El pasado 14 de noviembre en el marco de la COP27, la delegación de Costa Rica realizó la presentación de una propuesta para potenciar los bienes de exportaciones basados en una agricultura resiliente, a partir de los agro paisajes. ¿Qué quiere decir todo esto?
Queremos problematizar la propuesta presentada por el gobierno de Costa Rica, ya que presenta algunas tensiones importantes que viene arrastrando eso que llamamos la agroindustria, y que al día de hoy sigue siendo responsable de importantes impactos socioambientales relacionados no sólo a la deforestación, sino también al uso de agroquímicos que afectan la salud de los ecosistemas.
Les compartimos también el artículo publicado por Bloque Verde que también expone las contradicciones de esta propuesta. Titulado «Franz Tattenbach promete en la COP27 algo que en Costa Rica no existe: “piña libre de deforestación”» Publicado a través de Surcos Digital.
¿Estaremos de cara a otra estrategia de maquillaje verde? Les compartimos nuestras inquietudes:
Un reciente estudio del agrónomo Elidier Vargas Castro, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que Costa Rica usa muchos más agrotóxicos, en su mayoría considerados de alta peligrosidad, que los países de América que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Giorgio Trucchi
Según el estudio publicado el año pasado que retoma datos oficiales del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Costa Rica emplea en promedio cantidades que oscilan entre 10 y 11,5 kilogramos de ingrediente activo por hectárea (ia/ha).
En países como Canadá, Estados Unidos, México, Chile y Colombia, miembros del OCDE, o Ecuador, Honduras y Guatemala, que tienen características similares en cuanto a condiciones agrícolas, el uso promedio es de 2 kilogramos.
Una situación que se vuelve aún más alarmante si consideramos que el PNUD señala que el uso real promedio en Costa Rica durante el período 2012-2020 ha sido superior a los 34 kg de ia/ha, con rangos que oscilan entre 24,6 y 47,1 kg1.
Agrotóxicos altamente peligrosos
El 93 por ciento de estos ingredientes activos son considerados altamente peligrosos. Al menos 80 de ellos están asociados a efectos agudos para el ser humano. Casi la mitad son prohibidos en la Unión Europea y más de dos tercios son asociados con cáncer.
También hay unas 119 moléculas que están relacionadas con afectaciones sobre animales, en especial las abejas, y ecosistemas. Más del 60 por ciento están prohibidas en Europa.
Mancozeb, Glifosato, Paraquat, Clorotalonil, Etoprofos, Diazinón y 2,4-D son los agrotóxicos más utilizados y con más productos registrados en Costa Rica.
Se estima que, entre 2012 y 2020, la aplicación promedio anual de ingredientes activos en agricultura fue de 18,3 mil toneladas.
Según el estudio, los principales afectados resultan ser las trabajadoras y los trabajadores agrícolas y la población rural en general (exposición promedio de 74 kg/ia por persona), seguido por los cuerpos de agua superficiales y los alimentos.
En 2020, el banano es el cultivo donde se dio el mayor uso de agrotóxicos, seguido por piña, arroz, café y caña de azúcar2.
Esta situación acarrea también costos económicos para el Estado costarricense, que deja de percibir entre 22 y 36 millones de dólares al año por las exenciones de impuestos a los agrotóxicos. A esto hay que agregarles al menos otros 9 millones por afectaciones a la salud.
Un falso paradigma
“En Costa Rica hay un doble discurso sobre medio ambiente y naturaleza que es terrible”, dijo a La Rel Clemens Ruepert, investigador y químico ambiental del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA).
“Hay una gran expansión agrícola para la producción de monocultivos agroindustrial, en especial de banano, piña y caña de azúcar, que conlleva el masivo uso de agrotóxicos y una creciente pérdida de biodiversidad”, agregó el experto.
Esta situación, analizó Ruepert, se profundiza a raíz del falso paradigma de que estas prácticas son fundamentales para la generación de empleo y el crecimiento económico del país.
“Hay suficientes datos que demuestran todo lo contrario. Además, hay costos enormes que el Estado debe sostener por la contaminación ambiental y los efectos sobre el ser humano y animales”.
Si a esta grave problemática ambiental le sumamos la falta, casi absoluta, de respeto a los derechos laborales y sindicales de miles de personas que trabajan en las plantaciones, el escenario se asemeja, cada vez más, a una verdadera bomba de tiempo.
“La bomba ya está explotando, lamentablemente quienes tienen grandes intereses en este sector de la agroindustria, incluyendo a las autoridades públicas, emplean estrategias para aparentar todo lo contrario”, advirtió Ruepert.
