En el marco del programa “Consulta Legal“, que se transmite por la frecuencia 870 AM de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, se discutió sobre los argumentos que existen en contra del Acuerdo de Escazú y aspectos sobre su ratificación por parte del Estado costarricense.
El programa se tituló: «¿Es tan dañino como dicen algunas cámaras empresariales el Acuerdo de Escazú para Costa Rica?«
El espacio fue organizado por la Facultad de Derecho de la UCR y contó con la participación de Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UCR y Álvaro Sagot Rodríguez, abogado ambientalista y profesor en la Sede de Occidente de la UCR.
El Acuerdo de Escazú es un convenio que busca garantizar y proteger el acceso a la información, participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina.
Puede encontrar más detalles del programa en el video adjunto.
En primer plano la defensora ambiental Berta Cáceres, asesinada en Honduras.
El pasado 22 de abril, entró oficialmente en vigor el Acuerdo de Escazú adoptado en Costa Rica en el 2018. Como se recordará, este innovador instrumento regional es el resultado de negociaciones realizadas entre el 2013 y el 2018, bajo los auspicios de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas).
Se trata de un tratado que, desde el 2019, ha desatado una verdadera campaña de desinformación gestada desde algunos sectores y cúpulas empresariales, ayudadas por algunos medios de prensa afines, lo cual explica que a tres años desde su adopción, solamente haya sido ratificado por 12 Estados (de 33 posibles Estados Partes).
Hay que recalcar la capacidad creativa de algunos sectores opuestos a la idea de consolidar los derechos de quienes defienden el ambiente para hacerle decir a este tratado cosas que no son ni se sostienen: por ejemplo, una de sus cláusulas (véase texto en esta nota publicada por CIARGlobal) sobre la solución de controversias entre Estados Partes (previendo el arbitraje o el recurso a una instancia judicial – Artículo 19) ha dado lugar a las interpretaciones más insólitas y fantasiosas para presentar el Acuerdo de Escazú como una verdadera «amenaza» ante el supuesto «riesgo» de demandas internacionales contra el Estado (Nota 1).
El Acuerdo de Escazú en breve
El nombre completo del Acuerdo de Escazú, abierto desde el 26 de setiembre del 2018 a la firma de 33 Estados de América Latina y del Caribe (véase texto completo de su versión oficial en español) es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.
Al 22 de abril del 2021, este tratado regional ha sido firmado por 24 Estados. No obstante, la lista de quienes además de haberlo firmado, lo han ratificado se reduce a la mitad, con 12 Estados Partes (véase estado oficial de firmas y ratificiones). Es de notar que entre el 2013 y el 2018, las negociaciones contaron con el activo protagonismo de Chile y de Costa Rica: dos Estados que vergonzosamente, a la fecha no han ratificado este texto.
En el caso de Chile, el Poder Ejecutivo ni tan siquiera ha procedido a firmarlo. La declaración conjunta de junio del 2018 circulada por ambos Estados para celebrar el Día Internacional del Ambiente (véasetexto que aún está colgado en el sitio oficial de la diplomacia chilena) constituye el último compromiso oficial de ambos en favor de esta iniciativa.
La determinación de la fecha de entrada en vigor
Mientras un tratado internacional no es vigente, no ingresa plenamente al universo del derecho internacional público. Su contenido no víncula aún de manera obligatoria a los Estados que lo han ratificado, ni tienen estos cómo implementar los mecanismos o crear los órganos previstos dentro del tratado. En cada instrumento internacional se incluyen disposiciones que establecen de manera muy clara las condiciones para determinar la fecha exacta de su entrada en vigor.
¿Cómo se fijó la fecha de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú? Esta se calculó contando tres meses después de registrarse el número de ratificación número 11, según lo establece el Artículo 22, párrafo 1.
Al respecto, merece mención la coordinación muy precisa realizada por los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para realizar el depósito de su respectivo instrumento de ratificación el mismo día en Nueva York, el 22 de enero del 2021: de 10 Estados Partes, se pasó directamente a 12 Estados Partes. De esta manera, estos dos Estados enviaron una señal clara e inequívoca a la región y al resto de la comunidad internacional en favor de la democracia ambiental, permitiendo además hacer coincidir la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú con una fecha en la que se conmemora, a nivel internacional, el Día Mundial de la Madre Tierra: un gesto ejemplar para otras cancillerías, de cómo se puede transformar un sencillo acto protocolario en una gran celebración.
Sobre algunas actividades oficiales programadas para celebrar la entrada en vigor de Escazú
Entre varias actividades para celebrar la entrada en vigencia de este importante acuerdo regional se puede citar la que desde la CEPAL (entidad que auspició las negociaciones de este acuerdo regional durante más de 5 años y medio), se organizó con la participación oficial de los 12 Estados Partes al Acuerdo de Escazú (véaseprograma), a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Cada Estado celebró oficialmente esta fecha: podemos por ejemplo citar este foro interministerial realizado por diversas carteras en Argentina (véase enlace oficial) y este otro evento realizado en Bolivia (véase nota de prensa); y de paso, preguntarnos qué fue lo que ocurrió en algunos Estados para que no se registrara ninguna actividad oficial al respecto, ni tan siquiera un comunicado oficial o un modesto «tweet» enviado desde alguna autoridad estatal.
En el caso de Panamá por ejemplo, sus autoridades ambientales circularon un comunicado oficial (véase texto), al tiempo que en México se anunció la difusión mediante la red de estaciones radiofónicas locales del Acuerdo de Escazú en las 35 lenguas indígenas (véase nota de La Jornada).
