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Etiqueta: agricultura

Tiempos de incertidumbre en el mundo: ¿qué significa esto para la gente de la Zona Sur o las zonas agrícolas?

José Rafael Quesada / pressenza

Durante décadas muchas personas creyeron que la llamada globalización traería estabilidad permanente, crecimiento económico continuo y una creciente integración entre los países. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos años nos muestran una realidad diferente. Vivimos una época caracterizada por la incertidumbre, el miedo, la fragmentación, la violencia y cambios acelerados que afectan tanto a las grandes potencias como a las pequeñas comunidades rurales en todo el mundo, y en Costa Rica también.

Hasta el concepto globalización se debió cuestionar por muchos por tratarse de una sola forma de relaciones entre personas y países, tanto que desde hace tiempo se habla de Mundialización y no de globalización -financiera- en todo caso.

Las guerras en Europa y Medio Oriente, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la competencia por minerales estratégicos, la transformación tecnológica impulsada por la inteligencia artificial y el cambio climático son expresiones de un nuevo escenario mundial. Lo que antes parecía distante hoy influye directamente en la vida cotidiana de millones de personas.

Para muchos habitantes de la Zona Sur de Costa Rica, que es una zona agrícola en crecimiento como muchas en el mundo y en América Latina por supuesto, la geopolítica puede parecer un concepto alejado en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, basta observar cómo las fluctuaciones internacionales afectan el precio de los combustibles, los fertilizantes, los alimentos y el transporte para comprender que los acontecimientos mundiales llegan rápidamente hasta las comunidades rurales.

Cuando aumenta el costo del petróleo, gasolinas y el diésel, aumenta el costo de movilizar productos agrícolas. Cuando se interrumpen cadenas de suministro internacionales, ciertos insumos se vuelven más escasos o más caros. Insumos de por sí encarecidos por los costos, las distancias y la economía usurera. Cuando los fenómenos climáticos como el del Niño, se intensifican, las cosechas, los caminos, los puentes y la infraestructura local sufre mayores impactos. Y esto complica la participación de los agricultores en el intercambio de productos y servicios.

La incertidumbre global no solo tiene efectos económicos. También tiene consecuencias humanas. En muchos países crece la ansiedad, el caos, la movilización en las calles, el miedo al futuro y la sensación de que los cambios ocurren demasiado rápido. Paradójicamente, vivimos en una época con más acceso a la información y a la tecnología que nunca antes, pero también con mayores niveles de preocupación social.

Desde una perspectiva humanista, el desafío central no es únicamente tecnológico o económico. La pregunta fundamental es qué ocurre con las personas sobre todo que viven las zonas agrícolas alejadas, en medio de transformaciones tan profundas. La tecnología puede ampliar nuestras capacidades, pero no sustituye la necesidad de construir sentido, fortalecer vínculos comunitarios y desarrollar proyectos colectivos.

La Zona Sur o región Brunca posee importantes fortalezas para enfrentar estos desafíos. Su tradición agrícola, la experiencia de las cooperativas, las asociaciones de desarrollo, las Asociaciones administradoras del agua y las múltiples formas de organización comunitaria constituyen una base sólida de resiliencia social. Allí donde existen redes de cooperación y solidaridad, las comunidades suelen responder mejor a las crisis y adaptarse con claridad y eficacia.

Esto de las inteligencias artificiales, ejemplo, puede convertirse en una herramienta valiosa para mejorar la agricultura, agregar el acceso a la educación, el cierre de la brecha digital, fortalecer la atención en salud y facilitar la comercialización de productos rurales. Y es que para que esto ocurra, la tecnología debe ponerse al servicio de las personas y no al revés. ¿De qué sirve tener empresas y tecnología si no sirve al ser humano?

Vivimos realmente tiempos difíciles y complejos. Nadie puede predecir ni jugar de mago para predecir con precisión cómo será el mundo dentro de veinte años. Lo que sí sabemos es que las comunidades rurales y urbanas que cultiven la solidaridad, la cooperación y la capacidad de adaptación tendrán mayores posibilidades de prosperar.

Y es aquí donde cabe proteger esa capacidad del ser humano que es la intencionalidad, todos los seres humanos de las ciudades y las ruralidades tenemos esa intención para mover la propia vida y para tomar decisiones entre condiciones que le afectan la libertad.