Para el catedrático es clave que las organizaciones sociales, populares, sindicales vayan articulando espacios, esfuerzos y acciones, involucrando a más gente, multiplicando la información y la capacitación de sus miembros y afiliados.
“Es la única forma para que haya un cambio. Es la misma lucha y hay que hacerla todos juntos”, concluyó.
Foto: Giorgio Trucchi
1 Esto se debe a una diferencia de cálculos. El SFE toma en cuenta el total de área sembrada a nivel nacional (agricultura y pasto), mientras que el PNUD sólo el área de cultivos 2 Fuente consultada Semanario Universidad
GINEBRA (10 de noviembre de 2022) – El Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Tomoya Obokata, realizará una visita a Costa Rica del 16 al 25 de noviembre de 2022.
Durante la visita, el experto examinará casos de explotación laboral que pueden equivaler a trabajo forzoso o en condiciones de servidumbre en diversos sectores de la economía como la agricultura/agroindustria, el turismo, la industria manufacturera y el trabajo doméstico. Obokata también evaluará en qué medida prevalecen las peores formas de trabajo infantil en el país y qué medidas han tomado el Gobierno y las empresas para eliminar estas prácticas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigen a los Estados de «adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y a la trata de seres humanos y garantizar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.»
«Al convertirse en un país «Pathfinder» en el marco de la Alianza 8.7, Costa Rica se comprometió a acelerar la acción en este sentido y deseo evaluar qué progresos se han realizado para poner fin a la esclavitud en el país, cuáles son los desafíos restantes y qué más se necesita para poner fin a las prácticas similares a la esclavitud, incluso en el sector privado», dijo Obokata.
El Relator Especial pasará un tiempo en San José y Los Chiles, y se reunirá con funcionarios del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, representantes de la ONU y del sistema interamericano de derechos humanos, organizaciones internacionales y miembros de la comunidad diplomática.
Obokata compartirá sus observaciones preliminares en una conferencia de prensa híbrida el 25 de noviembre en la Casa de la ONU, Oficentro La Virgen No. 2, Zona Industrial, Pavas, San José, a las 10 A.M hora local. El acceso estará estrictamente limitado a los periodistas.
El Relator Especial presentará un informe completo al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2023.
FIN
El Sr. Tomoya Obokata fue nombrado Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud en marzo de 2020. El Sr. Obokata es un estudioso japonés del derecho internacional y los derechos humanos, especializado en la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas y la esclavitud moderna. Actualmente es profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de York, y anteriormente enseñó en la Universidad de Keele, en la Universidad de Queen’s Belfast y en la Universidad de Dundee (todas ellas en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
Uno de los sectores en los que se presentan violaciones a los derechos de las personas trabajadoras es la agroindustria y en Costa Rica se han denunciado situaciones en cultivos de la palma. (Foto: Cortesía FENTRAG).
Por María Núñez Chacón
Conozca en esta entrega algunas de las prácticas en las que incurren empresas de la agroindustria, a través de las cuales violentan los derechos laborales de sus trabajadores.
Pensaren esclavitud en Costa Rica pareciera imposible, sobre todo porque es una nación que se jacta del respeto a los derechos humanos, al cumplimiento de las normativas laborales y cuido al medio ambiente. Pero detrás de algunos negocios se esconden historias de trabajo forzoso, de explotación laboral, de graves padecimientos y enfermedades producto de la contaminación o exigencia de trabajo sin descanso y en condiciones insalubres.
La agroindustria costarricense tiene matices de trabajo forzoso, algo inimaginable para los mercados europeos o estadounidenses que consumen las deliciosas frutas que se exportan, con la promesa de hacerlo desde el respeto de los derechos laborales y las más altas normas de calidad.
Semanas atrás, UNIVERSIDAD participó de un encuentro con trabajadores de distintos sectores productivos del país, quienes relataron las principales prácticas que se realizan en los monocultivos ubicados en varios puntos país, donde las personas trabajadoras deben adaptarse o perder sus empleos, y en zonas rurales de gran vulnerabilidad económica, con altísimos niveles de pobreza y poco desarrollo económico, es un lujo que pocos están dispuestos a tomarse, a costa de su salud y su bienestar mental, físico y emocional.
En la actividad se conoció a profundidad una serie de denuncias sobre irrespeto a los derechos laborales, explotación laboral y exposición a productos dañinos para la salud como parte de los abusos en los que incurren compañías en las plantaciones de piña, banano y palma.
