Etiqueta: agroquímicos

Nuevo gobierno, viejos piñeros

Escrito en 08/05/2018. Publicado en Madre Tierra.

Henry Picado Cerdas (*)

Las condiciones están dadas para que continúe la impunidad del delito ambiental piñero
A un año de grandes movilizaciones contra la expansión las promesas del gobierno no se cumplieron
Un 74% de las fincas piñeras con Viabilidad Ambiental nunca han sido inspeccionadas

FECON- 7 de mayo 2019.- El mandato de Carlos Alvarado Quesada comienza con dos desafíos importantes en materia agroambiental. Uno es reconocer la poca o nula discusión en la campaña electoral sobre la expansión del monocultivo de la piña para evitar un verdadero diálogo nacional sobre este tema. El otro desafío es sacudirse del continuismo de la inacción que deja la administración anterior con respecto al delito ambiental orquestado por el sector piñero.

Estamos pronto de cumplir un año de que Mariana Paniagua y Jorge Castro salieron desde Pavón de los Chiles rubo a Casa Presidencial en San José, una travesía de 180 Kilómetros para denunciar la situación que viven miles de personas campesinas en muchas partes del país: la expansión descontrolada del monocultivo (Fecon, 18-5-2017). Casi al mismo tiempo, el 15 de mayo, una movilización multitudinaria se desplegó en el Centro de San José para solicitar la revocación del permiso otorgado a la empresa Del Monte para la siembra de 500 hectáreas de piña en la inmediaciones del Humedal Terraba-Sierpe y sobre sitios de importancia arqueológica donde se albergan esferas de piedra precolombinas (Semanario Universidad,16-5-2017).

A la llegada de Paniagua y Castro a San José, bajo un fuerte aguacero, su primera acción fue ir directamente hacia Casa Presidencial, dónde el mismo Luis Guillermo Solís le atendió con simulado interés, para que al día siguiente lo volvieran a recibir un grupo de asesores presidenciales -entre ellas Paola Vega, actual diputada- con actitud altanera y con el objetivo de llevar a mal puerto cualquier petición de esta pareja de pequeños ganaderos de los Chiles. Pese a la desidia del gobierno, Castro y Paniagaua le entregaron el 23 de mayo de 2017 al gobierno de Luis Guillermo Solís un pliego petitorio que se tradujo en una serie de acuerdos. Entre los que se encontraban:

Primer acuerdo: “que en muy corto plazo habrá una visita de inspección de alto nivel a varias fincas piñeras en la zona norte. Posteriormente se hará lo mismo en la zona sur y el Caribe.”

Segundo acuerdo: “se dará un seguimiento prioritario a las denuncias presentadas contra fincas que incumplen requisitos ambientales y laborales o que operan sin viabilidad ambiental.”

Tercer acuerdo: “El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) reforzará el apoyo ante los brotes de moscas, procurando cubrir a pequeños ganaderos que no han tenido acceso a ese apoyo.

Cuarto acuerdo: “Ministerio de la Presidencia revisará la posibilidad de una declaratoria de emergencia ambiental en el cantón de Los Chiles y de una moratoria nacional a la expansión piñera.” (Voces Nuestras, 25-5-2017)

Este acuerdo fue firmado por María Elena López (como Ministra de Salud en ese momento), Edgar Gutiérrez (como Ministro de Ambiente), Sergio Alfaro (como Ministro de la Presidencia) y Luis Felipe Arauz (como Ministro de Agricultura). Estos puntos jamás fueron cumplidos y no se realizaron las acciones que se prometieron por parte del gobierno a Paniagua y Castro. Sobra decir que la expansión piñera continua y la impunidad por parte de los empresarios piñeros es la moneda de cambio con la que le paga el Estado a quienes denuncian este desastre. Mientras tanto Paniagua y Castro tuvieron que abandonar su finca al ser totalmente rodeados por un lado de piña y por otro de la inacción del Estado (Voces Nuestras 31-1-2018).

Un año después, el gabinete de la nueva Administración Alvarado Quesada se enfrenta a este reto mayúsculo en materia ambiental. El fenómeno del impacto generalizado en casi todo el país del monocultivo de la piña que su predecesor, Luis Guillermo Solís, no fue capaz de atender. Lejos de eso se prevé un continuismo en el tema lo cual una agudizaría más esta crisis.

La lectura que las organizaciones nucleadas en el Frente Nacional de Sectores Afectador por la Producción Piñera (FRENASAPP) hacen de esta coyuntura particular con respecto a este monocultivo no ve un panorama muy alentador. Así se analizó en la última reunión del FRENASAPP (Kioscos Ambientales, 22-4-2018) el pasado 19 de abril en San José. Las comunidades y organizaciones concluyen que Carlos Alvarado Quesada no parece diferenciarse mucho de la Administración Solís-Rivera en términos de abordaje de este conflicto socio-ambiental.

