Episodio 4: Monocultivos y agrotóxicos: amenazas para la vida
La modificación de la estructura productiva en Costa Rica a partir de los Programas de Ajuste Estructural (PAEs) impulsó los productos para exportación y ha despojado territorios y poblaciones que históricamente se dedicaban a la agricultura diversificada. La lógica del agronegocio ha provocado el uso excesivo de paquetes de agrotóxicos que colocan al país en uno de los mayores consumidores de estos venenos.
Canal Quince UCR y Programa Kioscos Socioambientales lanzan serie documental sobre soberanía alimentaria
Canal Quince UCR y el Programa Kioscos Socioambientales, tienen el gusto de invitar a la presentación de la cuarta temporada de la serie “Entramarnos por la defensa de la vida”, que ha sido nombrada “Puntalitos en disputa; ¿Qué es lo que comemos?”. Se trata de una producción televisiva que aborda perspectivas sobre soberanía, seguridad y justicia alimentaria.
La agricultura y la alimentación son parte esencial de los pueblos originarios y campesinos, son testimonio de nuestra evolución como comunidades y territorios. Desde hace algunas décadas, la industria alimentaria y el agronegocio ha profundizado su presencia en vastos territorios, acaparando tierras para la actividad monocultivista, despojando comunidades completas y fomentando el uso de paquetes tecnológicos y de agrotóxicos para hacer más “eficiente” la producción de alimentos principalmente para la exportación.
El modelo agroindustrial, contrario a lo que promueve, ha incrementado la desnutrición, el empobrecimiento y la exclusión a bienes comunes de la naturaleza, convirtiendo los campos cultivados de forma diversificada en desiertos verdes.
Por ejemplo, el alto costo en los precios de los granos básicos y la actual dependencia de la importación de los mismos en más de un 80%, especialmente en granos básicos, tiene raíces en decisiones políticas que iniciaron en la década de los ochenta, con una serie de transformaciones en la estructura socioproductiva, inacción estatal y falta de coordinación entre los sectores involucrados. La expansión de los monocultivos fundamentalmente para la exportación sin duda ha despojado a los territorios de las pequeñas y medianas parcelas que décadas atrás dedicaban las comunidades a la producción de alimentos. El área cultivable dedicada a la producción de alimentos se redujo en más de un 60% pasando a ser parte del modelo extractivista del monocultivo de exportación, que luego regresa enlatado al país.
Esta 4ta temporada televisiva de la serie documental “Entramarnos por la defensa de la Vida” que nombramos: “Puntalitos en disputa”, aborda perspectivas en torno a la soberanía, seguridad y justicia alimentaria, así como la urgencia de un compromiso necesario por parte de los gobiernos de turno para procurar el alimento sano, nacional y diversificado a toda la población, contrastando con la realidad de un sistema alimentario cada vez más transnacionalizado que responde a la lógica del agronegocio, implicando despojo para el sector campesino, costero e indígena, así como el consumo de agrotóxicos, por eso nos preguntamos: ¿qué estamos comiendo?
Hemos producido diez episodios que entrelazan experiencias comunitarias con testimonios y reflexiones sobre las diversas dimensiones que están alrededor de los procesos de producción, distribución y consumo de alimentos. Se abarca desde la defensa de la semilla criolla, las amenazas y riesgos que sufren los distintos grupos de polinizadores, las modificaciones de la estructura socioproductiva con la intensificación del monocultivo, el uso indiscriminado de agrotóxicos, la comida y la cultura, los mercados y las ferias del agricultor, las experiencias agroecológicas y los conceptos de seguridad, soberanía, justicia alimentaria.
La IV temporada obtuvo el apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social con el otorgamiento de un presupuesto en el marco de la XVII Convocatoria del Fondo Concursable para el fortalecimiento de la Relación Universidad – Sociedad (2023-2025) lo que permitió realizar las giras para las grabaciones en distintas comunidades en todo el territorio costarricense. Se viajó a todas las regiones: Chorotega, Pacífico Central, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Sur y Región Central. De manera que en cada episodio se muestra una especie de mapeo audiovisual de experiencias agroecológicas de producción de alimentos, asociados a convicciones culturales y prácticas regenerativas y libres de tóxicos.
“Puntalitos en disputa” ofrece una vasta reflexión colectiva sobre: ¿qué es lo que comemos, de dónde viene y cómo ha sido producido? Comparte con la audiencia datos importantes que invitan a reflexionar qué hay detrás de cada plato de comida.
Este lunes 18 de septiembre a las 10 de la mañana en el Auditorio de la Facultad de Educación se realizará el lanzamiento y estreno de la temporada con la proyección de uno de los episodios y con la intervención del equipo de producción tanto de Quince UCR como de Kioscos Socioambientales, así como algunas de las personas protagonistas de los documentales. Será un encuentro que provoque la discusión y reflexión y que promueva el seguimiento a la transmisión de la temporada por televisión abierta y en la plataforma de streaming de Quince UCR.
