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Etiqueta: agrotóxicos

Red de Mujeres Rurales presenta contencioso administrativo contra el Gobierno

El miércoles 30 de octubre inició la jornada; Mujeres en lucha por semillas libres y comunidades sin fumigaciones convocada por la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, la Asociación Tinamaste y el Proyecto Interuniversitario Mujeres del Campo, Derechos, Cuerpo-Territorio.

Esta jornada se convocó en un contexto donde las mujeres campesinas e indígenas de Costa Rica se encuentran amenazadas ante el despojo de uno de los bienes más preciados para ellas y sus territorios, ya que las semillas actualmente se encuentran amenazadas por un proyecto de ley y un decreto presidencial que pretende controlar, privatizar e impedir la libre circulación de la semilla campesina. Además, dentro de su pronunciamiento para esta jornada las mujeres del campo de distintas regiones del país denuncian el incremento de contaminación ambiental en sus territorios debido a los agroquímicos ocasionando graves consecuencias en la vida comunitaria con escuelas afectadas por intoxicaciones y pueblos y personas enfermas por el uso indiscriminado de agro-tóxico.

Fotografía: Allison Quintanilla Hernández.

Cecilia Núñez de la comunidad Las Colinas de la provincia de Limón comentó que: ‘’Estamos defendiendo nuestro derecho como mujeres campesinas e indígenas, porque nos quieren privatizar las semillas. Hay una ley que nos quiere privatizar y las semillas son nuestra vida, si nosotras permitimos que nos privaticen las semillas, eso sería el fin de nosotras, realmente a veces los gobiernos no piensan en eso, de que nosotras como campesinas tenemos que estar reproduciendo nuestras semillas’’.

La jornada inició en horas de la mañana en el bulevar frente a la Asamblea Legislativa con un intercambio de semillas y consignas de denuncia contra el decreto presidencial y la contaminación de agroquímicos en sus territorios. En horas de la tarde la Red de Mujeres Rurales presentó en los tribunales un contencioso administrativo que demanda al Gobierno de Costa Rica por el decreto ejecutivo que limita el uso libre y comercio de semillas tradicionales, locales y criollas, mismas que se encuentran protegidas por la Ley de Biodiversidad, la Ley de Agricultura Orgánica, además de tratados internacionales de los cuales somos parte como país.

Fotografía: Allison Quintanilla Hernández.

Para Fanny Reyes integrante de la Red de Mujeres Rurales, «(…) el contencioso administrativo se presentó en contra del decreto firmado por la presidencia del Gobierno pasado, además se viene impulsando un proyecto de ley que quiere patentizar las semillas, que quiere exigir un registro para las semillas, y las comunidades indígenas, comunidades campesinas hemos estado ausentes de la discusión, se está aprobando un decreto pero las personas que estamos produciendo las semillas no somos tomadas en cuenta. (…) Porque en las manos de las mujeres, en las manos de las comunidades es donde está la semilla criolla, donde está la semilla tradicional, y exigimos también que se cumplan los convenios y las leyes’’.

La afectación de este decreto no solo obliga a que las semillas deban inscribirse en un registro de previo a legalizar su comercialización, además es una acción desde el Estado que violenta directamente la autonomía de territorios ancestrales y la soberanía alimentaria de muchas personas campesinas en sus comunidades.

Por ello la Red de Mujeres Rurales en Costa Rica, desde distintas acciones como las que se han desarrollado durante esta jornada, busca visibilizar la agenda de las personas del campo y sus realidades, las cuales cada vez se disocian de las políticas públicas violentando el ambiente y la vida digna de las personas.

 

Nota por Allison Quintanilla Hernández.

