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Etiqueta: Acuerdos de La Habana

En el pos triunfo

Por Carlos Meneses Reyes

A tres días del triunfo electoral de Gustavo Petro como presidente y Francia Marquez como vicepresidenta de Colombia para el periodo 2022 – 2026, en el país se respira un ambiente de distensión y de concordia luego de una campaña basada en el odio, el engaño y la sinrazón. El desconocido patán fue vencido por el favorito y reconocido, con calidad de estadista a nivel nacional e internacional.

Sin seguir un orden cronológico ni de importancia de temas, destaco el triunfo por primera vez en Colombia de una opción de Presidencia Alternativa con la coadyuvancia y el trabajo militante de la izquierda legal.

Colombia se inclinó, con histórica votación, por el cambio de Petro. El domingo 19 de junio, 22’658.694 colombianos, equivalentes al 58,09% de los posibles votantes, salieron a las urnas en los 32 departamentos. 39 millones de colombianos estaban a habilitados para votar.

Bajó la abstención en un 5%. Petro se alzó con la victoria en 16 regiones y en Bogotá, mientras que Hernández conquistó esa misma cantidad de departamentos y se quedó con la mayor votación de los colombianos en el exterior.

El candidato del Pacto Histórico y ahora presidente electo se impuso en regiones como la Costa Caribe, el Pacífico y buena parte de la Amazonía. (Hace 4 años Iván Duque se alzó con la victoria en el país, con un total de 10’373.080 votos, en tanto que Gustavo Petro aseguró su triunfo con el respaldo de 11’281.013 electores).

Por su parte, el ex alcalde de Bucaramanga obtuvo 10.580.412 votos, conquistando el oriente colombiano, parte de la región Andina y el Eje Cafetero. (Los votos de Federico Gutiérrez en la primera vuelta, vertieron en Rodolfo Hernández).

Significa lo anterior que se cumplió el cálculo de romper en un 5% la abstención en favor de Petro , pues esta pasó del 45% al 40 %.

El progresista Gustavo Petro llega al gobierno con apoyo de la izquierda legal así como de centristas, urbanistas, periféricos, moderados y socialdemócratas, con cerca de 11.3 millones de votantes. Lleva al poder al progresismo junto con la izquierda legal por primera vez en la historia del país.

Gustavo Petro obtiene el 50,4% de los votos frente a Rodolfo Hernández, que pierde con el 47,3%.

Este último, a su vez, pasó de 5’953.209 votos, que consiguió en la primera vuelta del pasado 29 de mayo, a 10’580.412 en la jornada de ayer, una cifra nada despreciable.

No obstante, de lo anterior no se puede concluir que el país colombiano este dividido en dos extremos opuestos. Estos resultados electorales tampoco dan base para determinarlo así. Sucede que hay 18 millones de colombianos que no votan. No son participativos y encuadran en el dicho: “¿para dónde va Vicente?, para donde va la gente”.

A los votantes que sufragaron por Gustavo Petro corresponde calificarlos de conscientes. La suma de votantes a favor del candidato perdedor obedece a una gama de votos cautivos sumados a votos comprados. En ese orden presentado no estamos en realidad ante un país dividido o polarizado. En gracia de discusión se podría considerar una variante de unos 5.250.000 que calificarían como ricos o acomodados de este país, que constituyen las fuerzas retardatarias, conservaduristas, opuestas a cualquier cambio. Por ello es dable concluir que el gobierno del presidente G. Petro y de la vicepresidenta Francia Marquez será un gobierno de y para las mayorías.

Ante el triunfo del Frente Amplio Popular y Democrático que expresa el Programa y Plataforma Política del Pacto Histórico (PH) corresponde reseñar las acciones inmediatas de actuación del nuevo gobierno una vez obtenido el triunfo, explicado en la variable del llamado a un Gran Acuerdo de Unidad y de Concordia Nacional,

LO DE IMPLEMENTACIÓN

Los acuerdos de La Habana y el Teatro Colón se constituyen, en su implementación, como alcances por materializar en las conquistas del movimiento popular colombiano. La nueva presidencia alternativa asume ese derrotero. Llegó la hora de cumplimentar, facilitar y poner al orden del día el compromiso del Estado colombiano con las antiguas FARC-EP, sus desmovilizados y desarmados, sobre todo respecto de la aspiración inconclusa y la frustración histórica que ha significado para la nación colombiana volver trizas lo acordado y, paralelo a ello, la actitud frente a los compromisos asumidos como Estado, colocando al país de espaldas a la obligatoriedad de instrumentos internacionales plasmados en convenios. Todo por conductas dolosas del gobierno que concluye y que nos colocan en la picota al ensañarnos por los incumplimientos de los pacta sund servanda ante el escenario de la comunidad y el derecho internacional.

