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Etiqueta: agroecología

Costa Rica frente al espejo de los plaguicidas: los datos cuestionan el modelo agrícola

«¿Cómo pudimos alguna vez haber creído que era una buena idea cultivar nuestra comida con veneno?»
Jane Goodall (1934-2025)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UNED y UCR
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

Costa Rica enfrenta una contradicción: su imagen de país comprometido con la sostenibilidad convive con una agricultura de alta dependencia de plaguicidas. La evidencia científica plantea la urgencia de cuestionar este modelo y avanzar hacia sistemas de producción que protejan tanto la salud como la biodiversidad.

La agricultura costarricense se presenta con frecuencia como una actividad moderna, competitiva y comprometida con la sostenibilidad. Sin embargo, una investigación publicada en 2026 en la revista científica Environment International obliga a examinar críticamente esa imagen. El estudio Grounding pesticide use intensity and hazards with real-world data: Toward correcting global models in tropical agriculture, de Soledad Castro-Vargas y sus colaboradores, aporta nuevos datos sobre el uso de plaguicidas en Costa Rica y cuestiona la idea de que la modernización agrícola garantiza una reducción de sus peligros.

Una intensidad de uso excepcionalmente elevada

Los investigadores desarrollaron una base de datos integrada sobre plaguicidas que combina información comercial, registros de ingredientes activos y datos agrícolas.

Sus resultados estiman una intensidad media anual de uso de 21,91 kilogramos de ingredientes activos por hectárea cultivada, sin incluir los pastizales. Esta cifra supera ampliamente los promedios global y centroamericano utilizados en el estudio: 2,18 y 7,16 kilogramos por hectárea, respectivamente.

Las diferencias entre cultivos son igualmente reveladoras. El banano presentó una intensidad estimada de 78,88 kilogramos por hectárea al año, mientras que en 2024 la cifra alcanzó 103,95 kilogramos, frente a 60,68 en 2012. La piña también figura entre los cultivos de mayor intensidad de uso.

El patrón territorial coincide con la concentración de estas plantaciones: la región Caribe presenta una presión particularmente elevada. Los promedios nacionales, por tanto, pueden ocultar realidades locales que requieren vigilancia específica.

Estas cifras representan estimaciones de intensidad de uso, no mediciones directas de exposición humana ni pruebas automáticas de daño. No obstante, constituyen una señal importante para orientar la investigación y las políticas públicas.

El problema de los modelos internacionales

El estudio demuestra que algunos modelos globales pueden representar inadecuadamente la realidad de la agricultura tropical. Cuando se extrapolan patrones de cultivos y plaguicidas de regiones templadas, se corre el riesgo de subestimar la utilización de determinadas sustancias en sistemas productivos como los del banano y la piña.

No se trata de una cuestión meramente estadística. Las estimaciones influyen en la identificación de territorios prioritarios, la asignación de recursos y la evaluación de los problemas ambientales.

Costa Rica necesita mantener datos nacionales transparentes, actualizados y desagregados por cultivo, sustancia y región.

En este contexto, la soberanía científica es indispensable para tomar decisiones acordes con las condiciones reales del país.

¿Son los plaguicidas modernos necesariamente más seguros?

Otro resultado preocupante es que los peligros asociados a los ingredientes activos no muestran una mejora general y consistente a lo largo del período analizado.

El mancozeb destacó como fungicida predominante; el glifosato, como herbicida; el diazinón, entre los insecticidas; y el ethoprophos, entre los nematicidas. En conjunto, estos cuatro ingredientes representaron cerca del 51% de la carga anual estimada.

El análisis encontró mejoras en algunos indicadores ambientales, pero también persistencia de peligros relacionados con carcinogenicidad, alteración endocrina y toxicidad dérmica para mamíferos. Además, varios indicadores de ecotoxicidad, especialmente los relacionados con organismos acuáticos, mostraron tendencias desfavorables.

Es importante distinguir entre peligro y riesgo: el primero se refiere a la capacidad de una sustancia de causar efectos adversos; el segundo depende también de la exposición, la dosis y las condiciones concretas.

El estudio no es una evaluación directa de los daños sufridos por personas o ecosistemas. Sus resultados, sin embargo, cuestionan la idea de que utilizar productos más recientes garantiza automáticamente una agricultura más segura.

La modernidad de una molécula no constituye una certificación de inocuidad.

¿Quién asume los costos del modelo exportador?

La elevada intensidad de uso en cultivos como el banano y la piña invita a examinar críticamente el modelo agrícola de exportación. Estas actividades generan ingresos y empleo, pero sus resultados económicos no reflejan necesariamente todos los costos ambientales y sanitarios asociados a la producción.

Cuando los impactos no se contabilizan adecuadamente, parte de esos costos recaen indudablemente sobre trabajadores agrícolas, comunidades cercanas, fuentes de agua y organismos esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas.

La pregunta no es si debemos renunciar a las exportaciones agrícolas, sino si podemos mantener su competitividad sin trasladar una parte de sus costos a la sociedad y la naturaleza.

Del registro a la prevención

Costa Rica necesita fortalecer la vigilancia de plaguicidas en aguas, suelos y ecosistemas, así como la investigación sobre exposición ocupacional y comunitaria. También debe mejorar la información pública sobre sustancias utilizadas, cultivos tratados y distribución territorial.

La insuficiencia de datos toxicológicos y ecotoxicológicos específicos para regiones tropicales exige especial atención. La falta de información no debe confundirse con ausencia de peligro.

Las decisiones sobre registro y renovación de productos deben apoyarse en evaluaciones rigurosas, transparentes e independientes. Asimismo, resulta necesario impulsar alternativas que reduzcan la dependencia química: manejo integrado de plagas, control biológico, diversificación de cultivos y prácticas agroecológicas adaptadas a cada territorio.

Esta transformación requiere investigación, asistencia técnica e incentivos que permitan a los productores cambiar sus prácticas sin asumir individualmente todos los costos.

Una decisión pendiente

La investigación de Castro-Vargas y sus colaboradores aporta evidencia para revisar las estimaciones internacionales y reconocer la magnitud del desafío costarricense. Pero medir el problema es apenas el comienzo.

El país debe decidir si utilizará estos resultados para fortalecer la prevención y transformar sus sistemas productivos, o si continuará considerando la dependencia de plaguicidas como un costo inevitable de la agricultura de exportación.

La verdadera modernización agrícola no debería medirse por la novedad de las moléculas utilizadas ni exclusivamente por el volumen de las exportaciones. Debería evaluarse también por su capacidad para reducir la dependencia química, proteger la salud de los trabajadores y las comunidades, conservar la biodiversidad y garantizar la calidad del agua y del suelo.

Costa Rica necesita una agricultura que no tenga que elegir entre producir y proteger la vida. La evidencia científica ofrece razones suficientes para comenzar esa transformación.

Referencia: Castro-Vargas, S. y colaboradores (2026). Grounding pesticide use intensity and hazards with real-world data: Toward correcting global models in tropical agriculture. Environment International, 215, 110468. https://doi.org/10.1016/j.envint.2026.110468

Cabagra promueve la soberanía alimentaria en su territorio

Por Uriel Rojas

La Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra de Buenos Aires, en conjunto con el Fondo Pawanka, implementan el subproyecto denominado «Soberanía Alimentaria para el Buen Vivir de Cabagra», el cual pretende potenciar el sistema cultural de producción para contribuir con la soberanía alimentaria, la conservación y la economía familiar en las comunidades de este territorio indígena.

La soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos indígenas a definir sus propias políticas agrícolas, de producción y de consumo de alimentos, priorizando la agricultura local, la conservación de sus saberes ancestrales, la agroecología y el bienestar de las comunidades por encima de los intereses del mercado global.

