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Etiqueta: Afganistán

Stella Morris habla sobre la pretendida extradición de Julian Assange a EE.UU

Manifestante contra la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange a Estados Unidos. GETTY IMAGES

Stella Morris, actual pareja de Julian Assange, pide que se tomen en consideración las razones por las cuales se le debería negar la extradición a Estados Unidos. 

Julian Assange, fundador de Wikileaks enfrenta una posible sentencia de 175 años de prisión si es extraditado a EE.UU.

Por lo que mantiene su lucha legal y política, con la finalidad de evitar aceptar la solicitud de un país que solicita su entrega por acusarle de obtener información confidencial de defensa, después de la publicación de miles de documentos filtrados sobre las guerras de Afganistán e Irak.

Los talibanes colombianos (II)

Por Carlos Meneses Reyes

Caracterización de los talibanes y cómo asimilarlos con sus pares colombianos.

Se trata de resaltar elementos básicos para comprender por qué los talibanes reciben la venia de quienes los atacaban y buscaban desaparecer.

Cuando se conoció la decisión del presidente Baden de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán y de la colaboración con los Talibanes en la evacuación, salida del país y control del neurálgico aeropuerto de Kabul, le preguntaron al jefe del Estado Mayor de EE UU, el general Mark Milley, por la colaboración con los talibanes en la evacuación y contestó: “En la guerra, para reducir riesgos haces lo que tienes que hacer, no necesariamente lo que quieres”. Toda una lección y preocupante plantear que los estrategas del imperio gringo se vieron obligados a escoger como aliados a los menos malos y refractarios, así como a su vez, si se equivocaron en escoger como aliados afganos a los políticos más corruptos y en contraria a los intereses de esa población. Comprender si aquí jugó o de “aliarse hasta con el diablo” con tal de hacerle daño a su contra parte o contrario u odiado contradictor. Conviene partir del enfoque que una cosa son los Talibanes y otra el islamismo. Que con la salida de las tropas USA de Afganistán, ni el islamismo, como tampoco los Talibanes, fueron derrotados. ¿Entonces qué queda?

En lo concerniente al tema de los talibanes y sus pares colombianos, precisemos

En Colombia, como resultado del prolongado conflicto armado interno, se ha llegado a la bajeza de unión y armonía de lo institucional, bajo un estado de cosas inconstitucional (eci), con lo ilegal. Pero esto no se supera con el carácter de supremacía de lo legal frente a lo ilegal. Se requiere asumir la labor de un vuelco total, radical, en lo institucional. Cuando se afirma que no existe gobernabilidad en Colombia y que rige un mandato sub presidencial, se está ante un sistema político que rige a la nación en forma irregular e inconstitucional. Al calificarse al Estado colombiano como un Narco Estado, redunda en que su origen, funcionamiento y efectividad, tenga como antecedente el apoyo directo del narcotráfico. A l afirmarse la ilegitimidad del gobierno colombiano, por estar inmerso en el resultado electoral por intervención de la llamada “ñeñe política”, la impunidad al respecto genera peso político especifico de afrenta, descrédito y deshonor, en cabeza del gobernante aludido. Por ello incursionar en un parangón, en el estado actual de cosas en Afganistán y en Colombia, no resulta un desacierto.

En Afganistán rige un poder teocrático emanado cual forma de gobierno en que la autoridad política se considera emanada de Dios y es ejercida directa o indirectamente por un poder religioso, como una casta sacerdotal o un monarca. Al afirmarse, en Colombia, que el Centro Democrático- que no partido-actúa como una secta; centra en un funcionamiento de colectividad cerrada, en los que aparenta proveer fines de carácter político; pero que en la práctica funciona bajo la égida de un mesías, que ejerce un poder absoluto sobre sus adeptos.

Si conforme a lo analizado en el presente articulo los Talibanes reconfortan un Narco Estado en la actualidad; el fuero político atribuye en Colombia que la entredicha legitimidad del gobierno de turno en Colombia asimila a un desgobierno producto del narcotráfico y por ende existen presupuestos que lo califican como un caracterizado Narco Estado.

Así, puntualmente tenemos: – Se acusa en Afganistán que a las mujeres se les impone la burka. En Barranquilla se denuncia que a una acudiente le negaron el ingreso al colegio de su hijo por su forma de vestir (se presentó con pantalones ceñidos, tacones sin medias y una blusa escotada, por encima del ombligo). La reacción de ella fue: “visto moderna y gracias a dios Alá, nada me quita ni me pone”.

– Comprendamos y asimilemos que el sistema colombiano (no solo en lo electoral) está amenazado por las economías ilegales. Esas mismas fuentes poderosas que le dieron capacidad de negociación con el imperio a los talibanes.

– En Afganistán penalizan a la homosexualidad y la escogencia o elección de genero públicamente.

Desde el púlpito de una iglesia en el Departamento del Tolima, un cura católico, reprochó el hecho que feligreses no asistieran a misa por asistir a un evento LGTBI. Arengó: “En tanto que los maricas asisten a un Festival, al que nos obligan…”

– Denuncian en Bogotá. DC, que a dos jóvenes de sexo femenino no les arrendaron un apartamento, cuando indicaron que eran pareja…

– A la directora del Festival de Poesía en Cali, poeta, escritora y fotógrafa, Betsimar Sepúlveda, la discriminaron y fue objeto de vejámenes porque no era oriunda de Cali. ¿Qué entenderán, por poesía, esos guaches talibanes criollos?

