El diagnóstico comunitario sobre territorios y poblaciones vulnerabilizadas en el marco de la pandemia, es una iniciativa del Decanato de Ciencias Sociales, la Escuela de Ciencias Políticas, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, el Programa Kioscos Socioambientales y la Regional Chorotega del Instituto Nacional de Aprendizaje.
Comunidades cercadas por monocultivos señalan abandono y vulnerabilidad en contexto de pandemia
Costa Rica es reconocida internacionalmente por su imagen de país verde e iniciativas en temas de cambio climático y de protección del medio ambiente, incluso en 2019 obtuvo el galardón “Campeones de la Tierra” entregado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, muchos territorios y poblaciones viven diariamente fuertes afectaciones ambientales, sanitarias, laborales y comunitarias, vinculadas con los monocultivos, principalmente de piña, banano, caña de azúcar y palma africana.
Las empresas transnacionales del sector agroindustrial con una especie de empatía estatal, se han dedicado a contaminar mantos acuíferos, ríos, tierras, el aire, al tiempo que generan vínculos laborales violatorios de derechos, según han señalado durante años sectores ecologistas, comunitarios y académicos.
El Diagnóstico comunitario del COVID-19 en territorios y poblaciones vulnerabilizadas, impulsado por proyectos de Acción social de la UCR y el INA Región Chorotega, profundiza en la forma en la que estos conflictos históricos se manifiestan durante el contexto de la pandemia, “los problemas con las piñeras se han dado desde siempre. Están destruyendo el paisaje”– enfatiza Marta Mejía vecina de Medio Queso de Los Chiles, en la Zona Norte, reforzando que la transformación de los territorios y de las formas de vida, vienen sucediendo hace más de tres décadas con el impulso de este modelo de producción.
La contratación de mano de obra barata y deficientes regulaciones ambientales así como el seguimiento de las instituciones pertinentes en torno al uso de la tierra y de agroquímicos, hacen de Costa Rica un escenario atractivo para los monocultivos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estableció que el país es el número uno en el uso de estas sustancias por hectárea (FAO, 2020), es decir, Costa Rica es el país más fumigado con agrotóxicos en el mundo. Esta falta de regulaciones pero sobre todo la bondad gubernamental hacia el sector privado, no sólo pone en cuestionamiento el ideal de “país verde”, sino que además afecta a las personas trabajadoras, ya que los controles sobre el cumplimiento de derechos laborales y medidas sanitarias es ineficiente.
La pandemia no solo ha incrementado la vulnerabilidad en términos de salud para las personas trabajadoras de este sector, también ha tenido un importante impacto económico para estas comunidades empobrecidas cuya economía está supeditada a la agroindustria y sus cadenas de valor.
Mayor vulnerabilidad durante la pandemia
En tiempos de pandemia, las problemáticas se acrecientan, y el hecho de no tener condiciones laborales propicias, se suma al incumplimiento por parte de las empresas al acatamiento de las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud. Según Evelia Pineda vecina de Los Chiles, “a las personas trabajadoras no se les provee con tapabocas, y no hay utensilios de limpieza e higiene en las plantaciones”, señala con preocupación.
La pandemia no solo ha incrementado la vulnerabilidad en términos de salud para las personas trabajadoras de este sector, también ha tenido un importante impacto económico para las familias, “he escuchado de problemas de pago a las personas trabajadores bajo la excusa de la pandemia”- señala Vicenta, vecina de Upala. Estos dos factores unidos resultan en una fórmula que condensa la desigualdad territorial de las regiones que históricamente han presentado mayores índices de empobrecimiento.
Algunas organizaciones comunitarias, han intentado ser vigilantes de estas empresas, no obstante, como señala Erlinda Quesada de la comunidad de Guácimo, “las empresas dicen que cumplen con los protocolos pero cuando se ha llegado a verificar si eso es verdad, el acceso no es permitido”, mientras continúan otras irregularidades usuales por parte de esas transnacionales, “las empresas esconden a los trabajadores porque no cumplen con las medidas sanitarias”, cuenta René Álvarez recuperador de tierra en Medio Queso, Los Chiles, situación que se presenta de forma similar en Upala, según indica Francisca Wilson “en los cultivos de naranja lo que hicieron fue regresar a las personas enfermas y no reportar los casos. La empresa no la cerraron.”
Según los datos recopilados por el proceso diagnóstico, muchas comunidades identifican una desatención por parte de las instituciones frente a la garantía de condiciones dignas y salubres de trabajo y de vida en general. Sobre esto, se señala que no se han vuelto a ver funcionarios públicos haciendo inspecciones, lo cual agrava las situaciones de irregularidad. En lo cotidiano, la falta de controles provocan que muchas personas trabajen en condiciones deficientes y estén expuestas, por ejemplo, a problemas respiratorios, lo cual puede convertirse en un agravante si se contagian de Covid-19. Sin embargo, no son solo los controles sobre la aplicación de las medidas específicas frente a la pandemia, también se hace hincapié en las afectaciones a la salud que estaban presentes antes de este contexto, relacionadas principalmente con el uso de agrotóxicos y limitación del acceso al agua para muchas comunidades.
Múltiples dimensiones de la problemática
En las plantaciones de monocultivos la mayoría de las personas trabajadoras son migrantes, indocumentadas que dependen del trabajo día a día para solventar mínimamente las necesidades básicas de sus familias, aunque el pago recibido no alcanza para una vida digna, así se trabaje de sol a sol.
Por otro lado, para las mujeres, el contexto pandémico ha profundizado las desigualdades y las violencias, pues les han tocado asumir dobles y triples jornadas laborales dentro del hogar, “al principio fue difícil, porque la mujer está acostumbrada hacer todo en la casa, y ahora tiene que también ver a los niños y a su compañero en casa, el cual no hace nada, es terrible”, cuenta Yamileth vecina de Upala, ama de casa y agricultora. Aunque también, se reconoce que las mujeres han sido resilientes, generando nuevas formas de intercambio y producción, más solidaridad y menos lucro.
Sin lugar a dudas, el panorama que nos arroja el diagnóstico nos desafía como sociedad y como universidad, a seguir construyendo alternativas para la transformación.
El proyecto, seleccionado por el Micitt, pretende transformar un residuo contaminante de la agroindustria aceitera, como lo es el pinzote de palma, en biocarbón
La fibra de pinzote de palma aceitera es un residuo que, por su elevado volumen de producción, representa un contaminante importante en el país. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Un grupo de científicos liderados por la Dra. Cristina Chinchilla Soto, directora del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, generarán el conocimiento para convertir el pinzote de palma aceitera en biocarbón, un material de alto valor y amigable con el ambiente.