En nuestro país, este concepto se vincula directamente con el Buen Vivir (una vida digna en armonía con la cultura y la naturaleza).

Pawanka Fund es un fondo dirigido y creado por pueblos indígenas que apoya directamente a organizaciones y redes comunitarias en siete regiones socioculturales del mundo.

Este Subproyecto se concretó mediante la articulación y coordinación conjunta con redes regionales de incidencia, tales como la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica y el Consejo Indígena de Centroamérica (CICA).

Feria Orgánica El Trueque realizará intercambio de semillas criollas y nativas

La Feria Orgánica El Trueque realizará un intercambio de semillas criollas y nativas el sábado 7 de noviembre, de 9:00 a. m. a 12:00 m. d., bajo el lema “Por la soberanía alimentaria y nutricional”.

Las personas interesadas pueden llevar semillas criollas, almácigos, esquejes y otros materiales de siembra para intercambiar.

La actividad cuenta con el respaldo de la Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de la Vicerrectoría de Acción Social, la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Sociología. También participan el proyecto de extensión cultural EC-663, “Localizando tradiciones: promoción popular de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional”, y el Trabajo Comunal Universitario (TCU) Comer Orgánico de la UCR.

Datos de la actividad

  • Fecha: sábado 7 de noviembre de 2026
  • Hora: de 9:00 a. m. a 12:00 m. d.
  • Lugar: Feria Orgánica El Trueque, en Barrio Dent, San Pedro de Montes de Oca.

¿Qué hacer desde los ausentes? El protagonismo de la sociedad civil y la academia en la gobernanza de los sistemas alimentarios hacia el 2035

Una democracia se vuelve estéril cuando los ciudadanos limitan su papel al de simples espectadores de las directrices oficiales. El verdadero progreso nace de la auditoría comunitaria y de la capacidad de exigir que el poder rinda cuentas sobre la realidad material de la gente.

Quinta y última entrega de la serie sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UCR y UNED

Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

“El Plan Nacional 2026-2035 ante la mirada de sus actores ausentes. Por qué la gobernanza moderna exige un monitoreo independiente, el fortalecimiento de la SEPAN y una rendición de cuentas basada en la salud material de los territorios.”

Criticar las limitaciones del Plan Nacional 2026-2035 no significa desconocer su importancia. Por el contrario, implica tomarlo en serio y exigir que se transforme en una verdadera política de cambio. El objetivo debe ser enfrentar las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y no únicamente sus manifestaciones.

La pregunta que corresponde ahora es inevitable: ¿qué hacer? O, más precisamente, ¿qué proponer desde los sectores que han permanecido escasamente escuchados?

La respuesta supera la simple incorporación de más nombres a una comisión institucional. Se requiere una participación crítica, independiente y propositiva. Esta fuerza debe colocar en el centro del debate los asuntos que han recibido menor atención.

Hablamos de la salud de los suelos, la agroecología, la dependencia alimentaria, el uso de plaguicidas y la concentración económica. También incluye salvaguardar la dignidad de las personas agricultoras y la relación directa entre alimentación, ambiente y salud pública.

La academia: conocimiento y responsabilidad pública

Las universidades públicas no deben limitarse a publicar investigaciones aisladas o participar ocasionalmente en foros institucionales. Tienen la responsabilidad de examinar de forma analítica las políticas del Estado. Su fin supremo es poner el conocimiento al servicio real de la sociedad.

En este caso, la academia debe impulsar una evaluación interdisciplinaria del Plan. Esta labor debe integrar la agronomía, la nutrición, la salud pública, la economía, la sociología, la ecología, el derecho y los estudios territoriales.

Como lo ha recordado recientemente la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN-UCR) ante el Consejo Universitario, asegurar el derecho humano a una alimentación adecuada es una responsabilidad ineludible de los gobiernos.

Para fundamentar con datos técnicos esta urgencia, las investigaciones de la Comisión remarcan que cerca del 47,6% de los hogares costarricenses enfrenta limitaciones severas para acceder a alimentos suficientes.

Esta vulnerabilidad material se ensaña con crudeza sobre las regiones periféricas y los hogares con jefatura femenina, afectando de forma directa a las poblaciones campesinas, comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes que sufren un histórico rezago territorial.

Esa evaluación colectiva académica debería responder preguntas medulares. Debemos constatar si el Plan reduce la dependencia de alimentos importados y fortalece la producción nacional. Importa medir si mejora las condiciones de las familias agricultoras y si protege efectivamente los suelos y el agua.

Asimismo, debe certificar si disminuye la exposición a sustancias químicas peligrosas y si contribuye a una alimentación saludable. Para lograrlo, sería conveniente crear un Observatorio Académico de los Sistemas Alimentarios. Esta entidad aportaría indicadores públicos y un seguimiento periódico.

No bastará con contabilizar talleres, reuniones o informes burocráticos. Habrá que verificar en el campo si cambian las condiciones básicas que originan la vulnerabilidad alimentaria.

El Estado de la Nación: evaluar resultados reales y memoria histórica

El Programa Estado de la Nación podría contribuir mediante un monitoreo independiente de la seguridad alimentaria y nutricional. Este esfuerzo debe vincularse de forma directa con sus análisis sobre desarrollo humano, equidad, ambiente, economía y calidad de la democracia.

Los informes históricos del Programa Estado de la Nación y del Conare ya han aportado una advertencia metodológica insoslayable sobre la inercia del sector público: la Política Nacional anterior (2011-2021) venció formalmente sin que el Estado costarricense realizara una sola evaluación de sus metas ni diera un seguimiento sistemático a sus resultados operativos. Esta parálisis técnica se suma al quiebre estructural derivado de los tratados de libre comercio.

Las investigaciones de control demuestran que las políticas de apertura comercial forzadas por el TLC con los Estados Unidos contrajeron la superficie de siembra de granos básicos nacionales en un 27,7%, empujando al país a una dependencia externa donde más del 60% de los alimentos de consumo diario provienen de la importación masiva.

Esta lección histórica nos obliga a vigilar cualquier intento de reactivar la adhesión de Costa Rica al CPTPP, recientemente archivada, con el fin de evitar la estocada definitiva a los pequeños agricultores y pescadores artesanales.

Para ello, es fundamental promover indicadores específicos. Debemos medir la evolución de la dependencia de importaciones y el volumen de producción nacional de granos básicos. También se requiere registrar la concentración económica, la expansión de monocultivos, la salud de los suelos y el uso real de plaguicidas.

A esto se suma fiscalizar la contaminación de aguas y alimentos, el cumplimiento de las condiciones laborales y el acceso equitativo a dietas saludables. La ciudadanía necesita saber qué ha cambiado realmente en sus vidas y no solo qué dicen estar haciendo las instituciones.

Un informe que registre únicamente actividades y reuniones, pero ignore los resultados materiales, corre el riesgo de convertirse en otro ejercicio de burocracia documental.

Las organizaciones de agricultores y sociedad civil: recuperar su protagonismo cívico

Las organizaciones de agricultores deben dejar de ser consideradas únicamente como beneficiarias pasivas de programas institucionales. Son actores esenciales en la definición de cualquier política alimentaria nacional.

A partir de su experiencia diaria en la tierra, deberían impulsar una agenda nacional robusta. Esa agenda compartida debe priorizar el fortalecimiento de la producción agropecuaria local, la recuperación activa de semillas criollas y la diversificación de cultivos.

Tal como lo ratifica la Escuela de Nutrición de la UCR, la transición decidida hacia la agroecología y la producción orgánica constituye el único mecanismo científico capaz de conferir estabilidad biológica a los alimentos, resguardando la inocuidad de las cosechas y protegiendo el entorno natural de la degradación química.

No basta con reclamar ayudas económicas coyunturales ante las crisis. También es necesario discutir y definir el modelo productivo que deseamos construir para el futuro.

