He venido publicando varias notas al respecto del narco en Costa Rica, la vinculación de estas mafias con las grandes élites político empresariales, las nocivas «propuestas» que se manejan desde el gobierno para detenerlo y que la solución a esta problemática está en la raíz, en las políticas neoliberales de empobrecimiento y miseria, mientras las mafias empresariales EVADEN, eluden y contrabandean.
Hoy, la SORPRENDENTE noticia de Diario Extra impacta, indigna y provoca el enfado de quien tenga dignidad y lea semejante situación que viven los arroceros, pero que también viven los indígenas, los pescadores artesanales, los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios nacionales.
“Estoy arrimado donde mis hijos, pidiéndoles ¢5.000 para un jabón o un cepillo de dientes”, dice uno de los agricultores, y peor aún, ¡he tenido ganas de matarme!, dice otro agricultor, que para tratar de salir a flote recurrió al narcopréstamo de los prestamistas «gota a gota», esos mismos que sacaron a patadas de El Salvador.
Rodrigo Chaves Robles, flamante presidente de la República, entre sus primeros decretos como tal, exoneró del pago de impuestos a los tagarotes importadores de arroz, esos mismos que financiaron su campaña electoral, terminando el trabajo que empezó el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad con el Tratado de Libre Comercio, TLC, y que continuaron los gobierno del Partido Acción Ciudadana, PAC, todos son lo mismo.
Ya golpeados con el TLC, Rodrigo Chaves terminó de poner los «clavos en el ataúd» de los agricultores con su famosa «ruta del arroz», ruta que consistía en favorecer sus amigos, vagabundos que NO trabajan la tierra y se dedican a la importación. Estos tagarotes dejaron de pagar ₡7.600 millones de impuestos en sólo seis meses de entrada en vigencia del decreto de la Ruta del Arroz que bajó los aranceles de un 36% a un 5% y llevó a la ruina de los agricultores nacionales que SÍ trabajan la tierra. Con esto, el farsante de Rodrigo Chaves Robles dijo que nos beneficiaríamos con rebajo de precios para los consumidores… ¡¡MINTIÓ!!!
En el Semanario Universidad se indica que «Los importadores de arroz pilado dejaron de pagar ₡2.536 millones, entre ellos el financista de Chaves, Bernal Jiménez, que dejó de pagar ₡268 millones. Todos los importadores de arroz juntos suman una pérdida de ingresos al erario público de ₡10.400 millones.», mientras tanto, a los productores nacionales les «deberían recibir un saco de arroz a ¢27.375, no obstante, acusan que les compran el grano entre los ¢14.000 a ¢19.000. Además, los costos de producción por hectárea ascienden a ¢1.500.000 y, en el mejor de los casos, los agricultores recuperan un 20% de utilidad.» informa Diario Extra, esto a Rodrigo Chaves, el PLN, el PUSC, el PLP y NR no les importa.
¿Estamos ante un Narcoestado?
La definición más cercana define que el término narcoestado o narcoeconomía es un neologismo económico y político que se aplica a aquellos países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el poder y las riquezas del narcotráfico, cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales.
Veamos cómo está Costa Rica y saquen sus conclusiones.
La riqueza cultural del Territorio Norte-Norte, conformado por los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles, representa un enorme potencial de crecimiento para esa zona, que además de sus atractivos turísticos es una de las grandes productoras de cacao, raíces y tubérculos del país. Fotomontaje Eduardo Muñoz, UCR.
Un proyecto de Acción Social del CONARE creó alianzas con productores agrícolas y agroturísticos
Autoría: Eduardo Muñoz-Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social)
El Territorio Norte-Norte costarricense es una de las zonas del país con enormes potenciales para el crecimiento económico, social y productivo, pero que requiere el acompañamiento técnico para que el talento humano adquiera las habilidades y conocimientos que complementen los saberes que han aprendido a lo largo de generaciones.
Con ese fin en la mira, el proyecto de Acción Social denominado “Innovación y valorización de productos agroalimentarios y turísticos, vinculados a sistemas asociativos en los territorios de Upala, Guatuso y Los Chiles”, que tuvo su origen en una solicitud del Consejo Territorial de Desarrollo Norte-Norte (CTDNN) al CONARE a finales del año 2020, ya rinde sus frutos.
