspendería las garantías individuales”, aunque no creemos que ella tenga a Pinochet como espejo, sí es obvio que tiene a los dictadores Ortega y Bukele, como amigos que comparte con el presidente Chaves, ambos “expertos” en la aplicación de medidas semejantes, con cualquier pretexto.

Como es usual, en dicha candidata “de la continuidad”, Fernández no profundiza en sus planteamientos propagandísticos, por lo cual le preguntamos públicamente lo siguiente. ¿Si Costa Rica no tiene ejército, con qué soldados ejecutaría las acciones de fuerza militar que necesariamente se requieren para hacer efectivo un toque de queda? No vaya a ser que también esté pensando en otra cosa…

Sin duda alguna, lo más grandioso que tenemos los costarricenses es la prohibición para conformar un ejército, como los que conocemos en la gran mayoría de las naciones del planeta. Al haberse abolido constitucionalmente, nuestro pueblo optó por la paz, por un Estado respetuoso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU. Derechos reflejados en las garantías individuales que son resguardadas celosamente, por los poderes Judicial y Legislativo, quienes, junto al Poder Ejecutivo, no solo se respetan entre ellos, sino que también se reconocen como poderes independientes, como garantía de nuestra democracia. Y es que si alguna vez, nuestra Asamblea Legislativa hubo de suspender algunas de dichas garantías, a solicitud de don Pepe Figueres, por un periodo corto de tiempo, lo hizo porque el país enfrentaba una invasión militar promovida por un dictador nicaragüense. Sin duda la emergencia lo justificaba, y lo bueno es que surtió efecto en la defensa de nuestra soberanía.

Pero, por otro lado, no se debe justificar una propuesta semejante, ante la incompetencia evidenciada por nuestras autoridades de policía, frente a la ola de criminalidad muy vinculada al narcotráfico escandaloso que afecta a Costa Rica, gracias a las puertas abiertas que nuestro gobierno ofrece a los traficantes.

“Si usted creyó que era incómodo en la pandemia no poder sacar el carro o no poder ir al parque porque estaba restringido, imagínese lo que va a ser la suspensión de las garantías individuales. Imagínese a la policía pudiendo entrar a su casa sin tener que pedirle permiso a un juez. Imagínese a la policía pudiendo prohibirle salir de su casa sin tener orden judicial. Esto es lo que significa la suspensión de garantías individuales”, respondió el también candidato Álvaro Ramos ante preguntas de periodistas, lo que obviamente nos tranquiliza, pues evidencia que él sí está consciente de las consecuencias que tendría una ocurrencia semejante, aparte de que su mensaje es respetuosamente escuchado.

Costa Rica: un país saludable y amigable

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Álvaro Vega Sánchez

Convertirnos en uno de los países más saludables y amigables de América Latina es una apuesta atrevida, pero viable. Hemos probado, en década pasadas, que esa aspiración no es ninguna quimera. Nuestros visionarios líderes políticos, sociales y religiosos crearon el cimiento legal e institucional que apuntaba a esa meta.

Por una parte, desde la década de 1940, se creó una legislación de avanzada en materia de salud pública universal y la respectiva institucionalidad, que le brindó el soporte requerido para alcanzar logros encomiables en materia de salud. Una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social, que ha sabido brindar servicios universales de calidad, así como una institución de educación superior pública, la Universidad de Costa Rica, que ha preparado a médicos y trabajadores de la salud al más alto nivel profesional, ético y humanista. Las altas calificaciones de los médicos graduados en esta institución, es una prueba contundente de los niveles de profesionalización y competencia alcanzados hasta hoy.

Por otra parte, en el marco de la Junta Fundadora de la Segunda República, se elevó a rango constitucional la abolición del ejército en 1949, y Costa Rica se convirtió así en el primer país desmilitarizado de América Latina y el segundo en el mundo. Asimismo, Costa Rica es la sede de la Universidad para la Paz, creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1980. También se estableció la Ley de Neutralidad en 1986. Y el país fue protagonista en la solución del conflicto bélico en Centroamérica en las décadas de 1980-1990.