El escenario pos-elecciones:

En el ámbito de comercio exterior este nuevo gobierno trae una perspectiva de abrirse a nuevos mercados, pese a que no quiere firmar nuevos tratados de libre comercio, pero si profundizar la agenda neoliberal.

En este sentido hay que mencionar que las plantaciones de piña ha crecido de un 4% a un 7% por año, esto serían de 2.500 a 4.000 hectáreas que se suman al término de 12 meses. Al mismo tiempo los ingresos de los piñeros crecen al mismo ritmo, es decir alrededor de un 8% anual (Centroamérica Data, 27-4-2018). Esto confirma que la expansión sigue existiendo pese los esfuerzos de la Cámara Nacional de Productores Piñeros (CANAPEP) y del gobierno de negar el fenómeno de expansión.

Preocupa además la impunidad que puede llegar a tener las empresas piñeras que por ejemplo, se encuentran dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Tenemos más de 1.112 hectáreas de este cultivo dentro de Refugio Vida Silvestre Barra del Colorado; el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque se invadieron y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo (Fecon, 12-2-2018). Empresas que siguen funcionando en la actualidad en total impunidad.

En otro sentido la reforma a la normativa ambiental impulsada por la administración Solís-Rivera deja portillos preocupantes por medio de los cuales la expansión piñera puede continuar. Un ejemplo claro de esto es la propuesta de reforma del Reglamento de la Secretaría Técnica Ambiental que sigue el espíritu de desregularizar los controles e incrementar los umbrales ambientales para “facilitar el comercio y la competitividad” (Fecon, 7-3-2018). El Ministerio de Ambiente de la administración Solís-Rivera creó una propuesta inspirada en las ideas de Jorge Woodbridge (ministro de competitividad de Oscar Arias Sánchez) en la cual reduce los requisitos para la instalación de monocultivos. Es así como plantaciones de menos de 25 hectáreas no tendrían que presentar Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). Esto abriría un portillo muy peligroso que incentivaría aún más la expansión piñera.

En este mismo sentido un informe de agosto de 2017 por parte de la comisión interna de SETENA titulado “Casos de plantaciones de piña – análisis de expedientes 2016-2017” revela que de los 27 expedientes sobre permisos de plantaciones piñeras el 74% de estos no tienen seguimiento alguno, ni inspecciones, es decir de sólo 7 piñeras fueron visitadas, mientras las otras 20 fincas no tienen seguimiento alguno. Hay que mencionar que sólo existen cuatro inspectores para realizar las visitas de las piñeras de todo el país.

Este mismo informe, rendido al MINAE por parte de la misma Setena, revela que un 22% de las piñeras con Viabilidad Ambiental registran alguna denuncia o infracción registrada en los tribunales de justicia. Lo que nos da indicios de que la falta de cumplimiento de los inspectores de Setena abona los casos de impunidad de los delitos ambientales del sector piñero.

Por otro lado, el Gobierno Solís-Rivera firmó tres reglamentos sobre plaguicidas que fomentan la entrada al país de agroquímicos sin necesidad de presentar estudios previos, con el argumento de modernizar los plaguicidas que se utilizan actualmente e introducir nuevas moléculas. Nos referimos a un reglamento que permite no realizarse las evaluaciones ecotoxicológicas a los plaguicidas en nuestro país sobre sus posibles implicaciones ambientales y en la salud (Decreto N° 40059), otro facilita la exportación de venenos (Decreto Nº 39461) y el último legaliza los agroquímicos viejos sin que tengan evaluaciones de riesgo ambiental o de salud (Decreto N°39995). Esto lo único que hace es allanar el camino para los intereses del agronegocio.

Este Gobierno de Unidad Nacional tiene una gran responsabilidad entre manos. Es necesario tomar acciones en torno a la expansión de los monocultivos. De no hacerlo estaría refrendando de forma irresponsable la inacción del gobierno Solís-Rivera en materia agroambiental condenando a cientos de comunidades a tomar agua envenenada, a ser víctimas de la explotación laboral y a ver como su ganado pierde hasta un kilo por día por culpa de la mosca de la fruta.

(*) Presidente, Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON), teléfono 87609800

Foto: Marcha contra la expansión piñera. 15 mayo 2017. Foto: Semanario Universidad.

Enviado por FECON.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Ecologistas denuncian importación de agroquímico prohibido

Escrito en 11/02/2018. Publicado en Madre Tierra.

Mediante una carta pública la Federación Ecologista le pide al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís; al Ministro de Agricultura y Ganadería, Felipe Arauz y a Marco Vinicio Jiménez del Servicio Fitosanitario del Estado explicaciones sobre la importación ilegal del herbicida Bromacil. Agroquímico prohibido por el decreto número 40423-MAG-MINAE-S del 5 de junio de 2017.

Los ecologistas presentaron copia del oficio AE-011-2018 del Departamento de Agroquímico y Equipos del SFE donde certifica la autorización de importación de 4200 kg de Bromacil y su sal de litio bajo el nombre de BROMATEL80W el día 13 de noviembre del 2017 realizado por la empresa AGRICENTER SA (3-101-301429) desde China.