Pretendemos con esta temporada que cada persona de la audiencia sienta un compromiso a reflexionar acerca de: ¿Qué es lo que comemos?
Esta temporada podrá ser apreciada por la audiencia en la programación regular de Quince UCR en señal abierta todos los lunes a las 8 de la noche con repetición el domingo siguiente a las 6:30 de la tarde. A partir del lunes 18 de septiembre y hasta noviembre. También pueden verla y compartirla desde la plataforma de streaming UCRQ.
Martin Dermine, responsable de políticas de PAN Europa, dijo: «La agricultura pro-intensiva y el lobby del agronegocio han utilizado la crisis de Ucrania para intentar posponer y diluir cualquier mejora para proteger la salud de los ciudadanos y el medio ambiente contra los plaguicidas. Su lobby ha encontrado el apoyo de 12 Estados miembros que han sometido a la Comisión a una intensa presión. Es excepcional que la Comisión Europea se enfrente a semejante presión del Consejo antes de publicar un proyecto de texto legislativo».
Doce Estados miembros (la Unión Europea se compone de 27 países miembros), encabezados por Polonia y Estonia, han publicado dos documentos de posición, en los que piden que se posponga la aplicación de la estrategia «del campo a la mesa» o que se suavice. Mientras la guerra de Ucrania ponía de manifiesto la fragilidad e insostenibilidad del sector agrícola de la Unión Europea (UE), un lobby masivo de la agroindustria, apoyado por países como Francia y Polonia, jugaba con mensajes de alarma para mantener nuestro modelo dominante de agricultura tóxica.
Martin Dermine comentó: «El proyecto de la propuesta de la Comisión es un punto de partida para los debates: necesita mejoras para evitar que los Estados miembros jueguen con las cifras para escapar de la necesaria transición hacia las prácticas agroecológicas. El sistema de cálculo para medir los avances es defectuoso y necesita importantes mejoras».
Martin Dermine añadió: «Para complacer a los Estados miembros amigos de los plaguicidas, la Comisión ha incluido en el último minuto un concepto de «intensidad» que permitiría a algunos Estados miembros con regiones de agricultura intensiva mantener su actividad como siempre, dejando el medio ambiente desprotegido».
El proyecto de reglamento de la Comisión establece algunas normas claras para reducir el uso de plaguicidas, imponiendo a los agricultores el «Manejo Integrado de Plagas» (MIP), al tiempo que prohíbe los plaguicidas en las ciudades y en las zonas «sensibles». Además, como cambio de última hora, la Comisión propone modificar el reglamento sobre los planes estratégicos de la Política Agrícola Común (PAC), permitiendo a los Estados miembros ofrecer a los agricultores financiación de la PAC para aplicar el MIP.
Henriette Christensen, asesora política principal de PAN Europa, dijo: «Es totalmente inaceptable utilizar la financiación de la PAC para apoyar la aplicación del MIP: El MIP es obligatorio desde 2014. Esta propuesta está retrasando una década la aplicación del MIP. Por el contrario, la no aplicación de la ley sobre el MIP y las normas sobre plaguicidas debería conducir al reembolso de las subvenciones de la PAC por parte de los agricultores».
Natalija Svrtan, responsable de la campaña «Ciudades sin plaguicidas» de PAN Europa, añadió que «países como Francia o Bélgica han prohibido hace tiempo el uso de plaguicidas en espacios públicos. El hecho de que la Comisión quiera hacerlo obligatorio en toda la UE es muy positivo».
Natalija Svrtan añadió: «PAN Europa apoya firmemente la propuesta de prohibir los plaguicidas en las zonas naturales protegidas: de hecho, no tiene sentido financiar medidas de restauración de la naturaleza, por un lado, y permitir la destrucción de la biodiversidad con plaguicidas por otro».
Martin Dermine para concluir: «Recientemente, 1,2 millones de ciudadanos de la UE apoyaron una Iniciativa Ciudadana Europea para una UE libre de plaguicidas para 2035. La propuesta de la Comisión debe ser mejorada, ¡si queremos marcar la diferencia! La reducción de plaguicidas debe ser una realidad en toda la UE».
PAN Europa considera que una reducción del 50% de los plaguicidas no es, desde una perspectiva agronómica, un objetivo ambicioso: los conocimientos científicos y empíricos demuestran que los agricultores convencionales pueden alcanzar este objetivo a través de pequeños cambios en las prácticas, sin reducciones de rendimiento. PAN Europa aboga por una verdadera transición hacia la agroecología, con una reducción del 80% de los plaguicidas hasta 2030 y del 100% hasta 2035, como objetivo realista. Esto beneficiaría la sostenibilidad a largo plazo de los agricultores, la recuperación de la biodiversidad y la protección de la salud de los ciudadanos.