En Costa Rica la producción de palma aceitera se desarrolla principalmente en la región Brunca y es una actividad que plantea un gran reto de manejo de residuos agroindustriales. Según datos del año 2012, por cada 100 toneladas de producto de palma, se generan 22 toneladas de fibra de pinzote. Esto equivale a 245 000 toneladas al año, que es el peso aproximado de unos 7500 contenedores llenos.
Ante esta problemática, los científicos presentaron un proyecto de investigación que permitiría aportar una solución viable para el manejo de este residuo, que sea rentable y además beneficie al medio ambiente, favoreciendo una economía circular.
El proyecto denominado “BIOECODES: El BIOcarbón como estrategia de ECOnomía circular: valorización de residuos agroindustriales para la DEScarbonización y la protección de los recursos” logró obtener fondos del Programa de Proyectos de Investigación Aplicada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) en el tema de Economía Circular y se extenderá por dos años.
Foto: UCR
¿Qué es el biocarbón o biochar?
El biocarbón o biochar es un material carbonáceo poroso, con propiedades físico-químicas adecuadas para el almacenamiento seguro y a largo plazo de carbón en el ambiente (cuando se incorpora al suelo). Se produce mediante un tratamiento térmico de biomasa denominado pirólisis que se realiza en ausencia de oxígeno a 600 °C como mínimo.
Sus características dependen tanto del material utilizado como materia prima como de las condiciones de pirólisis, señaló el Dr. Juan Salvador Chin, investigador del CICA-UCR quien en los últimos años ha estudiado su elaboración a partir de rastrojo de piña y otros residuos, así como el efecto de su adición al suelo. Foto tomada de: https://horti-generation.com/
Biocarbón y su efecto en los cultivos
El biocarbón se ha asociado a propiedades benéficas en el suelo en cuanto a fertilidad, estructura del suelo y retención de nutrientes como enmienda. Además, al aplicarlo en los terrenos de uso agrícola se aumenta el contenido de carbono de los suelos y se favorece la descarbonización de la actividad económica, según detalló la Dra. Cristina Chinchilla Soto, investigadora principal del proyecto y directora del CICA.
Con esta investigación se evaluarán los beneficios de aplicar el biocarbón específicamente en los suelos de cultivos de importancia para la zona sur como el maíz y el frijol, y en plántulas de palma aceitera. “Una de las principales preguntas que más nos interesa responder es cuál es el efecto del biocarbón sobre el rendimiento de estos cultivos, si va a funcionar en los suelos de la zona sur”, acotó la investigadora.
También se determinará su efecto sobre la retención de nitrógeno, agua y plaguicidas, en mezcla con dos tipos de suelo (arenoso y arcilloso), tanto en los laboratorios del CICA, en invernaderos del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) como en fincas ubicadas en Pejibaye de Pérez Zeledón.
La Dra. Chinchilla Soto, quien tiene amplia experiencia en proyectos que buscan la mejora en la productividad y eco-competitividad de los cultivos, señala que además es importante aprender cómo aplicar el biocarbón (que es un polvo muy fino) en las fincas, entender cómo se puede comportar, qué beneficios puede traer en estos cultivos y cómo puede llegar a integrarse dentro del sistema de producción.
Hacia una economía circular
Actualmente, las empresas productoras de aceite de palma compostan una parte de sus residuos de pinzote para usarlos como abono, también como restaurador de suelo o simplemente lo acumulan en grandes pilas mientras se descompone.
Esta investigación busca ofrecerles una estrategia viable para reducir y aprovechar esos residuos en un proceso que utiliza los recursos de forma eficiente, favoreciendo una economía circular. Para ello, se determinarán las condiciones óptimas para la producción del biocarbón utilizando hornos de estañón de bajo costo y se analizará la factibilidad económica de procesar dicho residuo a escala industrial.
Las expertas además analizarán los posibles efectos ambientales del uso del biocarbón elaborado a partir de pinzote, tales como el impacto sobre población microbiana, la ecotoxicidad (impacto en organismos vivos del suelo), la producción de lixiviados y la estimación de emisión de gases efecto invernadero, comparando el balance de emisiones de CO2 de la producción de biocarbón versus el manejo actual del residuo agroindustrial.
La producción de biocarbón ofrece otros beneficios ya que no solo permite secuestrar cantidades significativas de carbono a largo plazo en el suelo, sino que además puede aumentar la eficiencia en el uso del agua y de los nutrientes, regular el pH, retener plaguicidas y mejorar la productividad de los suelos. Por ello, se considera una de las Tecnologías de Emisión Negativas con mayor potencial para que el sector agrícola haga frente al cambio climático.
Investigación conjunta
Para la implementación de este proyecto, se ha conformado un equipo de trabajo multidisciplinario nacional e internacional, coordinado por el CICA-UCR, que incluye al TEC, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA-MAG), el Centro de Investigaciones en Ecología y Aplicaciones Forestales de la Universidad Autónoma de Barcelona (CREAF-UAB) y la Agencia Certificadora Eco-LÓGICA.
“Este proyecto de BIOECODES viene a unificar a diferentes sectores del país que estaban trabajando en biocarbón. Las alianzas estratégicas tienen mucho potencial de éxito, eso hace que sea una confluencia de saberes” señala la docente e investigadora de la Escuela de Agronomía, M. Sc. Gabriela Soto, quien previamente trabajó en el Catie realizando investigación y ensayos en campo con este material.
Finalmente, como parte del proyecto BIOECODES, se analizará la factibilidad económica y de gestión de la producción de biocarbón con talleres de productores y procesadores de residuos agroindustriales. Además, se capacitará a técnicos del sector agrícola, productores y tomadores de decisiones sobre las ventajas de la producción y uso del biocarbón.
Equipo de investigación
Cristina Chinchilla Soto. Directora, CICA-UCR.
Juan Salvador Chin Pampillo. Coordinador, Laboratorio de Aplicaciones Isotópicas y Metabolismo de Contaminantes (Laimec), CICA-UCR.
Marta Eugenia Pérez Villanueva. Investigadora, Laimec-CICA.
Maria Gabriela Soto Muñoz. Docente, Escuela Agronomía e investigadora CICA-UCR. Agencia de Certificación Eco-LÓGICA.
Karolina Villagra Mendoza. Profesora, Escuela de Ingeniería Agrícola, Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).
Laura María Brenes Alfaro. Coordinadora, Unidad de Investigación Socioambiental (ISA)- CICA.
Marco Vinicio Corrales. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA-MAG)
Xavier Domene Casadesús. Investigador, CREAF-Universidad Autónoma de Barcelona.
Katzy O`neal Coto, Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Los resultados apuntan a un primer esfuerzo en la identificación de diferencias determinadas por la genética del cacao en el diseño de tecnologías de fermentación experimental para la producción de cacao con calidad controlada.
Laura Ortiz C./CAMPUS
El cacao producido en el país se considera de altísima calidad en el mercado mundial, sin embargo, aspectos como la genética, las condiciones ambientales y la fermentación, son factores que afectan la calidad y composición bioquímica del cacao, y con ello su aroma y sabor.