Cabe destacar también, que el país tiene una trayectoria de solidaridad y hospitalidad con inmigrantes, por motivos políticos y económicos, de muchos países suramericanos y centroamericanos, particularmente con una amplia población que ha emigrado del país vecino Nicaragua. En este aspecto, ha contribuido significativamente a propiciar una convivencia pacífica, inclusiva y afectiva de alcance continental.

Y en materia de cuido y protección de la naturaleza desde hace rato nos convertimos en uno de los países más amigables con la madre tierra, lo que nos ha deparado reconocimientos internacionales. Somos un país “ecológicamente rico”, y esa riqueza la hemos convertido en patrimonio de la humanidad. También visionarios estadistas costarricenses y visitantes extranjeros que hicieron de nuestro país su casa, más bien su jardín, nos han legado el país del 25% de su territorio convertido en áreas protegidas, como parques nacionales.

Hoy, cuando la violencia se intensifica en sus diversas manifestaciones: violencia económica, simbólica, ecológica, política, criminal y social, así como los conflictos bélicos en diversas regiones del mundo, sería un acierto que nuestro pequeño país pudiera levantar la bandera de la convivencia amistosa, pacífica y saludable. Un faro de esperanza en tiempos donde los muros del odio, la avaricia y la frivolidad nos conducen a sociedades violentas, desiguales, insalubres e insostenibles.

A ver si los candidatos y candidatas a presidente para el próximo período de gobierno (2026-2030) asumen este desafío y se comprometen a fortalecer y actualizar la legislación y la institucionalidad en materia de salud y de seguridad públicas, y la promoción de una verdadera cultura de paz, que nos convierta en el mediano plazo en uno de los países más amigables y saludables de América Latina.

Primer Festival “SOMOS democracia, paz y libertad” celebró la identidad costarricense y defendió la democracia en un contexto de creciente violencia

Escrito en . Publicado en Cultura, Portada.

Comunicado

San José, 16 de diciembre de 2024

Este domingo, la Plaza de la Democracia se llenó de vida, arte y cultura en la primera edición del Festival “Somos Democracia, Paz y Libertad”, un evento que celebró los valores fundacionales de Costa Rica y convocó a casi 4,000 personas durante todo el domingo en defensa de la democracia, la paz y la libertad, en medio de los retos que enfrenta el país debido al incremento de la desigualdad, la violencia y los discursos de odio.

“Recordamos con orgullo las bases de nuestra democracia, que han permitido el ascenso social de muchas personas, pero también vemos con gran preocupación la realidad que enfrenta nuestro país. Como señala el último Informe del Estado de la Nación, vivimos un debilitamiento en nuestro pacto social”, destacó la presidenta de CONARE y rectora del TEC, María Estrada Sánchez, durante la firma de la Declaratoria por la Democracia, la Paz y la Libertad, acto central del evento.

El festival ofreció una amplia gama de actividades para toda la familia: talleres de yoga, cardio dance y teatro infantil, espectáculos de fuego, pintacaritas, mercaditos de emprendimientos nacionales, bandas comunales y un espectacular cierre musical con agrupaciones reconocidas como Son de Tikizia, Malpaís y los icónicos Hicsos, quienes llenaron el escenario con su energía y música que evoca la identidad costarricense.

Malpaís, frente a un atardecer espectacular, emocionó al público con un concierto inolvidable, mientras que los Hicsos cerraron la jornada con su sello inconfundible, consolidando al festival como una celebración única de la identidad costarricense. Desde techno e indie, hasta merengue y la visita sorpresa del Chinamo de Teletica, a la Plaza de la Democracia vibró con una oferta musical para todas las edades.

El evento fue organizado por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y el grupo Pro Costa Rica, en conmemoración de los 75 años de la Constitución Política y los 76 años de la abolición del ejército. La Plaza de la Democracia fue elegida como símbolo de este compromiso ciudadano con la libertad, la paz y la justicia social.