La incertidumbre de la gente en el ámbito mundial es real. Pero insistimos, también los son la creatividad y la innovación humanas, la organización comunitaria y la capacidad de construir los futuros imaginados.

En última instancia, la mejor respuesta que podemos colocar frente a la incertidumbre y el miedo sigue siendo actuar para fortalecer lo que nos hace verdaderamente humanos como son la cooperación, la esperanza, el compromiso con el bienestar común y la intención de Humanizar la Tierra, o sea humanizar todos los ámbitos que nos encontremos en la vida.

Conversatorio analizará si la alimentación saludable es un derecho o un privilegio en Costa Rica

La Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) invita al conversatorio “Comer saludable en Costa Rica: ¿Derecho o privilegio?”, un espacio de reflexión sobre las condiciones sociales, económicas y culturales que influyen en el acceso a una alimentación adecuada en el país.

La actividad se realizará el lunes 22 de junio a las 10:00 a.m. en el auditorio del sexto piso del edificio de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

El conversatorio reunirá a personas provenientes de distintos ámbitos de experiencia y conocimiento para analizar los desafíos relacionados con la alimentación saludable, la producción de alimentos y las desigualdades que pueden limitar el acceso a una nutrición adecuada.

Entre las panelistas participará la Dra. Marcela Dumani, docente jubilada de la Escuela de Nutrición de la UCR, quien aportará una perspectiva especializada sobre alimentación, salud y nutrición.

También intervendrá Paula Escudero, agricultora, cuya participación permitirá incorporar la visión de quienes producen alimentos y enfrentan los retos del sector agrícola.

Asimismo, estará presente la M.Sc. Vania Solano, docente de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, quien contribuirá al análisis de las dimensiones sociales y culturales asociadas a los hábitos alimentarios y al acceso a los alimentos.

La actividad forma parte de iniciativas académicas impulsadas desde la Escuela de Sociología y busca promover el diálogo sobre temas vinculados con la seguridad alimentaria, la salud pública, la producción agrícola y las desigualdades sociales que inciden en la alimentación de la población costarricense.

El conversatorio es organizado por Andrea Espinoza, Aritsa Ureña, Kimi Burgos y María Fernanda Rivas, en el marco de los proyectos SO-1014 y ED-3529 de la Universidad de Costa Rica.

Detalles de la actividad

Tema: Comer saludable en Costa Rica: ¿Derecho o privilegio?
Fecha: Lunes 22 de junio
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Auditorio, piso 6, edificio de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica

Las máscaras engañosas de un país verde

Frank Ulloa Royo

Costa Rica se ufana de su imagen internacional: país verde, democrático, garante de derechos humanos. Pero esa máscara, pulida para las vitrinas del mundo, se agrieta como porcelana vieja. Hoy, en el Día Mundial del Ambiente, la contradicción se vuelve aún más hiriente: el país que fue cogestor del Acuerdo de Escazú lo rechaza, profundizando su desprecio por la memoria ambiental que alguna vez lo distinguió.

Cuando la presidenta declara que la Agenda 2030 está superada y que estos temas son “una pérdida de tiempo”, cuando asegura que las mujeres y los niños “ya cuentan con todos sus derechos”, no solo niega la realidad: la reduce a un espejismo, un decorado de cartón que se desmorona con la primera lluvia.

Las cifras son contundentes y, al mismo tiempo, insuficientes. El INEC (2023) estimó que alrededor del 5 % de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años realizan algún tipo de actividad económica, unos 35 000 menores. Pero los sindicatos y maestros rurales advierten que la cifra oculta es mayor: 6–8 % en regiones agrícolas como Sarapiquí, Limón y Coto Brus, donde la migración nicaragüense y centroamericana es parte del tejido social.

Una maestra de Pocosol lo relataba con crudeza: cada tres o cuatro meses, las transnacionales o los subcontratistas despiden a los trabajadores de cosecha y las familias migran con sus hijos a otras regiones para recoger café o cortar caña de azúcar. Los niños abandonan la escuela —ni siquiera se llevan sus notas, como si la educación fuera un cuaderno olvidado en el barro— y se incorporan al trabajo. El ciclo se repite como una rueda oxidada que nunca se detiene. La inestabilidad laboral de los padres es el detonante del abandono escolar y de la incorporación temprana de los hijos al trabajo.