Katherine Rojas Rojas, se dio a la tarea de proponer una metodología de micro fermentación diseñada e implementada como herramienta de utilidad y relevancia para la agroindustria del cacao, con ello obtuvo su licenciatura en Agricultura Alternativa.
Las levaduras, bacterias ácido lácticas y ácido acéticas involucradas en la fermentación de cacao son las responsables del consumo de los compuestos en la pulpa para desarrollar los precursores de sabor dentro del grano. Sin embargo, de acuerdo con Rojas, la fermentación es un proceso difícil de controlar por la multitud de variables involucradas, entre las cuales es determinante la genética del cultivo.
“El objetivo de esta investigación fue analizar las transformaciones bioquímicas asociadas a la calidad de diferentes grupos genéticos del cacao (Theobroma cacao L.) mediante una micro fermentación controlada. Se estableció una metodología de micro fermentación, utilizando un cultivo iniciador de H. opuntiae y Acetobacter spp. en 4 grupos genéticos, clones comerciales del CATIE e híbridos de fincas de Upala. Se analizaron glucosa, fructosa, etanol, ácido láctico y acético en pulpa; así como metilxantinas (teobromina y cafeína) y (-)-epicatequina en grano a lo largo de la fermentación” detalló Rojas.
Durante la fermentación, la pulpa que envuelve las semillas se metabolizada por microorganismos que producen cambios bioquímicos, dando origen a precursores de aroma y sabor del cacao. Entre esos cambios bioquímicos cita la investigación, destaca la oxidación de polifenoles, específicamente la disminución de la (-) epicatequina y la (+) catequina, visible a través del desarrollo de la pigmentación marrón.
Punto exacto
Estudios anteriores, confirman el efecto de la fermentación en la calidad sensorial del cacao asociada a un aumento en el contenido de péptidos, aminoácidos libres y azúcares reductores, precursores del sabor del chocolate; así como de los ácidos orgánicos responsables de las notas de sabor ácidas del cacao. Según Rojas, el monitoreo de las transformaciones bioquímicas de dichos compuestos es de gran importancia en el desarrollo de cacaos aptos para la industria chocolatera.
En los ensayos, indica Rojas, no se encontraron diferencias significativas en el contenido y comportamiento de azúcares, ácidos orgánicos y etanol en pulpa a lo largo de la fermentación, pero sí en el tiempo de fermentación. “Se observó una disminución de metilxantinas y epicatequinas debido a reacciones enzimáticas y no enzimáticas. El contenido promedio de epicatequina de fermentación resultó ser el compuesto distintivo entre los grupos genéticos del CATIE, y cafeína en los cacaos comerciales. Se concluye que la metodología empleada posee un efecto regulador en el comportamiento de metabolitos en pulpa de diferentes genéticas a lo largo de la fermentación, así como epicatequina y metilxantinas en grano”.
De acuerdo con Rojas, este método estandariza los comportamientos de las sucesiones microbiológicas reflejados en los cambios bioquímicos analizados en pulpa y en grano, en donde la temperatura, aireación y tiempo de fermentación son claves para que las transformaciones bioquímicas se den de manera óptima. Además, los resultados reflejan que las condiciones climáticas, agronómicas del cultivo y localidad, tienen un efecto importante en el comportamiento de los compuestos tales como epicatequina y teobromina en grano”.
Para Rojas, es fundamental que esta metodología se compruebe a escala in situ. Además, propone estudiar en detalle el efecto de las condiciones agroclimáticas, así como geográficas de las plantaciones de cacao en el contenido de polifenoles y metilxantinas de granos de cacao y su comportamiento durante fermentación, así como el análisis de azúcares, ácidos orgánicos y etanol tanto en pulpa como dentro del grano, para la comprobación del desarrollo de precursores de aroma y sabor durante este proceso.
Finalmente, recomienda el análisis de la acidez del grano para confirmar el grado óptimo de fermentación, ya que este es uno de los parámetros más utilizados en la industria como indicador de una buena fermentación.
***Para más información comuníquese con Katherine Rojas (8858-1960), o con la Oficina de Comunicación al 8998 2182.
La semana anterior tuvimos conocimiento de la firma del contrato de construcción de una nueva planta de procesamiento agroindustrial en la zona sur la cual promoverá el valor agregado de los productos de la región Brunca
La Planta de Tecnologías de Valor Agregado Agropecuario de esta región se desarrollará con el apoyo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), que comprará la maquinaria; del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y de la Municipalidad de Coto Brus y será administrada por el Consejo Nacional de Producción (CNP).
El proyecto, cuya inversión total es de ¢2.600 millones, estará ubicada en la localidad de Agua Buena, en Coto Brus contará con líneas de procesamiento para productos como hortalizas, frutas, granos, lácteos, raíces y tubérculos.y con bodegas, oficinas administrativas, áreas de recibo de materia prima y despacho de producto terminado, mantenimiento, laboratorios de control de calidad y de investigación y desarrollo.
Además, desde allí se brindarán servicios de desarrollo de prototipos, optimización de procesos, maquila, alquiler de equipo e instalaciones, y consulta técnica a productores de la zona.
Rogis Bermúdez, presidente del CNP, explicó que el objetivo del proyecto es incentivar la producción agroindustrial y que las asociaciones de productores puedan colocar sus bienes con un valor agregado en el país y según el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), la iniciativa tiene el objetivo de atender a los pequeños y medianos productores agropecuarios de la región Brunca, zona en la que hay 15.651 agricultores.
“La idea es no solo que se entregue el producto, sino transformarlo. Por ejemplo, piña que no se compra en supermercados hacerla deshidratada, empaquetarla al vacío y venderla, o hacer pulpa para jugos”, destacó Bermúdez.
En tanto el presidente Alvarado afirmó que. “El propósito de construir esta moderna infraestructura es poder reactivar la economía de la región a partir de la innovación y aplicación de la tecnología en la agricultura”. (CNP, Comunicados,30-6-2020)
El jerarca del CNP comentó que la idea es replicar un proceso de desarrollo de valor agregado hecho en la zona norte, en donde hay 12 asociaciones que ya venden sus productos en el mercado. Esta iniciativa está ubicada en la región Huetar Norte y tendría un costo de 3.000 millones de colones.
Los Centros regionales de Valor agregado son mega proyectos para el procesamiento agroindustrial administrados por el CNP, que al igual que los mercados regionales para el comercio regional de productos agrícolas impulsados por el PIMA(ya se encuentra funcionando el primero en la región Chorotega con un costo cercano a los 28 mil millones de colones) son grandes inversiones estatales financiadas con recursos externos que pretenden integrar a los productores locales para ampliar la oferta de productos o realizar su procesamiento a gran escala, con el equipo y las condiciones tecnológicas más modernas.