Ante esto Fabián Pacheco alegó: “¿Qué está pasando en el MAG y el en SFE? ¿Cómo es posible que desde lo interno del Ministerio de Agricultura se desacate un decreto del Poder Ejecutivo que prohíbe la entrada de Bromacil a Costa Rica?”

Según la carta de la Federación Ecologista “… la compañía importadora del agrotóxico Agriceter S.A. hicieron lo que les dio la gana con el apoyo de funcionarios públicos a pesar de que el decreto dice claramente que a partir de la fecha de su publicación queda prohibida la importación de Bromacil. Desde la Federación Ecologista queremos saber ¿quiénes se benefician directamente del desacato de este Decreto Ejecutivo? Poniendo en riesgo la salud de comunidades enteras tal y como ha demostrado en los últimos análisis del donde se demuestra que acueductos en Pital de San Carlos siguen saliendo con presencia de Bromacil en el agua. Según explica Fernando Ramírez del IRET de la UNA la cantidad de Bromacil importado en desacato al decreto señalado alcanza para aplicar más de 1000 hectáreas de cultivo”.

Henry Picado de la Fecon afirmó que: “la Federación Ecologista exigimos se investigue a lo interno del Ministerio de Agricultura y Ganadería y se lleven los procesos disciplinarios respectivos. Un decreto del Ejecutivo no se interpreta para ver si se cumple o no, Un decreto del Poder Ejecutivo se acata y punto”.

FABIAN PACHECO FEDERACION ECOLOGISTA

prohibicion bromacil

Información:

Fabián Pacheco, Teléfono: 88262270

Henry Picado, Teléfono 87609800

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por FECON.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Pescadores a la calle por contaminación de ríos

Escrito en 08/09/2017. Publicado en Madre Tierra.

Marcharan este próximo domingo 10 de setiembre, 9 a.m. Plaza de la Cultura

La matanza de peces por agroquímicos tiene indignados a pescadores deportivos y operadores turístico asociado a esta actividad, solo este año denunciaron dos grandes matanzas en río Pacuare (FECON, 9-5-2017) y el mes pasado en Laguna Madre de Dios (FECON, 16-8-2017).

Este sector desarrolla su actividad en ríos, lagunas y desembocaduras donde son testigos de grandes crímenes contra los ecosistemas y por ello conformaron el movimiento No Más Contaminación (NOMCOM) que agrupa a la mayoría de grupos organizados de pesca deportiva y recreativa de nuestro país. La marcha es para “hacerle saber al gobierno que ya estamos cansados de las malas prácticas de ciertas empresas que están matando y envenenando nuestros ríos o flora y fauna” (ver más del evento).

Jorge Chaverri pescador de Cartago motivo a la participación de todas las personas en la marcha afirmando: “hay que hacerlo por Costa Rica, por toda la gente que vive en los ríos y lagunas, por el recurso pesquero, por la salud de todas y todos los costarricenses”. También llamo a “proteger los ríos, lagunas de la fumigación indiscriminada de las piñeras”.

Mientras Cristian Pescod del grupo de los Pescadores de la Vieja Metropoli llamo a llevar a toda la familia pues “de manera muy pacifica queremos quejarnos de todos los problemas que tenemos en los ríos y mares de nuestro país, por problemas de los agro tóxicos que no queremos más para poder seguir practicando nuestra actividad”.

El movimiento está convocado a la marcha mediante videos y redes sociales, pero además se está organizando para monitorear más de cerca la contaminación por agro tóxicos mediante material educativo para poder tomar las muestras de peces y agua contaminada que ven constantemente en su actividad.

Más información con Harold Aguilera: 85095949

Enviado por FECON.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Seminario gratuito: Epidemiología comunitaria, salud y derechos colectivos

Escrito en 24/08/2017. Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos, Formación, Salud.

Jornada de salud comunitaria frente al poder de las corporaciones transaccionales

Hay una necesidad importante para aumentar la sostenibilidad ambiental del país debido a que esto también aumenta la calidad de vida de las personas.

Las afectaciones sufridas por las comunidades vecinas a plantaciones piñeras se encuentra subcontabilizadas y no existe una metodología clara para recuperar estos datos que son de importancia para determinar lineamientos nacionales para la disminución de dichos impactos en la salud humana.

Este seminario permitirá ahondar en una experiencia teórico-práctica sobre este tema, la epidemiología comunitaria desarrollada por el Dr Gianni Tognoni en países como Argentina y Brasil donde existen problemas similares por contaminación con agroquímicos provenientes del cultivo de la soya.

El seminario estará dirigido a docentes de las universidades públicas, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil. Será abierto y gratuito.