Tras la aprobación de dicha iniciativa, el CONARE realizó reuniones con representantes comunitarios y grupos de personas productoras de la región para diseñar una propuesta de intervención de intercambio de saberes y experiencias entre las universidades y dichas comunidades.
Y como una manera de compartir los avances en el proyecto, el pasado 29 de noviembre se reunieron delegaciones en el Campus Tecnológico, en el cantón de San Carlos, donde se expusieron diversos temas relacionados a las iniciativas que se han impulsado desde el inicio del proyecto.
Personas que se dedican a la producción de cacao, raíces, tubérculos y emprendimientos turísticos compartieron, se reencontraron y siguieron definiendo una ruta para el mejoramiento de su región, con el objetivo último de ofrecer más y mejores posibilidades de organización comunitaria, empleo y comercio justo de la producción de esa rica zona.
MANO A MANO
Desde la aprobación por parte del CONARE a la solicitud del CTDNN, las universidades públicas realizaron jornadas de trabajo para sistematizar una propuesta de intervención a partir de proyectos en ejecución en la zona, y finalmente se agruparon en nueve temáticas, a saber: emprendimiento, turismo, cultura, educación, gestión ambiental, migración, modernización del aparato municipal, infraestructura, capacitación y asistencia técnica a productores, y gestión del riesgo de desastres.
Las cinco universidades públicas: la de Costa Rica (UCR), la Nacional (UNA), la Técnica Nacional (UTN), la Estatal a Distancia (UNED) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC) articularon un plan de trabajo para diseñar protocolos y planes estratégicos a partir de procesos de cocreación, innovación y transferencia tecnológica para la implementación de los sectores productivos y turísticos.
En este proceso las universidades, además de aportar los saberes de docentes e investigadores, contaron con el apoyo de estudiantes comprometidos con la Acción Social. Con el trabajo del estudiantado se realizaron los mapeos de actividades grupos de productores, talleres y capacitaciones y brindaron apoyo en la evaluación de los procesos realizados.
RESULTADOS COMPARTIDOS
Entre los logros se destacan la construcción de redes entre cantones, mismas que han favorecido las relaciones entre personas productoras y emprendedoras, que se constituyen en un factor para futuras colaboraciones comerciales y oportunidades de crecimiento para las comunidades involucradas.
Además, mediante el intercambio de experiencias se han fortalecido los canales de distribución y comercialización, gracias al conocimiento adquirido en las capacitaciones y las discusiones entre las organizaciones sobre las mejoras formas de colocar lo producido y promocionar los atractivos del Territorio Norte-Norte.
Para Rebeca Marchena Quirós, representante de la comunidad indígena Maleku y una de las líderes de la plataforma del cacao, este proceso “ha sido todo un reto, ha implicado días de sacrificio para trabajar juntos, nos hemos hecho una comunidad y tenemos grupos que nos pasamos información indiferentemente de la comunidad. Esa iniciativa de conformar una plataforma fue eficaz para nosotros porque a veces tenemos escasez de cacao, y ahora puedo contactar a compañeros de Upala y decirles ‘no tengo cacao, necesito semilla para poder abastecer a un cliente’”.
“Yo soy una mujer cacaotera, de 25 años, y hace tres años no sabía nada sobre el cacao y poder unirme con todas estas personas que tienen muchos conocimientos ha sido de mucho enriquecimiento no solo a nivel personal, sino de trabajo. He tenido ‘toures’ de cacao, y no sabía las variedades, pero ahora nos ayudamos y no estamos en esa rivalidad que teníamos antes de este proyecto de CONARE; ahora Upala, Guatuso y Los Chiles estamos en una sola plataforma”, agregó Marchena.
Por su parte, Marta Alvarado, vecina de Upala e integrante de la Asociación de Productoras y Productores de Tubérculos y Raíces, recalcó que “ser productora, madre, jefe de familia y estudiante es bien difícil, hay que hacer estrategias para sacar todas estas tareas”. Además, afirmó, que “todo esto ha sido de gran aprovechamiento porque hemos aprendido cómo manejar los suelos y sacar provecho de los recursos naturales. Nos capacitamos en muchas áreas, y nos integramos porque a veces no estamos acostumbrados a compartir con otra gente, antes de esto estábamos carentes de conocimiento lo cual es como una herramienta sin filo que no puede funcionar; pero ahora somos como una herramienta con filo que ya puede utilizarse”.