Se deleitaron, trayendo consigo el enfurecimiento y coraje de la opinión popular nacional, al causar el mayor daño posible a la justicia transicional como método civilizado aplicable a la solución de conflictos armados internos, como a la que se llegó con las insurgencias de las FARC-EP en Colombia.

Este triunfo electoral revindica el desagrado causado por la sensación de placer contra las aspiraciones populares causada por la secta de gobierno derrocada, que se había entronizado en el poder.

Rememoremos que en un tejido de telaraña jurídica el gobierno oligárquico del expresidente Santos acudió a un referéndum innecesario y que la incapacidad política del antiguo Secretariado de las FARC-EP admitió -jugando de tahúr el presidente- en la aplicación de la lógica “ni tanto que alumbre , ni tanto que queme al santo¨”. Santos ya había obtenido un premio Nobel y también complacía a sus amigos del Country Club.

Sometieron a referéndum la pregunta: «¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?». Pregunta que, como se sabe, fue respondida mayoritariamente con el NO y conllevó al desmonte de esenciales circunstancias y situaciones, así como a concesiones por la parte plenipotenciaria de la antigua insurgencia, lo cual concluyó en el Acuerdo del Teatro Colón. Se admite que lo único incólume de lo acordado en La Habana fue la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz).

LOS CINCO PUNTOS DE LOS ACUERDOS

Estos se materializarán en dirección del contenido del Estado colombiano, que desmontará todos los vestigios del poder narcoparamilitar, tan vilmente instalado. En resumen, con el triunfo del gobierno Alternativo se impone:

  1. La Reforma Rural Integral, falseada durante el transcurso mismo de las conversaciones por la Ley Zidres, como plan real, y que dejó en mera ilusión lo conversado y plasmado. Al orden del día está la reforma agraria democrática y radical.
  2. Reforma Política Electoral. Por plenas libertades de expresión, organización y movilización. Contra los votos a cambio de balas y de dinero, y por sepultar un sistema electoral corrupto, clientelista, de casino y de garantías de papel. La aplicación de un estatuto para la oposición, en el entendido de que hoy las fuerzas alternativas son gobierno.
  3. Terminación del conflicto armado interno con las Farc-ep, que consiste en el fin de los combates y acciones militares por parte de las Farc y los ataques y la persecución militar por parte del Gobierno a esta guerrilla. Es el llamado “Cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo”. Fin que quedó trunco con la facción denominada “Nueva Marquetalia”, integrada por combatientes que firmaron los acuerdos y luego alegaron el incumplimiento estatal de los mismos y retomaron las armas. En forma alguna implican ¨disidencias” y en la actualidad se encuentran cobijadas bajo el presupuesto normativo en calidad de rebeldes según el derecho internacional.
  4. Solución del problema de las drogas ilícitas. Es decir, sustitución de cultivos ilícitos. Este acuerdo ha sido el de menos implementación y va ligado al acuerdo primero sobre reforma rural integral.
  5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Vale decir, aplicación de la justicia transicional en desarrollo de los principios de autonomía e independencia. Esta ha sido la garantía de no impunidad. Extendidas estas normas de justicia transicional a todos: ex guerrilleros, militares, miembros de las Fuerzas Armadas en todas las ramas y composición de agentes estatales participantes y/o financiadores del paramilitarismo. El acuerdo sobre víctimas impedirá la impunidad para los paramilitares, los empresarios que los financiaron y los agentes estatales que los promovieron. Así, el acuerdo garantiza que no sea un pacto de impunidad. Este acuerdo contempla dos componentes: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Derechos Humanos. Jurisdicción Especial para la Paz en aplicación de un sistema integral y alterno que garantice el derecho a las víctimas y cumpla con la obligación estatal de justicia, buscando, mediante investigaciones penales especiales, la determinación de responsabilidades de sindicados de delitos de guerra y de lesa humanidad ocurridos durante y con ocasión del conflicto armado. La garantía de vigencia del contenido de derechos humanos asume lo relativo a la no repetición.

LO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

Con el Nuevo Gobierno Alternativo llegó el momento histórico y político de asumir de fondo y lograr en definitiva el fin del conflicto armado interno colombiano. Para ello, el nuevo gobierno ha de llamar a conversaciones a todas las insurgencias: 1. Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN). 2. Ejército Popular de Liberación (EPL). 3. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las diferentes facciones en que se transformaron, como ejército popular insurgente luego de los Acuerdos de la Habana y el Teatro Colón, resumidos en la “Segunda Marquetalia”, es decir, las facciones lideradas por Gentil Duarte y/o sus sucesores, y los frentes 10 y 28, con sus caracterizaciones particulares. En este item es primordial destacar que la contraparte estatal colombiana debe actuar de conformidad y en relación con un país con conflicto armado interno, bajo las distinciones y calificaciones del derecho internacional. Distinguiendo las características de mando unificado, presencia territorial y motivación antigubernamental asúi como de lucha armada contra el establecimiento estatal, en la configuración de una contraparte que tenga el carácter y reconocimiento de rebelde e insurgente.

