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Etiqueta: agroquímicos

Cabildo ecologista ante piñera en Térraba-Sierpe

Personas campesinas, operadores turísticos, indígenas, todas posibles afectadas, así como ecologistas, universitarios, grupos de mujeres, estudiantes, cooperativas campesinas y otras fuerzas vivas invitan al cabildo ciudadanos en el Parque de San Pedro de Montes de Oca mañana viernes 22 de noviembre a las 5 p.m. para definir acciones de lucha contra la resucitación de SETENA del proyecto piñero en Osa.

Amparada en meros tecnicismos legales la SETENA revive dicho expediente dando la viabilidad ambiental y será ahora el ministro del MINAE que tendrá que definir el futuro formal del Proyecto Finca Palmar Sur de la multinacional piñera Del Monte – Pindeco.

Recordemos en mayo del 2017 la SETENA le dio viabilidad ambiental en menos de 20 días y recibió un trato semejante al que sigue cualquier familia costarricense cuando decide construir una casa. El monocultivo se desarrollaría a menos de 500 metros de la plaza de Palmar Sur, lo cual pone en riesgo la salud de la población por los niveles de tóxicos y agroquímicos que se utilizarían en este tipo de cultivo.

La Finca de Palmar se encuentra a menos de 5 kilómetros del núcleo del Humedal Térraba-Sierpe (HNTS) lo representa amenaza de contaminación por agroquímicos. Esta preocupación se fundamenta en un estudio de la UCR (2013-2016) que demostró la presencia en el Humedal de residuos de bromacil y ametrina, que se usan en la producción de piña y caña de azúcar. Lo que debe llamar la atención es que en los alrededores del Humedal no se siembra piña ni caña de azúcar, los investigadores concluyeron que las trazas de ambos herbicidas son transportadas muchos kilómetros arriba por los sedimentos y el agua del río Térraba desde Buenos Aires y Pérez Zeledón.

Además, dentro del área de la finca a sembrar hay 9 sitios arqueológicos y al menos uno considerado de importancia patrimonial. Esta área no puede ser evaluada independientemente de todo el conjunto del patrimonio del Delta del Diquís. El Estado costarricense desde 1995 sometió a protección esta zona como Sitio Ramsar, específicamente el Delta del Diquís, conocido como el Humedal Térraba – Sierpe. En junio del 2014, la declaratoria de esta área como Sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), esto significa que cualquier actividad que se desarrolle cerca del sitio debe considerar el amortiguamiento de actividades productivas en zonas aledañas al humedal, a los sitios arqueológicos y al paisaje para las futuras generaciones de costarricenses y la Humanidad.

Este año el Informe Estado de la Nación se denuncia la existencia de 3.824 hectáreas sembradas con piña “dentro del Corredor Fronterizo Norte, Refugios de Vida Silvestre Maquenque y Barra del Colorado”, además que las piñeras han invadido 16.324 hectáreas de humedales protegidos.“Estos espacios de vida, señalaron, son claves para la conservación de la naturaleza y para evitar situaciones de emergencia como pueden ser inundaciones” en épocas de fuertes precipitaciones.

Enviado a SURCOS por Fabián Pacheco (BloqueVerde), Mauricio Álvarez Mora (Kioscos Ambientales), Carlos León y Henry Picado (FECON).

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Red de Mujeres Rurales presenta contencioso administrativo contra el Gobierno

El miércoles 30 de octubre inició la jornada; Mujeres en lucha por semillas libres y comunidades sin fumigaciones convocada por la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, la Asociación Tinamaste y el Proyecto Interuniversitario Mujeres del Campo, Derechos, Cuerpo-Territorio.

Esta jornada se convocó en un contexto donde las mujeres campesinas e indígenas de Costa Rica se encuentran amenazadas ante el despojo de uno de los bienes más preciados para ellas y sus territorios, ya que las semillas actualmente se encuentran amenazadas por un proyecto de ley y un decreto presidencial que pretende controlar, privatizar e impedir la libre circulación de la semilla campesina. Además, dentro de su pronunciamiento para esta jornada las mujeres del campo de distintas regiones del país denuncian el incremento de contaminación ambiental en sus territorios debido a los agroquímicos ocasionando graves consecuencias en la vida comunitaria con escuelas afectadas por intoxicaciones y pueblos y personas enfermas por el uso indiscriminado de agro-tóxico.

