El extremismo es resultado de la hipertrofia de la irracionalidad y esta hipertrofia se da cuando se está objetiva y emocionalmente inmerso y dominado por intereses materiales, que podrían ser en sí legítimos, sino trajeran consigo miseria y la injusticia a la mayor parte del país.
Ignacio Ellacuría
Luis Andrés Sanabria Zaniboni
Seguimos dando el prudente tiempo al gobierno que recién empieza, para que pueda amueblar la casa presidencial, preparar la documentación y proyectos de ley. Es así que como comentamos en el artículo anterior, podemos seguir reflexionando sobre nuestro contexto. Por esta razón nos preguntamos ¿Cuáles sociedades se encuentran al margen del proyecto dominante?
Empecemos por desnudar un falso principio, que la concentración de riqueza ordena nuestras sociedades, que premia el “esfuerzo”, es decir genera las legitimidades y relaciones que reconocen el “esfuerzo”. En cambio, lo que dicha concentración si evidencia son las formas y modos que reproducen la dominación y explotación en nuestras sociedades, pero también impiden el surgimiento o reproducción de otras lógicas que atenten ese monopolio del discurso del “esfuerzo”.
Una supuesta “meritocracia” que premia al más vivo, en detrimento de las personas que se quedan “dormidas”, es decir aquel que sabe cómo se mueven las cosas, a quien llamar o a quien citar, dista mucho de ese esfuerzo que representa el trabajo de tantas personas, que a partir de su fuerza mueven un país.
¿Por qué falso principio? Porque la concentración de riqueza, lejos de demostrar la idoneidad de algo, es precisamente la consecuencia de muchas acciones que van desde la privación de algo hasta el despojo violento de comunidades y de nuestros bienes comunes (naturales, sociales, culturales).
Este marco nos permite identificar que proyectos de sociedad se privilegia sobre otros, es decir leyes, políticas, discursos y prácticas. En esta ocasión, no nos preocuparemos por aquellos que se imponen, sino a pensar sobre esas sociedades que desaparecen.
Siguiendo esto, podemos mirar nuestras comunidades campesinas que han sido devoradas por la expansión de monocultivos para la exportación en beneficio de la agroindustria y los mercados financieros. Esta voluntad de los sectores dominantes por la supuesta “tecnificación”, genera no sólo la destrucción del mundo rural y la migración a la ciudad, sino que la mezcla de ambos vulnera nuestra naturaleza, ya que el abandono de la tierra representa la desprotección del bosque y de los ciclos de la vida.
Esto nos lleva a repensar el conflicto que viven los pueblos indígenas ante su voluntad de permanecer en sus territorios, lo cual ha reflejado el extremo al que llega el despojo, ya que por un lado la indiferencia refleja la grave reducción de los pueblos indígenas a meros portadores del “folklore”, es decir sus formas y modos de ser en el mundo, no son reconocidas ni legitimadas.
Por esto la galopante impunidad ante los actos de violencia que procuran aterrorizar y desmovilizar a las personas indígenas en sus territorios. Sin la intensión de escarbar mucho detalle, podemos remontar la agudización de estos actos desde el 2012 al presente.
La anulación de los derechos colectivos, es una muestra más de este cercamiento de la “ciudadanía”, es decir de esas sociedades que habitan los territorios y espacios públicos, erosión y reducción constante de los “servicios públicos” (salud, educación, cultura entre otros) , muestra el camino de la reconfiguración de la ciudadanía “real”, en donde el poder económico, es decir la propiedad, poder adquisitivo y la concentración de riqueza determina el grado de libertad y capacidad de autorrealización posible de los individuos y los sujetos colectivos.
Sumado a esto, la ofensiva por la revisión de todo lo que se pueda denominar “ideología de género” muestra una vez más el cercamiento que sufre la diversidad sexual y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es decir una sociedad que estratifica los roles de género, privilegiando una supuesta “tradición” moral y un falso determinismo biológico, que esconde las relaciones de desigualdad que es fruto del poder de la dominación-esclavitud que enajena la voluntad de muchos a pocos.