Coincidiendo con Alvarado, el productor Vicente Rojas Ortiz comentó que aunque tenían conocimientos básicos para la producción de tubérculos, gracias al apoyo brindado por las universidades públicas lograron “comprender que los análisis de los suelos nos ayudan a ahorrar en fertilizantes, que podemos producir insumos naturales y planificar nuestras cosechas para tener una mejor comercialización. Como grupo organizado nos beneficiamos porque nos conversamos entre nosotros y buscamos la manera en que podemos innovar, dándole valores agregados a nuestros productos, y con el acceso de las semillas mejoradas que nos han dado las universidades tenemos menores riesgos en las cosechas y así volver a cosechar otras cosas que no hemos cultivado antes por las enfermedades y plagas”.
CON MIRAS AL FUTURO
Fernando Sandí Castro, expresidente de la Cámara de Turismo y Comercio de Los Chiles (CATUCHI), indicó que uno de los aspectos destacados de este trabajo entre universidades y comunidades fue “la formalización del destino turístico, de las microempresas que están naciendo y otras que ya están pero les faltaba alguna cosa, pero ya se habla de pensar en más grande y tener las pólizas de seguros y todos los permisos al día, así como mejorar la seguridad para visitantes. Lo que estamos buscando es calidad de primera porque en turismo no hay segunda oportunidad y estamos agradeciendo a las universidades públicas que nos han ayudado y esperamos que este 2024 y 2025 sigan pensando en la importancia de este acompañamiento que ustedes dan a la zona”.
Durante su participación Campus Tecnológico, en el cantón de San Carlos, el pasado 29 de noviembre, y con la llegada del CONARE se empezó a discutir sobre las necesidades y aspiraciones para impulsar los emprendimientos turísticos y darles un nuevo rumbo. “El Territorio Norte-Norte está lleno de atractivos históricos, naturales, gastronómicos, de ríos, montañas, volcanes. Estamos buscando su visibilización para lo que se hace necesario la formación del recurso humano y que las personas se vayan con ganas de regresar; y en esto las universidades han sido un aliado importantísimo en este trabajo”.
El proyecto “Innovación y valorización de productos agroalimentarios y turísticos, vinculados a sistemas asociativos en los territorios de Upala, Guatuso y Los Chiles”, además de vincular a asociaciones de personas productoras y turísticas contó con el acompañamiento de aliados estratégicos como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Desarrollo Rural, el Instituto Costarricense de Turismo; así como cámaras locales de Turismo Local, de Exportadores de Raíces y Tubérculos, y diversas organizaciones no gubernamentales que aportaron su experiencia.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) presentaron el libro titulado “Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo Rural en las Américas: Una mirada hacia América Latina y el Caribe (2023 – 2024)”. El libro se centra en fortalecer la cooperación regional para impulsar sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes a la crisis. Las instituciones promueven el uso justo de este documento.
Esta publicación está disponible en formato electrónico (PDF) en las siguientes direcciones electrónicas:
Familias de las cooperativas agrícolas y acuícolas de nuestro país, desde la Mesa Nacional del Dialogo Social y Productivo les enviamos un cordial saludo.
Señores gobernantes nosotros somos una economía mixta todos tenemos cabida. Nuestra responsabilidad es mantener la paz social.
Nuestro único propósito es defender la producción de alimentos a nivel nacional. Convirtamos al agro en un activo estratégico de Costa Rica
Las amenazas están ahí ya las conocemos. Empezaron a ejecutarse, con la ruta del Arroz. Vienen todos los demás rubros.
Esta situación es más grave que una pandemia. Es más grave que una crisis pasajera.
Las cooperativas estamos en todos los rubros de producción agropecuaria y pesquera y en todo el territorio nacional de nuestro país y tenemos presencia en mercados internacionales
LO QUE NOSOTROS DEFENDEMOS:
I.- Está en riego estructural la existencia de nuestro Estado Social de Derecho, la democratización de la propiedad de la tierra, y nuestro derecho a producir los alimentos que el país necesita y que todos consumimos
1.1.-Señores del Poder Ejecutivo. Señores de la Asamblea Legislativa. Construyamos juntos una auténtica política agroalimentaria y pesquera con todos los actores calificados.