La persona agricultora debe ser reconocida plenamente como un sujeto de derechos. Ella es la guardiana del territorio y la protagonista de la soberanía alimentaria, y nunca una simple proveedora de materias primas baratas para el mercado.

Los sindicatos: incorporar el trabajo y la salud ocupacional

Los sindicatos tienen un papel importante en esta gobernanza colectiva. La seguridad alimentaria está estrechamente relacionada con las condiciones de vida de quienes trabajan en la agricultura, la agroindustria, el transporte, la distribución y los servicios de alimentación.

Estas organizaciones deberían exigir protección eficaz frente a la exposición a plaguicidas e impulsar una estricta vigilancia de la salud ocupacional. Su lucha debe centrarse en garantizar condiciones dignas de empleo, estabilidad laboral y remuneraciones justas. Esta protección debe cobijar de forma prioritaria a los trabajadores temporales y migrantes.

También deberían reclamar investigaciones independientes sobre enfermedades y accidentes vinculados con las actividades agropecuarias. Se requiere exigir una mayor responsabilidad empresarial frente a los daños laborales y ambientales.

No es coherente hablar de alimentos saludables mientras se toleran condiciones de trabajo que ponen en riesgo la vida de quienes los siembran. La salud de la población consumidora y la salud de las personas trabajadoras forman parte de un mismo sistema integral.

Las asociaciones ciudadanas: vigilar desde los territorios

Las asociaciones comunales, ambientales, de consumidores, de mujeres y de jóvenes pueden impedir que la seguridad alimentaria quede encerrada en oficinas públicas y espacios técnicos aislados.

Estas organizaciones de base civil podrían promover auditorías ciudadanas y observatorios comunitarios. Su labor es vital para vigilar la calidad del agua, impulsar huertas familiares y escolares, dinamizar mercados locales y desarrollar campañas de educación alimentaria y ambiental. También son claves para activar denuncias y exigir el acceso a la información pública.

La ciudadanía no debe ser convocada únicamente para recibir datos de forma pasiva o validar decisiones que las cúpulas ya tomaron. Participar democráticamente significa poder cuestionar, proponer, incidir y exigir respuestas claras a las autoridades.

¿Qué debe proponer el Estado?

La responsabilidad principal de la política pública sigue siendo estatal. Por ello, el Gobierno debería abrir un proceso de revisión del Plan que no sea meramente administrativo.

Se requiere convocar a una mesa nacional plural y permanente. En ella debe existir una representación efectiva de la academia independiente, las organizaciones de agricultores, los sindicatos, las asociaciones ambientales y las comunidades.

También sería necesario fortalecer el papel estratégico de la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN). La meta es que la coordinación interinstitucional se traduzca en decisiones vinculantes, presupuestos reales, responsabilidades claras y resultados verificables.

Cada año debería presentarse un informe público que responda cinco preguntas básicas de transparencia: ¿qué se prometió?, ¿qué se ejecutó?, ¿qué recursos se utilizaron?, ¿qué resultados materiales se obtuvieron? y ¿qué medidas correctivas se adoptarán frente a los problemas persistentes?

Sin esa rendición de cuentas, el Plan corre el riesgo de convertirse en una suma de buenas intenciones plasmadas en papel.

Construir una agenda común

Los sectores convocados no tienen que coincidir en todos sus enfoques ideológicos. Sin embargo, sí pueden converger en una agenda mínima de consenso nacional. Esta base compartida debe reconocer la alimentación adecuada como un derecho humano.

Debe fortalecer la producción nacional, proteger a los agricultores, recuperar la salud de los suelos y promover la agroecología. También exige reducir la dependencia de insumos químicos peligrosos, proteger el agua, enfrentar la concentración económica, garantizar información pública y evaluar resultados reales.

La transformación del sistema alimentario no será posible si cada sector actúa de manera aislada. Se necesita una alianza amplia y crítica que coloque el interés público por encima de los intereses corporativos o de la comodidad institucional.

El Plan Nacional 2026-2035 todavía puede convertirse en una herramienta valiosa. Pero debe dejar de ser entendido como un documento terminado y asumirse como un proceso abierto a la revisión y a la participación social.

La pregunta decisiva no es cuántas instituciones firmaron el Plan ni cuántas actividades se reportan en las bitácoras. La pregunta real es si, al llegar al año 2035, Costa Rica tendrá suelos vivos o agotados. Sabremos si hubo éxito al ver si tenemos una producción nacional fortalecida o una dependencia alimentaria mayor; campesinos con dignidad o agricultores subordinados; alimentos saludables o una población más enferma.

Los sectores llamados a participar tienen mucho que aportar, pero también tienen una gran responsabilidad histórica. Deben dejar de ser espectadores, organizarse, formular propuestas, vigilar al poder y exigir que la seguridad alimentaria se construya con la participación de quienes producen, trabajan, investigan, consumen y habitan los territorios.

Porque un sistema alimentario verdaderamente sostenible no se decreta desde un escritorio; se construye con conocimiento, participación, justicia social, producción nacional, respeto por la naturaleza y voluntad política.

Un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que no mira todo el sistema: El Plan Nacional 2026-2035 ante el desafío de transformar el sistema alimentario costarricense

«Un sistema no es la simple suma de sus componentes, sino el entramado invisible de sus relaciones. Quien fragmenta el suelo, la planta, el alimento y la salud pública en ventanillas aisladas, termina destruyendo el engranaje completo».
— Basado en las ideas de Fritjof Capra (físico y teórico de sistemas).

Cuarta entrega de la serie sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

«La seguridad alimentaria del futuro no se garantizará únicamente con más alimentos. Se garantizará con mejores sistemas alimentarios. Y si el Plan Nacional 2026-2035 pretende estar a la altura de ese desafío, todavía tiene una tarea pendiente: mirar el sistema completo».

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035 constituye un instrumento de política pública de enorme importancia para la próxima década. Su objetivo medular es enfrentar uno de los desafíos más complejos de nuestro tiempo: garantizar que toda la población tenga acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, producidos de manera sostenible.

El Plan contiene elementos positivos que deben reconocerse. Incorpora una visión intersectorial y reconoce el acceso a la comida como un derecho humano. Además, incluye la variable del cambio climático, utiliza herramientas de planificación prospectiva y establece mecanismos institucionales de seguimiento y evaluación.

Precisamente por su relevancia, merece una pregunta incómoda: ¿es suficiente la visión con la que se ha construido este documento para enfrentar los problemas alimentarios que el país afrontará en los próximos diez años? Desde la perspectiva desarrollada en las tres entregas anteriores, la respuesta técnica parece ser un rotundo no todavía.

Una visión todavía demasiado convencional y sin memoria histórica

La principal debilidad del Plan es de carácter conceptual. Aunque utiliza de forma reiterada la expresión «sistemas alimentarios sostenibles», no desarrolla con suficiente profundidad el modelo agrícola capaz de hacer realidad esa meta. La ausencia resulta alarmante cuando se observa lo que queda prácticamente fuera del texto: la degradación biológica de los suelos, la pérdida de materia orgánica y el papel de la biodiversidad edáfica y el microbioma. Tampoco profundiza en alternativas viables como la agricultura regenerativa, la agroecología, la agricultura orgánica y la diversificación productiva.

Asimismo, el documento adolece de una preocupante falta de memoria histórica. El Plan no considera que las condiciones internacionales que en 2008 nos expusieron a una severa crisis mundial de alimentos siguen estando vigentes. Aquellos factores, que obligaron a formular el Plan Nacional de Alimentos de 2008 en Costa Rica, podrían conjugarse de nuevo en cualquier momento como una suerte de «tormenta perfecta». Resulta grave que se ignore este antecedente, especialmente cuando la búsqueda del autoabastecimiento local se encontraba en el centro de la estrategia de 2008 como un mecanismo de defensa país.