Según explicó Frank Ulloa, abogado laboralista y asesor de la Regional Latinoamericana de la UITA (Rel UITA), una de las organizadoras del evento, han recibido muchas quejas y denuncias de personas que trabajan en las plantaciones agroindustriales del país por las malas prácticas de higiene, salud y seguridad laboral
“En muchos casos contratan a las personas a través de terceros, los contratos se realizan cada cuatro o cinco meses, si se organizan en sindicatos no los vuelven a contratar y en muchas ocasiones buscan migrantes que no conocen la legislación. Hacen arreglos directos con los comités de trabajadores ーque son nombrados por las mismas empresasー; en ciertas actividades como la caña y otras duermen en pocilgas, hacinados y si se accidentan lo manejan como una enfermedad común, evitan a toda costa enviarlos al Instituto Nacional de Seguros y los que se accidentan tratan de pagarles las prestaciones para que se vayan de la empresa”, detalló Ulloa.
Frente a esta realidad, están desarrollando una denuncia ante la OCDE y otros organismos internacionales, para evidenciar a todas las empresas que incurren en estas violaciones y simultáneamente iniciarán una campaña internacional para informar, tanto a las compañías compradoras como a los consumidores y sindicatos de las condiciones en que se producen la piña, la palma, el banano, la caña y otros.
Por su parte, Maikol Hernández Arias, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales (FENTRAG) explicó que en estos monocultivos se mantienen condiciones de explotación, y las empresas que dominan estos cultivos violan la normativa laboral y ambiental con absoluta impunidad por falta de la inspección del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
“Para nadie es un secreto que las multinacionales que controlan la compra de productos agroindustriales, la producción y la comercialización operan dentro del país como estados independientes. La institucionalidad pública no funciona para controlar las estrategias que imperan en estas compañías, por eso no hay suficientes denuncias, juicios o sentencias en contra de éstas, violan derechos humanos, violan la institucionalidad, fijan salarios a su antojo, imponen cargas de trabajo… es una instauración de esclavitud moderna”, condenó Hernández.
Las historias abundan, todas con un denominador común, son personas que dejan su salud, su bienestar y muchas veces su vida, en los campos de cultivos de productos que son vendidos en el exterior bajo sellos de calidad y responsabilidad social; mientras que ellos y sus familias viven en una cadena de trabajo forzoso, sin oportunidades para dedicarse a ninguna otra labor.
Explotación salarial
“Se deben recolectar 320 kilos para ganarse los 11.000 colones por día”.
Obeth Morales Barquero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) contó que las empresas el sistema de salario por destajo (remunerar a los trabajadores por unidad de obra realizada o servicio prestado).
Con esta metodología la compañía establece una fórmula para calcular los salarios, que implica imponer un ritmo, magnitud y cargas de trabajo que llevan a los trabajadores a autoexplotarse por 3.000 o 4.000 colones de más al salario de ley, trabajando más horas de las recomendables, algo que al final trae consecuencias graves e irreversibles en la salud.
“Ese mecanismo lo establece de manera unilateral el empleador, sin tener en cuenta a las organizaciones laborales, aunque estamos en contra del sistema, al menos quisiéramos ser parte de este proceso de definición, saber los parámetros que usa la empresa para definir la tarifa, porque no siempre es igual”, indicó.
Francisco (nombre ficticio para guardar la confidencialidad del entrevistado) es un trabajador de cultivos de piña y contó a UNIVERSIDAD que hace unos cuatro años lograban hacer unos 17.000 colones diarios en una jornada de 8 horas, deshierbaban constantemente el terreno, les daban sueros o hidratantes, tenía agua, carretas y un bus a disposición para movilizarlos. Hoy las condiciones han cambiado.
“Hoy ganamos unos 14.840 colones al día en jornadas exhaustivas, pues ha bajado la densidad de la semilla, aunque aseguran que con el salario por destajo podemos hacer tiempo extra si lo deseamos, lo cierto es que si no cubrimos la cuota en la jornada ordinaria nos amonestan y uno termina tan agotado que llega a la casa sin querer siquiera hablar con nadie”.
Dania es trabajadora en cultivos de palma y aseguró que también tienen problemas con el salario por destajo. “No sabemos el mecanismo que usan las empresas para establecer los salarios por jornadas, se deben recolectar 320 kilos para ganarse los 11.000 colones por día del salario mínimo, cuando la producción es alta es posible sacar esa cantidad a las 11 de la mañana, queda tiempo para sacar un poco más y tener un salario más decente, pero cuando está baja la jornada acaba y no se logra la meta”.
El problema, manifestó la trabajadora, es que la empresa debe reconocer el salario mínimo y si no es posible sacar la cuota dos o tres veces por semana, la empresa amenaza por bajo rendimiento y tampoco hacen la diferencia entre personas adultas y jóvenes, todos deben sacar los mismos 320 kilos de coyol.