Este es el principal punto de partida que defendemos. No queremos decir al Ejecutivo como dijeron los gladiadores al emperador Claudio “Ave Caesar, morituri te salutant”
II.- El segundo punto tiene que ver con los mercados. Dos situaciones muy graves provocadas por la falta de políticas claras:
Nosotros “SEMBRAMOS COMIDA”, pero priorizando la importación y el contrabando de alimentos nos quitan el derecho a producirlos en nuestras tierras y en nuestros mares.
Pero además han permitido la monopolización y el control abusivo de los mercados nacionales. Estos monopolios a nosotros nos pagan una miseria en el campo y los consumidores en las ciudades, pagan precios de usura por la comida que nosotros producimos.
2.1.- Tenemos alternativas: Fortalezcamos los controles en nuestras fronteras para impedir el contrabando, con la colaboración de aduanas y la policía económica lo podemos lograr; rescatemos la red de frío y el Cenada aquí también hay un gran monopolio Es el cementerio de los productores nacionales.
Establezcan una auditoria forense al monopolio de los mercados dirigida por el MAG con la colaboración de la COOPROCOM, la FAO el IICA y a la cadena de formación de precios bajo la dirección del MEIC y el PIMA.
Si no hacemos esto a corto plazo, seremos cómplices de la destrucción de la agricultura y la acuicultura nacional.
III.- Con todo respeto preguntamos al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa:
¿Se puede desarrollar el agro (ustedes que dicen ser economistas) destinando menos de 4% de crédito público a financiar la producción de comida Y COMPITIENDO CON ECONOMIAS SUBSIDIADAS?
¿Podemos mantener los mercados internacionales que hemos construido a lo largo de estos años si nuestros contenedores salen cargados de drogas desde Costa Rica?
Por todo estos amigas y amigos, familias cooperativas nos unimos al llamado de la Mesa Nacional de Dialogo Social y Productivo convocados por el sector agropecuario costarricense en defensa de la soberanía alimentaria y la institucionalidad de nuestro sector.
Unamos nuestra presencia a nivel NACIONAL en San José y a nivel regional en los puntos indicados.
USEMOS NUESTRO DERECHO A LA MANIFESTACION PACIFICA Y DEMOCRATICA, COMO HEMOS SIDO EJEMPLO, CUANDO NOS MOVILIZAMOS.
Canal Quince UCR y Programa Kioscos Socioambientales lanzan serie documental sobre soberanía alimentaria
Canal Quince UCR y el Programa Kioscos Socioambientales, tienen el gusto de invitar a la presentación de la cuarta temporada de la serie “Entramarnos por la defensa de la vida”, que ha sido nombrada “Puntalitos en disputa; ¿Qué es lo que comemos?”. Se trata de una producción televisiva que aborda perspectivas sobre soberanía, seguridad y justicia alimentaria.
La agricultura y la alimentación son parte esencial de los pueblos originarios y campesinos, son testimonio de nuestra evolución como comunidades y territorios. Desde hace algunas décadas, la industria alimentaria y el agronegocio ha profundizado su presencia en vastos territorios, acaparando tierras para la actividad monocultivista, despojando comunidades completas y fomentando el uso de paquetes tecnológicos y de agrotóxicos para hacer más “eficiente” la producción de alimentos principalmente para la exportación.
El modelo agroindustrial, contrario a lo que promueve, ha incrementado la desnutrición, el empobrecimiento y la exclusión a bienes comunes de la naturaleza, convirtiendo los campos cultivados de forma diversificada en desiertos verdes.
Por ejemplo, el alto costo en los precios de los granos básicos y la actual dependencia de la importación de los mismos en más de un 80%, especialmente en granos básicos, tiene raíces en decisiones políticas que iniciaron en la década de los ochenta, con una serie de transformaciones en la estructura socioproductiva, inacción estatal y falta de coordinación entre los sectores involucrados. La expansión de los monocultivos fundamentalmente para la exportación sin duda ha despojado a los territorios de las pequeñas y medianas parcelas que décadas atrás dedicaban las comunidades a la producción de alimentos. El área cultivable dedicada a la producción de alimentos se redujo en más de un 60% pasando a ser parte del modelo extractivista del monocultivo de exportación, que luego regresa enlatado al país.
