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Etiqueta: agenda social

Asociación de Estudiantes, Planificación Económica y Social se pronuncia por la educación pública

Asociación de Estudiantes, Planificación Económica y Social, se pronuncia por la educación

El día 28 de agosto del 2024 fue un día significativo para el movimiento estudiantil, marcado por la movilización masiva de estudiantes que salieron a las calles con un propósito claro: defender su derecho a una educación digna y de calidad. La Asociación de Organizaciones de Participación Política y Social (ASOPPS) se hizo presente en esta gran marcha nacional, demostrando una vez más su compromiso con la causa estudiantil y su papel como voz activa en la lucha por los derechos educativos.

El Deber y Derecho de Defender la Educación

Los y las estudiantes, conscientes de la importancia de una educación que garantice un futuro prometedor, decidieron no quedarse callados ante las injusticias que amenazan su formación académica. Entienden que, como futuros profesionales y ciudadanos, es su deber alzar la voz y exigir que sus derechos sean respetados y atendidos por las autoridades. La educación no es un privilegio, sino un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, y los y las estudiantes están dispuestos a luchar por ello.

Exigencia de una Educación Digna y de Calidad

Uno de los principales reclamos del movimiento es la necesidad de contar con una educación que sea verdaderamente digna y de calidad, no solo para los estudiantes actuales, sino también para las generaciones venideras. La calidad educativa es vista como la base para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes, así como para el progreso de la sociedad en su conjunto. Por esta razón, los estudiantes rechazan las propuestas que consideran insuficientes y demandan un compromiso real por parte del gobierno para mejorar las condiciones de la educación pública.

Rechazo al 1% Ofrecido por el Gobierno

La oferta del gobierno, que contempla un aumento del 1% en el presupuesto destinado a la educación, ha sido recibida con un rotundo rechazo por parte de los estudiantes. Consideran que este incremento es insuficiente para cubrir las necesidades básicas del sistema educativo y mejorar su calidad. Los y las estudiantes argumentan que se necesita un esfuerzo mucho mayor para garantizar que todos tengan acceso a una educación que realmente prepare a los y las jóvenes para enfrentar los desafíos del futuro.

No Quedarse Callados

El mensaje del movimiento estudiantil es claro: no es momento de quedarse callados ni de aceptar migajas. Los y las estudiantes están decididos a luchar por una educación que cumpla con sus expectativas y necesidades, y no descansará hasta que sus demandas sean escuchadas y atendidas. La marcha de hoy es solo el comienzo de un movimiento que busca generar un cambio profundo y duradero en el sistema educativo del país.

Este acto de movilización refleja el poder y la determinación de los y las estudiantes, quienes están dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo en su camino hacia una educación más justa y equitativa. Su lucha es una lucha por el futuro de la nación, y su voz, aunque joven, resuena con la fuerza de aquellos que saben que están del lado correcto de la historia.

Le invitamos a ver el video.

Documento político del Pacto Nacional por la Educación Pública

SURCOS comparte el Documento Político del Pacto Nacional por la Educación Pública entregado el 28 de agosto como parte de la movilización por la educación pública y la agenda social, al presidente Rodrigo Chaves Robles, al presidente de la Asamblea Legislativa Rodrigo Arias Sánchez, a las diputaciones y a la jerarca de la Defensoría de los Habitantes.

28 de agosto de 2024

San José, Costa Rica

Sr. Rodrigo Chaves Robles

Presidente de la República

Sr. Rodrigo Arias Sánchez

Presidente de la Asamblea Legislativa

Señoras diputadas y señores diputados

Asamblea Legislativa

Sra. Angie Cruickshank Lambert

Defensora de los Habitantes de Costa Rica

Reciban un cordial saludo de parte de las más de 70 organizaciones sociales y productivas que suscriben este movimiento nacional en defensa del sistema educativo en todos sus niveles y la agenda social en Costa Rica.

  • ANTECEDENTES Y CONTEXTO

La población costarricense reconoce las fortalezas del sistema educativo, así como el avance hacia la universalización de la educación preescolar y la calidad de los servicios para la primera infancia; el fortalecimiento y la ampliación de la cobertura de los programas de equidad orientados a garantizar la permanencia en el sistema y la inclusión del estudiantado con mayores necesidades socioeconómicas. La educación, como pilar fundamental del estado de bienestar, ha sido un motor de unidad nacional y un vehículo esencial para la movilidad social.

Desde finales del siglo XIX, en Costa Rica se comprendió que la educación es estratégica y esto permitió sentar las bases de los logros que progresivamente hemos alcanzado como sociedad; sin embargo, hoy atravesamos la peor crisis educativa en los últimos 40 años, como lo han señalado el 9° Informe Estado de la Educación y el informe DFOE-CAP-05- 00001-2024 de la Contraloría General de la República titulado “Los servicios educativos del MEP ante un punto de inflexión: habilitando la transformación de cara al futuro”.

Nuestra constitución política en Costa Rica, señala que el Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes, para lo cual debe organizar y estimular la producción y el más adecuado reparto de la riqueza, así como garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. También reconoce el legítimo derecho de las personas para denunciar los actos que lesionen esos mandatos constitucionales. (ART. 50)

Con enorme preocupación hoy observamos que el Poder Ejecutivo demuestra intención de renunciar a esas responsabilidades. Por ello, a manera de ejemplos prioritarios, señalamos distintos ámbitos de incumplimiento y sobre los cuales, la ciudadanía aquí representada, espera soluciones, que son; Seguridad y Soberanía Alimentaria, Salud Pública, Acceso a Vivienda para sectores menos favorecidos, Ambiente y Energía, Arte y Cultura, Sistema Democrático y Autonomías Institucionales, Derechos Humanos, Creación de Oportunidades, Justicia Económica y Justicia tributaria, sobre todo la educación Pública, razón principal que nos convoca esta misiva y movilización ciudadana.