La complejidad de la situación en el panorama del conflicto armado interno colombiano implica singularizar la continuación de las conversaciones existentes con el ELN. El trato especial a facciones de las FARC, que firmaron los acuerdos enunciados, incluyendo en ello a la Nueva Marquetalia. Dentro de este mismo trato especial ha de incluirse a los reductos del EPL que desde hace tres décadas continuaron la lucha armada pese a la des movilización de la mayoría de esa organización político-militar, con presencia actual en zonas como las del Catatumbo, la antigua provincia de Ocaña y el sur del Cesar. El llamado a conversaciones a actuales facciones de las FARC-EP que no aceptaron ni firmaron los acuerdos de La Habana: bloque identificado como el dirigido por Gentil Duarte. Incumbe además incluir la suerte en la definición de los citados frentes 28 y 10, acorde con las caracterizaciones del derecho internacional y en la definición definitiva, si califican o no como fuerzas rebeldes y/o insurgentes y/o perteneciente a fuerzas del crimen organizado multiforme. Los ingredientes del conflicto armado interno colombiano lo componen actores armados insurgentes o rebeldes y las fuerzas armadas estatales colombianas en todas sus expresiones. Por ello, al buscar el fin de ese conflicto, el armado, no ha de volverse a la imprecisión de “proceso de paz” ni continuar utilizando un lenguaje impropio de calificaciones y clasificaciones al colocar en un mismo recipiente a todos los actores armados que asolan la geografía nacional, comprendiendo que lo multiforme del crimen común organizado difiere de las causas, motivaciones, ejercicio y alcances de los rebeldes insurgentes.

En todo lo anterior está el meollo del asunto, es decir, en la distinción del diseño y aplicación de una política gubernamental nueva que logre la finalización del conflicto como solución política y no de calificativos y frases confusas.

Tan extenso tema, tangencialmente abordado, se resume en la continuación de las conversaciones rotas con el ELN, facilitando que sus plenipotenciarios en La Habana definan su equipo negociador de común acuerdo entre las partes. En un primer acto soberano del gobierno alternativo del presidente Gustavo Petro: retomar el carácter plenipotenciario de los líderes del ELN en La Habana y coordinar su regreso inmediato de conformidad con los convenios existentes desconocidos por el saliente gobierno narco paramilitar. Determinar si las conversaciones han de continuar en el exterior o, por el contrario, en el territorio nacional, constituyendo esta posibilidad la de mayor acogida.

Las conversaciones con el Ejercito de Liberación Nacional de Colombia (ELN) no serán difíciles en cuanto al reconocimiento de beligerantes como parte plenipotenciaria frente a la contraparte estatal. Se regirán por el alcance de profundas reformas económicas, políticas y sociales con participación de la sociedad civil, conforme al planteamiento de Programa Máximo y Mínimo de satisfacción con el movimiento popular. Existe un acumulado de experiencias con el proceso de fin del conflicto armado con las antiguas FARC-EP. Desde ya, es necesario que la dictadura mediática no se apropie de la estulticia de un “proceso de paz”. Hoy se trata de un proceso de conquistas sociales y populares. Por eso, es conveniente que se desarrollen en territorio colombiano.

LO DEL CONFLICTO SOCIAL

No es fácil describirlo o explicarlo. Lo conforman múltiples factores y se dice que en toda sociedad existirá el conflicto social. Es por ello que al asumir una solución del conflicto social colombiano corresponde identificar una caracterización en el llamado conflicto multicrimen. El tema y su solución ha de abordarse desde lo sociológico y político, sin que se resuma en que se trata de un problema político y sociológico por sí mismo.

Los múltiples conflictos colombianos (armado, político, económico, social, ecológico) están relacionados. De manera que corresponde asumir el tema, en particular, en lo atinente con la seguridad ciudadana.

No es motivo del presente artículo la motivación profunda de contenido y conocimiento de este conflicto. Hay que partir de la base de que es uno de los problemas más difíciles que afectan la convivencia ciudadana, para poder abordar el tema de seguridad de los ciudadanos en la ciudad y en lo rural. Para ambos escenarios no se dan tratos diferenciales. Las estadísticas y volumen de incidencias del conflicto social abarcan los escenarios tanto urbanos como rurales.

