Si algo nos indicaban los resultados de las recientes elecciones municipales no era solo el arcoíris con el que se colorearán las municipalidades a partir de mayo próximo, sino cómo esa configuración política está expresando un rápido deslizamiento político ideológico del país hacia la derecha y al conservadurismo, por un lado, y al ensanchamiento de las brechas sociales, de las desigualdades y las exclusiones, y, quizás, de peligrosas fracturas territoriales, por el otro; sin que este resultado ni el rumbo en el resto de los escenarios políticos esté marcando ningún giro esperanzador para el futuro del país.
Ese resultado manifiesta la caída tendencial, de largo plazo, del bipartidismo histórico que marcó la alternancia entre Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, tanto a nivel nacional como provincial y local. De 84 alcaldías, juntos ganaron 49, o sea el 58 por ciento de los municipios. El PLN resultó ser el más castigado, pero el PUSC apenas logró hacer un reacomodo territorial de sus votos para alcanzar 5 alcaldías más que en 2020, pues en número de votos a nivel nacional no creció, sino que perdió más de un centenar de votos. Fue la aritmética local la que le ayudó.
Sin duda, en cada periodo electoral se producen reacomodos que pueden cambiar los mapas, algo parecido a la activación que se observa con los enjambres sísmicos. Pero en esos huecos que van dejando localmente los cambios de las hegemonías cacicales, no emergen salidas políticas que contengan respuestas esperanzadoras a los caldos de cultivo de la descomposición social, ni siquiera remaches a las fracturas y menos frenos al acercamiento acelerado a los abismos. Ni el PLN y mucho menos el PUSC escapan a la derechización política y al conservadurismo. Y las otras opciones que esperábamos más progresistas están estancadas o quizás también en caída.
Ese deslizamiento, casi sin freno, a un abismo de crisis ha sido causado por una intensa acumulación de tensiones sociales, de los cuales situaciones como el aumento de la desigualdad y de la pobreza, la delincuencia y la inseguridad, la desconfianza social en las instituciones son sus irrupciones en la superficie. Pero esa misma crisis expresa un deterioro de la conciencia cívica, de la crítica y de la rebeldía social frente al statu quo.
Nos falta preguntarnos sobre la (re) configuración territorial del poder y de la dominación en Costa Rica a partir del juego de fuerzas en la escala local. Para eso habrá que leer lo que ocultan las banderas que colorearán a cada municipalidad, pero también más allá y, sin caer en maniqueísmos ni determinismos, conjeturar un poco sobre el movimiento de las dinámicas locales. No hay leyes físicas para explicar esto y nos falta investigación social sobre esos escenarios.
También posiblemente las banderas nos dirán muy poco, sobre todo porque el abstencionismo tiene una oculta que no sabemos cómo colorear. Pese a que alcanzó el 68 por ciento, la estadística electoral en vez de colorearlo, lo sombrea bajo el sofisma de la poca conciencia y compromiso cívico de los abstencionistas. Los abstencionistas, creo yo, nos están diciendo otras cosas y quizás son evidentes, pero eso no estuvo ni está en la agenda de los partidos. Algunos apostaron por mantener el abstencionismo a raya y moverse dentro de círculos de electores manipulables.
Todo lo anterior es la expresión no de una sino de múltiples fracturas. Estamos viviendo sobre un enjambre socioterritorial que políticamente no se termina de acomodar, pero como en la sismografía se van acumulando tensiones y generando simultáneamente una liberación de energías que podría ser gradual o llevarnos a una catástrofe. También no podemos obviar que la cartografía política posiblemente esté expresando las distorsiones de la fragmentación derivada de la división territorial por cantones, cosa que no parece solucionarse en breve pues abundan caudillos locales con sueños imperiales y diputados que convierten la creación de nuevos cantones en moneda de cambio.
En fin, como mera especulación final agrego que quizás debamos seguir preparándonos para otros posibles nuevos remezones, la rebatiña que está protagonizando el refrito que nos gobierna apenas parece anunciarnos que todavía tendremos que ver mucho más de aquí a las próximas elecciones.
(*) Sociólogo, comunicador social e internacionalista.
Síntesis: La utilización del votante costarricense cada cierto tiempo por nuestras élites para legitimar el poder desencantó a los sufragantes en las pasadas elecciones municipales. Las comunidades parecieran que reclaman nuevas formas de participación democrática, responsabilizando de paso a tres partidos por el ambiente de narcotráfico, sicariatos, lavado de dinero y la descomposición generalizada del país.
I-. La fiesta democrática: Él bajó del BMW doble tracción, los aros del vehículo lucían relucientes, las llantas eran nuevas y sus múltiples banderas a los lados del automotor estaban colocadas con delicadeza y estratégicamente. El candidato a la alcaldía josefina parecía más un actor de cine clásico y no un postulante a la comuna más numerosa del país y más polémica por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencia, “puertas giratorias” etc. A su paso entre los presentes dejaba en el ambiente un aroma a madera fina, sugiriéndonos que estábamos frente a una figura conocedora de esencias francesas, propias para esparcir en una ocasión tan especial, presente solo cada cuatro años.
Lo innegable es que, bajar de un vehículo de alta gama siempre capta la atención, máxime sí quien baja del carro tiene consolidado el aire de “jefe” o “mando” conseguido solo con los años en un puesto y la experiencia alcanzada por los embates y polémicas superadas. Su camisa asedada a rayas verticales, sus anteojos oscuros – estilo francés -, zapatos negros de cuero de vaqueta; amén de la numerosa comitiva que le seguía dentro de cuatro “toyotonas” (yo conté veinte personas entre simpatizantes, agentes de seguridad, cimarrona y fotógrafo oficial bajando de esos carros, pero quien me acompañaba insiste que eran cuarenta), sin duda alguna nos refería hacia un postulante presidencial y no a una alcaldía.
Los votantes a esa hora de la tarde estaban animados por cumplir con su “sagrado” deber de sufragar en el llamado Colegio Nuevo (Liceo Edgar Cervantes) en Hatillo centro. Seguramente experimentaron en lo más profundo de su ser el “pedacito” de territorialidad con que nuestro Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) promocionó por radio, periódicos, tevé y redes sociales las elecciones municipales del cuatro de febrero reciente y la “fiesta de la democracia” costarricense.
La mujer candidata a la alcaldía, a quien de entrada daban como segura perdedora, ya había recorrido el sitio, eso sí, con un semblante de satisfacción por el deber cumplido, saludando gente con un vestido amarillo y acompañada de unas niñitas. Percibí que ella también disfrutaba como hacían quienes estaban fuera del colegio esta maravillosa “fiesta democrática” multicolores y llena de toldos de todos los tamaños, banderas, “guías”, pitoretazos, música parrandera etc.; todo encaminado a un mismo fin: ¡somos democracia carajo!
Sin embargo, el “otro” aspirante, encontró en la presunta corrupción dentro de la comuna josefina su caballo de batalla para “pelear” por la alcaldía y contra privilegios “recetados” con los dineros de todos los contribuyentes, según había denunciado. Como hijo pródigo echado de la casa por sus padres por “mal portado”, llegó a pie al colegio, no sin antes cargar una enorme bandera morada, que más parecía venía del estadio, aunque, a decir verdad, sacó bastantes aplausos entre los presentes; ignoro sí se debió a los saprissistas presentes allí identificados por los colores morados, o por leales a la agrupación surgida a pocas semanas antes de las elecciones municipales.
¡Nuestra democracia es bella!; me comentaba Marielos, la guanacasteca acompañante este día de elecciones, mientras nos dirigíamos de regreso a casa en su “raspa” Chevrolet de 800 c.c “made in Brazil”.
Retos enormes esperan a las autoridades municipales a partir del próximo 1 de mayo, si quieren combatir el abstencionismo (Foto: Semanario Universidad).
II-. Más dinero para la fiesta. Cuando el próximo primero de mayo los alcaldes, regidores y síndicos asuman por cuatro años sus puestos en sus respectivas jurisdicciones, posiblemente tratarán de encontrar el “frio debajo de las cobijas”, responsable de “resfriar” a casi siete de cada 10 votantes en dichos comicios municipales. “Indiferencia”,” desinterés”, “frialdad” –repita el nombre deseado acuñado por nuestros opinólogos – que se traduce en abstencionismo.
Obligados por los números y las mesas escrutadas, quienes desde la Constituyente de 1949 tuvieron carta blanca para convertir la democracia en auténticas “maquinarias electoreras”, no tienen ahora empacho alguno en reconocer como los partidos cantonales levantan su voz reclamando “sentido” de pertenencia. Unir las elecciones generales con las municipales, seguir “macheteando” el territorio inventando cantonatos, imponer multas a quien no vote, etc., son algunos de los paliativos desgranados contra el abstencionismo.