Por tanto, urgen soluciones ante las distintas causas y manifestaciones de la crisis educative pilar fundamental de ese Estado de Bienestar, entre las que destacan: debilitamiento de la formación docente, brechas territoriales, poca promoción de la innovación pedagógica, disminución sostenida de la inversión, brecha tecnológica, deficiencias en la evaluación de los aprendizajes, inadecuada infraestructura educativa, falta de cobertura de los programas de equidad, ausencia de universalización del curricular completo en primaria, necesidad de fortalecimiento de la educación técnica, tímida participación comunitaria, necesidad de mayor articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.

La inacción del gobierno y el Ministerio de Educación Pública (MEP) con su supuesta “Ruta de la Educación”, solo ha profundizado esta crisis. La inversión en educación se redujo en el 2023 a un 5,2% del PIB, a pesar del mandato constitucional de destinar un 8% a la educación en todos sus niveles, lo cual significa un retroceso de casi 20 años. Esta norma constitucional vigente y de cumplimiento obligatorio está respaldada por la jurisprudencia de la Sala Constitucional (voto 2016-12803); de lo contrario, las autoridades del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa estarían en riesgo de incurrir en el delito de desobediencia.

Los recortes presupuestarios y el debilitamiento de la inversión social promovidos por el actual gobierno son justificados por la situación fiscal del país para atender el pago del servicio de la deuda. Sin embargo, el orden de asignación estratégica de los recursos públicos debería ser educación e inversión social, y luego la atención de la deuda; no al revés. En paralelo, es necesario avanzar hacia una transformación tributaria estructural que permita una reforma para generar ingresos que financien la inversión social pública y combatir la evasión y elusión fiscal.

Pese a las múltiples demandas desde diferentes sectores sociales y políticos, incluyendo la moción de censura aprobada por la Asamblea Legislativa (segunda en toda la historia nacional), la ministra Anna Katharina Müller y el señor presidente de la República continúan evadiendo su responsabilidad y atizando un conflicto que no existe con las universidades públicas y el estudiantado, en vez de liderar una respuesta proactiva y concertada a la grave crisis educativa.

En este contexto tan complejo, diversos sectores, incluyendo sectores laborales, movimiento estudiantil, universidades públicas y organizaciones sociales y productivas, hemos planteado desde junio de 2023, la necesidad urgente de un cambio de rumbo a través de un Pacto Nacional por la Educación Pública que nos permita evitar la exclusión de miles de personas del sistema educativo, como ya sucedió en la década de 1980.

Es decir, un acuerdo nacional que una al gobierno, sector privado, sindicatos, municipalidades, movimientos sociales, cooperación internacional, instituciones públicas, partidos políticos, familias, comunidades y la sociedad en su conjunto, para resolver la actual crisis educativa. Debemos garantizar una educación inclusiva, creativa, innovadora y crítica. Una educación que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria”, como establece el artículo 77 de la Constitución Política. Una educación que nos permita sentar las bases de un futuro mejor.

De lo contrario, se continuará profundizando el deterioro no solo en todos los niveles de nuestro sistema educativo, sino también perderemos productividad, la calidad en el talento humano y el bienestar de la sociedad en general, acrecentando así la desigualdad, la exclusión social, la violencia y el autoritarismo. Es decir, hipotecar el futuro del país y especialmente el de las personas jóvenes y los sectores más vulnerables.

Transformemos esta crisis en una oportunidad para construir una sociedad más justa y equitativa, mediante un Pacto Nacional por la Educación Pública. Educación hoy, paz mañana.

  • PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN Y LA AGENDA SOCIAL

El magisterio nacional, las federaciones estudiantiles, las universidades públicas, las organizaciones agrupadas en la Mesa de Diálogo Social y Productivo y demás entidades que suscriben el presente documento, ante la más grave crisis educativa en los últimos 40 años, llamamos a todas las fuerzas vivas del país a concertar con urgencia un Pacto Nacional por la Educación Pública, que promueva la universalidad, pertinencia, accesibilidad y Calidad de los servicios de educación pública, que son el pilar fundamental de nuestra democracia, garantía de la paz social y la libertad política, así como herramienta indispensable para la movilidad social y el desarrollo humano en armonía con el ambiente. Invitamos al país a unir esfuerzos para que todos los sectores sociales y productivos, nos comprometamos con la siguiente agenda de propuestas y demandas por la educación pública y la agenda social de Costa Rica:

– Lograr un Pacto Nacional por la Educación Pública que nos permita salir de la actual crisis y fortalecer nuestro sistema educativo como pilar fundamental de la democracia costarricense.

– Alcanzar progresivamente la inversión para la educación pública establecida en el artículo 78 de la Constitución Política: un 8% del PIB antes de que concluya la década.

– Avanzar hacia una transformación tributaria estructural para fortalecer la inversion social, con el fin de garantizar el financiamiento de los programas sociales, el cumplimiento del mandato constitucional para la educación pública y una major distribución del ingreso y permita al mismo tiempo atender el endeudamiento del gobierno.

