Un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria que no mira todo el sistema: El Plan Nacional 2026-2035 ante el desafío de transformar el sistema alimentario costarricense
«Un sistema no es la simple suma de sus componentes, sino el entramado invisible de sus relaciones. Quien fragmenta el suelo, la planta, el alimento y la salud pública en ventanillas aisladas, termina destruyendo el engranaje completo».
— Basado en las ideas de Fritjof Capra (físico y teórico de sistemas).
Cuarta entrega de la serie sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com
«La seguridad alimentaria del futuro no se garantizará únicamente con más alimentos. Se garantizará con mejores sistemas alimentarios. Y si el Plan Nacional 2026-2035 pretende estar a la altura de ese desafío, todavía tiene una tarea pendiente: mirar el sistema completo».
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035 constituye un instrumento de política pública de enorme importancia para la próxima década. Su objetivo medular es enfrentar uno de los desafíos más complejos de nuestro tiempo: garantizar que toda la población tenga acceso a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, producidos de manera sostenible.
El Plan contiene elementos positivos que deben reconocerse. Incorpora una visión intersectorial y reconoce el acceso a la comida como un derecho humano. Además, incluye la variable del cambio climático, utiliza herramientas de planificación prospectiva y establece mecanismos institucionales de seguimiento y evaluación.
Precisamente por su relevancia, merece una pregunta incómoda: ¿es suficiente la visión con la que se ha construido este documento para enfrentar los problemas alimentarios que el país afrontará en los próximos diez años? Desde la perspectiva desarrollada en las tres entregas anteriores, la respuesta técnica parece ser un rotundo no todavía.
Una visión todavía demasiado convencional y sin memoria histórica
La principal debilidad del Plan es de carácter conceptual. Aunque utiliza de forma reiterada la expresión «sistemas alimentarios sostenibles», no desarrolla con suficiente profundidad el modelo agrícola capaz de hacer realidad esa meta. La ausencia resulta alarmante cuando se observa lo que queda prácticamente fuera del texto: la degradación biológica de los suelos, la pérdida de materia orgánica y el papel de la biodiversidad edáfica y el microbioma. Tampoco profundiza en alternativas viables como la agricultura regenerativa, la agroecología, la agricultura orgánica y la diversificación productiva.
Asimismo, el documento adolece de una preocupante falta de memoria histórica. El Plan no considera que las condiciones internacionales que en 2008 nos expusieron a una severa crisis mundial de alimentos siguen estando vigentes. Aquellos factores, que obligaron a formular el Plan Nacional de Alimentos de 2008 en Costa Rica, podrían conjugarse de nuevo en cualquier momento como una suerte de «tormenta perfecta». Resulta grave que se ignore este antecedente, especialmente cuando la búsqueda del autoabastecimiento local se encontraba en el centro de la estrategia de 2008 como un mecanismo de defensa país.
No se puede hablar seriamente de seguridad alimentaria para la próxima década sin evaluar qué ocurre con el recurso que hace posible la vida. El suelo no es un simple soporte físico muerto para las plantas; es un ecosistema vivo. Si la política estatal se preocupa por el volumen de alimentos, pero ignora la salud biológica de la tierra que los produce, termina atendiendo el resultado sin proteger su fundamento básico.
Se describen los síntomas, pero no siempre las causas
Una primera deficiencia estructural del Plan radica en que, aunque reconoce diversos problemas alimentarios y nutricionales profundamente arraigados en el país —por ejemplo, la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles, la pérdida de diversidad dietética y la dependencia de importaciones—, no profundiza suficientemente en las causas estructurales que los originan y reproducen.
En la parte diagnóstica, el Plan identifica explícitamente el bajo autoabastecimiento nacional como un problema grave, evidenciado en los bajísimos porcentajes de producción local de granos básicos como maíz, frijoles y arroz. Aunque este reconocimiento es sumamente valioso viniendo de instancias de Gobierno, la contradicción aparece de inmediato: el problema detectado simplemente no se resuelve con las acciones concretas que la política propone en su matriz operativa.
Quedan también insuficientemente examinados fenómenos masivos como los monocultivos, la concentración empresarial, la agricultura intensiva de alta carga química y la centralización de las cadenas agroalimentarias. En otras palabras, la política estatal describe los síntomas clínicos, pero evita intervenir las estructuras económicas y productivas que los generan.
Esta distorsión se evidencia al analizar el apartado de las frutas. El Plan celebra el supuesto «éxito» de la producción frutícola nacional, pero oculta que este indicador se sostiene casi exclusivamente sobre el banano y la piña. Se trata de dos cultivos destinados masivamente a la exportación corporativa y no al consumo local, los cuales arrastran un severo historial de degradación de suelos, alto uso de agroquímicos sintéticos y cuestionables condiciones laborales.