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Mujeres en lucha por semillas libres y comunidades sin fumigaciones

En Costa Rica las mujeres campesinas e indígenas estamos amenazadas ante el despojo de uno de los bienes más preciados: las semillas, por un proyecto de ley y un decreto presidencial que pretenden controlar, privatizar e impedir la libre circulación de la semilla campesina. Al mismo tiempo los niveles de contaminación debido a los agro-venenos aumenta cada día más, con escuelas intoxicadas, pueblos y personas enfermas por el uso indiscriminado de agro-tóxicos

Ante este panorama la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, la Asociación Tinamaste y el Proyecto Interuniversitario Mujeres del Campo, Derechos, Cuerpo-Territorio invitan a la jornada Mujeres en lucha por semillas libres y comunidades sin fumigaciones.

Tendremos varias actividades

Primero, el miércoles 30 de octubre realizaremos un intercambio de semillas de 9:00am a 11:00am en el bulevar de la Asamblea Legislativa. Para demandar que las semillas campesinas estén fuera del proyecto de ley de semillas y contra el decreto presidencial que pretende controlar las semillas y a las personas que las producen; y también para manifestarnos en contra de las fumigaciones aéreas y los agrotóxicos en las comunidades campesinas e indígenas.

Luego, el jueves 31 de octubre desde las 8:30 a.m. hasta las 12:00 m.d. tendremos un foro en el Auditorio de Educación de la Universidad de Costa Rica, para conversar sobre estos mismos temas, la ley de semillas, el decreto, las fumigaciones y los agrotóxicos en nuestras comunidades.

En este foro contaremos con la participación de más de 40 integrantes de la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, de diferentes regiones del país; así como la participación de Perla Álvarez militante de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas CONAMURI de Paraguay, quien nos compartirá la experiencia de resistencia en contra de los agrotóxicos en su país, así como la trayectoria de su organización.

¡Acompáñenos! Porque la vida y las semillas es un asunto que nos compete a todas y a todos. Conversemos sobre nuestras experiencias, entre mujeres del campo y poblaciones de otras comunidades. Apoyémonos entre todas y todos.

Adjuntamos un audio de invitación

Enviado por Mujer Luchando.

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Costa Rica: campeona mundial del capitalismo verde

Pronunciamiento del Colectivo de Geografía Crítica “24 de Abril” por motivo del premio “Campeones de la Tierra”, recientemente otorgado a Costa Rica por parte de la ONU

Hablar de ambiente en Costa Rica es una polémica tarea. Por un lado, se ha convertido en un signo de orgullo internacional, un amplificador del nacionalismo y una noticia agradable que nos conforta en medio de nuestras angustias cotidianas. Por otro, es un triste conteo de fracasos, un interminable recuento de las consecuencias más perversas -por lo general ocultas- del modelo de desarrollo y una alerta de que no estamos haciendo las cosas tan bien como nos dicen.

El premio ambiental que el país recibió recientemente en la ONU como “Campeón de la Tierra” es un vergonzoso recordatorio de que estamos escondiendo el polvo debajo de la alfombra. Debajo de la pomposidad de la Pre-COP (a realizarse entre el 8 y el 10 de octubre en Costa Rica) y del aséptico mundo de los organismos ambientales internacionales, estamos escondiendo a los niños y niñas envenenados por agrotóxicos en las escuelas, a las personas que no pueden tomar agua del tubo de sus casas por contaminación, a las áreas protegidas que sirven como corredores logísticos del narcotráfico, a las y los activistas que han sido asesinados por defender el ambiente frente a la voracidad del capital…

Nos dicen que la cobertura boscosa y las áreas protegidas han aumentado en los últimos 30 años y que casi el 100% de nuestra electricidad se genera con “energías limpias”. Sin embargo, detrás de esta fachada, se importan y se queman toneladas de combustible diariamente para alimentar una flotilla de vehículos particulares que crece más rápido que la misma población (en busca del american way of life), se envenenan aguas, suelos, aire y cuerpos por la expansión del agronegocio y se dedican las mejores tierras agrícolas para el cultivo de postres de exportación (primer productor mundial de piña), empujando al país hacia una peligrosa dependencia alimentaria, en donde la comida que se sirve en nuestras mesas, cada vez más, es importada desde otras latitudes. Desde esa perspectiva, no hay contradicción entre protección y destrucción ambiental, sino una perversa y conveniente complementariedad. Detrás de los premios ambientales y el reconocimiento de la “comunidad internacional”, quedan los paisajes y las personas que buscan resistir los efectos de estos fracasos ambientales.