Objetivos/propósitos

El objetivo es ofrecer elementos teórico y prácticos sobre la metodología de la Epidemiología Comunitaria

Contenidos

Introducción al Epidemiología Comunitaria
Discusiones sobre la construcción colectiva de los derechos frente al poder de transaccionales
Acercamiento a la metodología de investigación de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados
Técnicas de investigación desde la Epidemiología comunitaria

Organizadores/as

-Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica

-Escuela de Salud Ambiental-Universidad de Costa Rica

-Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera

-Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales

-Red de Coordinación en Biodiversdiad

-Coeco Ceiba Amigos de la Tierra

Compartido por Nicolas Boeglin.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Matanza masiva de fauna en Laguna Madre de Dios en barra del Río Pacuare

Escrito en 19/08/2017. Publicado en Madre Tierra.

El fin de semana pasado un operadores turísticos y habitantes cercanos a la Laguna Madre de Dios denunciaron la muerte masiva de peces, crustáceos y reptiles por apartemente contaminación de agroquímicos de bananeras, piñeras o arrozales que están rio arriba y como ha sucedido desde hace décadas.

Por el momento se sabe que ya hay muestras de peces y aguas recolectadas y fueron enviadas a los laboratorios de la Universidad Nacional.

Solo en el 2004 se reportaron al menos seis denuncias por envenenamiento de peces. En abril de este año también los pescadores locales denunciaron muerte masiva “de róbalos, guabinas, guapotes y crustáceos que están entre las especies afectadas (FECON, 9-5-17).

Los pobladores viven de la pesca y actividades turísticas de zona del Parque Nacional Tortuguero y emprendimientos a la orilla de los canales y desembocaduras de los principales ríos. Las lagunas costeras son ecosistemas importantes de protección de flora y fauna silvestre, entre mamíferos como el manatí (Trichechus manatus), declarados símbolo nacional por la Asamblea Legislativa (2004).

El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) viene monitoreando estas contaminaciones en distintos proyectos, investigaciones e inventarios. Según estudios realizados por el IRET en cuerpos de agua que alimentan esta laguna, los plaguicidas aplicados en las tierras de cultivo cercanas están siendo arrastrados por escorrentía hasta los afluentes de la laguna y llegando eventualmente a ella.

Por ejemplo, una en enero del 2003 “murieron miles de organismos acuáticos entre los que se encontraban peces juveniles y adultos de hasta 1 metro de largo, que incluían anguilas, sábalos, róbalos, guapotes, mojarras y machacas. También murieron crustáceos entre ellos jaibas, camarones y cangrejos. Entre los vertebrados muertos se observaron lagartos, tortugas y aves. La causa de este desastre ambiental fue muy probablemente el derrame del plaguicida clorotalonil de un tanque que se dio en el aeropuerto de Batán” (IRET, 2004).

Este plaguicida es utilizado en la fumigación aérea de las plantaciones de banano. Se encontró peces muertos a lo largo de 15 Km. Por este caso la multinacional bananera Standard Fruit Co llego a una conciliación con el Tribunal Ambiental Administrativo donde quedo “absuelta” de la responsabilidad a cambio se comprometió a pagar ocho mil dólares anuales en un lapso de cinco años. El dinero en teoría sirvió para repoblar de peces el río Pacuare (lmtonline.com,18-7-2004). Una Evaluación Económica del Daño Ambiental preparado para el Tribunal Ambiental Administrativo por estimo un tiempo para recuperar el estado de conservación inicial era de 5 años para la actividad pesquera y de 4 años para la actividad turística ( ver estudio).

En 2010 la misma empresa en un incendio con agroquímicos en Batán deja cientos de peces muertos. Según el Tribunal Ambiental, la mezcla de agroquímicos llegó al canal “a través del sistema de tratamiento de la planta que estaba conectado al canal mediante una tubería posiblemente camuflada y que fue clausurada de inmediato por funcionarios del Ministerio de Salud de la zona”(nacion.com, 4-6-2010).

Otro estudio reciente titulado “Especies de algas del microfitobentos en la Laguna Madre de Dios” de la UNA identifica una gran cantidad de plaguicidas, insecticidas y herbicidas en junio y octubre de 2016. Entre las sustancias detectadas están: epoxiconazol, tiabendazol, ametrina, hexazinona, azoxistrobina, diuron , diazinon y difeconazol. También sorprende sobre manera la presencia de fluopiram una de las moléculas nuevas del agroquímico Verango de Bayer que se ha defendido el MAG como una menos dañina que las viejas formulaciones pero que en pocos años ya está contaminando.

Fotos tomadas de Costa Rica Fishing

Enviado por FECON.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Piñera en Osa no es viable y proyecto debe rechazarse

Escrito en 20/05/2017. Publicado en Madre Tierra.

SETENA, empresa y consultores cometieron errores, omisiones y negligencias
Piden nulidad a viabilidad ambiental, sanciones administrativas y penales a los responsables

Ecologistas solicitan establecer los procesos administrativos y penales correspondientes a los funcionarios de la SETENA que hayan incumplido con la ley al otorgar la viabilidad ambiental al polémico mega-proyecto de 500 hectáreas de cultivo intensivo de piña que ha desatado un conflicto socio-ambiental.