A esta falta de profundidad se suma una preocupante ausencia de innovación operativa. Al analizar el contenido programático del Plan, queda en evidencia que el documento se limita a proponer una simple acumulación de acciones institucionales que ya se encuentran en ejecución en las diferentes dependencias del Estado. Al carecer de propuestas verdaderamente novedosas o disruptivas, la planificación cae en un peligroso inmovilismo.
En este contexto, aquí aplica con rigurosa sensatez aquella máxima que nos advierte que, si se continúan haciendo exactamente las mismas cosas de siempre, el producto obtenido será inevitablemente idéntico al del pasado.
Desequilibrios en la gobernanza y asfixia burocrática
Gran parte de estas omisiones nacen de un desequilibrio evidente en la gobernanza del proceso. En la dimensión de la disponibilidad alimentaria, el sector institucional agrícola tradicional se encuentra sobrerrepresentado. Esto contrasta de forma dramática con la exclusión y subrepresentación de la academia —particularmente de centros especializados como el CISAN de la UCR o la Maestría en SAN de la UNA—, así como de las organizaciones de productores independientes y los movimientos ambientalistas.
Este sesgo político explica por qué el Ministerio de Salud continúa manteniendo a la Secretaría de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (SEPAN) en un bajísimo perfil. A pesar de que esta entidad existe por mandato legal desde inicios de la década de los 70 en la Ley General de Salud, el Plan actual la reduce a una meta mínima y burocrática: el indicador “O4.AE1.I1. Porcentaje de avance de actualización del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la SEPAN” (página 73). Resulta inaceptable que, más de 50 años después de su creación legal, la máxima aspiración del Estado sea apenas actualizar el reglamento de su funcionamiento.
El gran ausente: los plaguicidas
Quizá una de las mayores debilidades del documento sea el tratamiento insuficiente de los plaguicidas. En un país donde su utilización agrícola constituye un asunto ambiental y sanitario de extrema gravedad, resulta incomprensible que un Plan Nacional no otorgue prioridad máxima a este tema.
El texto esquiva cuestiones críticas como los residuos tóxicos en los alimentos, la exposición crónica de la población, la salud ocupacional de los trabajadores del campo, la contaminación de acuíferos y los efectos nocivos sobre los agentes biológicos polinizadores y la biodiversidad en general.
La inocuidad alimentaria no puede limitarse al control microbiológico del producto final o a la higiene del mercado. Debe incorporar la dimensión química y ambiental de todo el tracto productivo. Una política moderna de seguridad alimentaria está obligada a considerar simultáneamente los riesgos biológicos y los químicos, incluyendo contaminantes emergentes como los microplásticos y las sustancias PFAS (perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas).
¿Qué sistema alimentario queremos para el año 2035?
El Plan Nacional 2026-2035 no debe ser descartado. Sus fortalezas ofrecen una base idónea sobre la cual construir una política alimentaria de vanguardia, y la oportunidad histórica consiste en ampliar sus alcances sin desvirtuar sus avances administrativos.
Para alcanzar esta meta, debemos incorporar de forma urgente la salud del suelo, potenciar la agroecología, regular los plaguicidas de forma sistémica y blindar la bioseguridad tecnológica. La seguridad alimentaria del futuro no se garantizará únicamente con producir más cantidad, sino con mejores sistemas alimentarios. Si este instrumento pretende estar a la altura de ese desafío, todavía tiene una tarea pendiente: mirar el sistema completo.
Al plantearnos el horizonte de la próxima década, la pregunta fundamental que debemos hacernos es directa: ¿qué sistema alimentario queremos para el año 2035? ¿Uno sustentado en suelos muertos o en suelos vivos? ¿Uno dominado por monopolios corporativos o capaz de dignificar al productor campesino local? ¿Uno que atienda con parches los síntomas de la enfermedad o que intervenga con valentía sus causas estructurales?
Costa Rica requiere con urgencia un marco político con una visión verdaderamente sistémica, capaz de atender de forma unificada cada componente de nuestra realidad agroalimentaria.
Por lo tanto, evidenciar estas áreas de mejora en la política nacional es solo la mitad del camino. El desafío de nuestra sociedad consiste en avanzar con propuestas concretas que complementen el trabajo de las instituciones públicas. ¿Cómo acelerar esta transición hacia la sostenibilidad integral?
La respuesta radica en enriquecer los procesos de toma de decisiones, articulando de manera decidida el conocimiento y la acción de los diversos actores sociales que operan directamente en los territorios.
Próxima y última entrega: ¿Qué hacer desde los ausentes? El protagonismo de la sociedad civil y la academia en la gobernanza de los sistemas alimentarios hacia el 2035.