Este es un vistazo hacia esas sociedades negadas, a cómo esas violencias estructurales se configuran para impedir su realización, establecen no sólo relaciones, sino también mecanismos para negar su existencia, desde la institucionalización se garantiza su invisibilidad. Tal vez, la muestra más clara de este proceso, es la ya mencionada oleada contra la “ideología de género”, que nos evidencia este proceso de negación en clave de retroceso.
¿Cómo llegamos a esto? Son muchas las trenzas de dominación que han estructurado nuestras sociedades, en ocasiones identificamos al capitalismo, patriarcado y el colonialismo, que se manifiestan desde la xenofobia, el racismo, machismo y otros más que tal vez han escuchado en otras ocasiones. Sin embargo, también son muchas las experiencias que han apuntalado hacia un compromiso por la liberación, desde la necesidad y la crítica han convertido su pensar-hacer en formas y modos instituyentes de otra cosa. Este será el centro de nuestra última entrega.
La United Fruit Company firmó contratos con el Estado que luego de ser aprobados por el Congreso o la Asamblea Legislativa se convertían en ley. Fueron los llamados contrato-ley. Evidentemente esos contratos daban privilegios más allá de lo establecido en el ordenamiento jurídico y sobre todo no podían ser revisados o corregidos si no era por una nueva ley, un nuevo acuerdo legislativo.
En ese mimo sentido se firmó el contrato con ALCOA en 1970 que al aprobarse el 24 de diciembre se convirtió el contrato en ley de la República.
Esos convenios y otros se forjaron con el objetivo de desarrollar zonas alejadas del Centro, abandonadas por los gobiernos, pobres y sin esperanza. Para el desarrollo de esos lugares se crearon las zonas bananeras en la década del 30 en el Atlántico y luego en el Sur del país. La misma justificación se utilizó para “llevar progreso” al Valle de El General con ALCOA.
Casi un siglo después y luego de llenar de privilegios a esas compañías que llevarían el progreso y la bonanza a esos lugares, los cantones y distritos más pobres de CR se ubican en las zonas costeras y las fronterizas.
Después de ALCOA se prohibieron los contratos-ley por considerarlos demasiado onerosos, que antentaban incluso contra la soberanía nacional. Su prohibición, para mayor fortaleza, se asentó en la Constitución Política.
Costa Rica ya no puede tener contratos-ley.
Sin embargo, ahora han ideado un nuevo mecanismo que se asemeja mucho ya que por el contenido se asemejan a los contratos ley.
La Asamblea Legislativa se dispone a aprobar una ley donde se encuentren todos los privilegios posibles para otorgar a las empresas sin que se mencionen o concreten los nombres del contratante. Es más sencillo, pero el propósito es el mismo, ya que no se podrán corregir o cambiar los términos de fondo del contrato con una determinada empresa a menos que se reforme la ley.
Está por aprobarse hoy un proyecto de ley cuyo fin es “llevar el Progreso” a las zonas de los litorales, rurales y fronterizas más pobres y atrasadas. La forma o mecanismo es la creación de más zonas francas pero no solo con los mismos privilegios de las actuales, sino aumentándolas considerablemente.
Según ha informado la prensa, básicamente CRHoy, el proyecto de ley persigue ampliar los beneficios del régimen de zonas francas mediante la creación de tres nuevas categorías: sector de servicios de salud humana, insumos (incluidos agrícolas, pecuarios y pesqueros), y parques sostenibles de aventura. Se les dan beneficios tales no pagar totalmente algunas cargas sociales como las de FODESAF, INA y otras, así como las acostumbradas exenciones fiscales (no pagar impuestos de renta, municipales y otros). Además, la Aresep deberá dar tarifas preferenciales en electricidad y agua.
A las empresas interesadas en instalarse fuera de la GAM se les otorgaría facilidad de trámites y exenciones fiscales, con el propósito de estimular el desarrollo de sectores productivos como la agroindustria, industria alimentaria, manufactura liviana, infraestructura turística y servicios.
Por propuesta de los diputados Villalta, Carranza y Paola Vega, se logró aminorar algunos de estos privilegios como reducir la exención del pago a Fodesaf o que las que se acojan al régimen, sean solo empresas nuevas para impedir una romería empresarial hacia las zonas francas.