Cabe señalar que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también expresó su profunda complacencia por la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú (véase comunicado de prensa), asi como Naciones Unidas, incluyendo un mensaje de su máximo representante, el Secretario General en persona (véase comunicado de prensa oficial).
Sobre algunas actividades de otra índole para celebrar la entrada en vigor de Escazú
Se puede también destacar la feliz iniciativa gestada desde universidades de Argentina y de Francia para realizar varios módulos virtuales de capacitación sobre los alcances de este novedoso tratado regional para jueces, operadores de justicia y organizaciones no gubernamentales (ONG): se trata del «Primer conversatorio sobre el Acuerdo Regional de Escazú. Enfoque Internacional, Regional y Nacional«, cuyo programa y formulario de inscripción (gratuita y abierta a todo el público) son disponibles aquí.
Siempre en Argentina, hay que recordar el esfuerzo de los académicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para ofrecer una de las publicaciones más completas existentes en estos momentos sobre el Acuerdo de Escazú (330 páginas), la cual fue editada en el 2020 y cuyo texto completo está disponible en este enlace.
Es también en Argentina que se anunció la creación de un Foro Legislativo Ambiental en el seno de su Congreso este 21 de abril (véase nota), un formato que bien podría interesar a otros poderes legislativos en la región.
También merece mención el anuncio oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Perú de un mecanismo de protección para los defensores del ambiente este 22 de abril (véase nota de prensa ytexto completo del decreto): un interesante gesto de un Estado que aún no ha ratificado el tratado, pero que empieza desde ya a adoptar políticas públicas como las que sugiere este instrumento regional.
Es muy probable que otras iniciativas en distintas partes de América Latina y del Caribe vieron el día para celebrar la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú: las iniciativas precitadas son solamente una pequeña muestra de ellas.
El Acuerdo de Escazú … sin Costa Rica
En Costa Rica, la situación incómoda de observar la entrada en vigor de un tratado internacional que lleva el nombre de uno de sus cantones sin figurar entre los Estados Partes fue más que palpable.
Más aún si se considera que Costa Rica lideró con Chile los cinco años, siete meses y siete días que duraron las negociaciones. Y más aún si se considera lo siguiente: a diferencia de Chile, en donde la pasación de poderes del 2018 significó un cambio abrupto de orientación política (con el estallido social que sacudió a Chile en el 2019 y parte del 2020), en Costa Rica, a partir de mayo del 2018, las nuevas autoridades electas pertenecen al mismo partido político que gobernó en el período 2014-2018.
A una extraña maniobra del Poder Ejecutivo de la semana pasada, consistiendo en convocar el Acuerdo de Escazú el 12 de abril para desconvocarlo 48 horas después (véaseartículo del Semanario Universidad), volver a convocarlo y desconvocarlo nuevamente el pasado 24 de abril aduciendo temas sanitarios ligados a la pandemia, podemos observar otras más recientes en el Congreso: véase por ejemplo esta nota conaudios de diputadas registrados en días recientes así como lo que quiso ser una maniobra de última hora de la fracción oficialista (y que no lo fue) y este reciente artículo del Semanario Universidad. De última hora se informó desde el mismo 21 de abril que varios diputados se oponían rotundamente al Acuerdo de Escazú (véase esta nota del medio digital Delfino.cr y esta otra de CRHoy).
La sensación de incoherencia y de improvisación fue total, así como lo insólito que resulta la situación de Costa Rica, analizada esta vez desde la perspectiva internacional (véase entrevista radial al respecto). Como lo habíamos explicado en su momento, algunas cámaras empresariales costarricenses en octubre del 2020 circularon una serie de pronunciamientos en contra de la aprobación del Acuerdo de Escazú en el seno de la Asamblea Legislativa (Nota 2).
Más allá de los vaivenes de la política costarricense, este 22 de abril se realizó un foro (véase programa) convocado por la Facultad de Ciencias Sociales y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), cuyo video está disponible en este enlace.
Al tiempo que, siempre desde la UCR, el Programa Era Verde de su canal de televisión (Canal 15 UCR) dedicó su emisión semanal al Acuerdo de Escazú (véase video disponible en YouTube).
Pese a una intensa campaña realizada por varias cámaras empresariales contra el Acuerdo de Escazú, el mismo 22 de abril se organizó un foro, por parte del exitoso medio digital Delfino.cr, para debatir públicamente sus argumentos; los representantes de la UCCAEP optaron finalmente por no participar (véaseenlace al foro realizado, en el que se ponderaron los argumentos en contra del Acuerdo de Escazú que sostiene la UCCAEP).
Finalmente, quisiéramos recomendar la lectura de este artículo del medio costarricense Ojoalclima, el cual detalla los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos con relación a su contenido; así como estes valioso esfuerzo de DobleCheck, que examina en detalle cada uno de los argumentos la precitada cámara empresarial renuente a debatir públicamente (véase documento) ,en el que podemos leer que:
«Doble Check conversó el viernes 23 de abril con Álvaro Jenkins, presidente de UCCAEP, quien dirigió las consultas al director ejecutivo Fabio Masís. Masís dirigió hoy, lunes, nuestras consultas al departamento de prensa, que indicó que no podrían responder hasta la tarde del miércoles 28 de abril. Doble Check actualizará esta nota si las respuestas llegan para entonces«.