– Con relación al aborto, según la opinión de un congresista de la secta de gobierno CD (que no partido) aludir a “el falaz argumento de que (sic) la mujer es dueña de su cuerpo”. Este talibán criollo argumenta la doble moral del discurso provida en Colombia. Desconoce los avances sobre el tema en diferentes países y el más reciente de la Corte mexicana que despenaliza el aborto. Desconoce las luchas de la mujer y la reivindicación bajo su lema: “Ni presas por abortar; ni muertas por intentar”.

– La columnista Olga Gayón, señala que Colombia impone la Burka institucional a su mejores escritores en la Feria Internacional del Libro en Madrid. Como país invitado elaboró una Lista Negra de escritores colombianos que no sean “neutros”; es decir, que opinen en oposición al gobierno narco paramilitar del sub presidente Duque.

Lo falsario de la guerra contra los narcóticos

Para comprender la situación del Afganistán de hoy, corresponde acudir a las llamadas guerras contra el narcotráfico o narcóticos. El escenario de guerra de esa región del oriente obedece a la dinámica de las economías ilegales y su pertenencia en cuanto a la multiplicación de sus brazos armados.

Al exponer elementos para comprender la situación de Afganistán y de Colombia ante el mundo, resalta la consideración de abordar la influencia de la lucha contra el narcotráfico y contra los narcóticos, en ambos países y en relación con el escenario geopolítico de sus actuaciones.

En relación con Afganistán atisbar que, en el periodo anterior a la guerra de invasión estadounidense, el cultivo del opio estaba prácticamente, controlado, extinguido o erradicado. Con posterioridad a esa guerra, o sea actualmente, el 80% de la heroína en el mundo se produce en Afganistán.

En relación con Colombia, la llamada guerra contra el narcotráfico ha incidido en el crecimiento, la comercialización y agudizado el factor interno del conflicto armado colombiano.

En lugar de una lucha para acabar con el narcotráfico y erradicarlo, la guerra contra el mismo no ha hecho más que alimentarlo, nutrirlo; aplicando a la extensión del intervencionismo en los asuntos internos de ambos países, conforme a sus caracterizadoras: con invasión directa en Afganistán y con invasión vedada- hasta ahora- en Colombia.

De manera que la lucha contra los narcóticos en Afganistán fue otro proyecto fallido de los Estados Unidos de América. Resultó inocultable el aumento y crecimiento del cultivo de la adormidera, base para la producción del opio y otros derivados estupefacientes. Una inversión de 8.000 millones de dólares, prácticamente botados al cesto, al igual que ocurrió con los fondos destinados al Plan Colombia, que no fue otro que la concepción de un plan de invasión e involucramiento en el conflicto armado interno colombiano.

Señalan que el principal objetivo del imperio estadounidense para invadir a Afganistán fue el petróleo, como un territorio álgido en el paso de hidrocarburos y comercialización del gas a Asia. Conocían del enorme potencial en yacimientos de hierro cobre y oro y sobre todo de litio, que, con probabilidades estudiadas durante el periodo de invasión, confirman a Afganistán, como el país de mayores reservas de litio en el mundo y estiman sus yacimientos de oro en un valor de 1.000 billones de dólares. En cuanto a control geopolítico habían logrado introducir “un Vietnam” en el ámbito de manejo de la antigua unión soviética y que concluyo con la caída de la llamada República Democrática Popular de Afganistán (RDPA), periodo de mayor logro de conquistas políticas, sociales, culturales, en ganancias hacia preferencias a la mujer y en el plano económico al pueblo afgano.

Una segunda razón importante es el ascenso de China, tras la caída del Muro de Berlín y el desmantelamiento de la Unión Soviética.

Como tercera razón para invadir destacan la existencia de más de 20 millones de uigures,

perteneciente al grupo túrquico de las lenguas altaicas, de concepción filo conservadora.

Hoy en día, existe incluso la amenaza de un nuevo e importante frente: una nueva Guerra Fría contra China, alentado por Pakistán, los Emiratos del Golfo Pérsico, el régimen misógino y represivo de Arabia Saudita. Los intereses de Rusia y Turquía, por otro lado. En el caso de Pakistán, todo gira en torno a la imposibilidad de cerrar una frontera, tan activa como la existente con Afganistán.

No obstante, el desarrollo de los acontecimientos, luego de la salida de USA, apunta a una estabilidad política de acuerdos con los Talibanes interna e internacionalmente, sin que por debajo de la mesa se incite a una nueva guerra civil que mantendría el control geopolítico de Pakistán, Israel y sus aliados de los emiratos árabes y los estadounidenses.