La idea de complementariedad entre protección y destrucción ambiental que proponemos es que, para poder perpetuar la acumulación de capital -destruyendo a su paso el ambiente y los tejidos sociales que cuidan y viven de la naturaleza- el Estado y las grandes empresas requieren de sellos ambientales, de certificaciones, premios y demás cortinas de humo que les permitan continuar con su actividad lucrativa y destructora. Porque, para nadie es un secreto, el tema ambiental se convirtió en una moda, un bonito discurso y un gran negocio. Frente a la incontestable evidencia de una crisis ecológica global (cuya manifestación más dramática es la crisis climática, que amenaza la sobrevivencia misma de la especie humana), lo “verde” se convirtió en políticamente correcto. Inclusive los grandes contaminadores del mundo (sector petrolero, agroindustrial, automovilístico, minero, etc.) reivindican sus prácticas empresariales “sostenibles” para mejorar su imagen, bajo una práctica que ha recibido el nombre de greenwashing o “lavado verde”.

Este secuestro y cooptación del tema ambiental por parte del status quo capitalista no es nuevo. Desde los años 1990 ha logrado imponerse con éxito en los principales centros de gobernanza ambiental mundial una perspectiva que busca hacer compatible la cuestión ambiental con el pensamiento desarrollista y economicista de mercado (primero fue el “desarrollo sostenible” y luego la “economía verde”). Tanto desde la ONU como desde el Banco Mundial, la OCDE y la Unión Europea, las propuestas oficiales que se ofrecen para encontrar salida a la crisis ecológica global se mantienen prisioneras de la ortodoxia del crecimiento económico sin límites. Desde esta perspectiva, la solución a los problemas ambientales radica en innovaciones tecnológicas para mejorar la “eficiencia” y “limpiar” la economía, deliberadamente evadiendo una discusión más profunda sobre modelos de desarrollo y sobre la necesidad de repensar los actuales sistemas de producción y consumo. Pareciera ser que -parafraseando a Hickel y Kallis (2019)-: “lo políticamente aceptable es ecológicamente desastroso, mientras que lo ecológicamente necesario es políticamente imposible”.

Este es el verdadero motivo por el cual Costa Rica ha adquirido tal grado de visibilidad y prestigio internacional en el tema ambiental. La imagen de Costa Rica como “Campeona de la Tierra” ha sido cuidadosamente elaborada desde los agentes nacionales e internacionales del capitalismo verde, como un ejemplo de que sí es posible salvar el planeta sin cambiar las reglas del juego del sistema capitalista. Esto termina siendo una patética fábula que nos cuentan para calmar nuestra conciencia, pero que, en el fondo, ha provocado una profundización de la crisis ecológica global. Se realizan cumbres, conferencias y congresos, se redactan informes y diagnósticos, se firman acuerdos y compromisos internacionales…sin embargo, no cabe duda que estamos peor de lo que estábamos hace 25 años, tanto a nivel nacional como mundial.

Aún más, podríamos decir que Costa Rica ha funcionado desde los años 1990 como una especie de “eco-laboratorio” del capitalismo verde, escenario donde se experimentan nuevas formas de gobernanza ambiental basadas en el mercado. La implementación de este tipo de políticas y programas en materia ambiental, de manera sistemática, ha tendido a excluir a las comunidades y demás actores sociales –sobre todo, aquellos que tienen un posicionamiento crítico o disidente-, como lo demuestra el reciente Plan Nacional de Descarbonización. Más allá de las buenas intenciones y de los puntos rescatables que éste pueda contener, no debemos olvidar que se trata de una propuesta implementada de manera vertical y sin un proceso de consulta ciudadana. Por fuera del glamuroso ambientalismo “de saco y corbata”, quedan excluidos e invisibilizados una diversidad de actores, subjetividades y puntos de vista alternativos que también componen la sociedad costarricense, tales como pueblos indígenas, grupos ecologistas críticos, organizaciones comunales de base, jóvenes en huelga por el clima, entre otros, cuyos aportes mucho podrían ayudar para encontrar solución frente a tan graves problemáticas.