En esta publicación del 2021, de los autores Fernando Frank y Marcos Filardi, se tratan los temas alimenticios como problema político en Argentina. Relatan cómo el sector agronómico funciona en dos sistemas antagónicos que se disputan: las cadenas agroindustriales de los agronegocios y los sistemas alimentarios de campesinos e indígenas; acerca de sus conflictos por la tierra y la extranjerización de ésta. Escrita con el objetivo de darle a los lectores toda la información necesaria para observar las implicaciones e impactos que conllevan todas las políticas, acciones y medidas de estos sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos. También abre la conversación a los granos transgénicos (alimento para corporaciones), comestibles ultraprocesados, enfermedades (zoonosis), resistencia bacteriana, problemas medioambientales por la producción agraria, y los bienes comunes naturales para y por el pueblo (soberanía alimentaria).
Le invitamos a leer la publicación en el archivo adjunto.
Por Dr. Gerardo Cerdas Vega, Sociólogo, profesor de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (ECA/UNA)
La actual coyuntura internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha encendido todas las alarmas a nivel global sobre la inminente crisis alimentaria, asociada por un lado al incremento desbordado en el precio de la energía y los fertilizantes y, por otro, a problemas de logística global surgidos en el marco de la pandemia de COVID-19 (la así llamada “crisis de los contenedores”), en un contexto marcado por la multiplicación de eventos climáticos extremos, que ya de por sí afectan la seguridad alimentaria mundial, con mayor gravedad en algunas regiones y países.
No obstante, aunque parece que solo nos damos cuenta de la fragilidad del sistema agroalimentario globalizado en el pico de una coyuntura crítica, la situación actual se viene formando desde hace mucho tiempo atrás. No solo por la difusión, desde los años 1940, de un modelo de agricultura altamente contaminante y dependiente de los combustibles fósiles (la “Revolución Verde”), sino por la imposición, desde los años 1980, de constantes oleadas de ajustes neoliberales que arruinaron la agricultura campesina, volcada para el mercado interno, en prácticamente todos los países del mundo.
Efectivamente, desde los años 1980 se ha venido impulsando una agenda de destrucción de las economías agrarias de base local, al tiempo que se abría la brecha para que grandes corporaciones del agronegocio dominasen el mercado mundial de alimentos, semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola, avanzando los intereses de las potencias hegemónicas, en especial de los Estados Unidos. Un mercado altamente lucrativo, oligopolizado y destructor, propulsado por la liberalización del mercado mundial de productos agrícolas a partir de 1995 (negociaciones de la OMC y tratados de libre comercio impuestos por Estados Unidos, Unión Europea y más recientemente, China).
En el caso de Costa Rica, hemos visto una aplicación progresiva de este ideario al mundo rural y a la producción agrícola, con nefastas consecuencias para la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país y para la viabilidad económica de la agricultura campesina. Durante cuatro décadas (cómo no recordar el tristemente famoso lema “Volvamos a la tierra” del plan de gobierno de Luis Alberto Monge y la aplicación sucesiva de los Programas de Ajuste Estructural), se nos ha dicho hasta el cansancio que es más barato importar, que teníamos que “reconvertir” la agricultura, integrarnos a las cadenas globales de valor. Producir, siempre producir, a todo costo, los viejos y nuevos productos que el mercado global demanda, no importa si ello implica devastar la tierra, los ríos, la trama de la vida. Pagar millones de dólares a las corporaciones que controlan semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola. Dejar al agronegocio y a los grandes importadores por la libre y a los pequeños frijoleros, maiceros, arroceros y en general a las familias rurales, integrarse a la “agricultura de cambio” o emigrar a la ciudad / al extranjero para no morir de hambre.
Bueno, ahí tenemos el resultado. Hoy por hoy, Costa Rica es un país extremadamente vulnerable desde el punto de la seguridad alimentaria y sin ninguna soberanía alimentaria efectiva, tal como lo revela la publicación del Semanario Universidad del día 30/03/2022[1]. ¿Cuánto durarán los estoques de alimentos en caso de un corte abrupto en los flujos de importación? ¿Por cuánto tiempo podrán los productores agrícolas seguir costeando el alza en el precio de los insumos? De acuerdo con diversos analistas y fuentes, es muy probable que este año vamos a tener la subida más alta de los precios de los alimentos en toda la historia, más que en 2008, pero con un escenario de mayor precarización social y laboral a nivel mundial sin precedentes, como resultado de la pandemia (que aún no acaba, dicho sea de paso).
Cabe anotar, adicionalmente, que el informe de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y El Caribe 2020, apunta que, en Costa Rica, para el periodo 2017-2019, la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave afectó al 5,4% y la inseguridad alimentaria moderada al 25,5% de la población nacional (datos prepandemia). Año con año, se reduce el área destinada a productos como arroz, maíz, frijol al tiempo que disparan las importaciones. Producimos cada vez más piña, palma, banano, café (estos cuatro productos concentran el 70% de la superficie agrícola), pero se reduce la producción de géneros alimenticios indispensables para la dieta nacional. Todo ello sin hablar de la utilización masiva de fertilizantes y pesticidas químicos (hoy a precios estratosféricos) que contaminan la tierra, el agua y los propios alimentos, enfermando a quienes los producen y a quienes los consumen.