¿Salud y seguridad en el trabajo?
“Debemos cubrirnos entre nosotras para orinar o cambiarnos las toallas”
Ana es otra trabajadora de un monocultivo, específicamente de la piña, y reconoció que las condiciones de salubridad son pésimas. En los cultivos no hay baños cerca, por lo que deben hacer sus necesidades fisiológicas en zanjos.
“En ocasiones hay una cabaña, pero siempre está tan sucia que es imposible usarla, entonces la opción son los zanjos, las mujeres lo sufrimos aún más porque debemos cubrirnos entre nosotras para orinar o cambiarnos las toallas cuando estamos con la menstruación, de lo contrario debemos esperar hasta el mediodía para ir a la orilla de la montaña o a la lavandería”.
Otro problema, dijo Francisco, es que para sacar las cuotas de producto es necesario salir a trabajar al campo, dejar el bolso en las instalaciones principales, trabajar sin descansar, ni tomar agua fresca y con las altas temperaturas a las 8 de la mañana la que llevan es imposible de consumir. “Hay que trabajar, dejar el bolso lejos, sin descansar ni tomar agua para poder sacar la cuota, de vez en cuando nos dan una hielera una vez al mes, cuando uno exige un hidratante le dan uno, pero hay que rendirlo cuatro días”.
“Es una forma nueva de esclavitud, las empresas se aprovechan de las necesidades de las personas, que no tienen muchas oportunidades de empleo, con salarios bajos y cuando ya estamos muy enfermos o no les servimos nos sacan”, concluyó Dania.
No se pierda la segunda entrega de este reportaje, con historias sobre la esclavitud moderna en Costa Rica.
Trabajo periodístico de María Núñez Chacón del Semanario Universidad, compartido con SURCOS por Maikol Hernández.
Tras el cierre del seminario “La plaga de los agrotóxicos”, organizado por Fentragh y Rel UITA con el apoyo de FES, SINAE y ANDE, delegados y delegadas de sindicatos agroindustriales se movilizaron hasta la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Rel UITA
Mostrando pancartas y banderas de la Fentragh y la Rel UITA, trabajadores y trabajadoras del banano, palma africana y piña exigieron respuestas inmediatas a las denuncias y solicitudes de inspecciones presentadas hace meses, así como los resultados de las que ya fueron realizadas.
“Desde el año 2019 venimos presentando denuncias y reclamos y no han avanzado. El 10 de agosto de este año nos reunimos con las nuevas autoridades y presentamos un documento con nuevas denuncias. Han pasado dos años y no hay respuestas”, dijo Maikol Hernández, secretario general de Fentragh.
“Es una grave falta de atención a los trabajadores agroindustriales y es por eso que, una vez concluido el seminario, decidimos venir hasta aquí para que nos escuchen, atiendan las solicitudes de los sindicatos y se instale una mesa de diálogo”, explicó el dirigente sindical.
En este video, dirigentes de Sinatraa, Sitrapa, Sintrapybcr y Fentragh explican las razones de este plantón de protesta.
La organización de la Fundación Ebert en conjunto con Rel UITA y FENTRAGH en Costa Rica se complacen en invitar a su organización a participar en el primer “Taller sobre salud, condiciones de trabajo y ambiente en el país”.
El evento se llevará a cabo los jueves 13 y viernes 14 de octubre de 2022 en las instalaciones del edificio SINAE Afines ubicado a 150 metros Norte del Parque de la Merced, San José.
El propósito principal de este seminario es propiciar un intercambio de experiencias en torno a la situación de la salud laboral y el medio ambiente en el sector agroindustrial del cultivo de la piña y la palma aceitera. También, se busca elaborar una hoja de ruta de acciones conjuntas para el futuro y consolidar una Comisión Sindical de Salud laboral de la agroindustria.
Como parte del evento participan sindicatos agrícolas vinculados a FENTRAGH en diferentes regiones del país como Puerto Viejo, Sarapiquí, Muelle de San Carlos, Sixaola y Corredores, junto con dirigentes de sindicatos del sector salud y educación que están identificadas con la propuesta, específicamente los grupos sindicales de ANDE y SINAE por estar presentes en sus comunidades en donde se producen estos cultivos.
La organización del Seminario invita y solicita la participación de tres personas por organización. Es importante recalcar que los gastos de alojamiento, alimentación y transporte serán cubiertos por los organizadores del evento.
El cronograma de las actividades planeadas de estos días será de esta manera:
Día: 13 de octubre de 2022
Horario
Tema
Metodología
8:30 am
Inauguración de la Actividad. Representante FES y REL UITA SINAE y ANDE.