En realidad, si en algo somos campeones mundiales, es en haber logrado ocultar detrás de una cortina de humo verde la sistemática destrucción de ecosistemas y comunidades, propia de un modelo de desarrollo capitalista sin límites, del cual nuestro país no escapa. Somos campeones en eco-marketing, en hacer de lo verde marca, no realidad.

Referencia:

Hickel, J. y Kallis, G. (2019). Is Green Growth Possible? New Political Economy. DOI: 10.1080/13563467.2019.1598964.

 

Imagen ilustrativa.

Compartido con SURCOS por Albero Gutiérrez.

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Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia anula registro de Plaguicida Altamente Peligroso

Registro de un genérico del herbicida fusilade (Fluazifop-b-butil) se realizó contradiciendo las disposiciones de la legislación nacional, así lo dispuso la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. El ingreso al país de el Ingrediente Activo de Grado Técnico (IAGT) del fusilade fue solicitado por la compañía Distribuidora de Productos Agropecuarios DPA S.A. y por QUIOSA S.A.

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Cien ecologistas piden a Sala IV evaluación de los plaguicidas apegada legalidad y la constitución

La concentración se llevó acabo en protesta por las desregulaciones que pretende el Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante los decreto 39995, 40059 y 41481, los cuales permiten la entrada al país de plaguicidas sin controles sanitarios, ambientales ni de efectividad agrícola: además de actualizar los registros de agrotóxicos que sin que las empresas aporten información relevante como análisis de riesgo, toxicidad crónica

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¿Qué pasaría si Costa Rica prohibiera el glifosato?

(Bloque Verde, 29-3-2019). Es contundente que a nivel global este el glifosato está siendo rechazado por de la opinión pública, incluso en algunos países se ha sido prohibido; al mismo tiempo se está condenando en tribunales de justicia estadounidenses a Monsanto-Bayer a pagar indemnizaciones millonarias por negligencia sobre sus efectos crónicos en la salud; pese a esto la industria mundial produce el doble de la demanda global, de la cual 80% es formulado en China.

Las consecuencias del uso del glifosato son graves y están relacionadas específicamente con problemas de la salud humana y ambiental, ser precursor de ciertos tipos de cáncer, erosión de la biodiversidad, perdida de fertilidad del suelo, contaminación de alimentos y fuentes de agua, todas afectaciones documentadas y respaldadas con rigurosidad. Una prohibición de este agrotóxico traería beneficios para la población.

Actualmente el Gobierno de Costa Rica analiza la posibilidad de restringir el uso del herbicida glifosato en el territorio nacional, pero esa no es la única acción contra el herbicida más vendido del mundo. Hay en el territorio nacional 16 declaratorias municipales, universitarias e institucionales contra la aplicación del glifosato en áreas públicas. Además, hay un recurso de amparo con el expediente 19-001 662-007-CO interpuesto en la Sala Constitucional, por parte de personas de organizaciones de Bagaces, Guanacaste, que se encuentran afectadas por este plaguicida que algunos lo señalan como causante de la Enfermedad de Insuficiencia Renal Crónica (EIRC).

Hay evidencia de sobra. Incluso científicos argentinos se dieron a la tarea de recopilar 830 documentos con evidencia científica sobre el impacto de este herbicida. Se trata de un compilado entre informes de investigaciones clínicas, experimentales, de laboratorio, revisiones, contestaciones y resúmenes de congresos, que han sido publicados en revistas científicas (Rossi, 2018). Es decir, existe evidencia importante de que las consecuencias del uso de glifosato son mayores que sus beneficios.