En este contexto, el desafío que se coloca con urgencia es el de una transformación del régimen agroalimentario en la dirección de una verdadera sustentabilidad (ambiental, alimentaria, social, económica, cultural). Y ese desafío es lo que llamo el desafío agroecológico: producir alimentos sobre una base ecológicamente saludable, con viabilidad económica, respeto y fomento de la agricultura campesina, agrobiodiversidad, igualdad/equidad de género, soberanía alimentaria y apoyo de la sociedad (inclusive a través de políticas públicas costeadas por el contribuyente), para disputar verdaderamente el perverso control corporativo sobre aquello que comemos y la forma como lo producimos.
América Latina y El Caribe son el epicentro de una verdadera revolución agroecológica, que hoy se extiende por todo el globo (aunque esto no salga en el noticiero). En esta región (y en todo el mundo), abundan los ejemplos de que otra agricultura es posible, una agricultura con cara campesina, indígena, negra, de comunidades de pescadores, de mujeres rurales pero también de colectivos urbanos que se organizan para producir alimentos en las ciudades, o bien que tejen redes para poner en contacto a los productores y productoras agroecológicos con los mercados citadinos y organizan circuitos cortos de comercialización para darle salida a la producción local a precio justo y sin el desigual tratamiento que dan los intermediarios a quienes que producen la comida que comemos. Entre 15 y 20% de los alimentos en el mundo se producen en las ciudades, donde más de 300 millones de personas practican agricultura urbana.
La agroecología es entendida como un movimiento social, como una ciencia y como un conjunto de prácticas ecológicas para el manejo a nivel de finca. Es intensiva en conocimiento local puesto que integra en su seno el saber de las productoras y productores campesinos/as, negras e indígenas (entre otros), así como el apoyo de universidades, ONG comprometidas con las luchas sociales, investigadores/as y activistas en busca de una nueva forma de producir y comercializar alimentos que, por otra parte, se entiende como parte de una ancestralidad, espiritualidad y una conexión íntima con la tierra que son indispensables para superar la actual y las futuras crisis alimentarias, sociales y climáticas. La defensa de las semillas criollas es una de sus bases fundamentales, tal como lo afirma La Vía Campesina.
Así, es urgente que comencemos a discutir, a nivel país, pero sobre todo a nivel local, una salida al laberinto en que nos encontramos. El desafío agroecológico nos llama con más fuerza que nunca. Tal vez la única “virtud” de esta guerra y de esta crisis multidimensional que atravesamos como humanidad, es que ha abierto una ventana de oportunidad para que miremos a fondo la complejísima situación que estamos enfrentando y discutamos los caminos posibles para transformar nuestra relación con los alimentos, lo que conlleva replantearnos por completo nuestra relación con la Tierra y sus ciclos vitales, que no son, precisamente, los de la ganancia corporativa.
En Costa Rica, al igual que en muchos otros países, la política de acabar con la agricultura campesina hizo grandes estragos, pero no acabó por completo con la resistencia local. Hay diversas y ricas experiencias agroecológicas locales que permanecen dispersas, así como un creciente número de personas en el campo y la ciudad que están preocupadas por la calidad de los alimentos que producen y consumen y por las consecuencias medioambientales de todo ello. En función de lo anterior y en el marco de esta coyuntura nacional e internacional, necesitamos con urgencia reconocernos, encontrarnos, nombrarnos y movilizarnos como parte de una transición y una transformación en curso donde la alimentación ocupe un lugar destacado en la agenda pública y nuevas prácticas y alternativas sean construidas desde abajo, desde los territorios y con apoyo de diversos actores comprometidos con un diálogo de saberes horizontal y participativo, que busque sacar a los alimentos de la lógica de la acumulación de capital y los devuelva a las lógicas de existencia de los pueblos.
El curso Disputas territoriales y socioambientales le invita a participar del conversatorio “Agronegocios: dinámicas migratorias en territorios transfronterizos”, el cual se llevará a cabo el próximo martes 21 de septiembre a la 1:00 pm. Se contará con la participación de:
Dra. Tania Rodríguez, Docente e investigadora de la Escuela de Ciencias Políticas, Escuela de Geografía y Centro de Investigación y Estudios Políticos (C1EP), de la Universidad de Costa Rica.
La transmisión se realizará vía Facebook Live de la Facultad de Ciencias Sociales.
La plataforma de comercio electrónico creada en la UCR para la comercialización de productos agrícolas incorpora nuevas facilidades para sus clientes y apunta hacia nuevos mercados en este 2021.