Debe quedar claro que lo que aprobarán los diputados es un régimen de privilegio con el fin, supuestamente, de mitigar la pobreza en zonas rurales y costeras. Es un privilegio que todos los costarricenses damos a las empresas a cambio, también supuestamente, de más empleo y reducción de la pobreza. Pero privilegios al fin y al cabo que todos pagaremos.
Lo único que esperamos es que no nos pase lo mismo que con las zonas bananeras, con estos nuevos y modernos contratos-ley: que al cabo de varias décadas solo tengamos más desamparo y abandono.
El 29 de noviembre del 2021, en el canal de Youtube Mojojoy Bioproductos se publicó el video “La crisis de los contenedores y la crisis de la agricultura convencional», el cual contó con la participación de Oscar y Álvaro Rivas Monge como conductores de la conversación.
En este tercer episodio se conversó acerca de la amenaza que significa la crisis del comercio marítimo para la agricultura convencional, y cómo es a su vez, una gran oportunidad para el campesinado para independizarse de la agroindustria.
Luis Andrés Sanabria Zaniboni Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra
De agua somos. Del agua brotó la vida. Los ríos son la sangre que nutre la tierra, y están hechas de agua las células que nos piensan, las lágrimas que nos lloran y la memoria que nos recuerda. Eduardo Galeano
El agua que viaja por nuestros ríos llega a representar menos del 1% del agua total de nuestro planeta, sin embargo, alberga el 10% de todas las especies conocidas. Con este punto de partida queremos invitarles a repensar la importancia que tienen nuestros ríos no solamente como su valor económico, sino también como sustento de la vida en nuestros territorios. ¿Qué tensiones atraviesan estos territorios anfibios?
Partamos de un lugar común, los ríos son hogar y responsables del sostenimiento de una gran parte de la biodiversidad de nuestro planeta (bacterias, hongos, vegetales, especies vertebradas e invertebradas), y es la fuente de agua dulce y alimentos para un sinnúmero de comunidades.
Sin embargo, durante el último siglo hemos asistido a un cambio apresurado que agota la vida del agua, podemos percibirla a través de la pérdida acelerada de la biodiversidad de nuestra naturaleza, pero también en situaciones más cotidianas como podría ser la cantidad, calidad y tiempo de los suministros de agua, la estacionalidad e intensidad de las lluvias, las temperaturas más altas o los cambios en la recarga de las aguas subterráneas, entre otros.
Todas estas situaciones podrían resumirse “ingenuamente” al cambio climático, pero no podemos perder de vista que están siendo provocados por las actividades humanas.
Estas actividades caracterizadas por su intensidad y extensión amenazan diariamente nuestros ríos, podemos desarrollar una breve lista que nos puede parecer muy familiar: la deforestación, la minería no metálica (arena y piedra), la sobreexplotación de pesca, el desvío del cauce para riego de la agroindustria, la contaminación por aguas residuales (origen industrial, agroindustria, comercial, doméstico) o los trastornos que significan las hidroeléctricas. Todas estas actividades alteran la vida de los ríos y de las comunidades que comparten su destino.
Esta crisis que atraviesa nuestros ríos tiene múltiples afectaciones muy visibles tales como la muerte de especies, la disminución del caudal, el corte y estancamiento de las aguas que perjudican e impiden los procesos naturales dependientes de la fluidez del río (por ejemplo, la reproducción o migración de especies). Todo esto tiene como consecuencia la muerte del río y el desplazamiento de las comunidades al volver inviable cualquier proyecto de vida.
Esto evidencia como las presiones de las actividades económicas lideradas por las grandes industrias han llevado a importantes esquemas de sobreexplotación, un indicador lo podemos tener en el incremento de las concesiones que evidencia la intensidad del cercamiento que enfrentan nuestros ríos. Los discursos de reactivación económica o de la transición energética verde, ocultan las graves consecuencias sobre las afectaciones que erosionan la vida del río y su entorno. A esto debemos sumar que estás mismas actividades no sólo explotan el “recurso”, sino también son las principales responsables de su contaminación.
Un ejemplo trágico de lo anterior, son los ríos que atraviesan nuestras ciudades, conforme se expande el desigual desarrollo urbano es más evidente su escenario de agotamiento y contaminación. Representan el testimonio más claro cuando se ha priorizado “el beneficio” de unos cuantos sobre el sustento de la vida.