El surgimiento de estos megaproyectos de comercialización o manejo postcosecha regional no son nuevos, tienen sus antecedentes en las plantas de procesamiento de hortalizas y tubérculos de Llano verde en la Fortuna de San Carlos, en la planta de acopio y manejo postcosecha de hortalizas en la Chinchilla en Oreamuno de Cartago y en la planta de acopio y comercialización de granos básicos en Cariari de Pococí, impulsadas por el CNP en la década de los años 80.
Estas plantas de acopio y de procesamiento de productos, con una fuerte inversión estatal y que pretendían involucrar a los agricultores de las regiones, funcionaron un período relativamente corto, fueron subutilizadas buena parte del mismo y terminaron abandonadas o trasladadas a alguna organización local.
Desde décadas anteriores, se ha debatido sobre la pertinencia y efectividad de la promoción y establecimiento de estas mega plantas en las regiones en manos de las instituciones, frente a la posibilidad de impulsar y apoyar pequeñas unidades de procesamiento agroindustrial en las comunidades rurales en manos de los productores y sus organizaciones con el apoyo de los centros de investigación y transferencia de tecnología de las Universidades públicas.
La agroindustria rural concebida como una opción de procesamiento de los productos agropecuarios en una escala pequeña, que favorece la reducción de las pérdidas postcosecha y la diversificación de los productos agroindustriales, generó en las décadas de los 80 y 90 una serie de experiencias asociativas y cooperativas ligadas a la agro industrialización de hortalizas, frutas, tubérculos, especies y lácteos.
La agroindustria rural resultó ser una alternativa de generación de ingresos, empleo y capacidades en las propias comunidades, que permite generar y retener valor agregado en la producción agrícola, fortalecer los sistemas agroalimentarios locales y convertirse en un elemento dinamizador del desarrollo rural (Masís, G.,2019)
En momentos de limitaciones en las finanzas gubernamentales, es importante sopesar la validez del modelo de los megaproyectos, que requiere una inversión millonaria, crea una infraestructura difícil de utilizar, incorporan a una reducida cantidad de agricultores y productos y son manejados por las mismas instituciones, frente al impulso de unidades agroindustriales y de comercio en pequeña escala, de bajo costo, para el procesamiento de productos con identidad territorial y con la participación directa de los agricultores en su gestión.
El propio Ministro de Agricultura había manifestado en una reunión previa a asumir el cargo, con respecto a los grandes proyectos como los mercados regionales, que estos proyectos estaban poco ligados a las necesidades de los agricultores y que había que promover pequeños proyectos de mayor impacto en las comunidades y regiones.
El Observatorio de la Política Nacional (OPNA), en conjunto con la Escuela de Ciencias Políticas a través del programa «Ventanas a la Política Nacional» le invita a la conferencia: «Agroindustria, condiciones laborales y derechos humanos: conflictos históricos evidenciados por la pandemia» a realizarse el jueves 9 de julio a partir de las 6:00 pm, a través del canal de YouTube de la unidad académica: https://www.youtube.com/channel/UClHECxOtdSVbSty1srIlrlg
Si quisiera enviar sus preguntas a los conferencistas, puede hacerlo al correo electrónico: OBSERVATORIO.POLITICANACIONAL@ucr.ac.cr con las mismas o bien, hacerlas durante la actividad.
En este video Rebeca Gu-Navarro y Mauricio Castro-Méndez explican la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe. Le invitamos también a leer el pronunciamiento.
Pronunciamiento sobre la situación de vulnerabilidad de las personas relacionadas con los monocultivos en la Zona Norte y Caribe
Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y otras instancias tanto de la Universidad de Costa Rica como de la Universidad Estatal a Distancia y otras Universidades Públicas, comprometidas con el bien común y el bienestar social, hacemos pública nuestra preocupación frente a la situación de emergencia que se vive en las zonas Norte y Caribe de Costa Rica en relación con los contagios de COVID-19.
En las últimas semanas se ha identificado un aumento de casos positivos de Covid-19 en las regiones Norte y Caribe, generando lo que las autoridades denominan una segunda ola de contagios a nivel nacional. Una parte significativa de las personas afectadas por este incremento del contagio trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, especialmente la piña, seguida de la yuca y la naranja. Aunque es un hecho que existe un flujo de personas migrantes y transfronterizas en estas zonas relacionado con estas actividades agroindustriales, también es cierto que hay un importante número de personas trabajadoras nacionales que están siendo afectadas.
A pesar de los señalamientos xenofóbicos de muchos sectores, queremos hacer eco en que las personas migrantes no son responsables directas de esta situación. Gran parte de las actividades agrícolas de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas. Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo las normas establecidas. Esto se agrava cuando se trata de personas sin documentos, las cuales entran en situaciones de exclusión y vulnerabilidad más acentuadas. Ignorando esta realidad, sectores empresariales, políticos y medios masivos de información han contribuido a la construcción de discursos de odio y xenofobia que culpabilizan a las personas que están en el último eslabón de la cadena productiva y de las responsabilidades, dada su condición de vulnerabilidad. Estas personas son las más explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les dan por motivos de supervivencia.
Frente a la coyuntura de la pandemia y este acelerado aumento de casos de contagio, queremos señalar que el aumento de contagios está directamente relacionado con las condiciones laborales de las personas afectadas dentro de las propias plantaciones o empacadoras, ya que muchas de estas empresas están incumpliendo las disposiciones del Ministerio de Salud y ni siquiera están otorgando los implementos necesarios para la protección personal durante las labores. La vulnerabilidad laboral derivada de la negligencia de las empresas se agrava debido a que las personas viven en condiciones de pobreza, de manera que el sustento diario depende del trabajo que realicen, por lo que no pueden exigir el cumplimiento de las medidas ni ausentarse de sus lugares de trabajo sin arriesgarse a ser sancionadas, o incluso despedidas.
Si advertimos el conjunto de transformaciones estructurales e institucionales con impacto en el agro costarricense promovidas por las autoridades nacionales en las últimas tres décadas, es posible afirmar que el Estado ha tenido una presencia medular en el auge piñero y bananero. Estas empresas reciben un trato diferenciado por parte del gobierno, pues no sólo violentan derechos, generan daños socioambientales y profundizan la pobreza, sino que además, muchas de ellas no pagan impuestos para contribuir con las necesidades del país ni asumen el pago de las cuotas para la seguridad social.
Lo mismo pasa con sus socios en la cadena de valor (proveedores de insumos, contratistas, subcontratistas transportistas, entre otros), quienes sub-contratan trabajadores a veces en condiciones precarias, mal pagados, sin ningún tipo de garantía social, para brindar servicios baratos a las empresas, quienes, sin reparo ético o legal, los acogen para ahorrar costos de producción, a pesar de la clara violación de derechos que comportan estas prácticas. Estas situaciones no pueden seguir siendo toleradas, ni mucho menos seguir atacando a las personas que están siendo directamente afectadas por prácticas que se aprovechan de sus condiciones de pobreza y necesidad, que les obligan a arriesgar su bienestar y el de sus familias.