Exposición inicial y explicación del programa y procesos administrativos.
9:00 am
Los agrotóxicos y sus efectos en los trabajadores, el ambiente y las comunidades.
Universidad Nacional.
Grabar exposición. Preguntas
10:00 – 10:15 am
Café
10:15 – 11:15 am
Informe de la contaminación de los mantos acuíferos con agrotóxicos en la Piña.
Universidad de Costa Rica.
Resumen de investigación. Grabar exposición.
12:00 pm
Almuerzo
1:00 – 1:30 pm
Panel:
Condiciones de vida trabajo en las piñeras de la zona Norte.
Obeth Morales. Secretario Gral. SINATRAA.
Análisis de servicios de protección de salud por parte del Estado.
1:30 – 2:00 pm
Condiciones de vida trabajo en las piñeras de la Zona de Sarapiquí (Piña y banano).
Steve Rodríguez Análisis de servicios de protección de salud por parte del Estado.
Heizel Gaitan (SITRAPYB).
2: 00 – 2:30 pm
Condiciones de vida trabajo en la Palma africana, Zona Sur.
Dania Obando. SITRAPA
2:30 – 3:00 pm
3:00 – 3:30 pm
3:00 – 3:30 pm
Resumen y conclusiones
Refrigerio junto con Presentación de videos.
Gerardo Castillo.
Frank Ulloa Royo.
3:30 – 4:30 pm
La problemática desde la perspectiva internacional. EMNs y cadenas de suministros.
Maikol Hernández. FENTRAGH.
Día: 14 de octubre de 2022
Horario
Tema
Metodología
8: 00 am
Plan de trabajo y actividades por región 2022-2023.
Gerardo Castillo/ Frank Ulloa
Trabajo de grupos por región: (Zona Norte, Zona Sur, Sarapiquí) Limón.
9:00 am
Hoja de ruta de la (COSSALA).
Coordina:
Dania Obando.
12:00 pm
Conclusiones y entrega de banderas.
Representante de la FES.
12:00 pm
Almuerzo
–
Conferencia de prensa:
La Nación, República, Extra, televisoras, Giorgio (Rel UITA).
Maikol Hernández.
Lenin Hernández.
Guillermo García.
Coordina:
Auxiliadora (Depart. Prensa SINAE) y Giorgio.
Esperando pronto su participación y convivio de forma personal le despiden;
Fuera del contexto político-histórico el nombre “Agricultura 4.0” resulta llamativo. De hecho, gobiernos y grandes sectores del poder han llamado al momento histórico actual como “la cuarta revolución industrial”, lo cual se traduce en un nuevo “salto productivo” que dé con la apertura de otros mercados para ampliar y abarcar aún más la reproducción de la ganancia. Sin embargo, ya desde el propio movimiento económico objetivo, esto es imposible en un mundo que mueve sus engranajes en la acumulación de la ganancia en pocas manos, y que estructural e históricamente conlleva a la pauperización de los medios de vida y a la poca capacidad de consumo de la población.
Ahora bien, los límites ecológicos son también un impedimento para los fines del capital y organismos financieros internacionales, entes gubernamentales, no gubernamentales, así como a grandes empresas tales como Microsoft, que ha planteado volver la mirada hacia la agricultura, pero no cualquier agricultura: la “Agricultura 4.0” que convenientemente para sus fines ha utilizado el discurso de la “economía verde” con la justificación de insertar la tecnología en el proceso productivo agrícola. La inserción de tecnología (tal como la conoce el discurso dominante) no viene sola, sino también ideológicamente bajo el supuesto de que esta podría ayudar en los procesos de una agricultura más “sostenible” (que ha sido insertado por el BM y la FAO) sin olvidar que este concepto viene aparejado de los fines desarrollistas de los grandes capitales.
Si bien, la tecnología per se no significa algo perjudicial, esta inserción se da bajo los parámetros de mayor productividad y no una mejor producción -cosas diametralmente distintas- y que esconden, dentro de la propia palabra “tecnología”, el socavamiento o cuando menos el desplazamiento e institucionalidad del conocimiento campesino con la “Revolución Verde” y que con esto también se ha despojado de herramientas al sujeto histórico agrícola. Lo anterior siempre con la idea de que la tecnología implica la necesidad de más máquinas, automatización de procesos y hacer cada día más prescindible al ser humano de la producción.