Sin embargo, la vieja práctica de listas de candidatos a munícipes, a diputaciones, a magistraturas, presidentes de la república etc., confeccionadas en las alturas de las élites, paradójicamente, pareciera que desde el inicio de la década de los ochenta golpeó con más dureza este “sentido de pertenencia” desprendido de los partidos políticos cuyos líderes se apropiaron del relato de “después de nosotros no hay democracia”.
Cuando, en realidad, la democracia como vivencia va más allá de la experiencia partidaria y, en el caso concreto de las comunidades, tiene que ver mucho con valores morales y éticos, identificación con los padecimientos comunitarios a raíz de las políticas neoliberales como la falta de agua, educación, habitación, desempleo, inseguridad; por encima de sí se es candidato a un puesto de elección popular por la condición de ser mujer o varón para llenar un requisito legal, tiene una cátedra, aspira en razón de edad, condición física o preferencia sexual.
Provincia
Total
Hombres
Mujeres
San José
1 170 818
569 124
601 694
Alajuela
700 531
352 544
347 987
Cartago
418 485
207 171
211 314
Heredia
365 583
179 076
186 507
Guanacaste
268 431
134 987
133 444
Puntarenas
342 368
174 257
168 111
Limón
304 591
155 488
149 103
Total
3 570 807
1 772 647
1 798 160
Fuente: TSE.
Las proyecciones del TSE siempre fueron que, en treinta seis de los ochenta y cuatro cantones, el partido político ganador de alcaldías en dos mil veinte, las perdió en los comicios de febrero de dos mil veinticuatro. Lo interesante, es que, de esas treinta y seis jurisdicciones, tres alcaldes llegan al puesto con un partido distinto del que se sirvieron en dos mil veinte.
Otro dato no menor es el de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), con el mayor número de intercambio de alcaldes electos entre sí, respecto a dos mil veinte. Ambos partidos, responsables del desmantelamiento del llamado “estado social” desde 1982 – durante ocho años, de 2014 a 2022, el PAC se unió a los dos primeros – pareciera tratan de regresar a sus fueros en 2026 con un discurso anti Ejecutivo, pero que en el fondo no es ninguna “oposición” a un “gobierno corporativo” concentrado y gerencial, siendo los tres partidos corresponsables directos para que el presidente Rodrigo Chaves siga la ruta por ellos trazada. ¿Quiénes iniciaron el relato del “derrame”? ¿Quienes promovieron el negocio de las empresas de seguridad privada como alternativa a la seguridad ciudadana? ¿Y la privatización de muelles, carreteras, educación, etc.? ¿Cuántos garrotazos fiscales recetaron a los trabajadores durante sus gobiernos?
Sí hay que reconocer, empero, a esta gente aglutinada alrededor de los tres partidos citados, como dejan a veces la sensación muy “creíble”, junto a unos pocos “progres”, de que ahora hay “oposición seria” a un gobierno “autoritario”, “arbitrario”, “machista” etc., como sí todo es cuestión del gobierno de turno. Es decir: usted vota por nosotros en 2026 y se terminó la sumisión al Fondo Monetario Internacional, a la comandante Laura Richardson del comando sur de los Estados Unidos, los ajustes fiscales serán cosas del pasado, la educación gratuita y obligatoria aquí está, hay comida tres veces al día como derecho humano para todos quienes habitan en el país, sí vota por nosotros. No hay un solo gobierno desde la firma del Primer Ajuste Estructural de la Economía (PAE 1) que no haya “garroteado” el bolsillo de los trabajadores, del campesino, negado derecho a los jóvenes a educarse o tener un salario digno, etc.
De esta manera, la pérdida del “sentido” de pertenencia a los partidos neoliberales configuró que agrupaciones, en algún momento ideológicamente autodefinidas socialdemócratas, “independientes” (del pueblo) y socialcristianos (esa era su estrategia contra el comunismo y el socialismo), obtuvieron las mismas “censuras” electorales, respectos a otros países de América Latina. La dicotomía ética y moral a esos partidos se traduce en la mayoría de nuestros países – el nuestro no escapa- en la responsabilidad histórica con que bajo sus gobiernos los narcotraficantes, el crimen organizado, el lavado de dinero, el sicariato y, la corrupción en general, montaron verdaderos “estados paralelos” desde México hasta la Patagonia.
De momento, nuestras elites, empeñadas en impulsar lo que, en algún momento el papa Francisco llamó, “capitalismo salvaje”, desde ya ven diversos escenarios para los comicios generales de 2026. No se trata ya de la defensa de principios contra todo injerencismo en los asuntos de otros países, la defensa del “bien común” como norte de nuestra sociedad y aspiración de convivencia social, entre otros postulados totalmente válidos en la democracia que se vislumbra en el orbe para los próximos 30 o 50 años, sino es de, “salvase quien pueda”. Esta es la alternativa única para Costa Rica ofrecida por los alumnos de Milei, quienes empiezan a vender su relato en la Asamblea Legislativa, la academia, redes sociales etc.
En el contexto de “censura” dejado por las recientes elecciones municipales, el excandidato presidencial, Antonio Álvarez Desanti, acaba de ofrecernos una “radiografía” de cómo nuestras élites se agitan mirando la proximidad de 2026. El también empresario bananero analizó en amplias declaraciones a La Nación el “descalabro” del PLN en las municipalidades y dijo: “Estamos hablando de una coalición para la próxima campaña, no estamos hablando de una coalición para toda la vida”, (La Nación, 13/2/2024, pág. 5).
III. Democracia, partidos y “lavanderías”: El pasado 9 de febrero no hubo medio de comunicación en México desinteresado en el salto dado por Francisco Cienfuegos, líder del corrupto Partido Revolucionario Institucional (PRI), a la asesoría de campaña de la candidata presidencial ultraconservadora, Xóchitl Gálvez, con efecto rebote en Costa Rica.
Cienfuegos fue diputado por el PRI antes de llegar a las tiendas de Gálvez, conocida ficha del Partido Acción Nacional (PAN), cuyos dos partidos durante más de treinta años saquearon a México, vendieron instituciones estatales y empresas públicas e hicieron de la inmoralidad una manera de vivir, ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Precisamente, a Cienfuegos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) empezó a investigarlo por miles de millones de pesos mexicanos, dólares y euros, supuestamente desviados a bancos de 15 países, en que, ya se hizo común, aparece Costa Rica.
UIF informó que abrió una investigación en contra del exdiputado quien es señalado por supuesto manejo irregular de recursos.
Bancos de países “paraísos fiscales” entre los que está Costa Rica recibieron dinero mexicano. (Imagen: Notiver).
Sin embargo, siendo justo, con financiamiento de todos los costarricenses, adelantado o atrasado, las “ayuditas” económicas a los partidos políticos mediante “donaciones” y otros mecanismos privados ni es nuevo ni acabará con comisiones especiales de la Asamblea Legislativa. Basta que usted no sea designado oficialmente candidato presidencial para recibir el dinero que quieran donarle para cuando sea candidato oficializado.
No obstante, el fenómeno del financiamiento privado a los partidos políticos, así como la relación que hacen con el narcotráfico y el lavado de dinero viene de vieja data.
Un jueves santo de 1985 el narcotraficante mexicano, Rafael “Caro” Quintero, así como su comitiva financiera, guardaespaldas y hasta su novia, pasaron por el aeropuerto como “Pedro por su casa”. Casi de inmediato compraron inmuebles de lujoso, cuyo dinero procedente, obviamente, de las drogas, a nadie se le ocurrió calificar de blanqueo o “lavandería”.
“El Narco de narcos” vivió una vida de lujos durante tres semanas en suelo tico luego del vuelo directo durante siete horas de México –San José y un costo de cerca de $ 10.000.(La Nación 15/7/2022).
¿Por qué sí, ¿Quintero a esa fecha en su natal México no tenía la mejor reputación, no tuvo mayores problemas migratorios en San José? Es evidente que ello no ocurriría porque ya existía algún grado de coordinación en Costa Rica, en alguna alta esfera. ¿Qué relación había con antelación entre los propietarios de los bienes vendidos a Quintero, así como con los profesionales que aconsejaron al visitante invertir aquí en casas y tierra, junto a quienes tramitaron los traspasos de los inmuebles? ¿A qué banco transfirió dinero Quintero para cerrar sus negocios? ¿había hecho Quintero transferencias a ese o esos bancos, o fue la primera vez? Y la pregunta del millón: ¿Por qué su expulsión del pais se hizo en tiempo récord? Nadie protestó ni acudió a la vía judicial por tan extraña expulsión.
Una firma, denominada Ocean Hunter, según el periódico “Tiempo” de Colombia, con problemas por drogas, en 1985, había financiado con $ 20.000 la campaña electoral de quien aspiraba a la presidencia de la república de nuestro país. El donativo, reseñó el periódico en su edición electrónica del 2 de febrero del 1992, al ser las 12:00 horas, habría ocurrido durante un viaje del político costarricense a Miami, La Florida. (Fuente: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-26636.