En esta coyuntura es importante hacer el ejercicio de pensar en un futuro sin glifosato para que, como sociedad costarricense, podamos tomar una decisión informada.

Según el Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional “el glifosato es un herbicida altamente hidrosoluble, con la capacidad de contaminar rápidamente aguas de escorrentía y superficiales como ríos y lagunas; se adsorbe a las partículas del suelo y puede, de esta forma, estar biodisponible para organismos que se alimentan por filtración de sedimentos. Es muy tóxico para organismos acuáticos como peces, algas y helechos; medianamente tóxico para anfibios, crustáceos y lombrices de tierra” (IRET 2015).

Según el ingeniero agrónomo Fernando Ramírez, del IRET “el cultivo que más glifosato consume porcentualmente, de acuerdo con el uso total en Costa Rica, es la palma africana (24,9%), le sigue arroz (7,8%), café (5,4%), banano (5,2%), cítricos (4,6%), pastos (3,7%) y frijol (2%). Para otros cultivos perennes como mango, aguacate, mora, rambután, cacao, etc., se estimó un uso en conjunto del 1,1%. Tubérculos como yuca, tiquizque, ñame, ñampí y otros suman un uso del 0,4% y las hortalizas que incluyen papa, zanahoria, repollo, cebolla, chile, tomate junto con melón y sandía suman el 0,4% (Ramírez, 2017).

Ramírez además señala que un 37,1% es usado en labores no agrícolas, esto significa en zonas públicas como calles, parques, aceras, acción ilegal por no estar permitido el uso del glifosato para estas labores.

El glifosato contra la agricultura

Se reportan numerosos efectos negativos de este herbicida en el desarrollo de los cultivos en los que se emplea. Pero sobresalen efectos que tiene que ver con la nutrición de las plantas y con la calidad nutricional de los alimentos que se producen. Para traerlo al plano nacional, en el cultivo del café se sabe que el glifosato está causando intoxicaciones crónicas de la planta, lo que lleva a hacerlas más susceptibles a enfermedades y a bajar su productividad. Lo mismo está pasando en palma aceitera, donde el uso de este herbicida está dañando las raíces del cultivo con grandes pérdidas para el sector.

Por otro lado, se reporta un efecto directo en la fijación de nitrógeno de las leguminosas por la acción del glifosato (Watts, 2016), haciendo que estas plantas no puedan incrementar la cantidad de este elemento en el suelo, fundamental para técnicas de asociación de cultivos utilizadas en prácticas culturales como el asocio de la milpa.

Se sabe que el glifosato inmoviliza nutrientes del suelo, evitando que las plantas puedan absolverlos. “Las partículas de glifosato pueden unirse a los metales (por ejemplo Fe y Mn) y formar complejos glifosato-metal poco solubles en los tejidos vegetales y o en la rizósfera de las plantas. El glifosato retarda la etapa de emergencia de la plántula, deformaciones en las hojas primarias (cotiledones), aumenta la formación de antocianinas en los cotiledones (rasgos de falta de luz), desarrollo desproporcionado de la raíz, senescencia tardía de los cotiledones (retraso en el crecimiento de las plantas) y deformación de las hojas, en comparación a las plantas donde no se aplica el glifosato” (Civeira, 2012).

Un futuro sin glifosato sería una oportunidad para incrementar la productividad agrícola (puesto que ya no se contaminarán los suelos); para transitar a formas de producción de alimentos sostenibles; para disminuir la incidencia de plagas; para aprovechar las tecnologías de cobertura de suelo; para la rotación de cultivos; para el manejo manual de plagas (lo que ayudaría a paliar el desempleo rural). Además, se prevendría la incidencia de enfermedades crónicas para humanos; tendríamos menos riesgo de estar en contacto con agua y alimentos contaminados, entre otros beneficios.

Las alternativas al glifosato ya son una realidad y se están utilizando. Existen prácticas culturales, rotación de cultivos, uso de coberturas, deshierba mecánica y manual, uso de tecnología a base de aire caliente o fuego, entre otros.

