La Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Ciencias políticas, y Ventanas a la Política Nacional de la escuela de ciencias políticas invitan a la charla: Acuerdo de Escazú: De una vergüenza a otra; se encontrará en el YouTube de Escuela de Ciencias Políticas – UCR
Con la participación de Dr. Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho, UCR.
Día: miércoles 26 de mayo de 2021
Hora: 6:00 pm
El Acuerdo de Escazú, según CEPAL, «plasma un paradigma de democracia ambiental fundamentado en la transparencia, la participación y la inclusión como base para las transformaciones sociales y ecológicas en la región».[1] Toda una joya de la diplomacia costarricense que consolida la narrativa país posicionada en el exterior, según la cual Costa Rica es un adalid de derechos humanos y amor a la naturaleza. Entre otras virtudes, ese tratado garantiza el derecho a la información y a la participación ciudadana contribuyendo a la protección de quienes defienden a nuestra Madre Tierra, en una América Latina que puntea en asesinatos de líderes sociales (Costa Rica suma al menos tres). Por lo demás, amarra los avances que ha venido cosechando el país en su legislación ambiental y constitucional, así que desde el principio cumple con el mínimo requerido.
No obstante, este gobierno y esta Asamblea Legislativa nos han dejado en ridículo por no estar entre los primeros que ratificaron para que el tratado entrara en vigor el pasado 22 de abril, a falta del segundo debate. Daño irreparable a la imagen del país que les reclamaremos siempre. Encima, el gobierno no ha hecho casi nada por impulsar y defender su aprobación definitiva. Imperdonable. Y hoy hasta corre el riesgo de ser rechazado, lo que sería una calamidad monumental y una vergüenza nacional sin parangón. Tal vez sea mejor mantenerlo en barbecho, como lo reconociera honestamente la diputada del PAC, Nielsen Pérez, hasta asegurarle los 38 votos; porque lo último que haría falta es que el Ejecutivo lo mande a votar para enterrarlo.[2] Por otro lado, cada día se agranda una duda en el exterior: ¿Será que Costa Rica sostiene un doble discurso en relación con derechos humanos y ambientales? ¿Será este el espejo donde nuestra hermosa imagen internacional revela su verdad de cuento bien fraguado para turistas incautos? ¿Y será casual que el Presidente Biden no haya invitado al presidente Alvarado a su cumbre climática en abril pasado?
¿Y por qué el gobierno y la mayoría de la Asamblea Legislativa se habrán puesto de acuerdo en esta otra barbaridad? Porque el tratado le inquieta al supremo inquisidor de la política pública que es la Unión de cámaras (UCCAEP). ¿Y con qué argumentos se opone? Con pocos y ridículos, ninguno válido.[3] ¿Y dónde los defiende? En ninguna parte, ¿para qué? Le ha bastado informar a sus seguidores del PLN, el PUSC y los demás partidos religiosos. Y, por supuesto, instruir al presidente, que fue electo como defensor de derechos humanos pero salió huero. Es tal el poder de ese grupúsculo que hasta la Sala IV ha recurrido otra vez a argumentos espurios para no favorecer la aprobación del tratado; evadiendo, desde luego, el fondo del asunto y congraciándose con esa configuración de fuerzas retardatarias. ¿Y la prensa plutocrática? «Calladita más bonita», como le gusta al patriarcado. Así que el Acuerdo de Escazú anda políticamente huérfano y podría ser postergado o malversado por la campaña política que se avecina, en la que casi todos compiten por parecer útiles a los dueños del dinero.
Pero tenemos que sobreponernos a la vergüenza y a la indignación que todo esto provoca y cuando menos tratar de comprender lo que está pasando, pues lo mínimo es conocer cuál es el enemigo real. Por tanto, ¿qué nos enseña esta inaudita e inédita situación? Lo que ya sabíamos: que en cuestión de política pública incide aquí, más que nadie, un grupúsculo con criterios trogloditas, al que no le importa el prestigio del país, la salud de la Madre Tierra o los derechos humanos; como tampoco le importa, nunca le ha importado, las comunidades indígenas. La única lógica que entienden es la de privatizar ganancias y socializar pérdidas. Algunos hasta se dicen católicos pero nada quieren saber de cuidar la «casa común» (Papa Francisco).