Otra perla: ¿Qué autoridad o quiénes en Puntarenas, permitieron a alguien señalado como jefe de una poderosa banda de narcotraficantes que se adueñara de muelles en Puntarenas, a vista y paciencia de todo mundo, para mandar cocaína a USA, México y Guatemala?
Según La Nación, este supuesto empresario de la pesca se conocía en la zona como Antorcha y se adueñó de dos muelles en Fray Casiano y El Roble de Puntarenas para trasegar cocaína entre suelo suramericano, Costa Rica, Guatemala, México y Estados Unidos. Simulaba intervenir en la actividad pesquera y, junto con otros sujetos, reclutaba a pescadores para el traslado de droga. (https://www.nacion.com/sucesos/narcotrafico/policia-detiene-a-siete-personas-ligadas-a-banda/FVD5RLBIIRCOPANL3QNMF7NDNA/story/).
Son informaciones públicas y notorias de cómo el narcotráfico no pierde el tiempo para intentar infiltrar alcaldías, municipalidades, gente y aprende rápido a “blanquear”, “lavar” y otros oficios sumamente dignos en otros tiempos.
¿O existe “generación espontánea” en materia de narcotráfico y sicariato?
IV. Desde la óptica de los trabajadores.
Miles de agricultores en el “jardín” de Borrel luchando en Francia, España, Bélgica, Alemania, Polonia etc., para sobrevivir ante la vorágine del mercado globalizado; en África un creciente número de países resistiendo el nuevo proceso de “recolonización” proveniente de sus antiguas naciones “protectoras”, mientras en América Latina millones de trabajadores y trabajadoras con tres y más décadas tienen sus salarios congelados, están sin vivienda, fueron despojados del derecho a la salud, a la educación y pende sobre ellos la amenaza de la cárcel si protestan. Es el decorado innegable del supuesto “desarrollo” del neoliberalismo, que no es “neutral” y pertenece a un nuevo modelo de producción esclavizante.
Como escribió la investigadora y economista, Zoe Medina Valdés, en un brillante ensayo en la revista “Red en defensa de la humanidad”: “las teorías del desarrollo han sido difundidas en un contexto globalizado, altamente ideologizado, con un elevadísimo grado de monopolización en casi todas las esferas de la vida humana. En este marco se ha promovido un pensamiento homogenizante que facilita la dominación imperialista, en la medida que convoca a todos los países a encauzarse hacia un mayor nivel de desarrollo, independientemente de las grandes brechas existentes a nivel internacional» (Fuente: “Globalización y problemas del desarrollo”).
Para los trabajadores, no importa el sitio donde hayan nacido, es el momento de aportar proyectos realistas de participación en todos los ámbitos de sus sociedades y comunidades, tendientes a recuperar la historia y la dignidad de sus pueblos, por eso son peligrosos y pasan de ser víctimas del modelo a victimarios de quienes, supuestamente, no esclavizan, sino quieren “desarrollarnos”.
Ya no se trata, pues, como décadas atrás, de “respuestas contestarías”, “resistencias”, en espera de la aparición de un “salvador”. Ahora, la necesidad urgente es, incorporar estudiantes, obreros, pensionados, amas de casas, profesionales, intelectuales y campesinos, entre otros, a un proyecto alternativo de verdadera participación democrática, defendiendo la paz, la ro injerencia en los asuntos de los demás y convivencia humana y creíble. En pocas palabras: convocar a desideologizar un proyecto económico-político unipolar, autoritario y esclavizante, al servicio del creciente nazi-fascismo en todos nuestros países, del que no escapa Costa Rica, aunque nos tapemos los ojos. Precisamente nazismo y fascismo actúan como brazo político del actual modelo de “desarrollo” en las peores causas, con tal de perpetuarse a sangre y fuego, sin importar el holocausto de niños, mujeres o ancianos.
Por tanto, en el contexto actual, resulta positivo, que ya no se trate, de sí hay crisis en la socialdemocracia, no interpretan bien las encíclicas cristianas, sí usted es socialista, comunista, pentecostal etc. No. El asunto es más profundo, y es si, se desencantó por el agonizante viejo orden unipolar y expresó su desinterés en las elecciones de su comunidad, acuda al llamado del mundo que se abre paso frente a nuestras narices y lo vemos todos los días en las bases del barrio. Es el pasado frente al futuro, la inmoralidad asustadiza huyendo de la moral que rescata la dignidad de la persona, a fin de levantar el puente, la escuela cayéndose, la gente del pueblo viviendo en la calle, porque descubres que al capitalismo rapaz le importa un bledo estos ciudadanos.
Lleva razón el analista del Centro Popular Costarricense de Estudios Sociales y el Círculo Bolivariano Yamileth López, Oscar Barrantes Rodríguez, cuando en un amplio artículo en enero de 2024, planteó: “Vivimos los momentos cruciales del cambio de época. La transición y abolición de un mundo lóbrego y sumido en el dolor de la expoliación colonial, neocolonial e imperial – globalista. Del unipolarismo y exclusivismo racial – clasista del poder, al multipolarismo universal y sostenible, apuntalado en relaciones entre los pueblos de respeto e igualdad soberana”.
En esta línea de trabajo, el exvicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, planteó que «Para derrotar a la ultraderecha, las izquierdas deben ser radicales».
Álvaro García Linera, Buenos Aires, 2020. (Ariel Feldman).
Está claro que esa inestable oscuridad es el momento para la entrada en escena de las ultraderechas más monstruosas que, en cierta medida, son consecuencia de los límites del progresismo. En la nueva etapa, Linera plantea que el progresismo debe apostar por una mayor audacia para, por un lado, responder con responsabilidad histórica a las demandas profundas que se encuentran en la base de la adhesión popular y, por otro, neutralizar los cantos de sirena de las nuevas derechas. Esto implica avanzar en reformas profundas sobre la propiedad, los impuestos, la justicia social, la distribución de la riqueza y la recuperación de los recursos comunes en favor de la sociedad. Sólo así, empezando por resolver las demandas económicas más básicas de la sociedad y avanzando en una democratización real, plantea Linera, se podrá volver a confinar a las ultraderechas a sus nichos. ( Fuente: https://surcosdigital.com/para-derrotar-a-la-ultraderecha-las-izquierdas-deben-ser-radicales/).
Queda patentizado, por otra parte, como en América Latina, la” aspiración democrática”, sintetizada en elecciones como las conocemos y practicamos (desde un aspirante a síndico, pasando por alcaldías, diputaciones o gobernantes) pasa por algo que nuestras oligarquías encargan y entrenan a sus altas y medias burguesías: el acceso directo de los dineros del pueblo como “poder” absoluto para su “administración”.
Las “rendiciones de cuentas” de estos clanes son escasas, “maquilladas” o simplemente basadas en el MIM latinoamericano del que forma parte el grueso de nuestras clases políticas: Miedo, ignorancia y mentiras. Sí no callas, no mantienes en la gente en el error y no mientes, olvídate de tu feudo, tu pensión de lujo, del salario sobre salario, las bonificaciones, los ascensos, becas al exterior, la diputación, el carro con chofer, gasolina pagada por otros… Serás escoria.
La crisis en nuestras sociedades, decía un día de estos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “es de autoridad moral”. Cómo un conservador (refiriéndose a los neoliberales) que facilitó a otros o él participó en el saqueo del país y hacía creer que sí aumentábamos salarios no creceríamos económicamente, tiene ahora moral para luchar contra la corrupción, sí ellos eran los corruptos sostenidos con el dinero del pueblo.
Elecciones municipales todo un campanazo desde 1949.
*Estudios en geopolítica y petróleo por la U del Zulia, periodista, abogado y notario por la U.C.R.
Se sigue insistiendo en crear más cantones por parte de los diputados. Cuando se propone un nuevo cantón se hace sobre la base de un distrito que pertenece a un cantón, que se quiere independizarlo y darle fisonomía propia, como cantón. Ello significa una segmentación del cantón, con los efectos negativos que tiene para el mismo, y su municipalidad, como ente administrador, junto con su alcaldía. Se le reduce territorio, se le resta recaudación de impuestos y de ingresos por las actividades productivas, o turísticas, que muchos distritos y cantones tienen; se generan nuevas opciones y problemas alrededor de la prestación de servicios públicos cantonales, como la base económica necesaria de arranque para el nuevo cantón donde tienen que asumirse esos gastos municipales.
Los nuevos cantones exigen, de igual manera, un presupuesto especial porque requieren construir instalaciones propias del Concejo Municipal y de las alcaldías que les correspondería, con la contratación de personal, que le sería también necesario a cada uno de estos nuevos cantones, con sus respectivas municipalidades, porque estarían empezando desde cero.
En el picadillo cantonal que están haciendo los diputados no toman en cuenta las normas legales que existen para crear cantones, como es la Ley de la división Administrativa de la República, que señala los pasos para la creación de cantones, entre ellos un mínimo de población, equivalente al 1% de la población nacional, que sería una cifra aproximada a los 50.000 habitantes. Se han creado cantones que tienen 5.000 habitantes.