– Aplicar las políticas educativas y curriculares vigentes.

– Avanzar hacia una evaluación de los aprendizajes con metodologías nacional e internacionalmente reconocidas.

– Restablecer los convenios de cooperación pedagógica, técnica y científica con las universidades públicas.

– Reapertura de los más de 1.000 centros educativos cerrados por orden sanitaria o técnica.

– Recuperar progresivamente la deteriorada infraestructura educativa.

– Avanzar en la universalización del currículum educativo en primaria.

– Crear la red nacional de conectividad educativa.

– Mejorar y fortalecer los programas de equidad y las transferencias a las juntas educativas, velando por el uso idóneo de sus recursos a fin de mejorar la capacidad de los comedores escolares, los servicios de transporte y las becas estudiantiles.

– Aprovechar las proyecciones demográficas para disminuir el número de estudiantes por aula y aumentar la calidad educativa.

– Otorgar un salario digno para el personal del MEP y eliminar el interinazgo prolongado.

– Alcanzar un descongelamiento salarial del sector público que mejore la calidad y gestión educativa.

– Generar un acuerdo de negociación quinquenal que fije metas para progresivamente cumplir con el 1,5% del PIB para el Fondo Especial para la Educación Superior.

– Liberar la inversión en educación pública de la regla fiscal.

– La formación inicial y continua que reciben las personas docentes es deficiente, ya que no se corresponde con las políticas educativas y los procesos pedagógicos vigentes a nivel del Sistema Público Educativo y la realidad presente. Por lo tanto, es fundamental, que se brinde al personal docente una formación inicial y continua que responda a las políticas educativas y los procesos pedagógicos vigentes a nivel del Sistema Público Educativo y la realidad presente, así como la implementación del enfoque de derechos humanos en el proceso educativo y su entorno.

– Comprender que invertir en educación es también invertir en democracia, trabajo digno, inclusión social, derechos humanos, salud integral, equilibrio con la naturaleza, fortalecimiento de la institucionalidad pública, seguridad alimentaria, servicios públicos de calidad y todos los demás componentes de nuestra agenda social.

En cuanto a La Agenda Social, esta es un reflejo de las disconformidades locales, ciudadanas, gremiales, sectoriales, generacionales, de género y etnia, a propósito de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las cuales se han venido acrecentando en el tiempo e impactando claramente en el debilitamiento del Estado y sus normas.

Manifestándose de forma directa sobre las instituciones públicas y autónomas, sobre este punto queremos manifestar nuestra preocupación por el incumplimiento sobre los Derechos Humanos o bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se hace necesaria y urgente, la defensa de la institucionalidad pública, la autonomía y la construcción de alianzas sociales para procurar el bien común sobre las necesidades sectoriales y locales como: la defensa del agua y el saneamiento, la lucha por la Seguridad y Soberanía alimentaria, el resguardo del modelo nacional energético sostenible, la defensa de la Naturaleza y sus defensores ambientales; la seguridad y estabilidad de nuestros servicios públicos para la población y el desarrollo nacional.

Además de atender responsablemente la salud, seguridad y previsión social; sin dejar de lado una de la crisis más importante actualmente como es la Seguridad Ciudadana en todo nuestro territorio.

Como anexo al presente documento, se incluye el conjunto de propuestas y demandas sectoriales complementarias por parte de las múltiples organizaciones impulsoras de este proceso, así como resultados de lo acumulado a nivel de participación ciudadana y diálogo en el marco del Pacto por la Educación, desde el 2023.

  • HACIA EL PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN

Para lograr consensos mínimos en torno a cómo resolver la actual crisis educativa es necesario contar con voluntad política al más alto nivel; es decir, en el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, solicitamos la presentación de una moción de respaldo del plenario de la Asamblea Legislativa al Pacto Nacional por la Educación Pública.

Proponemos crear un mecanismo de enlace ciudadano que acompañe la discusión y aprobación del presupuesto en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, con la intención de aportar los insumos necesarios para velar por adecuado el cumplimiento de la normativa y jurisprudencia constitucional que rige la inversión en educación.

Además, lanzaremos una consulta ciudadana mediante un formulario en línea, abierto a las personas y organizaciones de todo el país, para enviar ideas y propuestas dirigidas a atender diferentes manifestaciones de la crisis educativa. Pueden ser propuestas de alcance comunitario, local, regional o nacional; así como propuestas concretas o de carácter más estructural. Estas propuestas, así como otras elaboradas previamente por sectores sociales y productivos, se analizarán y sistematizarán para ser la base de discusión durante un congreso, a realizarse en noviembre del presente año, que culminará con la redacción y aprobación del

Pacto Nacional por la Educación Pública.

Este pacto tendrá como base un documento detallado que incluirá un inventario de estrategias, herramientas, acciones y buenas prácticas para enfrentar la crisis educativa. Cada acción estará claramente definida, con responsables asignados, plazos específicos y los recursos necesarios para su implementación. El pacto servirá como hoja de ruta para guiar los esfuerzos conjuntos en la mejora del sistema educativo en su conjunto.

En síntesis, como organizaciones y liderazgos firmantes, buscamos convertir la actual crisis en una oportunidad para catalizar un cambio profundo para mejorar el sistema educativo en todos sus niveles, reducir las desigualdades y una transformación tributaria justa que fortalezca el sistema de bienestar en Costa Rica. Educación hoy, paz mañana.

