Al ser las 9:00 a.m. del día martes 05 de diciembre, policía con antimotines reprime manifestación pacífica que la comunidad de Sardinal realiza en defensa del agua.
Desde el día 30 de noviembre, el AyA se encuentra en el pozo de Sardinal de Guanacaste reanudando las obras para el acueducto El Coco-Ocotal, las cuales en este momento son ilegales debido a que no se encuentran todos los permisos adecuados, a pesar de esto y de la falta de respuesta a los cuestionamientos de la comunidad, el AyA decidió continuar con la construcción, acompañado de distintas unidades de la policía. Hoy, al ser las 9:00 a.m. mientras personas de la comunidad defienden su derecho al agua y buscan detener que la construcción continúe, la policía arremetió de manera violenta con gases lacrimógenos. Los gases fueron lanzados hasta en las casas de algunas personas vecinas. Esta clara agresión, ha afectado la salud de muchas personas, incluyendo niños y niñas.
¿Por qué se manifestaban pacíficamente en pueblo de sardinal? Porque decidieron no negociar el agua de su comunidad, desde hace años que los grandes hoteles y las empresas multimillonarias de la zona quieren que se construya este acueducto para lucrar con el agua. Pero desde que se reinició la construcción de las obras ha habido manifestaciones pacíficas en protesta de estas. EL PUEBLO DE SARDINAL SIGUE RESISTIENDO Y ESTO ENOJA AL AyA A LA POLICÍA Y AL GOBIERNO.
Ante esto:
Se exige de forma inmediata que se acaben los ataques y amenazas de la policía. Y que se responsabilicen por las afectaciones a los oficiales que las cometieron.
Se exige la respuesta de Yamileth Astorga (presidenta del AyA) ante los acontecimientos ya que este conflicto no debe estar mediado por la policía, que se detenga todo tipo de obras hasta que esto suceda.
La personas y organizaciones firmantes declaramos nuestra máxima solidaridad y apoyo a la comunidad de Sardinal en su resistencia, convocamos acciones de manera conjunta. Su lucha es nuestra lucha.
¡Agua para las comunidades, no para las transnacionales!
Firmantes: Colectivo Derecho a la Protesta Social; Colectivo A de Libertad; Frente de Resistencia Animal y de la Tierra; Coordinadora por la Liberación Animal; Colectivo Agua Libre; Colectivo de Comunicación Popular Radio Machete; Bloque Verde; Frente Ecologista Universidad Nacional; Colectivo Lucharanga Feminista; Asociación de Estudiantes de Ciencias Ambientales, UNA; DIWO ambiental; Frente Ecologista Universitario, UCR; Asociación Comunidad por Vivienda y Vida Digna los Pinos; Asociación de Estudiantes de Trabajo Social, UCR; Convergencia UCR; Asociación Costarricense de Derechos Humanos; Centro de Amigos para la Paz; Nuevo Partido Socialista; Servicio de Paz y Justicia; Colectiva Caminando; Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (CENDEROS); Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica (SJM); Asociación Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa; La Revolución de la Cuchara; Colectiva Respiral; Ditso; Asociación de Estudiantes del IDELA-UNA; Colectivo radial La Ofensiva; Asociación de ecología social (AESO); Foro del Aborto, Costa Rica; Organización Socialista; Organizate, UCR; Coronado por la Naturaleza; CEFEMINA; Pacto Mundial Consiente.
Enviado por Mauricio Álvarez y Daniel Soto Ortega.
Por Rolando Portilla Pastor, Ingeniero Civil, MSc en Manejo de Cuencas Hidrográficas
Se han evidenciado aspectos muy negativos sobre el proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico, expediente 17742. Entre ellos, el irrespeto a los principios de la propuesta original en cuanto a participación social, así como la apertura de los parques nacionales a la construcción de grandes proyectos de acueductos, aspectos que no deberían pasar desapercibidos.
Hoy, sin embargo, nos referiremos a la visión y enfoque antropocéntrico (privilegio del ser humano), plasmado en los artículos 95 y 96 de este proyecto de ley, que tratan el tema del caudal ambiental. Como se recordará, este caudal es establecido con la finalidad de mantener en los cauces, un flujo mínimo de agua que garantice la continuidad de los procesos ecológicos y socio-productivos ligados al recurso hídrico. En ese sentido, este caudal ambiental debería ser una restricción absoluta, no sujeta a reducciones de ningún tipo, porque hacerlo implicaría afectar irremediablemente el ecosistema y trasgredir el principio básico sobre el que se fundamenta el mismo, es decir, no sobrepasar la capacidad de soporte del ecosistema fluvial.