La deserción escolar en secundaria supera el 10 %, y en cantones rurales es aún mayor. Allí, la frontera entre estudio y trabajo se diluye: los niños que deberían estar en las aulas terminan cargando sacos de café más pesados que sus propios cuerpos, o cortando caña bajo un sol que parece castigarlos por haber nacido pobres. La estadística oficial apenas los roza, porque son invisibles: hijos de migrantes, sin registro, sin voz.

La contradicción es brutal: mientras la OIT y UNICEF insisten en que la erradicación del trabajo infantil es condición para el desarrollo humano, el discurso oficial lo minimiza, lo niega, lo oculta. Costa Rica firmó los Convenios 138 y 182 de la OIT, se comprometió con la Meta 8.7 de los ODS, y lanzó la Hoja de Ruta 2026–2030 para erradicar el trabajo infantil. Pero en la práctica, los compromisos internacionales se dejan de lado, y el país parece vivir de una imagen que poco a poco pierde sus máscaras, como un actor que ya ni siquiera se preocupa por fingir.

Al final, los niños migrantes agrícolas son tratados como marginales, como si fueran sombras que no merecen ser contadas. La retórica oficial se desentiende de ellos, mientras las cifras —ocultas, alarmantes— revelan que el trabajo infantil no es un residuo del pasado, sino una herida abierta en el presente.

Costa Rica abandona la hoja de ruta para ser un país libre de trabajo infantil, quizás se debate entre la apariencia y la realidad y mantengan algún maquillaje porque la más cara se le ha caído. Entre el discurso que presume derechos garantizados y la evidencia de miles de niños trabajando en plantaciones. Entre la firma de convenios internacionales y la negación política de la Agenda 2030. El país que se vende como ejemplo democrático carga con una deuda ética: reconocer y erradicar el trabajo infantil, especialmente en las comunidades migrantes que sostienen la agricultura, y recuperar el rumbo ambiental que hoy, en el Día del Ambiente, parece haber sido arrojado al basurero de la cultura de protección de los derechos humanos.

Conversatorio analizará crisis arrocera y abandono de la producción nacional

La Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizará el conversatorio “Una ruta olvidada: nadie se comió la bronca y nos estamos quedando sin arroz”, un espacio de análisis sobre la situación de la producción arrocera nacional, las políticas públicas vinculadas al sector y sus impactos sociales y económicos.

La actividad se llevará a cabo el lunes 1 de junio a las 10:00 a.m. en el auditorio del piso 6 del edificio de Ciencias Sociales de la UCR.

El conversatorio contará con la participación del Dr. Luis O. Barboza Barquero, director del Centro de Investigaciones en Granos y Semillas de la Universidad de Costa Rica, así como de Ariel Robles Barrantes, exdiputado de la República y máster en Gestión Educativa con énfasis en Aprendizaje del Inglés.

El título de la actividad plantea una crítica al abandono de las políticas de protección y fortalecimiento de la producción nacional de arroz, en momentos en que diversos sectores han advertido sobre los efectos de la apertura comercial, el debilitamiento del agro y el aumento de la dependencia alimentaria.

La actividad es organizada por Ashley Barahona, Lourdes Navarro y Gabriela Zamora, en el marco de iniciativas académicas vinculadas a la Escuela de Sociología y el curso SO-1014 Taller Integrado de Gestión y Práctica Sociológica I y el proyecto ED-3529 de la Universidad de Costa Rica.

El encuentro busca abrir un espacio de reflexión sobre soberanía alimentaria, producción agrícola nacional y las consecuencias sociales de las transformaciones recientes en el sector arrocero costarricense.

Cuando la prueba técnica se impone en el juicio

Después de varios años de procurar justicia, Jessica Gamboa, productora de chile, logró ganar su caso gracias a sus registros y a la asesoría técnica de la UNA.

Iret-UNA. La primera señal fue el silencio; no el de la finca, sino el de las plantas. Ese día, en un potrero en Bagaces, Guanacaste, se aplicó un plaguicida formulado para el control de malezas de hoja ancha, de uso común en pasturas para ganadería, conocido comercialmente como Pastar, una mezcla de los herbicidas amynopiralid y 2,4-D. No es un producto diseñado para aplicarse cerca de cultivos como el chile; se trata de un herbicida de acción hormonal que, por sus características de alta volatilidad y, bajo ciertas condiciones como temperatura elevada, viento o aplicaciones fuera del horario recomendado, puede desplazarse muy fácilmente fuera del área donde se aplica…y eso fue lo que ocurrió.