Todo esto que les hemos expuesto responde a un modelo político-económico que está llevando a los límites la capacidad de reproducción de la vida, según el informe Cambio Climático y Agua (2019) del Fondo Mundial para la Naturaleza el escenario es alarmante, ya que nos señala que solamente un tercio de los grandes ríos del planeta fluye libremente (no tienen presas ni han sido alterados por actividades humanas), pero también desde el siglo pasado han disminuido los humedades en un 70%. Esta tendencia no parece cambiar, la voracidad de unos pocos nos lleva a asistir al agotamiento de los últimos espacios naturales donde se reproduce nuestra vida.
El día 16 de mayo del 2021 la secretaria general adjunta de FENTRAGH, Dania Obando Castillo, sostuvo una reunión con trabajadores de la empresa Palma Tica SA, del sector de Puerto Jiménez de Golfito. La difícil situación que enfrentan los trabajadores por una serie de acciones por parte de la empresa, obligan nuestra organización afiliada el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines (SITRAPA), a desarrollar acciones dirigidas a la defensa del empleo, la libertad sindical, la convención colectiva de trabajo y la precarización de las condiciones de trabajo por medio de la tercerización (subcontratación).
Maikol Hernández nos comparte que la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines, Fentragh CR, ha creado su página en Facebook e iniciarán con un nuevo proyecto social.
En la página se puede leer la siguiente información:
“Bienvenidos a la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hoteleria y Afines (#FENTRAGH).
Nacimos con la intención de llenar un vacío sindical que existe en Costa Rica: la baja tasa de trabajadores/as sindicalizados en el sector privado; por ello, el fortalecimiento de FENTRAGH es indispensable y urgente para el #movimiento#sindical nacional.
Es apremiante organizar sindicatos y formar líderes en el sector privado.
Una federación plural en lo #político, fuerte en lo #social que tiene como fin la #defensa y #protección de los #derechos laborales y el mejoramiento y bienestar de los trabajadores y trabajadoras inicialmente en el sector de la agroindustria y posteriormente ampliado al gastronómico y hotelero. Ejercemos influencia en las grandes decisiones políticas, económicas y sociales del país, sin descuidar los requerimientos y necesidades de las organizaciones afiliadas.
Nuestros sindicatos afiliados son #fuertes, bien organizados, con #dirigentes comprometidos con nuestra misión compartida, expandiendo así proyectos de renovación, expansión y sobre todo recuperación de la imagen sindical.
La #equidad de #género es un eje común para esta federación, queremos una federación que promueva la participación femenina en la dirigencia y con enfoque de género.
#Actualmente nos encontramos innovando e impulsando nuevos proyectos en beneficio de las personas trabajadoras empleadas y desempleadas, desarrollamos nuevas herramientas que involucran la transformación digital en el mundo sindical, procurando una participación inclusiva y activa de todas las personas beneficiarias. Estamos trabajando en la gestión de alianzas #multisectoriales, apostando por un modelo desarrollo sostenible y acción sindical en sinergia y solidaridad”.
Datos satelitales detectaron cultivos de piña en 1659 hectáreas de cuatro áreas protegidas del país. El gobierno otorgó permisos en solo dos de ellas y lo hizo únicamente para 358,5 hectáreas.
Algunos expertos piden que, para atacar este problema de invasión, los refugios de vida silvestre afectados sean elevados a parques nacionales, una categoría de protección estricta.
María Fernanda Chaves creció con el sol punzante de la zona norte de Costa Rica, las noches calurosas y el olor a agroquímicos. En la escuela, en la iglesia y hasta en los restaurantes, la sombra de la agroindustria siempre estuvo presente.
La joven de 21 años es oriunda de un pueblo llamado Veracruz de Pital, ubicado en el cantón norteño de San Carlos. Por cualquier entrada al pueblo, una plantación de piña recibe a los visitantes. Aunque no siempre fue así, cuando era niña solía escuchar el rugido de los monos congo (Alouatta palliata) desde su hogar, así como el aullido de los coyotes (Canis latrans) en la distancia. Pero, con el tiempo, estos sonidos se fueron apagando.
En los últimos 20 años, el cultivo comenzó a cambiar el paisaje de la zona, a tal punto que, a unos kilómetros de su hogar de infancia, la piña incluso “ingresó” dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque, un importante santuario de humedales.