Afganistán vivió un momento de gran esperanza con el gobierno del Partido Democrático Popular de orientación comunista y tendencia soviética, que sí hizo grandes esfuerzos por hacer avanzar los derechos democráticos de toda la población, incluyendo los de las mujeres. Desde entonces tropezó con los intereses de los traficantes de opio y con sectores retardatorios en el seno mismo del pueblo, que no alcanzaron a comprender, ni a estar preparados para asimilar las ventajas de un Estado democrático y laico radical. No asimilaron lo de estadio cultural ante la concepción sobre la mujer, como tampoco el deslinde laico de lo religioso, que finalmente concluyó en la trágica, equivoca y contraproducente invasión soviética. Esta invasión trajo consigo la llamada Segunda Guerra y el afianzamiento del uso del tráfico de narcóticos. La actividad de la CIA resultó desenfrenada. Luego de la salida de los soviéticos, surgen los Talibanes, como lo hemos reseñado, que como amos y señores del control del opio y narcóticos acumulan control político y toman el poder en el transcurso de los años de 1.996 a 2.001, cuando son desalojados por las tropas invasoras yanquis y su aliados de occidente. Se da inicio así a la Tercera Guerra en suelo afgano. Los Talibanes fueron derrotados; pero no acabados. Imprescindibles en encauzar el negocio de los narcóticos, también se fortalecieron en lo económico. Tuvieron fábricas de heroína para el consumo y comercialización; de tal manera que pasaron del 10% del control del mercado de narcóticos durante su primer periodo de gobierno al control del 100% de lo mismo, al día de hoy.

El Pentágono organizó el traslado de miles de combatientes de Al Qaeda, con juego de los talibanes, a Bosnia, para intervenir a favor de los musulmanes en ese país, en 1999. Este es uno de los peligros latentes que asoma la llegada de africanos migrantes a Colombia, con pasaporte USA.

Las tres guerras citadas de Afganistán han sido guerras por y contra el opio. Fueron los Estados Unidos y el Reino Unido, con el apoyo de Pakistán, quienes para esos años patrocinaron la creación de bandas de extremistas religiosos que el resto de la población afgana denominó muyahidines, término similar a bandidos.

Durante el desarrollo de la tercera guerra de invasión, en el años 2.014, el Daesh, creo la conformación del Califato Islámico. En Irak apareció el Estado Islámico (EI o ISIS), que destruyó valiosos monumentos budistas en Palmira. Hacia el año de 2.015, se fundó el llamado Estado Islámico de Afganistán o ISK, obviamente apoyado, entre otras fuerzas, por los Al Qaeda y por los Talibanes. En su control territorial se dedicaron la prostitución y trata de blancas, al tráfico de órganos y al comercio del opio. Aquí desplazaron los ideales de milicia islamita y centraron en lo de narcotraficantes. Esto ratifica que el escenario de guerra en Afganistán ha sido el escenario de una guerra del opio. Al igual que en Colombia, ha sido una guerra de intervención. El 90% de la heroína mundial ha sido producida en Afganistán. Esto conlleva a la lectura que los Talibanes hoy en el poder, con el control de 100% de narcóticos, son frente a los narcotraficantes latinoamericanos, incluidos los de Colombia (en el poder) los narcotraficantes más potentes del mundo. Ambos países, a hoy, califican como Narco Estados. En el caso de Colombia, se estima que los narco paramilitares en el poder, representan el mayor productor y exportador de cocaína del mundo.

Al igual que durante la guerra de invasión, las tropas yanquis se congraciaban con los “señores del opio” para mantenerlos enfrentados con las guerrillas islamitas; los Talibanes pasaron a reclamar un 10% de impuesto sobre la producción del opio, a controlar ellos mismos el 100% de la totalidad de cultivos, producción y tráfico. Los intereses de las multinacionales de la guerra, entre ellas las farmacéuticas, requieren de la materia prima del opio para elaborar múltiples fármacos, como la morfina y la codeína. Allí radica la explicación. Se afirma que, gracias a los Talibanes, occidente cuenta con anestésicos y sicofármacos.

Resumiendo, recordemos, que en 1978 en Afganistán tuvo lugar una revolución socialista, conocida como Revolución Saur o Revolución de Abril. La revolución promovió una importante reforma agraria, distribuyendo las tierras confiscadas a los oligarcas que huyeron entre los campesinos sin tierra; legalizó los sindicatos, estableció un salario mínimo; fijó un impuesto progresivo a la renta; redujo el precio de alimentos de primera necesidad; prohibió el cultivo del opio (materia prima para elaborar heroína, de la que es principal consumidor mundial Estados Unidos): promovió cooperativas campesinas, inició una campaña de alfabetización proyectando desarrollar las industrias pesada y ligera. En ese marco se creó el Consejo de Mujeres Afganas, emitiéndose un decreto para “garantizar la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en el ámbito del derecho civil y eliminar las injustas relaciones feudales patriarcales entre esposa y marido”. Este gobierno socialista criminalizó los matrimonios por dinero o forzados, permitiendo que las mujeres eligieran libremente su esposo y su profesión, y de ningún modo, nunca jamás obligó al burka. Por el contrario, elevó considerablemente la situación de las mujeres, ayudando a su desarrollo personal y social, tal como hace siempre el socialismo en cualquier país. Teniendo como consecuencia el final del proceso socialista y el retroceso de los derechos de las mujeres, en Afganistán, será hora de replantearlo.

El regreso del Talibán: implicaciones locales y regionales

El día martes 24 de agosto, a las 7:00 p.m. se transmitirá el conversatorio “El regreso del Talibán: implicaciones locales y regionales”. La transmisión se realizará vía Facebook Live CIEP UCR.

Contará con la participación de: 

  • Valeria Rodríguez 
  • Javier Johanning 
  • Sergio Moya Mena 

Modera:

  • Alfonso Ramírez 

Esta es una actividad organizada por el CIEP, Observatorio de la Política Internacional (OPI), Centro de Estudios de Medio Oriente y África del Norte (CEMOAN) y la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA.