Quienes participamos de los procesos agrícolas o al menos los que creemos rescatar todos los procesos de lucha por la agricultura orgánica en América Latina nos situamos y posicionamos en la reproducción de los procesos campesinos y su ¿propia? tecnología, que distan de ser máquinas y más lejos aún –como posicionamiento político y de su compromiso con la conservación del suelo y el ecosistema- de la industrialización. La recuperación de las herramientas elementales no menos complejas del campesinado es la única forma de generar independencia y autonomía. La “Agricultura 4.0”, por el contrario, introduce y genera dependencia al mercado y en vez de mediar para que el campesinado recupere su conocimiento expropiado, es una ventana de negocio para lo que el discurso, la gran agroindustria y todo aquellos que plantean la agricultura orgánica como negocio trafican como “algo verde”, pero que no es más que la estrategia de “parchear” la actividad de la maquinaria económica general que tiene inmersa a la humanidad en la peor crisis ecológica de su historia.
Desde el sentido y el posicionamiento ético-político sabemos que plantear la “tecnologización” de la agricultura alejará aún más al campesinado de esta. Lo vulnera y lo vuelve un sujeto inútil y dependiente, cuando lo urgente es regresar y fortalecer a la agricultura familiar-comunal donde la conservación, el manejo de recursos a baja escala y el eje colectivo-comunitario, son esenciales para dar con una actividad productiva armoniosa con la naturaleza.
La “Agricultura 4.0” genera más analfabetismo en cuanto a la propia actividad campesina, aún más si consideramos que ya les expropiaron el conocimiento productivo. Si a esto se suma la imposición del manejo tecnológico como discursivamente inicia la imposición de estos nuevos modelos, estos no les serán familiares. No se puede olvidar que sin un campesinado consciente es imposible un cambio real en el sector agrícola, por más esfuerzos que hagan otros sectores de la población. Vale recalcar que más del 50% de la alimentación mundial cae sobre la espalda de la pequeña producción agrícola.
Desde lo personal me ubico por una agricultura orgánica situada en el reconocimiento y rescate de las tecnologías campesinas negadas por los discursos de quienes poseen y quieren sacar ganancia imponiendo la gran maquinaria. Me posiciono por el desarrollo agrícola desde lo local y con insumos locales más accesibles desde lo económico y que generan menos contaminación, en contra de la idea productivista que solo piensa vorazmente en la ganancia y que hoy ha llevado a lo ya expuesto. Me posiciono a favor de una agricultura que reivindica al ser humano y que, por lo tanto, ayuda a subsanar el gran desempleo en el país y en el mundo.
El fetiche construido por el modelo económico actual de que lo tecnológico (grandes maquinarias-digitalización) se auto-posiciona como algo “verde” esconde tras la llamada “era digital” otra de las formas en que el extractivismo y desarrollismo se expresa e impone, más contaminante y en términos humanos que se sostiene de la sobreexplotación de niños y niñas en Asia y África, así como de la destrucción de ecosistemas enteros para la obtención de los materiales necesarios para crear computadoras, drones, etc. Generando todo lo contrario a lo que dicen promover y llevando al máximo la lógica de destrucción de la naturaleza y el ser humano.
Les invito a la reflexión.
“El capital es trabajo muerto que, al modo de los vampiros, vive solamente chupando trabajo vivo, y vive más cuanto más trabajo chupa”. – Marx
La otra cara del pago por rendimiento es el rápido deterioro de la salud de las personas que trabajan en la agroindustria. El avance del extractivismo agroingustrial en Costa Rica, expresión de la modernidad insostenible, depredadora y colonial, consolida sistemas de trabajo que expresan una alta precariedad.
Frank Ulloa Royo
Veamos un primer ejemplo: la labor de cosechar el coyol* de la palma aceitera esparcido en el suelo, es un trabajo muy duro y esencialmente femenino. El sindicato inicialmente denunció la falta de condiciones higiénicas en las fincas, pero este fue el primer paso.
Esta labor se ejecuta en las fincas, a la intemperie, bajo el sol y con mucha intensidad de trabajo para completar tareas y metas.
Se trata de un trabajo riesgoso, sujeto a múltiples lesiones, picaduras de serpientes, donde también inciden negativamente la forma de organización y las cargas de labor repetitivas.
Las trabajadoras deben caminar por espacios de ocho hectáreas cuando hay poca fruta y permanecer agachadas recogiendo el producto durante toda la jornada. Transportar luego los sacos hasta la carretera, adonde los recoge un mulero con la carreta, a pesar de las limitaciones que establece el Convenio 127 de la OIT sobre peso máximo.
En la Compañía Coto 54, vinculada a la empresa Palma Tica, las trabajadoras empacan sacos de al menos 30 kilos de coyol. La meta mínima es de 320 kilos para completar su salario diario de 10.853 colones (unos 15 dólares diarios o 90 dólares semanales). Si no completan los 320 kilos pueden ser sancionadas.