En un extenso recurso de nulidad los ecologistas evidencian un claro favorecimiento al desarrollador del proyecto, omitiendo procedimientos técnicos vigentes y que podrían provocar daños ambientales irreversibles.

El recurso fue interpuesto por representantes de diversos sectores entre ellos el ecologista, académico, campesino, mujeres rurales, estudiantes que consideran que en el D1 (documento de evaluación ambiental), que todo proyecto debe presentar a SETENA para su primera valoración ambiental mediante un puntaje, debió haberse reflejado que era necesario un estudio de impacto ambiental en el tanto el área del proyecto incluye bosques y humedales que son áreas protegidas por ley (art. 32, Ley orgánica del ambiente) al estar dentro de la categoría de “muy alta vulnerabilidad y fragilidad ambiental” prescrita en la normativa.

Este formulario es una declaración jurada que advierte que en caso de que haya omisión de información o se aporte información falsa se posibilita a la Setena a rechazar su gestión y también a sanciones administrativas y penales a los responsables.

Así la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA a la piñera Del Monte en Osa tiene serios vicios que apuntan a su nulidad por los siguientes puntos:

Se trata de un megaproyecto de 500 hectáreas de monocultivo intensivo de piña que incluye un gran paquete de agroquímicos tóxicos, como el Paraquat que está prohibido en muchos países por ser muy contaminante.
Bajo la finca existe un acuífero y el el mismo estudio hidrogeológico presentado señala que si se contaminara el acuífero se produciría una extensa pluma de contaminación que se movilizaría en dirección al Humedal Térraba Sierpe. Dicho estudio no fue revisado por el SENARA, entidad que debería ser consultada para verificar la veracidad y alcances del informe.
A pesar de todo lo anterior la SETENA no hizo inspección de campo para este caso con lo cual incumple con la Ley Orgánica del Ambiente (art. 84 inciso c). De tal manera se tramitó en menos de un mes, mientras proyectos de mucho menos impacto tardan meses, incluso años, para su debido análisis en la Setena.
El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere una evaluación del Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Sin embargo el reporte arqueológico, ignora la existencia del sitio arqueológico Unesco Patrimonio de la humanidad y pese a la riqueza arqueológica existente en el área del proyecto, la SETENA aprueba el permiso ambiental sin que se ejecute una evaluación arqueológica de los nueve sitios presentes recomendada por dicho reporte, en otras palabras, les da licencia “destruir el patrimonio arqueológico”. El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere una evaluación de Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Por ejemplo, de la Marina Papagayo en el 2004.
El estudio social está incompleto y no cumplió con la normativa al no realizar su componente más importante: el estudio de consulta a actores sociales así como institucionales claves de la zona. El estudio socioeconómico, se realizó en una muestra de tan solo 18 personas, es decir, con el 0.61% de la población del cantón. En Palmar, justo donde se ubica el proyecto, hay una población de 9 815 personas, por lo que la muestra se realizó con apenas, un 0.18 % de la población. Las muestras indicadas, reflejan que no hay una verdadera representatividad de la percepción que pudiera tener la comunidad.

A solicitud de FECON el especialista en gestión ambiental Dr. Allan Astorga Gättgens realizó una sistemática y detallada revisión del expediente técnico y administrativo (18758 – 2016 SETENA), que consta de 534 folios y que sustenta la solicitud de nulidad firmada por personas asistentes a la manifestación del 15 de mayo pasado.

Informes: Allan Astorga tel. 8826 8551 o Mauricio Álvarez tel.887019165

Ver nulidad. http://www.bloqueverde.com/NulidadDelMonteOsa.pdf

Ver revisión del expediente técnico y administrativo:

http://www.bloqueverde.com/analisisAstorgapinaOsa.pdf

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.i-ambiente.es

Enviado a SURCOS por Presidencia FECON.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Dos acciones de inconstitucionalidad en el Día de las Agricultoras y los Agricultores de Costa Rica

Escrito en 17/05/2017. Publicado en Derechos.

En el marco de la marcha contra la expansión piñera de este lunes 15 de mayo de 2017 se interpondrán dos acciones legales contra dos decretos que para personas ecologistas, agricultoras, apicultoras, pueblos indígenas y demás firmantes lesionan la agricultura indígena y campesina en beneficio de grandes compañías y empresarios de la agroindustria.

Los decretos en cuestión son el N°40300 para registro de variedades de semillas y el otro es el decreto N° 40059-MAG-MINAE-S para el registro de agroquímicos.

Sobre las semillas. Al respecto del primero las personas demandantes lo consideran inconstitucional por cuanto entra en contradicción con el Convenio N° 169 de la OIT que vela por los derechos de los pueblos indígenas, ya que existiría una afectación directa sobre los mismos en el tanto se podría estar exigiendo la inscripción de sus variedades locales, tradicionales y criollas en un registro de variedades comerciales como requisito para el ejercicio del intercambio de semillas que por siglos han venido realizando de forma libre. A pesar de esta afectación directa, el Decreto no fue consultado a los pueblos indígenas.