Algunas plantaciones ingresaron a las áreas protegidas con licencia del Ministerio de Ambiente pues no son zonas de conservación estricta sino que permiten actividades sostenibles dentro de ellas. Sin embargo, la mayoría del área identificada satelitalmente no cuenta con registro de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el ente encargado de otorgar permisos de construcción y siembra.
Piña intrusa
De las 1659 hectáreas de piña identificadas en áreas protegidas en 2018 —el dato más reciente—, laSetenasoloteníaconocimientode358,5hectáreasensusregistros. Es decir, el 74 % de la piña dentro de áreas protegidas no estaría avalada por la institución.
Esto no necesariamente significa que sea piña ilegal, pero sí significaqueesasplantacionesnopasaronporunaevaluacióndeimpactoambiental, según indicó la secretaria de Setena, Cynthia Barzuna. “Hay muchos proyectos de siembra de piña que han venido operando incluso antes de la existencia de la Ley Orgánica del Ambiente (1995), de manera que para su operación no requerían de la viabilidad ambiental”, dijo Barzuna.
En naranja se observan los cultivos de piña en Costa Rica. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Lo cierto es que los humedales que hoy están bajo presión agrícola tienen un importante valor ecológico, ya que son únicos en el país y forman un corredor biológico para especies migratorias, según indicó Lenin Corrales, biólogo e investigador del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie).
“Una cosa es que destruyas un humedal y tengas copia de ese humedal en otras partes del país [es decir, otros ecosistemas con características similares]. Pero otra cosa es destruir un humedal que solo existe ahí. Esa es su importancia”, dice el científico experto en cambio de uso del suelo.
La piña ciertamente contribuyó a la degradación del ecosistema, explica Corrales. Este cultivo se disparó en Costa Rica durante los últimos 20 años, tanto que actualmente dos de cada tres piñas vendidas internacionalmente provienen de este país centroamericano. Pero la piña no llegó sola, en comunidades como Veracruz, donde creció María Fernanda Chaves, los días se hicieron más calientes, los coyotes se callaron y el aire comenzó a oler a agroquímicos.
Las imágenes satelitales revelan que el cultivo de esta fruta, para 2018, ya había entrado en cuatro áreas protegidas de Costa Rica. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de la mayoría de esas plantaciones. Al comparar la información de los satélites con los registros de Setena, hay 1300 hectáreas “perdidas”. De ellas no hay expedientes abiertos.
Pese a que los satélites detectaron presencia de piña en cuatro áreas protegidas, el Ministerio de Ambiente no tiene registros de ninguna plantación de piña en las reservas de Barra del Colorado y Caño Negro.
Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
La información satelital se recopila con dos sensores distintos: Landsat de la NASA y Sentinel de la Agencia Espacial Europea. El equipo técnico del Moccup revisa los datos, hace un mapeo anual y luego los publica para su uso libre. Las imágenes más recientes son de 2019, y en ellas se puede apreciar el cultivo de piña dentro de las cuatro áreas protegidas, los científicos aún están en proceso de calcular la cantidad de hectáreas que representan.
Al comparar estos datos con los registros públicos de Setena solo se encontraron tres permisos: los dos primeros dentro del refugio Maquenque, uno aprobado por 146 hectáreas (2014) y otro que figura “bajo análisis”, el tercero de 202 hectáreas está dentro del Corredor Fronterizo (2015).
Las empresas dueñas de estas plantaciones son Oscar Álvarez Rojas, Productos Agropecuarios Visa S.A. y Trinaca de Alajuela S.A., respectivamente. Según pudo constatar Mongabay Latam, las tres recibieron un permiso de viabilidad ambiental para operar dentro de las áreas protegidas. Sin embargo, las otras 1300 hectáreas no pasaron por este proceso y, por lo tanto, no cuentan con un permiso.
Cuando este medio le consultó a Setena por los propietarios de esas 1300 hectáreas plantadas con piña, la entidad se limitó a indicar que algunas podrían no ser necesariamente ilegales, sino que probablemente existen desde antes de la creación de la institución (1996).