No se puede hablar seriamente de seguridad alimentaria para la próxima década sin evaluar qué ocurre con el recurso que hace posible la vida. El suelo no es un simple soporte físico muerto para las plantas; es un ecosistema vivo. Si la política estatal se preocupa por el volumen de alimentos, pero ignora la salud biológica de la tierra que los produce, termina atendiendo el resultado sin proteger su fundamento básico.

Se describen los síntomas, pero no siempre las causas

Una primera deficiencia estructural del Plan radica en que, aunque reconoce diversos problemas alimentarios y nutricionales profundamente arraigados en el país —por ejemplo, la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles, la pérdida de diversidad dietética y la dependencia de importaciones—, no profundiza suficientemente en las causas estructurales que los originan y reproducen.

En la parte diagnóstica, el Plan identifica explícitamente el bajo autoabastecimiento nacional como un problema grave, evidenciado en los bajísimos porcentajes de producción local de granos básicos como maíz, frijoles y arroz. Aunque este reconocimiento es sumamente valioso viniendo de instancias de Gobierno, la contradicción aparece de inmediato: el problema detectado simplemente no se resuelve con las acciones concretas que la política propone en su matriz operativa.

Quedan también insuficientemente examinados fenómenos masivos como los monocultivos, la concentración empresarial, la agricultura intensiva de alta carga química y la centralización de las cadenas agroalimentarias. En otras palabras, la política estatal describe los síntomas clínicos, pero evita intervenir las estructuras económicas y productivas que los generan.

Esta distorsión se evidencia al analizar el apartado de las frutas. El Plan celebra el supuesto «éxito» de la producción frutícola nacional, pero oculta que este indicador se sostiene casi exclusivamente sobre el banano y la piña. Se trata de dos cultivos destinados masivamente a la exportación corporativa y no al consumo local, los cuales arrastran un severo historial de degradación de suelos, alto uso de agroquímicos sintéticos y cuestionables condiciones laborales.

A esta falta de profundidad se suma una preocupante ausencia de innovación operativa. Al analizar el contenido programático del Plan, queda en evidencia que el documento se limita a proponer una simple acumulación de acciones institucionales que ya se encuentran en ejecución en las diferentes dependencias del Estado. Al carecer de propuestas verdaderamente novedosas o disruptivas, la planificación cae en un peligroso inmovilismo.

En este contexto, aquí aplica con rigurosa sensatez aquella máxima que nos advierte que, si se continúan haciendo exactamente las mismas cosas de siempre, el producto obtenido será inevitablemente idéntico al del pasado.

Desequilibrios en la gobernanza y asfixia burocrática

Gran parte de estas omisiones nacen de un desequilibrio evidente en la gobernanza del proceso. En la dimensión de la disponibilidad alimentaria, el sector institucional agrícola tradicional se encuentra sobrerrepresentado. Esto contrasta de forma dramática con la exclusión y subrepresentación de la academia —particularmente de centros especializados como el CISAN de la UCR o la Maestría en SAN de la UNA—, así como de las organizaciones de productores independientes y los movimientos ambientalistas.

Este sesgo político explica por qué el Ministerio de Salud continúa manteniendo a la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN) en un bajísimo perfil. A pesar de que esta entidad existe por mandato legal desde inicios de la década de los 70 en la Ley General de Salud, el Plan actual la reduce a una meta mínima y burocrática: el indicador “O4.AE1.I1. Porcentaje de avance de actualización del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la SEPAN” (página 73). Resulta inaceptable que, más de 50 años después de su creación legal, la máxima aspiración del Estado sea apenas actualizar el reglamento de su funcionamiento.

El gran ausente: los plaguicidas

Quizá una de las mayores debilidades del documento sea el tratamiento insuficiente de los plaguicidas. En un país donde su utilización agrícola constituye un asunto ambiental y sanitario de extrema gravedad, resulta incomprensible que un Plan Nacional no otorgue prioridad máxima a este tema.

El texto esquiva cuestiones críticas como los residuos tóxicos en los alimentos, la exposición crónica de la población, la salud ocupacional de los trabajadores del campo, la contaminación de acuíferos y los efectos nocivos sobre los agentes biológicos polinizadores y la biodiversidad en general.

La inocuidad alimentaria no puede limitarse al control microbiológico del producto final o a la higiene del mercado. Debe incorporar la dimensión química y ambiental de todo el tracto productivo. Una política moderna de seguridad alimentaria está obligada a considerar simultáneamente los riesgos biológicos y los químicos, incluyendo contaminantes emergentes como los microplásticos y las sustancias PFAS (perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas).

¿Qué sistema alimentario queremos para el año 2035?

El Plan Nacional 2026-2035 no debe ser descartado. Sus fortalezas ofrecen una base idónea sobre la cual construir una política alimentaria de vanguardia, y la oportunidad histórica consiste en ampliar sus alcances sin desvirtuar sus avances administrativos.

Para alcanzar esta meta, debemos incorporar de forma urgente la salud del suelo, potenciar la agroecología, regular los plaguicidas de forma sistémica y blindar la bioseguridad tecnológica. La seguridad alimentaria del futuro no se garantizará únicamente con producir más cantidad, sino con mejores sistemas alimentarios. Si este instrumento pretende estar a la altura de ese desafío, todavía tiene una tarea pendiente: mirar el sistema completo.

Al plantearnos el horizonte de la próxima década, la pregunta fundamental que debemos hacernos es directa: ¿qué sistema alimentario queremos para el año 2035? ¿Uno sustentado en suelos muertos o en suelos vivos? ¿Uno dominado por monopolios corporativos o capaz de dignificar al productor campesino local? ¿Uno que atienda con parches los síntomas de la enfermedad o que intervenga con valentía sus causas estructurales?

Costa Rica requiere con urgencia un marco político con una visión verdaderamente sistémica, capaz de atender de forma unificada cada componente de nuestra realidad agroalimentaria.

Por lo tanto, evidenciar estas áreas de mejora en la política nacional es solo la mitad del camino. El desafío de nuestra sociedad consiste en avanzar con propuestas concretas que complementen el trabajo de las instituciones públicas. ¿Cómo acelerar esta transición hacia la sostenibilidad integral?

La respuesta radica en enriquecer los procesos de toma de decisiones, articulando de manera decidida el conocimiento y la acción de los diversos actores sociales que operan directamente en los territorios.

Próxima y última entrega: ¿Qué hacer desde los ausentes? El protagonismo de la sociedad civil y la academia en la gobernanza de los sistemas alimentarios hacia el 2035.

La factura biológica de la alimentación moderna: plaguicidas, ultraprocesados y pérdida de integridad de los sistemas alimentarios

«La salud del suelo, de las plantas, de los animales y del ser humano constituye un único e indivisible entramado. Si fragmentamos o envenenamos uno de sus eslabones, la enfermedad se transmitirá inevitablemente a lo largo de toda la cadena».
— Sir Albert Howard (1873-1947, padre de la agricultura orgánica moderna).

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

«Cuando un sistema alimentario deteriora los procesos biológicos que hacen posible la vida, la factura termina pagándose con la salud de las personas, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de resiliencia de la agricultura».

Tercera de cinco entregas. Las dos primeras entregas de esta saga plantearon el problema de fondo. Además, propusieron un nuevo marco conceptual: la integridad biológica de los sistemas alimentarios. Ahora corresponde examinar la otra cara de la moneda. ¿Qué ocurre cuando esa integridad se deteriora de forma sistémica?

La respuesta no puede reducirse a un único factor aislado. La agricultura contemporánea enfrenta hoy una convergencia de presiones. Estas fuerzas actúan simultáneamente. Al hacerlo, pueden comprometer la capacidad de los agroecosistemas para regenerarse y sostener una producción saludable a largo plazo.