Agroferia, la plataforma que nació en la UCR para acercar a productores agrícolas y consumidores en una relación de comercio justo, llega a este 2021 a sus 10 años de existencia y se renueva para ofrecer más facilidades a sus clientes habituales y alcanzar a nuevos mercados. Diseño: María de los Ángeles Quirós.
El 2020 fue un año que vio nacer múltiples iniciativas de E-commerce o comercio electrónico en el país y el mundo. Pero una década atrás, la plataforma pionera en comercio de alimentos Agroferia ya daba los primeros pasos hacia esta nueva forma de comercialización, que hoy por hoy se ha convertido en toda una tendencia mundial.
Ante los desafíos que planteó la pandemia, su creador, el docente e investigador M.Sc. Alexis Villalobos Monge, decidió dar el salto para convertir a Agroferia en una empresa «Spin off» con mayor capacidad para seguir desarrollándose en el mercado de los alimentos en línea, favoreciendo a más productores y consumidores, dentro y fuera de la comunidad universitaria.
Para ello, se estableció una alianza con la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (PROINNOVA), que le permitió, entre otras cosas, contar con su propia cédula jurídica, registro de marca y un sistema de pago más eficiente.
Este año se estrenó una nueva versión de la plataforma más amigable, que permite al usuario, además de explorar los productos y cargarlos al carrito de compra, hacer comentarios y calificar los productos . De esta forma, se podrán analizar las preferencias de los consumidores y hacer ajustes en la oferta.
Uno de los cambios más importantes es que ahora los clientes podrán pagar sus pedidos de forma más expedita, a través de transferencia bancaria o Simpe Móvil. Este cambio beneficiará también a los proveedores, que ya no tendrán que esperar tantos días para recibir su pago.
Tradicionalmente, los clientes de Agroferia han sido funcionarios y funcionarias de la Universidad de Costa Rica quienes solicitaban los alimentos por medio de la plataforma, los pagaban por medio de rebajo de planilla y los recibían en su lugar de trabajo los viernes.
Los modos de entrega también se diversificaron en este 2021. Ahora los clientes tienen la opción de solicitar el envío a su domicilio, por medio de servicio de mensajería privada, pagando el costo del envío por un monto de 2.000 colones. Las entregas se mantienen los viernes.
Además, próximamente, se estrenará un nuevo botón que permitirá el acceso a estudiantes y a cualquier persona fuera de la comunidad universitaria, extendiéndose así los beneficios de esta forma de adquirir productos a los habitantes de toda el Gran Área Metropolitana.
Con el objetivo de llegar aún más lejos, se exploran alternativas para hacer envíos a otras sedes y recintos de la UCR por medio del servicio de la Sección de Correos de la Oficina de Servicios Generales, según explicó el profesor Villalobos.
Un estudio realizado con clientes de Agroferia permitió determinar que el tiempo que le podría tomar al consumidor hacer 9 de cada 10 compras de alimentos en línea es menos de 10 minutos.
La proporción de tiempo empleado en comparación con la compra en supermercados es de 15:1. Lo cual supone un gran ahorro de tiempo al preferir las compras en línea.
¿Qué diferencia a Agroferia de otras plataformas de comercio electrónico?
Agroferia es un emprendimiento que tiene una base de ciencia y tecnología detrás. Ha sido fruto de muchos años de investigación y relación con el sector productivo, lo que ha permito entender mejor la problemática de comercialización de alimentos y explorar soluciones através de la tecnología y la innovación.
Este proyecto, nacido en el seno de la academia, surge en el 2011 como una respuesta ante la necesidad de muchos productores de encontrar formas más justas de comercializar su producción, una realidad que por años observaba el profesor Villalobos y otros docentes de la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM).
Por lo tanto, su misión no es simplemente vender, sino apoyar a las personas del sector productivo nacional y emprendedores mejorardo las condiciones de intercambio para ambos grupos. «Nos diferenciamos por un contacto directo con el productor y por ofrecerles un pago conveniente por sus productos, también por el seguimiento personalizado que damos de las consultas y pedidos de cada consumidor» destacó Villalobos.
Esta vocación social, diferencia a Agroferia desde sus inicios y es una característica que se mantiene en esta nueva etapa. Muchos de los cambios, buscan precisamente favorecer a los productores, al mismo tiempo que el consumidor final recibe un producto de calidad, 100% nacional y a precio justo.
Actualmente, la empresa cuenta con 18 proveedores del sector agropecuario y agroalimentario de todas partes del país y busca ampliar su catálogo. La oferta incluye 90 productos como frutas y hortalizas, huevos, granos básicos como el frijol, miel de abeja, diversos tipos de conservas y hasta productos de cuidado personal, entre otros.
Este año, además se están implementando diferentes promociones cada mes. Para estar al tanto, los clientes pueden suscribirse y así recibirán la información sobre ofertas, promociones y nuevos productos directamente en su correo.