Fotografía: Allison Quintanilla Hernández.

Cecilia Núñez de la comunidad Las Colinas de la provincia de Limón comentó que: ‘’Estamos defendiendo nuestro derecho como mujeres campesinas e indígenas, porque nos quieren privatizar las semillas. Hay una ley que nos quiere privatizar y las semillas son nuestra vida, si nosotras permitimos que nos privaticen las semillas, eso sería el fin de nosotras, realmente a veces los gobiernos no piensan en eso, de que nosotras como campesinas tenemos que estar reproduciendo nuestras semillas’’.

La jornada inició en horas de la mañana en el bulevar frente a la Asamblea Legislativa con un intercambio de semillas y consignas de denuncia contra el decreto presidencial y la contaminación de agroquímicos en sus territorios. En horas de la tarde la Red de Mujeres Rurales presentó en los tribunales un contencioso administrativo que demanda al Gobierno de Costa Rica por el decreto ejecutivo que limita el uso libre y comercio de semillas tradicionales, locales y criollas, mismas que se encuentran protegidas por la Ley de Biodiversidad, la Ley de Agricultura Orgánica, además de tratados internacionales de los cuales somos parte como país.

Fotografía: Allison Quintanilla Hernández.

Para Fanny Reyes integrante de la Red de Mujeres Rurales, «(…) el contencioso administrativo se presentó en contra del decreto firmado por la presidencia del Gobierno pasado, además se viene impulsando un proyecto de ley que quiere patentizar las semillas, que quiere exigir un registro para las semillas, y las comunidades indígenas, comunidades campesinas hemos estado ausentes de la discusión, se está aprobando un decreto pero las personas que estamos produciendo las semillas no somos tomadas en cuenta. (…) Porque en las manos de las mujeres, en las manos de las comunidades es donde está la semilla criolla, donde está la semilla tradicional, y exigimos también que se cumplan los convenios y las leyes’’.

La afectación de este decreto no solo obliga a que las semillas deban inscribirse en un registro de previo a legalizar su comercialización, además es una acción desde el Estado que violenta directamente la autonomía de territorios ancestrales y la soberanía alimentaria de muchas personas campesinas en sus comunidades.

Por ello la Red de Mujeres Rurales en Costa Rica, desde distintas acciones como las que se han desarrollado durante esta jornada, busca visibilizar la agenda de las personas del campo y sus realidades, las cuales cada vez se disocian de las políticas públicas violentando el ambiente y la vida digna de las personas.

 

Nota por Allison Quintanilla Hernández.

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Canal francés expone contaminación provocada por industria de la piña

(FECON, 14/06/2019) El canal de televisión France 2 emitió un reportaje el pasado 11 de junio donde retrata la relación que tiene la contaminación con agroquímicos y la industria de la producción de piña para la exportación en Costa Rica. https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/pesticides/costa-rica-le-commerce-juteux-de-l-ananas_3485315.html

En este reportaje resalta la cantidad de plaguicidas que son utilizados en la expansión piñera y el impacto que ha tenido sobre el abastecimiento en el agua potable de comunidades aledañas a plantaciones de piña.

En el año 2018 se supo que las comunidades de Pital, Veracruz, Santa Rica de San Carlos, Río Cuarto de Grecia vieron contaminadas sus aguas por el agrotóxico bromaci. Un año después, muchos de estos acueductos comunitarios han tenido serios problemas para continuar con el abastecimiento del agua.

El canal de televisión francés incorpora este reportaje en su colección “AlertePollution” el cual señala: “la piña ha visto triplicarse su consumo en 15 años, y el productor más grande del mundo es Costa Rica, a 9,000 km de Francia, donde los cultivos se pueden cultivar todo el año gracias al sol, pero también a los pesticidas.”

