Skip to main content

Etiqueta: abuso de poder

Asociación solicita a ministro investigar «presunto prevaricato» y otros para favorecer intereses vinculados al Plan Regulador Costero de Talamanca

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita al ministro de Ambiente investigar, si existió prevaricato, abuso de poder y otros por parte del Consejo Regional Ambiental del Área de Conservación Amistad Caribe (CORAC), al ordenar la suspensión y abandono de los humedales ubicados dentro de la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca.

Las zonas presuntamente afectadas están enlistadas en el documento técnico denominado “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítima Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca”.

La Asociación, en documento firmado por Marco Levy Virgo pide averiguar si con ese accionar se buscó incidir en la aprobación del Plan Regulador Costero de Talamanca. Con esto se habrían favorecido los intereses de Luis Fernando Arias Molina, Enrique Pucci Coronado y Jorge Molina Polanco, Aurora Gámez, Emily Yozzel y otros.

La amenaza del fundamentalismo

Por
Arnoldo Mora

Entiendo por “fundamentalismo” el intento ideológico por justificar la irracionalidad del abuso del poder, recurriendo a una interpretación suprarracional de la acción humana, con fines éticamente inaceptables en razón de su carácter inhumano, que puede llegar a una dimensión genocida. El recurso a la divinidad o a fuerzas sobrehumanas con el fin de imponer su voluntad de manera brutal, ha sido el recurso al que suelen recurrir los déspotas de todos los tiempos. Pero el fundamentalismo, si bien de origen esencialmente religioso por sus implicaciones metafísicas, se extiende también a otros ámbitos del quehacer humano, como la economía, la tecnología o la cultura; aunque lo más frecuente es el recurso al fundamentalismo religioso para legitimar pretensiones de sojuzgamiento político con fines de explotación de recursos humanos y naturales.

Tal es el caso de lo que ahora mismo estamos viendo en la más reciente guerra, la que libran palestinos e israelíes. Ambos recurren a argumentos religiosos; le dan un carácter religioso o de guerra santa o “Yihad” en el campo musulmán, o invocando una supuesta condición de “pueblo escogido” por Dios por parte de los judíos. Las dos argumentaciones son igualmente deleznables y de efectos aterradores en todas las épocas, pero especialmente en la actual, debido al carácter destructor de toda forma de vida de que está dotado el armamento moderno, debido al incremento de los presupuestos multimillonarios destinados al desarrollo científico y tecnológico con fines militares. Desde el recurso a la aviación en la guerra como instrumento para lograr lo que en la estrategia militar se solía llamar ”ablandamiento artillero”, cuyo fin es destruir con bombas los puntos estratégicos del enemigo (puentes, carreteras, campamentos, frentes de avanzada, centros de telecomunicación, etc.) y provocar el terror en las filas y la población del enemigo, con el fin de preparar la invasión posterior del grueso de las tropas del ejército de tierra, esta infernal estrategia militar ha servido frecuentemente para aniquilar implacablemente a la población civil desarmada e inerme, compuesta mayoritariamente por niños, mujeres, ancianos y enfermos. Todo lo cual le ha dado un carácter infernal a las guerras modernas. Todas las guerras lo han sido siempre, pero ahora la tecnología las ha hecho monstruosamente deletéreas, hasta el punto de que el recurso al armamento atómico y a la guerra biológica podría poner fin a la especie humana. Eso hace de la guerra un mal en sí, la negación del don más precioso, cuya preservación e incremento es la razón de ser de la ética, como es la vida, no sólo la humana sino en todas sus formas y manifestaciones.

Pero la guerra o el genocidio, no son un destino fatal para la humanidad. Como respuesta a la búsqueda e implementación del poder, el ser humano ha ideado la “política”, es decir, el recurso al discurso, a la palabra persuasiva basado en argumentos racionales, con el fin de provocar consensos en que se funda el ejercicio de la libertad colectiva. De esta manera, los pueblos asumen los desafíos del presente y avizoran horizontes de esperanza hacia el futuro. Para lograr tan nobles objetivos, se han creado instituciones regidas por todo un cuerpo de leyes llamado “derecho internacional” o normas que rigen las relaciones entre naciones; con ello se hace factible que el enfrentamiento dialéctico desemboque en acuerdos políticos. El derecho internacional e instituciones como Naciones Unidas, han sido creados con este objetivo. Cumpliendo estrictamente las normas del derecho internacional bajo la supervisión de organismos supranacionales a fin de cumplir los acuerdos logrados, se lograrán los nobles objetivos de la política. El diálogo político que incluye el enfrentamiento ideológico, hace del otro un interlocutor con derechos y deberes, es decir, una “persona” y no un enemigo a destruir, como en la guerra. Pero quien trata al otro como un ser infrahumano, se deshumaniza él mismo, quien trata al otro como bestia, se convierte en bestia él mismo.