Esta 4ta temporada televisiva de la serie documental “Entramarnos por la defensa de la Vida” que nombramos: “Puntalitos en disputa”, aborda perspectivas en torno a la soberanía, seguridad y justicia alimentaria, así como la urgencia de un compromiso necesario por parte de los gobiernos de turno para procurar el alimento sano, nacional y diversificado a toda la población, contrastando con la realidad de un sistema alimentario cada vez más transnacionalizado que responde a la lógica del agronegocio, implicando despojo para el sector campesino, costero e indígena, así como el consumo de agrotóxicos, por eso nos preguntamos: ¿qué estamos comiendo?
Hemos producido diez episodios que entrelazan experiencias comunitarias con testimonios y reflexiones sobre las diversas dimensiones que están alrededor de los procesos de producción, distribución y consumo de alimentos. Se abarca desde la defensa de la semilla criolla, las amenazas y riesgos que sufren los distintos grupos de polinizadores, las modificaciones de la estructura socioproductiva con la intensificación del monocultivo, el uso indiscriminado de agrotóxicos, la comida y la cultura, los mercados y las ferias del agricultor, las experiencias agroecológicas y los conceptos de seguridad, soberanía, justicia alimentaria.
La IV temporada obtuvo el apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social con el otorgamiento de un presupuesto en el marco de la XVII Convocatoria del Fondo Concursable para el fortalecimiento de la Relación Universidad – Sociedad (2023-2025) lo que permitió realizar las giras para las grabaciones en distintas comunidades en todo el territorio costarricense. Se viajó a todas las regiones: Chorotega, Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Sur y Región Central. De manera que en cada episodio se muestra una especie de mapeo audiovisual de experiencias agroecológicas de producción de alimentos, asociados a convicciones culturales y prácticas regenerativas y libres de tóxicos.
“Puntalitos en disputa” ofrece una vasta reflexión colectiva sobre: ¿qué es lo que comemos, de dónde viene y cómo ha sido producido? Comparte con la audiencia datos importantes que invitan a reflexionar qué hay detrás de cada plato de comida.
Este lunes 18 de septiembre a las 10 de la mañana en el Auditorio de la Facultad de Educación se realizará el lanzamiento y estreno de la temporada con la proyección de uno de los episodios y con la intervención del equipo de producción tanto de Quince UCR como de Kioscos Socioambientales, así como algunas de las personas protagonistas de los documentales. Será un encuentro que provoque la discusión y reflexión y que promueva el seguimiento a la transmisión de la temporada por televisión abierta y en la plataforma de streaming de Quince UCR.
Pretendemos con esta temporada que cada persona de la audiencia sienta un compromiso a reflexionar acerca de: ¿Qué es lo que comemos?
Esta temporada podrá ser apreciada por la audiencia en la programación regular de Quince UCR en señal abierta todos los lunes a las 8 de la noche con repetición el domingo siguiente a las 6:30 de la tarde. A partir del lunes 18 de septiembre y hasta noviembre. También pueden verla y compartirla desde la plataforma de streaming UCRQ.
Según la base de datos FAOSTAT tenemos un consumo de agro venenos de 23.44 kilogramos por hectárea lo que nos pone en el vergonzoso primer lugar en el mundo de utilización de estos venenos en la agricultura.
El gráfico y cálculo es un promedio de uso de agroquímicos desde el año 2000 al 2020 , es decir 21 años y fue realizado por el Dr. Elidier Vargas, agrónomo ex funcionario – pensionado de DIGECA y consultor del PNUD para el estudio “Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica”.
Estas son las estadísticas anuales que publica FAO y los datos son suministrados por ministerios de agricultura o entidades oficiales por país. La base de datos se llama FAOSTAT y está disponible en la página principal de la organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.
Vargas elaboró el gráfico a partir de la información de la base para luego ordenarlo de forma descendente, para ver quién era el “toxi-campeón”, como puede verse en la hoja de trabajo adjunta en Excel.
“El dato que grafiqué es el promedio que yo mismo calculé de ese período (2000 al 2020), ya que poner los datos de todos los países de todos los años da un gráfico sumamente saturado, difícil de leer” aseguró el especialista.