Llamado a las acciones
En consideración del contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado urgente y vehemente a la población general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos y exigimos atender las siguientes demandas:
Que se proceda a implementar, en lo inmediato, las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales en las empresas vinculadas a la actividad agroexportadora, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales.
Que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda, como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar de manera significativa a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus.
Que, en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda, tal y como corresponde, con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal.
Que se proceda, en lo inmediato, a eliminar el decreto 41908-MGP-MTSS-MAG, el cual amplía la prórroga de suspensión de la multa a las empresas que incumplan la Ley de Migración en cuanto a la obligación de regularizar a las personas trabajadoras que no cuenten con permisos para laborar, dado que este es un portillo para el incumplimiento de todas las demás normas laborales y el sostenimiento de las condiciones de precariedad laboral. El Decreto ejecutivo N°36769-G, Reglamento de Control Migratorio, estableció sanciones para las contrataciones irregulares después de un período de ajuste que ha sido prorrogado reiteradamente por las administraciones Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada, por lo que este mecanismo no ha llegado a entrar en vigencia.
Que se apruebe, de la manera más inmediata posible, el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales, cuando identifique que se ha violado la ley laboral.
Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción, pero con especial énfasis en las empresas responsables de estas actividades productivas.
Que se asegure la aplicación de un protocolo que garantice la seguridad en la salud de las personas trabajadoras. Los sindicatos que trabajan por los derechos laborales en estas empresas ya han elaborado propuestas al respecto, las cuales deben servir, al menos, como base para este protocolo. Es necesario que se discuta, con participación de los sindicatos de plantaciones, organizaciones de protección a migrantes, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo, representantes de diversas fracciones legislativas y los empleadores de plantaciones, entre otros, sobre la necesaria regulación de las cadenas de valor, para que se evite la utilización de contratistas y subcontratistas, como mecanismo para eludir y evadir los derechos laborales y a la seguridad social. Para tal efecto es necesario establecer mecanismos que responsabilicen a toda la cadena de valor, como los que ya se han aprobado en otros países y vienen siendo impulsados por la OIT.
Que todas las autoridades y actores implicados en actividades informativas, y muy en especial los medios masivos, en virtud de la enorme responsabilidad que implica el impacto social de su actividad, hagan un manejo respetuoso de la ética y de las exigencias de imparcialidad propios del ejercicio profesional responsable, coherente con el contexto histórico, social y económico de las zonas en las que se suscitan los hechos informativos, y que eviten sesgos basados en intereses particulares o en discursos que promueven el odio en vez de la solidaridad y el respeto a la persona humana.
En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del gobierno y al personal de instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que, en todo momento, las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad.
Costa Rica, 1 de julio de 2020
SUSCRIBIMOS
Organizaciones e instituciones
Consejo de Programas Institucionales de Acción Social, UCR Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, Universidad Estatal a Distancia. Dylanna Rodríguez, TC-590 Fortalecimiento de procesos de articulación con actores sociales y comunitarios en torno a conflictos socio ambientales específicos del territorio nacional, UCR. Lilliana Monge, TC-743 «Agua, lucha y justicia ambiental en el Caribe Norte», Escuela de Trabajo Social, UCR. Rebeca Gu Navarro, TCU-666 Dialogando el presente: recuperando la memoria de organizaciones políticas subalternas, Escuela de Ciencias políticas, UCR. Marvin Amador Guzmán, proyecto «TC-635 – Comunicación y Cambio para el Buen Vivir», Escuela de Comunicación, UCR Mauricio Castro Méndez, “TCU-681: Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral”, y Pry01-597-2020-Relaciones laborales en Costa Rica: representación colectiva, organización del trabajo y cadenas de valor» Valeria Montoya, EC-495: Trabajo asalariado en piñeras de la zona norte: acercamiento desde la cotidianidad de las comunidades de Medio Queso, Santa Fe en Los Chiles y La Guaria de Pocosol, del Programa Kioscos Socioambientales, UCR. Freddy Arias, TC-661. Prevención de intoxicaciones en comunidades costarricenses. Freddy Arias Mora. Facultad de Farmacia, UCR. Programa de Economía Social Solidaria de la Universidad de Costa Rica. Proyecto ED-3391: Acompañamiento al desarrollo de prácticas de Economía Social Solidaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Agricultura Familiar en comunidades de Upala de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Proyecto TCU 607 de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Alternativa UCR Asociación Cultural Abriendo el Surco CENDEROS CEP Alforja Circulo Bolivariano Yamileth López Clínica de Migración, refugio y protección internacional, UCR (Melissa Salas Brenes) COECOceiba Amigos de la Tierra Costa Rica Consejo de Educación Popular y el Caribe (CEAAL)- Colectivo Costa Rica CR SOLIDARIA Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH) Fundación Laberinto Fundación Pedagógica Nuestramerica Hablemos de Derechos Humanos Handmaids Costa Rica Iniciativa Universitaria por Nicaragua Justicia Paz e Integridad de la Creación JPIC, Claretianos Costa Rica La Cadejos, Comunicación Feminista Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor de la Universidad de Costa Rica Pry01-65-2021 – Programa permanente de Desarrollo Académico del Programa de Posgrado en Comunicación, Universidad de Costa Rica Red de Coordinación en Biodiversidad Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) Sindicato de Trabajadores del Sector Privado Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines SITRAPA Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) Sindicato pro-Trabajadores del Consejo Nacional de Producción y FANAL SIPROCNP
Personas