 

Compartido con SURCOS por Gerardo Hernández Naranjo.

Llegan los afganos

Por Carlos Meneses Reyes

Si hay algo de escaso merito, por parte de ejecutorias gubernamentales del sub presidente colombiano, significa la fallida política exterior y por ende la carencia de una acertada visión de relación con los Estados, en cuanto al tema migratorio acaece.

Lo migratorio clasifica como álgido en la agenda internacional de cualquier país. Subsume diagnósticos tempranos y problemas de afrontar como la salud, educación, seguridad; acorde con el panorama geopolítico, el tránsito, recepción y destino, de esa población, que afecta el tejido social y de entorno.

Tal cual ha sucedido con la concentración de migrantes (la mayoría haitianos y de otros países) en Necloquí, la improvisación y la desidia, redundan en característica y el trato dado a la población migrante venezolana, aupada y soliviantada por motivaciones de injerencias extranjeras y manejo maquiavelista de obtusa oposición al reconocimiento de un gobierno constitucionalmente establecido, conllevan al diagnóstico que en materia de relaciones exteriores y comportamiento migratorio nacional, se está ante una verdadera pifiada

En el presente mes entró en vigencia una nueva Ley de Fronteras, por medio de la cual se establece un régimen especial para los corregimientos, municipios, departamentos y regiones de frontera de Colombia, en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la constitución política. La norma fue impulsada por el Gobierno Nacional para regular lo relacionado con las zonas fronterizas de los países vecinos. Al igual que todas las leyes en Colombia, se hacen de espaldas a un debate nacional y a auscultar las necesidades recientes locales. Un ingente esfuerzo, que en nada compensó situaciones nuevas suscitadas en el escenario internacional; precisamente por falta de una perspectiva funcional de las relaciones exteriores aplicada, o sin aplicar, debido al desconocimiento y lo sujeto a la improvisación. Es así, como se estrena esa ley, que plasma situaciones de hecho acomodadas y que ante lo inusitado que ha resultado, el paso por el territorio nacional y permanencia de población migrante haitiana y de otros países, concentrados en zonas no fronterizas, nos damos el lujo de estrenar nueva ley, que no contempla la situación de hecho planteada.

Para el próximo mes de octubre, queda definida la legalización de más de 1.700.000 venezolanos de ambos sexos, que permanecían en el país, a partir del 31 de enero de 2.021.

La carencia de una política consecuente con las actividades e intereses de relaciones de poder y de grupo de los migrantes en Colombia, explica por qué ahora, salta la liebre en un mundo tan distante como el lejano oriente y nos vemos avocados a la orden imperial de tener que aceptar la permanencia y hospitalidad de población afgana, resultado de la debacle producida en ese país invadido por las fuerzas estadounidenses y de la OTAN.

El Estatuto de Permanencia Permanente en el Territorio para venezolanos, conocido como Estatuto Temporal de Protección (ETP), está compuesto por tres fases, a partir del Registro Único de Migrantes venezolanos (RUMV). En USA se denomina Estatuto de Protección Personal (TPS). ¡Tamaña coincidencia! La primera etapa se inició el 5 de mayo. La segunda etapa se inicia el 1 de septiembre e incluye la verificación de datos de manera presencial y el registro biométrico; la tercera fase, concluye hasta octubre de 2.021. A partir del mes de octubre de 2.021 los venezolanos obtendrán la decisión de recibir el certificado de permanencia, como documento permanente, en el plazo de treinta días. Desde ya indicar que esa permanencia se otorga gratuitamente por el plazo de 10 años, como algo que no ajusta realidades cambiantes en la situación venezolana interna. En tanto, ningún venezolano está beneficiado por el Estatuto, sin cambiar su condición migratoria, que es lo indispensable para poderse beneficiar del Sisben, por ejemplo. Están como en el limbo, sin cédula, pasaporte, opciones; algo cohonestado por el sistema migratorio inoperante y que laxa el control de comportamiento social de esta población migrante. Es de enterarse que el actual éxodo de población venezolana no había tenido parangón de proporción, por su cantidad, en América Latina. Ha venido siendo resuelto en otros países y Colombia, la mayor receptora de ese fenómeno no ha logrado dar las pautas de ejemplo a seguirse.

Suscita debate e interpretaciones diversas la permanencia de venezolanos en el país. Expertos los califican de mitos y los reducen a grupos o temas como el que los migrantes salen de su país porque quieren. Generaran inseguridad. Representan peligro para la cultura del país. Afectan la capacidad laboral y de trabajo a la población colombiana. Discriminan a la mujer venezolana situándola en que vienen a embarazarse a Colombia y tener a sus hijos, en garantía a una permanencia.