No obstante, las imágenes satelitales del 2015 muestran un área reducida de piña dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo y en el refugio Caño Negro ni siquiera había plantaciones dentro de sus límites. El biólogo Lenin Corrales aseguró que esto habla del abandono de Costa Rica a los ecosistemas de manglares, ya que las autoridades de gobierno tienen poco control sobre lo que sucede en las zonas rurales.
Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).Piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en 2015. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Pese a que los ecosistemas de humedal están bajo presión y tienen un importante valor biológico, Caño Negro, Barra del Colorado, Corredor Fronterizo y Maquenque son solo “refugios de vida silvestre”, una categoría de manejo menos estricta que los parques nacionales.
En este tipo de áreas, los dueños de fincas privadas pueden solicitar permisos para “explotación de los recursos naturales” pero con criterios de “estricta sostenibilidad”, según la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Hasta hace poco, estos permisos se otorgaban a cualquier cultivo pero, a mediados de 2020, el Ministerio de Ambiente emitió una directriz que ordenó detener los permisos a monocultivos dentro de áreas silvestres protegidas.
Presiones al ecosistema
En noviembre del 2016, el huracán Otto tocó tierra en la zona norte de Costa Rica. El pueblo fronterizo de Los Chiles parecía ser uno de los más vulnerables, pero —por el contrario— los daños al final fueron leves. A sus alrededores, el humedal del refugio Caño Negro estaba hinchado de agua.
Este ecosistema terrestre-acuático es crucial para resistir los impactos del cambio climático, explica el biólogo Lenin Corrales del Catie. “Los humedales son como esponjas: absorben el agua y la liberan lentamente”, dice, e indica que la expansión piñera no solo amenaza a los humedales, sino también a las comunidades cercanas.
Una plantación de monocultivo de piña cerca del Refugio Caño Negro en 2017, con caminos para el paso de maquinaria. Fotografía: Lenin Corrales.
Una plantación de piña requiere del dragado del suelo, comenta el científico. “Donde ves piña es porque antes se secó el humedal y se hicieron canales”.
El drenaje de humedales ha tenido otro efecto inesperado: el incremento de incendios forestales en la zona. Por ejemplo, un informe del Catie encontró un aumento en las hectáreas quemadas en el humedal Caño Negro entre 2007 y 2016.
El suelo alberga una capa de metano y material orgánico bajo tierra, el cual es altamente inflamable. Al drenar este ecosistema, las llamas tocan el gas, el suelo comienza a explotar y se dificulta la entrada de los bomberos forestales.
Pero la siembra de piña trajo también otras complicaciones: la contaminación de fuentes de agua cercanas a áreas protegidas con agroquímicos.
Un estudio del 2017 —elaborado por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA)— encontró pesticidas en tres de diez sitios muestreados en el Refugio Caño Negro.
Cultivos de piña alrededor y dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Para frenar estos impactos, Corrales asegura que el Estado debe comenzar a “consolidar” las áreas protegidas del norte y elevar su categoría de manejo a una protección más estricta.
“Todas esas áreas protegidas de la zona norte son refugios de vida silvestre. Convive la propiedad privada con la pública. El privado puede hacer con la finca lo que la norma le permite y así comienzan a drenar”, asegura.
En Costa Rica, la exportación de piña genera un lucrativo mercado de 1000millonesdedólarescadaaño. Pero su explosión fue reciente: en cuestión de dos décadas la actividad creció en un 700 %, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El cultivo existe en el país desde finales de la década de los setenta, pero vino a ser un producto importante para la economía costarricense hacia el año 2001. En ese año, la transnacional Del Monte introdujo una variedad llamada piña Golden o MD-2, la cual tuvo un éxito rotundo en el mercado europeo y estadounidense.
Cultivos de piña dentro del Refugio de Vida Silvestre Maquenque en 2019. Información del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Ante la actividad emergente, el Ministerio de Agricultura de Costa Rica también dio un empujón a las empresas, principalmente con asesoría técnica. Una de las recomendaciones de ese momento fue utilizar el bromacil como herbicida, un químico altamente tóxico. Hoy en día, la Universidad Nacional de Costa Rica, en su Manual de Plaguicidas de Centroamérica, cataloga a este químico con “toxicidad aguda” para humanos. Es más, desde 2017 la importación de este químico está prohibida en el país, pero sigue apareciendo esporádicamente en análisis toxicológicos de la zona norte costarricense.