El 22 de abril del 2021: una ocasión propicia para realizar acciones diversas
No está de más decir que, de cara a esta importante conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra en este 2021, las organizaciones de la sociedad civil, la academia (Nota 3), el sector ecologista, los movimientos sociales y la prensa también fueron llamados a participar activamente: con respecto a esta última, varias agencias internacionales de noticias prepararon notas, entrevistas y artículos para el 22 de abril (véase por ejemplo esta nota de la DW alemana, este artículo publicado en ElPais de España y esta nota de Radio France Internationale, RFI).
En el ámbito nacional, se puede destacar el esfuerzo colectivo de varios medios peruanos que lanzaron el 22 de abril el video «Ratificación del Acuerdo de Escazú: la gran deuda ambiental en Perú» (véase video promocional).
Así como la deuda de Perú con el Acuerdo de Escazú es manifiesta, al haber sido frenada su adopción en el congreso peruano con base en argumentos falaces (y hasta … fantasiosos), es muy probable que en América Latina, colectivos recordaron en Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela que mantenerse distante del Acuerdo de Escazú resulta cada vez más insostenible: a modo de ejemplo, podemos citar este comunicado suscrito por 86 asociaciones campesinas en República Dominicana (véase nota de prensa) y este artículo de opinión publicado en El Nacional de Venezuela.
Este artículo de El Desconcierto (Chile) ilustra muy bien el desconcierto que provoca la incoherencia del discurso de sus actuales autoridades en materia ambiental, mientras que este otro publicado en El Nuevo Siglo (Colombia) explica el alcance de la ausencia de Colombia (Estado de la región en el que más asesinatos de líderes comunitarios y ecologistas se registran).
En cuanto a la situación de la prensa en Costa Rica, nos permitimos recordar lo que se observó en marzo del 2018 y que se plasmó en unas reflexiones nuestras (véase texto) al señalar que:
«No hace falta mencionar que la escasa cobertura de los medios de prensa con relación a la adopción de este texto el pasado 4 de marzo del 2018 en la capital de Costa Rica puede responder a ciertos intereses, que perciben con extrema reserva y cautela toda consolidación de estos principios jurídicos en favor de las comunidades y del ambiente.«
A modo de conclusión
El contar con 12 Estados que puedan oficialmente participar a la primera reunión de Estados Partes y darle vida a un tratado internacional como el Acuerdo de Escazú, constituye sin lugar a dudas un gran avance para la región y para la consolidación de la democracia ambiental. El hecho que Chile y que Costa Rica aún no figuren en este grupo de Estados puede ciertamente afectar su credibilidad a nivel internacional; no obstante, esta ausencia no afecta mayormente el proceso de consolidación de este innovador impulso en procura de un desarrollo económico mucho más equitativo e inclusivo y más respestuoso de los derechos de cada ciudadano y colectividad en el continente.
En América Latina, el haber incorporado el tema del Acuerdo de Escazú en la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra constituyó sin lugar a dudas una gran oportunidad para dar a conocer el alcance de las disposiciones normativas de este importante instrumento: en particular para informar sobre la extrema vulnerabilidad de quienes defienden el ambiente en el continente, y son regularmente noticia cuando son intimidados, amenazados, enjuiciados, o, al persistir en su lucha, asesinados. En este sentido, el precitado anuncio hecho por el Poder Ejecutivo peruano el pasado 22 de abril debiera de inspirar a muchas otras autoridades en el continente en aras de proteger a los defensores ambientales.
Notas—
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «En respuesta a algunos argumentos en contra del Acuerdo de Escazú«, Ius360, edición del 2/11/2020, disponible en este enlace.
Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., « «¡Llegaron los mitos!»: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 17/12/2020, disponible en este enlace.
Nota 3: Siempre en Costa Rica, referimos a un muy reciente y completo artículo publicado, cuya lectura completa se recomienda: PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el estado de derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17/4/2021, disponible en este enlace.
Hoy día de la tierra entra en vigor el Acuerdo de Escazú y mientras en la región celebran en nuestro país están amenazadas de muerte 12 personas de pueblos indígenas: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba); Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra); Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Doris Ríos, Ariel Ríos (China Kichá); y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y José Enrique Ortiz Figueroa (Salitre). Además, han amenazado a dos defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery López Castro[1].
Estas 14 amenazas son producto de una violencia estructural, que han recibido los pueblos originarios y las personas activistas que acompañan el movimiento de recuperación de los territorios que por ley les pertenecen.
Estas intimidaciones son parte de los 88 tipos de agresiones registradas tan solo el año pasado[2], entre las que están: agresiones por parte de turbas, múltiples tipos de amenazas, amedrentamientos, hostigamientos, detonaciones de arma de fuego, incendios, bloqueos de caminos, agresiones con arma, ataques con sustancias químicas y muchas otras formas de violencia, cuyo hecho crucial fue el asesinato del dirigente indígena Jerhy Rivera, en febrero del 2020. Toda una guerra de lenta y cruel intensidad.
Un contexto similar se dio en el año 2019, antes y después del asesinato del líder indígena Sergio Rojas.
La pandemia ha sido la principal causa de que, tanto el año pasado como este, no se concretaran ninguna de las otras amenazas de muerte, pues la acción del gobierno es “dejar hacer, dejar pasar” al estilo progresista. Es decir, hacer que se hace y darle largas; o sea, legitimar y estar del lado de quien aplica la violencia.
Esa misma ambigüedad raya en cinismo pues se trata de vidas de defensoras y defensores indígenas y activistas. Similar inacción ha demostrado el Estado con la negociación y aprobación del Acuerdo de Escazú. Por un lado está el discurso “verde”, donde en el papel aguanta lo que le pongan; y por otro lado está la realidad, donde el Gobierno lo trata como moneda de cambio y es caja de resonancia de los horrores que han dicho las cámaras empresariales contra dicho Acuerdo. El Gobierno lo ha dejado engavetado y a la suerte del juego legislativo-electoral, donde puede pasar cualquier cosa.