El gobierno que termina aplicó una política hegemónica oligárquica y contrainsurgente para enfrentar el conflicto social y el conflicto armado. Los resultados han sido ciertamente calamitosos. Hoy corresponde dilucidar las llamadas lucha contra las drogas, contra la minería ilegal, contra la ganadería extensiva y su efecto depredador; contra las organizaciones multicrimen y sus agentes, incluidos los delincuentes de cuello blanco; contra los acaparadores de recursos básicos, especuladores y prestamistas, así como también contra los especímenes, en todos los matices, de la corrupción y los aliados del narco paramilitarismo.

Hay que desenmascarar toda una cultura de alienación que funciona con la premisa de convivir con el crimen. Llamar a los delincuentes y los delitos por su nombre. Destaco aquí el efecto subliminal de “borrrar” el delito de robo y designar a todo como meros hurtos, tal como hacen la mediática y los responsables policiales. En un hurto no opera el factor violencia; en el robo sí y esa simple circunstancia ha hecho carrera para mitigar el agobio que produce la inseguridad que padece la sociedad colombiana.

Desplazados y terrorismo de Estado

Por Carlos Meneses Reyes

Eso de considerar que el gobierno de turno no preveía una escalada social de la protesta política en Colombia, incurriendo en des gobernabilidad, no es de por sí cierta; como quiera que obedece a la tozuda posición de la oligarquía colombiana, en su infinito poder de dominio, de no aceptar que los métodos de domesticación social aupadas con las prácticas sangrientas de Terrorismo de Estado aplicadas, desbordaron en ineficaces; demostrando cuan equivocadas están al pretender desconocer la fuerza arrolladora de un pueblo organizado.

En Colombia está proscrita la participación política directa y popular y por ende cualquier protesta publica es judicializada y calificada de “terrorista” dentro de la dictadura mediática de la guerra contrainsurgente y el “enemigo interno”. Con esa denominación justifican la existencia de un ejército que combate internamente a su mismo pueblo y que ha degenerado en un ejército de invasión, dada la aplicación de una doctrina militar y el adocenado y ya reiterativo comportamiento de unidades militares. La verdad de Perogrullo en Colombia es que las fuerzas militares aplican mano dura a la protesta política. Asocian la violencia desatada durante la protesta política y social, con sinónimo de vandalismo. Siempre argumentarán el libre tránsito de calles y vías; cuando precisamente en ese momento un grupo de ciudadanos y ciudadanas están haciendo un uso excepcionalmente soberano de las mismas; por ser ese el escenario natural de las protestas. Sabiéndolo de antemano, que no pueden judicializar como violento a todo aquel o aquella, que por múltiples y justificadas razones, ocultan su rostro: un ejercicio directo al derecho al habeas data, es decir, el derecho a la intimidad e identidad de la imagen; en momentos en que en Colombia el Terrorismo de Estado selectivo, continúa suministrando la información a fuerzas paramilitares y para estatales; cuando el dedo acusador contra la impunidad les hace variar de un comportamiento de ilegalidad y contra insurgencia a uno de supuesta legalidad. Que pese al maquillaje de las encuestas la institucionalidad policial en Colombia es sinónimo de temor, criminalidad y violación a los derechos humanos. Que una policía militar como la colombiana, aplica practicas militares.

Como resultado de la intensificación de la lucha armada en el país y en consecuencia, la generalización del conflicto armado interno en diversas áreas de la geografía colombiana; en este año de 2.021, se han multiplicado los desplazamientos de población campesina e indígena, hacia zonas urbanas. Ello obedece al favorecimiento de la expansión paramilitar en los territorios más altamente militarizados. Demostrado está que las zonas y áreas de influencia de las antiguas FARC, fueron copadas con efectivos militares. Debieron, pero no lo hicieron, aplicar los lineamentos de un Plan de Desmantelamiento de las Estructuras Paramilitares, tal como lo contemplaron los Acuerdos de La Habana, para lograr el ingrediente de la No Repetición. Pero esos Acuerdos no fueron implementados por la derecha militarista en el poder. Por el contrario, haciendo uso de una política contra insurgente, sembraron el campo de bandas criminales- las bacrim- y en cínica alianza de ayuda colaborativa, del elemento y recurso paramilitar, intensificaron los enfrentamientos de esas estructuras, con las fuerzas insurgentes, en tanto la oficialidad y el generalato “se lavan la cara” ante el incremento de masacres y asesinatos selectivos de líderes sociales.