Las exportaciones comenzaron a fluir hacia Estados Unidos y Europa y, de la misma forma, se fue ampliando el cultivo en el país. En 1995, apenas existían 5500 hectáreas sembradas y hoy el área ya supera las 60 mil hectáreas.
De igual forma creció su importancia económica. Actualmente, la piña es el principal cultivo de Costa Rica, generando un 5 % del PIB nacional y alrededor de 32 mil empleos directos. Con el crecimiento, no obstante, también vinieron efectos colaterales.
Comunidades en conflicto
El suelo en Veracruz de Pital parece una alfombra de pequeñas coronas verdes. Luego de un tiempo, parece “como un desierto verde”, dice María Fernanda Chaves, una activista que vivió en este pueblo durante 17 años. Según dice, aquí no es nuevo que la piña ingrese en áreas protegidas, “ya se sabe que no se respetan los límites naturales. Tampoco se respetaron los límites para proteger quebradas y ríos”, asegura.
Sin embargo, este no es un tema que se discuta frecuentemente en la región. Según dice Chaves, la piña cambió el paisaje pero también a las personas, quienes tienen temor de alzar la voz por temor a represalias por parte de las empresas.
Una plantación de piña cerca del humedal Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño Negro en 2017. Fotografía: Lenin Corrales.
A kilómetros de distancia, en el pueblo caribeño de Guácimo, la exalcaldesa de esta municipalidad, Erlinda Quesada, también comenzó a notar cierto temor entre las comunidades piñeras, quienes preferían no hablar pese a que, por ejemplo, sufrían impactos en sus fuentes de agua.
“La gente está consciente. Pero si usted dice muchas cosas y vive en un sector en donde el único empleo que hay es la piña, nunca más le vuelven a dar trabajo ni a usted ni a sus parientes”, asegura Quesada.
A pesar de esta política tácita de silencio, existen algunas denuncias. En 2013, los vecinos de Guácimo denunciaron a la piñera Tico Verde S.A. por sembrar este cultivo dentro de los límites del Área de Conservación Tortuguero. La actividad terminó contaminando con agroquímicos algunas fuentes de agua de la reserva y de comunidades aledañas. Aun así, los jueces solo le ordenaron a la piñera la remoción de las hectáreas sembradas. Quesada asegura que debido a las sanciones débiles y al temor por quedarse sin empleo, las denuncias al final son escasas.
En Veracruz de Pital, un grupo de vecinos trató de denunciar la destrucción de una naciente de agua como consecuencia de la actividad piñera entre 2011 y 2012. Sin embargo, María fernanda Chaves recuerda que la acción no prosperó, principalmente porque la gente temía represalias.
Lo cierto es que, con el paso del tiempo, las puestas del sol se hicieron diferentes en Veracruz y Guácimo. Ahora, las noches son más calientes y los coyotes ya no se escuchan durante la noche. El cultivo que enamoró a Costa Rica los silenció.
*El autor de este reportaje participó en el SpeedPitching del NoForo organizado por Factual/Distintas Latitudes, un espacio para conectar historias con medios de toda la región.
“Las empresas agroindustriales de América Latina se han caracterizado por imponer un sistema laboral que castiga a los trabajadores de las plantaciones, a los jornaleros de las distintas bananeras, piñeras, cultivos de palma africana o café”, dice a modo de introducción Gerardo Castillo, asesor de la Rel UITA y especialista en capacitación laboral.
Castillo retrata en el siguiente video las condiciones en las que las empresas transnacionales, que desembarcaron hace años en la región actúan. “Se establecen en sectores cercanos a las fronteras donde puedan encontrar mano de obra necesitada y, por ende barata”.
La Asociación de Estudiantes de Antropología Social invita al Conversatorio «Migraciones Ngöbe; recolección de café en Costa Rica, previo y durante el Covid-19» el cual será transmitido por nuestro Facebook live:
Este tiene como objetivo visualizar las problemáticas de migración, acceso a salud y desarrollo productivo, tomando como punto de partida la responsabilidad gubernamental, traer a debate a su vez el incumplimiento de los derechos humanos y exponer las vivencias que sufren las personas indígenas transfronterizas de la población ngöbe dentro del país, en su condición de temporeros para la agroindustria cafetalera, especialmente en la zona sur (la región de Coto-Brus, Los Santos, entre otros).