“En este contexto de creciente violencia y polarización, el Festival Somos Democracia busca promover espacios de unidad, reflexión y acción colectiva. La firma de la Declaratoria por la Democracia es un llamado urgente a proteger nuestros valores democráticos frente a las amenazas que enfrentamos como país”, enfatizaron las organizaciones.

La ciudadanía puede unirse a este movimiento firmando la Declaratoria por la Democracia, la Paz y la Libertad y obteniendo más información sobre actividades futuras en el siguiente enlace: https://linktr.ee/Mesa.dialogo.cr

El Festival “Somos Democracia, Paz y Libertad” se proyecta como un evento anual y espera llegar en sus próximas ediciones a todas las regiones del país, consolidándose como un espacio que une a las y los costarricenses a través del arte y la cultura en defensa de nuestra democracia.

La abolición del ejército en Costa Rica: ¿Un hecho humanista?

Escrito en . Publicado en Cultura.

Por José Rafael Quesada J.

El 1 de diciembre de 1948 tuvo un antes y un después en la historia de Costa Rica y del mundo. En un acto de grandeza que excede lo político, José Figueres Ferrer, líder de la Junta Fundadora de la Segunda República asumió la resolución de abolir el ejército como institución perenne. Un acto que posteriormente fue avalado por la Constitución de 1949, que no solo simbolizó el hecho institucional, sino que también fue el acto fundacional para lograr la transformación cultural política o económica que la instauración de una nueva imagen de un cierto humanismo criollo -y hasta ingenuo- iba a traer consigo, una posible centralidad en el ser humano, el desarrollo un país en paz y el rechazo a la violencia estructural con ribetes socialdemócratas, que se empezaba a esbozar por todo el mundo no alineado como llamaron en otras latitudes.

El ejército antes de 1948: Violencia, exclusión y desigualdad

Antes de su abolición, el ejército costarricense representaba una institución débil y lejos de las necesidades humanas de la población. Su limitado poder de fuego y su uso como aparato de represión en conflictos internos se alejaba de su objetivo de proteger a la ciudadanía. Más bien, contribuyó a perpetuar desigualdades y hacer añicos la confianza social en el Estado.

Durante la Guerra Civil de 1948, el ejército no respondió como un garante de estabilidad política, su existencia contribuyó a agudizar la división entre los sectores de la clase política en el poder y las aspiraciones de justicia democráticas del pueblo. Pero este periodo de crisis también representó que el cambio era posible. La abolición del ejército no solo fue una respuesta en medio de toda esta situación, fue la intencionalidad de algunos que quisieron aprovechar una oportunidad de sostener la voluntad política sin las armas y aprovechar para construir un Estado sin violencia, propiciando espacios para el desarrollo humano con mayor dignidad. Fue el “imperio de las circunstancias”.

La Resolución de la Abolición del Ejército: Un Acto de Humanismo Radical

No sólo el hecho de abolir el ejército en un Cuartel Bellavista significó un símbolo de liberarse de estructuras de poder no deseadas para Costa Rica; también abrió un camino que no es otra cosa que una orientación hacia un modelo social que priorizara el satisfacer necesidades de las personas en la toma de decisiones. Luego como todos los actos humanos se diluye en los juegos de poder de los sectores poderosos, porque “comida que no se vigila se quema en el camino…”.

Este acto no tuvo límites territoriales, sino que ofreció al mundo otra interpretación: las de la nación que opta por la diplomacia, el diálogo y por invertir en su población en desmedro de perpetuar la violencia estructural o represiva que imperaba en la década de los años 40 del siglo pasado.

En el contexto de la Guerra Fría nuestros países tenían referentes solo para que se armaran hasta los dientes. Costa Rica tomó una dirección opuesta: un acto con impronta de la valentía de la época, que reorientó la lógica del enemigo en las prioridades de la propia nación, apostando por el bienestar social.

Un Nuevo Modelo de Cultura: La Paz como parte del sentido de la identidad

La carencia de ejército devino en una parte de la identificación del pueblo costarricense, una manifestación palpable de la posibilidad de una resolución de los conflictos sin violencia. Este compromiso cultural asociado a la paz es una resonancia de las formas de humanismo, que rechaza la violencia como forma de relación y que hace propio de la esencia solidaria en el área social, hasta que las tendencias neoliberales toman el control de los gobiernos y de las perspectivas de una involución en el social que afecta muchas áreas de quehacer del Estado.