Katzy O`neal Coto Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Este es un primer artículo de tres que analiza la actual coyuntura. En este primer artículo, daremos nuestra visión de qué tipo de gestión ambiental plantea el actual gobierno. En un segundo artículo, analizaremos algunas de las propuestas y políticas que el gobierno ha seguido o puesto en práctica. Finalmente, el tercer artículo hablará de soluciones reales a las crisis.
Costa Rica está viviendo una crisis profunda en la actualidad. El COVID 19 aceleró condiciones para que esa crisis se manifieste con la gravedad con que hoy la vivimos: una cuarta parte del país en condiciones de pobreza, las tasas de desempleo más altas de las últimas décadas, la situación fiscal, una violencia estructural cada vez más fuerte, son solo ejemplos que muestran que es necesario un cambio de sistema.
Lo ambiental no es ajeno a esta crisis: invasión de monocultivos en áreas protegidas, debilitamiento de la legislación y políticas ambientales, grave erosión y retroceso de espacios de participación ciudadana, criminalización de quienes defienden el ambiente, grave retroceso en derechos (de Pueblos Indígenas, de comunidades locales, del público en general) y el aumento de recetas que son presentadas como soluciones a las crisis, pero más bien profundizan sus causas. El cambio de sistema es más que necesario, de lo contrario la realidad que nos tocará enfrentar será más dura de la que estamos empezando a vivir hoy.
El COVID 19 a su vez, ha permitido que distintos actores, se refieran a dos realidades: la vieja que ha creado pobreza, grandes desigualdades, una enorme inequidad y un gran deterioro y destrucción ambiental. Y una nueva, que a todas luces debe ser distinta. Eso sí, en Costa Rica no se ha promovido un debate con amplia participación de todos los sectores, con relación a cuál debe ser esa nueva realidad.
El presidente Carlos Alvarado ha dicho que hay que “incorporar la protección de la naturaleza como centro de las decisiones comerciales y financieras para enfrentar la crisis que ha generado en el mundo el COVID-19 (…) En ese contexto, sostiene que la pandemia es una oportunidad para cambiar la forma en que comemos, vivimos, crecemos, construimos y potenciamos nuestras vidas para lograr una economía sana y resiliente, baja en emisiones de carbono y «positiva para la naturaleza» y detener así la crisis que se generará por la pérdida de biodiversidad para el año 2030.” (1)
La intención puede parecernos positiva: si el sistema de desarrollo dominante ha destruido la naturaleza y ha provocado la enorme crisis que vivimos, nada es más necesario que adoptar enfoques distintos que superen ese modelo y nos lleve a construir mejores condiciones de vida dejando de lado la destrucción y deterioro de la naturaleza. Es necesario un cambio de sistema. Sin embargo, debemos preguntarnos ¿será esa nueva realidad distinta a la vieja realidad?, ¿en qué lo será?, es cierto que hay que proteger la naturaleza, pero ¿para qué?, ¿quién lo hará y cómo tomará las decisiones?, ¿estaremos frente a un cambio de sistema promovido desde el gobierno?
Las declaraciones citadas líneas arriba del Presidente Alvarado nos da pistas de hacia donde él, su gobierno y sus socios nacionales e internacionales se dirigen. El Presidente Alvarado, dijo lo que señalamos líneas arriba en su condición de co-presidente de la comunidad Champions for Nature. Lo dijo además, durante la conferencia virtual del Foro Económico Mundial (que lanzó en esa misma reunión, el Nuevo Informe de Economía, el cual plantea Soluciones Basadas en la Naturaleza como motor de reactivación económica en el mundo) (2).
Para entender el carácter de esa intervención es importante recordar que el Foro Económico Mundial es lo que se conoce como el Foro de Davos. Este, es una reunión anual que se celebra en Suiza donde asisten las más grandes corporaciones, algunos presidentes y otros actores afines. Este Foro inició como reacción al Foro Social Mundial que se organizaba en Porto Alegre, Brasil como un encuentro anual de movimientos sociales a nivel global que se reunían para compartir, discutir y construir propuestas comunes en distintos niveles. Además, el Presidente Alvarado dio ese discurso no como un invitado más de ese foro corporativo, sino como presidente de Champions for Nature (3), una instancia del mismo Foro Económico Mundial donde Alvarado está en su presidencia (junto al presidente de Unilever y la subsecretaria del Programa Ambiental de Naciones Unidas). Es decir, Alvarado le estaba hablando a los de su casa que son quienes tienen una enorme responsabilidad en la creación de las causas que provocan la crisis que actualmente estamos viviendo.