Claro, pero precisemos. Hay cientos de empresarios honestos en este país que respetan las reglas del capitalismo e incluso se arrollan las mangas para ganarse lo que se ganan. Ellos pagan sus impuestos a tiempo y los salarios de ley, porque saben que es absurdo matar de hambre a la gallina de los huevos de oro. Los hay que además impulsan programas de responsabilidad social, ambiental y comunitaria. También se enriquecen con el trabajo del prójimo, pero comparten algunos beneficios e incentivos asociados a productividad. Hasta pueden ser personas solidarias que aman su país, que pagan con gusto a la CCSS y no despiden al primer trabajador que quiere sindicalizarse.[4] Sin embargo, la gran mayoría son medianos o pequeños empresarios, sin tiempo para hacer lobby ni para formar parte de las directivas de sus respectivas cámaras.
Pero otra cosa es la mafia «empresarial», la que no paga ni el salario mínimo. El Ministerio de trabajo sabe que casi el 30 % de la fuerza laboral sufría ese flagelo en el sector privado antes de pandemia. En cambio sí paga la «ingeniería fiscal» que necesita para evadir y eludir sus obligaciones fiscales, mientras «exporta» sus ganancias a paraísos fiscales; así que ya tiene el déficit fiscal por encima del 8% del PIB y al país híper endeudado. Esa ingeniería ha inventado el capitalismo de ganancia cero, lo que le valdría para un Nobel en Economía. Estos capitalistas juegan sucio y rudo, mientras se disfrazan de «demócratas ejemplares» se niegan a pagar la seguridad social. Están también los que sin rubor contrabandean y estafan, o hacen extracciones ilícitas en bosques y ríos contaminándolos sin responsabilidad. Ellos se apropian ilegalmente de tierras del Estado o de las comunidades indígenas, venden al ICE electricidad que no necesita o cobran alquileres abusivos y sostienen otras prácticas monopólicas. Todos siguen el mal ejemplo de los usureros que por años han estado atracando a los deudores. Y quedan otras especies que caben en un largo etcétera. Y, por supuesto, también están entre ellos los que blanquean capitales al narcotráfico.
En fin, tales son los abanderados de la avaricia en el desfile del capitalismo salvaje que destruye las fuentes de toda riqueza (trabajo y la naturaleza); el mismo que está llevando a la hecatombe ecológica anunciada por el cambio climático. Todos bajo la ética del enriquecimiento ilimitado a la brevedad posible; de la concentración y centralización de la riqueza como objetivo absoluto, aunque se queden sin futuro, sin planeta, sus nietos y nietas. Actúan contra la sostenibilidad y gobernabilidad del capitalismo. De manera tan egoísta, miope e irresponsable que parecen anticapitalistas. Según la broma de Franz Hinkelammert, cortan la rama en la que están sentados. Pero, por ahora, para desgracia de todos, se van saliendo con la suya.
Mientras tanto, el Soberano, el Pueblo, con el mandato constitucional de gobernar junto a los tres poderes dizque independientes, permanece cual bello durmiente a la espera de que la Patria roce sus labios…
[1] Así anuncia el IILPES un webinar titulado: «Acuerdo de Escazú. Oportunidades del gobierno abierto ambiental», para el próximo jueves 20 de mayo del 2021.
[2] Ver un excelente análisis en: https://surcosdigital.com/la-entrada-en-vigor-del-acuerdo-de-escazu-sin-costa-rica-un-hecho-insolito-que-merece-explicacion-video/
[3] Ver el artículo de Alberto Salom, «El acuerdo de Escazú», del domingo 16 de mayo de 2021, en larepública.net.
[4] El presidente Biden acaba de hacer una defensa contundente de este derecho básico.
SURCOS comparte la siguiente invitación:
El pasado 22 de abril entró en vigor el Acuerdo de Escazú. Este instrumento regional plasma un paradigma de democracia ambiental fundamentado en la transparencia, la participación y la inclusión como base para las transformaciones sociales y ecológicas en la región. La sinergia con la plataforma que ofrece la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), como modelo de gestión pública transparente e inclusivo, permite coordinar e impulsar las rutas de implementación del Acuerdo y ampliar su alcance.