“Como vemos, Costa Rica sigue encabezando la lista de los mayores usuarios de plaguicidas en el mundo, de una serie de 21 años de reportes”, sentencia Vargas y agrega que “Cuando se trata de plaguicidas, el uso por país es muy fluctuante, año con año, como se ha visto en los registros de importaciones y exportaciones que lleva el Servicio Fitosanitario del Estado”.
Esto explica por qué un año puede aparecer de cuarto, por ejemplo en 2018, pero en un promedio de largo plazo se eliminan o reducen las variaciones interanuales.
Según los datos del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) el uso de plaguicidas en el país ronda los 10 kg/ha. Otros estudios por ejemplo el realizado por Elidier para el PNUD en 2022 (https://impactoplaguicidas.cr/documentos) aclara que el uso real de plaguicidas en la agricultura alcanza 34.45 kg/ha. Esta diferencia de cálculos se debe a que el SFE divide el total de agroquímicos reportados entre toda el área sembrada, tanto en agricultura como en pastos. Pero el estudio del PNUD calcula el uso de plaguicidas en las pasturas, descuenta esos plaguicidas del total utilizado en el país y divide el saldo de agroquímicos solo entre las hectáreas de cultivos, ya que en los pastos hay un uso menor de estos insumos, en comparación con los cultivos agrícolas.
Otro cálculo realizado en 2015 por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) arrojó un promedio de 18,2 kilogramos de plaguicidas por cada hectárea de cultivo agrícola. Mientras en 2010 el World Resources Institute, organización vinculada con el Banco Mundial y con sede en Washington, lanzó un informe sobre el lugar de Costa Rica en el consumo de pesticidas, con 51.2 kg por hectárea al año.
El seminario internacional “Brechas de desigualdad en México, Centroamérica y el Caribe” es organizado por la sede subregional de la CEPAL en México, con el apoyo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, y tendrá lugar en San José de Costa Rica desde el 20 al 21 de junio del 2023.
La sede subregional de la CEPAL en México, ha emprendido la tarea de realizar investigaciones específicas sobre las desigualdades que afectan de manera particular a los países que atiende (Costa Rica, Cuba, Guatemala, El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana). En el período 2022 -2023 se realizaron más de 17 estudios en el marco del proyecto «Nueva ruralidad y brechas estructurales”, con el apoyo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Los temas abordados fueron pobreza y desigualdad de ingresos, protección social y acceso a servicios públicos, agricultura y sistemas alimentarios, innovación, productividad e inversión, así como datos para la medición de la desigualdad.
Con el propósito de acompañar a los países de la subregión en acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, estos estudios han derivado propuestas para cada tema analizado que contribuyan a mejorar la forma de hacer políticas públicas e incorporen el componente de la reducción desigualdad como un eje central de su quehacer.
El objetivo del seminario es analizar los desafíos que enfrenta la subregión de Centroamérica, México y el Caribe hispano en cuanto a la desigualdad y las brechas estructurales entre países y grupos de población, y proponer estrategias para abordarlas. En esta actividad se expondrán los resultados de estudios, realizados por funcionarios de sede subregional de la CEPAL en México y otros expertos , junto con experiencias y buenas prácticas del país anfitrión.
El temario provisional del seminario es el siguiente:
Brechas de desigualdad en Centroamérica, México y El Caribe
Con la reciente aprobación de dos decretos como parte de la Ruta del Arroz desde el Gobierno de Rodrigo Chaves, las consecuencias socioeconómicas han sido evidentes. El primer decreto “Modificación a los derechos arancelarios a la importación” condujo a la reducción de aranceles que pagan los importadores de arroz de un 36% a un 4.5% para arroz en granza sin procesar, de 36% a 5% para arroz pilado.
Como antecedente de esto, se comparten los datos que muestran una disminución al 9.71% en el consumo de granos cultivados por agricultores locales.
A la par de esto también se ejecutó el segundo decreto que consiguió la eliminación de los esquemas de fijación de precios, teniendo como efecto la reducción del área de siempre hasta un 30% en solo 4 meses, según datos de la Corporación Arrocera Nacional. Los importadores del grano le van dejando un hueco a las arcas del Estado de ₡7 mil millones en impuestos (Molina, 2023).
Pero, ¿cuáles son las consecuencias de estas acciones?