A pocos cientos de metros, en un chilar de tres hectáreas, los trabajadores percibieron primero “un olor muy particular”. Horas más tarde aparecieron los primeros signos: las hojas nuevas comenzaron a acuchararse, los brotes se retorcieron, los puntos de crecimiento en tallos y raíces se alteraron. En los días siguientes, la planta dejó de responder: abortó flores, perdió hojas y los frutos se quemaron. “Era meterle una cosa y la otra, pero no… él (chilar) se murió como a las dos semanas”, contó Jessica Gamboa Morice, propietaria de la plantación.

Habían sido meses de trabajo: tres hectáreas de siembra, 32 mil plantas y solo faltaban menos de 15 días para iniciar la cosecha.

En 2018, la agricultora había apostado por el chile como su principal actividad productiva. No tenía experiencia, pero aprendió rápido. Llevaba registro de aplicaciones, control de insumos, seguimiento de recomendaciones técnicas. “Yo amarraba chile, lo recogía… me fascinó”, contó ilusionada. El cultivo estaba en condiciones óptimas y con un excelente precio de mercado, según las proyecciones. Ese orden, que en su momento era parte de la rutina, terminó siendo clave en el caso.

El mismo día del incidente, Gamboa decidió dejar constancia: acudió a la policía, buscó respaldo institucional, registró fechas y condiciones ambientales porque “papelitos hablan”, dijo. Esa documentación inicial permitió determinar cuándo ocurrió el evento y en qué condiciones.

Asesoría oportuna

Días después, a través de contactos del área fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Jessica contactó a la Universidad Nacional (UNA). Fernando Ramírez, investigador y actual director del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (Iret-UNA), atendió el llamado y visitó la finca pocos días después del daño.

Esta no fue solo una inspección visual: se tomaron muestras de suelo, raíces y tejido vegetal que luego se analizaron en el Iret y en los laboratorios de la Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA. El investigador revisó posibles causas biológicas como plagas, enfermedades o desbalances nutricionales, documentó síntomas en campo y registró imágenes.

El análisis descartó otras causas. “No había insectos que transmitieran virus, no había nematodos en niveles que explicaran el daño, no había enfermedades suficientes”, explicó Ramírez. El suelo presentaba condiciones normales y el manejo agronómico era consistente con un cultivo sano.

En cambio, los síntomas coincidían con intoxicación por herbicidas hormonales: deformación de tejidos jóvenes, crecimiento anormal, caída de hojas y aborto de flores. Estos herbicidas “actúan en cuestión de minutos, si hay sol y la planta está activa”, detalló.

También se valoraron las condiciones externas. De acuerdo con Ramírez, la aplicación en la finca vecina se habría realizado después de las horas recomendadas, cuando había presencia de viento y posiblemente con boquillas que favorecieron la deriva. Este tipo de herbicida puede volatilizarse y desplazarse incluso a distancias mayores bajo esas condiciones. En ese contexto, el daño que se observó en el chilar era técnicamente consistente con una fitotoxicidad por deriva.

Justicia decisiva

Con esos elementos, el caso pasó al ámbito judicial. El proceso no fue inmediato, en primera instancia, el fallo no favoreció a Jessica. “Decía (el juez) que no le había quedado claro”. Sin embargo, la base técnica ya estaba construida y era sólida.

La evidencia que se generó a partir de los análisis con muestreos, diagnósticos y registro de manejo, permitió sostener el caso en apelación y posteriormente en casación. Cada argumento de la contraparte fue contrastado con datos: si se alegaba enfermedad, había diagnóstico; si se cuestionaba el suelo, había análisis; si se discutía la causa, estaban los síntomas y su interpretación técnica. “Ellos hablaban, pero nosotros teníamos los resultados”, contó la afectada.

La diferencia fue que se pudo demostrar. “Tiene que haber un diagnóstico de un especialista, documentación, registros”, explicó Ramírez. En muchos casos similares, eso no existe o se pierde en el tiempo; aquí no.