Usted puede ser parte de este conversatorio con reformadores ambientales y de gobierno abierto para discutir estrategias que permitan avanzar la implementación del Acuerdo de Escazú e identificar oportunidades, aliados, y recursos institucionales a través de los planes de acción de gobierno abierto.
El evento es gratuito y se realizará el jueves 20 de mayo de 2021
14:00 hrs. Santiago / 15:00 hrs. Buenos Aires / 13:00 hrs. Quito/CDMX
Para participar y recibir el enlace deben registrarse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB4m4Ug1wsZkmD95ya3f9Hmo4gWQTRCxSgx7VbsVxDwwOT-g/viewform
Para mayor información puede escribir al correo secretaria.escazu@cepal.org
Compartido con SURCOS por Henry Mora Jiménez.
La Alianza por una Vida Digna realizó este foro con la participación del presidente del Poder Judicial Fernando Cruz, la diputada Nielsen Pérez, el abogado especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable Álvaro Sagot, y el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica Nicolás Boeglin.
La Alianza por una Vida Digna invita a compartir esta herramienta para la información, la reflexión y la toma de posición en grupos y movimientos sociales.
SURCOS comparte la siguiente información:
El acuerdo de Escazú ¿Ahora o nunca?, se llevará a cabo en el programa Voces y Política en un Facebook Live el día miércoles 12 de mayo del 2021 a las 5 p.m., con la participación de Álvaro Sagot Rodríguez, consultor ambiental, abogado, profesor de derecho ambiental, UCR.
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) reafirmó el compromiso de esta casa de estudios con el medio ambiente e hizo un llamado al Gobierno de la República sobre la importancia de ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información Ambiental, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
Mediante un Pronunciamiento aprobado en la sesión ordinaria de este jueves 6 de mayo, el Órgano Colegiado también instó a la Asamblea Legislativa para que, a la mayor brevedad, se apruebe dicho acuerdo, el cual se tramita con el Expediente legislativo N.° 21.245.
Costa Rica es uno de los países proponentes del Acuerdo de Escazú, sin embargo, aún no ha sido ratificado por el Gobierno de la República y está pendiente de aprobación por parte de la Asamblea Legislativa.
El Gobierno de la República suscribió este Acuerdo Regional el 4 de marzo de 2018, el cual pretende ser un Convenio de Derechos Humanos que desarrolla contenidos ambientales, particularmente lo establecido en el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, referente a las garantías procesales en temas ambientales.
Se trata del primer convenio regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente que contiene temáticas relacionadas con la generación y divulgación de información ambiental y el acceso a ella, la participación pública en los procesos de toma de decisiones, así como acceso a la justicia y la protección especial para las personas defensoras del ambiente.
Obligación constitucional
De acuerdo con el Consejo Universitario, el Estado costarricense tiene la obligación constitucional de tutelar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; de igual manera, la ciudadanía tiene el deber de exigir el cumplimiento de ese mandato.
El Órgano Colegiado manifestó que la UCR tiene como principio orientador de sus acciones el compromiso con el medio ambiente, con el propósito de fomentar el mejoramiento de la relación ser humano-ambiente, al igual que el conocimiento, el respeto, la conservación y el uso sostenible de los recursos ambientales.
Destacó que, en concordancia con ese principio, la Institución ha definido políticas que procuran fortalecer la cultura institucional en defensa del ambiente y su sustentabilidad.
Zaida Siles Rojas, Periodista UCR
Del programa Orden del Día de Radio Universidad Costa Rica 96.7 FM se invita al espacio para hablar del tema: CR sin acuerdos de Escazú: El doble rasero en la narrativa de DDHH, este próximo lunes 10 mayo a las 5 p.m.
Participan: Nicolás Boeglin Naumovic, profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho-UCR y Mario Peña Chacón, coordinador de la Maestría en Derecho Ambiental UCR.
Conducen: Giselle Boza Solano, abogada, comunicadora y coordinadora del PROLEDI-UCR y Rosaura Chinchilla Calderón, abogada, docente de la Facultad de Derecho-UCR.
En el marco del programa “Consulta Legal“, que se transmite por la frecuencia 870 AM de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, se discutió sobre los argumentos que existen en contra del Acuerdo de Escazú y aspectos sobre su ratificación por parte del Estado costarricense.