Adilia Eva Solís, ED 3364 UCR Adrián Jaén España, sociólogo, docente universitario y militante del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores Adriano Corrales Arias, Escritor y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica Alberto Cortés Ramos, Catedrático, escuela de Geografía y de Ciencias Políticas, UCR Alejandra Porras Rozas, Socióloga, ecologista. Alfonso Chacón Mata, Presidente Asocasdeh Allan Chavarría Chang, Extensionista de la UNED Álvaro Fernández González, Profesor universitario jubilado Ana Carcedo, Presidenta de CEFEMINA Ana Cecilia Escalante Herrera, Profesora Emérita – Escuela de Sociología, Universidad de Costa Rica Ana Elena Obando M., Abogada feminista, Derechos Humanos, Concertación Interamericana por los Derechos Humanos de las Mujeres Andrea Cuenca Botey, Psicóloga Camila Ordóñez Laclé, Integrante Mujeres en Acción, investigadora CIEM UCR Carmen Caamaño Morúa, Universidad de Costa Rica Carmen Carro Barrantes, Ciudadana feminista y socióloga Carolina Sánchez Hernández, Escuela de Sociología, Universidad Nacional Ciska Raventos Vorst, socióloga, profesora jubilada UCR, activista Cynthia Ramírez Alvarado Dania Obando Castillo, Secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines Danilo Saravia, exiliado político, activista social y ambientalista David Alfaro Mata, Miembro de Siprocnp Debbie Salas Ramírez, Docente educación especial MEP Diana Campos Ortiz, Activista e investigadora social Didier Alexander Leitón Valverde, Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) Elvis Alberto Cornejo Venegas, Educador, investigador y extensionista Esteban Calvo Rodríguez, Abogado con especialidad en Derecho del Trabajo Eugenia Boza Oviedo, ED-3441 Espacios para la promoción, defensa y exigibilidad de derechos en Upala. y ED-3461 Migraciones y derechos humanos, construcciones conjuntas. Universidad de Costa Rica. Eva Carazo Vargas, investigadora y activista ecofeminista. Fabiola Bernal Acevedo, Fundación Pedagógica Nuestramerica Federico Picado Gómez, Ingeniero Civil Gerardo Hernández Naranjo, Docente UCR Gerardo Mora Burgos, Universidad de Costa Rica Grettel Gamboa Fallas, Antropóloga social. Defensa Derechos Humanos. Guadalupe Urbina, Artista costarricense, gestión Gustavo Gatica López , Investigador, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED, miembro del Colectivo Bienestar y Migraciones Héctor Ferlini-Salazar, director SURCOS Digital, coordinador proyecto EC-527 Aportes Comunitarios para la Construcción de la Democracia Participativa, Sede del Pacífico, UCR. Henry Picado Cerdas, Red de Coordinación En Biodiversidad Irene Barrantes Jiménez, Especialista en género y artista plástica Isabel Ducca D., Alianza por una Vida Digna Jenyel Conteras Guzmán, Investigadora, evaluadora y docente universitaria Jorge Zeledón Pérez, Director Programa de Posgrado en Comunicación, UCR José Antonio Mora, coordinador del proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente del Programa Kioscos Sociambientales, docente de Geografía en Sede de Occidente José Luis Arce Sanabria, Escuela de Ciencias de la Comunicación UCR José Manuel Arroyo Gutiérrez, Profesor universitario José María Gutiérrez Gutiérrez, Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica Josué Arévalo Villalobos, Docente, coordinador del TCU-732 de la Escuela de Psicología e investigador del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica Juan Carlos Cruz Barrientos, Comunicador social jubilado, miembro de la Iniciativa Universitaria por Nicaragua Juan Manuel Muñoz Portillo, Profesor, Escuela de Ciencias Políticas, UCR Juliana Martínez Franzoni, Investigadora, Universidad de Costa Rica Karen Carvajal Loaiza, Asesora sindical y Docente UCR Kattia Isabel Castro Flores, Docente de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la UNA Krissia Rodríguez Muñoz Larissa Arroyo Navarrete, Abogada especialista en Derechos Humanos Laura Arias Cabrera, Docente y activista Laura Rivera Alfaro, Investigadora y consultora independiente, docente UCR Leonardo Vargas Ramírez, Ciudadano Libre y pensante Licda Ileana Vega Montero , Asesora Legal APSE Ligia Solís Solís, ANEP Lorenzo Cambronero Méndez, Asociación Cultural Abriendo el Surco Lucía Rescia, Psicóloga Luis Andrés Sanabria Zaniboni, Proyecto EC-518 Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH) Maikol Hernández Arias, Secretaría general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (FENTRAGH). Manuel Rodríguez, Secretario General SITRAPEQUIA Marcos Guevara Berger, Escuela de Antropología, UCR María José Chaves Groh, Socióloga, feminista, docente e investigadora María José Masís Méndez, Docente de la Universidad de Costa Rica María Laura Sánchez Rojas, Sindicalista y socióloga Mariano Sáenz Vega, Investigador del Centro de investigaciones Antropológicas ( CIAN ) Marielos Aguilar Hernández, Profesora jubilada UCR Marta Rojas Porras, Catedrática UCR jubilada Mauricio Álvarez Mora, EC-496: Programa de Radio Voces y Política Miguel Ángel Zúñiga Chávez, dirigente sindical en el Sindicato Pro-Trabajadores del Consejo Nacional Producción y FANAL (SIPROCNP), Central Social Juanito Mora Porras – ANEP (CSJMP-ANEP), Colectivo Sindical Patria Justa (PJ) y parte del Encuentro Social Multisectorial (ESM) Miguel Regueyra Edelman, docente de la Universidad de Costa Rica Millaray Villalobos Rojas, Antropóloga Milton Ariel Brenes, Programa PRIDENA Nilson Oviedo Valerio, Cooperativa Sulá Batsú. Óscar Jara, Educador Popular y sociólogo Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo. Prof. ITCR. Percy Marín Méndez, Presidente SIPROCNP Priscilla Echeverría Alvarado, Universidad de Costa Rica Roberto Zeledón Arias, Asesor Legislativo ANEP Rotsay Rosales-Valladares, Catedrático e investigador UCR Roxana Hidalgo Xirinachs, Investigadora y profesora catedrática, Universidad de Costa Rica, psicoanalista y feminista Santiago Ramírez Jiménez, Asesor Sindical (ANEP) Sebastián Fournier Artavia, Presidente, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA) Seidy Salas Víquez, Comunicadora social. Sergio Salazar Araya, Proyecto ED 3461 Migraciones y Derechos Humanos: construcciones conjuntas, Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica Shi Alarcón-Zamora, Socióloga Feminista Silvia Rodríguez Cervantes, Ecologista, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y la Alianza Biodiversidad Soledad Hernández Carrillo, TC-723 «Migra-acciones acompañando a población migrante y refugiada más allá de las fronteras”. Escuela de Psicología, UCR. Tania Rodríguez Echavarría, Docente Universidad de Costa Rica Teodoro Willink Castro, Programa Institucional Osa-Golfo Dulce, UCR Valeria Rodríguez Quesada, Representante estudiantil en el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica Vilma Leandro Zúñiga, Universidad de Costa Rica Yasy Morales Chacón, docente universitaria y activista en temas de Economía Social Solidaria. Zuiri Méndez, ED-3437 Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios del Programa Kioscos Socioambientales, Facultad de Ciencias Sociales, UCR.
Dramáticas condiciones de trabajo y salud en monocultivos Con Frank Ulloa
La noticia del cierre por graves incumplimientos de 92 empresas agroindustriales (fincas y empacadoras) en los cantones fronterizos con Nicaragua, sumado a 57 órdenes sanitarias y decenas de sanciones por violar el código laboral, está causando un enorme revuelo en Costa Rica(1). Frank Ulloa, asesor de la Rel UITA, conversó sobre esta situación.
Giorgio Trucchi
La confusión que se ha apoderado de las autoridades costarricenses en esta última semana testimonia el estado de abandono en el que se encuentran estas zonas.