El orgullo que siente el costarricense por no poseer ejército, tiene su lugar en la lectura política del momento y en al menos 25 años posteriores, promoviendo un Estado que se empoderara hacia la igualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas; de esa forma Costa Rica se avizoró como una nación de algo que puede avanzar en posiciones de alguna forma humanistas, representando en varios momentos históricos que la paz no se trata de un ideal sino que es una dificultad a superar en la práctica pero posible.

Recursos para la Vida: Del Armamento al Bienestar

La eliminación del ejército permitió liberar recursos económicos y humanos que fueron incorporados a recursos vitales. Estas inversiones hicieron que Costa Rica pudiera implementar un modelo de desarrollo humano en el que se ejemplifican los principios del nuevo humanismo:

1. Salud: La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se estructuró como una de las instituciones del acceso universal a atención en salud humana digna e igualitaria.

2. Educación: Desde el aprendizaje de la lectura y la escritura y el acceso a la educación universal, hasta el empoderamiento de nuevas generaciones, ampliar oportunidades y crear una ciudadanía crítica y solidaria.

3. Vivienda y agua potable: Programas sociales que redujeron la desigualdad favoreciendo el respeto del derecho humano de tener un hogar y el acceso a recursos básicos.

4. Mitigación de la pobreza: Transferencias monetarias directas y programas de desarrollo social y comunitario que lograron cerrar las brechas sociales, contribuyendo a la igualdad.

5. Producción de energía: se da un paso adelante en la producción de nuevas energías a partir de la hidroeléctrica y telecomunicaciones para toda la población.

6. Inclusión social: El desarrollo de carreteras y acueductos lograron conectar arriba de todo a las comunidades más aisladas, alcanzando la cohesión social. Y un punto más,

7. El de la protección de la casa del ser humano: el desarrollo y articulación de una estrategia de protección del medio ambiente y base para el turismo de varios tipos, generadores de otro tipo de riqueza para varias generaciones.

Estas inversiones, de acuerdo con los valores solidarios transformaron el país, a través de la cooperación y el bienestar colectivo por encima de la competencia y la dominación. Una decisión que nos permitió construir un modelo de Estado, el cual se encuentra en crisis en la actualidad, pero fue una buena decisión al final.

Diplomacia y Derecho: Una respuesta no violenta de reparación de conflictos

Sin ejército, Costa Rica mostró que se puede encontrar una salida a las disputas internacionales sin recurrir a la violencia. Las disputas fronterizas, como la situación de la Isla Calero con Nicaragua, se resolvían por la vía del derecho internacional y las instancias diplomáticas, mostrando que la paz es una poderosa y efectiva herramienta poderosa y eficaz.

Esta perspectiva reafirma una ética de tipo no militar, que tiene mucho que ver con la ética humanista de priorizar la inversión social, educativa, en sanidad y calidad de vida, lo cual también nos va acercando a un tipo de humanismo y la cooperación solidaria, incluso en escenarios de conflicto.

Conclusión: Un Legado de una perspectiva Humanista para el Mundo

La abolición del ejército en Costa Rica no es solo un hecho histórico, se convierte en una declaración de principios que resuena con las proclamas del nuevo humanismo. Es un símbolo de que es posible construir sociedades más humanas y solidarias si destruimos las estructuras de violencia y redistribuimos la riqueza, el mismo concepto de bienestar.

Y hoy en día Costa Rica es un faro de esperanza para el mundo, una nación que evidencia que la paz y el desarrollo humano no solo son deseables, también son posibles, aunque obliguen a revisarlo de forma constante. Nuevamente “comida que no se vigila, se quema en el camino”

La enseñanza es clara: cuando el ser humano es el centro de las decisiones políticas, el futuro se llena de posibilidades.

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2024/12/la-abolicion-del-ejercito-en-costa-rica-un-hecho-humanista/