En 1848 se creó la división territorial de Costa Rica, con provincias, cantones y distritos. En aquel momento se establecieron solo 5 provincias, San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste. Puntarenas y Limón se desarrollaron primero como Comarcas y, luego, como Provincias, proceso que culminó en 1909.
En la Administración de Alfredo González Flores, 1914-1917, los distritos de Lepanto, Cóbano y Paquera, ubicados en la Península de Nicoya, se agregaron al cantón de Puntarenas, distritos que ahora se quieren convertir en cantones, cada uno de ellos, de la Provincia de Puntarenas.
Desde 1848 hasta 1980 se fueron segregando, al interior de las provincias, sus cantones para crear nuevos cantones. Así llegamos en 1980 a 81 cantones, cuando se creó el cantón de Garabito. Desde el 2017, en estos últimos siete años, se han creado 4 cantones, Río Cuarto, en el 2017, separado del cantón de Grecia; Monteverde, en el 2021, separado del cantón de Puntarenas; Puerto Jiménez, en el 2022, separado del cantón de Golfito y, en trámite positivo, en estos días, en la Asamblea Legislativa, de separación del cantón Abangares el nuevo cantón de Colorado.
En el picadillo nacional, que quieren los diputados, están en trámite, de proyectos de ley, de creación los siguientes nuevos cantones: San Rafael de Alajuela, que se le daría el nombre de Cantón de Ojo de Agua; el de Peñas Blancas, que se segregaría del cantón de San Ramón; el de Jicaral, de Puntarenas, el de Cóbano y el de Lepanto, ambos de la provincia de Puntarenas, y el de Tucurrique, que se segregaría del cantón Jiménez, de la provincia de Cartago.
Pareciera que los diputados no consultan al Instituto Nacional de la Estadística y Censos, al Ministerio de Planificación Nacional, a la Comisión Nacional de División Administrativa, así como también podría consultarse a las Escuelas de Geología y Geografía, de la Universidad de Costa Rica, y de la Universidad Nacional, que podrían dar sus aportes en este sentido.
Los mini cantones que están en trámite son iniciativas de diputados que parten básicamente del criterio de que las municipalidades no atienden debidamente las necesidades de los distritos, que se quieren segregar como cantones, lo que evidencia realmente una mala administración municipal, que puede corregirse, con una mejor coordinación, con voluntad política, al interior de los Concejos Municipales y las Alcaldías.
En algunos de estos casos los distritos, que se propone crear como cantones, tienen Intendencias y Concejos distritales, como autoridades superiores del Distrito, que son también minúsculos órganos de poder político, que tienen representación popular. Las Intendencias tienen autonomía financiera y capacidad para gestionar recursos públicos. Estas Intendencias, generalmente, las pocas que existen, siete en el país, tienen problemas presupuestarios y de gestión con las municipalidades a las que pertenecen.
La tendencia de los diputados, por ahora, es convertir las Intendencias en cantones. La creación de cantones es potestad de la Asamblea Legislativa. Al interior de ella se necesita un acuerdo de al menos 38 diputados para crearlos.
Recientemente, de manera pública, la Ministra de Planificación, Laura Fernández, ha llamado la atención sobre esta partición del territorio nacional, preocupación que comparto. Para ella, con reformas parciales a la legislación municipal se resolverían problemas que se aducen para impulsar los nuevos Cantones.
De seguir así, ¿hasta dónde vamos a llegar en esta partición territorial?
Hay que abrir un gran debate nacional sobre la Planificación y la División Territorial del país. En esta discusión hay que considerar la necesidad de dividir provincias, para crear nuevas provincias, más que para crear nuevos cantones. Hay regiones provinciales que requieren una mejor definición territorial, que no implicaría crear estructuras de gobierno provincial, como sí se necesita cuando se crea un nuevo cantón.
En la Planificación Nacional hay seis regiones socioeconómicas. En época del Presidente Daniel Oduber, 1974-1978, se habían establecido otras regiones: Central, Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur, Atlántica y Norte. La Región Central, a su vez, algunos la dividen en Central Norte, Central Occidental, Central Oriental y Central Sur.
En el gobierno de Rodrigo Carazo, 1978-1982, se estableció la regionalización, propia del Ministerio de Economía: Brunca, Huetar Atlántico, Huetar Norte, Pacífico Central y Chorotega. La Región Pacífico Central que fue absorbida por la Región Central y se establecieron 22 subregiones.
En el gobierno de Luis Alberto Monge, 1982-1986, se recuperó la Región Pacífico Central y se eliminaron las 22 subregiones con sus respectivos consejos subregionales, división que se mantiene hasta el presente.
El gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier estableció como regiones a las provincias de Heredia y Cartago, que luego fueron eliminadas.
Estas regiones se hicieron considerando criterios de desarrollo y social, así como factores políticos, sociales y económicas. En cada una de estas regiones se comprendieron cantones de diferentes provincias. Del mismo modo, los ministerios tienen sus propias divisiones regionales. Así, por ejemplo, el de Educación tiene 33 direcciones regionales; el de Salud tiene 27 direcciones regionales; el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene 11 direcciones regionales.
El desarrollo de las regiones, en la Administración Pública del país, supuso que las provincias eran anacrónicas, por las deficiencias de comunicaciones, transportes y por las necesidades de la economía de base agropecuaria, y por la desigualdad cantonal existente. La regionalización actual obedece a estudios y criterios geográficos, de geofísica y socioeconómicos.
Hoy las provincias no tienen autoridades provinciales como existieron hasta 1998, con los Gobernadores y las Gobernaciones provinciales. Una redefinición territorial, con nuevas provincias, no exigiría crear, de nuevo, las gobernaciones y establecer a los Gobernadores.
Los efectos prácticos de una nueva redefinición provincial sí podría mejorar la representación popular en la Asamblea Legislativa, y responder mejor a las regiones que la realidad ha impuesto, como las Zonas Económicas Especiales, que plantean mejores estrategias de desarrollo económico, que les dan más dinamismo a esas regiones ya establecidas. En este sentido se han señalado zonas especiales cómo la del Norte, desde San Carlos hasta Upala y Los Chiles; la del Sur, con los cantones de Golfito, Osa, Buenos Aires, Coto Brus y Corredores. La región de Pérez Zeledón y cantones aledaños podrían constituir una nueva provincia; Puntarenas podría dividirse en la parte central norte y central sur de la Provincia; Guanacaste, aparte de algunas particularidades podría comprender los cantones de la llanura y los cantones de la altura guanacasteca. Con Limón se podría proceder igual, considerando los cantones no costeros. Cito estos casos por poner ejemplos.
Creando más mini cantones hay que ponerle más atención, a la propuesta que he venido planteando, de que al interior de las provincias, se establezca por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, potestad y capacidad que tiene por su propia ley constitutiva, regiones de población, que permita electoralmente, a cada una de estas regiones internas, elegir sus propios diputados dentro de la cuota de diputados provinciales que le corresponde a cada provincia. Así se daría una mejor representación política y ciudadana y una más efectiva representación popular. Mejoraría el interés de elección de diputados al interior de cada provincia, y se acercaría más el diputado a sus respectivos votantes.
La distribución regional de los diputados provinciales fortalecería el régimen de partidos políticos, impulsaría el fortalecimiento real de liderazgos y disminuiría, sin dudas, el abstencionismo. Los partidos que a nivel provincial participen fortalecerían sus presencias. Los partidos nacionales se obligarían a escoger mejor sus candidatos a diputados. Las organizaciones sociales y los grupos productores, de los diversos cantones, también pondrían más atención en la postulación que se haga de candidatos regionales, como igual interés pondrían asociaciones de diverso tipo, cooperativas, sindicatos, asociaciones sociales, culturales, feministas, ecologistas etc.
El Tribunal Supremo de Elecciones puede acordar esta nueva forma de elegir los diputados. Tiene la potestad y capacidad legal sin cambiar la Constitución Política para hacerlo. De asumir este liderazgo institucional tiene que hacerlo pronto, porque debe definirse esta forma de elección antes del 1 de enero próximo, del 2025, solo faltan 10 meses, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones haga público el calendario electoral desde el 1 de enero del 2025 hasta el 4 de abril del año 2026, en el supuesto que hay una segunda ronda electoral ese año.
No tendría razón alguna el Tribunal Supremo de Elecciones para no impulsar una reforma como ésta que enriquecería y fortalecería el proceso electoral y democrático. Contra ella solo podría operar el conservadurismo político, las presiones políticas de los partidos políticos, principalmente tradicionales, porque dentro de ellos operarían grupos que controlan, esos partidos, a modo de “sindicatos” o de “mafias políticas” que desearían seguir controlando la selección y posible elección de postulantes a diputados, cuando al interior de estos partidos han desaparecido o se han debilitado, en la toma de decisiones, los organismos superiores de los partidos.