El desplazamiento forzado afectó a 32.217 personas en 106 eventos masivos (Cohodes 2020.). En Nariño: 11.470 personas desplazadas, siendo la población afrodescendiente, la mayor afectada con número de 9.150 personas; mientras que 7.049 pertenecían a pueblos indígenas. Es el Pacifico colombiano, el de mayor número de personas desplazadas: 21.932. En Ituango un número superior a 5.000 desplazados, que se resisten a regresar a sus parcelas, por carencia de condiciones y permanencia de los enfrentamientos armados. Eso sí, sin cansar de repetirlo: son enfrentamientos y combates entre grupos paramilitares y las guerrillas insurgentes, sin pasar la hoja del sainete montado por la inteligencia militar y la política de contra insurgencia narco paramilitar en el poder, de ser enfrentamientos entre las distintas huestes insurgentes colombianas.

Para este año 2.021, la espiral de desplazamiento interno de población afectada por el conflicto armado es del 103%. Tanto en el Norte caribeño y el nororiente, en el sur del Departamento de Bolívar, en el occidente antioqueño y chocoano; en el la región occidental; el Arauca y el Catatumbo, el cuadro de afectación a los derechos humanos es dramático.

Hoy se está en una situación de desplazamientos y enfrentamientos armados, superior al previo escenario del proceso de terminación del conflicto armado con las antiguas insurgencias de las FARC-EP- que en modo alguno puede calificarse como un “proceso de paz”.

La permanencia narco paramilitar

La oligarquía militarista vende la idea que existe un “nuevo” paramilitarismo. Falso. Es el mismo paramilitarismo, develado, denunciado y condenado, el que actualmente funciona en Colombia. Siempre como recurso, imposible de prescindir, del ejército made in Usa, que opera en territorio colombiano. En la medida en que persiste el conflicto armado interno en Colombia, el para militarismo continua con soporte institucional, de terceros empresarios y vehículo del lavado de activos, tal cual es su naturaleza: un instrumento contra insurgente de dominación, control y miseria contra el pueblo colombiano.

El resultado de la no implementación de los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, y la hechura en trizas de su contenido documentario, ha cumplido el interés de la derecha militarista: la intensificación del conflicto interno armado. Logrado que, en vez de unas FARC, existan “tres en una”. El fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN); tanto por su inclaudicable consecuencia política, en una desgastante permanencia de sus negociadores plenipotenciarios en Cuba; como la no suplencia de la lucha armada en Colombia. Ello implica reiterar su vigencia, trayendo consigo el caracterizar como fuerza insurgente, a los antiguos reductos del Ejército Popular de Liberación (E.P.L), conforme a su sello de vocación de poder popular e insistencia de una salida política negociada al conflicto interno armado colombiano. De igual manera y así sea de soslayo, adelantar, que consecuencia a la no solución a los reclamos populares en la calle y el tratamiento contra insurgente dado a la protesta social en Colombia, ha traído, ello consigo, la inevitable irrupción de la guerrilla urbana en Colombia.

La opinión pública internacional ha asimilado esta constante de situación en Colombia. Comprendido que la llamada guerra contra los drogas, continúa siendo un instrumento imperial de domino geopolítico. Que la lucha contra el narcotráfico ha redundado en la instalación y perfil de un Narco Estado en Colombia; precisamente porque el negocio consiste en que el narcotráfico no se extinga y variantes como la legalización de la marihuana, se imponga.

Así le llamen eufemísticamente “cannabis” y su uso medicinal; está demostrado que solo la legalización universal de las drogas narcóticas es lo procedente y la sola legalización en un solo país, no ha traído solución definitiva al problema, de por si capitalista, como lo es el narcotráfico y su incidencia económica mundial.

Propio para el programa de matarife

La Confesión explícita del ex presidente innombrable, en el año de 2.006, en una entrevista en la W Radio, sobre la desmedida y concebida retórica presidencial, buscando desdibujar su activo papel paramilitar desde su paso por la Gobernación de Antioquia; el señalamiento en el número 82 como entre los 100 narcotraficantes buscados por la DEA; su confesión en esa entrevista difundida, de haber actuado armado, enmascarando o encubriendo actuación directa suya en operativo contra insurgente, de la fuerza pública contra un grupo de supuestos guerrilleros, que amenazaban la sagrada propiedad de sus tierras Ubérrimas, en Córdoba. Así aludido, trajo consigo, conforme a su relato, un golpe al Ejército Popular de Liberación (E.P.L), veinte años atrás; o sea hacia 1.986 y que, conforme a juristas populares, procede la acusación penal en su contra.

Esto, sumado a la distracción por las grandes contradicciones que generan sus acciones en las alturas del poder; ocultar el desgaste político que le ha representado su errada y asnal actitud frente al reclamo nacional de las Madres de Soacha y de reclamos de desaparecidos durante sus dos periodos de gobierno; perpetuando la dictadura civil de Terrorismo de Estado en Colombia; serían estos algunos del largo enunciado de situaciones que la desmedida escena de un ex presidente, fuera de sus cabales, denota.