El programa se tituló: «¿Es tan dañino como dicen algunas cámaras empresariales el Acuerdo de Escazú para Costa Rica?«
El espacio fue organizado por la Facultad de Derecho de la UCR y contó con la participación de Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UCR y Álvaro Sagot Rodríguez, abogado ambientalista y profesor en la Sede de Occidente de la UCR.
El Acuerdo de Escazú es un convenio que busca garantizar y proteger el acceso a la información, participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina.
Puede encontrar más detalles del programa en el video adjunto.
El pasado 22 de abril, entró oficialmente en vigor el Acuerdo de Escazú adoptado en Costa Rica en el 2018. Como se recordará, este innovador instrumento regional es el resultado de negociaciones realizadas entre el 2013 y el 2018, bajo los auspicios de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas).
Se trata de un tratado que, desde el 2019, ha desatado una verdadera campaña de desinformación gestada desde algunos sectores y cúpulas empresariales, ayudadas por algunos medios de prensa afines, lo cual explica que a tres años desde su adopción, solamente haya sido ratificado por 12 Estados (de 33 posibles Estados Partes).
Hay que recalcar la capacidad creativa de algunos sectores opuestos a la idea de consolidar los derechos de quienes defienden el ambiente para hacerle decir a este tratado cosas que no son ni se sostienen: por ejemplo, una de sus cláusulas (véase texto en esta nota publicada por CIARGlobal) sobre la solución de controversias entre Estados Partes (previendo el arbitraje o el recurso a una instancia judicial – Artículo 19) ha dado lugar a las interpretaciones más insólitas y fantasiosas para presentar el Acuerdo de Escazú como una verdadera «amenaza» ante el supuesto «riesgo» de demandas internacionales contra el Estado (Nota 1).
El Acuerdo de Escazú en breve
El nombre completo del Acuerdo de Escazú, abierto desde el 26 de setiembre del 2018 a la firma de 33 Estados de América Latina y del Caribe (véase texto completo de su versión oficial en español) es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.
Al 22 de abril del 2021, este tratado regional ha sido firmado por 24 Estados. No obstante, la lista de quienes además de haberlo firmado, lo han ratificado se reduce a la mitad, con 12 Estados Partes (véase estado oficial de firmas y ratificiones). Es de notar que entre el 2013 y el 2018, las negociaciones contaron con el activo protagonismo de Chile y de Costa Rica: dos Estados que vergonzosamente, a la fecha no han ratificado este texto.
En el caso de Chile, el Poder Ejecutivo ni tan siquiera ha procedido a firmarlo. La declaración conjunta de junio del 2018 circulada por ambos Estados para celebrar el Día Internacional del Ambiente (véase texto que aún está colgado en el sitio oficial de la diplomacia chilena) constituye el último compromiso oficial de ambos en favor de esta iniciativa.
La determinación de la fecha de entrada en vigor
Mientras un tratado internacional no es vigente, no ingresa plenamente al universo del derecho internacional público. Su contenido no víncula aún de manera obligatoria a los Estados que lo han ratificado, ni tienen estos cómo implementar los mecanismos o crear los órganos previstos dentro del tratado. En cada instrumento internacional se incluyen disposiciones que establecen de manera muy clara las condiciones para determinar la fecha exacta de su entrada en vigor.
¿Cómo se fijó la fecha de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú? Esta se calculó contando tres meses después de registrarse el número de ratificación número 11, según lo establece el Artículo 22, párrafo 1.
Al respecto, merece mención la coordinación muy precisa realizada por los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para realizar el depósito de su respectivo instrumento de ratificación el mismo día en Nueva York, el 22 de enero del 2021: de 10 Estados Partes, se pasó directamente a 12 Estados Partes. De esta manera, estos dos Estados enviaron una señal clara e inequívoca a la región y al resto de la comunidad internacional en favor de la democracia ambiental, permitiendo además hacer coincidir la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú con una fecha en la que se conmemora, a nivel internacional, el Día Mundial de la Madre Tierra: un gesto ejemplar para otras cancillerías, de cómo se puede transformar un sencillo acto protocolario en una gran celebración.