La simplificación biológica del paisaje agrícola

Determinados sistemas agrícolas han evolucionado hacia paisajes severamente simplificados. Están dominados por monocultivos extensivos y sufren una creciente dependencia de insumos externos.

Esta simplificación puede reducir drásticamente la biodiversidad funcional. Además, altera las redes tróficas y afecta a los organismos que proporcionan servicios ecológicos de enorme valor, como los polinizadores y los controladores biológicos.

La investigación agroecológica ha demostrado con claridad las funciones de la biodiversidad. Esta participa activamente en el reciclaje de nutrientes, la regulación biológica y la fertilidad de los agroecosistemas.

Por lo tanto, el dilema no consiste en que la agricultura utilice tecnología o busque una mayor productividad. El peligro aparece cuando la ganancia inmediata se obtiene debilitando las funciones biológicas del futuro. Esa es la primera dimensión de la factura biológica.

La contaminación química como problema sistémico

Durante décadas, los plaguicidas han desempeñado un papel importante en la protección de los cultivos. Sin embargo, su evaluación técnica no puede reducirse a medir la toxicidad aguda de una sustancia aislada.

La discusión formal debe considerar también la exposición humana y ambiental. Esto incluye el análisis de residuos, el impacto en organismos no objetivo, el daño a los suelos, la contaminación de las aguas y la pérdida de biodiversidad.

Por ello, la pregunta relevante no debe limitarse a determinar si existen residuos de agroquímicos tóxicos detectables en los alimentos. También debemos cuestionar qué ocurre con los organismos del suelo, los polinizadores, los ecosistemas acuáticos y las poblaciones humanas expuestas.

La inocuidad alimentaria tampoco puede limitarse al control microbiológico del producto final. Debe incorporar necesariamente la dimensión química y ambiental de todo el proceso que conduce desde el campo hasta la mesa.

La revolución silenciosa del microbioma

Uno de los desarrollos científicos más importantes de las últimas décadas ha sido la comprensión de los microbiomas. En el suelo, las comunidades microbianas participan en procesos fundamentales para el funcionamiento de los agroecosistemas.

De igual forma, en el organismo humano, la microbiota intestinal participa en numerosos procesos fisiológicos vitales. La relación entre ambos ámbitos constituye actualmente un área activa de investigación científica.

La revisión de Banerjee y van der Heijden señala que el suelo es una piedra angular del enfoque global de Una Salud. Los autores analizan las conexiones reales entre los microbiomas del suelo, las plantas, los animales y los seres humanos.

Pero aquí conviene introducir una precisión científica fundamental: no debe afirmarse que existe ya una cadena causal plenamente demostrada desde la salud del suelo hasta una determinada enfermedad humana.

Lo que sí puede sostenerse técnicamente es que los microbiomas ambientales y humanos están relacionados mediante múltiples vías. Bajo esa lógica, la alimentación constituye uno de los principales puentes entre el ambiente y el organismo. La prudencia científica no debilita este argumento; al contrario, lo hace metodológicamente sólido.

Los alimentos ultraprocesados y el nuevo ambiente alimentario

La transformación de nuestro sistema alimentario tampoco termina en el campo. Esta continúa en la formulación industrial de los alimentos, las cadenas de comercialización, la publicidad y los ambientes que condicionan las decisiones de consumo. La clasificación NOVA caracteriza los alimentos según el grado y el propósito de su procesamiento industrial. Es este sistema el que define formalmente la categoría de los alimentos ultraprocesados.

La evidencia epidemiológica reciente exige, sin embargo, una redacción muy precisa. Una revisión paraguas publicada en The BMJ en 2024 analizó 45 asociaciones agrupadas procedentes de metaanálisis. El estudio incluyó a casi 9,9 millones de participantes. Encontró asociaciones claras entre una mayor exposición a alimentos ultraprocesados y diversos resultados adversos para la salud, aunque la calidad de la evidencia varió según el resultado.

Por ello, no corresponde afirmar con ligereza que los ultraprocesados «causan» automáticamente la obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. La formulación científicamente válida es la siguiente: una mayor exposición a alimentos ultraprocesados se ha asociado con un mayor riesgo de diversos resultados adversos para la salud.

Además, este fenómeno no puede interpretarse de forma exclusiva como un problema de elección individual. Los precios, la disponibilidad real, la publicidad, el mercadeo masivo y las condiciones económicas influyen sobre los patrones de consumo.

La política alimentaria debe ocuparse, por tanto, no solamente de educar al consumidor, sino también de examinar el ambiente alimentario en el que ese ciudadano toma sus decisiones cotidianas.

Bioseguridad e innovación responsable

Las nuevas técnicas de edición génica, la biología sintética y otras innovaciones pueden ofrecer oportunidades importantes para la agricultura. Sin embargo, la novedad tecnológica no elimina por sí misma la incertidumbre científica. La evaluación de riesgos debe ser rigurosa, transparente e independiente. La gobernanza pública debe contar con mecanismos capaces de enfrentar incertidumbres relevantes.

La innovación no constituye por sí misma un problema. El desafío consiste en asegurar que su desarrollo esté acompañado de una evaluación científica rigurosa, transparencia institucional e independencia. También requiere de mecanismos adecuados de participación, seguimiento y capacidad de respuesta ante riesgos emergentes.

En otras palabras, la innovación y la precaución no son conceptos incompatibles. La bioseguridad enlaza directamente con el tema de nuestra cuarta entrega: la capacidad de las instituciones públicas para gobernar sistemas cada vez más complejos.

De la producción al consumo: una sola cadena

La simplificación de los agroecosistemas, la contaminación química, la pérdida de biodiversidad, la transformación industrial de los alimentos y determinados patrones de consumo no deben analizarse como fenómenos independientes. Forman parte de una sola cadena. En ella, las distintas presiones pueden acumularse y retroalimentarse.

La factura no corresponde a un único producto ni a una única práctica aislada. Es la suma de costos ecológicos, biológicos y sanitarios. Lamentablemente, y durante mucho tiempo, estas variables quedaron fuera de la contabilidad convencional de los sistemas alimentarios.

La factura no es inevitable

Reconocer una factura no significa aceptar de forma sumisa que sea inevitable. La ciencia contemporánea proporciona conocimientos importantes para orientar una transición hacia sistemas alimentarios de corte más regenerativos, biodiversos y resilientes. La cuestión de fondo es utilizar ese conocimiento para modificar prácticas, incentivos económicos y políticas públicas.

La pregunta ya no es solamente cuánto produce la agricultura. También importa cuánto suelo fértil conserva, cuánta biodiversidad mantiene, cuánta contaminación evita, qué calidad intrínseca tienen los alimentos que produce y qué capacidad conserva el sistema para recuperarse frente a nuevas perturbaciones climáticas u operativas.

Hacia la cuarta entrega

La agricultura, la transformación de los alimentos y el consumo forman parte de un mismo sistema integral. Por eso, la factura biológica de la alimentación moderna tampoco puede analizarse mediante políticas sectoriales aisladas. Pero esa conclusión plantea una pregunta inevitable: ¿está la política pública costarricense verdaderamente preparada para gestionar esta complejidad?

Ese será el tema de la cuarta entrega: el análisis crítico del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035. Determinaremos hasta qué punto incorpora la salud de los agroecosistemas y la integridad biológica como componentes sustantivos de la seguridad alimentaria en Costa Rica.

Próxima entrega: Un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que no mira todo el sistema: El Plan Nacional 2026-2035 ante el desafío de transformar el sistema alimentario costarricense.

Contra viento y marea: la lección de dignidad cívica de la agricultura campesina

«La soberanía alimentaria de una nación no nace de las directrices de los escritorios oficiales, sino del coraje invisible de las familias que, contra viento y marea, deciden cuidar la pureza de la tierra».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.

