Texto tomado de Facebook: Artesanos Unidos del Perú
“El retablo titulado YAWARNIKI WAQACHIWAN es un trabajo artístico que nace tras los acontecimientos suscitados en estas últimas instancias dentro de nuestro territorio geográfico crisis político, el artesano Reynaldo Quispe Flores se vio en la disposición de plasmar en un retablo Ayacuchano el sentir del pueblo entre ellos, lo que pasó Ayacucho el 15 de diciembre del 2022 PARO NACIONAL INDEFINIDO que se llevó a cabo, convocada por el FRENTE DE DEFENSA DEL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DEL PERÚ con la finalidad de lograr el cierre definitivo del Congreso de la República, Nueva Constitución patriótica, paritaria, ecologista y plurinacional; inmediata convocatoria a nuevas elecciones generales bajo un nuevo contrato social todo ello a causa de un golpe de estado que concluyó con la vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones, hecho que causo la indignación del pueblo y sirvió como un tema importante dentro de lo que vendría a ser parte de nuestra historia.
Dentro del trabajo artístico podemos apreciar los abusos de poder y autoridad que se llegó a ejercer en contra de la sociedad en las diferentes regiones del Perú, pues los militares y policías ejercieron violencia y asesinato en contra de los manifestantes que expresaban rechazo hacia la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República en los diferentes puntos de la ciudad de Huamanga y otros de la región del sur del Perú; así mismos dentro del retablo también se puede apreciar a la prensa nacional que catalogó de terroristas a los manifestantes».
Lo que ha venido sucediendo con las decisiones del gobierno en torno a diferentes temas de la realidad nacional ha puesto a la mayoría del país en una expectativa sobre lo que vendrá el próximo día, ya que cada día aparece una noticia sobre tala o cual descubrimiento de manejos inadecuados y con gastos multimillonarios de dinero de los costarricenses que no se debieron dar.
Esas expectativas incluyen los deseos y esperanza de que el presidente y el gobierno solucione cientos de situaciones más que han venido afectando por años a miles de costarricenses. Desde las rebajas en combustible, arroz, medicinas hasta la resolución de casos como el fideicomiso del BCR sobre la ampliación de la carretera de ruta uno o lo concerniente a los trabajos en carreteras como San Carlos y ruta treinta y dos.
Hay expectativas y esperanza de que se resuelvan casos que ni siquiera están en manos del ejecutivo, pues corresponden a otro poder de la República como es el caso ALDESA, una vergonzosa organización delictiva para estacar a miles de costarricenses incluidas instituciones públicas y sobre el que no se mueve ni un dedo en virtud de que incluso quienes tenían que actuar y acusar estaban, supuestamente, involucrados de alguna manera dentro de la organización criminal. Una verdadera vergüenza.
Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esas expectativas y esas esperanzas, como también debe tener mucho cuidado el presidente y el gobierno con las acciones que tomen. En el primer caso porque no siempre tiene el gobierno la posibilidad de cumplir en forma inmediata con esas expectativas y ese no cumplir con ellas, crea, primero incertidumbre, luego desesperanza y luego molestia. Y lo que era “luna de miel” entre gobierno y pueblo se puede convertir en conflicto permanente, uno porque no le cumplen los deseos y el otro por justificar esos incumplimientos.
Ojalá y Dios quiera que no lleguemos a eso.
En el segundo caso, el presidente y el gobierno, deben cuidarse de no hacer aquello que implique abuso de poder, rompimiento del orden constitucional y por ende violación de la ley. Eso sería lo que sus detractores, especialmente sectores de la prensa, están esperando para aumentar sus críticas desestabilizadoras y volcar a la opinión por los peligros que puede entrañar esos abusos y esas violaciones a la ley, pues sería estar a las puertas de formas de gobierno que no queremos en Costa Rica.
Somos y hemos sido un país de derecho y los desmanes y gollerías que hemos conocido gracias a la valentía de este gobierno, se cometieron en su mayoría al amparo de la ley, ya que desde las estructuras de poder se crearon condiciones para esos abusos y desmanes, deben atacarse y erradicarlas igualmente por medio de la ley y para ello requerimos que la Asamblea Legislativa asuma su rol y dicte las leyes que se requieren para acabar con esas otras leyes de las que se aprovecharon los sinvergüenzas para cometer sus fechorías.