Los concejos municipales, como en el caso de las alcaldías, continuarán siendo feudos dominados en la mayor parte de los cantones del país por el bipartidismo, pero el ascenso de neoliberales y conservadores, junto a la caída de los partidos progresistas y de izquierda, y a la par sin duda de la barrida hecha por el abstencionismo, nos debe alertar sobre algo muy peligroso que comienza a pasar en esta democracia tropical.
La regla del bipartidismo se rompió en aquellos cantones en que otros partidos nacionales, provinciales o locales les disputaron a Liberación Nacional (PLN) y a la Unidad Socialcristiana (PUSC) esa hegemonía. Todo eso matizado o más bien empañado por el elevado abstencionismo que fue de 68,2% lo que convierte a cualquier triunfo en un pírrico resultado con más daño a la democracia que a los adversarios.
La geografía electoral continúa mostrando la reproducción de redes de poder locales, tanto en las zonas urbanas como rurales, basadas en el clientelismo, en relaciones de lealtad y de protección propias de contextos feudales y de servidumbre, y eso fue lo que le permitió a una serie de caciques y apostadores locales lograr una regiduría.
Aunque ganó la mayor cantidad de alcaldías, el PLN sacó casi 60 mil votos menos pare regidores que en 2020, una caída del 23% o de casi una cuarta parte de sus votos. Aunque el PUSC ganó una cantidad mayor de alcaldías también respecto de la elección anterior, perdió casi 7 mil votos para regidores, no le fue tan mal, pero eso no es para alegrarnos porque la versión del PUSC que se levanta de sus cenizas es la más neoliberal de toda su historia.
Los vacíos de poder local están siendo llenados por el neoliberalismo y el conservadurismo, la versión light del viejo Movimiento Libertario, Unidos Podemos, fue la que más avanzó, gracias eso si al derroche de recursos y al manejo de una campaña convertida en el negocio del clientelismo. El Liberal Progresista fue el que más creció pues pasó de casi 5000 votos a más de 67500 en estas elecciones y colocó una buena cantidad de regidores y concejales.
En los virajes de estas elecciones, con menos votos se colaron los evangélicos de Nueva República que perdió casi 15 mil votos y Nueva Generación que reclutó de todo no solo en términos generacionales y recibió unos 10.500 votos menos. Pero no es para nada un dato sin cuidado que dos partidos vinculados o exvinculados al chavismo, como el Social Democrático y Aquí Costa Rica Manda, sacaran cada uno respectivamente 50 297 y 38 258. Por separado juntaron 88 555 votos, más que la cantidad lograda por Unidos Podemos. La crisis de Liberación le está abriendo las puertas al fortalecimiento de las derechas.
Los peores resultados de un partido nacional de reconocida trayectoria se reflejan en el desempeño del Frente Amplio. Si bien logró obtener una simbólica alcaldía en León Cortés Castro, un antiguo bastión liberacionista, el panorama a nivel nacional muestra que, aunque no perdió demasiados votos, tampoco creció según las expectativas que despertaba la imagen pública de su bancada en la Asamblea Legislativa. El contexto político ideológico no es el más favorable a las opciones progresistas, quien crea lo contrario está viviendo otra realidad. Eso requiere entonces revisar muy seriamente la conducción de cualquier propuesta política.
Por eso es importante valorar las estrategias políticas mediante las cuales esa organización y otras fuerzas progresistas encararon estas elecciones. El Frente Amplio no tuvo participación en una gran cantidad de cantones, en otros lo hizo en coalición, pero en algunos se produjeron fracturas en las coaliciones en las que había participado esta organización. Al parecer la política parlamentaria no parece ser el espacio suficiente y necesario para impulsar un proyecto progresista.
Estas elecciones parecen demostrar que el sentido común neoliberal le ha dado frutos a las derechas, mientras que para las alternativas progresistas las cosas podrían haber sido o podrían ser peor en el futuro si no hay un cambio de actitud, de acciones y no nos dejamos de tanta narrativas seudo-renovadoras.
En la mañana asistí a votar al Instituto de Alajuela en donde tuve oportunidad de compartir con ex compañeros de escuela y del colegio, amigos que no veo a menudo.
Vi a muchos jóvenes sirviendo de guías, pero ninguno votando. Me entristece el abstencionismo del 68% y la falta de interés de los jóvenes en temas vitales nacionales.
Me sorprende los resultados locales en donde ganó el partido que expulsó a su candidato quien se postuló por otro partido y nombró a otro candidato. Tres partidos obtuvieron casi el mismo porcentaje de votos. Veo por primera vez a la Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones quejándose de los ataques que recibieron y de la injerencia política de autoridades que no debieron tener ninguna.
El partido del que soy cofundador no obtuvo ningún puesto al igual que en las elecciones presidenciales en las cuales por primera vez voté por el candidato de Liberación al considerar al otro desconocido muy peligroso. Muchos de mis copartidarios se abstuvieron de votar ayudando tristemente a que ganara el actual presidente. Esta vez, muchos de ellos votaron por el candidato de Renovemos Alajuela, en mi opinión el mejor de todos.
Me parece que nos falta mucho pragmatismo pues de no ser por la bancada de Liberación, el peligroso presidente estaría libre para consolidar sus nefastos proyectos como vender la Caja.
Hablando de mi partido, un mea culpa pues creo que nos faltó madurez al no apoyar algunos proyectos de la presidenta Chinchilla como la carretera a San Ramón, donde el contrato era legal según algunos conocedores que lo estudiaron. Su propuesta de Reforma Fiscal no era perfecta pero sí perfectible y nos hubiera evitado muchos problemas.
¿Qué sucederá en las próximas elecciones? Me parece que las coaliciones verdaderas con personas afines desde la ética y pensamiento político son la alternativa.
Sin pena ni gloria transcurrieron las elecciones municipales, embrión histórico de la democracia, con un abstencionismo de casi el 70% a nivel nacional. Goicoechea tuvo uno de los más altos índices: el 76.7%.
Este abstencionismo se ve agravado por la gran cantidad de votos nulos y en blanco que depositaron en las urnas los electores. Ahora todos se preguntan sobre las razones “misteriosas” de este fenómeno, que no estuvo tan lejos de lo ocurrido en las elecciones para presidente y diputados del 2022.
La razón de esta respuesta popular a los procesos eleccionarios se encuentra, muy fácilmente, en la desconfianza hacia los partidos políticos y sus candidatos, los que han demostrado ser instrumentos de dominación, condicionamiento y factor de enriquecimiento para unos pocos, quienes delinquen descaradamente sin que haya castigo alguno para ellos.
Lo ocurrido en la Municipalidad de San José y en la de Limón, son dos casos que enturbian el quehacer municipal y cambian los resultados finales. Estar en los grupos de poder político se empareja a estar con las clases más adineradas y se llega al poder no para servir, sino para servirse.
Nos han metido en la cabeza que el sistema electoral costarricense es un ejemplo en toda América y que esto es sinónimo de una democracia ejemplar, restringiendo el concepto de “democracia” a la posibilidad que tienen los partidos políticos para llamarnos a votar y olvidarse muy pronto de sus promesas electoreras.
Ya la gente no acata este llamado como “ganado al matadero” y se adquiere conciencia del engaño y, entonces, la respuesta es no votar, porque no ven en los partidos una opción real de cambio y solución a sus necesidades más sentidas.
Se ha puesto de moda que ya no se vota por un partido político, sino por determinadas figuras políticas que llegan a cautivar al elector, tal el caso de la forma en que se eligió al presidente Chaves. Hasta ahora las clases dominantes han tenido el control total y absoluto de los procesos electorales y sus resultados.
Hoy las figuras más descollantes en la esfera económica, no se valen de los políticos de oficio para que los representen, sino que lo hacen de manera directa, invirtiendo enormes sumas de dinero que, para ellos no es un gasto, sino una inversión, sean del partido político que sean, al final todos se ponen de acuerdo para repartirse el botín y sus intereses siguen cuidadosamente asegurados.
En las comunidades, los más importantes problemas y necesidades se mantienen intactos. Los presupuestos municipales siguen empleándose, mayoritariamente, en el pago de planillas y muy poco se destina al desarrollo social de las comunidades. Como vecino del cantón de Goicoechea, percibo y vivo las malas prácticas de la mayoría de los municipios del país.
A los vecinos sólo se les convoca para ejercer el voto, luego de esto, se les mantiene lo más alejados posible, no se les incorpora en el trabajo de comisiones, celebran sesiones ocasionalmente en algunos distrititos y a los vecinos se les permite hablar por escasos tres minutos, aplicando un reglamento interno de debates que es la mayor muestra de la antidemocracia; lo que importa es dar esa falsa imagen de participativos, pero aplicando la “ley mordaza”, porque el presidente del Concejo quiere dar muestras de un “buen manejo de los debates” y, como lo que les preocupa es el pago de sus jugosas dietas, todos se apresuran para irse pronto a casa y, los asuntos, mal atendidos, se dejan para dar respuestas después.