Mientras, se ha perdido un valioso tiempo de vida o muerte. Por ejemplo, este año Pablo Sibas, líder histórico del movimiento indígena, fue amenazado nuevamente. En redes sociales le dijeron: “Cuando será q les volarán plomo a Pablito sibas y sus secuaces para q respeten lo ajeno a todo cerdito le llega su hora”,“Hay que eliminar a Pablo sibar vividor, estafado, ladrón, sinvergüenza muerto de Amber, parásito invivible, pero ya la muerte lo anda Rondando muy SERCA tarde o temprano dejará de joder” (citado textualmente).
Sibas ha recibido múltiples amenazas de muerte y ha sido atacado en diversas ocasiones, de la misma forma en que sucedió con Sergio Rojas Ortiz, Jerhy Rivera Rivera y otras personas indígenas.
“Si a Sergio lo hubieran protegido, por lo menos les hubiera costado más matarlo. Nosotros sabemos que estamos en peligro, que nuestras familias están en peligro, que en nuestras propias tierras y casas estamos en peligro, y eso no lo quiere asumir el Gobierno”, dijo Sibas.
En mayo de 2012, Sibas sufrió dos ataques físicos: uno donde recibió golpes, patadas y hasta mordiscos; y otro una semana después, en el que lo persiguieron por la carretera, lo insultaron y lo intentaron herir con un cuchillo.
El año pasado, en los hechos que culminaron con el lamentable asesinato de Jehry Rivera, el día antes del crimen Sibas se salvó de ser la víctima de la misma turba, que con machetes “le gritaban que lo iban a matar, que lo iban a tasajear”[3].
“Fue por suerte que logró escapar y resguardar su vida ante la inacción policial. Uno días después, personas no identificadas incendiaron la finca de Sibas. Semanas antes del ataque, había recibido varias amenazas de muerte en las redes sociales. Se le informó de que se habían contratado sicarios para matarlo a él y a varios otros líderes indígenas. Esa misma amenaza fue reiterada meses después por un individuo desconocido, quien le dijo que tenía garantizada una recompensa por su asesinato También ha sido objeto de una campaña de difamación por medios de comunicación local y nacional, si bien debería gozar con medidas de protección y ha interpuesto las denuncias oficiales, la protección policial es esporádica y su vida corre mucho peligro”[4].
En este contexto, donde hay claramente un modus operandi de la violencia y sus perpetradores, de las formas, de las estrategias utilizadas, de los mecanismos, no existen leyes ni fuero en la legislación actual de nuestro país para resguardar la vida de las personas defensoras. A las personas indígenas el sistema solo les ofrece utilizar el programa de protección de testigos, teniendo que abandonar su hogar y su territorio, mientras los perpetradores frescos y libres dentro de los territorios indígenas.
Está claro que el acuerdo de Escazú crea jurisprudencia, reconocimiento y condiciones para personar defensoras pues en su artículo 9 dice que se “garantizará un entorno seguro y propicio”, “medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover derechos” y “medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones”.
El gobierno es responsable de este manejo vacilante del Acuerdo de Escazú, que ha generado el espacio para que el lobby empresarial y transnacional, que ha retomado los argumentos más retorcidos de las derechas latinoamericanas, donde resucitaron y maquillaron los manuales de la guerra fría, rayando en el ridículo.
Ahora, en medio del peor ambiente electoral y después de secuestrar ocho meses la agenda legislativa para hipotecar al Fondo Monetario Internacional (FMI) la división de poderes, la Constitución Política y la institucionalidad democrática, veremos el destino de este importante Acuerdo. Le corresponde el turno a la Asamblea legislativa, de donde brotaron tantos precandidatos como moho después de la lluvia. Esperemos que todos quieran figurar y, aunque sea por oportunismo se pongan a favor del necesario Acuerdo.
(*) Proyecto ED-3526 Diálogo de Saberes y Geografía, docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR y IDELA-UNA.
En Costa Rica se han recrudecido las amenazas a personas que lideran la lucha por la protección de su derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El Acuerdo no consagra nuevos derechos, les da progresividad a los mismos en materia de ambiente y le da voz a las personas.
San José, Costa Rica, 22 de abril del 2021. El Consejo Consultivo Ciudadano sobre Cambio Climático (5C) como instancia de participación ciudadana liderada por organizaciones sociales, sectoriales y productivas, creada por el Decreto Ejecutivo 40616-MINAE, en el marco de la política nacional de gobierno abierto, tiene el llamado de mejorar los niveles de coordinación y comunicación entre la administración pública y la ciudadanía y dar voz a la sociedad civil costarricense en cuanto a las políticas públicas que inciden en la acción climática.
En este espacio ciudadano donde están integradas 55 organizaciones representantes de 9 sectores:
Comunitario (Asociaciones de Desarrollo y Asadas); 6. Movilidad y Sostenibilidad urbana;
Agropecuario, forestal y pesca; 7. Organizaciones indígenas;
Biodiversidad y ecosistemas; 8. Organizaciones Laborales y
Industria y Comercio; 9. Organizaciones de Mujeres.