En Costa Rica desde el año 2017 se desarrolla un movimiento social para desintoxicar Costa Rica y dejar de ser el país más fumigado del mundo. Es así como personas y organizaciones impulsaron las declaratorias de cantones libres de herbicidas en áreas públicas. Todo un esfuerzo desinteresado que ha dado el fruto de tener hasta el momento 22 territorios libres de estas sustancias.

Contacto: 8826 2270

Notas:

Fernando Ramírez. (2017) Uso del herbicida glifosato en Costa Rica en el periodo 2007 a 2015

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia/article/view/9045/10549

Eduardo Martín Rossi. (2018) Antología toxicológica del glifosato

http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Antologia_toxicologica_del_glifosato2

Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET). (2015). Base de datos de ingredientes activos importados en Centroamérica. Universidad Nacional. Costa Rica. http://plaguicidasdecentroamerica.una.ac.cr/

Gabriela Civeira, Ms. Sc. Ing. Agr. (2012)Recopilación sobre los efectos del Glifosato en agroecosistemas http://www.suelos.org.ar/adjuntos/glifosato_en_agroecosistemas.pdf

Meriel Watts, et al. PAN (2016) https://spip.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe-pan-glifosato.pdf

 

Foto: http://www.vocesnuestras.org/

Enviado por Bloque Verde.

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Costa Rica importó cifra récord de plaguicidas

  • Aumento en la importación de plaguicidas tiene relación directa con los polémicos reglamentos de plaguicidas que comenzaron a regir el 15 de diciembre de 2016

  • Costa Rica para el año 2017 importó 18,6 millones de kilogramos de ingredientes activos, casi una tonelada más que en el 2016

(26-2-2019) Según datos proporcionados por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), para ese año 2017 se efectuó la importación histórica de venenos hacia Costa Rica. En total se contabilizan 18,6 millones de kilogramos de ingredientes activos. Costa Rica nunca había importando tantos agroquímicos en su historia como con la entrada en vigencia de los polémicos decretos ejecutivos 39995-MAG y 40059-MAG. Dichos reglamentos son impugnados en la Sala Constitucional bajo los expedientes 18-009107-0007-CO y 18-019039-0007-CO.

Este récord de importación de agrotóxicos llama la atención porque según datos del SFE, la importación de plaguicidas entre 2002 y 2015 se mantuvo entre 11,2 y 13,8 millones de kilogramos, con un promedio anual en ese periodo de 12,3 millones de kilogramos. Pero para 2016 subió a 17,8 cuando Costa Rica fue catalogado como el país con mayor consumo de plaguicidas por hectárea.

El ingeniero Fernando Ramírez de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina (RAPAL) al respecto señaló que: este aumento es señal de que la apertura de los registros produjo un aumento considerable en el ingreso de plaguicidas al país. Coincidentemente con la entrada en vigencia de los decretos de plaguicidas firmados por la administración Solís Rivera para finales de 2016, Costa Rica se abrió a la mayor importación de agroquímicos en su historia, llegando alcanzar 18,6 millones de kilogramos, casi una tonelada más que el año anterior.

Información al teléfono: 8812 2914.

 

Enviado por FECON.

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Alerta sanitaria por uso de plaguicidas en áreas públicas

Las comunidades, organizaciones y personas preocupadas por el uso de agrotóxicos en áreas públicas tienen ahora dos importantes herramientas para luchar por espacios públicos libres de venenos.

Se trata de una certificación del Ministerio de Salud que confirma que en Costa Rica NO hay ningún herbicida registrado ante ese ministerio, por lo que estas sustancias NO pueden aplicarse en áreas públicas (caminos, aceras, plazas, jardines de casas o edificios, áreas de recreo, cementerios, lotes baldíos, etc.).