Para los efectos que correspondan, por favor contactar al correo electrónico mesa.nacionaldedialogo@gmail.com /rectoria@itcr.ac.cr o al teléfono 8400-3435.

Atentamente,

Liderazgos y organizaciones firmantes adjuntas a este documento.

Cc.

Sra. Anna Katharina Müller Castro, Ministra de Educación Pública.

Sr. Nogui Acosta Jaén, Ministro de Hacienda.

Sra. Marta Zúñiga Acosta, Contralora General de la República.

Sra. Allegra Baiocchi, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica.

Departamento Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa.

Escuela de Planificación y Promoción Social UNA acuerda participar en la marcha nacional

En la sesión ordinaria del Consejo de Unidad Académica de la Escuela de Planificación y Promoción Social, celebrada el martes 27 agosto de 2024 se tomó la decisión de participar en la movilización nacional en defensa de la educación pública y la agenda social.

El documento recibido por SURCOS señala que ante “la negativa del Gobierno de la Republica a continuar negociando los recursos para la educación pública costarricense y el deterioro paulatino de este presupuesto, el Consejo de Unidad de la Escuela de Planificación y Promoción Social, después de discutir y reflexionar sobre las consecuencias que esto representa para el país”, estima que “la sociedad costarricense históricamente se ha caracterizado por generar canales de comunicación que permiten el logro de acuerdos que facilitan la gobernabilidad. Esta cultura democrática ha hecho posible consolidar una sociedad de paz, justicia y solidaridad que ha marcado diferencias significativas con respecto a muchos países del área”.

Ante ello, el Consejo afirma que “nunca en la historia de los últimos 70 años se había tenido en el país un gobierno que intentara cambiar radicalmente esa cultura democrática”.

Agrega el documento que “recientemente el gobierno del presidente Rodrigo Chaves y los ministros responsables, cerraron las puertas a los procesos de negociación para definir los recursos de la educación pública costarricense”.

El escrito indica que es muy evidente la intención de debilitar el sistema de educación pública como lo ha hecho con el sistema de salud, seguridad, cultura y seguridad social, con lo cual se violentan derechos constitucionales fundamentales, se señala.

Asimismo, según el acuerdo del Consejo, “durante los últimos 6 años, el presupuesto para la educación pública ha tenido el mayor debilitamiento de la historia, atentando incluso con uno de los pilares de la democracia costarricense. De permitir esta forma de gobernar, en pocos años habremos perdido la mayor herencia de nuestra abuelos y padres y estaremos heredando a las futuras generaciones más pobreza y desigualdad”.

Con base en esas consideraciones, el Consejo Académico de la Escuela de Planificación y Promoción Social se suma a la marcha de este 28 de agosto, por la defensa de la educación, la salud, la seguridad, la cultura y la democracia costarricense.

El acuerdo concluye que “no es posible que unos pocos destruyan lo que generaciones esteras construyeron con su esfuerzo. No estamos dispuestos a renunciar al presupuesto para la educación pública, exigimos la negociación quinquenal, exigimos el cumplimiento del 8% del PIB según nuestra Constitución Política”.

El documento está firmado por el doctor Ángel Ortega Ortega, Director Escuela de Planificación y Promoción Social, Universidad Nacional (UNA).

Movimiento por la educación pública y la agenda social comunica puntos para movilización regional

Bajo el lema: Educación hoy, paz mañana, más de 7 organizaciones sociales y productivas impulsan el Pacto Nacional por la Educación ante la crisis educativa más dramática de los últimos 40 años. Este miércoles 28 en San José, y jueves 29 en todo el país.

La consigna principal de la movilización nacional con expresiones regionales, es la defensa del 8% Constitucional, una transformación tributaria justa y la participación ciudadana activa en la defensa de la agenda social para Costa Rica.

Las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo y otros sectores han lanzado una iniciativa multisectorial con el objetivo de fortalecer la calidad de la educación pública en Costa Rica, enfrentando la crisis educativa más dramática de las últimas cuatro décadas. Esta propuesta busca superar la movilización histórica del 2023 y reactivar el proceso del Pacto Nacional por la Educación Pública, demostrando la capacidad de acción y cohesión de las organizaciones participantes.

Iniciada el 20 de junio de 2023, la iniciativa del Pacto Nacional por la Educación Pública tiene como objetivo no solo mejorar las condiciones de las aulas, sino también promover una transformación social y tributaria justa. La meta es asegurar una educación pública de calidad que impacte positivamente la vida de todas las personas, con la participación activa de todos los actores de la sociedad, incluyendo los tres Poderes de la República.

En el contexto de la presentación del presupuesto para educación en la Asamblea Legislativa, las organizaciones reiteran la importancia de garantizar el 8% del PIB para la educación, tal como lo establece la Constitución. Además, se subraya la necesidad de crear espacios de diálogo donde familias, estudiantes y sectores sociales puedan participar activamente en las decisiones que afecten la educación pública, garantizando así un futuro pacífico y próspero para Costa Rica.

Sobre la agenda social amplia, los liderazgos y organizaciones que integran la Mesa Nacional de Diálogo, advierten que la crisis educativa es parte de una crisis más amplia que afecta los servicios de salud, el sector agroalimentario, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana, el medio ambiente, y los derechos humanos, sociales y laborales en todo el país. Ante esta realidad, hacen un llamado a la unidad nacional para enfrentar de manera coherente y solidaria los desafíos que afectan a miles de familias, estudiantes y personas trabajadoras en Costa Rica.