Sobre algunas actividades oficiales programadas para celebrar la entrada en vigor de Escazú
Entre varias actividades para celebrar la entrada en vigencia de este importante acuerdo regional se puede citar la que desde la CEPAL (entidad que auspició las negociaciones de este acuerdo regional durante más de 5 años y medio), se organizó con la participación oficial de los 12 Estados Partes al Acuerdo de Escazú (véase programa), a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Cada Estado celebró oficialmente esta fecha: podemos por ejemplo citar este foro interministerial realizado por diversas carteras en Argentina (véase enlace oficial) y este otro evento realizado en Bolivia (véase nota de prensa); y de paso, preguntarnos qué fue lo que ocurrió en algunos Estados para que no se registrara ninguna actividad oficial al respecto, ni tan siquiera un comunicado oficial o un modesto «tweet» enviado desde alguna autoridad estatal.
En el caso de Panamá por ejemplo, sus autoridades ambientales circularon un comunicado oficial (véase texto), al tiempo que en México se anunció la difusión mediante la red de estaciones radiofónicas locales del Acuerdo de Escazú en las 35 lenguas indígenas (véase nota de La Jornada).
Cabe señalar que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su profunda complacencia por la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú (véase comunicado de prensa), asi como Naciones Unidas, incluyendo un mensaje de su máximo representante, el Secretario General en persona (véase comunicado de prensa oficial).
Sobre algunas actividades de otra índole para celebrar la entrada en vigor de Escazú
Se puede también destacar la feliz iniciativa gestada desde universidades de Argentina y de Francia para realizar varios módulos virtuales de capacitación sobre los alcances de este novedoso tratado regional para jueces, operadores de justicia y organizaciones no gubernamentales (ONG): se trata del «Primer conversatorio sobre el Acuerdo Regional de Escazú. Enfoque Internacional, Regional y Nacional«, cuyo programa y formulario de inscripción (gratuita y abierta a todo el público) son disponibles aquí.
Siempre en Argentina, hay que recordar el esfuerzo de los académicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para ofrecer una de las publicaciones más completas existentes en estos momentos sobre el Acuerdo de Escazú (330 páginas), la cual fue editada en el 2020 y cuyo texto completo está disponible en este enlace.
Es también en Argentina que se anunció la creación de un Foro Legislativo Ambiental en el seno de su Congreso este 21 de abril (véase nota), un formato que bien podría interesar a otros poderes legislativos en la región.
También merece mención el anuncio oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Perú de un mecanismo de protección para los defensores del ambiente este 22 de abril (véase nota de prensa y texto completo del decreto): un interesante gesto de un Estado que aún no ha ratificado el tratado, pero que empieza desde ya a adoptar políticas públicas como las que sugiere este instrumento regional.
Es muy probable que otras iniciativas en distintas partes de América Latina y del Caribe vieron el día para celebrar la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú: las iniciativas precitadas son solamente una pequeña muestra de ellas.
El Acuerdo de Escazú … sin Costa Rica
En Costa Rica, la situación incómoda de observar la entrada en vigor de un tratado internacional que lleva el nombre de uno de sus cantones sin figurar entre los Estados Partes fue más que palpable.
Más aún si se considera que Costa Rica lideró con Chile los cinco años, siete meses y siete días que duraron las negociaciones. Y más aún si se considera lo siguiente: a diferencia de Chile, en donde la pasación de poderes del 2018 significó un cambio abrupto de orientación política (con el estallido social que sacudió a Chile en el 2019 y parte del 2020), en Costa Rica, a partir de mayo del 2018, las nuevas autoridades electas pertenecen al mismo partido político que gobernó en el período 2014-2018.
A una extraña maniobra del Poder Ejecutivo de la semana pasada, consistiendo en convocar el Acuerdo de Escazú el 12 de abril para desconvocarlo 48 horas después (véase artículo del Semanario Universidad), volver a convocarlo y desconvocarlo nuevamente el pasado 24 de abril aduciendo temas sanitarios ligados a la pandemia, podemos observar otras más recientes en el Congreso: véase por ejemplo esta nota con audios de diputadas registrados en días recientes así como lo que quiso ser una maniobra de última hora de la fracción oficialista (y que no lo fue) y este reciente artículo del Semanario Universidad. De última hora se informó desde el mismo 21 de abril que varios diputados se oponían rotundamente al Acuerdo de Escazú (véase esta nota del medio digital Delfino.cr y esta otra de CRHoy).