Esa confesión paramilitar del innombrable y el mutismo del generalato de la época, se registró para entonces, en la entrevista a a él hecha, que publicaron los medios de alienación masiva (M.A.M). Demuestran su concepción paramilitar y de “justicia” por su propia mano. Relata como hace más de 20 años, con pistola en mano, participó en un operativo de la Fuerza pública (Policía y D.A.S) y se enfrentó a un grupo o cuadrilla de supuestos integrantes del Ejército Popular de Liberación (E.P.L.); obteniendo como resultado ocho bajas de los subversivos. Todo sucedió en predios de su Hacienda ganadera La Ubérrima en el Departamento de Córdoba, donde aún hoy afirman los uribeños: “todos somos paramilitares”.

(En Semana, Texto completo de la entrevista del presidente Uribe en la W Radio

3/12/2006): Dice: “Yo he tenido que enfrentar muchas situaciones de intento de secuestro a mí, a mi familia. Recuerdo que una vez casi me secuestran en el Ubérrimo, el EPL. Todo terminó porque yo mismo me armé, con una pistola, una escopeta y fui con la gente del DAS y de la Policía a enfrentar esos tipos, capturaron 8, ahí mismo fui donde los jueces de la República y les dije: espero que los traten con todo el respeto a los Derechos Humanos. Por ahí debe estar eso en los expedientes, como ha habido tanta leyenda de la oposición –me gustan estas entrevistas para poder enfrentar eso- y los tuvieron en la cárcel. Vino la amnistía al EPL, los soltaron y lo primero que hicieron fue que llegaron a la finca y se robaron 178 novillos”.

De manera que lo presento como propio para investigador, cuál fue la verdad sobre esa acción justiciera. Y lo traigo a colación, por encajar como anillo al dedo, a la vituperable practica de la “gente de bien” con camisas blancas, dispuestas a continuar actuando como sujetos de contra insurgencia en las ciudades.

La guerra jamás contada

Carlos Meneses Reyes

“Peor es ná” dice el campesino de El Catatumbo con relación a la Carta que diez senadores y tres representantes a la cámara, enviaron al alto gobierno, denunciando la presencia de 150 paramilitares que arribaron a la zona fronteriza de Cúcuta; que fueron avistados desde el próximo pasado 15 de diciembre, en el sector de Palmarito, corregimiento fronterizo del municipio de Cúcuta. Esos parlamentarios del sector alternativo de la política colombiana, en tímida denuncia, que pareciera elaborada como si fueran una Ong ‘s y no miembros revestidos de autoridad constitucional, como exponentes de la Rama Legislativa del Poder Público, alertan sobre esa incursión de efectivos paramilitares. Al hacerlo, conforme al texto y términos de la Carta Pública divulgada, no aluden al fondo, al meollo del asunto: la aplicación de la contrainsurgencia militar, por parte del ejército nacional, haciendo uso de bandas armadas, para enfrentar al Ejército de Liberación Nacional de Colombia- ELN. Lo hace, luego del triunfo de este, contra los paramilitares denominados Los Rastrojos, cual instrumento contra-insurgente del ejército nacional; tras un experimento de más de dos años, en ese escenario de guerra fronterizo, en que el ejército nacional se lava la cara y el generalato mantiene sus barbas en remojo.

El escenario del infiernillo

La División Política Administrativa de Cúcuta cuenta con los corregimientos y veredas de San Faustino, Puerto Villamizar, Banco de Arena, Vigilancia, Palmarito, La Punta, La Buena Esperanza, Aguaclara, San Faustino, Ricaurte, Guarumito, Agua Clara, El Carmen de Tonchalá y San Pedro, Totumito, Carboneras Banco de Arena. Involucra el centenar de veredas. Cuenta con un municipio, desmembrado del corregimiento de Puerto Villamizar y es Puerto Santander, que es fronterizo con Venezuela, país con el cual se comunica a través del Puente Internacional La Unión (uniéndose así con Bocas de Grita); que hace parte, junto con Villa de Rosario, Los Patios, del área Metropolitana de Cúcuta y comunica con zona rural del municipio de Tibú.