Bajo el lema: «Educación hoy, paz mañana», las organizaciones marcharán el próximo 28 de agosto desde el Parque de la Merced hacia la Plaza de la Democracia, y simultáneamente desde el Pretil de la UCR y la sede central de la UNED en Sabanilla, a las 8:00 am. Las columnas ciudadanas y multisectoriales se reunirán en la Plaza de la Democracia, donde presentarán al Parlamento la propuesta del Pacto Nacional, en el contexto de la discusión del presupuesto en la Asamblea Legislativa.

El 29 de agosto, se realizarán acciones regionales en el Caribe, Huetar Norte, Chorotega, Brunca, Pacífico, y otras regiones del país. Estas 15 acciones regionales, de carácter pacífico, propositivo, cultural y artístico, buscarán llevar el mensaje a la ciudadanía y a más sectores, para concertar una defensa nacional de la educación. Puede ver detalles en el PDF adjunto.

Por la defensa de nuestra democracia y bienestar marchamos, los logros en Costa Rica, nuestras instituciones públicas, el agro, el agua, la salud, el ambiente, los derechos humanos y laborales que hemos conquistado. ¡Marchamos por todo lo que amamos! Contacto: Tel. 8382-9203 | vsolano@conare.ac.cr

Pronunciamiento de la  Federación  de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica FECOPROU

Asunto: Movilización nacional por la educación pública y la agenda social de Costa Rica:

¡Educación hoy, paz mañana!

Para: La sociedad costarricense

Considerando que:

✓ Los diferentes sectores que integran el “Pacto por la educación pública”, organizan una marcha pacífica de protesta, el próximo 28 de agosto del 2024 en San José y 29 de agosto en el sector regional del país (Limón, Río Frío, Pérez Zeledón, Nicoya y Liberia).

✓ La protección al Estado Social de Derecho es un deber de todas las personas costarricenses, sin embargo, éste presenta una profunda crisis sin precedentes desde que ha venido acrecentándose año a año. Cabe señalar por ejemplo la crisis en todos los niveles de la educación costarricense que se ha venido señalando en Informe del Estado de la Educación.

✓ El presupuesto de la Educación Pública en todos los niveles se encuentra en riesgo, llegando a valores de 5,2% del PIB, el porcentaje más bajo desde 2008, incumpliendo nuestra Constitución Política y acrecentando la crisis educativa. Necesitamos un pacto nacional por la educación pública y transformación tributaria justa. Instamos a que se cumpla el 8% constitucional del PIB para educación pública en Costa Rica.

✓ Esta crisis del Estado Social de Derecho debe ser abordada con la participación de todos los sectores del país, entre los que se encuentran: las personas trabajadoras del país, la academia, las diversas organizaciones de la sociedad civil, instituciones cooperantes y la sociedad civil en general.

✓ Los colegios profesionales, como entes públicos no estatales, tienen un interés legítimo en la defensa del Estado Social de Derecho, en beneficio de las personas costarricenses. Esto por cuanto el rol de los Colegios Profesionales es un elemento sustancial de la robustez de régimen social de derecho con fundamento en la búsqueda de su fortalecimiento y la regulación del ejercicio de las personas profesionales de este país. Por ello desde los colegios esta defensa es un deber ético. Así como el defender la educación pública estatal.

✓ La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica fue creada hace más de 57 años bajo la Ley 3662 “Ley Orgánica de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica” con fecha de publicación del 23 de septiembre 1966. Actualmente integrada por 34 colegios profesionales universitarios. Uno de sus objetivos es “…Estimular el desenvolvimiento científico, cultural, técnico y social de la Nación.”.

Por tanto:

La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica FECOPROU acuerda  apoyar y participar de la “Movilización nacional por la educación pública y la agenda social de Costa Rica:

¡Educación hoy, paz mañana! en defensa del estado social de derecho y de la educación pública, a realizarse este 28 y 29 de agosto del 2024, instar a las personas agremiadas a los diferentes Colegios

Profesionales que integran FECOPROU a participar en este encuentro de la ciudadanía y hacer un llamado a toda la sociedad costarricense a unirse a esta gran marcha pacífica nacional.

Acuerdo CP-12-04-2024, de sesión extraordinaria CP-12-2024 del Comité Permanente de FECOPROU, celebrada el 21 de agosto del 2024. ACUERDO FIRME.

Dra. Silvia Coto
Presidenta
Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica

Educación y otros derechos para Transformar y Liberar

Acumula verdad y sabiduría,
disciplina y entendimiento,
¡y no los cambies por nada!
Proverbios. 23:23 TLA

Las agrupaciones sociales que defienden las pocas instituciones que quedan del Estado de Bienestar en Costa Rica (sindicatos, cooperativas, organizaciones barriales, entre otras), llaman a una movilización el próximo 28 de agosto 2024. La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, fiel a su compromiso con la justicia y el bienestar de los pueblos, desea también alzar su voz juntamente con la población costarricense, en este momento en que se vulnerabiliza.

Reconocemos a la luz de los signos de los tiempos, que las actuales políticas neoliberales (cuyos pilares básicos incluyen la privatización de la energía eléctrica, la banca nacionalizada, la educación pública, la seguridad social; la reducción o la supresión de reglamentos específicos gubernamentales que pesan sobre los agentes económicos, incluyendo la eliminación de regulaciones que impidan al sector privado competir con un monopolio público, implementadas por el gobierno de turno, van en detrimento de los sectores más desfavorecidos de la nación costarricense.