Profesor catedrático jubilado UCR y UNED.
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
biodiversidadcr@gmail.com

Un análisis sobre el testimonio de la agricultora sureña Graciela Badilla Monge; las deudas del Estado con las zonas rurales, el valor de la agroecología y el imperativo ético de defender los saberes tradicionales frente al abandono institucional.

Suele afirmarse en el imaginario popular que una sola golondrina no hace verano. Sin embargo, cuando esa golondrina camina con la fuerza de la persistencia y la congruencia ética, su vuelo es capaz de anunciar transformaciones profundas.

El potente testimonio de la agricultora Graciela Badilla Monge, vecina de Santa Elena de General Viejo, en Pérez Zeledón, constituye una verdadera cátedra de resistencia civil y ecología política. Su mensaje sacude la complacencia institucional y desvela las contradicciones de un sistema que invisibiliza el campo.

Doña Graciela encarna una faceta de resiliencia costarricense extraordinaria. A pesar de enfrentar la compleja recuperación médica de un trasplante de córnea, se ha negado a deponer su protagonismo cívico en las organizaciones rurales.

Su vida demuestra que la defensa del territorio no se detiene ante las adversidades de la salud. Ella decidió organizarse para apoyar desde su conocimiento, edificando un proyecto lento pero seguro, impulsada por la convicción de saber lo que es realmente importante.

El abandono institucional y la falacia de las vitrinas

La soberanía alimentaria de las familias campesinas se enfrenta hoy a una asfixia administrativa sistemática. La experiencia de doña Graciela expone una realidad dolorosa: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) la dejó en el total abandono desde hace casi una década.

Mientras las cúpulas burocráticas se concentran en entregar galardones de vitrina como las banderas azules ecológicas a grandes corporaciones, los pequeños agroecosistemas familiares son marginados por completo.

Ante la ausencia del Estado, la red de apoyo de las universidades públicas ha sido vital. La Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad de Costa Rica (UCR) han asumido la vanguardia en el acompañamiento técnico directo, rompiendo la amnesia del sector oficial.

Este esfuerzo transdisciplinario ha permitido visibilizar que sí es posible producir comida sana sin depender de los paquetes químicos de las transnacionales, demostrando que la pequeña escala es un seguro de vida real ante el cambio climático.

Las propuestas operativas de la tierra: el ejemplo de la Escuela de Campo Grabamo

Las inquietudes de doña Graciela se traducen en propuestas operativas inmediatas de conservación ambiental desarrolladas en la Escuela de Campo Grabamo. Su modelo de producción de alimentos orgánicos desafía las viejas lógicas del mercado mediante el uso de biotecnologías campesinas:

  • Conservación de suelos con barreras vivas: El uso estratégico de curvas en contorno y la siembra de barreras vivas de vetiver demuestra que el suelo no es un soporte muerto, sino la infraestructura biológica que retiene el agua y previene la erosión en las pendientes del sur.
  • Microorganismos de montaña (MM) y biotecnología local: Frente a las amenazas de clausuras punitivas por parte del Ministerio de Salud ante malos olores en porquerizas vecinas, la solución radica en la capacitación comunal. Los microorganismos de montaña y la elaboración de abonos fermentados como el bocashi resuelven la hediondez mediante procesos naturales de descomposición, transformando los residuos en abonos ecológicos de alta calidad.
  • Resguardo de la semilla criolla y valor agregado: La diversificación de cultivos rotativos bajo invernadero se sostiene exclusivamente sobre el uso de semillas criollas y nativas. Este esfuerzo biológico alcanza su máxima expresión en la Escuela de Campo Grabamo, demostrando que la agroecología genera valor agregado real y dignifica la economía rural.

El coraje de la desprogramación social

La lección más profunda de esta golondrina de Pérez Zeledón supera el ámbito de la agronomía; es un llamado urgente a la desprogramación mental. Nos habituamos a una moral de mercado donde la gente solo se compromete si media el pago de dietas o el lucro corporativo.

Participar de forma honesta en las organizaciones sociales, aunque los demás no valoren el esfuerzo inicial, es la única vía republicana para sanar a una sociedad enferma de desapego cívico.

«Sembrando Futuro», el lema oficial de las Fiestas Patrias de 2026 definido por el Ministerio de Educación Pública (MEP), cobra sentido cuando la ciudadanía asume de frente que somos lo que comemos y que una patria libre no admite divisiones partidarias ni exclusiones territoriales.

El Gobierno y las instituciones públicas están obligados a escuchar las voces de los ausentes, de las mujeres rurales y de las Casas de Semillas. Se requiere deponer el agravio permanente y entender que la paz pública en nuestro país no se decreta desde una oficina en San José; se siembra, se cuida y se defiende cada día con el coraje de quienes labran con decencia la fertilidad de nuestra tierra.

La integridad biológica de los sistemas alimentarios: una propuesta conceptual para renovar la política agroalimentaria del siglo XXI

Segunda de cinco entregas sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035

“No existe seguridad alimentaria donde se deterioran los procesos biológicos que hacen posible la alimentación”.

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

“A partir de la convergencia de la agroecología y el enfoque global de Una Salud: por qué la seguridad alimentaria a largo plazo exige transicionar del rendimiento en toneladas hacia la preservación de la infraestructura biológica que sostiene la vida”.

La primera entrega demostró algo crucial. La seguridad alimentaria depende de bases ecológicas que permanecen ocultas detrás de cada alimento. Ahora corresponde dar un paso adicional. ¿Cómo incorporar esa dimensión biológica en la manera en que concebimos y evaluamos los sistemas alimentarios? La propuesta de este artículo es introducir un nuevo enfoque fundamental: la integridad biológica de los sistemas alimentarios.

Una dimensión que falta

Con frecuencia analizamos la agricultura desde una perspectiva puramente económica. Hablamos de rendimiento por hectárea, productividad, exportaciones, costos de producción y competitividad. Todas esas variables son importantes. Sin embargo, ninguna revela por sí sola la complejidad biológica profunda. Es esta complejidad la que permite a los agroecosistemas mantener sus funciones básicas.

Un sistema puede producir mucho durante un tiempo. Al mismo tiempo, puede deteriorar las condiciones que permitirán producir mañana. De ahí nace la necesidad urgente de ampliar la mirada.

¿Qué entendemos por integridad biológica?

Propongo definir la integridad biológica de los sistemas alimentarios como la capacidad de un sistema agroalimentario para conservar y regenerar los procesos ecológicos, biológicos y bioquímicos que hacen posible la producción continua de alimentos inocuos, nutritivos y culturalmente apropiados, sin comprometer la salud humana ni la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Esta constituye la propuesta conceptual central de la saga. No pretende sustituir el concepto tradicional de seguridad alimentaria. Su objetivo real es complementarlo y ampliarlo.

De la biodiversidad a la integridad

La propuesta tiene antecedentes claros en la agroecología. Miguel Altieri demostró que la biodiversidad constituye un componente funcional de los agroecosistemas. Su conservación resulta fundamental para mantener servicios ecológicos básicos. Estos incluyen el reciclaje de nutrientes, la regulación biológica y la fertilidad natural.

Pero la integridad significa algo más que la simple diversidad. Un sistema puede conservar numerosas especies. A pesar de ello, puede haber perdido relaciones ecológicas esenciales. La integridad se refiere, por tanto, no solamente a qué organismos están presentes. También abarca las relaciones y procesos que permiten que el sistema funcione de forma integral.

Este enfoque incluye variables críticas:

  • Salud física, química y biológica del suelo.

  • Biodiversidad agrícola y silvestre.

  • Calidad y disponibilidad del agua.

  • Microorganismos relacionados con la fertilidad.

  • Diversidad genética de cultivos y semillas.

  • Inocuidad microbiológica y química de los alimentos.