Dios quiera que se sigan dando acciones que nos llenen de esperanza sobre el futuro pero que estas sean dentro del marco de la ley y el equilibrio institucional.
Personas en la puerta del Juzgado en la ciudad de La Paz, pidiendo justicia.
*Galo Amusquivar
Un Gobierno de Facto carece de dos elementos esenciales para la democracia, la legalidad y la legitimidad, porque él o la cabecilla que se autoproclama Presidenta o Presidente, incumple con lo establecido en la Constitución Política del Estado (voto directo, delegado y/o sucesión constitucional); y al no contar con ningún respaldo social, utiliza la fuerza, la violencia, la persecución política, la justicia y el encarcelamiento indebido, para perpetuarse en el poder.
Las autoridades investidas constitucionalmente, tienen por misión, garantizar la eficacia de los derechos humanos de todas las personas, requisito que no fue cumplido con la asunción de Jeanine Añez; puesto que su conducta estuvo orientada a desconocer y quebrantar las determinaciones del ámbito jurisdiccional y administrativo, sus acciones no estuvieron enmarcadas en derecho, fueron decisiones de hecho y fueron pura expresión de la arbitrariedad, la discrecionalidad, la ilegalidad y el abuso de poder.
Con la sentencia condenatoria de 15 años, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el juicio del caso «Golpe II», en contra de Jeanine Añez, marcaremos un hito histórico desde Bolivia para el mundo, que a partir de la sentencia, si alguna persona desea autoproclamarse Presidenta o Presidente de un Estado democrático, tendrá que pensarlo dos veces.
Pero me pregunto: ¿Es la única responsable?, obviamente que no, se necesita llevar a Juicio Ordinario a Carlos D. Mesa (Presidente del Partido Político, Comunidad Ciudadana) Luis Fernando Camacho (actual gobernador para el Departamento de Santa Cruz y Presidente de la Agrupación Política, CREEMOS), Samuel Doria Medina (ex aspirante a la Vicepresidencia de Jeanine Añez, por la agrupación Política, JUNTOS), Jorge Quiroga (ex Vicepresidente del dictador fallecido, Hugo Banzer Suarez), Oscar Ortiz (ex candidato a la Presidencia por la Coalición “Bolivia Dijo No”), Ricardo Paz (asesor de Carlos D. Mesa), Waldo Albarracín (ex Rector y candidato a la Alcaldía por la Ciudad de La Paz), Aurelio Pesoa (obispo), Giovani Arana (monseñor) y León de la Torre (ex Embajador de la Unión Europea) y a todos los que directa o indirectamente, apoyaron y motivaron las renuncias coercitivas y las acciones violentas que suscitaron en quema de casas, 38 asesinatos, miles de heridos y detenidos arbitrariamente.
Así mismo, quedará demostrado que el Juicio Ordinario, avanzó con mayor celeridad, que las acusaciones de Juicios de Responsabilidades, motivados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Se escribirá en las páginas de la historia que la promotora de enjuiciar a Jeanine Añez, por su asunción inconstitucional, fue Lidia Paty, y no así algunos que quieren llevarse el trofeo a último minuto, aprovechando los megáfonos, los parlantes y los micrófonos para salir a la palestra pública.
A partir de esta Sentencia, tenemos un largo camino por recorrer. Debemos consolidar y procesar, hasta su sentencia por la vía ordinaria a Jeanine Añez por los asesinatos de Sacaba, Senkata y el Pedregal; y aperturar nuevos procesos por todas las actuaciones ilegales e irregulares mediante Juicios Ordinarios, sin el otorgamiento de ningún tipo de privilegio.
Esta Sentencia devolverá, parte de lo robado durante mucho tiempo, “JUSTICIA DEL PUEBLO, PARA EL PUEBLO”.
*Galo Amusquivar es analista de la situación y la realidad boliviana.