Infraestructura y Transporte;
Como 5C ponemos de manifiesto la urgencia de que el Gobierno de la República de Costa Rica ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
Éste es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el Acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscrito por 24 de ellos, en septiembre del 2018. Y son 12 países los que procedieron a la ratificación. Costa Rica por su parte, aunque es signatario y fue inclusive anfitrión en este crucial acuerdo, no ha ratificado todavía su entrada en vigencia, que está fijada para el jueves 22 de abril de 2021. Aún así, Costa Rica será parte de la jornada de celebración y lanzamiento. Por tanto, instamos a nuestro Gobierno que sea coherente con el compromiso adquirido desde el 2018.
En los últimos años se han recrudecido las amenazas a personas que lideran la lucha por la protección de su derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por lo que nuestro país está llamado a comprometerse de manera más fuerte a su defensa. Costa Rica tiene una preocupante lista de asesinatos a personas líderes defensoras de derechos humanos que han dado a conocer ellos y ella son: Jehry Rivera, Sergio Rojas, Jairo Mora, Diego Armando Saborío, David Maradiaga, Maria del Mar Cordero, Oscar Fallas, Jaime Bustamamte, Gerardo Quirós Acosta, Olof Nicolas Wessberg.
Según datos de las organizaciones ecologistas en el país se mantiene el registro de diez asesinatos, igual número de incendios provocados, unos catorce atentados contra la integridad física y unas 26 demandas planteadas contra personas activistas defensoras del ambiente. Se consignan ataques y demandas a guardaparques y personas funcionarias públicas como jueces, periodistas que cubren luchas ambientales y docentes. Igualmente existen sub-registros o casos desconocidos por el movimiento ecologista, aun así se han contabilizado en total, 94 hechos de violencia que juntos y sistematizados demuestran que no son casos aislados y que hay una grave contradicción del discurso ambientalista oficial y lo que pasa con quienes defendemos nuestros recursos naturales.
Instamos a nuestro gobierno a consignar este Acuerdo que lucha por la Igualdad y no discriminación, no regresión ambiental y progresividad, preventivo y precautorio (en materia ambiental y defensores), máxima publicidad, equidad intergeneracional, soberanía sobre los recursos naturales, igualdad soberana sobre los Estados y el principio pro persona. Tenemos derecho a un ambiente sano y esto solo será posible si se garantizan derechos primordiales como el acceso a la información, la justicia y la participación ciudadana real, tomando en cuenta la perspectiva de género y la visibilización y participación de poblaciones históricamente vulneradas. El Acuerdo no consagra nuevos derechos, les da progresividad a los mismos en materia de ambiente y le da voz a las personas, ese es el centro del Acuerdo de Escazú.
Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático (5C)
Más organizaciones de la sociedad civil que suscriben este pronunciamiento:
Campaña Escazú Ahora, Costa Rica Parlamento Madre Tierra (Red Internacional de organizaciones de más de 20 países) Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) Misión 2 grados Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA) Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA). Colectivo de Ciclismo Urbano Las Luciérnagas ACONVIVIR A Foundation Colectivo PEDALIZATE Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica Fundación Centro para la Sostenibilidad Urbana (CPSU) Alianza pro Gestión Integral de Residuos
cc. Ministerio de la Presidencia, Consejo Nacional Ambiental, Ministerio de Ambiente y Energía, Dirección de Cambio Climático, Defensoría de los Habitantes, Diputadas y Diputados de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación
Contacto: Gabriela Cob (Presidenta Comité Director 5C) cel. 71469117
Este 22 de abril entró oficialmente en vigor el Acuerdo de Escazú adoptado en Costa Rica en el 2018. Como se recordará, este innovador instrumento regional es el resultado de nueve rondas de negociaciones realizadas entre el 2013 y el 2018 bajo los auspicios de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas),
Datos sobre el Acuerdo de Escazú en breve
El nombre completo del Acuerdo de Escazú, abierto desde el 26 de setiembre del 2018 a la firma de 33 Estados de América Latina y del Caribe (véase texto completo de su versión oficial en español) es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.
Es de notar que entre el 2013 y el 2018, las negociaciones contaron con el activo protagonismo de Chile y de Costa Rica: dos Estados que, vergonzosamente, a la fecha no han ratificado este texto. En el caso de Chile, ni tan siquiera lo ha firmado.
La determinación de su fecha de entrada en vigor
Mientras un tratado internacional no es vigente, no ingresa del todo al mundo del derecho internacional público. Cada instrumento internacional contiene disposiciones que establecen de manera muy clara las condiciones para su entrada en vigor.
¿Cómo se fijó la fecha exacta de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú? Esta fecha se calculó contando tres meses después de registrarse el número de ratificación número once, según lo establece el Artículo 22, párrafo 1.
Al respecto, merece mención la coordinación muy precisa realizada por los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para realizar el depósito de su respectivo instrumento de ratificación el mismo día en Nueva York, el 22 de enero del 2021: de diez Estados Partes, se pasó directamente a doce Estados Partes. De esta manera, estos dos Estados enviaron una señal clara e inequívoca en favor de la democracia ambiental, permitiendo además hacer coincidir la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú con una fecha en la que se conmemora, a nivel internacional, el Día Mundial de la Madre Tierra: un gesto ejemplar de cómo transformar un sencillo acto protocolario en una gran celebración tres meses después.
Sobre algunas actividades programadas para celebrar la entrada en vigor de Escazú
Entre varias actividades para celebrar la entrada en vigencia de este importante acuerdo regional se puede citar la que, desde la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas / CEPAL (entidad que auspició las negociaciones de este acuerdo regional durante más de 5 años y medio), se organizará con la participación oficial de los doce Estados Partes al Acuerdo de Escazú (véaseprograma), a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Cabe señalar que recientemente, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresó su profunda complacencia por la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú (véase comunicado de prensa).