Naturaleza de la población migrante venezolana en Colombia

A Colombia arriban venezolanos y venezolanas migrantes, motivados por situaciones económicas, sociales, de subsistencia. Se trata de desplazados laborales, emigrantes económicos. Buscan mejorar sus calidades de vida; o salir, puesto que lo hicieron sus familiares; también, para reunificarse. Buscar otros horizontes, etc. Etc. En modo alguno son perseguidos políticos. Huyen por las condiciones económico, sociales y de desventaja, producto de las medias coercitivas y de embargos contra las divisas internacionales del país bolivariano; bloqueos y sanciones impuestos por decenas de países, incluidos los Estados Unidos y la UE, como agentes instigadores principales. Buscan la caída no solo del presidente N. Maduro, sino de todo el sistema imperante de la Revolución Bolivariana. Y esto no es simple afirmación, sino punto de vista escueto. Obedece a la característica de esa población, a la luz del Derecho Internacional Público. Por el contrario, los refugiados son personas que huyen de conflictos armados y de persecución directa. Por motivos políticos, religiosos, raciales, de género, de libre determinación de sexo. Califican como personas en quienes penden amenazas, procesos y/o sentencias adocenadas de parcialidad política, persecución y sobre quienes pesa grave riesgo de perder la vida y por ende a quienes resulta peligroso negar el refugio o el asilo. En esto del estatus de refugio y asilo impera es el estado de conciencia subjetivo del perseguido y/o solicitante. Algo que la regularización del tal Estatuto de personas migrantes venezolanas no califica, para permanecer como refugiados en Colombia.

El régimen de refugiados está claramente normado en lo internacional. Los países respetan y aplican esa normativa que sustenta el principio de legalidad interna. De manera que el tratamiento dado a la población migrante venezolana no admite discusión y es en ocasiones, contenido de acciones y conductas prevaricadoras. Cada país tiene soberanamente procedimientos especializados para conceder o negar un estatutos de refugiados y o asilados; así como para declarar personas no gratas y hasta permitirse el no ingreso o expulsar a extranjeros. Eso concierne al poder de discrecionalidad. En Colombia el invento del Estatuto Provisional de Permanencia por más de diez años, da al traste con esos principios de aplicación universal del debido proceso. Es claramente inconstitucional.

De la naturaleza de los migrantes afganos

Al respecto hablemos de una caja de Pandora. El gobierno narco paramilitar, cipayo, pro imperio y los medios de alienación masiva (MAM), mantienen en vilo a la opinión pública nacional acerca de la llegada de más de 4.000 afganos, que huyen de su país de origen. Se anticipan a calificarlos de refugiados. Tamaña tropelía. El solo hecho de acatar la propuesta unilateral, inconsulta, de orden y mando del gobierno norteamericano, para que sean recibidos un numero de afganos que han salido de su país y ellos han evacuado, previamente, representa el asomo de un flagrante delito de abuso de poder, en un país bajo un supuesto régimen de Estado de Derecho. ¿Qué conlleva esa aceleración confusa?: a una flagrante violación de la soberanía nacional. El trasfondo de supuestos ciudadanos, mujeres, familias y niños perseguidos abrirá la patente de corso para que los efectivos para invasores afganos, actores de crímenes de guerra y de alistamiento militar, traídos, al servicio de las tropas invasoras del pueblo afgano, llegaren a las fértiles tierras del narco para militarismo estatal colombiano. ¿Cuántos de ellos mercenarios y sicarios, en listados de aprobación del Pentágono y de la CIA? Anuncian además, que USA costeará todo, cual prebendas, de por sí denigrantes; lo cual de por si es manifiestamente inconstitucional y craso delito a lesa soberanía (me abstengo de mencionar lesa “patria”, que la bota militarista del ejército made in Usa, ha pisoteado).

Todo pareciere indicar que la llegada de los tales afganos fracasará. ¡De lo contrario, es porque hay Troya!

Dos derrotas seguidas de EEUU

Lic. José A. Amesty R
16-agosto-2021

Increíble, pero en menos de una semana EEUU, ha sufrido dos sendas derrotas seguidas, en su política contra pueblos que no se pliegan a sus caprichos.

El viernes pasado fue instalada en México, con la mediación del Gobierno de Noruega, una nueva mesa de diálogo, con la oposición extremista venezolana apoyada por Estados Unidos, que se hacen llamar Plataforma Unitaria, un nombre que se aleja de la realidad. Y es que, en Venezuela, hay varias oposiciones que están divididas y responden a diferentes corrientes.

Pero, ¿cuál es la oposición que está en México? Es la oposición apoyada por Washington y sus países aliados. Son dos corrientes, la guaidosista que responde al grupo del autoproclamado “presidente”, Juan Guaidó, que es la figura fallida que, en el 2019, Estados Unidos quiso imponer para conformar un supuesto gobierno interino que nunca existió, cuyo jefe es el prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López protegido por España.

Y el caprilismo, que obedece a Henrique Capriles Radonski del partido Primero Justicia, que, junto al otro sector, han promovido las sanciones económicas ilegales en contra del país.

Las expresiones del presidente Nicolás Maduro, revelan la derrota de estos sectores: “fuiste derrotado y derrotado te sentamos en México para hablar de democracia y de paz. El pueblo de Venezuela te logró sentar en México, estás derrotado Guaidó, estas acabado, punto, se acabó, fin de la cita”, puntualizó el mandatario venezolano.

Al mismo tiempo señaló que “esa oposición no representa ni el 15% del padrón electoral del país, pero eso nos importa, no tomamos en cuenta eso, creemos que la paz está por encima de todo”.

Así mismo, el Presidente Maduro calificó la mesa de diálogo, como una gran victoria “ha valido la pena la lucha, lo que hemos logrado en estos años para plantarnos frente al imperialismo gloriosos, ha valido la pena y nos hemos sentado en México, y lo logramos gracias a quién, al pueblo valiente que ha resistido, que ha aguantado”.