Además de la demanda principal de la marcha, como lo es mejorar la calidad de la educación pública en todos sus niveles, así como el respeto constitucional del 8% del PIB para la educación. Se aboga por: la crisis ocasionada por los políticos de turno en los servicios de salud, ejemplificada por las listas de espera; la apertura del modelo eléctrico nacional pretendiendo trasladar el DOCSE (centro neurálgico de la electricidad costarricense) al MINAE bajo la dirección del Ministro directamente (político de turno), a fin sustituir el modelo solidario por un mercado de subastas al “mejor postor”, la venta de activos del Estado como el BCR, el abandono estatal del sector agroalimentario, la crisis de abastecimiento de agua potable, la violencia e inseguridad ciudadana, la crisis ambiental, la corrupción en los sistemas cooperativo de ahorro y préstamo, los recortes a programas sociales esenciales, la reducción de fondos para cultura y juventud, la censura a medios de comunicación y activistas sociales desde casa presidencial, que se refleja en la transgresión a los derechos humanos, sociales y laborales en todo el país, la desigualdad, así como el rechazo a los recortes presupuestarios irresponsables e irracionales.

Toda esta crisis, la crisis educativa y del sistema de bienestar social en Costa Rica, reiteramos, agravan el deterioro de la política social de solidaridad, dirigida a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

En este sentido, desde la IMWC, impulsamos una educación que eduque críticamente al ser humano y transforme a la sociedad. La pedagogía y la educación del maestro Jesús de Palestina, como lo sugieren las reflexiones del educador brasileño Paulo Freire, contienen esta carga transformadora, cuando señala:

«Suelo decir que, independientemente de la posición cristiana en la que siempre traté de estar, Cristo será para mí, como lo es, un ejemplo de pedagogo… La enseñanza de Cristo no era ni podría ser lo de quien, como muchos de nosotros, juzgándose poseedor de una verdad, buscaba imponerla o simplemente transferirla. (…) Su pedagogía era la del testimonio de una Presencia que contradecía, que denunciaba y anunciaba. (…)”. De ahí la invitación que Cristo nos hizo y porque nos hizo, sigue haciéndonos – el de conocer la verdad de su mensaje en la práctica de sus más mínimos pormenores.

Evidentemente, si hacemos un estudio de Jesús maestro de Palestina, sus actos, acciones, su opción, se evidencia una valoración del ser humano, un rescate de su dignidad, un principio de igualdad y respeto, unos principios de convivencia social, en fin, se plantea elementos educativos, reunidos en un estilo de vida (que es el Evangelio como Buena Noticia), por el camino del bien, garantizando en forma personal y social, la construcción de un tejido social sano, donde reina la concordia, la solidaridad y el amor.

Es obvio, que, en esta propuesta liberadora de Jesús maestro de Palestina, están ausentes las políticas neoliberales, sin embargo, nos enseñó que la vía no es ni la servidumbre, ni el neo-feudalismo, apoyados en un sistema claramente represivo militar e ideológico, ni el irrespeto y explotación del ser humano en toda su diversidad etaria, de género y demás, ni la explotación y eliminación de los otros seres vivos constatados en todo el entorno eco ambiental.

En este sentido, creemos justas las luchas de los pueblos, el manifestarse públicamente en protección de sus derechos fundamentales, y a defender una vida en sociedad al estilo del Jesús educador de Palestina.

Creemos justa y válida la movilización del pueblo costarricense, por lo que lo acompañamos en esta iniciativa buscando rescatar, su más mínima condición humana, expresada en una educación pública digna y sistemas de servicios solidarios mínimos (agua potable, luz eléctrica, vivienda, comunicaciones limpias, salud pública) sin mediación politiquera sino salvaguardados constitucionalmente.

Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él:
Si ustedes obedecen mis enseñanzas,
serán verdaderamente mis discípulos;
y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. 

Juan. 8:31-32 TLA

Municipalidad de Montes de Oca se suma a la movilización en defensa de la educación pública

El Concejo Municipal de Montes de Oca ha acordado, en la sesión ordinaria de este lunes 26 de agosto, sumarse a la movilización nacional en defensa de la educación pública que se desarrollará los días 28 y 29 de agosto próximos”.

En su acuerdo el Concejo Municipal manifiesta su preocupación por el estado actual de la educación pública y pide al gobierno de la República cumplir con la asignación presupuestaria que de acuerdo con la Constitución Política le corresponde a la educación pública, así como a las universidades públicas.

Se insta a todas las municipalidades del país a sumarse y a colaborar con esta movilización nacional.

Dado que una de las columnas de esta movilización saldrá de nuestro cantón, específicamente del pretil de la UCR, el Concejo Municipal de Montes de Oca invita a los vecinos y vecinas del cantón a sumarse a esta manifestación pacífica.

La moción, aprobada por unanimidad, fue presentada por el regidor suplente Gustavo Campos Alfaro; acogida por las regidurías propietarias Jorge Espinoza, Carolina Monge, Katya López y Enrique Sibaja y suscrita por las regidurías suplentes Kimberly Ortiz, Maritere Alvarado y Jorge Mora Portuguez.