En mi artículo: “La malahora del conflicto armado en cúcuta” , publicado en el portal www.rewbelion.org, el 18 de agosto de 2020, reseñé: “La situación de conflicto armado en la zona rural fronteriza de Cúcuta es aberrante. El Comunicado firmado por doscientos cincuentas organizaciones sociales, populares y políticas del país; así como por seis senadores, intitulado: “Se Agrava Crisis Humanitaria en El Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta”, de fecha 24 de julio de 2.020, centra la atención de denuncia pública nacional e internacional sobre el enseñoramiento del narco paramilitarismo y su uso como instrumento contra insurgente de la Fuerza Armada del Estado colombiano. El tribunal de Paz de Colombia, ordena la protección de las víctimas de una de las peores masacres de la guerra”. Más adelante, exponía: “La Confrontación en la Frontera”. “Además del escenario de guerra relatado hasta el momento en la zona fronteriza metropolitana de Cúcuta y límites con el municipio de Tibú; otro frente “de operaciones” armadas sucede en el área fronteriza con el municipio de Villa de Rosario, La Parada Juan Frío”. Para el 29 de octubre de 2.020, publicitan que en los corregimientos de este histórico municipio, y parte integrante del área metropolitana de Cúcuta, la guerra a bala y sangre en las trochas fronterizas, librada entre una banda conocida como Autodefensas Unidas de Colombia y Venezuela (AUVC), un engendro del narcoparamilitarismo colombiano y contra el Ejército de Liberación Nacional- ELN, concluía en la desarticulación y el desmantelamiento de esa banda, con el consiguiente posicionamiento efectivo, en toda esa área, por parte del ELN.

Con fecha 20 de diciembre de 2.020. El diario La Opinión, pública artículo alusivo a la Mala Hora de los Rastrojos. Y el 22 de diciembre, Hechos 2020: Los Rastrojos acorralados en su propio imperio. Derrotados por el E.L.N.

La zona rural fronteriza de Cúcuta, ha sido y es concretamente el principal escenario de guerra o enfrentamientos, en territorio colombiano durante más de dos años.

Lo característico primordial consiste en que la fuerza pública y en especial el ejército, no intervino en operaciones de envergadura en ese plano; como quien dice dejaron que “se maten entre ellos”. Los paramilitares con un registro de 800 hombres, por más de diez años, fortalecidos durante el segundo periodo del Innombrable, operaron esa zona que les representaba captaciones por más de diez mil millones de pesos mensuales por negocios ilícitos en esas zonas de frontera. Esto demuestra el volumen del potencial utilizado por el ejército oficial en manejo de contrainsurgencia. Los constantes golpes armados conllevaron a que según el registro del investigador de ese artículo “hoy quienes quedan en armas, no serían más de 60 hombres”. Para el mes de marzo del corriente año, un sujeto de nombre “Mario”, reconoció ante las cámaras que estaban “en un sándwich” y José Gregorio López Carvajal, alias “Becerro” que lideraba ese grupo, al retener a unos periodistas, expresó ínfulas de estar unidos y fortalecidos; pero no era tal y conforme a la citada investigación periodística publicada, ha permanecido escondido, hasta el momento… En el entramado de ese pasaje de confrontación, la inteligencia militar alimentó la versión que el EPL apoyaba a ese grupo paramilitar. El desenlace demostró, que con el ajusticiamiento por parte de la Comandancia del EPL, del sujeto conocido como “Grillo” ese pasaje concluyó y curiosamente comenzaron a aparecer algunos golpes, por parte de la fuerza pública, a tales facinerosos, como los ocurridos a alias “Brayan”, detenido, como también las capturas de “El Menor”, “Brother”, “Guacamayo”, “Páez”, “Camaleón”. Cuando “El Menor” y “Brother” fueron capturados, ya se sabía, que habían ayudado a pasar la frontera, el 22 de febrero de 2.019, al auto proclamado presidente Juan Guaidó- como lo revelaron fotografías del momento-y a miles de asistentes al concierto Venezuela Aid Live. Así fue como el E.L.N, dio la estocada final a Los Rastrojos.

Vientos de guerra

No es nuevo. Continúa siendo la persistencia del conflicto armado interno. Desde la incursión del paramilitarismo en La Gabarra, del municipio de Tibú, en el año de 1999, quedó demostrado el dispositivo de uso en el diseño y práctica contrainsurgente, por parte de las fuerzas armadas del Estado. En tanto exista conflicto armado y “enemigo interno” las fuerzas armadas acudirán a la División conformada por los paramilitares. Esa estructura de manejo interno, secreto, cuál agencia de inteligencia, en el caso de El Catatumbo y Departamento de Norte de Santander, ha sido notoriamente un fin para un determinado efecto. Los hechos, cifras y resultados lo registran. La aplicación de una metodología de análisis de deducción lógica, lo reafirma. De tal manera que la incursión de fuerzas narco paramilitares en la zona rural de Cúcuta, está demostrada. En nada ha cambiado el panorama político.

Desde el mes de agosto de este año, la iniciativa de conformación de la mesa humanitaria y de construcción de paz del catatumbo, ha tenido respuestas de acatar por parte de sectores de las Nuevas Farc-ep, el EPL y se está a la espera de un pronunciamiento del ELN al respecto. El gobierno nacional se coloca de espaldas a tales iniciativas y empeña esfuerzos en aplicar una supuesta implementación de los Acuerdos de La Habana, a mínimo quince años vista. El reinicio de fumigación por aspersión aérea es un acto provocativo y la sociedad civil está a la espera de una concertación que evite la intensificación de la guerra sucia.