Las posibilidades de participación ciudadana que da la legislación son ignoradas sistemáticamente y se rehúsan a convocar a cabildos, plebiscitos o referéndums. Siendo las municipalidades el bastión de la democracia, son convertidas en entes formales y burocráticos, que muy poco hacen por ser un factor de cambio positivo en el país.
Por sólo mencionar uno, la recolección de basuras se ha convertido en un gran problema que atenta contra la salud de la población, cada vez son más los basureros que afloran por todas partes y la municipalidad, lo que hace, es mandar camiones a recogerlos, incentivando de esta manera esta práctica, lejos de entrar en un análisis serio de la problemática y a encontrar las soluciones adecuadas y oportunas.
El caso del cobro de multas ante estas infracciones no se ha aplicado nunca y el director de saneamiento ambiental dice que es muy complicado señalar a los infractores y que estos casos se deben llevar a la Corte, cuando su trámite es administrativo en la institución; eso dice y eso hace y nadie corrige esta negligencia.
A nivel administrativo, las municipalidades tienen mucho que superar, por ejemplo, para hacer un pago, no se tienen los bancos suficientes para ello, hay trámites que se podrían hacer digitalmente y al usuario lo obligan a apersonarse a hacer filas que son un atraso. Llamar telefónicamente es una odisea y las otras alternativas de comunicación son insuficientes y deficientes.
Estas son algunas de las razones que provocan en la ciudadanía un gran desencanto y prefieren quedarse un domingo, viendo tele y compartiendo con la familia.
El domingo 4 de febrero, obedeciendo normas constitucionales, se celebrarán elecciones a fin de elegir las autoridades que habrán de regir los gobiernos locales por los próximos cuatro años. El que las elecciones municipales se hayan separado de las elecciones generales y se lleven a cabo dos años después de las nacionales, debe ser considerado como un avance en el ejercicio de la democracia en nuestro país; las municipalidades se independizan de los partidos nacionales, especialmente de los tradicionales, con el consiguiente debilitamiento de los mismos, lo cual, en mi opinión, no es bueno para la democracia representativa tal como se practica tradicionalmente en nuestro país y que se nutre de los partidos políticos. Esto explica el crecimiento exponencial de los partidos locales en las elecciones municipales; el electorado no cree mucho en los partidos nacionales, si bien, hasta el presente, el partido tradicional por excelencia del país, porque lo ha hegemonizado desde que emergió como consecuencia de la Guerra Civil de 1948, el Partido Liberación Nacional, sigue manteniendo el control de la gran mayoría de las municipalidades del país… hasta ahora, veremos lo que pasará el 4 de febrero. El hecho de que pululen los partidos locales demuestra que el costarricense considera la democracia tan sólo desde el aspecto cuantitativo – el derecho que todo el mundo participe no importa quién sea – se ve facilitado por la legislación actual, pero va en detrimento del aspecto cualitativo; lo cual podría representar no un avance, sino un retroceso en la democracia. La democracia es el sistema político en el cual se prioriza lo cualitativo sobre lo cuantitativo, en virtud de lo cual deben gobernar los mejores gracias a sus probadas cualidades cívicas. Cuando lo cuantitativo priva en un régimen político, el peligro de que los peores ganen es real y muy grave; baste con ver lo que sucedió en la Alemania de los 30s del siglo pasado, en donde las hordas nazis fueron masivamente apoyadas por el pueblo alemán hasta el suicidio del Führer; y, para no ir muy lejos en el espacio y en el tiempo, eso fue lo que pasó en el Brasil de Bolsonaro y está pasando en la Argentina de Milei… En Costa Rica la amenaza actual a la democracia es la eventual influencia del dinero de origen oscuro en el surgimiento y propaganda de tantos y tantos partidos; el TSE llamó la atención al respecto; la opinión pública y la Asamblea Legislativa deben estar vigilantes; no olvidemos que en la Zona Sur hace algún tiempo hubo acusaciones en ese sentido.
Los gobiernos municipales son la manifestación de la primera y fresca expresión de la democracia, las municipalidades son el poder popular en su ejercicio cotidiano, están presentes en nuestra vida de todos los días, en todos y cada uno de los detalles que componen el tejido de nuestra vida cotidiana: recoger la basura frente a nuestra casa, mantener la vigilancia en cada calle, barrio por barrio, mantener las zonas verdes donde ancianos y niños se recrean, etc., etc. Las autoridades locales son democráticamente elegidas de entre los miembros de nuestras comunidades, allí donde todo el mundo conoce a todo el mundo y todo el mundo suele ser pariente y amigo o enemigo de todo el mundo, donde la vida privada no existe porque todo el mundo conoce las costumbres de todo el mundo y se entera de manera informal (chismes) de la vida de todo el mundo, lo cual se debe en buena medida a que no existe el anonimato ni la soledad. Todo lo cual trae aparejado el peligro de que se incurra en el delito tipificado como “tráfico de influencias” que, en el caso de las elecciones municipales, se traduce en que la gente vota no por un partido ni menos por un programa, sino influenciado por el parentesco, la amistad o enemistad personales o, simplemente, por la buena o mala fama proveniente de la información informal (chismes), olvidándose de que en la política no deben existir ni los parientes ni los amigos, sino que debemos regirnos tan sólo por la valoración de las aptitudes prácticas y virtudes cívicas mostradas por los candidatos; cualquier otra consideración debe ser considerada como corruptela personal y actitud contraria a los principios básicos de una democracia real. Otra amenaza a la democracia es el abultado abstencionismo; 30% o menos de participación en las elecciones hace que el poder popular desde sus inicios dé muestras de una gran debilidad, pues la inmensa mayoría no se ve representada en esas autoridades, aunque por general les profesan aprecio porque los conocen; lo dicho se ve reflejado en el hecho de que, según las encuestas, la inmensa mayoría de los ciudadanos se muestra satisfecha con los autoridades actuales.
No quisiera terminar estas reflexiones en torno al certamen electoral actualmente en marcha, sin aludir al gran ausente de las elecciones locales desde hace varias décadas; me refiero a la ausencia de gobernadores de provincias (estados, departamentos), cuando en casi todos los países del mundo esta elección es la más importante porque inclina la balanza del poder central; en los grandes países los gobernadores son príncipes. En Costa Rica nadie lo reciente, lo cual demuestra que la división del país en provincias es obsoleta e inoperante; sólo sirve para elegir diputados; en lo cultural, económico y geográfico, las regiones periféricas no se identifican con la ciudad capital de su provincia; tal es caso de las regiones del Norte respecto a Alajuela y Heredia, Pérez Zeledón respecto a San José y Puerto Jiménez respecto a Puntarenas. Todo lo cual se debe a que Costa Rica, desde la Guerra de la Liga (1835) liderada por Carrillo y que ganó San José, convirtió a la capital nacional en una especie de agujero negro que se englutió todo lo que le rodeaba. Si queremos desarrollar las regiones periféricas del país, debemos comenzar por suprimir las 7 provincias y crear en su lugar 5 grandes regiones con una ciudad grande como capital, por ejemplo, crear la región del Norte con Ciudad Quesada como capital y la región del Sur con San Isidro del General como capital. Sé que para lograr eso se requieren cambios profundos en la actual Constitución Política, que sólo la Asamblea Legislativa goza del poder constitucional para hacer. Pero ya es hora de que vayamos pensando en eso. Más aún, hay que acabar con el centralismo presidencialista vigente y sustituirlo por una república federal. Esa fue una de las causas del “milagro” alemán después del nefasto Tercer Reich; esto hace hoy Francia. Bien haría la Asamblea Legislativa en nombrar una comisión que, con el apoyo de sus gobiernos, vaya a esos países a estudiar in situ cómo funciona una democracia regionalizada. Una democracia con base popular amplia comienza con los gobiernos locales, se prolonga en los gobiernos regionales y culmina en las instituciones nacionales, como son los tres poderes constitucionales, el TSE y la CGR. Una campaña electoral local debe servir para repensar todo nuestro sistema democrático, con el fin de mejorarlo y ponerlo a la altura de nuestros tiempos.
De hoy en 7 meses serán las elecciones municipales. Una oportunidad para que los munícipes de un cantón elijamos a las autoridades de la municipalidad. Una oportunidad para romper con el fantasma del abstencionismo que ha permitido que por más de 30 años sean los mismos de siempre los que logren ganar, incluso con porcentajes sumamente bajos con relación a la totalidad de votantes.
De un en 7 meses tendremos una nueva oportunidad para demostrar que nos interesa lo que suceda en nuestro cantón y que hemos cambiado de actitud y queremos luchar contra la corrupción y la impunidad.
Las elecciones municipales son las que permiten elegir a gente cercana y conocida. A sus vecinos y por ello es que la participación debe ser multitudinaria para sacar a los que no han sabido invertir los impuestos que pagamos y han despilfarrado a manos llenas sin encontrar las soluciones s las problemáticas que vivimos en seguridad, en movilidad, en transparencia, en servicios. A pesar de tener presupuestos multimillonarios no logran realizar las obras que puedan cambiar la vid de las comunidades y las personas.