Se puede también destacar la feliz iniciativa gestada desde universidades de Argentina y de Francia para realizar varios módulos virtuales de capacitación sobre los alcances de este novedoso tratado regional para jueces, operadores de justicia y organizaciones no gubernamentales (ONG): se trata del «Primer conversatorio sobre el Acuerdo Regional de Escazú. Enfoque Internacional, Regional y Nacional«, cuyo programa y formulario de inscripción (gratuita y abierta a todo el público) son disponibles aquí.
Siempre en Argentina, hay que recordar el esfuerzo de los académicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para ofrecer una de las publicaciones más completas existentes en estos momentos sobre el Acuerdo de Escazú (330 páginas), la cual fue editada en el 2020 y cuyo texto completo está disponible en este enlace.
El Acuerdo de Escazú… sin Costa Rica
En Costa Rica, la situación incómoda de observar la entrada en vigor de un tratado internacional que lleva el nombre de uno de sus cantones sin figurar entre los primeros Estados Partes (véase listado oficial) es más que palpable. Más aún si se considera que Costa Rica lideró con Chile los cinco años, siete meses y siete días que duraron las negociaciones.
A una extraña maniobra del Poder Ejecutivo de la semana pasada, consistiendo en convocar el Acuerdo de Escazú para desconvocarlo 48 horas después (véaseartículo del Semanario Universidad), podemos observar otras más recientes en el Congreso: véase por ejemplo esta nota conaudios de diputadas registrados en días recientes así como lo que podría ser una maniobra de última hora de la fracción oficialista y este artículo del Semanario Universidad.
La sensación de incoherencia y de improvisación es total, así como lo insólito que resulta la situación de Costa Rica analizada esta vez desde la perspectiva internacional (véase entrevista radial al respecto). Como lo habíamos explicado en su momento, algunas cámaras empresariales costarricenses en octubre del 2020 circularon una serie de pronunciamientos en contra de la aprobación del Acuerdo de Escazú en el seno de la Asamblea Legislativa (Nota 1).
Más allá de los vaivenes de la política costarricense, este 22 de abril se realizará un foro (véase programa) convocado por la Facultad de Ciencias Sociales y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Al tiempo que, siempre desde la UCR, el Programa Era Verde de su canal de televisión (Canal 15 UCR) dedicará su emisión semanal al Acuerdo de Escazú.
El 22 de abril del 2021: una ocasión propicia para realizar acciones diversas
No está de más decir que, de cara a esta importante conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra en este 2021, las organizaciones de la sociedad civil, la academia (Nota 2), el sector ecologista, los movimientos sociales y la prensa también están llamados a participar activamente: con respecto a esta última, varias agencias internacionales de noticias están desde ya preparando notas, entrevistas y artículos para este 22 de abril (véase por ejemplo esta nota de la DW alemana).
En el ámbito nacional, se destaca el esfuerzo colectivo de varios medios peruanos para lanzar este 22 de abril el video «Ratificación del Acuerdo de Escazú: la gran deuda ambiental en Perú» (véase video promocional).
Así como la deuda de Perú con el Acuerdo de Escazú es manifiesta, al haber sido frenada su adopción en el congreso peruano con base en argumentos falaces (y hasta fantasiosos), es muy posible que en América Latina, colectivos recuerden en Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Venezuela que mantenerse distante del Acuerdo de Escazú resulta cada vez más insostenible. Este artículo de El Desconcierto (Chile) ilustra muy bien la falta de coherencia del discurso de sus actuales autoridades en materia ambiental, mientras que este otro publicado en El Nuevo Siglo (Colombia) explica el alcance de la ausencia de Colombia (Estado en el que más asesinatos de líderes comunitarios y ecologistas se registra).
En cuanto a la situación en Costa Rica, nos permitimos recordar lo que se observó en marzo del 2018 con relación a la prensa nacional en unas reflexiones nuestras (véase texto) al señalar que:
«No hace falta mencionar que la escasa cobertura de los medios de prensa con relación a la adopción de este texto el pasado 4 de marzo del 2018 en la capital de Costa Rica puede responder a ciertos intereses, que perciben con extrema reserva y cautela toda consolidación de estos principios jurídicos en favor de las comunidades y del ambiente.«
A modo de conclusión
El contar con doce Estados que puedan oficialmente participar a la primera reunión de Estados Partes y darle vida a un tratado internacional como el Acuerdo de Escazú, constituye sin lugar a dudas un gran avance para la región y para la consolidación de la democracia ambiental. El hecho que Chile y que Costa Rica aún no figuren en este grupo de Estados puede afectar su credibilidad a nivel internacional, pero esta ausencia no afecta mayormente este decidido impulso en procura de un desarrollo económico mucho más equitativo e inclusivo y respestuoso de los derechos de cada ciudadano y colectividad en el continente.
En América Latina, incorporar el tema del Acuerdo de Escazú en la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra constituye una gran oportunidad para dar a conocer el alcance de sus disposiciones normativas y su carácter innovador: en particular para informar sobre la vulnerabilidad de quienes defienden el ambiente en la región y son regularmente noticia cuando son intimidados, amenazados o asesinados.
Notas—
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., « «¡Llegaron los mitos!»: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 17/12/2020, disponible en este enlace.
