Osvaldo Durán-Castro, profesor TEC, ecologista FECON
En una marcha de defensa del presupuesto de las U públicas de 2019 una estudiante llevó una pancarta que decía: “Abuela analfabeta. Madre primaria. Hija ingeniera”. Ésa es una excelente síntesis de resultados de la inversión en todos los campos y de la educación en particular y de haber tenido un Estado social robusto para mejorar la calidad de vida. En muchísimas familias costarricenses de clase media y pobres tenemos algo similar.
En medio de la crisis de la educación un reto adicional de las U públicas es dialogar con la gente que no es parte de las comunidades universitarias. El Fondo Especial para la Educación Superior de Costa Rica, FEES, resulta desconocido y si las universidades no salimos a conversar, explicar y compartir con la población la misma crisis que nos ataca, estaremos cada día más aisladas y repudiadas. Si la gente no conoce lo que hacemos las U públicas, más allá de formar profesionales, seguirá persistiendo la mentira de que somos un reducto de gente vaga y privilegiada con salarios descomunales (ciertamente hay un reducido grupo de salarios elevados, pero la mayoría no disfruta de ningún privilegio). Es indispensable explicar cómo invertimos el presupuesto que recibimos porque si la gente desconoce lo que hacemos por medio de la ciencia, el arte, la educación en todas las materias y las culturas, a las cuales contribuimos, nos verán como el Gobierno desea que nos vean: innecesarias, cuando no como parásitos.
También hay que explicarle a la población las implicaciones del desfinanciamiento para la inversión social en salud, educación, electricidad, infraestructura, becas, programas de asistencia a la gente más pobre, etc. En otras palabras, la desaparición forzada de nuestro Estado social. Pero esa tarea puede resultar difícil porque, si somos autocrítico.as, debemos reconocer que hay gente dentro de las U públicas que sigue encapsulada, distante y desconocedora del otro mundo real que existe y subsiste afuera de las aulas.
El odio contra lo público hace que mucha gente crea que los 291.743 empleados públicos son los responsables de las crisis del país. Según el Banco Central en junio de 2024 la fuerza laboral de Costa Rica estaba integrada por 2.157.476 personas, incluidas 201.124 desempleadas. Este Gobierno y muchos anteriores han logrado crear una confrontación real, basada en desinformación, entre los empleados públicos y gran parte de la población costarricense que repite que esas menos de 300.000 personas son culpables de las crisis que vivimos; es tan absurdo como culpar a los ambientalistas por los desastres de Crucitas y de Gandoca Manzanillo.
La historia necia de que la plata de las universidades se va en salarios de lujo, se responde fácilmente si entendemos que el Ministerio de Educación Pública y las universidades tienen como tarea fundamental la enseñanza en las aulas. En el caso de las universidades, a la docencia en las aulas se suman la investigación científica especializada en muchísimos campos y la extensión y acción social que permiten atender y buscar respuestas a múltiples necesidades de comunidades, empresas privadas, grupos y organizaciones sociales. Esas tareas son las que aseguran que el país tenga una educación superior pública de calidad y cada vez con mejor impacto positivo. Las U públicas no son empresas privadas de educación; responden a necesidades colectivas y no a los negocios y el lucro financiero. Quienes realizan esa tarea de la educación son docentes y por tanto son quienes deben ser pagados. En el ministerio de obras públicas el rubro principal deben ser los contratos de construcción de carreteras, puentes y mantenimiento de la infraestructura en general, y ahí se gasta el dinero. En los hospitales es lógico que haya gastos elevados para el pago del personal que asegura todos los oficios de salud que se ofrecen. Todo eso es inversión social pública.
El diálogo Universidad-país debe darse en todos los espacios. Por ejemplo, en uno de nuestros grupos de Seminario de estudios costarricenses del TEC, dedicamos tiempo para crear explicaciones de la crisis de la educación, pensando en que hay que llevar esa información a la gente afuera de las U. En sesiones de trabajo de proyectos de extensión social como “Pueblos Originarios y Universidades Públicas” (POUP) y Declaratoria del Consejo nacional de rectores, CONARE, “2024: UNIVERSIDADES PÚBLICAS CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”, también hemos dedicado tiempo para que ese grupo de trabajo y estudio de Pueblos originarios Cabécar/China Kichá, Bribri/Salitre, Brorän Térraba y Yäbamï dí Kátà/Cabagra, entre otros, conozca lo que está ocurriendo con el FEES y con la educación en general.