Mientras la vicepresidenta del país asegura que “el 80 por ciento de empresas visitadas cumple con protocolos sanitarios”, el ministro de seguridad anuncia que 92 empresas (62 por ciento) fueron clausuradas y el ministerio de salud habla de 22 empresas cerradas por incumplimientos sanitarios.
-¿Qué está pasando en el norte del país? -A raíz de la emergencia sanitaria por coronavirus se puso en evidencia la negligencia gubernamental ante las condiciones de trabajo inhumanas y la explotación que sufren miles de trabajadores, que en su mayoría son inmigrantes nicaragüenses.
Todas estas personas soportan extensas jornadas de trabajo, no reciben ni siquiera el salario mínimo, ni cuentan con el seguro social. Es mano de obra tercerizada y a las empresas no les importa las condiciones que imponen los intermediarios (contratistas).
Además viven en barracas donde se hacinan o alquilan cuartos de dos metros por tres donde habitan dos personas. Una situación que convierte estos lugares en posibles focos de epidemia.
Son condiciones propias del feudalismo, y el gobierno es corresponsable de esta situación por no controlar y hacer caso omiso de las denuncias que, tanto desde el movimiento ecologista como de la Rel UITA, hemos hecho.
-La semana pasada, varios ministerios iniciaron las inspecciones en estas zonas. -Tuvieron que hacerlo por la gravedad de la pandemia. Ahora se rasgan las vestiduras como que estuvieran descubriendo el agua tibia.
El problema viene arrastrándose desde hace años y las autoridades nunca hicieron un control efectivo de la migración laboral, ni ha dado apoyo a los inmigrantes laborales para que se garantizara el respeto de sus derechos fundamentales.
Imagínate que hasta aparecieron empresas que tienen años exportando productos y que ni siquiera tienen permisos sanitarios para operar, ni patentes municipales. Es una vergüenza lo que por fin está saliendo a la luz pública.
Una situación indignante
-¿De qué empresas estamos hablando? -Hasta el momento se han inspeccionado pequeñas y medianas empresas, casi siempre subsidiarias del capital transnacional. Ahora habrá que ver si el gobierno tendrá el valor de hacer lo mismo con las grandes fincas propiedad de las trasnacionales.
Hay mucha confusión y ya hay empresarios que se están quejando, y que hablan de ‘prepotencia de los funcionarios’ al momento de realizar las inspecciones. Sin lugar a dudas todo esto va a tener consecuencias políticas en el país.
-En fin, una situación muy grave… -Es terrible, indignante. Son zonas que han estado viviendo un apartheid de hecho, a la par de una ausencia irresponsable de las autoridades. Allá las transnacionales mandan y establecen las condiciones de labor y de vida para miles de personas.
El gobierno ha cerrado los ojos ante la ausencia de derechos humanos en estas zonas y el desarrollo desigual que hay en el país. Es una situación que hay que revertir rápidamente.
Proponemos la instalación de espacio multisectorial para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.
Asociación de Derechos Comunitarios Coordinadora Norte Tierra y Libertad.
Martes 9 de junio del 2020.
La situación de la pandemia por el COVID 19 en Costa Rica -que en este momento supone una segunda ola de contagio- pone de manifiesto un impacto diferenciado en las poblaciones más vulnerables del país, particularmente en la zona norte.
En este momento San Carlos se convierte en epicentro de la pandemia contabilizando la mayor cantidad de casos activos por cantón. Asimismo, en los cantones de Upala, Los Chiles y Río Cuarto se está reportando un incremento importante en los casos activos por COVID19. Estos nuevos focos de contagio están íntimamente relacionados con las precarias condiciones laborales y de salud con las que operan las plantaciones agrícolas, lo cual nos demuestra que estos empresarios nacionales y transnacionales están dispuestos a sacrificar la salud y vida de cientos de trabajadores y trabajadoras en aras de mantener sus negocios y jugosas ganancias.
La agroindustria ha representado para nuestras comunidades serios impactos en el ambiente, en la salud de los trabajadores, en la salud comunitaria y un irrespeto sistemático a los derechos laborales, todo esto de la mano de gobiernos e instituciones cómplices que no ejercen el mandato de las leyes nacionales.
Advertimos un vínculo innegable entre la producción agroindustrial (de piña, naranja y otros productos) y el aumento de casos por COVID19 en la zona norte, que se expresa en las siguientes situaciones que denunciamos:
Estas empresas han funcionado por muchos años a partir de la explotación de trabajadores(as) costarricenses y migrantes; estos últimos representan un alto porcentaje del personal contratado. En estas fincas el trabajo se desarrolla muchas veces en condiciones inhumanas, lo que les permite maximizar sus ganancias. Es conocido que a los(as) trabajadores(as) migrantes indocumentados se les contrata con salarios menores a lo establecido por ley y sin garantías laborales, lo cual implica su exclusión del sistema de salud. De igual manera, los(as) trabajadores(as) costarricenses sufren constantes atropellos a su dignidad y violaciones a sus derechos laborales.
Muchos(as) trabajadores(as) migrantes se mueven a través de las fronteras gracias a redes de corrupción, donde se ven involucrados funcionarios públicos, empresas, transportistas, contratistas y otros, quienes aprovechan su condición de vulnerabilidad para lucrar.
Las condiciones de trabajo en general no cumplen con la legislación establecida, lo cual en el marco de la pandemia se refleja en una falta de protocolos sanitarios: los(as) trabajadores no cuentan con lugares ni con materiales para el lavado de manos constante, no cuentan con vestimenta apropiada ni con la distancia social recomendada por el Ministerio de Salud y se ha registrado que se trasladan a los trabajadores aglomerados en camiones hacia los centros de trabajo, sin ningún tipo de protección.
Esta situación no es nueva, sino el resultado de prácticas históricas de estas empresas, de los gobiernos de turno y las redes criminales y representan en este momento de la Pandemia un alto costo social para el país.
Por lo tanto, solicitamos al gobierno central y a las autoridades locales:
Intervenir de manera inmediata las fincas agroindustriales de los cantones que se encuentran en alerta naranja, para salvaguardar la salud y la vida de los y las trabajadoras.
Asegurar que a los(as) trabajadores(as) de las empresas intervenidas les sean respetados sus derechos laborales.
Que se investiguen a profundidad las redes criminales, que posibilitan la explotación de personas migrantes.
Que se aborde la situación con un enfoque de Derechos Humanos y se asegure la atención médica a las personas trabajadoras y sus familias, independientemente de su estatus migratorio.
Que se instale un espacio de discusión y de toma de decisiones con la participación de organizaciones sindicales, organizaciones comunales, organizaciones de defensa de derechos humanos y de personas migrantes, gobiernos locales, instituciones del estado y organismos internacionales para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.
Compartido con SURCOS por Marcos Chinchilla Montes.