Además el medio de comunicación señala a Costa Rica como “el mayor consumidor de plaguicidas del mundo”

Federación Costarricense Para la Conservación del Ambiente

 

Imagen tomada de https://www.francetvinfo.fr

Enviado por Henry Picado Cerdas.

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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia anula registro de Plaguicida Altamente Peligroso

Registro de un genérico del herbicida fusilade (Fluazifop-b-butil) se realizó contradiciendo las disposiciones de la legislación nacional, así lo dispuso la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. El ingreso al país de el Ingrediente Activo de Grado Técnico (IAGT) del fusilade fue solicitado por la compañía Distribuidora de Productos Agropecuarios DPA S.A. y por QUIOSA S.A.

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Designan a lobbista de industria agroquímica como representante ante Convenio de Róterdam

  • Convenio de Róterdam es una instancia internacional dedicada a regular los Plaguicidas Altamente Peligrosos
  • «Puertas giratorias» en el MAG hacen que representantes de vendedores de agroquímicos entren y salgan de la institución y las empresas
  • Sigurd Vargas es el ex-director de la Cámara Nacional de Productores de Agroquímicos Génicos y actual asesor de Ministro de Agricultura y Ganadería
  • Las 16 organizaciones firmantes se oponen a que Sigurd Vargas sea el representante de Costa Rica ante el convenio de Rotterdam

(21 de abril 2019) El Convenio de Rotterdam es un tratado internacional en el ámbito de la gestión de los productos químicos peligrosos. Según la FAO el Convenio establece un «sistema de alerta rápida» para ayudar a los países a protegerse contra determinados productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional.

Las «puertas giratorias» en el Ministerio de Agricultura y Ganadería posibilitan que representantes de la industria de los agroquímicos redacten reglamentos y disposiciones relacionadas directamente con sus intereses económicos a expensas de la salud de las personas.

Desde el Gobierno de Laura Chinchilla se puede ver la influencia de lobbistas de estas cámara en la redacción de directrices ministeriales y decretos ejecutivos (1),(3). Es muy importante señalar que todo este procedimiento se desarrolló sin participación de otros sectores y con muy poca transparencia o control ciudadano. Proceso que culminó con un resultado evidentemente favorable para los intereses de las industrias importadoras de plaguicidas y poniendo en peligro la salud pública y ambiental del país según señala la misma Procuraduría de la República, El Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente (5).

Las organizaciones ecologista hemos alertado desde el inicio del Gobierno de Carlos Alvarado el conflicto de intereses de personas que un día son representantes de empresas y al otro son funcionarios públicos que estipulan los controles de plaguicidas (2). Pero el MAG radicaliza aún más su imposición enviando a un de estos lobbistas empresariales como representante diplomático a una cumbre dónde se estipulan controles sobre plaguicidas peligrosos.

Mediante el oficio DM-DGPE-0359-2019 (ADJUNTO) del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se ha certificado oficialmente la designación como representante de Costa Rica ante el Convenio de Roterdam al señor Sigird Vargas, ex-director de la Cámara Nacional de Productores de Agroquímicos Génicos y actual asesor de Ministro de Agricultura y Ganadería. En el movimiento ecologista nos parece una grave amenaza para la salud pública y un conflicto de intereses que se designe el señor Sigurd Vargas como representante de Costa Rica ante el Convenio de Róterdam.

La 9° Conferencia de Estados Parte del Convenio de Róterdam sobre procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos peligrosos objeto del convenio internacional se celebrará en Suiza del 29 de abril al 10 de mayo de 2019.

Al mismo tiempo en Costa Rica, tres reglamentos de plaguicidas enfrentan procesos judiciales en la Sala IV por ser contrarios a los derechos humanos y la Constitución Política. Estos reglamentos se encuentran bajo los decretos 39995, 40059 y 41481; los cuales permiten introducir plaguicidas a Costa Rica sin estudios toxicológicos previos y tampoco pruebas de efectividad agrícola. Lo cual significa un riesgo importante en materia de salud pública y medioambiental.