En el siguiente enlace se puede leer la moción completa: https://www.facebook.com/share/p/eoiMSBviGAMM9Kxp/?mibextid=xfxF2i

Defender el FEES y salir a dialogar con la gente

Osvaldo Durán-Castro, profesor TEC, ecologista FECON

En una marcha de defensa del presupuesto de las U públicas de 2019 una estudiante llevó una pancarta que decía: “Abuela analfabeta. Madre primaria. Hija ingeniera”. Ésa es una excelente síntesis de resultados de la inversión en todos los campos y de la educación en particular y de haber tenido un Estado social robusto para mejorar la calidad de vida. En muchísimas familias costarricenses de clase media y pobres tenemos algo similar.

Foto: Osvaldo Durán-Castro – 2019.

En medio de la crisis de la educación un reto adicional de las U públicas es dialogar con la gente que no es parte de las comunidades universitarias. El Fondo Especial para la Educación Superior de Costa Rica, FEES, resulta desconocido y si las universidades no salimos a conversar, explicar y compartir con la población la misma crisis que nos ataca, estaremos cada día más aisladas y repudiadas. Si la gente no conoce lo que hacemos las U públicas, más allá de formar profesionales, seguirá persistiendo la mentira de que somos un reducto de gente vaga y privilegiada con salarios descomunales (ciertamente hay un reducido grupo de salarios elevados, pero la mayoría no disfruta de ningún privilegio). Es indispensable explicar cómo invertimos el presupuesto que recibimos porque si la gente desconoce lo que hacemos por medio de la ciencia, el arte, la educación en todas las materias y las culturas, a las cuales contribuimos, nos verán como el Gobierno desea que nos vean: innecesarias, cuando no como parásitos.

También hay que explicarle a la población las implicaciones del desfinanciamiento para la inversión social en salud, educación, electricidad, infraestructura, becas, programas de asistencia a la gente más pobre, etc. En otras palabras, la desaparición forzada de nuestro Estado social. Pero esa tarea puede resultar difícil porque, si somos autocrítico.as, debemos reconocer que hay gente dentro de las U públicas que sigue encapsulada, distante y desconocedora del otro mundo real que existe y subsiste afuera de las aulas.

El odio contra lo público hace que mucha gente crea que los 291.743 empleados públicos son los responsables de las crisis del país. Según el Banco Central en junio de 2024 la fuerza laboral de Costa Rica estaba integrada por 2.157.476 personas, incluidas 201.124 desempleadas. Este Gobierno y muchos anteriores han logrado crear una confrontación real, basada en desinformación, entre los empleados públicos y gran parte de la población costarricense que repite que esas menos de 300.000 personas son culpables de las crisis que vivimos; es tan absurdo como culpar a los ambientalistas por los desastres de Crucitas y de Gandoca Manzanillo.

La historia necia de que la plata de las universidades se va en salarios de lujo, se responde fácilmente si entendemos que el Ministerio de Educación Pública y las universidades tienen como tarea fundamental la enseñanza en las aulas. En el caso de las universidades, a la docencia en las aulas se suman la investigación científica especializada en muchísimos campos y la extensión y acción social que permiten atender y buscar respuestas a múltiples necesidades de comunidades, empresas privadas, grupos y organizaciones sociales. Esas tareas son las que aseguran que el país tenga una educación superior pública de calidad y cada vez con mejor impacto positivo. Las U públicas no son empresas privadas de educación; responden a necesidades colectivas y no a los negocios y el lucro financiero. Quienes realizan esa tarea de la educación son docentes y por tanto son quienes deben ser pagados. En el ministerio de obras públicas el rubro principal deben ser los contratos de construcción de carreteras, puentes y mantenimiento de la infraestructura en general, y ahí se gasta el dinero. En los hospitales es lógico que haya gastos elevados para el pago del personal que asegura todos los oficios de salud que se ofrecen. Todo eso es inversión social pública.

El diálogo Universidad-país debe darse en todos los espacios. Por ejemplo, en uno de nuestros grupos de Seminario de estudios costarricenses del TEC, dedicamos tiempo para crear explicaciones de la crisis de la educación, pensando en que hay que llevar esa información a la gente afuera de las U. En sesiones de trabajo de proyectos de extensión social como “Pueblos Originarios y Universidades Públicas” (POUP) y Declaratoria del Consejo nacional de rectores, CONARE, “2024: UNIVERSIDADES PÚBLICAS CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”, también hemos dedicado tiempo para que ese grupo de trabajo y estudio de Pueblos originarios Cabécar/China Kichá, Bribri/Salitre, Brorän Térraba y Yäbamï dí Kátà/Cabagra, entre otros, conozca lo que está ocurriendo con el FEES y con la educación en general.

La población debe saber que las U públicas negocian su presupuesto en condiciones de desventaja impuestas por el Gobierno. La quinta y última sesión de intento de negociación del FEES 2025 fue en Casa presidencial aunque no era una sede consensuada. La reunión tardó apenas 1 minuto por insólito que parezca, pues el Ejecutivo sólo repitió que no habría ninguna negociación y que el monto del FEES 2025 se definirá en la Asamblea legislativa. Es la primera vez que esto ocurre en más de ochenta años de educación superior pública en Costa Rica. Luego de cerca de hora y media de espera en la calle y dentro del edificio, tras ese minuto, las 5 rectorías y la representación estudiantil, fueron poco menos que expulsadas de la Casa presidencial sin siquiera haber dialogado.