Las elecciones municipales del 4 de febrero del 2024 serán las que puedan generar el cambio que queremos saliendo a votar y escogiendo a los que proponemos de manera seria y con fundamento en el cómo saber hacer lo que se requiere hacer.
Motive a sus familiares y amigos a que no se queden en casa el domingo 4 de febrero del 2024 y que logremos obtener el triunfo que ocupa nuestro cantón para lograr las metas que permitirán el mejor desarrollo en lo económico, en lo social en lo que a infraestructura, movilidad, transparencia, seguridad y bienestar de trata.
El próximo 4 de febrero del 2024, de hoy en 7 meses podemos decidir si seguimos soportando una municipalidad indiferente a las necesidades de la ciudadanía, una municipalidad voraz para cobrar tributos, pero lenta para la inversión y el desarrollo de infraestructuras y mejores condiciones de vida. Una municipalidad corrupta por la acción de algunos de sus funcionarios, aunque hay muchos otros excelentes que no desean esa corrupción, o una municipalidad limpia y transparente y que utilizará los dineros para lograr el bienestar de la ciudadanía.
Dios quiera que entiendan lo importante que es su participación para acabar con ese abstencionismo que nos ha obligado a tener lo que tenemos, muy a nuestro pesar.
En los procesos electorales la pretensión es que la participación sea la mayor posible. Precisamente por ello hay una gran preocupación por el aumento exponencial del abstencionismo en los diversos procesos electorales que se han desarrollado.
La falta de participación de los ciudadanos tiene serias implicaciones, en primer lugar, con relación a la legitimación del proceso pues entre menos participación haya menos legítimo es el proceso. Además, a quienes se elige de igual manera gozan de poca legitimación.
Nos encaminamos a un nuevo proceso electoral. El próximo 5 de febrero se elegirán las autoridades municipales y la pretensión es que haya una excelente participación y se disminuya la cifra de abstencionismo que ha habido en los procesos anteriores.
Hay un elemento importante que se debe tomar en cuenta y es el traslado de personas a lugares diferentes a los que vivieron anteriormente y ante eso las leyes han previsto la posibilidad de realizar traslados electorales, es decir, que se proceda a registrar el nuevo domicilio y así poder participar en el proceso electoral venidero.
Si se vive en un lugar determinado se asume la responsabilidad de buscar lo mejor para ese lugar y una de las primeras responsabilidades es elegir a los mejores para dirigir los destinos del cantón.
Hasta el próximo tres de octubre los ciudadanos tienen la posibilidad de cambiar su domicilio electoral y poder participar en las elecciones municipales eligiendo a las personas propuestas en el cantón en el que habitan. Eso debería ser prioridad y eso ayudaría a disminuir la estadística del abstencionismo.
Dios quiera que se tome conciencia de lo importante de la participación ciudadana en el proceso electoral y que aquellos que deben hacer traslado electoral procedan a realizarlo.
A tres días del triunfo electoral de Gustavo Petro como presidente y Francia Marquez como vicepresidenta de Colombia para el periodo 2022 – 2026, en el país se respira un ambiente de distensión y de concordia luego de una campaña basada en el odio, el engaño y la sinrazón. El desconocido patán fue vencido por el favorito y reconocido, con calidad de estadista a nivel nacional e internacional.
Sin seguir un orden cronológico ni de importancia de temas, destaco el triunfo por primera vez en Colombia de una opción de Presidencia Alternativa con la coadyuvancia y el trabajo militante de la izquierda legal.
Colombia se inclinó, con histórica votación, por el cambio de Petro. El domingo 19 de junio, 22’658.694 colombianos, equivalentes al 58,09% de los posibles votantes, salieron a las urnas en los 32 departamentos. 39 millones de colombianos estaban a habilitados para votar.
Bajó la abstención en un 5%. Petro se alzó con la victoria en 16 regiones y en Bogotá, mientras que Hernández conquistó esa misma cantidad de departamentos y se quedó con la mayor votación de los colombianos en el exterior.
El candidato del Pacto Histórico y ahora presidente electo se impuso en regiones como la Costa Caribe, el Pacífico y buena parte de la Amazonía. (Hace 4 años Iván Duque se alzó con la victoria en el país, con un total de 10’373.080 votos, en tanto que Gustavo Petro aseguró su triunfo con el respaldo de 11’281.013 electores).
Por su parte, el ex alcalde de Bucaramanga obtuvo 10.580.412 votos, conquistando el oriente colombiano, parte de la región Andina y el Eje Cafetero. (Los votos de Federico Gutiérrez en la primera vuelta, vertieron en Rodolfo Hernández).
Significa lo anterior que se cumplió el cálculo de romper en un 5% la abstención en favor de Petro , pues esta pasó del 45% al 40 %.
El progresista Gustavo Petro llega al gobierno con apoyo de la izquierda legal así como de centristas, urbanistas, periféricos, moderados y socialdemócratas, con cerca de 11.3 millones de votantes. Lleva al poder al progresismo junto con la izquierda legal por primera vez en la historia del país.
Gustavo Petro obtiene el 50,4% de los votos frente a Rodolfo Hernández, que pierde con el 47,3%.
Este último, a su vez, pasó de 5’953.209 votos, que consiguió en la primera vuelta del pasado 29 de mayo, a 10’580.412 en la jornada de ayer, una cifra nada despreciable.
No obstante, de lo anterior no se puede concluir que el país colombiano este dividido en dos extremos opuestos. Estos resultados electorales tampoco dan base para determinarlo así. Sucede que hay 18 millones de colombianos que no votan. No son participativos y encuadran en el dicho: “¿para dónde va Vicente?, para donde va la gente”.
A los votantes que sufragaron por Gustavo Petro corresponde calificarlos de conscientes. La suma de votantes a favor del candidato perdedor obedece a una gama de votos cautivos sumados a votos comprados. En ese orden presentado no estamos en realidad ante un país dividido o polarizado. En gracia de discusión se podría considerar una variante de unos 5.250.000 que calificarían como ricos o acomodados de este país, que constituyen las fuerzas retardatarias, conservaduristas, opuestas a cualquier cambio. Por ello es dable concluir que el gobierno del presidente G. Petro y de la vicepresidenta Francia Marquez será un gobierno de y para las mayorías.
Ante el triunfo del Frente Amplio Popular y Democrático que expresa el Programa y Plataforma Política del Pacto Histórico (PH) corresponde reseñar las acciones inmediatas de actuación del nuevo gobierno una vez obtenido el triunfo, explicado en la variable del llamado a un Gran Acuerdo de Unidad y de Concordia Nacional,
LO DE IMPLEMENTACIÓN
Los acuerdos de La Habana y el Teatro Colón se constituyen, en su implementación, como alcances por materializar en las conquistas del movimiento popular colombiano. La nueva presidencia alternativa asume ese derrotero. Llegó la hora de cumplimentar, facilitar y poner al orden del día el compromiso del Estado colombiano con las antiguas FARC-EP, sus desmovilizados y desarmados, sobre todo respecto de la aspiración inconclusa y la frustración histórica que ha significado para la nación colombiana volver trizas lo acordado y, paralelo a ello, la actitud frente a los compromisos asumidos como Estado, colocando al país de espaldas a la obligatoriedad de instrumentos internacionales plasmados en convenios. Todo por conductas dolosas del gobierno que concluye y que nos colocan en la picota al ensañarnos por los incumplimientos de los pacta sund servanda ante el escenario de la comunidad y el derecho internacional.
Se deleitaron, trayendo consigo el enfurecimiento y coraje de la opinión popular nacional, al causar el mayor daño posible a la justicia transicional como método civilizado aplicable a la solución de conflictos armados internos, como a la que se llegó con las insurgencias de las FARC-EP en Colombia.
Este triunfo electoral revindica el desagrado causado por la sensación de placer contra las aspiraciones populares causada por la secta de gobierno derrocada, que se había entronizado en el poder.
Rememoremos que en un tejido de telaraña jurídica el gobierno oligárquico del expresidente Santos acudió a un referéndum innecesario y que la incapacidad política del antiguo Secretariado de las FARC-EP admitió -jugando de tahúr el presidente- en la aplicación de la lógica “ni tanto que alumbre , ni tanto que queme al santo¨”. Santos ya había obtenido un premio Nobel y también complacía a sus amigos del Country Club.
Sometieron a referéndum la pregunta: «¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?». Pregunta que, como se sabe, fue respondida mayoritariamente con el NO y conllevó al desmonte de esenciales circunstancias y situaciones, así como a concesiones por la parte plenipotenciaria de la antigua insurgencia, lo cual concluyó en el Acuerdo del Teatro Colón. Se admite que lo único incólume de lo acordado en La Habana fue la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).