Diversas organizaciones saldrán a la calle el próximo 25 de abril a las 4:00pm para exigir frente a los Tribunales de Justicia que el control de los plaguicidas se realice de forma responsable, apegada a la ciencia y la técnica. Además es importante se eliminen los conflictos de intereses dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería por la presencia de lobbistas de los empresarios vendedores de agrotóxico que al mismo tiempo fungen como funcionarios públicos.

Contacto al teléfono: 87609800

Notas:

  1. MAG plantea modificación a normativa de registro de plaguicidas (2013) https://archivo.crhoy.com/mag-plantea-modificacion-a-normativa-de-registro-de-plaguicidas/nacionales/
  2. Retroceso a la protección ambiental y corrupción en el MAG https://tinyurl.com/ybv5qw9h
  3. Gobierno tiene listo decreto para agilizar registro de plaguicidas

https://www.nacion.com/economia/agro/gobierno-tiene-listo-decreto-para-agilizar-registro-de-plaguicidas/F26WD66KVNALREMG23E3KCWJ5E/story/?outputType=amp-type

  1. Gobierno diseñó nuevo sistema de registro de agroquímicos

https://semanariouniversidad.com/pais/gobierno-diseno-nuevo-sistema-registro-agroquimicos/

  1. Salud respalda al Minae sobre peligrosidad de suprimir análisis toxicológicos a agroquímicos. http://www.informa-tico.com/27-02-2019/salud-respalda-minae-peligrosidad-suprimir-analisis-toxicologicos-agroquimicos

Firmantes:

Federación Costarricense Para la Conservación de la Naturaleza (FECON)

Apicultores de Costa Rica

Asociación Ambientalista Sulá

Asociación Salvando Abejas de Costa Rica

Bloque Verde

Cámara Nacional de Apicultura

Campaña Paren de Fumigar

Coecoceiba Amigos de la Tierra Costa Rica

Ecolur

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera

La Yunta Agroecológica

Movimiento No Más Contaminación

Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO)

Red de Coordinación en Biodiversidad

Red de Mujeres Rurales de Costa Rica

Red Permanezca

 

Enviado por FECON.

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Costa Rica importó cifra récord de plaguicidas

  • Aumento en la importación de plaguicidas tiene relación directa con los polémicos reglamentos de plaguicidas que comenzaron a regir el 15 de diciembre de 2016

  • Costa Rica para el año 2017 importó 18,6 millones de kilogramos de ingredientes activos, casi una tonelada más que en el 2016

(26-2-2019) Según datos proporcionados por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), para ese año 2017 se efectuó la importación histórica de venenos hacia Costa Rica. En total se contabilizan 18,6 millones de kilogramos de ingredientes activos. Costa Rica nunca había importando tantos agroquímicos en su historia como con la entrada en vigencia de los polémicos decretos ejecutivos 39995-MAG y 40059-MAG. Dichos reglamentos son impugnados en la Sala Constitucional bajo los expedientes 18-009107-0007-CO y 18-019039-0007-CO.

Este récord de importación de agrotóxicos llama la atención porque según datos del SFE, la importación de plaguicidas entre 2002 y 2015 se mantuvo entre 11,2 y 13,8 millones de kilogramos, con un promedio anual en ese periodo de 12,3 millones de kilogramos. Pero para 2016 subió a 17,8 cuando Costa Rica fue catalogado como el país con mayor consumo de plaguicidas por hectárea.

El ingeniero Fernando Ramírez de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina (RAPAL) al respecto señaló que: este aumento es señal de que la apertura de los registros produjo un aumento considerable en el ingreso de plaguicidas al país. Coincidentemente con la entrada en vigencia de los decretos de plaguicidas firmados por la administración Solís Rivera para finales de 2016, Costa Rica se abrió a la mayor importación de agroquímicos en su historia, llegando alcanzar 18,6 millones de kilogramos, casi una tonelada más que el año anterior.

Información al teléfono: 8812 2914.

 

Enviado por FECON.