La sensación de incoherencia y de improvisación fue total, así como lo insólito que resulta la situación de Costa Rica, analizada esta vez desde la perspectiva internacional (véase entrevista radial al respecto). Como lo habíamos explicado en su momento, algunas cámaras empresariales costarricenses en octubre del 2020 circularon una serie de pronunciamientos en contra de la aprobación del Acuerdo de Escazú en el seno de la Asamblea Legislativa (Nota 2).
Más allá de los vaivenes de la política costarricense, este 22 de abril se realizó un foro (véase programa) convocado por la Facultad de Ciencias Sociales y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyo video está disponible en este enlace.
Al tiempo que, siempre desde la UCR, el Programa Era Verde de su canal de televisión (Canal 15 UCR) dedicó su emisión semanal al Acuerdo de Escazú (véase video disponible en YouTube).
Pese a una intensa campaña realizada por varias cámaras empresariales contra el Acuerdo de Escazú, el mismo 22 de abril se organizó un foro, por parte del exitoso medio digital Delfino.cr, para debatir públicamente sus argumentos; los representantes de la UCCAEP optaron finalmente por no participar (véase enlace al foro realizado, en el que se ponderaron los argumentos en contra del Acuerdo de Escazú que sostiene la UCCAEP).
Finalmente, quisiéramos recomendar la lectura de este artículo del medio costarricense Ojoalclima, el cual detalla los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos con relación a su contenido; así como estes valioso esfuerzo de DobleCheck, que examina en detalle cada uno de los argumentos la precitada cámara empresarial renuente a debatir públicamente (véase documento) ,en el que podemos leer que:
«Doble Check conversó el viernes 23 de abril con Álvaro Jenkins, presidente de UCCAEP, quien dirigió las consultas al director ejecutivo Fabio Masís. Masís dirigió hoy, lunes, nuestras consultas al departamento de prensa, que indicó que no podrían responder hasta la tarde del miércoles 28 de abril. Doble Check actualizará esta nota si las respuestas llegan para entonces«.
El 22 de abril del 2021: una ocasión propicia para realizar acciones diversas
No está de más decir que, de cara a esta importante conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra en este 2021, las organizaciones de la sociedad civil, la academia (Nota 3), el sector ecologista, los movimientos sociales y la prensa también fueron llamados a participar activamente: con respecto a esta última, varias agencias internacionales de noticias prepararon notas, entrevistas y artículos para el 22 de abril (véase por ejemplo esta nota de la DW alemana, este artículo publicado en ElPais de España y esta nota de Radio France Internationale, RFI).
En el ámbito nacional, se puede destacar el esfuerzo colectivo de varios medios peruanos que lanzaron el 22 de abril el video «Ratificación del Acuerdo de Escazú: la gran deuda ambiental en Perú» (véase video promocional).
Así como la deuda de Perú con el Acuerdo de Escazú es manifiesta, al haber sido frenada su adopción en el congreso peruano con base en argumentos falaces (y hasta … fantasiosos), es muy probable que en América Latina, colectivos recordaron en Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela que mantenerse distante del Acuerdo de Escazú resulta cada vez más insostenible: a modo de ejemplo, podemos citar este comunicado suscrito por 86 asociaciones campesinas en República Dominicana (véase nota de prensa) y este artículo de opinión publicado en El Nacional de Venezuela.
Este artículo de El Desconcierto (Chile) ilustra muy bien el desconcierto que provoca la incoherencia del discurso de sus actuales autoridades en materia ambiental, mientras que este otro publicado en El Nuevo Siglo (Colombia) explica el alcance de la ausencia de Colombia (Estado de la región en el que más asesinatos de líderes comunitarios y ecologistas se registran).