Además, el decreto N°40300 abriría un portillo para que las semillas criollas sean inscritas a nombre de la Oficina Nacional de Semillas, lo que implica perder o violar el derecho de propiedad intelectual colectivo “sui generis” para la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales pertinentes a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica.

Sobre los agroquímicos. En cuanto al decreto N° 40059-MAG-MINAE-S lo demandantes lo consideran inconstitucional porque permite el registro de agroquímicos sin que se realice una evaluación previa en nuestro país sobre sus posibles implicaciones ambientales y en la salud. Además, elimina el mecanismo de participación ciudadana que hoy se aplica antes de otorgar un permiso y admite que se presente información sobre la toxicidad de los agroquímicos en inglés, cuando el idioma oficial de nuestro país es el español.

El decreto N° 40059-MAG-MINAE-S es parte de un paquete de tres decretos que el gobierno aprobó en menos de un año para flexibilizar sus registros disminuyendo los controles ambientales y de salud (FECON, 17-1-2017). El primer decreto en ser firmado y publicado fue el Nº 39461-MAG “Registro de Ingrediente activo grado técnico importados al país para la formulación de plaguicidas químicos en formuladoras nacionales, bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, Zona Franca o similares con fines de exportación”.

El segundo es el Decreto N°39995 que legaliza los agroquímicos viejos sin que tengan evaluaciones de riesgo ambiental o de salud. Este reglamento es para los agroquímicos que se registraron en el pasado cuando no habían suficientes estudios científicos disponibles que demostraran que esas sustancias no terminarían en nuestros platos, agua, aire y el ambiente en general. Este fue impugnado en la Sala Constitucional en febrero pasado (FECON, 13-2-2017).

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Mauricio Álvarez, FECON.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Pérez Zeledón: primer cantón libre de herbicidas en áreas públicas y de interés en agroecología

Escrito en 13/04/2017. Publicado en Madre Tierra.

El jueves 6 de abril, el Concejo Municipal de Pérez Zeledón fue colmado por activistas de diversos movimientos como el agroecológico, cultural, ecologista y comunitario para solicitar que se diera un paso a favor de la agroecología y mejorar la salud ambiental del cantón. El objetivo fue logrado por medio de una Declaratoria Municipal que fue acordada ese mismo día en medio de auditorio lleno que celebró la decisión.

A partir de este acuerdo los sitios públicos que administra la Municipalidad de Pérez Zeledón, dejarán de usar herbicidas tan peligrosos como el glifosato que según estudios realizados desde el año 2000 por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, dependiente de la OMS) tiene pruebas para que sea ingresado a la lista de sustancias probablemente carcinógenas para humanos (grupo de sustancias 2A de la IARC).

Según la IARC puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin) además de daños en el ADN y en los cromosomas de las células humanas.

La intención de la declaratoria en Pérez Zeledón es que todas las personas puedan disfrutar de espacios públicos sin temor de ser expuestos a estos dañinos productos en parques, jardines, aceras, linderos, cementerios y otros sitios de administración municipal.

Roció Leitón de Huertos Escolares dijo «queremos que se declare el cantón libre de agroquímicos y fomentar todo lo que la agricultura orgánica desde nuestras casas, fincas, escuelas del municipio y todo el país».

Perez Zeledon primer canton libre de herbicidas — Foto del Concejo Municipal de Pérez Zeledón este jueves 6 de abril que fue colmado por activistas de diversos movimientos para solicitar que se diera un paso a favor de la agroecología y mejorar la salud ambiental del cantón.

Mientras Walter Elizondo de Coopeassa R.L. asegura que tienen “un área total de 700 Ha entre café, banano, piña, cítrica, tubérculos… recordemos que nuestros abuelos practicaban esta agricultura con poco impacto, la gente tiene que conocer que es una agricultura, sana, rentable y estable en sus precios estas razones” asegura que “es importante dar este importante paso para declarar el cantón agroecológico.”

A partir de la entrada en vigencia de este Acuerdo, el Gobierno Local se compromete a promover e incentivar las formas de producción sostenibles y libres del uso de agrotóxicos. Además, el Gobierno Municipal, exhorta al Gobierno Central a desincentivar el uso de estos químicos para la agricultura.

Esta declaratoria Municipal tienes sustento en la Constitución Política, Código Municipal, Ley General de la Administración Pública, Convención de Río y Ley Orgánica del Ambiente, entre otras normas.

El movimiento por cantones libres de herbicidas es animado por organizaciones ecologistas como la Red de Coordinación en Biodiversidad que en diciembre pasado solicitó la medida a la UCR, también FECON, Bloqueverde y a nivel local de organizaciones campesinas como ASORGANICOS, COOPEASA, Asociación Montaña Verde, Vida Auténtica, PROBIOTI, Coalición Nacional contra la fumigación, productores y habitantes de Tinamastes.