En general, el anuncio del inicio de diálogo en México, entre el gobierno de Venezuela y la derecha criolla significa, en primer término, el reconocimiento por cuentas de ésta, del fracaso de los añosos esfuerzos por derrocar a Hugo Chávez, primero, y a Nicolás Maduro, después.

A su vez, la agenda contempla, entre otros puntos, el levantamiento o aflojamiento del bloqueo por cuenta de Estados Unidos contra Venezuela. Si se resuelven estos dos únicos asuntos (excarcelación de presos y aflojamiento del bloqueo) se daría paso a la celebración de elecciones. Como puede verse, la propia agenda del diálogo constituye una victoria del chavismo frente a un retroceso de la derecha a sus posiciones de hace veinte años.

La segunda derrota, la visualizamos recordando que, en 2001, la coalición dirigida por Estados Unidos derrocó a los gobernantes talibanes de Afganistán, tras los atentados terroristas en Nueva York, Washington y Pensilvania del 11 de septiembre, que llevaron a la Casa Blanca a apuntar hacia el país centroasiático.

Siguieron 20 años de ocupación y operaciones militares, tras lo cual Estados Unidos y sus aliados, supervisaron elecciones y reforzaron las tropas de seguridad afganas, pero los talibanes siguieron sus ataques y ahora mientras las fuerzas estadounidenses se retiran recuperan cada vez más la mayor parte del país.

Pero en realidad, desde los acuerdos de 2020, en Doha entre la administración de Donald Trump y el talibán, expertos del tema como el analista de África, Medio Oriente y Asia Central Guadi Calvo, atribuyeron el pacto a una forma de salvoconducto para que Estados Unidos, pudiera retirarse sin tener que repetir la humillante escena de la caída de Saigón en la guerra contra Vietnam en 1975.

Las dos décadas de hostilidades en Afganistán, significaron 2,26 billones (millón de millones) de dólares de gastos militares para los contribuyentes de Estados Unidos (110 mil millones de dólares de promedio por año).

Asimismo, tres mil soldados estadounidenses muertos y otros 30 mil heridos, y la pérdida de la vida para 150 mil civiles afganos y millones de personas desplazadas y refugiadas.

Hasta el momento, los talibanes controlan del 60 al 85 por ciento de Afganistán, según fuentes diversas, incluidos territorios considerables de la frontera del país con Irán, China, Pakistán, Tayikistán y Turkmenistán.

También, Estados Unidos pierde en Afganistán otra guerra, como mismo ocurrió en Vietnam pese a tener un ejército poderoso e invertir millones de dólares, afirmó este domingo el cineasta estadounidense Michael Moore.

En sus redes sociales, el documentalista lamentó la pérdida, en suelo afgano de más de dos mil 300 vidas de soldados norteamericanos, por invadir un país donde nunca estuvo el cabecilla de la red terrorista Al Qaeda Osama Bin Laden, supuesto responsable de los ataques del 11 de septiembre del 2001, motivo que desencadenó la contienda.

Calificó como una vergüenza gastar dos billones (millón de millones) de dólares para enviar jóvenes a morir a una nación donde no estaban los «terroristas», pues 15 de los 19 atacantes eran de Arabia Saudita, no de Afganistán, ni de otros países ocupados después, como Iraq.

En fin, avance Talibán, confirma derrota anunciada de Estados Unidos.

Subrayó Moore, que una vez más Estados Unidos, es derrotado por un ejército sin aviones bombarderos, sin destructores, sin misiles, sin helicópteros, sin napalm y transmitió condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos en ese conflicto «repugnantemente triste».

Resaltó cómo Washington. no gana un conflicto bélico desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), pues la última victoria fue justamente hace hoy 76 años, en Japón.

Analistas coinciden con Moore, en considerar la ofensiva del grupo armado, como una derrota militar para los estadounidenses, que dejan la nación centroasiática en peores condiciones de las que tenía en octubre de 2001, cuando las tropas norteñas invadieron el país.

En síntesis y recalcando, estamos en presencia de otra derrota política y militar de EE UU y la OTAN en Afganistán, seguida de una bochornosa retirada. Último acto de una salvaje invasión, que ha dejado como saldo cientos de miles de muertos y varios millones de desplazados.

Funcionarios de la embajada de EE UU en Kabul, temen un final similar al de Saigón en 1975, cuando a las 3 de la madrugada del 30 de abril el embajador Graham Martin, escapó en helicóptero para salvar su vida.

En resumen, en pocos días EEUU ha sufrido dos derrotas colosales, ¿será el inicio de una serie de fracasos para EEUU? ¿Será un anuncio anunciado de la caída del monstruo de papel? ¿Será un reacomodo del imperio? ¿Buscara otros escenarios de su política guerrerista? Esperemos a ver los acontecimientos en pleno desarrollo.

Sanciones de EEUU contra la CPI: reacción de la CPI y reflexiones sobre las verdaderas motivaciones que oficialmente se omiten

Nicolas Boeglin (*)

Este 2 de setiembre, la Corte Penal Internacional (CPI) denunció y rechazó las sanciones tomadas por Estados Unidos el mismo día contra dos de sus funcionarios, uno de ellos siendo la misma Fiscal de la CPI. Una reacción inmediata a un hecho insólito (e inédito) en la historia de la justicia penal internacional, y, más generalmente, en la historia del derecho internacional.