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Agroquímicos en la Sala Constitucional

  • Ambientalistas presentan una acción de incostitucionalidad contra decreto de registro de plaguicidas

  • El decreto es cuestionado por eliminar análisis toxicológicos y ecotoxicológicos de venenos

  • Decreto amarra de manos al Ministerio de Salud y MINAE para evaluar integralmente los plaguicidas que ingresen al país

  • Procuraduría de la República le da la razón a ambientalistas y recomienda anular dicha normativa

(Bloque Verde) El registro de plaguicidas sin evaluación toxicológica están siendo revisados a la luz de la Constitución Política en el los Tribunales de Justicia bajo el expediente 18-019039-0007-CO. Mediante esta acción legal se pretende la anulación por inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 39995-MAG Reglamento Para La Actualización De La Información De Los Expedientes De Registro De Ingrediente Activo Grado Técnico Y Plaguicidas Formulados, publicado el 16 de enero del 2017.

La Procuraduría General de la República (PGR) explica en su informe ante la Sala Constitucional al respecto del decreto impugnado que “no existen criterios técnicos que justifiquen el contenido de la norma y que determine que con los requisitos exigidos no es posible llevar a cabo una adecuada valoración del riesgo ambiental y sanitario, se estaría violentando el principio de no regresión ambiental, el de objetivación de la tutela ambiental, el preventivo y el precautorio”.

Según los ambientalistas el Ministerio de Agricultura y Ganadería hace caso omiso al marco legal existente y a pronunciamientos ya existentes de la Contraloría General de la República y anteponen sus gestiones a los intereses privados del agro negocio sobre la salud pública y ambiental.

Poder Ejecutivo más nocivo el Reglamento en enero de 2019

Más grave aún es que la nueva y reciente reformar el reglamento de registro de IAGT (N°39995) firmado desde el MAG y la Presidencia de la República se hizo pasándoles por encima y sin consultar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía. La reforma fue publicada en La Gaceta del 11 de enero de 2019, en el decreto N°41481 confeccionada a la medida de intereses comerciales y en menos cabo de la salud de la población y el ambiente. Lo anterior debido a que esta reforma, firmada por el presidente Carlos Alvarado y y el actual ministro Renato Alvarado, amplía el tiempo a cinco años para que empresas presentar información. Disminuye el tiempo de respuesta para SFE de meses a unos días. La información química del plaguicida es una simple es casi inexistente. Sumado a lo anterior las empresas trasnacionales vendedoras de venenos, ahora pueden pedir homologación de uso si se trata del mismo IAGT, lo grave es que esto ahora lo permiten con una simple solicitud sin presentar pruebas de eficacia del plaguicida, lo cual ponen en en condición de indefención a los misma agroindustria que no tiene garantía de que dicho plaguicida sea eficiente.

Para Henry Picado de FECON “El Poder Ejecutivo dejó de lado su función de regular, que por principio constitucional le correspondía ejercer en materia de agrovenenos para salvaguardar la salud y el ambiente de los costarricenses, y cede ante la presión de la industria de agroquímicos al publicar Decreto Ejecutivo No 39995”.

Picado agregó que “El objetivo de la industria es introducir plaguicidas que no cumplen con lo requerido en la legislación para ser vendidos en Costa Rica bajo el argumento de que son moléculas nuevas pero en realidad se trata la mayoría de veces de agrovenenos genéricos que no se conoce sus potenciales riesgos. El MAG con esto evita que se les realice una evaluación integral a estos plaguicidas ya que a la industria le estorba e incómoda que sus agrotóxicos sean evaluados a conciencia”.

Fabián Pacheco, miembro del Bloque Verde, señala que “el registro de plaguicidas en Costa Rica debe de realizarse de manera integral con el Ministerio de Ambiente y Salud y no se deben anteponer intereses comerciales sobre la salud pública y ambiental”.

Pacheco amplia diciendo que “De esta manera laxa e irresponsable se lograría comercializarlos por diez años dado la obtención de un registro del Servicio Fitosanitario del Estado sin evidencia certera de su impacto en el ambiente y la salud humana de la población costarricense”.

Información al teléfono 8826 2270

 

Enviado por Bloque Verde.

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