LOS CINCO PUNTOS DE LOS ACUERDOS
Estos se materializarán en dirección del contenido del Estado colombiano, que desmontará todos los vestigios del poder narcoparamilitar, tan vilmente instalado. En resumen, con el triunfo del gobierno Alternativo se impone:
La Reforma Rural Integral, falseada durante el transcurso mismo de las conversaciones por la Ley Zidres, como plan real, y que dejó en mera ilusión lo conversado y plasmado. Al orden del día está la reforma agraria democrática y radical.
Reforma Política Electoral. Por plenas libertades de expresión, organización y movilización. Contra los votos a cambio de balas y de dinero, y por sepultar un sistema electoral corrupto, clientelista, de casino y de garantías de papel. La aplicación de un estatuto para la oposición, en el entendido de que hoy las fuerzas alternativas son gobierno.
Terminación del conflicto armado interno con las Farc-ep, que consiste en el fin de los combates y acciones militares por parte de las Farc y los ataques y la persecución militar por parte del Gobierno a esta guerrilla. Es el llamado “Cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo”. Fin que quedó trunco con la facción denominada “Nueva Marquetalia”, integrada por combatientes que firmaron los acuerdos y luego alegaron el incumplimiento estatal de los mismos y retomaron las armas. En forma alguna implican ¨disidencias” y en la actualidad se encuentran cobijadas bajo el presupuesto normativo en calidad de rebeldes según el derecho internacional.
Solución del problema de las drogas ilícitas. Es decir, sustitución de cultivos ilícitos. Este acuerdo ha sido el de menos implementación y va ligado al acuerdo primero sobre reforma rural integral.
Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Vale decir, aplicación de la justicia transicional en desarrollo de los principios de autonomía e independencia. Esta ha sido la garantía de no impunidad. Extendidas estas normas de justicia transicional a todos: ex guerrilleros, militares, miembros de las Fuerzas Armadas en todas las ramas y composición de agentes estatales participantes y/o financiadores del paramilitarismo. El acuerdo sobre víctimas impedirá la impunidad para los paramilitares, los empresarios que los financiaron y los agentes estatales que los promovieron. Así, el acuerdo garantiza que no sea un pacto de impunidad. Este acuerdo contempla dos componentes: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Derechos Humanos. Jurisdicción Especial para la Paz en aplicación de un sistema integral y alterno que garantice el derecho a las víctimas y cumpla con la obligación estatal de justicia, buscando, mediante investigaciones penales especiales, la determinación de responsabilidades de sindicados de delitos de guerra y de lesa humanidad ocurridos durante y con ocasión del conflicto armado. La garantía de vigencia del contenido de derechos humanos asume lo relativo a la no repetición.
LO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO
Con el Nuevo Gobierno Alternativo llegó el momento histórico y político de asumir de fondo y lograr en definitiva el fin del conflicto armado interno colombiano. Para ello, el nuevo gobierno ha de llamar a conversaciones a todas las insurgencias: 1. Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN). 2. Ejército Popular de Liberación (EPL). 3. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las diferentes facciones en que se transformaron, como ejército popular insurgente luego de los Acuerdos de la Habana y el Teatro Colón, resumidos en la “Segunda Marquetalia”, es decir, las facciones lideradas por Gentil Duarte y/o sus sucesores, y los frentes 10 y 28, con sus caracterizaciones particulares. En este item es primordial destacar que la contraparte estatal colombiana debe actuar de conformidad y en relación con un país con conflicto armado interno, bajo las distinciones y calificaciones del derecho internacional. Distinguiendo las características de mando unificado, presencia territorial y motivación antigubernamental asúi como de lucha armada contra el establecimiento estatal, en la configuración de una contraparte que tenga el carácter y reconocimiento de rebelde e insurgente.
La complejidad de la situación en el panorama del conflicto armado interno colombiano implica singularizar la continuación de las conversaciones existentes con el ELN. El trato especial a facciones de las FARC, que firmaron los acuerdos enunciados, incluyendo en ello a la Nueva Marquetalia. Dentro de este mismo trato especial ha de incluirse a los reductos del EPL que desde hace tres décadas continuaron la lucha armada pese a la des movilización de la mayoría de esa organización político-militar, con presencia actual en zonas como las del Catatumbo, la antigua provincia de Ocaña y el sur del Cesar. El llamado a conversaciones a actuales facciones de las FARC-EP que no aceptaron ni firmaron los acuerdos de La Habana: bloque identificado como el dirigido por Gentil Duarte. Incumbe además incluir la suerte en la definición de los citados frentes 28 y 10, acorde con las caracterizaciones del derecho internacional y en la definición definitiva, si califican o no como fuerzas rebeldes y/o insurgentes y/o perteneciente a fuerzas del crimen organizado multiforme. Los ingredientes del conflicto armado interno colombiano lo componen actores armados insurgentes o rebeldes y las fuerzas armadas estatales colombianas en todas sus expresiones. Por ello, al buscar el fin de ese conflicto, el armado, no ha de volverse a la imprecisión de “proceso de paz” ni continuar utilizando un lenguaje impropio de calificaciones y clasificaciones al colocar en un mismo recipiente a todos los actores armados que asolan la geografía nacional, comprendiendo que lo multiforme del crimen común organizado difiere de las causas, motivaciones, ejercicio y alcances de los rebeldes insurgentes.
En todo lo anterior está el meollo del asunto, es decir, en la distinción del diseño y aplicación de una política gubernamental nueva que logre la finalización del conflicto como solución política y no de calificativos y frases confusas.
Tan extenso tema, tangencialmente abordado, se resume en la continuación de las conversaciones rotas con el ELN, facilitando que sus plenipotenciarios en La Habana definan su equipo negociador de común acuerdo entre las partes. En un primer acto soberano del gobierno alternativo del presidente Gustavo Petro: retomar el carácter plenipotenciario de los líderes del ELN en La Habana y coordinar su regreso inmediato de conformidad con los convenios existentes desconocidos por el saliente gobierno narco paramilitar. Determinar si las conversaciones han de continuar en el exterior o, por el contrario, en el territorio nacional, constituyendo esta posibilidad la de mayor acogida.
Las conversaciones con el Ejercito de Liberación Nacional de Colombia (ELN) no serán difíciles en cuanto al reconocimiento de beligerantes como parte plenipotenciaria frente a la contraparte estatal. Se regirán por el alcance de profundas reformas económicas, políticas y sociales con participación de la sociedad civil, conforme al planteamiento de Programa Máximo y Mínimo de satisfacción con el movimiento popular. Existe un acumulado de experiencias con el proceso de fin del conflicto armado con las antiguas FARC-EP. Desde ya, es necesario que la dictadura mediática no se apropie de la estulticia de un “proceso de paz”. Hoy se trata de un proceso de conquistas sociales y populares. Por eso, es conveniente que se desarrollen en territorio colombiano.
LO DEL CONFLICTO SOCIAL
No es fácil describirlo o explicarlo. Lo conforman múltiples factores y se dice que en toda sociedad existirá el conflicto social. Es por ello que al asumir una solución del conflicto social colombiano corresponde identificar una caracterización en el llamado conflicto multicrimen. El tema y su solución ha de abordarse desde lo sociológico y político, sin que se resuma en que se trata de un problema político y sociológico por sí mismo.
Los múltiples conflictos colombianos (armado, político, económico, social, ecológico) están relacionados. De manera que corresponde asumir el tema, en particular, en lo atinente con la seguridad ciudadana.
No es motivo del presente artículo la motivación profunda de contenido y conocimiento de este conflicto. Hay que partir de la base de que es uno de los problemas más difíciles que afectan la convivencia ciudadana, para poder abordar el tema de seguridad de los ciudadanos en la ciudad y en lo rural. Para ambos escenarios no se dan tratos diferenciales. Las estadísticas y volumen de incidencias del conflicto social abarcan los escenarios tanto urbanos como rurales.
El gobierno que termina aplicó una política hegemónica oligárquica y contrainsurgente para enfrentar el conflicto social y el conflicto armado. Los resultados han sido ciertamente calamitosos. Hoy corresponde dilucidar las llamadas lucha contra las drogas, contra la minería ilegal, contra la ganadería extensiva y su efecto depredador; contra las organizaciones multicrimen y sus agentes, incluidos los delincuentes de cuello blanco; contra los acaparadores de recursos básicos, especuladores y prestamistas, así como también contra los especímenes, en todos los matices, de la corrupción y los aliados del narco paramilitarismo.
Hay que desenmascarar toda una cultura de alienación que funciona con la premisa de convivir con el crimen. Llamar a los delincuentes y los delitos por su nombre. Destaco aquí el efecto subliminal de “borrrar” el delito de robo y designar a todo como meros hurtos, tal como hacen la mediática y los responsables policiales. En un hurto no opera el factor violencia; en el robo sí y esa simple circunstancia ha hecho carrera para mitigar el agobio que produce la inseguridad que padece la sociedad colombiana.