Producto de esa certificación y una denuncia ciudadana se emitió una Alerta Sanitaria por parte del Ministerio de Salud (Minsa) el pasado 23 de enero del 2019. Esta misiva fue emitida por la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Minsa: “Alerta a la población en general, sobre el uso inadecuado que las personas están dando a los plaguicidas de USO PROFESIONAL o de USO AGRÍCOLA ya que la utilización de ellos, para eliminar las plagas en hogares u oficinas, representan un alto riesgo para la salud de las personas, puede producir intoxicación e incluso la muerte, por el manejo especializado que requieren”(ver más).

Así mismo “recomienda a la población leer la etiqueta de los plaguicidas y solo utilizar aquellos que indiquen que son de USO DOMÉSTICO ya que los de uso profesional solamente pueden ser aplicados por personas y empresas autorizadas por este Ministerio”. Esto significa que las municipalidades, instituciones -públicas o privadas-, así como las personas que título personal utilicen estos productos de uso agrícola podrían ser denunciadas por la ciudadanía.

Las denuncias pueden interponerse ante el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Atención al Cliente, o bien, en las Áreas Rectoras de Salud local disponibles en cada cantón. También pueden hacerse consultas sobre este tema al correo electrónico: dac.denuncias@misalud.go.cr

La Alerta Sanitaria recomienda “no adquirir plaguicidas de uso profesional y si lo están utilizando, deben descontinuar el uso para evitar riesgos a la salud”.

Estas acciones son parte de la campaña “Desintoxiquemos Costa Rica” que agrupa ecologistas, agricultores, indígenas, grupos de mujeres, académicos y comunitarios, que buscan contrarrestar el deshonroso primer lugar mundial que tiene nuestro país como consumidor de plaguicidas(Semanario Universidad, 3-6-2015).

La campaña arrancó en 2017 buscando que los municipios e instituciones públicas prohíban el uso de agrovenenos en áreas públicas que aparezcan en la lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP, https://bit.ly/2Uu6Kqz).

Informes: Jaime Garcia, tel. 8723 7343

 

Imagen de portada ilustrativa.

Enviado por Fabian Pacheco, Bloque Verde.

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Reforma fiscal contra la agricultura orgánica

  • Agricultura orgánica pagaría hasta un 13% de IVA
  • Mientras los monocultivos industriales estarían exentos
  • Los agrotóxicos y agrovenenos tendrá una tarifa reducida del 1% del IVA

 

FECON, 2-10-2018. Mientras la producción de la agricultura orgánica será gravada con un 13% de Impuesto al Valor Agregado (IVA); las grandes empresas contaminantes y destructoras serán completamente exentas del IVA y sus insumos tendrán una tarifa reducida del 1%.

Desde el día de ayer en la Asamblea Legislativa se está tramitando las mociones de reiteración (mociones que no fueron admitidas en la comisión especial y que se llevan al plenario completo para volverlas a someter a votación). Estas mociones suman alrededor de 300, pero la aplanadora de las fracciones mayoritarias está votándolas a toda velocidad.

Entre el día de ayer y la mañana de hoy se han votado mociones que impactan directamente la situación agroambiental de Costa Rica. Un país que es conocido por ser el principal consumidor de agroquímicos del mundo mientras la extensión de agricultura orgánica certificada tiende a disminuir de forma sistemática.

Actualmente la Ley para el Fomento de la Agricultura Orgánica Nº 8591 estipula que este tipo de actividad es exenta del Impuesto Sobre la Venta (13%), pero con la reforma fiscal que el gobierno lleva adelante estos productos pasarían a ser gravados con el IVA. Hay que recordar que parte del Expediente Legislativo 20580 está dedicado a transformar el impuesto sobre la venta en IVA.

Diputados cuestionados por el caso del Cementazo, como lo es Pedro Muñoz, blindan Combo Fiscal para que empresas contaminantes no paguen impuestos. PUSC, PAC, RN y PLN le quitan impuestos a empresas destructoras y contaminantes para que sigan devastando bosques y contaminando fuentes de agua, como las empresas piñeras, muchas localizadas bajo régimen de Zona Franca. Estas empresas son doblemente beneficiadas con en el Expediente 20580 las cuales seguirán exentas del Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto Sobre la Importación de Maquinaria e Insumos, sino que serán exentas del Impuesto al Valor Agregado, lo cual ponen en una ventaja desleal con respecto a la producción nacional de empresas que no están dentro de este régimen especial. Premian directamente a las piñeras bananeras y palmeras porque muchas de estas empresas piñeras, según la web de PROCOMER están dentro de las Zonas Francas.