Cambio salud por dinero
Para ganar más que el mínimo hay que recoger kilos adicionales a razón de 32 colones por kilo. Cada kilo adicional es un desgaste mayor después de muchas horas de trabajo.
Por esta forma de pago las trabajadoras intercambian salud por dinero al someterse a las reglas unilaterales de la empresa en cuanto a la intensidad del trabajo. Lo aceptan porque necesitan el empleo al no tener otras alternativas laborales en regiones dominadas por el monocultivo de la palma.
Estas tierras fueron concesionadas a la United Fruit Co. por el gobierno de Costa Rica para favorecer la colonización en su momento. Las empresas las han explotado, junto con sus gentes, por más de cien años y hoy es la segunda región más pobre y desigual del país.
La relación entre trabajo y salud sugiere que las cargas laborales, los patrones de desgaste asociados a la producción, la exposición a altas temperaturas y agrotóxicos, además de la intensificación productiva derivada de la forma de organización, afectan significativamente la salud de los trabajadores de la agroindustria de palma.
Fuera de la ley
Las trabajadoras, casi sin excepción, padecen en poco tiempo dolores osteomusculares (hombros, rodillas, columna y otros).
Los trabajadores del sector deberían ser cobijados por un régimen especial de protección conjugado con políticas de prevención en salud y seguridad en el trabajo y cobertura de protección social.
El trabajo a destajo o por rendimiento debe ser prohibido por las autoridades laborales. Los arreglos directos no son medios idóneos para crear normas y establecer las tarifas. Estas pierden vigencia rápidamente y las trabajadoras son sometidas a explotación laboral y trabajo forzoso, mientras las autoridades vuelven la vista para el otro lado.
Un estado ausente y cómplice
La legislación no regula las cargas y tampoco contempla normativas en cuanto a los pesos, movimientos repetitivos e intensidad del proceso de trabajo que puede realizar una trabajadora o trabajador en el desempeño de su labor.
Si bien la salud ocupacional es de interés público la labor preventiva en esta materia es nula. Menos aún la inspección de autoridades en cuanto a cargas e intensidad del trabajo.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debería prevenir todo daño que pueda ser causado a la salud, proteger a las trabajadoras y los trabajadores y mantenerlos en un empleo congruente con sus aptitudes fisiológicas y sicológicas, según lo determina el Código de Trabajo.
El sindicato SITRAPA, así como la federación (FENTRAGH) y la Rel UITA, continuarán con las denuncias para eliminar el trabajo a destajo en la agricultura porque esta forma de pago es propia del trabajo forzoso y el país ratificó recientemente el protocolo contra estas formas de explotación laboral.
*Nota del Editor: El coyol es el fruto de la palmera que se cae al piso cuando se tiran los grandes racimos y que luego deben ser recogidos. Para ello las trabajadoras deben agacharse realizando movimientos repetitivos a lo largo de la jornada laboral, sin pausas para cumplir con las metas impuestas por el empleador y con consecuencias directas para su salud.
El sábado 28 de mayo no fue un día cualquiera para el colectivo Mojojoy quien recibió la medalla al mérito agrícola 2022 de las manos de la Ministra de Agricultura Laura Bonilla y del presidente de la República Rodrigo Chaves.
Durante el acto de premiación se pudo observar al colectivo Mojojoy que en sus camisetas portaban mensajes que decían: “no a la ley de semillas”, “no más agrotóxicos”, “no más monocultivos”, “justicia para China Kicha”, “tierra para el campesino”.
Mojojoy Agri-Cultura es un proyecto que lleva a cabo la recuperación de suelos, la dignificación del saber campesino, la producción de hortalizas sin venenos, el diálogo entre sistemas productivos agrícolas y la necesidad de plantas nativas para la conservación, la democratización del conocimiento, el impulso a una pedagogía para y con la tierra, la necesidad para el sostenimiento de esto, de la lucha contra la agroindustria tanto en lo productivo cómo en las ideas.
Según los participantes la protesta se hizo cómo una forma de visibilizar el abandono a la pequeña o pequeño productor agrícola, en denuncia a la mentira que de existe un apoyo real a proyectos de una u otra manera apuntan a una relación más armónica con el ecosistema. Además, desearon visibilizar la lucha por un modelo agrícola alternativo con la lucha de los pueblos indígenas que alrededor del mundo son los defensores de otro tipo de agricultura junto al campesinado y visibilizar que el Estado responde a los intereses de los grandes capitales agrícolas.