Nota 2: Siempre en Costa Rica, referimos a un muy reciente y completo artículo publicado, cuya lectura completa se recomienda: PEÑA CHACÓN M., «Transparencia y rendición de cuentas en el estado de derecho ambiental«, Delfino.cr, edición del 17/4/2021, disponible en este enlace.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El 22 de abril a las 4:00pm se llevará a cabo un foro virtual en el que se discutirá sobre la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú. Contará con la participación de los siguientes expositores:
sc. Mario Peña Chacón, profesor y coordinador, maestría en Derecho Ambiental, Facultad de Derecho, UCR.
Nicolas Boeglin Naumovic, profesor en Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
Modera:
Isabel Avendaño Flores, decana Facultad de Ciencias Sociales.
Este lunes 12 de abril, el Poder Ejecutivo convocó el proyecto de aprobación del Acuerdo de Escazú en la agenda de sesiones extraordinarias del Poder Legislativo. Lo pudo haber hecho desde el mes de noviembre del 2020. Este tratado internacional que busca consolidar los derechos de quienes defienden el ambiente, suscrito en Costa Rica en marzo del 2018, entrará formalmente en vigor este próximo 22 de abril, para los 12 Estados que ya lo han ratificado, entre los cuales no figura Costa Rica.
En esta entrevista radial se explica con más detalle lo que conlleva para Costa Rica haber atrasado su proceso de adopción y la incómoda situación que plantea, desde el punto de vista internacional, el no ser Estado Parte a un tratado regional que lleva el nombre de un cantón costarricense.
Este 4 de marzo del 2021, el Acuerdo de Escazú cumple 3 años desde su adopción en Costa Rica en marzo del 2018. De 33 Estados de América Latina y del Caribe llamados a firmarlo y a ratificarlo, solamente 12 lo han hecho (véase tabla oficial sobre firmas y ratificaciones registradas).
Las largas negociaciones de este instrumento (que duraron 5 años, 7 meses y 7 días) fueron lideradas por Chile y Costa Rica: dos Estados que,vergonzosamente, no han aún materializado su compromiso inicial, al no haberlo ratificado. Una reciente yvaliosa entrevista en Chile a una de las negociadoras chilenas detalla los alcances de este innovador tratado regional para la consolidación de una democracia ambiental en América Latina.
Objeto de una verdadera campaña de desinformación en varias partes de América Latina,mitos y leyendas elaborados por parte de sectores económicos y políticos han dado lugar a valiosos esfuerzos con miras a desmitificar en Costa Rica el Acuerdo de Escazú, así como enChile,Colombiay en Perú . El equipo de comunicadores de «La Pulla» en Colombia realizó un ingeniosovideo que desnuda con su dosis de humor las verdaderas falacias ideadas por las cámaras empresariales colombianas y sus fichas políticas.
A marzo del 2021, entre los Estados que han firmado pero no han ratificado el Acuerdo de Escazú, figuran en América Latina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Haití, Perú, Paraguay y República Dominicana. Entre los Estados en los que el Poder Ejecutivo ni siquiera ha procedido a firmarlo (impidiendo de esta manera que se inicie el proceso de ratificación por parte del Poder Legislativo) figuran los de Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.
Al tratarse de la región del mundo en la que más se asesinan e intimidan a defensores del ambiente, ya es hora que en América Latina los Estados acepten todos consolidar los mismos derechos de quiénes, desde sus pequeñas comunidades organizadas, defienden el ambiente. A notar que el artículo 9 del Acuerdo de Escazú constituye un esperanzador avance, al ser la primera vez en la historia que una disposición en un tratado internacional preve una protección especial para estas personas, dada su extrema vulnerabilidad frente a megaproyectos, multinacionales y al entramado de intereses poderosos al que participan a menudo entidades estatales.
No podemos seguir con el clima de total impunidad que prevalece cada vez que se intimida, se silencia o se opta por eliminar físicamente a líderes comunitarios, rurales, campesinos, ecologistas o indígenas que defienden pacíficamente a su comunidad, muchas veces con la Constitución y las leyes ambientales en sus manos.
Argentina y Méxicorecientemente depositaron su instrumento de ratificación del Acuerdo de Escazú, uniéndose así a los 10 Estados que lo habían hecho antes: un decidido respaldo de estos dos Estados que requiere ahora ser extendido en procura de construir una verdadera democracia ambiental participativa en toda América Latina. En particular en la región andina, en donde únicamente Bolivia y Ecuador han ratificado este tratado regional, y en Centroamérica, con únicamente Nicaragua y Panamá que lo han hecho.
Con el depósito de los instrumentos de ratificación de México y Argentina hoy ante la ONU se alcanzó el número de Estados Parte necesarios, por lo que el Acuerdo Regional entrará en vigor el 22 de abril de 2021, Día Internacional de la Madre Tierra.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) celebró hoy la pronta entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú”, y destacó el compromiso de la región con la protección del desarrollo sostenible y los derechos humanos.
Con el depósito de los instrumentos de ratificación de los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, hoy 22 de enero de 2021 se alcanzó el número de Estados Parte necesario para la entrada en vigor del Acuerdo. Según establece el artículo 22 del tratado, una vez cumplidos los requisitos establecidos, el tratado entrará en vigor a los 90 días, es decir, el 22 de abril de 2021, fecha coincidente con el Día Internacional de la Madre Tierra.
“Hoy América Latina y el Caribe celebra su compromiso con el desarrollo sostenible y los derechos humanos. En estos momentos en que la situación global y regional reviste gran complejidad e incertidumbre, el Acuerdo de Escazú es más necesario que nunca porque refuerza la cultura del diálogo y la concertación para avanzar en las transformaciones necesarias que aseguren que la recuperación se enmarque en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en la Ceremonia de Depósito del Instrumento de Ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de México, que fue encabezada por Martha Delgado, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de ese país.