En cuanto a la situación de la prensa en Costa Rica, nos permitimos recordar lo que se observó en marzo del 2018 y que se plasmó en unas reflexiones nuestras (véase texto) al señalar que:
«No hace falta mencionar que la escasa cobertura de los medios de prensa con relación a la adopción de este texto el pasado 4 de marzo del 2018 en la capital de Costa Rica puede responder a ciertos intereses, que perciben con extrema reserva y cautela toda consolidación de estos principios jurídicos en favor de las comunidades y del ambiente.«
A modo de conclusión
El contar con 12 Estados que puedan oficialmente participar a la primera reunión de Estados Partes y darle vida a un tratado internacional como el Acuerdo de Escazú, constituye sin lugar a dudas un gran avance para la región y para la consolidación de la democracia ambiental. El hecho que Chile y que Costa Rica aún no figuren en este grupo de Estados puede ciertamente afectar su credibilidad a nivel internacional; no obstante, esta ausencia no afecta mayormente el proceso de consolidación de este innovador impulso en procura de un desarrollo económico mucho más equitativo e inclusivo y más respestuoso de los derechos de cada ciudadano y colectividad en el continente.
En América Latina, el haber incorporado el tema del Acuerdo de Escazú en la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra constituyó sin lugar a dudas una gran oportunidad para dar a conocer el alcance de las disposiciones normativas de este importante instrumento: en particular para informar sobre la extrema vulnerabilidad de quienes defienden el ambiente en el continente, y son regularmente noticia cuando son intimidados, amenazados, enjuiciados, o, al persistir en su lucha, asesinados. En este sentido, el precitado anuncio hecho por el Poder Ejecutivo peruano el pasado 22 de abril debiera de inspirar a muchas otras autoridades en el continente en aras de proteger a los defensores ambientales.
Notas—
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «En respuesta a algunos argumentos en contra del Acuerdo de Escazú«, Ius360, edición del 2/11/2020, disponible en este enlace.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., « «¡Llegaron los mitos!»: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 17/12/2020, disponible en este enlace.
Nota 3: Siempre en Costa Rica, referimos a un muy reciente y completo artículo publicado, cuya lectura completa se recomienda: PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el estado de derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17/4/2021, disponible en este enlace.
Hoy día de la tierra entra en vigor el Acuerdo de Escazú y mientras en la región celebran en nuestro país están amenazadas de muerte 12 personas de pueblos indígenas: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba); Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra); Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Doris Ríos, Ariel Ríos (China Kichá); y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y José Enrique Ortiz Figueroa (Salitre). Además, han amenazado a dos defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery López Castro[1].
Estas 14 amenazas son producto de una violencia estructural, que han recibido los pueblos originarios y las personas activistas que acompañan el movimiento de recuperación de los territorios que por ley les pertenecen.
Estas intimidaciones son parte de los 88 tipos de agresiones registradas tan solo el año pasado[2], entre las que están: agresiones por parte de turbas, múltiples tipos de amenazas, amedrentamientos, hostigamientos, detonaciones de arma de fuego, incendios, bloqueos de caminos, agresiones con arma, ataques con sustancias químicas y muchas otras formas de violencia, cuyo hecho crucial fue el asesinato del dirigente indígena Jerhy Rivera, en febrero del 2020. Toda una guerra de lenta y cruel intensidad.
Un contexto similar se dio en el año 2019, antes y después del asesinato del líder indígena Sergio Rojas.
La pandemia ha sido la principal causa de que, tanto el año pasado como este, no se concretaran ninguna de las otras amenazas de muerte, pues la acción del gobierno es “dejar hacer, dejar pasar” al estilo progresista. Es decir, hacer que se hace y darle largas; o sea, legitimar y estar del lado de quien aplica la violencia.
Esa misma ambigüedad raya en cinismo pues se trata de vidas de defensoras y defensores indígenas y activistas. Similar inacción ha demostrado el Estado con la negociación y aprobación del Acuerdo de Escazú. Por un lado está el discurso “verde”, donde en el papel aguanta lo que le pongan; y por otro lado está la realidad, donde el Gobierno lo trata como moneda de cambio y es caja de resonancia de los horrores que han dicho las cámaras empresariales contra dicho Acuerdo. El Gobierno lo ha dejado engavetado y a la suerte del juego legislativo-electoral, donde puede pasar cualquier cosa.
Mientras, se ha perdido un valioso tiempo de vida o muerte. Por ejemplo, este año Pablo Sibas, líder histórico del movimiento indígena, fue amenazado nuevamente. En redes sociales le dijeron: “Cuando será q les volarán plomo a Pablito sibas y sus secuaces para q respeten lo ajeno a todo cerdito le llega su hora”, “Hay que eliminar a Pablo sibar vividor, estafado, ladrón, sinvergüenza muerto de Amber, parásito invivible, pero ya la muerte lo anda Rondando muy SERCA tarde o temprano dejará de joder” (citado textualmente).