El acompañamiento técnico permitió traducir lo que ocurrió en el campo a un lenguaje probatorio. No era solo una percepción de daño, había evidencia. La sentencia final llegó el año pasado y reconoció el daño causado al cultivo. Jessica Gamboa ganó el caso.

No entra en cifras ni en nombres, prefiere quedarse con lo que la satisface: que fue posible sostener el proceso y demostrarlo. “La justicia sí existe”, dijo.

El caso no es frecuente. “Casi ninguno tiene suficiente evidencia”, reconoció Ramírez. La combinación entre documentación inicial, seguimiento técnico y análisis especializado marcó la diferencia. En ese recorrido, el respaldo técnico y científico de la Universidad Nacional no fue un detalle menor; eso permitió sostener el caso en el tiempo y responder a cada cuestionamiento con datos.

Aun así, el proceso no ha cerrado del todo. La ejecución de la sentencia, la etapa en la que se valoran las pérdidas y se concreta el pago, sigue en trámite. Ha pasado más de un año desde el fallo final y para Jessica en este momento “la ejecución ya tenía que haber estado resuelta”.

Desde el 2018, las deudas crecieron. Hubo intentos por sostenerse: un pequeño negocio, apoyo familiar, trabajo constante. “Esto es una bola de nieve…”, narró consternada.

Pero insiste en contar la historia. No como excepción, sino como referencia para otros productores. Saber qué hacer, a quién acudir, cómo documentar. Que un daño así no quede solo en una pérdida asumida. “Yo lo único que quiero es pagar mis deudas… devolverle a la gente que me ayudó”, dijo. Y después, si alcanza, volver a sembrar. Aunque sea poco e implique empezar otra vez.

Habla del chile con cercanía: “Qué planta más agradecida…”. La finca sigue en espera, como ella, pero su caso dejó un precedente poco común que puede servir a otros productores.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Sector agropecuario impulsa pacto con diputaciones electas

Organizaciones del sector agropecuario costarricense impulsan la firma de un Pacto por la Producción Agropecuaria, dirigido a diputaciones electas de partidos de oposición para el período legislativo 2026-2030, con el objetivo de incidir en la construcción de políticas públicas orientadas al fortalecimiento del agro.

La iniciativa es promovida por el Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, integrado por la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricense (UNAG), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPANACIONAL) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV).

Estas organizaciones plantean la necesidad de una articulación nacional del sector, con el fin de consolidar una plataforma de incidencia desde las personas productoras para la definición de políticas públicas.

Propuesta de diez ejes prioritarios

El pacto presentado incluye diez propuestas consideradas prioritarias para el desarrollo del sector agropecuario:

  • defensa de la producción nacional,

  • innovación en los procesos productivos,

  • atención al cambio climático,

  • fortalecimiento de los impactos sociales y culturales del agro,

  • impulso al mercado nacional agropecuario,

  • garantía de la salud humana y la inocuidad alimentaria,

  • mejora del acceso al financiamiento,

  • creación de seguros agropecuarios accesibles,

  • promoción de una actividad agropecuaria en armonía con el ambiente,

  • desarrollo de una política territorial construida con participación local.

Espacio de diálogo con diputaciones electas

En este contexto, se realizó un conversatorio con diputaciones electas de la oposición, el miércoles 25 de marzo de 2026 en el Centro Agrícola Cantonal (CAC) de Escazú, donde se abordaron temas como la importancia del sector agropecuario, los efectos de la política económica y las implicaciones de la apertura comercial para el agro costarricense.

La agenda contempló la presentación de la propuesta de política pública, la lectura del pacto y su eventual firma por parte de las diputaciones electas, así como espacios de intervención y cierre con representantes del sector.

Antecedentes: demandas del sector agropecuario

Este planteamiento se inscribe en un contexto en el que el sector agropecuario ha venido señalando la necesidad de políticas públicas más robustas, orientadas a la protección de la producción nacional, el acceso a financiamiento, la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de los mercados internos.

En notas previas se ha evidenciado la preocupación de organizaciones productoras por los efectos de la apertura comercial, las condiciones de competitividad y la falta de instrumentos adecuados para enfrentar desafíos como el cambio climático y la seguridad alimentaria.

El Pacto por la Producción Agropecuaria busca consolidar estas demandas en una agenda común que permita incidir en la acción legislativa y en la formulación de políticas públicas.