Durante su intervención, Alicia Bárcena destacó que hoy, 22 de enero de 2021, es un día histórico para América Latina y el Caribe.
“¡Para mí es un día histórico! Hoy es un día de fiesta, porque se celebra un paso adelante en la implementación del Acuerdo de Escazú, cuya negociación fue inclusiva, participativa y transparente. Esto es muy esperanzador”, afirmó la máxima representante de la CEPAL.
Destacó que el Acuerdo de Escazú es el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, los que dan la vida por la vida.
Alicia Bárcena reconoció el fuerte compromiso de los gobiernos de México y Argentina que hoy se convirtieron en Estados Parte del Acuerdo, y destacó a los otros 10 países que lo ratificaron anteriormente y que hicieron posible que el Acuerdo de Escazú entre en vigor el próximo 22 de abril: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
Asimismo, manifestó su convicción de que más países de la región se sumarán al tratado prontamente.
“Soy optimista. América Latina y el Caribe es una región rica cultural, social y ambientalmente. Su patrimonio natural es extenso y son muchas las oportunidades para una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad que traiga un mayor bienestar a nuestros pueblos”, subrayó Alicia Bárcena.
La Subsecretaria Martha Delgado, en tanto, reafirmó el compromiso del Gobierno de México con la implementación del tratado y destacó que Acuerdo Regional es una gran herramienta para dar voz a las juventudes, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a las personas con discapacidad y a las comunidades vulnerables.
“Es un derecho que los ambientalistas hemos perseguido durante años”, subrayó.
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de la región de América Latina y el Caribe, el único acuerdo vinculante adoptado hasta la fecha derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
-Es urgente convocar el Acuerdo de Escazú para discutirlo en la Asamblea Legislativa; -Empresarios presionan para que no exista un marco legal robusto en materia de delitos contra defensores de la naturaleza;
(Bloque Verde, 30/11/2020) Es injustificable seguir poniendo en riesgo a defensores y defensoras de la naturaleza. Es inaceptable e irresponsable la posición de las cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, las cuales pretenden que siga reinando en el país la impunidad en cuanto a crímenes contra defensores de la naturaleza.
Tanto la Cámara de la agroindustria como la Cámara de Industrias y la Unión de Cámaras Empresariales, han emitido documentos con afirmaciones temerarias, falsas y cargadas de argumentos ideológicos, en contra de un acuerdo internacional que vendría a ordenar la legislación en carácter de protección de los derechos ambientales, como lo es el Acuerdo de Escazú.
Los argumentos de las cámaras empresariales fueron desmentidos por el foro del Colegio de Abogados(1) del pasado 23 de noviembre. En el foro desglosaron uno a uno los argumentos falaces de los empresarios y dejaron en claro que esta campaña de las cámaras está fundamentada en interpretaciones lejanas a la realidad.
Además Nicolas Boeglin, abogado especialista en derecho internacional señala que el caso los empresarios costarricenses no es aislado. Boeglin señala que: “… tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional”, puntualizó el abogado(2).
La convocatoria de la agenda de proyectos de ley que envió el ejecutivo el día viernes 27 de noviembre a la Asamblea Legislativa dejó de lado la posibilidad de que se vote un acuerdo internacional que vendría a posibilitar la instalación de mecanismos para el acceso a la información y la protección de la seguridad y la vida de las quienes protegemos el agua, la biodiversidad, los ríos, los bosques, la vida silvestre terrestre y marina, etc.
El nombre completo de este convenio internacional es: El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”. Fue impulsado y firmado por Costa Rica en 2018 y en este momento se espera que sea ratificado por la Asamblea Legislativa para que pueda ser depositada la adhesión formal en Naciones Unidas y de esta forma entre a regir.
Uno de los alcances, que es importante mencionar, de este acuerdo es que daría la posibilidad de exigir al Estado la protección de los y las defensores ambientales en caso de que sean amenazados o perseguidos por su accionar en defensa de la naturaleza.
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica señala que no se puede “pensar que Costa Rica por su “liderazgo verde” se encuentra como la excepción en la región Latinoamericana y Caribeña. Sobre la precaria situación que atraviesan las y los defensores ambientales, el recuento de los hechos demuestra que vivimos situaciones que de no ser enfrentadas, podrían derivar en una mayor desprotección de estas personas”.
Este mismo centro universitario señaló que en la historia reciente de Costa Rica existen casos de defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados. Los crímenes de Yerhy Rivera en 2020 y Sergio Rojas en 2019; los cuales siguen en impunidad en un contexto de racismo, que impide el seguimiento de las investigaciones para buscar los autores materiales e intelectuales.
Pero a esto se suman otros crímenes más, como el cometido contra Jairo Mora en Moín en 2013. Y recuerda la deuda histórica que tiene el país en la búsqueda de justicia para los integrantes de Asociación Ecologista Costarricense asesinados 26 años atrás.
Por esta razón es urgente que se avance en aprobar el Acuerdo de Escazú y para tal objetivo el gobierno de Carlos Alvarado debe comprometerse con éste y priorizar su trámite en la Asamblea Legislativa; de lo contrario está posponiendo de forma injustificable la aplicación de un tratado internacional que vendría a dar seguridad a la labor de miles de personas a nivel nacional. Activistas, ecologistas, campesinos, campesina, indígenas, funcionarios de instituciones que impulsamos la conservación y el resguardo de los ecosistemas, y que en muchos casos lo hacemos a costa de la propia vida o seguridad personal.