Informes: Fabián Pacheco Agrobiólogo Ambiental y Ecologista, 88262270 o Mauricio Alvarez, presidente FECON, 88709165.

El país ha triplicado la compra de herbicidas en sólo hace 10 años. Datos del PROCOMER nos muestra la urgencia de adoptar medidas sobre el uso irresponsable de agrotóxicos en Costa Rica. (ver gráficos seguidos).

Enviado a SURCOS por FECON.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Con erario público pagan daño causado por los empresarios piñeros

Escrito en 16/03/2017. Publicado en Madre Tierra.

¢2.226 millones costó uno de los acueductos destrozados
La expansión piñera no para y siguen apareciendo comunidades afectadas

Una buena noticia, la inauguración del nuevo acueducto para las comunidades de Cairo, Luisiana y La Francia de Siquirres, Limón, pero los culpables no pagaron un colón. El daño fue provocado por empresas piñeras pero pagado con dinero público. Se reporta que son ¢2.226 millones lo invertido por parte del AyA.

Volvemos al viejo esquema de socialización de perdidas y privatización de ganancias, o en la jerga popular uno “unos se comen la piña y a otros le duele la panza”. Sobre esto desde el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera creemos que es necesario hacer algunas aclaraciones.

A partir del año 2003 se detecta la contaminación con agroquímicos usados en las plantaciones de piña en el agua para consumo humano del acueducto que abastece a la comunidad de Milano de Siquirres. Sin embargo, es hasta el año 2007 que las autoridades toman medidas, por cierto insuficientes, e inician la distribución de agua potable mediante camiones cisternas a dichos pueblos. Esto ha tenido un costo mensual de 27.000 dólares, de acuerdo con datos del Estado de la Nación, que hasta el año 2016 sumaría un monto de casi tres millones de dólares.

Desde el momento en que se detectó la contaminación hasta la fecha, se han interpuesto numerosas acciones legales, ante todas las vías institucionales y jurídicas, dígase: Fiscalía Ambiental, Tribunal Ambiental Administrativo, Defensoría de los Habitantes, Sala Constitucional, entre otras. No obstante, la falta de acciones por parte del Estado llevó a las comunidades a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el año 2015. El gobierno actual, que no ha sido responsable de la negligencia de las administraciones anteriores, tuvo que afrontar dicho proceso ante la OEA.

Así mismo, en contraposición con lo que dice la nota de prensa, sí se han realizado numerosos estudios de la calidad del agua. Por ejemplo: el estudio que realizamos desde el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), en el que contratamos para los análisis de la calidad del agua al laboratorio acreditado del CICA de la Universidad de Costa Rica, y demostramos que la presencia de residuos de plaguicidas se mantenía constante hasta el 2015. Esto había sido también estudiado y analizado por el IRET de la Universidad Nacional.

Sin embargo, los laboratorios privados contratados por el AyA habían estado asegurando durante varios años que ya no existía contaminación del agua y que los niveles de plaguicidas en el agua no eran detectables. Por lo tanto, la demostración de que el agua para consumo humano seguía contaminada abre una serie de preguntas éticas sobre el funcionamiento de ciertos laboratorios acreditados, y el interés que puedan tener al mostrar resultados erróneos que colocan en riesgo la salud pública y ambiental.

La suma del costo de la provisión de agua mediante camiones cisterna, más la construcción de un nuevo acueducto suman 6.885.000 dólares, es decir, casi SIETE MILLONES de dólares. Además, a esto falta sumarle la construcción de un nuevo acueducto para la comunidad de Milano, que está fuera del proyecto que relata la nota de prensa y que es la que ha mantenido concentraciones más altas de agroquímicos en su agua. Cabe también señalar que han pasado ya 14 años desde que inició este conflicto.

La exposición a los plaguicidas durante todo este tiempo ha sido constante, ya que muchas personas han seguido tomando el agua contaminada, y las que no lo han hecho, la han utilizado para bañarse y para sus quehaceres diarios. Los efectos de esta exposición en la salud de las 7.000 personas que habitan estas comunidades, siguen sin conocerse, ya que no se han realizado los estudios epidemiológicos necesarios. Esto, debería ser un motivo de consternación pública y no una realidad silenciada, como ha sido hasta la fecha.

Es importante felicitar a Yamileth Astorga y a su equipo de trabajo, que como presidente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, ha sido sensible ante la problemática y ha mostrado compromiso e interés hacia las comunidades, como prueba la construcción del acueducto de Cairo, La Francia y Luisiana.

Sin embargo, es preciso y necesario que se responsabilice por el daño y el costo ambiental y social a las empresas piñeras. ¿Por qué debe el Estado asumir la deuda de la reparación del daño que han causado terceros? La impunidad que goza el sector piñero, debe acabar, de una vez por todas. Y como sociedad civil, debemos exigir y denunciar esto.