Participan:
Luisa Bejarano Montezuma; líder indígena ngöbe. Yorleny Bejarano Montezuma; líder indígena ngöbe. Rocío Loría Bolaños; antropóloga en salud y trabajo. Pablo Ortiz Rosés; médico pensionado luego de trabajar 33 años en la región de Coto Brus.
Modera:
Mauricio Álvarez, docente de Kioscos socioambientales e IDELA-UNA.
Se firma convenio colectivo en subsidiaria de Palma Tica (Grupo Numar) Dania Obando
La presencia de sindicatos en el ámbito de la agroindustria costarricense es ínfima, y para contabilizar el número de convenciones colectivas vigentes bastan los dedos de una mano. En otros países no se celebraría con tanto énfasis la firma de un convenio colectivo, pero en Costa Rica, en cambio, es como un eclipse, un fenómeno extraño que se da una vez cada tanto, cuando los astros se alinean.
Gerardo Iglesias
Maikol Hernández, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Agroindustria (Fentragh), destaca el papel protagónico de la compañera Dania Obando, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Palma (SITRAPA) y secretaria de Género de la Federación en la firma de ese convenio.
“Dania fue clave en este proceso de negociación colectiva. Su activa militancia permitió liderarlo y también mejorar sustancialmente los índices de afiliación sindical”, subraya Maikol.
Desde la Rel UITA damos fe de ello. Cuando Dania asumió la secretaría general del Sindicato, el 1 de julio del año pasado, la organización registraba 125 afiliados y hoy rondan los 300, un crecimiento logrado “a puro coraje y a pura moto”, como ella risueñamente lo define.
Para crecer sindicalmente en Costa Rica es necesario romper paradigmas, reformular estrategias y modos de llegar a la gente, tensar al máximo la empatía y la capacidad de convencimiento, teniendo en claro siempre que la embestida de la patronal será furibunda y contará con el respaldo oficioso y explícito de todo el andamiaje de un sistema concebido para repeler el avance del virus de la justicia social y el combate a la pobreza crónica originada en centurias de feudalismo en los enclaves de la agricultura intensiva al servicio del capital transnacional.
La labor de sindicalización no es tarea sencilla: ni el contexto ni las distancias que hay que recorrer ayudan. No es lo mismo hacer una campaña en una fábrica que concentra cientos de trabajadores: para afiliar en el medio rural hay que andar harto limando suelas de finca en finca.
Dania sale de su casa muy temprano o a veces por la tardecita, dependiendo del horario del encuentro. Lleva comida que ella misma cocina luego de la jornada de trabajo ̶-porque ella no es dirigente rentada-. En algunas ocasiones los tiempos no dan y entonces en el camino comprará unas galletitas y frescos.
“Cuando voy largo a una campaña de afiliación me levanto antes que el sol salga”, nos cuenta Dania.
“En otras ocasiones parto al caer la tarde para reunirme con los trabajadores cuando salen de sus labores. Hago un arroz con pollo o lo que tenga a mano. Cargo mis ollas, o sino compro siempre alguna cosa para compartir. La gente sale con hambre del trabajo. Si algún compañero de la junta no puede acompañarme, me llevo a uno de mis hijos. Como las áreas son bastante retiradas hay un compañero que me presta la moto. Yo saco permiso, a veces hasta sin goce salarial, y allá vamos. Mientras la gente se alimenta, yo voy hablando de la importancia de afiliarse al sindicato”.
“-¿Sabes algo?-“ inquiere Dania. “Esta situación me ha ayudado a crecer mucho, porque no es fácil la vida en el campo. Hay mujeres que se acercan a uno y le cuentan unas historias que uno dice: yo pensé que me había tocado duro la vida. ¡Qué va…!”
Dania ahora tiene una moto que le entregó la federación y la afiliación al sindicato no deja de crecer.
De andar tantos caminos y enfrentar tantas maldades, ella ha aprendido los conjuros para exorcizar y ahuyentar las oscuras fuerzas antisindicales que habitan fuertemente arraigadas en individuos e instituciones e instituciones a lo largo y ancho de su Costa Rica natal.