La población debe saber que las U públicas negocian su presupuesto en condiciones de desventaja impuestas por el Gobierno. La quinta y última sesión de intento de negociación del FEES 2025 fue en Casa presidencial aunque no era una sede consensuada. La reunión tardó apenas 1 minuto por insólito que parezca, pues el Ejecutivo sólo repitió que no habría ninguna negociación y que el monto del FEES 2025 se definirá en la Asamblea legislativa. Es la primera vez que esto ocurre en más de ochenta años de educación superior pública en Costa Rica. Luego de cerca de hora y media de espera en la calle y dentro del edificio, tras ese minuto, las 5 rectorías y la representación estudiantil, fueron poco menos que expulsadas de la Casa presidencial sin siquiera haber dialogado.
Esa imposición y falta absoluta de respeto desconocen que existe una amplia agenda de cooperación CONARE-Gobierno que incluye más de 40 proyectos, entre los cuales hay 14 en educación, 12 en el sector productivo y desarrollo nacional, 4 en salud, entre otros. Esto demuestra que las universidades, a pesar de que su autonomía especial les permite definir cómo ejecutar su presupuesto, mantienen diálogo y buscan consenso para trabajar con el Poder ejecutivo. Con el mismo Gobierno desde hace años se definieron 11 criterios, 25 indicadores, parámetros de medición de resultados y otras pautas de medición y rendición de cuentas, que permiten saber con claridad cómo se ejecuta el presupuesto y el impacto que tienen las U públicas en la sociedad. Todo esto ha sido desconocido por el Ejecutivo.
El pasado 23 de agosto la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, expuso en un foro que en la sesión del 11 de junio el ministro de Hacienda propuso “un 1% de crecimiento para el FEES 2025, que corresponde a ₡5.761 millones (presentación basada en datos inconsistentes, que el ministro debió revisar)”. CONARE rechazó esa propuesta y reafirmó la “solicitud de un aumento del 4,06% (¢23.389 millones) sobre el FEES 2024 para determinar el monto del FEES 2025, así como la devolución de recursos postergados de 2020 y 2021, por un total de ¢62.590 millones”. Todos los datos expuestos en la fallida negociación demuestran que ya en este año las universidades requieren ¢23.389.132 millones adicionales para tener un presupuesto que se iguale al de 2020. Otro hecho relevante que permite constatar la falta de seriedad del Gobierno es que el 16 de agosto 2024, en la quinta fallida sesión de la Comisión de enlace (Gobierno y Universidades), “CONARE solicitó al Ministro de Hacienda que explicara técnicamente de dónde surgió la propuesta del 1% y su justificación. El ministro indicó que en el transcurso de la tarde del mismo día entregaría la respuesta por escrito, compromiso que no cumplió”.
Esos faltantes de ¢23.389 millones para el 2025 y de ¢62.590 millones de años anteriores, significan, en concreto y en términos sencillos, que igual que una familia sin ingresos suficientes, las U públicas (y la educación en su totalidad) se van a seguir empobreciendo. Desde 2018 se ha hecho más que crudo el incumplimiento del artículo 78 de la Constitución política que obliga a que Educación reciba el 8% del Producto interno bruto, PIB, incluido el 1.5% para las U públicas. En 2018 el presupuesto fue del 7,40% y de ahí en adelante sigue en caída libre hasta el 5,4% en el 2023 y 5,2% este año. Es probable que en el 2025 no se alcance ni el 5% del PIB.
Este escenario de crisis total que vive el sistema de educación en Costa Rica es absolutamente contradictorio con las exigencias del Gobierno a las universidades para que sumen proyectos y mejoren su impacto en la sociedad costarricense, pues a la vez les extirpa el presupuesto indispensable para todas esas responsabilidades. Un posible recorte al MEP de hasta ₡65.000 millones en el 2025 lo que asegura es el deterioro mayor de la calidad de la educación, más escuelas hechas tugurios y que servicios como comedores y transporte que ayudan a las familias más pobres, serán aún más debilitados. No está de más recordar que para muchísimas familias los comedores escolares son un apoyo indispensable pues literalmente son la principal fuente de alimentos de sus hijo/as.
En las U públicas el recorte de presupuesto significa menos cupos para ingreso de nuevos estudiantes a todas las universidades, menos plazas docentes, salarios en deterioro para la mayoría de funcionario.as, sobre todo para cientos que están en condición de interinos; menos laboratorios, menos investigación científica, menos posibilidades de inversión en las regiones fuera del valle central, debilitamiento e imposibilidad de desarrollar programas de investigación, acción y extensión social con comunidades y organizaciones sociales en todo el país, menos trabajo conjunto con empresas y con el propio Gobierno. Por supuesto que habrá menos plata para becas, residencias y otros subsidios para estudiantes de las familias más pobres que sólo gracias a esas ayudas llegan a ser profesionales.
Ante el Gobierno las U públicas no ganaremos en las aulas. Salir a la calle a defender el derecho a la educación es urgente. También es indispensable salir a dialogar con la población, explicar cómo le servimos a la sociedad y sumarnos a todos los colectivos que queremos recuperar el país. Esos son algunos de los grandes desafíos inmediatos.
