Organizaciones de personas consumidoras proponen cinco medidas contra la acreencia irresponsable
OMERCON y APRODECO comparecieron ante la Comisión de Asuntos Económicos mientras se discute la posibilidad de elevar las tasas máximas de interés
El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) y la Asociación Pro Defensa de Consumidores Financieros y Afines (APRODECO) plantearon ante la Asamblea Legislativa un conjunto de reformas para lograr lo que llaman «inclusión financiera real, sin desmantelar las protecciones vigentes». Según las organizaciones, el problema no es el límite a las tasas de interés, sino la acreencia irresponsable: el otorgamiento de crédito sin verificar la capacidad real de pago de quien lo solicita.
Jaime Mora y Yeikol Zúñiga, en representación de OMERCON, y Luis Vives, por APRODECO, comparecieron el 17 de noviembre ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, que debate si el país debe elevar las tasas máximas de interés.
Topes a las tasas en la OCDE
De acuerdo con el comunicado, los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no eliminan los topes a las tasas de interés, sino que los mantienen. Francia los revisa trimestralmente, Italia los ajusta por fórmula y Japón los fijó por ley en un 20 %. Según las organizaciones, lo que distingue a esos países es que imponen al prestamista la obligación legal de verificar que la persona que pide un crédito tiene capacidad real de pagarlo, algo que Costa Rica aún no exige.
Las organizaciones señalan que esa omisión tiene consecuencias visibles: alrededor de 776.000 expedientes de cobro judicial activos en el Poder Judicial. Según el comunicado, detrás de cada expediente suele haber una persona o una familia que primero fue buscada activamente por un prestamista, luego se sobreendeudó más allá de su capacidad de pago y finalmente fue excluida del sistema financiero formal con su récord crediticio afectado. Sin acceso al crédito regulado, esa persona queda expuesta al mercado informal, incluido el llamado «gota a gota».
OMERCON y APRODECO sostienen que, cuando la tasa de interés es lo suficientemente alta, una cartera con alta morosidad sigue siendo rentable, porque los intereses de quienes pagan cubren las pérdidas de quienes no pueden hacerlo. Así, afirman, el prestamista traslada el costo del riesgo a la persona deudora, a su familia, al Poder Judicial y a la sociedad. Agregan que si se obligara a prestar únicamente a personas con capacidad documentada de pago, como exige la Directiva (UE) 2023/2225 de la Unión Europea, el riesgo de la cartera bajaría y con él la justificación para cobrar tasas del 36 % o el 51 %.
Las cinco propuestas
- Sancionar la acreencia irresponsable. Quien otorgue crédito sin verificar la solvencia real de la persona deudora perdería el derecho a cobrar los intereses, como ocurre, según las organizaciones, en la mayoría de los países de la Unión Europea.
- Limpiar los récords crediticios afectados por deudas prescritas. Según el comunicado, miles de personas mantienen anotaciones en el Centro de Información Crediticia (CIC) por obligaciones ya prescritas, y eliminarlas requiere costos legales que no pueden asumir. Se propone que el juez pueda aplicar la prescripción de oficio. Las organizaciones estiman que esto devolvería el acceso al crédito formal a miles de personas y aliviaría cerca de la mitad de la carga cobratoria del Poder Judicial.
- Crear un Sistema Nacional de Avales para el Crédito de Consumo del Buen Vivir. Un aval público para operaciones de consumo responsable (electrodomésticos, emergencias de salud, educación, imprevistos del hogar) permitiría, según las organizaciones, bajar la tasa a cerca de un tercio de la actual. Señalan que instrumentos similares existen en Francia, el Reino Unido, Corea del Sur y otros países de la OCDE. Con un aval bien diseñado, afirman, quien hoy paga el 51 % podría acceder a crédito al 15 % o 17 %.
- Un Plan Nacional de Refinanciamiento de Deudas en Mora no Prescritas. Según el comunicado, bancos y financieras venden sus carteras morosas a empresas de cobro por entre el 10 % y el 20 % de su valor nominal, y luego estas buscan recuperar el 100 %. La propuesta es que la misma entidad que otorgó el crédito ofrezca a la persona deudora condiciones excepcionales: tasa reducida, plazo ampliado y eliminación de costos legales y de la mora acumulada. Así podría pagar una cuota razonable y recuperar su historial crediticio.
- Aprobar una Ley de Defensa del Consumidor Financiero con estándares de la OCDE. Las organizaciones indicaron ante la comisión que no hace falta inventar nada, sino voluntad política para adoptar buenas prácticas ya probadas.
El debate sobre el gota a gota
OMERCON y APRODECO cuestionan el argumento de quienes promueven elevar las tasas máximas, según el cual el crédito informal crece porque el formal es demasiado caro o restrictivo. Para las organizaciones, la causalidad es la inversa: el gota a gota es consecuencia de la exclusión financiera, que comienza con el sobreendeudamiento irresponsable, sigue con el impago y la anotación en el récord crediticio, y termina con la salida del sistema formal.
En su criterio, eliminar el tope a las tasas no resolvería ese ciclo, sino que lo alimentaría. Lo que proponen, en cambio, es «poner orden en el mercado»: exigir responsabilidad a quien presta, devolver a las personas con deudas prescritas la posibilidad de empezar de nuevo y crear instrumentos públicos que bajen el costo del crédito sin desproteger a las personas consumidoras.