Durante toda esta crisis, hemos visto cómo actúan los distintos actores. Las grandes corporaciones transnacionales -las mismas que van todos los años a la reunión del Foro Económico Mundial o Foro de Davos- siguen adueñándose de enormes cantidades de territorio para expandir el monocultivo, no han modificado en nada su forma de producción y más bien, utilizan falsas soluciones y promesas para expandir sus negocios (4). En Costa Rica hemos visto que el agronegocio sigue funcionando igual: en el monocultivo de piña, por ejemplo, en toda su cadena de producción, no solo se violentan derechos laborales, sino que se han convertido en foco de diseminación del COVID 19. Fomentan también la contaminación de acuíferos, invaden áreas de protección, fomentan el uso intensivo de plaguicidas, entre otros. Las amenazas al ambiente van más allá, se busca abrir legislación para volver a actividades altamente contaminantes como la minería de oro, la pesca de arrastre, la exploración y explotación petrolera mientras otra es debilitada. Y desde el gobierno, se continúa con la promoción de medidas y políticas neoliberales que impactan negativamente al país. Por lo tanto, esperar que las palabras del Presidente Alvarado, que inicialmente pueden sonar bien, conlleven un cambio de sistema o al menos, un inicio para construir cambios estructurales, es una ilusión irreal. Es claro que los discursos que desde el gobierno costarricense dicen que es necesaria una nueva realidad, lo que vienen a hacer es profundizar aún más el modelo de desarrollo vigente. Así, la crisis ambiental, se convierte en una oportunidad para que políticas oficiales, brinden mayores oportunidades y beneficios a quienes han venido destruyendo el ambiente.
(FECON, 13/11/2019) En el marco de la presentación del Informe del Estado de la Nación 2019 resalta entre sus resultados la invasión del agro-negocio de la piña dentro de Áreas Silvestres Protegidas y de humedales, también protegidos por ley (1).
El Programa del Estado de la Nación revela que existen 3.824 hectáreas sembradas con piña dentro del Corredor Fronterizo Norte, Refugios de Vida Silvestre Maquenque y Barra del Colorado. Estos datos revela un aumento de más del 50% reportada hace un año cuando FECON denunció que existían cerca de 1300 Ha de piña en las mismas ASP (2).
Además esta edición del Estado de la Nación revela que las piñeras han invadido 16.324 hectáreas de humedales. Espacios de vida claves para la conservación de la naturaleza y evitar situaciones de emergencia como pueden ser inundaciones.
Existe un conflicto importante entre la vocación de conservación de la naturaleza del país y la dinámica productiva de expansión de monocultivos destructivos como lo es la piña en Costa Rica. El aumento de piñeras metidas en ASP en un 300% es una muestra de que la expansión piñera es una de las emergencias ambientales más importantes que afrontamos en al país.
En promedio en la Secretaría Técnica Ambiental se aprueban tres mil hectáreas anuales de piñeras de forma legal, pero la mayoría de esta expansión se da de manera ilegal, como las que se dan dentro de Áreas Silvestres Protegidas y Humedales.
Al mismo tiempo que se expande descontroladamente la piña, el gobierno mira para otro lado y hasta niega que sea un problema importante la expansión piñera.
Pronunciamiento del Colectivo de Geografía Crítica “24 de Abril” por motivo del premio “Campeones de la Tierra”, recientemente otorgado a Costa Rica por parte de la ONU
Hablar de ambiente en Costa Rica es una polémica tarea. Por un lado, se ha convertido en un signo de orgullo internacional, un amplificador del nacionalismo y una noticia agradable que nos conforta en medio de nuestras angustias cotidianas. Por otro, es un triste conteo de fracasos, un interminable recuento de las consecuencias más perversas -por lo general ocultas- del modelo de desarrollo y una alerta de que no estamos haciendo las cosas tan bien como nos dicen.
El premio ambiental que el país recibió recientemente en la ONU como “Campeón de la Tierra” es un vergonzoso recordatorio de que estamos escondiendo el polvo debajo de la alfombra. Debajo de la pomposidad de la Pre-COP (a realizarse entre el 8 y el 10 de octubre en Costa Rica) y del aséptico mundo de los organismos ambientales internacionales, estamos escondiendo a los niños y niñas envenenados por agrotóxicos en las escuelas, a las personas que no pueden tomar agua del tubo de sus casas por contaminación, a las áreas protegidas que sirven como corredores logísticos del narcotráfico, a las y los activistas que han sido asesinados por defender el ambiente frente a la voracidad del capital…
Nos dicen que la cobertura boscosa y las áreas protegidas han aumentado en los últimos 30 años y que casi el 100% de nuestra electricidad se genera con “energías limpias”. Sin embargo, detrás de esta fachada, se importan y se queman toneladas de combustible diariamente para alimentar una flotilla de vehículos particulares que crece más rápido que la misma población (en busca del american way of life), se envenenan aguas, suelos, aire y cuerpos por la expansión del agronegocio y se dedican las mejores tierras agrícolas para el cultivo de postres de exportación (primer productor mundial de piña), empujando al país hacia una peligrosa dependencia alimentaria, en donde la comida que se sirve en nuestras mesas, cada vez más, es importada desde otras latitudes. Desde esa perspectiva, no hay contradicción entre protección y destrucción ambiental, sino una perversa y conveniente complementariedad. Detrás de los premios ambientales y el reconocimiento de la “comunidad internacional”, quedan los paisajes y las personas que buscan resistir los efectos de estos fracasos ambientales.
