Necesitamos acciones que nos den esperanza y que respeten el marco de la ley y el equilibrio institucional

José Luis Pacheco Murillo

Lo que ha venido sucediendo con las decisiones del gobierno en torno a diferentes temas de la realidad nacional ha puesto a la mayoría del país en una expectativa sobre lo que vendrá el próximo día, ya que cada día aparece una noticia sobre tala o cual descubrimiento de manejos inadecuados y con gastos multimillonarios de dinero de los costarricenses que no se debieron dar.

Esas expectativas incluyen los deseos y esperanza de que el presidente y el gobierno solucione cientos de situaciones más que han venido afectando por años a miles de costarricenses. Desde las rebajas en combustible, arroz, medicinas hasta la resolución de casos como el fideicomiso del BCR sobre la ampliación de la carretera de ruta uno o lo concerniente a los trabajos en carreteras como San Carlos y ruta treinta y dos.

Hay expectativas y esperanza de que se resuelvan casos que ni siquiera están en manos del ejecutivo, pues corresponden a otro poder de la República como es el caso ALDESA, una vergonzosa organización delictiva para estacar a miles de costarricenses incluidas instituciones públicas y sobre el que no se mueve ni un dedo en virtud de que incluso quienes tenían que actuar y acusar estaban, supuestamente, involucrados de alguna manera dentro de la organización criminal. Una verdadera vergüenza.

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esas expectativas y esas esperanzas, como también debe tener mucho cuidado el presidente y el gobierno con las acciones que tomen. En el primer caso porque no siempre tiene el gobierno la posibilidad de cumplir en forma inmediata con esas expectativas y ese no cumplir con ellas, crea, primero incertidumbre, luego desesperanza y luego molestia. Y lo que era “luna de miel” entre gobierno y pueblo se puede convertir en conflicto permanente, uno porque no le cumplen los deseos y el otro por justificar esos incumplimientos.

Ojalá y Dios quiera que no lleguemos a eso.

En el segundo caso, el presidente y el gobierno, deben cuidarse de no hacer aquello que implique abuso de poder, rompimiento del orden constitucional y por ende violación de la ley. Eso sería lo que sus detractores, especialmente sectores de la prensa, están esperando para aumentar sus críticas desestabilizadoras y volcar a la opinión por los peligros que puede entrañar esos abusos y esas violaciones a la ley, pues sería estar a las puertas de formas de gobierno que no queremos en Costa Rica.

Somos y hemos sido un país de derecho y los desmanes y gollerías que hemos conocido gracias a la valentía de este gobierno, se cometieron en su mayoría al amparo de la ley, ya que desde las estructuras de poder se crearon condiciones para esos abusos y desmanes, deben atacarse y erradicarlas igualmente por medio de la ley y para ello requerimos que la Asamblea Legislativa asuma su rol y dicte las leyes que se requieren para acabar con esas otras leyes de las que se aprovecharon los sinvergüenzas para cometer sus fechorías.

Dios quiera que se sigan dando acciones que nos llenen de esperanza sobre el futuro pero que estas sean dentro del marco de la ley y el equilibrio institucional.