MAG reclasifica drones como equipos de fumigación terrestre: ¿avance tecnológico o flexibilización regulatoria?

Observatorio de Bienes Comunes

¿El MAG moderniza la agricultura o abre la puerta a más agroquímicos desde el aire?

Un nuevo decreto reclasifica los drones como “equipos terrestres”, reduciendo controles y ampliando el uso de plaguicidas justo donde las comunidades ya viven rodeadas de fumigación. La tecnología avanza… pero los riesgos también.

¿Qué implica realmente este cambio?

¿Quién asume los impactos en los territorios?

¿Qué nos enseña el caso reciente de Entre Ríos, Argentina?

Leé el análisis completo del Observatorio de Bienes Comunes UCR aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/mag-reclasifica-drones-como-equipos-de-fumigacion-terrestre-avance-tecnologico-o-flexibilizacion-regulatoria/

Sector arrocero llama a manifestarse frente a la Asamblea Legislativa

Del martes 16 al jueves 18 de septiembre el sector arrocero costarricenses estará acampando al pie de la Asamblea Legislativa para defender la soberanía y seguridad alimentaria del país.

La convocatoria tiene como propósito respaldar el proyecto de ley N.° 24.211, “Fondo de sostenibilidad del sector arrocero”, iniciativa que busca fortalecer la agricultura nacional de este sector y garantizar la producción de arroz como alimento básico en la mesa de las familias costarricenses.

La organización hace un llamado a la ciudadanía para apoyar a las agriculoras y a los agricultores y acompañar esta manifestación pacífica en defensa del sector arrocero.

Sesión municipal entre el interés ciudadano y el cálculo político

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) presenta un análisis de lo sucedido en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Escazú del pasado 19 de agosto, en la que se esperaba debatir sobre el Plan Regulador.

No obstante, la agenda dio un giro inesperado: durante dos horas se expuso un informe sobre Vivienda Municipal y, de forma sorpresiva, se incluyó un nuevo punto para presentar los avances de la Oficina de Plan Regulador.

Lo que no se preparó fue el espacio para la ciudadanía. Afuera del edificio, cerca de cien vecinas y vecinos exigían una participación real en la construcción del Plan Regulador: incidir en las decisiones de zonificación, asegurar que el ordenamiento priorice zonas seguras y comunitarias y no solo negocios inmobiliarios, además de plantear medidas preventivas frente a la creciente presión urbanística.

A esto se suma la preocupación por la zona protectora de los Cerros de Escazú, vital para la recarga hídrica, la biodiversidad y la seguridad ante desastres. La disputa no es solo técnica, se trata de definir si el ordenamiento territorial garantizará condiciones de vida dignas y sostenibles para el cantón o si se impondrán intereses fragmentados y comerciales.

Mientras tanto, dentro de la sesión, la Municipalidad improvisaba con sillas y nunca resolvió los problemas de audio. Lo único asegurado fue la presencia de la Policía Municipal. Quienes asistieron denunciaron la falta de condiciones mínimas para la participación ciudadana y cuestionaron que las audiencias solicitadas iniciaran hasta pasadas las diez de la noche.

La administración, por su parte, defendió la labor de la Oficina de Plan Regulador con más de una hora de exposición, apelando a combatir la “desinformación” ciudadana. Pero lo que quedó en evidencia fue la ausencia de espacios efectivos de diálogo, el uso de advertencias sobre sanciones penales y una dinámica política marcada más por el cálculo que por la construcción de confianza.

El trasfondo revela que el Plan Regulador no es un asunto meramente técnico, en Escazú se entrecruzan tensiones entre agricultura, comercio y zonas residenciales. La presión inmobiliaria acorrala a las familias agricultoras y amenaza la zona protectora, mientras la falta de agua, las inundaciones recurrentes y la mezcla desordenada de usos de suelo son problemas que la ciudadanía identifica día a día.

La sesión se extendió hasta casi la medianoche, cuando finalmente se abrió un espacio para escuchar a la comunidad. Como resultado de la presión vecinal, se propuso convocar una sesión extraordinaria en el Centro Cívico, con condiciones adecuadas para un diálogo más abierto.