Por desgracia, lo que acabo de decir lo están viviendo trágicamente los pueblos de Israel y Palestina, especialmente éste último. Estamos ante la bestialidad pura, todo sustentado cínicamente en argumentos pseudoteológicos; lo cual contradice palmariamente la enseñanza original de los maestros de las que se nutren esas ancestrales tradiciones religiosas. La utopía religiosa por excelencia en las religiones sinaíticas es la paz (shalom). Pero la paz es el fruto del reconocimiento de la dignidad del otro en su condición de desvalido. Nadie como el profeta Jeremías, fundador del nacionalismo judío, lo dijo en estos inequívocos términos: “Dios es la mirada de la viuda, del huérfano y del extranjero”. Y el más grande de los profetas de Israel, Isaías, dijo esta sentencia que nunca como ahora debe aplicarse en este abominable conflicto: “La paz es obra de la justicia”.

Este 7 de noviembre afrontan juicio estudiantes criminalizados por defensa de educación pública – concentración

Estudiantes criminalizados por manifestarse durante las protestas del 2019 en defensa de la Educación Pública, tendrán que ir a juicio el próximo 7 de noviembre de 2023*.

San Ramón, Alajuela. Comunicado. – Los cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) criminalizados por el sistema por manifestarse en defensa de la autonomía universitaria y del presupuesto de la educación superior para los sectores populares tendrán que presentarse a juicio el próximo martes 7 de noviembre en los Tribunales de San Ramón.

En diciembre del 2019, los estudiantes tuvieron la audiencia preliminar oral y pública en los Tribunales de San Ramón. La fiscalía presentó su acusación y el juez resolvió que los estudiantes debían ir a juicio por cargos de obstrucción de la vía pública. Sin embargo, el proceso de juicio se puso en pausa debido a que la defensa presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 263 bis del Código Procesal Penal.

La Sala Constitucional emitió su respuesta a dicha acción el pasado 23 de agosto de 2023, y declaró que la acción de inconstitucionalidad presentada contra este artículo no tiene mérito, lo que significa que no hay impedimento legal para continuar con el proceso judicial, incluyendo la celebración del juicio y la posterior emisión de una sentencia.

En resumen, la vía legal para avanzar en este asunto ha sido despejada.

Los estudiantes y el movimiento estudiantil esperan contar con el apoyo de organizaciones sociales aliadas en este juicio, para que no se siga criminalizando la protesta social en el país.

Los estudiantes han insistido en que NO incurrieron en ningún delito en ningún momento; únicamente ejercieron su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y realizaron una acción que fue totalmente pacífica, no violenta y que no representó en ningún momento perjuicio ni daño a ninguna persona, ni perjudicó a los vehículos que transitaban en esa zona porque siempre se mantuvo un paso regulado.

Hacemos de conocimiento público que la Fuerza Pública actuó en contra los estudiantes de forma injustificada y desmedida, utilizando gases lacrimógenos y dando persecución cuando la manifestación estaba retirándose de forma pacífica. Consideramos que estos abusos de poder por parte de los cuerpos policiales representan una amenaza a la democracia, la libertad de expresión, libertad de reunión y al derecho a la protesta y a la comunicación.

¡Nos vemos el 7 de noviembre a las 6:00pm en los Tribunales de San Ramón de Alajuela en solidaridad con las y los estudiantes que defienden su derecho a una educación pública, gratuita y de calidad!

*Compartido con SURCOS por Angélica Alvarado.

Foto: Semanario Universidad.