La idea de complementariedad entre protección y destrucción ambiental que proponemos es que, para poder perpetuar la acumulación de capital -destruyendo a su paso el ambiente y los tejidos sociales que cuidan y viven de la naturaleza- el Estado y las grandes empresas requieren de sellos ambientales, de certificaciones, premios y demás cortinas de humo que les permitan continuar con su actividad lucrativa y destructora. Porque, para nadie es un secreto, el tema ambiental se convirtió en una moda, un bonito discurso y un gran negocio. Frente a la incontestable evidencia de una crisis ecológica global (cuya manifestación más dramática es la crisis climática, que amenaza la sobrevivencia misma de la especie humana), lo “verde” se convirtió en políticamente correcto. Inclusive los grandes contaminadores del mundo (sector petrolero, agroindustrial, automovilístico, minero, etc.) reivindican sus prácticas empresariales “sostenibles” para mejorar su imagen, bajo una práctica que ha recibido el nombre de greenwashing o “lavado verde”.
Este secuestro y cooptación del tema ambiental por parte del status quo capitalista no es nuevo. Desde los años 1990 ha logrado imponerse con éxito en los principales centros de gobernanza ambiental mundial una perspectiva que busca hacer compatible la cuestión ambiental con el pensamiento desarrollista y economicista de mercado (primero fue el “desarrollo sostenible” y luego la “economía verde”). Tanto desde la ONU como desde el Banco Mundial, la OCDE y la Unión Europea, las propuestas oficiales que se ofrecen para encontrar salida a la crisis ecológica global se mantienen prisioneras de la ortodoxia del crecimiento económico sin límites. Desde esta perspectiva, la solución a los problemas ambientales radica en innovaciones tecnológicas para mejorar la “eficiencia” y “limpiar” la economía, deliberadamente evadiendo una discusión más profunda sobre modelos de desarrollo y sobre la necesidad de repensar los actuales sistemas de producción y consumo. Pareciera ser que -parafraseando a Hickel y Kallis (2019)-: “lo políticamente aceptable es ecológicamente desastroso, mientras que lo ecológicamente necesario es políticamente imposible”.
Este es el verdadero motivo por el cual Costa Rica ha adquirido tal grado de visibilidad y prestigio internacional en el tema ambiental. La imagen de Costa Rica como “Campeona de la Tierra” ha sido cuidadosamente elaborada desde los agentes nacionales e internacionales del capitalismo verde, como un ejemplo de que sí es posible salvar el planeta sin cambiar las reglas del juego del sistema capitalista. Esto termina siendo una patética fábula que nos cuentan para calmar nuestra conciencia, pero que, en el fondo, ha provocado una profundización de la crisis ecológica global. Se realizan cumbres, conferencias y congresos, se redactan informes y diagnósticos, se firman acuerdos y compromisos internacionales…sin embargo, no cabe duda que estamos peor de lo que estábamos hace 25 años, tanto a nivel nacional como mundial.
Aún más, podríamos decir que Costa Rica ha funcionado desde los años 1990 como una especie de “eco-laboratorio” del capitalismo verde, escenario donde se experimentan nuevas formas de gobernanza ambiental basadas en el mercado. La implementación de este tipo de políticas y programas en materia ambiental, de manera sistemática, ha tendido a excluir a las comunidades y demás actores sociales –sobre todo, aquellos que tienen un posicionamiento crítico o disidente-, como lo demuestra el reciente Plan Nacional de Descarbonización. Más allá de las buenas intenciones y de los puntos rescatables que éste pueda contener, no debemos olvidar que se trata de una propuesta implementada de manera vertical y sin un proceso de consulta ciudadana. Por fuera del glamuroso ambientalismo “de saco y corbata”, quedan excluidos e invisibilizados una diversidad de actores, subjetividades y puntos de vista alternativos que también componen la sociedad costarricense, tales como pueblos indígenas, grupos ecologistas críticos, organizaciones comunales de base, jóvenes en huelga por el clima, entre otros, cuyos aportes mucho podrían ayudar para encontrar solución frente a tan graves problemáticas.
En realidad, si en algo somos campeones mundiales, es en haber logrado ocultar detrás de una cortina de humo verde la sistemática destrucción de ecosistemas y comunidades, propia de un modelo de desarrollo capitalista sin límites, del cual nuestro país no escapa. Somos campeones en eco-marketing, en hacer de lo verde marca, no realidad.
Referencia:
Hickel, J. y Kallis, G. (2019). Is Green Growth Possible? New Political Economy. DOI: 10.1080/13563467.2019.1598964.