Acceda a la nota completa en la página del Observatorio de Bienes Comunes UCR: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/sesion-municipal-entre-el-interes-ciudadano-y-el-calculo-politico/

Francisco Esquivel propone estrategia alternativa de desarrollo basada en mercado interno y sectores olvidados

Francisco Esquivel Villegas, economista, plantea en su más reciente publicación «Estructura productiva y crecimiento de Costa Rica – Hacia una estrategia alternativa» que el modelo económico aperturista aplicado durante las últimas cuatro décadas no ha logrado crear la estructura productiva necesaria para garantizar un crecimiento elevado y sostenido en el país.

Según el análisis de Esquivel Villegas, la estrategia exportadora basada en la apertura económica «ha sido una locomotora insuficiente» que mantiene a la economía nacional rezagada respecto a las economías más avanzadas del mundo. El autor señala que el nuevo sector exportador ha desarrollado una producción de ensamblaje limitada que no genera los encadenamientos apropiados para estimular la expansión del resto de la economía.

Concentración geográfica y social del crecimiento

El economista destaca que la producción exportadora se ha focalizado en algunas zonas de la región central del país y requiere mano de obra especializada que solo se encuentra en el centro de la nación. Esta característica ha impedido que el crecimiento se extienda al resto del territorio nacional.

«El crecimiento de las últimas décadas ha generado opciones de prosperidad a ciertos segmentos jóvenes de la población, con educación profesional o técnica acorde a las necesidades de ese tipo de ensamblaje. Pero, la prosperidad no llega al resto de la población, de ahí que la concentración del ingreso se ha profundizado», señala Esquivel Villegas en su trabajo.

Divorcio entre exportación y mercado interno

El autor identifica un problema central en el modelo actual: el divorcio entre la expansión exportadora y el dinamismo de la producción orientada a las necesidades del consumidor local. Según su análisis, la estructura productiva de la estrategia de apertura se produjo de manera dispersa, «típicamente liberal, sin plan», y sin interés en la producción para el mercado local.

Esquivel Villegas explica que el mercado interno solo interesó como nicho para el comercio importador, por lo que la demanda interna se abrió ampliamente permitiendo que productos del exterior entraran al país con menos aranceles y restricciones aduaneras, además de contar con un tipo de cambio favorable a las importaciones.

Propuesta de estrategia alternativa

Frente a este diagnóstico, el economista propone una estrategia alternativa que aproveche sectores que han sido relegados en las últimas décadas. Su propuesta se centra en el aprovechamiento del potencial de la agricultura, la agroindustria, la ganadería y sus derivados industriales, el turismo y la construcción.

«Si se aprovecha el potencial de estos sectores, la economía puede ampliar los encadenamientos de la estructura productiva y generar altas tasas de crecimiento que reduzcan la brecha del ingreso por habitante respecto a los países más avanzados», plantea el autor.

Recuperación del mercado interno como eje central

Un ingrediente fundamental de la estrategia alternativa propuesta por Esquivel Villegas es la recuperación del mercado interno, lo que fortalecería la capacidad de crecimiento de la economía. El economista sugiere reactivar el consumo privado mediante políticas distributivas y la inversión privada a través de la creación de estímulos apropiados tanto para empresas nacionales como extranjeras.

El autor estructura su propuesta en lo que denomina una «Etapa IV del proceso exportador», orientada hacia el crecimiento con inclusión social, superando las limitaciones del modelo neoliberal aplicado en décadas anteriores.

Contexto histórico del desarrollo económico costarricense

El trabajo de Esquivel Villegas analiza las diferentes etapas del proceso exportador costarricense, desde las primeras etapas de exportación bajo el enfoque conservador sobre el desarrollo económico, pasando por la Etapa III basada en el modelo aperturista, hasta llegar a su propuesta de una Etapa IV que combine crecimiento e inclusión social.

El economista considera que «ya pasó el tiempo del neoliberalismo» y es momento de repensar la inserción al mercado internacional de las economías latinoamericanas, reconociendo que muchos procesos de exportación de las últimas décadas generaron «una expansión incompleta, desequilibrada, sin visión de desarrollo».

La publicación completa está disponible para descarga gratuita en el sitio web de SURCOS Digital, donde las personas interesadas pueden acceder al análisis completo y las propuestas detalladas del autor para una nueva estrategia de desarrollo económico en Costa Rica.

Enlace para descarga: https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/08/F-Esquivel-CR_Estructura-Productiva-Y-Crecimiento.pdf