Entre ellas está la vulnerabilidad alimentaria, ya que expone a los consumidores a la inestabilidad de los precios mundiales, la pérdida de la soberanía alimentaria y la disminución de la actividad económica en las zonas aledañas.
Entre estas transformaciones y sus minorías beneficiarias se identifica el caso de Bernal Jiménez, uno de los principales financistas de la Campaña Presidencial y dueño de Mercadeo de Artículos de Consumo S.A es la tercera con mayor importación de arroz pilado. Jiménez quien aportó más de 30 millones a la campaña electoral del hoy presidente Rodrigo Chaves, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta empresa se libró de pagar 250 millones en 5 meses.
La industria interna del arroz enfrenta serios retos en el presente, ya que se identifican otros factores que la están debilitando como lo es la demora en los pagos a los productores del programa de abastecimiento institucional por motivo de la Regla Fiscal, la carencia de políticas públicas para enfrentar las problemáticas relacionadas a la tenencia de tierra y, las deudas del sector agroproductivo. Además de la propuesta de adhesión a la Alianza del Pacífico, la cual el diputado José Ortega describe como una desgravación arancelaria total, o sea que se eliminarían los impuestos que se cobran en las fronteras de productos agrícolas de otros países afectando negativamente a la producción nacional.
Por eso desde “el Frente Amplio reafirma el compromiso con las y los trabajadores del campo, con el campesinado, con ese que nos garantiza los alimentos a toda la población. Creemos en la necesidad de orientar las políticas públicas hacia una verdadera soberanía alimentaria y hacia la dignificación del campo”.
Ante resolución del Tribunal Contencioso Administrativo: Ni el gobierno de Rodrigo Chaves ha emitido un decreto para proteger abejas, ni tampoco el Fipronil está (o estaba) prohibido para uso agrícola en Costa Rica
En el Decreto Ejecutivo 43767 “se prohíbe solamente el uso profesional e industrial del plaguicida fipronil. Sin embargo, el uso más difundido de este plaguicida, y el que está causando severas afectaciones ambientales, es el uso agrícola y veterinario” Señaló el Dr. Elidier Vargas, agrónomo ex funcionario – pensionado de DIGECA y consultor del Pnud para el estudio “Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica”.
El uso industrial y profesional está relacionado con la aplicación que realizan empresas de este producto en instalaciones físicas, recintos cerrados, edificios o casas, eso es solamente lo que cubre el decreto impugnado en el Tribunal Contencioso por una compañía privada que impugnó el decreto.
El uso agrícola no se ha cambiado, mucho menos prohibido con el decreto en mención, por cuanto el grueso del uso del fipronil siempre ha estado permitido ya que queda en evidencia en el informe DAJ-MINAE-0354-2021 que fue el MAG quien se opuso a sacarlo del mercado y está pendiente de elaborar su propio decreto ejecutivo pues considera que el uso agrícola y veterinario es solamente su competencia.
“Mientras eso no suceda, las abejas y otros insectos polinizadores, incluso otros organismos silvestres seguirán viéndose afectados, según describe el MINAE en los informes que ha entregado a la Sala IV”, aseguró el especialista.
Esos son los riesgos del uso del fipronil en las condiciones que actualmente se utiliza en la agricultura de Costa Rica, según indica el MINAE y siguen vigentes ante el uso del fipronil en campos agrícolas.
Por lo tanto, esta medida cautelar solicitada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, es de poco impacto para la protección o desprotección ambiental de las abejas. Queda claro que el principal responsable de la muerte masiva de abejas es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hasta tanto el MAG no asuma su responsabilidad sobre ese tema seguirán muriendo polinizadores.
El pasado lunes 15 de mayo se llevó a cabo el conversatorio «El papel de la agricultura en la transición hacia una Costa Rica más soberana», en el marco del Día de la Persona Agricultora, en la Asamblea Legislativa.
En este espacio se contó con la participación de Fany Reyes, Red de Mujeres Rurales; Wendy Vargas, Asamblea Nacional de Productores Arroceros; Alejandra Bonilla, Asociación Tinamaste-Red de Mujeres Rurales; Kevin Gómez, Corporación Hortícola Nacional y Ariel Robles Barrantes, diputado del Partido Frente Amplio.