Por lo anterior desde el Movimiento Ecologista y de la Agricultura Orgánica este Combo Fiscal no sólo es regresivo y pone a pagar a los más pobres y les quita cargas a los más ricos, sino que fomenta la contaminación y la destrucción ambiental.

 

Información y contacto:

Henry Picado, FECON, teléfono 87609800;

Miguel Castro, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO): Teléfono 83771090

 

 

Enviado por FECON.

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Un mayo tóxico: urgente defender la salud comunitaria

  • Con el inicio de la época lluviosa salió a flote otra vez una alarmante verdad: la contradicción entre los monocultivos y la vida

Un mayo toxico FRENSAPP

Sólo este mes de Mayo se reportan miles de muertes de peces muertos en en la Laguna Madre de Dios en Batan. Similar a esta situación, en las inmediaciones del humedal Terraba-Sierpe en Osa mueren miles de peces por agrotóxicos en el agua presuntamente proveniente de una finca arrocera.

Pero preocupa también que esta estela de muerte atenta contra la vida humana directamente. Aunque desapercibida, la muerte de un jornalero piñero en Cajón de Pérez Zeledón es lo más grave que ha pasado en este tema (Sitrasep, 2018).

Jhonnatan Rojas López de 30 años se encontraba laborando en la finca de PINDECO, subsidiaria de la trasnacional Del Monte, cuando fue impactado por un rayo. Es conocido por el Sindicado de Trabajadores del Sector Privado que estas fincas piñeras obligan los jornaleros a arriesgar su vida cuando hay fenómenos climáticos extremos. Esta organización señala que no es un accidente laboral, por el contrario, evidencia la responsabilidad de la empresa piñera.

La expansión de los monocultivos industriales sigue impune de sus delitos ambientales. Sigue impune la deforestación de más de 5.566 Hectáreas de áreas de protección por más de 74 fincas piñeras (PNUD, 2015). Sigue igual de impunes las más de 1.112 Hectáreas de piña sembradas de forma ilegal dentro de las Áreas Silvestres Protegidas de Maquenque, Barra de Colorado y Franja Fronteriza. Así como sigue impune la contaminación de los acueductos comunitarios de Milano, El Cairo, La Francia de Siquirres y Veracrúz de Pital de San Carlos, por mencionar algunos.

Pero también recordamos que hace un año Mariana Panaigua y Jorge Castro recorrieron a pie, desde Pavón de San Carlos, 180 Km para denunciar el cercenamiento sufrido por la industria de la piña. Esta pareja ganadera señalaron que las piñeras vecinas hicieron imposible su vida criando animales debido al exceso de veneno y la plaga de la mosca. Aun así la administración Solís Rivera les dio la espalda, no cumplió sus promesas y además, el ex-ministro Felipe Arauz firmó tres decretos ejecutivos para legalizar la inundación del país con más venenos sin evaluación ecotoxicológica.

Ante todo esto se vuelven frágiles son los argumentos de personas, que como el actual ministro de la cartera de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, sostienen la idea de que no habría moratoria a la expansión piñera en este gobierno de Unidad Nacional. Parece que seguiremos siendo una democracia intoxicada. Se continuará incentivando una producción agrícola de excesos, irresponsable y deshumanizada.

Pero las comunidades nos encontraremos para rescatar la salud de los ecosistemas y las comunidades. Representantes de organizaciones locales nos reuniremos en en Encuentro de Salud Comunitaria organizado por el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera este 2 de junio en Sarapiquí.

Información al teléfono: 8760 9800

 

Enviado por FECON.

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