YAWARNIKI WAQACHIWAN trabajo artístico que muestra los acontecimientos políticos en Perú y la represión de la protesta social

Texto tomado de Facebook: Artesanos Unidos del Perú

“El retablo titulado YAWARNIKI WAQACHIWAN es un trabajo artístico que nace tras los acontecimientos suscitados en estas últimas instancias dentro de nuestro territorio geográfico crisis político, el artesano Reynaldo Quispe Flores se vio en la disposición de plasmar en un retablo Ayacuchano el sentir del pueblo entre ellos, lo que pasó Ayacucho el 15 de diciembre del 2022 PARO NACIONAL INDEFINIDO que se llevó a cabo, convocada por el FRENTE DE DEFENSA DEL Y ORGANIZACIONES SOCIALES DEL PERÚ con la finalidad de lograr el cierre definitivo del Congreso de la República, Nueva Constitución patriótica, paritaria, ecologista y plurinacional; inmediata convocatoria a nuevas elecciones generales bajo un nuevo contrato social todo ello a causa de un golpe de estado que concluyó con la vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones, hecho que causo la indignación del pueblo y sirvió como un tema importante dentro de lo que vendría a ser parte de nuestra historia.

Dentro del trabajo artístico podemos apreciar los abusos de poder y autoridad que se llegó a ejercer en contra de la sociedad en las diferentes regiones del Perú, pues los militares y policías ejercieron violencia y asesinato en contra de los manifestantes que expresaban rechazo hacia la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República en los diferentes puntos de la ciudad de Huamanga y otros de la región del sur del Perú; así mismos dentro del retablo también se puede apreciar a la prensa nacional que catalogó de terroristas a los manifestantes».

 

Compartido con SURCOS por Óscar Jara Holliday.

Necesitamos acciones que nos den esperanza y que respeten el marco de la ley y el equilibrio institucional

José Luis Pacheco Murillo

Lo que ha venido sucediendo con las decisiones del gobierno en torno a diferentes temas de la realidad nacional ha puesto a la mayoría del país en una expectativa sobre lo que vendrá el próximo día, ya que cada día aparece una noticia sobre tala o cual descubrimiento de manejos inadecuados y con gastos multimillonarios de dinero de los costarricenses que no se debieron dar.

Esas expectativas incluyen los deseos y esperanza de que el presidente y el gobierno solucione cientos de situaciones más que han venido afectando por años a miles de costarricenses. Desde las rebajas en combustible, arroz, medicinas hasta la resolución de casos como el fideicomiso del BCR sobre la ampliación de la carretera de ruta uno o lo concerniente a los trabajos en carreteras como San Carlos y ruta treinta y dos.

Hay expectativas y esperanza de que se resuelvan casos que ni siquiera están en manos del ejecutivo, pues corresponden a otro poder de la República como es el caso ALDESA, una vergonzosa organización delictiva para estacar a miles de costarricenses incluidas instituciones públicas y sobre el que no se mueve ni un dedo en virtud de que incluso quienes tenían que actuar y acusar estaban, supuestamente, involucrados de alguna manera dentro de la organización criminal. Una verdadera vergüenza.

Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esas expectativas y esas esperanzas, como también debe tener mucho cuidado el presidente y el gobierno con las acciones que tomen. En el primer caso porque no siempre tiene el gobierno la posibilidad de cumplir en forma inmediata con esas expectativas y ese no cumplir con ellas, crea, primero incertidumbre, luego desesperanza y luego molestia. Y lo que era “luna de miel” entre gobierno y pueblo se puede convertir en conflicto permanente, uno porque no le cumplen los deseos y el otro por justificar esos incumplimientos.

Ojalá y Dios quiera que no lleguemos a eso.

En el segundo caso, el presidente y el gobierno, deben cuidarse de no hacer aquello que implique abuso de poder, rompimiento del orden constitucional y por ende violación de la ley. Eso sería lo que sus detractores, especialmente sectores de la prensa, están esperando para aumentar sus críticas desestabilizadoras y volcar a la opinión por los peligros que puede entrañar esos abusos y esas violaciones a la ley, pues sería estar a las puertas de formas de gobierno que no queremos en Costa Rica.