  • Reducción de contaminantes y resiliencia climática.

  • Salud humana, sanidad animal y estabilidad de los agroecosistemas.

Más que una suma de componentes, la integridad biológica representa la capacidad del sistema para mantener y regenerar su funcionamiento como un todo unificado.

De la productividad a la resiliencia

Durante buena parte del siglo XX, el éxito agrícola se midió principalmente por el rendimiento. Ese criterio permitió aumentar considerablemente la producción mundial de alimentos. Sin embargo, también favoreció la simplificación extrema de los agroecosistemas. Provocó la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y una creciente dependencia de insumos químicos externos.

Hoy el desafío es totalmente diferente. La productividad sigue siendo indispensable. No obstante, debe evaluarse junto con otros indicadores vitales: la fertilidad biológica del suelo, el carbono orgánico, la diversidad funcional, la calidad del agua, la estabilidad ecológica, la resiliencia climática y la inocuidad alimentaria. No se trata de sustituir un indicador por otro. Se trata de ampliar nuestra visión del progreso.

La convergencia de varias revoluciones científicas

Esta propuesta de integración no surge de una única disciplina. Es el resultado de la convergencia de varias transformaciones del conocimiento científico.

La primera proviene de la agroecología, que colocó a la biodiversidad como un componente funcional. La segunda corresponde a la biología del suelo, cimentada en la microbiología edáfica y el descubrimiento de ciclos de nutrientes fundamentales. Los estudios del microbioma y de la rizosfera profundizan hoy en las alianzas entre plantas y microorganismos. Pese a ello, muchos de sus efectos dependen del contexto y siguen bajo activa investigación (Dworkin, 2012; Paul, 2007).

La tercera transformación corresponde al enfoque global de Una Salud (One Health), que integra la salud humana, animal y ambiental. La cuarta corresponde a la Salud Planetaria, que resalta la dependencia del bienestar humano respecto del funcionamiento estable de los sistemas naturales. Estas corrientes convergen en una conclusión fundamental: la agricultura no puede seguir analizándose de manera aislada de los ecosistemas.

¿Cómo podría medirse?

Si la integridad biológica ha de convertirse en una dimensión de política pública, deberá traducirse en indicadores claros. No existe un solo indicador capaz de captarla. Será necesario construir un conjunto de variables relacionadas de forma directa con:

  • Suelo: materia orgánica, carbono orgánico, actividad biológica y tasas de erosión.

  • Biodiversidad: diversidad de cultivos, diversidad genética, polinizadores y organismos benéficos.

  • Procesos ecológicos: reciclaje de nutrientes, regulación biológica, conectividad y capacidad de recuperación.

  • Agua: calidad, disponibilidad real y niveles de contaminación.

  • Producción: estabilidad del rendimiento y grado de dependencia de insumos externos.

  • Alimentos: inocuidad, calidad nutricional intrínseca y contaminantes.

El propósito no es crear una nueva cifra que simplifique una realidad compleja. La meta es disponer de un tablero de indicadores capaz de mostrar aquello que las métricas productivas convencionales ocultan.

Una propuesta conceptual, no una verdad establecida

Es importante aclarar el alcance real de esta propuesta. La expresión «integridad biológica de los sistemas alimentarios» se plantea aquí como un marco conceptual. Retoma y amplía antecedentes de la agroecología y de otros campos científicos de vanguardia. No se presenta como un concepto universalmente establecido ni como un indicador ya validado.

Su utilidad deberá juzgarse por su capacidad operativa. Debe ayudar a formular mejores preguntas, desarrollar indicadores precisos y evaluar con mayor profundidad las políticas alimentarias. Si permite identificar problemas que permanecen invisibles cuando solamente medimos la producción en toneladas, habrá cumplido una función trascendental.

La dimensión intergeneracional

Existe además una dimensión temporal inexcusable. La sostenibilidad no consiste únicamente en que un sistema funcione hoy. Implica que conserve suficiente capacidad para funcionar mañana.

Un suelo degradado, una población de polinizadores perdida o una diversidad genética erosionada no constituyen solamente problemas del presente. Estas pérdidas reducen drásticamente las opciones disponibles para quienes producirán y consumirán alimentos en el futuro. Por ello, la integridad biológica incorpora necesariamente una dimensión intergeneracional obligatoria.

Conclusión

La seguridad alimentaria responde a una necesidad humana fundamental. La integridad biológica introduce una condición indispensable para que esa seguridad pueda sostenerse a largo plazo.

Un sistema alimentario no puede considerarse plenamente sostenible si para satisfacer las necesidades del presente deteriora las condiciones ecológicas que necesitará para satisfacer las del futuro.

La propuesta, por tanto, es sencilla en su formulación: evaluar los sistemas alimentarios no solamente por lo que producen, sino también por lo que conservan, regeneran y transmiten a las generaciones futuras.

La pregunta siguiente ya no es conceptual. Es mucho más incómoda: ¿qué ocurre cuando esa integridad se deteriora de forma sistémica? Ese será el eje de nuestra próxima entrega.

 

Próxima entrega: La factura biológica de la alimentación moderna: plaguicidas, ultraprocesados y pérdida de integridad de los sistemas alimentarios.

La seguridad alimentaria comienza en la salud del suelo: hacia una nueva comprensión de los sistemas alimentarios

Primera de cinco entregas sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035

«Toda sociedad cosecha, tarde o temprano, la manera en que decide cuidar la vida que existe bajo sus pies».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED

Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

“La disponibilidad de comida es una condición necesaria, pero insuficiente. Por qué el conocimiento científico del siglo XXI nos obliga a superar el viejo indicador de las toneladas producidas y centrar la mirada en la base biológica que sostiene la vida bajo nuestros pies.”

Durante más de medio siglo, la seguridad alimentaria se centró en la cantidad. El objetivo principal era garantizar suficientes alimentos para la población. Este enfoque tradicional guio las políticas públicas del pasado. Sirvió para elevar la producción agrícola, mejorar el abastecimiento, potenciar la distribución y disminuir el hambre. Su valor histórico es indiscutible.

Sin embargo, la ciencia del siglo XXI transformó esta visión. Hoy sabemos que producir comida en abundancia es necesario, pero insuficiente. Ya no basta para asegurar una dieta saludable y sostenible. La pregunta actual no debe ser solo cuánto producimos. Ahora debemos cuestionar cómo producimos y sobre qué pilares ecológicos se sostiene la agricultura.

Más allá de la disponibilidad de alimentos

La seguridad alimentaria actual abarca cuatro dimensiones clave. Estas son la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad. La FAO consolidó este marco de trabajo. Más tarde, el concepto sumó la sostenibilidad y la transformación de los sistemas agroalimentarios. Esta evolución es fundamental. La disponibilidad real de alimentos depende de procesos biológicos muy complejos.

La fertilidad del suelo, los microorganismos y los polinizadores forman un entramado vital. A esto se unen la calidad del agua, la estabilidad del clima y la diversidad genética de los cultivos. Si uno de estos eslabones se daña, la producción del futuro se debilita.

La propia FAO reconoce la biodiversidad como fundamento de los sistemas agroalimentarios. Los seres vivos del suelo reciclan nutrientes, retienen el agua y limpian el entorno. Por eso, la seguridad alimentaria supera los límites de la agricultura y la nutrición. Su análisis debe partir siempre de la salud de los ecosistemas.

El suelo: el gran ausente del debate público

Paradójicamente, el pilar más importante de la alimentación suele pasar desapercibido. El suelo no es una simple plataforma muerta para sostener plantas. Es un sistema vivo y dinámico. En él conviven organismos, minerales, agua y procesos bioquímicos.

La FAO describe la salud del suelo como su capacidad para operar como un sistema vivo. Debe mantener la productividad, purificar el aire y proteger la sanidad vegetal y animal. Esta idea encierra una premisa temporal obligatoria. No basta con cosechar mucho hoy. El suelo debe conservar su vitalidad para rendir mañana.