Sibas ha recibido múltiples amenazas de muerte y ha sido atacado en diversas ocasiones, de la misma forma en que sucedió con Sergio Rojas Ortiz, Jerhy Rivera Rivera y otras personas indígenas.
“Si a Sergio lo hubieran protegido, por lo menos les hubiera costado más matarlo. Nosotros sabemos que estamos en peligro, que nuestras familias están en peligro, que en nuestras propias tierras y casas estamos en peligro, y eso no lo quiere asumir el Gobierno”, dijo Sibas.
En mayo de 2012, Sibas sufrió dos ataques físicos: uno donde recibió golpes, patadas y hasta mordiscos; y otro una semana después, en el que lo persiguieron por la carretera, lo insultaron y lo intentaron herir con un cuchillo.
El año pasado, en los hechos que culminaron con el lamentable asesinato de Jehry Rivera, el día antes del crimen Sibas se salvó de ser la víctima de la misma turba, que con machetes “le gritaban que lo iban a matar, que lo iban a tasajear”[3].
“Fue por suerte que logró escapar y resguardar su vida ante la inacción policial. Uno días después, personas no identificadas incendiaron la finca de Sibas. Semanas antes del ataque, había recibido varias amenazas de muerte en las redes sociales. Se le informó de que se habían contratado sicarios para matarlo a él y a varios otros líderes indígenas. Esa misma amenaza fue reiterada meses después por un individuo desconocido, quien le dijo que tenía garantizada una recompensa por su asesinato También ha sido objeto de una campaña de difamación por medios de comunicación local y nacional, si bien debería gozar con medidas de protección y ha interpuesto las denuncias oficiales, la protección policial es esporádica y su vida corre mucho peligro”[4].
En este contexto, donde hay claramente un modus operandi de la violencia y sus perpetradores, de las formas, de las estrategias utilizadas, de los mecanismos, no existen leyes ni fuero en la legislación actual de nuestro país para resguardar la vida de las personas defensoras. A las personas indígenas el sistema solo les ofrece utilizar el programa de protección de testigos, teniendo que abandonar su hogar y su territorio, mientras los perpetradores frescos y libres dentro de los territorios indígenas.
Está claro que el acuerdo de Escazú crea jurisprudencia, reconocimiento y condiciones para personar defensoras pues en su artículo 9 dice que se “garantizará un entorno seguro y propicio”, “medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover derechos” y “medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones”.
El gobierno es responsable de este manejo vacilante del Acuerdo de Escazú, que ha generado el espacio para que el lobby empresarial y transnacional, que ha retomado los argumentos más retorcidos de las derechas latinoamericanas, donde resucitaron y maquillaron los manuales de la guerra fría, rayando en el ridículo.
Ahora, en medio del peor ambiente electoral y después de secuestrar ocho meses la agenda legislativa para hipotecar al Fondo Monetario Internacional (FMI) la división de poderes, la Constitución Política y la institucionalidad democrática, veremos el destino de este importante Acuerdo. Le corresponde el turno a la Asamblea legislativa, de donde brotaron tantos precandidatos como moho después de la lluvia. Esperemos que todos quieran figurar y, aunque sea por oportunismo se pongan a favor del necesario Acuerdo.
[1] Coordinadora de Lucha Sur- Sur, 2021. https://surcosdigital.com/pueblos-originarios-de-costa-rica-continuan-luchando-y-exigiendo-justicia-a-dos-anos-del-asesinato-de-sergio-rojas-ortiz/
[2] Coordinadora de Lucha Sur- Sur, 2021, Disponible en http://www.kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/Recuentoagresiones2020.pdf
[3]https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/costa-rica-agresiones-y-amenazas-contra-los-defensores-indigenas-jose
[4]https://www.frontlinedefenders.org/es/case/arson-attacks-threats-against-indigenous-peoples%E2%80%99-rights-defender-pablo-sibar
Imagen ilustrativa.
(*) Proyecto ED-3526 Diálogo de Saberes y Geografía, docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR y IDELA-UNA.