Somos y hemos sido un país de derecho y los desmanes y gollerías que hemos conocido gracias a la valentía de este gobierno, se cometieron en su mayoría al amparo de la ley, ya que desde las estructuras de poder se crearon condiciones para esos abusos y desmanes, deben atacarse y erradicarlas igualmente por medio de la ley y para ello requerimos que la Asamblea Legislativa asuma su rol y dicte las leyes que se requieren para acabar con esas otras leyes de las que se aprovecharon los sinvergüenzas para cometer sus fechorías.

Dios quiera que se sigan dando acciones que nos llenen de esperanza sobre el futuro pero que estas sean dentro del marco de la ley y el equilibrio institucional.

Bolivia: 15 años para Jeanine Añez y la apertura de otros procesos ordinarios

Personas en la puerta del Juzgado en la ciudad de La Paz, pidiendo justicia.

*Galo Amusquivar

Un Gobierno de Facto carece de dos elementos esenciales para la democracia, la legalidad y la legitimidad, porque él o la cabecilla que se autoproclama Presidenta o Presidente, incumple con lo establecido en la Constitución Política del Estado (voto directo, delegado y/o sucesión constitucional); y al no contar con ningún respaldo social, utiliza la fuerza, la violencia, la persecución política, la justicia y el encarcelamiento indebido, para perpetuarse en el poder.

Las autoridades investidas constitucionalmente, tienen por misión, garantizar la eficacia de los derechos humanos de todas las personas, requisito que no fue cumplido con la asunción de Jeanine Añez; puesto que su conducta estuvo orientada a desconocer y quebrantar las determinaciones del ámbito jurisdiccional y administrativo, sus acciones no estuvieron enmarcadas en derecho, fueron decisiones de hecho y fueron pura expresión de la arbitrariedad, la discrecionalidad, la ilegalidad y el abuso de poder.

Con la sentencia condenatoria de 15 años, por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el juicio del caso «Golpe II», en contra de Jeanine Añez, marcaremos un hito histórico desde Bolivia para el mundo, que a partir de la sentencia, si alguna persona desea autoproclamarse Presidenta o Presidente de un Estado democrático, tendrá que pensarlo dos veces.

Pero me pregunto: ¿Es la única responsable?, obviamente que no, se necesita llevar a Juicio Ordinario a Carlos D. Mesa (Presidente del Partido Político, Comunidad Ciudadana) Luis Fernando Camacho (actual gobernador para el Departamento de Santa Cruz y Presidente de la Agrupación Política, CREEMOS), Samuel Doria Medina (ex aspirante a la Vicepresidencia de Jeanine Añez, por la agrupación Política, JUNTOS), Jorge Quiroga (ex Vicepresidente del dictador fallecido, Hugo Banzer Suarez), Oscar Ortiz (ex candidato a la Presidencia por la Coalición “Bolivia Dijo No”), Ricardo Paz (asesor de Carlos D. Mesa), Waldo Albarracín (ex Rector y candidato a la Alcaldía por la Ciudad de La Paz), Aurelio Pesoa (obispo), Giovani Arana (monseñor) y León de la Torre (ex Embajador de la Unión Europea) y a todos los que directa o indirectamente, apoyaron y motivaron las renuncias coercitivas y las acciones violentas que suscitaron en quema de casas, 38 asesinatos, miles de heridos y detenidos arbitrariamente.

Así mismo, quedará demostrado que el Juicio Ordinario, avanzó con mayor celeridad, que las acusaciones de Juicios de Responsabilidades, motivados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Se escribirá en las páginas de la historia que la promotora de enjuiciar a Jeanine Añez, por su asunción inconstitucional, fue Lidia Paty, y no así algunos que quieren llevarse el trofeo a último minuto, aprovechando los megáfonos, los parlantes y los micrófonos para salir a la palestra pública.

A partir de esta Sentencia, tenemos un largo camino por recorrer. Debemos consolidar y procesar, hasta su sentencia por la vía ordinaria a Jeanine Añez por los asesinatos de Sacaba, Senkata y el Pedregal; y aperturar nuevos procesos por todas las actuaciones ilegales e irregulares mediante Juicios Ordinarios, sin el otorgamiento de ningún tipo de privilegio.

Esta Sentencia devolverá, parte de lo robado durante mucho tiempo, “JUSTICIA DEL PUEBLO, PARA EL PUEBLO”.

*Galo Amusquivar es analista de la situación y la realidad boliviana.