Según el Colectivo Mojojoy, fue una forma de levantar la voz ya que dentro el discurso hegemónico de la agroindustria no existe cabida para este tipo de prácticas y aportar en la lucha por otro modelo de producción distinto al que hoy destruye bosques, es causante de epidemias, desaparece el saber campesino, provoca la desaparición de especies y ha puesto al borde del precipicio a la humanidad entera, declaró el Colectivo Mojojoy, ganador al mérito agrícola 2022 otorgado por el MAG.
Martin Dermine, responsable de políticas de PAN Europa, dijo: «La agricultura pro-intensiva y el lobby del agronegocio han utilizado la crisis de Ucrania para intentar posponer y diluir cualquier mejora para proteger la salud de los ciudadanos y el medio ambiente contra los plaguicidas. Su lobby ha encontrado el apoyo de 12 Estados miembros que han sometido a la Comisión a una intensa presión. Es excepcional que la Comisión Europea se enfrente a semejante presión del Consejo antes de publicar un proyecto de texto legislativo».
Doce Estados miembros (la Unión Europea se compone de 27 países miembros), encabezados por Polonia y Estonia, han publicado dos documentos de posición, en los que piden que se posponga la aplicación de la estrategia «del campo a la mesa» o que se suavice. Mientras la guerra de Ucrania ponía de manifiesto la fragilidad e insostenibilidad del sector agrícola de la Unión Europea (UE), un lobby masivo de la agroindustria, apoyado por países como Francia y Polonia, jugaba con mensajes de alarma para mantener nuestro modelo dominante de agricultura tóxica.
Martin Dermine comentó: «El proyecto de la propuesta de la Comisión es un punto de partida para los debates: necesita mejoras para evitar que los Estados miembros jueguen con las cifras para escapar de la necesaria transición hacia las prácticas agroecológicas. El sistema de cálculo para medir los avances es defectuoso y necesita importantes mejoras».
Martin Dermine añadió: «Para complacer a los Estados miembros amigos de los plaguicidas, la Comisión ha incluido en el último minuto un concepto de «intensidad» que permitiría a algunos Estados miembros con regiones de agricultura intensiva mantener su actividad como siempre, dejando el medio ambiente desprotegido».
El proyecto de reglamento de la Comisión establece algunas normas claras para reducir el uso de plaguicidas, imponiendo a los agricultores el «Manejo Integrado de Plagas» (MIP), al tiempo que prohíbe los plaguicidas en las ciudades y en las zonas «sensibles». Además, como cambio de última hora, la Comisión propone modificar el reglamento sobre los planes estratégicos de la Política Agrícola Común (PAC), permitiendo a los Estados miembros ofrecer a los agricultores financiación de la PAC para aplicar el MIP.
Henriette Christensen, asesora política principal de PAN Europa, dijo: «Es totalmente inaceptable utilizar la financiación de la PAC para apoyar la aplicación del MIP: El MIP es obligatorio desde 2014. Esta propuesta está retrasando una década la aplicación del MIP. Por el contrario, la no aplicación de la ley sobre el MIP y las normas sobre plaguicidas debería conducir al reembolso de las subvenciones de la PAC por parte de los agricultores».
Natalija Svrtan, responsable de la campaña «Ciudades sin plaguicidas» de PAN Europa, añadió que «países como Francia o Bélgica han prohibido hace tiempo el uso de plaguicidas en espacios públicos. El hecho de que la Comisión quiera hacerlo obligatorio en toda la UE es muy positivo».
Natalija Svrtan añadió: «PAN Europa apoya firmemente la propuesta de prohibir los plaguicidas en las zonas naturales protegidas: de hecho, no tiene sentido financiar medidas de restauración de la naturaleza, por un lado, y permitir la destrucción de la biodiversidad con plaguicidas por otro».
Martin Dermine para concluir: «Recientemente, 1,2 millones de ciudadanos de la UE apoyaron una Iniciativa Ciudadana Europea para una UE libre de plaguicidas para 2035. La propuesta de la Comisión debe ser mejorada, ¡si queremos marcar la diferencia! La reducción de plaguicidas debe ser una realidad en toda la UE».
PAN Europa considera que una reducción del 50% de los plaguicidas no es, desde una perspectiva agronómica, un objetivo ambicioso: los conocimientos científicos y empíricos demuestran que los agricultores convencionales pueden alcanzar este objetivo a través de pequeños cambios en las prácticas, sin reducciones de rendimiento. PAN Europa aboga por una verdadera transición hacia la agroecología, con una reducción del 80% de los plaguicidas hasta 2030 y del 100% hasta 2035, como objetivo realista. Esto beneficiaría la sostenibilidad a largo plazo de los agricultores, la recuperación de la biodiversidad y la protección de la salud de los ciudadanos.