Por su parte, el Presidente de la Asamblea de Estados Partes, el surcoreano O-Gon Kwon, llamó de inmediato a todos los integrantes de la comunidad internacional a rechazar enérgicamente estas sanciones unilaterales, al tiempo que anunció la convocatoria de una reunión urgente de los Estados Partes al Estatuto de Roma (veáse texto completo de su carta – versión en español – difundida desde el sitio oficial de la CPI).

La reacción de la CPI en breve

En su comunicado de prensa (véase texto completo de las versiones en inglés y en francés reproducidas al final de esta nota), la CPI indica que:

«These coercive acts, directed at an international judicial institution and its civil servants, are unprecedented and constitute serious attacks against the Court, the Rome Statute system of international criminal justice, and the rule of law more generally.

The Court continues to stand firmly by its personnel and its mission of fighting impunity for the world’s most serious crimes under international law, independently and impartially, in accordance with its mandate. In doing so, the Court benefits from the strong support and commitment of two thirds of the world’s States which are parties to the Rome Statute«.

../..

«Ces actes coercitifs, dirigés contre une institution judiciaire internationale et ses fonctionnaires, sont sans précédent et constituent de graves attaques contre la Cour, le système de justice pénale internationale du Statut de Rome et l’état de droit en général.

La Cour continue d’appuyer fermement son personnel et sa mission de lutter contre l’impunité pour les crimes les plus graves du monde au regard du droit international, de manière indépendante et impartiale, conformément à son mandat. Ce faisant, la Cour bénéficie du soutien et de l’engagement résolus des deux tiers des États du monde qui sont parties au Statut de Rome

Como se puede apreciar, el rechazo a estas sanciones es vehemente y contundente. No pareciera que la CPI se sienta en lo más mínimo impresionada por estas nuevas decisiones unilaterales ordenadas por Estados Unidos, cuyos anuncios previos fueron condenados por la mayor parte de los Estados que integran la comunidad internacional desde varios meses, con una notable excepción: Israel.

En efecto, Israel fue el único Estado en celebrar de manera entusiasta y en felicitar oficialmente a Estados Unidos en junio pasado por estas sanciones: véase nota de The Times of Israel del 11/06/2020 titulada «Netanyahu hails Trump for announcing sanctions against «corrupt» ICC«.

Las sanciones de Estados Unidos y su verdadera motivación

Las sanciones fueron anunciadas este mismo 2 de setiembre desde Washington por el Secretario de Estado en persona, señalando que (véase texto oficial del comunicado de prensa):

«Today we take the next step, because the ICC continues to target Americans, sadly. Pursuant to Executive Order 13928, the United States will designate ICC Prosecutor Fatou Bensouda, and the ICC’s Head of Jurisdiction, Complementary, and Cooperation Division Phakiso Mochochoko for having materially assisted Prosecutor Bensouda. Individuals and entities that continue to materially support those individuals risk exposure to sanctions as well. Additionally, the State Department has restricted the issuance of visas for certain individuals involved in the ICC’s efforts to investigate U.S. personnel «.

Véase también esta nota de prensa con video incluido que refiere en el comentario a las investigaciones en curso de la CPI por hechos ocurridos en Afganistán que involucrarían a personal militar norteamericano. Una mención a Afganistán que encontramos también esta nota de prensa de la BBC y en muchos otros cables noticiosos.

Un comentador curioso se percataría, al revisar con un simple click el expediente sobre la investigación en Afganistán de la CPI (véase enlace oficial  ), que no hay nada nuevo desde el 5 de marzo del 2020 para explicar las repetidas gesticulaciones iracundas del aparato estatal norteamericano contra la CPI de estos últimos tiempos. Por lo que las justificaciones oficiales dadas (y replicadas por algunos analistas) no son muy convincentes si las limitamos a la investigación relacionada a Afganistán que realiza la CPI.

La inminente decisión de la CPI sobre Palestina

En una nota nuestra anterior del mes de junio del 2020, habíamos tenido la oportunidad de sugerir que la situación en Palestina y las exacciones cometidas por Israel en territorios ocupados palestinos no son para nada ajenas a estas sanciones proferidas por Estados Unidos contra la CPI, precisando que:

«La línea de tiempo no se adecúa a la explicación dada en algunos medios de prensa /…/ que ponen – casi al unísono – el accento en las investigaciones de la CPI relacionadas a Afganistán para justificar esta reciente reacción norteamericana«

(véase nuestra breve nota nuestra titulada «A propósito de las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el personal de la Corte Penal Internacional (CPI)»).

Cabe precisar que el texto oficial de las sanciones enunciadas el pasado 11 de junio por Estados Unidos contra la CPI se encuentra disponible en este enlace oficial de la Casa Blanca: su lectura (y relectura) evidencia el esfuerzo hecho para no referirse expresamente a Israel en su fundamentación oficial. Es esta misma omisión la que sí se detectó por parte de un observador más acucioso que sus colegas en Israel, en este artículo de Haaretz de junio del 2020 titulado » US decision to sanction International Crime Court was coordinated with Israel, souce says«, al leerse que:

«Israel was not mentioned in Trump’s executive order, but it was mentioned in a White House press statement that explained the decision«.