Esa imposición y falta absoluta de respeto desconocen que existe una amplia agenda de cooperación CONARE-Gobierno que incluye más de 40 proyectos, entre los cuales hay 14 en educación, 12 en el sector productivo y desarrollo nacional, 4 en salud, entre otros. Esto demuestra que las universidades, a pesar de que su autonomía especial les permite definir cómo ejecutar su presupuesto, mantienen diálogo y buscan consenso para trabajar con el Poder ejecutivo. Con el mismo Gobierno desde hace años se definieron 11 criterios, 25 indicadores, parámetros de medición de resultados y otras pautas de medición y rendición de cuentas, que permiten saber con claridad cómo se ejecuta el presupuesto y el impacto que tienen las U públicas en la sociedad. Todo esto ha sido desconocido por el Ejecutivo.

El pasado 23 de agosto la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, expuso en un foro que en la sesión del 11 de junio el ministro de Hacienda propuso “un 1% de crecimiento para el FEES 2025, que corresponde a ₡5.761 millones (presentación basada en datos inconsistentes, que el ministro debió revisar)”. CONARE rechazó esa propuesta y reafirmó la “solicitud de un aumento del 4,06% (¢23.389 millones) sobre el FEES 2024 para determinar el monto del FEES 2025, así como la devolución de recursos postergados de 2020 y 2021, por un total de ¢62.590 millones”. Todos los datos expuestos en la fallida negociación demuestran que ya en este año las universidades requieren ¢23.389.132 millones adicionales para tener un presupuesto que se iguale al de 2020. Otro hecho relevante que permite constatar la falta de seriedad del Gobierno es que el 16 de agosto 2024, en la quinta fallida sesión de la Comisión de enlace (Gobierno y Universidades), “CONARE solicitó al Ministro de Hacienda que explicara técnicamente de dónde surgió la propuesta del 1% y su justificación. El ministro indicó que en el transcurso de la tarde del mismo día entregaría la respuesta por escrito, compromiso que no cumplió”.

Esos faltantes de ¢23.389 millones para el 2025 y de ¢62.590 millones de años anteriores, significan, en concreto y en términos sencillos, que igual que una familia sin ingresos suficientes, las U públicas (y la educación en su totalidad) se van a seguir empobreciendo. Desde 2018 se ha hecho más que crudo el incumplimiento del artículo 78 de la Constitución política que obliga a que Educación reciba el 8% del Producto interno bruto, PIB, incluido el 1.5% para las U públicas. En 2018 el presupuesto fue del 7,40% y de ahí en adelante sigue en caída libre hasta el 5,4% en el 2023 y 5,2% este año. Es probable que en el 2025 no se alcance ni el 5% del PIB.

Este escenario de crisis total que vive el sistema de educación en Costa Rica es absolutamente contradictorio con las exigencias del Gobierno a las universidades para que sumen proyectos y mejoren su impacto en la sociedad costarricense, pues a la vez les extirpa el presupuesto indispensable para todas esas responsabilidades. Un posible recorte al MEP de hasta ₡65.000 millones en el 2025 lo que asegura es el deterioro mayor de la calidad de la educación, más escuelas hechas tugurios y que servicios como comedores y transporte que ayudan a las familias más pobres, serán aún más debilitados. No está de más recordar que para muchísimas familias los comedores escolares son un apoyo indispensable pues literalmente son la principal fuente de alimentos de sus hijo/as.

Foto: Francisco Mojica Mendieta.

En las U públicas el recorte de presupuesto significa menos cupos para ingreso de nuevos estudiantes a todas las universidades, menos plazas docentes, salarios en deterioro para la mayoría de funcionario.as, sobre todo para cientos que están en condición de interinos; menos laboratorios, menos investigación científica, menos posibilidades de inversión en las regiones fuera del valle central, debilitamiento e imposibilidad de desarrollar programas de investigación, acción y extensión social con comunidades y organizaciones sociales en todo el país, menos trabajo conjunto con empresas y con el propio Gobierno. Por supuesto que habrá menos plata para becas, residencias y otros subsidios para estudiantes de las familias más pobres que sólo gracias a esas ayudas llegan a ser profesionales.

Ante el Gobierno las U públicas no ganaremos en las aulas. Salir a la calle a defender el derecho a la educación es urgente. También es indispensable salir a dialogar con la población, explicar cómo le servimos a la sociedad y sumarnos a todos los colectivos que queremos recuperar el país. Esos son algunos de los grandes desafíos inmediatos.

ANEP convoca a manifestaciones de 28 y 29 de agosto: Juntos somos más fuertes

Fecha: 28 y 29 de agosto
Hora de salida: 9:00 am
Lugar de salida: Parque de la Merced
Destino: Asamblea Legislativa

La ANEP te invita a unirte a esta importante movilización para exigir nuestros derechos y hacer oír nuestra voz.

Puntos a tratar:

  • No más congelamiento salarial.
  • Pensión adelantada para nuestros policías.
  • Salida de la Ley del Marco de Empleo Público.
  • Escala salarial sin desigualdades.
  • Profesionalización integral para todos.

Juntos somos más fuertes
Participan: Policía de fronteras, Fuerza pública, PCD, Policía de vigilancia aérea, Policía de tránsito, Policía de migración, Policía fiscal.

¡Tu presencia es fundamental!

La manifestación permite a los trabajadores, especialmente los cuerpos policiales y de seguridad, expresar colectivamente su descontento ante políticas que consideran injustas, como el congelamiento salarial o la Ley del Marco de Empleo Público y desigualdades salariales.

La manifestación del 28 y 29 de agosto es una herramienta poderosa para defender los derechos e influir en políticas y fortalecer la solidaridad entre los trabajadores.