La democracia no pertenece al Estado-2
Juan Huaylupo
El Estado costarricense, a través de sucesivos gobiernos, es responsable de la inaceptable pérdida de logros y conquistas democráticas. Por ello estamos en las calles: para reconquistar lo arrebatado, de forma ilegítima, por estas sucesivas tiranías que se han apoderado del aparato estatal y se han autoidentificado como agresivas protagonistas de la liquidación de la institucionalidad pública, del desfinanciamiento de la educación y la salud, y del irrespeto a la normatividad pública, entre otras acciones que esta nefasta dictadura efectúa de manera abierta. A mi juicio, la actuación estatal se muestra como un declarado enemigo de la historia, la cultura y la democracia de la sociedad costarricense.
El Estado costarricense no es un grupúsculo de administradores ineptos, prepotentes jerarcas, ministros y una burocracia incondicional que se arrogan la facultad de decidir y disponer autónomamente el destino social, político y económico de las personas y de la sociedad. Actúan ajenos a las necesidades de la ciudadanía en alimentación, salud, educación, seguridad, vivienda social, trabajo remunerado y estabilidad laboral, y con ello afectan críticamente la situación y la vida de quienes menos posibilidades tienen de satisfacer sus propias necesidades básicas. Liquidar la institucionalidad pública, como lo hacen los autócratas, es negar la atención de los servicios públicos. Estos no son regalos: están pagados por las personas trabajadoras activas y jubiladas, y deben pagarlos también los empleadores morosos y las entidades públicas. Son obligaciones ineludibles que deben plasmarse en el presupuesto nacional y en su ejecución por parte de quienes ejercen la función pública. Restringir o impedir que las instituciones cumplan con sus obligaciones constitucionales es la privación y privatización de los recursos, que condena al empobrecimiento y sus secuelas a la inmensa mayoría de la población costarricense.
Un gobierno que privatiza lo público no es un Estado social, moderno, benefactor o nacional. Es un Estado atrasado, que puede corresponder a cualquier estadio del pasado, como el esclavista o el feudal, porque en esas épocas no existían políticas públicas, elecciones universales, gobierno de todos para todos, democracia ni soberanía. El monarca, el autócrata, el esclavista o el dueño de riquezas, tierras y vidas era el tirano absoluto, en un tiempo y un espacio sin más normas ni pautas que las propias. En el presente, es el autócrata fascista. Las nociones de gobernados y gobierno son inadecuadas para los regímenes totalitarios, y tampoco lo son para Costa Rica, pues las personas gobernadas no son esclavas ni carecen de derechos sociales y jurídicos. Son colectividades con pensamiento, decisiones y acciones propias, que tienen derechos, que eligen a quienes deben actuar en su beneficio, y que también luchan contra los gobiernos que las desprecian, explotan y empobrecen, y los destituyen por las vías que la democracia ofrece. Por tanto, ni los gobiernos ni quienes gobiernan son autónomos: dependen de la ciudadanía, a la que tienen la obligación incondicional de servir.
El Estado social de derecho es la concreción democrática de la sociedad y debe ser el garante del bien común y de los derechos igualitarios para la continuidad tanto de la sociedad como del propio Estado. Esto es, el Estado social no es un actor extraño ni ajeno a nuestra historia, ni un ente que representa solo a una clase; su función es para todas las personas, en medio de una desigualdad social sistémica. Un Estado que se parcializa, que usa el monopolio de la violencia con criterio de clase y custodia los intereses de los ricos de la sociedad, es un Estado atrasado: una regresión política a la lucha de todos contra todos, a la perpetuación del antagonismo entre clases y a las guerras, hasta la liquidación de la civilización y la humanidad.
«Divide y reinarás» es una vieja consigna que los autócratas y su entorno han empleado contra sus adversarios políticos para manipular, desprestigiar, confundir y engañar a la ciudadanía, y para controlar procesos políticos y electorales. Un ejemplo es el uso de las llamadas «granjas de bots» en elecciones de nuestra América, un fenómeno que, a mi juicio, también debería investigarse en Costa Rica.
La acción libre de la ciudadanía es de vital trascendencia para la creación y el fortalecimiento de la democracia en la política nacional. La degradación y liquidación de la política pública, las amenazas, el desprecio y el chantaje de la actual dictadura, así como el irrespeto al sistema jurídico y constitucional, son actos que tienden hacia el establecimiento de un poder político absoluto, incompatible con la democracia, el derecho y el progreso social.
Ante las condiciones impuestas por la dictadura costarricense, la población no ha permanecido pasiva ni observadora. Por el contrario, participa activamente en la reconstitución y recreación de la democracia con su pensamiento, su participación, sus protestas y sus manifestaciones sociales, como también ocurre actualmente en Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal, Albania, Serbia, Turquía, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Argentina y Paraguay, porque las acciones del fascismo son globales.
La subordinación política a los adinerados y explotadores, así como la sumisión a potencias extranjeras, con prácticas que contribuyen a la polarización social mediante el incremento de la explotación, la miseria, las enfermedades y la desnutrición, son muestras de que esta dictadura no gobierna, sino que usurpa el poder social.
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