El Movimiento Agropecuario Nacional (MANA) ha presentado a la Asamblea Legislativa de Costa Rica el Proyecto de Ley de la Soberanía Alimentaria, el cual ha recibido el número de expediente 21960. Éste pretende la creación de un Plan Nacional de Soberanía Alimentaria de construcción participativa y aporte de cada cantón, así como ampliar las capacidades del Consejo Nacional de la Producción (CNP) para colocar los excedentes de la producción nacional en el mercado externo. También busca facilitar los servicios de almacenamiento de granos y redes de frío como servicios públicos, en vista de que éstos no son ofrecidos eficientemente por el sector privado en Costa Rica. Asimismo, propone la renegociación inmediata de los Tratados de Libre Comercio que ha firmado Costa Rica con el fin de permitir la protección arancelaria de productos de autoabastecimiento nacional, y propone que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio se encargue del control de precios para impedir el “dumping” con productos importados.
Propone además una línea de crédito para la producción y la agroindustria con garantía del Banco Central de Costa Rica, gestionado por el Sistema Bancario Nacional, con un retorno de hasta dos puntos porcentuales como máximo, y al cual se deba dedicar el 25% de la cartera crediticia de los Bancos del Estado, mientras haya demanda. Esto vendría a solventar las deficiencias que actualmente existen con la Banca para el Desarrollo, la cual más bien ha sido orientada a sectores empresariales ajenos a la producción agroalimentaria y controlada por círculos económicos poderosos como la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).
Busca crear asimismo un Fondo Económico Nacional para el Acceso de los Productores Agropecuarios, de Pesca y Acuicultura a sus respectivos medios de producción, el cual se compondría del 10% de los certificados a plazo depositados en la banca nacional. Este fideicomiso tendría una junta administrativa formada por tres representantes del sector agropecuario, dos del sector pesquero y uno del sector agroindustrial, y ofrecerá sus créditos con un máximo costo de tres puntos porcentuales por administración y dos puntos porcentuales de interés.
El proyecto propone también que el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) cree una reserva de tierras que se distribuya a familias productoras, pudiendo adquirirlas a los cinco años de trabajarlas y habiendo demostrado su capacidad productiva. A éstas se les deberá ayudar con crédito para un año de producción y con asistencia técnica, la cual será brindada por graduados de los Colegios Técnicos Agropecuarios. El proyecto propone que por cada 100 familias beneficiarias se entregue tierra a 10 técnicos quienes la recibirán como medio de pago por sus servicios.
Otro cambio que se introduciría con la propuesta es un cambio en la composición de la Junta Directiva del INDER, pasando a ser cuatro representantes del Gobierno (1 de INCOPESCA, 1 del CNP, 1 de SENARA y 1 del MAG, quien la presidiría) y cinco representantes de la población beneficiaria electos por votación universal. Actualmente esa Junta tiene sólo dos representantes de los productores (1 nombrado a través de los territorios rurales y sólo 1 nombrado en asamblea por el Foro Nacional Agropecuario), 1 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y los otros 4 nombrados directamente por el Poder Ejecutivo.
El proyecto de ley fue elaborado por la organización campesina MANA con la asistencia del diputado Dr. Walter Muñoz Céspedes, del Partido Integración Nacional (PIN) y el aporte del exdiputado Célimo Guido Cruz, conocido por sus iniciativas de defensa de la producción campesina local.
La exposición de motivos del proyecto señala la oportunidad de aprobarlo como respuesta a la inefectividad del actual modelo de distribución de alimentos, basado en la importación, demostrado por la actual pandemia de covid-19, mientras la banca nacional se dedica a financiar solamente la producción de monocultivos de exportación que resultan altamente destructivos para el ambiente. El Partido Integración Nacional ha sido conocido a lo largo de su historia por su oposición a tratados comerciales que impiden el resguardo de la producción campesina local, lo cual en el pasado se ha demostrado en sus acciones de oposición al Tratado de Libre Comercio con Chile (aprobado en la legislatura 1998-2002) y al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (aprobado en la legislatura 2006-2010).
(5/5/2020.) Hoy en el contexto de la Crisis Sanitaria el ministro Renato Alvarado pierde el apoyo de quienes incluso le han dictado y redactado decretos ejecutivos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo y porqué se rompió la alianza los agroindustriales y ministro?
Para tratar de responder a lo anterior debemos comprender que la agenda de uno y otro no son muy distintas, que convergen siempre en las mismas cosas: la defensa de la expansión piñera; la introducción de los agrotóxicos sin análisis eco-toxicológicos previos; la impunidad para la explotación laboral de peones agrícolas nacionales y migrantes; el ocultamiento de los casos de contaminación agrovenenos de acuíferos; una injusta amnistía fiscal para el agronegocio; la certificación y privatización de semillas; la ilegalización del uso de semillas criollas, entre otros.
Los gremios más radicales, defensores de neoliberalismo se enojaron cuando vieron a su ministro aliado diciendo por redes sociales que los tratados de libre comercio (TLCs) han llevado a la quiebra a la agricultura campesina nacional. Los dueños del agronegocio, contaminante y explotador, no tardaron en salir a la prensa a gritar aireadamente contra Renato Alvarado por recordar algo que se sabe desde hace muchos años: las reformas neoliberales han destrozado la agricultura y tienen al país al borde de una crisis alimentaria. Habría que agregar que este régimen económico ha beneficiado a muy pocos, puntualmente se sabe que en Costa Rica solo 10 empresas agro-exportadoras se llevan el 66,5% de todos los ingresos por la venta de productos frescos en el exterior.
Hay que señalar además que Renato Alvarado (hoy ministro de Agricultura) fue no hace mucho vicepresidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA); gremio que hoy pide su cabeza como jerarca del MAG.
También hay que decir que Juan Rafael Lizano (actual presidente de la CNAA), fue exministro de Agricultura y Ganadería en el periodo de 1990 a 1994. Lizano representa al sector neoliberal más sórdido, defensor de intereses de las multinacionales e importadores de agrotóxicos. La doctrina política del agronegocio ha fracasado y en el contexto de la crisis por el COVID-19 se hace más que evidente.
Por eso este conflicto hay que entenderlo como una riña entre los mismos. Que las organizaciones del campo independientes, ecologistas y de mujeres rurales han sido sistemáticamente excluidas del debate y sus propuestas no han sido escuchadas en los últimos treinta años. En buena hora Renato Alvarado reconoce que el libre comercio significa ruina para el campo costarricense, ojalá el siguiente paso sea abrir el diálogo con el resto de los sectores agrícolas con todas las organizaciones y no sólo con los mismos de siempre.
La Federación Ecologista se ha dado a la tarea de reflexionar y proponer las acciones para buscar la soberanía alimentaria, garantizar la justicia económica y de género en el contexto rural, de esta manera caminar hacia la agroecología y la justicia ambiental.