Así mismo, este caso no es un hecho aislado, la problemática de la actividad piñera ha sido uno de los mayores conflictos socio ambientales de los últimos 15 años. La falta de regulación y planificación de la actividad, así como el incumplimiento de la legislación nacional, ha provocado el deterioro ambiental y la vulneración de derechos humanos fundamentales de comunidades en todo el país.

Imagen con fines ilustrativos tomada de Youtube.

Compartido con SURCOS por Graciela Blanco Martén.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

¡Paren de fumigarnos!

Escrito en 23/12/2016. Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

Día de Acción Global Contra los Plaguicidas

Exigimos al gobierno retirar el llamado que hizo el pasado 25 de noviembre en medio de la emergencia del huracán Otto donde instaba a incrementar las fumigaciones de bananeras y piñeras
Repudiamos la firma del nuevo reglamento de registro de agroquímicos por parte de este gobierno venenero

El pasado 03 de diciembre se cumplieron treinta años desde que una fábrica de plaguicidas explotó en la ciudad de Bhopal, en India, contaminando a toda su población. Más de 16.000 muertos dejó ese incidente y más de medio millón de afectados por una empresa propiedad de Dow Chemicals, transnacional responsable de cientos de contaminantes usados en la agroindustria a nivel global. Lamentablemente, Costa Rica no se encuentra ajena de esto.

En un país como el nuestro se usan anualmente 18.2 kilogramos de ingrediente activo de plaguicida por hectárea. Es así como la expansión piñera explotó como una bomba de toxicidad sobre comunidades enteras. Desde hace nueve años las comunidades de El Cairo, La Francia y Milano, en el Caribe costarricense, no tienen agua potable. Más de 12.000 personas abren el tubo en casa para recibir un cóctel de más de 22 agroquímicos en el agua que se supone para consumo, todos venenos usados en las plantaciones extensivas de piña.

Más recientemente, en junio 2016 se han encontrado también en la zona norte del país casos similares. Por ejemplo, le acueducto comunitario Veracuz de Pital de San Carlos, el cual presenta contaminación con el herbicida Bromacil, usado en las plantaciones piñeras. Es así como se suman unas 3500 personas afectadas por esta industria irresponsable que sigue ganando dinero a costa de la salud humana.

Las empresas piñeras alcanzaron exportaciones anuales superiores a USD$ 1.000 millones de dólares según datos de Procomer De esta millonaria suma son las empresas Dole y Chiquita Brands las que se llevan la gran mayoría de las ganancias con consecuencias muy negativas para comunidades y familias campesinas.

La industria de la piña acapara tierras de campesinos/as. La producción se concentra en grandes fincas. Según el último censo agrícola el 90% de las fincas piñeras tienen extensiones de más de 100 hectáreas. Es decir, esta actividad no beneficia a pequeños campesinos ni a comunidades locales, sino a enclaves empresariales con poco encadenamiento productivo.

Si nos preguntamos ¿a quiénes benefician estas empresas contaminantes? Podemos asegurar que: a empresarios y políticos que les importa poco el agua de la gente; el bosque, la salud del niño/a que recibe clases en una escuela rodeada de monocultivo o las comunidades vecinas a la piñera. Por el contrario están intentando librarse de sus responsabilidades legales, laborales y ambientales.

Señalamos que es un mito que las piñeras son fuente de desarrollo. Las empresa piñeras no pagan impuestos municipales; están exentas del impuesto sobre la renta; sus compras están exoneradas del impuesto sobre las ventas y no pagan impuestos sobre la exportación. Quienes dicen al menos que ofrecen trabajo a cambio nunca han padecido el dolor de ver un hijo o una hija morirse lentamente envenenado por el contacto diario con los plaguicidas a cambio de salarios muy inferiores al mínimo y en condiciones de exploración e inseguridad. Incluso en eventos de emergencia como un huracán se comportan de forma mezquina irrespetando cualquier medida de prevención. Además es muy preocupante que tenga al gobierno como cómplice de todos estos crímenes.

Lamentamos que el Gobierno de La República adopte medidas anti-ecológicas ante el paso del huracán Otto como fue llamar a incrementar las fumigaciones en las plantaciones de banano y piña. Condenando a las poblaciones aledañas a más contaminación, como si perder sus casas y sus modos de vida no fuera suficiente.

Para colmos, en medio de esta crisis agrícola la solución del gobierno de Luis Guillermo Solis es abrir las fronteras a la entrada de más plaguicidas, desmontando controles de registro y evaluación ambiental. Mediante el nuevo reglamento de registro de plaguicidas escrito de puño y letra de las transaccionales químicas como Bayer y Monsanto.

Es necesario incrementar los controles de importación, registro, venta y aplicación de agroquímicos. Cuestión que este nuevo reglamento, firmado el pasado viernes 2 de diciembre, no atiende de forma adecuada. Pedimos la derogación inmediata del nuevo decreto que reglamenta de forma irresponsable el registro de agroquímicos. Es urgente prohibir “La Docena Sucia”1, el Bromacil y el Glifosato.

¡Paren de fumigarnos!

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por FRENASAPP CR.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/