En un muy completo artículo publicado este 1ero de setiembre del 2020 en Estados Unidos en el sitio de JustSecurity, titulado «The Int´l Criminal Court Executive Order: Global Reactions Compiled» (y cuya lectura completa se recomienda), una académica mucho mejor informada que algunos analistas es enfática, al señalar que:

«… the OTP’s investigation into events in the Palestinian territories may actually be the real driving force behind the United States’ virulent response. Paul R. Pillar, a former intelligence officer, demonstrated that Israel “pushed America” to sanction the Court and to coordinate these with Israel. Indeed, some have noted that the risk to Israeli officials is much greater (witness the leaked list of potential defendants drawn up by the Israeli government)«.

Nótese que estas sanciones contra la CPI anunciadas este 2 de setiembre fueron anunciadas por el jefe de la diplomacia norteamericana, unos días después de finalizada su gira personal en la que no logró obtener ninguna normalización con Israel por parte de otro Estado de la península árabe: remitímos a nuestros estimables lectores a una nota anterior sobre el supuesto carácter «histórico» del anuncio hecho por Emiratos Árabes Unidos (EAU) e Israel el pasado 13 de agosto (véase breve nota nuestra titulada: «Foro sobre Palestina y sobre supuesto «acuerdo histórico» de normalización de relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel»).

Foto extraída de nota de prensa de The Times of Israel, titulada «US places sanctions on International Criminal Court Prosecutor Bensouda», edición del 2/09/2020.

A modo de conclusión

No es la primera vez que la actual administración norteamericana se destaca por su hostilidad hacia organizaciones internacionales adscritas a Naciones Unidas, y es posible que la actual contienda electoral norteamericana explique (en parte) esta nueva arremetida, esta vez contra la máxima instancia universal en materia de justicia penal internacional.

Al respecto, cabe señalar otro gesto político hacia Israel (escasamente analizado en la prensa) acaecido hace pocas semanas por parte de la actual administración norteamericana: de manera insólita para muchos norteamericanos, y por vez primera en la historia de los Estados Unidos, un Secretario de Estado en ejercicio participó personalmente en una Convención del Partido Republicano. No lo hizo desde su oficina, sino que lo hizo desde Jerusalén.

El pasado 18 de julio en una nota relacionada a la pausa estival de los funcionarios de la CPI en La Haya, se pudo leer en este artículo del Jerusalem Post titulado «ICC breaks without jurisdiction ruling on Israeli war crimes cases«, que para la Fiscal de la CPI, no hay duda alguna sobre la maniobra conjunta y planificada de Estados Unidos e Israel:

It is no secret that the administrations in the US and the state of Israel are coordinating their reactions and their policies toward the court,” Bensouda said.«

Es muy probable que esta misma percepción sea también compartida por el personal de la CPI y por varios de los jueces de la CPI.

Con relación a estas recientes sanciones contra el personal de la CPI, resulta un tanto sorprendente que la administración norteamericana se preste para semejante espectáculo ante los demás integrantes de la comunidad internacional, sin percatarse que esta actitud de profunda hostilidad puede también estar influyendo en los jueces de la CPI para mostrarse aún más severos con Israel en su decisión preliminar (actualmente en preparación) relativa a la solicitud de investigación presentada en diciembre del 2019 por la Fiscal de la CPI.

La reserva observada por parte del aparato diplomático israelí – usualmente muy expresivo – desde el 2 de setiembre pasado con relación a estas sanciones norteamericanas pareciera obedecer a este temor.


El texto completo del comunicado de prensa en inglés y en francés es reproducido a continuación de manera integral.

International Criminal Court condemns US economic sanctions

The International Criminal Court («ICC» or «Court») condemns the economic sanctions imposed by the US earlier today on the Court’s Prosecutor and a member of her Office.

The new measures, announced pursuant to the US Executive Order 13928 dated 11 June 2020, are another attempt to interfere with the Court’s judicial and prosecutorial independence and crucial work to address grave crimes of concern to the international community as mandated under the ICC Rome Statute.

These coercive acts, directed at an international judicial institution and its civil servants, are unprecedented and constitute serious attacks against the Court, the Rome Statute system of international criminal justice, and the rule of law more generally.

The Court continues to stand firmly by its personnel and its mission of fighting impunity for the world’s most serious crimes under international law, independently and impartially, in accordance with its mandate. In doing so, the Court benefits from the strong support and commitment of two thirds of the world’s States which are parties to the Rome Statute.

La Cour pénale internationale condamne les sanctions économiques des États-Unis

La Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») condamne les sanctions économiques imposées plus tôt dans la journée par les États-Unis à l’encontre du Procureur de la Cour et d’un membre de son Bureau.

Les nouvelles mesures, annoncées conformément au décret exécutif des États-Unis 13928 du 11 juin 2020, constituent une nouvelle tentative d’interférer avec l’indépendance de la justice et des poursuites de la Cour et son travail crucial pour lutter contre les crimes graves qui touchent la communauté internationale, conformément au Statut de Rome de la CPI.

Ces actes coercitifs, dirigés contre une institution judiciaire internationale et ses fonctionnaires, sont sans précédent et constituent de graves attaques contre la Cour, le système de justice pénale internationale du Statut de Rome et l’état de droit en général.

La Cour continue d’appuyer fermement son personnel et sa mission de lutter contre l’impunité pour les crimes les plus graves du monde au regard du droit international, de manière indépendante et impartiale, conformément à son mandat. Ce faisant, la Cour bénéficie du soutien et de l’engagement résolus des deux tiers des États du monde qui sont parties au Statut de Rome.

 

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.

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