La improvisada Rueda de Prensa, este martes 22 de diciembre en la ciudad de Cúcuta, presidida por el Alcalde, transcurrió sin pena ni gloria. De antemano, el Alcalde con rareza extravagante, reafirmó que la presencia de hombres armados paramilitares en el área de zona rural y fronteriza de Cúcuta era falso. En forma de reparón aludió a que eran noticias tendientes a desinformar. Ahora resulta que la información de los pobladores, es desinformación. Ante tan escasa y poca estimación, poco le faltó para sindicar a las organizaciones sociales, que impulsaron la denuncia y que retroalimento al crecido número de senadores y representantes parlamentarios que elevaron la Carta de reclamación al ejecutivo nacional. Ante tanta incoherencia durante el desarrollo de la citada rueda de prensa, el burgomaestre hizo el ridículo al responder el coronel López, de la brigada militar, que efectivamente si existían denuncias concretas de la población al respecto y estaban atentos a actuar(…) Curiosamente cuando un periodista le pregunta directamente que responda si el ejército está vinculado con los grupos armados, el audio se altera y el inicio de su respuesta no se escucha, para sustentar que están en actividad permanente, que para ellos no existe ni 24 ni 31 de diciembre. Cita tres campañas a la vez, Prometeo, Muralla, Sansón, como exitosas. Que ante el mal llamado paramilitarismo realizan operaciones de control y que no tienen vínculos con ningún grupo; que son nobles y ofrendan su vida por la población civil. Que cuidan 424 kilómetros de frontera con 500 hombres, lo cual resulta un desafuero, ante las fuentes de información sobre el crecido número de miles de efectivos militares y militarización de toda la frontera, debido a la desviada política de fronteras acatada e impuesta por el imperio, contra la vecina República bolivariana

Avivar las denuncias

Así que el llamado angustioso ante la situación de violencia en la zona fronteriza rural del municipio de Cúcuta, es real. Los nuevos efectivos paramilitares allí instalados, comienzan por el registro de tiroteos en la zona fronteriza de Cúcuta del barrio Viejo Escobal, el pasado 12 de diciembre. La misma zozobra se vive en los corregimientos de Palmarito y Banco de Arena y también en la vereda Vigilancia. La denuncia de la Fundación Progresar, es seria, veraz. Son cientos de hombres armados chocando la actitud negacionista del ejército y de la policía, mancomunada con la del Alcalde… Ya rearmados e instalados los paramilitares comenzará el calvario y la estela de sangre y sacrificios de la población: el recrudecimiento de los asesinatos y masacres y el imperio del terror para continuar adecuando las condiciones de acrecentar la “guerra contra las drogas”, en consonancia con los Manuales de los comilones efectivos de los estados unidos, que tienen bajo control y sumisión a la oficialidad de las fuerzas armadas colombianas

Como corolario a todo lo anterior tenemos: 1. El paramilitarismo que actúa en la región nororiental de la frontera rural del municipio de Cúcuta, comprende red de alistamiento, con suficientes recursos logísticos y licencia de movilidad de personas a ojos vistas de las autoridades colombianas. 2. La facilidad de utilización de lenguaje articulado de facinerosos paramilitares, por los medios de comunicación locales, entrever una finalidad de intereses de conveniencia en la función contrainsurgente de las fuerzas armadas estatales colombianas. 3. El fenómeno de los Falsos Positivos fue de aplicación consecuente y aunque continúa vigente y en algunos casos han sido neutralizados debido a la denuncia política. 4. Manifiesta omisión, por complacencia del régimen, las clases dominantes, las fuerzas armadas y la propia institucionalidad, en el actual estado de cosas, expresada en una continuidad sistemática de asesinatos selectivos y masacres. 5. La reiterada aplicación de negar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la amenaza de reiniciar con la aspersión del glifosato, genera malestar en la población. Se sobre entiende que esa práctica redunda en la intensificación de la guerra “contra las drogas”, que no es tal, sino que tiene como objetivo el pueblo. 6. La ruptura de Conversaciones con el ELN que se traía desde el año de 2017, que pone en entredicho el futuro de Colombia, no en lo especulativo de la Paz, como para su construcción, con el logro del fin del conflicto armado interno. 6. La persistencia de un obstáculo a lo gobernable, por la permanencia de un sistema electoral corrupto, como ingrediente adicional a tantos males padecidos. Los carteles politiqueros, como el de Atalaya, son el resultado de usufructuar los efectos de la matanza de líderes populares y el amarre a perpetuidad, de los votos cautivos de la derecha militarista.