La vida subterránea recicla nutrientes, procesa la materia orgánica y captura carbono. Cuidar el suelo no es solo proteger la naturaleza. Significa defender la infraestructura biológica de la agricultura. La seguridad alimentaria nace, literalmente, bajo la tierra.

Una riqueza invisible que sostiene la agricultura

Por mucho tiempo, la fertilidad se midió solo con variables físicas y químicas. Importaban la textura, el pH y los nutrientes sintéticos. La microbiología moderna rompió ese viejo paradigma. Las colonias de microbios transforman los nutrientes y nutren las raíces.

Los estudios sobre los microbiomas de la rizosfera revelan alianzas asombrosas entre plantas y bacterias. Estos hallazgos abren una frontera científica prometedora. Aun así, la cautela de la ciencia es necesaria. Muchos de estos efectos dependen del entorno local y siguen bajo investigación. El microbioma no es una solución milagrosa para todos los males del campo.

La revisión científica de Banerjee y van der Heijden vincula los microbiomas edáficos con el enfoque de Una Salud. Existe un lazo real entre el suelo, los cultivos, los animales y los seres humanos. No obstante, los autores recuerdan que quedan muchos misterios por resolver. La prudencia técnica sigue siendo obligatoria.

La biodiversidad también produce

Solemos asociar la biodiversidad con los bosques vírgenes y los parques nacionales. Sin embargo, los campos de cultivo albergan una biodiversidad invisible pero crítica. Lombrices, insectos, hongos y polinizadores sostienen el motor productivo.

La agroecología demuestra que estos organismos limpian, nutren y equilibran el terreno. El ecólogo Miguel Altieri aportó estudios fundamentales sobre este tema. Altieri demostró que la renovación natural depende de la integridad biológica del entorno agrícola. En conclusión, la biodiversidad en las parcelas es una herramienta de producción real.

El problema de la simplificación

La agricultura actual elevó los rendimientos de forma masiva. Lo logró mediante la especialización, los químicos y la maquinaria pesada. Sin embargo, la intensificación extrema destruye la vida biológica. Provoca, además, una dependencia peligrosa de insumos externos.

El dilema no es el uso de la tecnología ni la búsqueda de eficiencia. El error grave aparece cuando la ganancia inmediata destruye el suelo del futuro. La pregunta correcta no es si debemos producir. El reto es cómo producir sin agotar la tierra.

Una nueva manera de medir el progreso

Durante décadas, el éxito del campo se midió solo en toneladas cosechadas. En el futuro, los indicadores deberán cambiar. Tendremos que evaluar la calidad biológica de los terrenos. Mediremos la biodiversidad funcional y la resiliencia de los agroecosistemas. Analizaremos la pureza del agua y la dependencia de agroquímicos sintéticos importados.

El progreso real no es vaciar la tierra para vender más hoy. Consiste en cosechar sin romper los ciclos biológicos del mañana. Esta primera entrega nos deja una interrogante compleja: ¿cómo unir todas estas variables para medir la salud real de nuestro sistema alimentario? Ese desafío será el eje central de nuestro próximo artículo.

Próxima entrega: La integridad biológica de los sistemas alimentarios: una propuesta conceptual para renovar la política agroalimentaria del siglo XXI.

Agenda estratégica: fortalecimiento de la economía social y solidaria (ESS) 2026

Carlos Hernández
carloscokomal.p@gmail.com

Hacia un Modelo de Desarrollo Inclusivo, Territorial y Soberano

1- Introducción

La presente propuesta surge de la necesidad imperativa de repensar el modelo de desarrollo costarricense. Durante décadas, la imposición de políticas neoliberales ha erosionado la institucionalidad pública, desestimulado la producción nacional y debilitado las formas asociativas que históricamente sostuvieron el bienestar de nuestras comunidades.

La Economía Social y Solidaria (ESS) no es un sector marginal, sino una fuerza de resistencia y transformación. Esta agenda propone una transición necesaria: pasar de una visión asistencialista a una política pública de desarrollo productivo que recupere la soberanía, dignifique el trabajo local y ponga la vida y el bienestar colectivo en el centro de las decisiones gubernamentales.

2- Contexto y justificación

El modelo actual ha privilegiado la inversión extranjera sobre la capacidad productiva local, provocando la desarticulación de sectores estratégicos. La ESS emerge como una respuesta ante:

  • La pérdida de soberanía en la toma de decisiones económicas.
  • El desmantelamiento de la institucionalidad de apoyo al productor nacional.
  • La erosión de los derechos sociales y la precarización del empleo.

Frente a esto, la ESS propone un modelo basado en la asociatividad, la cooperación y la gestión democrática, elementos indispensables para reconstruir el tejido social y garantizar la sostenibilidad ecológica del país.

3- Ejes estratégicos de acción

A. Compras Públicas Inclusivas: El Estado como motor

  • Reserva de Mercado: Implementar un porcentaje mínimo de compras públicas destinado a procesos de licitación simplificados para la ESS.
  • Valor Social Agregado: Incluir criterios de impacto social en el SICOP, premiando la gobernanza democrática y el comercio justo.
  • Ventanilla Única: Crear un registro de «Proveedores de Impacto» para eliminar barreras burocráticas.
  • Descentralización: Priorizar proveedores locales en las zonas de ejecución de proyectos para dinamizar la economía regional.

B. Impulso a los mercados solidarios locales

  • Red Nacional de Mercados: Apoyo técnico y financiero para ferias y nodos de consumo solidario.
  • Circuitos Cortos (CCC): Articular productores locales con comedores escolares y centros de salud para eliminar intermediarios.
  • Logística Comunitaria: Inversión en centros de acopio y transporte compartido gestionados asociativamente.
  • Producción Agroecológica: Fomentar la transición hacia prácticas sostenibles que garanticen la soberanía alimentaria.

C. Acceso a crédito y capital semilla

  • Fondo de Capital Semilla: Líneas financieras con tasas preferenciales para emprendimientos solidarios.
  • Alianzas Estratégicas: Evaluar el impacto social como garantía complementaria en la banca pública.
  • Garantías Solidarias: Sistema de avales mutuos entre organizaciones.
  • Capacitación Financiera: Programa nacional de asistencia técnica para la gestión administrativa.

D. Marco legal y fortalecimiento del movimiento

  • Nueva Legislación: Impulsar una ley específica para la ESS que modernice la Ley de Asociaciones (No. 218).
  • Visibilización: Estrategias de comunicación para reconocer el aporte socio-cultural y productivo de la ESS.
  • Inclusión: Priorizar programas para mujeres y jóvenes, asegurando el relevo generacional y la economía del cuidado.

4- Mecanismo de seguimiento

Se propone la creación de una Mesa de Diálogo Permanente de Economía Solidaria y Desarrollo Territorial, con participación de representantes del sector y jerarcas del gobierno, para la co-construcción y monitoreo de estas políticas.

5- Conclusiones

La implementación de esta agenda no es solo una oportunidad económica, sino un imperativo ético y político. Al fortalecer la economía solidaria, el nuevo gobierno no solo estará reactivando la producción, sino que estará devolviendo el poder a los territorios y recuperando la soberanía nacional.

Invitamos a esta administración a reconocer que el desarrollo sostenible no vendrá de la dependencia externa, sino de la capacidad organizativa de nuestra gente. Esta agenda es una hoja de ruta técnica y política para construir, en conjunto, una Costa Rica más justa, soberana y solidaria.

Cuando la incertidumbre nos rodea y la complejidad amenaza con oscurecer el horizonte, conviene aferrarse a aquello que lucha por reanimar la esperanza y movilizar la fuerza que nace de la experiencia colectiva.