No obstante, aunque parezca increíble, el proyecto de ley en mención permite precisamente esto. El artículo 95 señala: “El caudal ambiental deberá considerarse como una restricción con carácter general que se impone al aprovechamiento del recurso hídrico. Sin embargo, en caso de conflicto con el aprovechamiento para consumo humano siempre prevalecerá este último”. “No se concederán ni prorrogarán concesiones de aprovechamiento del recurso hídrico que afecten el caudal ambiental determinado para un cuerpo de agua en particular, excepto el uso para consumo humano” (los subrayados no son del original).
Es decir, según el proyecto de ley, una vez que se establezca el caudal ambiental en un río y de acuerdo a este se hayan asignado todos los usos normales en el mismo: consumo humano, hidroelectricidad, consumo del ecosistema, uso agropecuario, entre otros, sería posible disminuir aún más ese caudal, si por razones de consumo humano fuese necesario, aunque para ello se afectase irremediablemente a los ecosistemas.
Esto es muy grave y representa sin duda, antropocentrismo en grado extremo. No se discute la prioridad que, en condiciones normales pueda tener el consumo humano en la asignación de prioridades de uso, pero nunca debe de permitirse la reducción de los niveles por debajo de los caudales ambientales. Hacer esto, podría llevar incluso a situaciones de secamiento en nuestros ríos y quebradas, algo totalmente inadmisible. No puede ser aceptable, en aras de un antropocentrismo extremista y radical, llegar a secar ríos o quebradas en nuestras cuencas hidrográficas, ni siguiera para satisfacer necesidades humanas. Esto no es ni por asomo, desarrollo sostenible.
¿Cuáles serían algunas opciones para no afectar los caudales ambientales? Perforación de pozos, trasvases entre micro-cuencas o subcuencas, sistemas de re-bombeo, desalinización de agua marina, entre otros; más caros probablemente, pero la sostenibilidad sin duda tiene un costo.
Una gestión integrada y sostenible del recurso hídrico implica, sobre todo, valorar y respetar el agua, los ríos, que son, ni más ni menos, las venas de nuestra tierra, y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitir el secamiento de ríos y quebradas. Las aperturas y precedentes que establece este proyecto de ley son muy graves y como sociedad deben motivarnos a reaccionar. El agua es vida y no queremos, de ninguna manera, un futuro con ríos secos en Costa Rica, aunque sea para beneficio humano. Detengamos la aprobación de este destructivo proyecto de ley.
*Imagen con fines ilustrativos.
Artículo enviado por Maria Elena Fournier / Fuente: www.elmundo.cr.
Este 14 de noviembre, se presentó en Costa Rica el Informe sobre el Estado de la Nación (EDN): se trata de un valioso diagnóstico anual realizado por un equipo de investigadores, con el apoyo de las universidades públicas costarricenses y la Defensoría de los Habitantes. El documento completo está disponible desde ya en este enlace.
Uno de los capítulos del EDN es el ambiental, titulado «Armonía con la Naturaleza» (véase texto completo). Constituye un capítulo que cobra una particular relevancia, en la medida en que, desde hace más de 15 años, las reiteradas advertencias que contiene sobre el rumbo insostenible del modelo de desarrollo desde la perspectiva ambiental, siguen sin ser atendidas por los decisores políticos. La falta de solución a muchos de los conflictos que se han generado explica en parte la presencia en Costa Rica de expertos o de relatores independientes de Naciones Unidas sobre Agua y Derechos Humanos (2009, véase informe disponible en este enlace en los seis idiomas de Naciones Unidas), Derecho de los Pueblos Indígenas (2010 y 2011, véase informe), Ambiente y Derechos Humanos (2013, véase informe), cuyas recomendaciones de carácter urgente tampoco son implementadas por las autoridades costarricenses.
Sobre la pérdida del patrimonio natural, se señala en la valoración general del capítulo que: «La gestión inadecuada del suelo explica varias formas de afectación del patrimonio natural que reporta este Informe, como la derivada de patrones de ocupación y producción agrícola: cambios de uso del suelo e invasión de zonas protegidas por la expansión de cultivos, pérdida de manglares y frentes de deforestación, acompañados por el alto impacto de un paquete tecnológico dependiente de los agroquímicos, tendencia que no cede ni muestra avances en el estímulo y crecimiento de prácticas alterativas» (página 179).
Foto extraída de nota de prensa relativa a reciente denuncia de vecinos en Pital de San Carlos titulada «Denuncian que empresa piñera Ananas Export Company (ANEXCO) destruye fuente de agua y zona de humedales en Río Cuarto de Alajuela» (Octubre 2017, Surcos Digital).
La ausencia de planificación y de políticas en materia de ordenamiento territorial está llevando a Costa Rica a una vulnerabilidad cada vez mayor, que se materializa con cuantiosas pérdidas que ocasionan eventos metereológicos. La marcada dependencia a los hidrocarburos del sistema de transporte persiste como un agravante de la huella de carbón, agudizado con un aumento en la flota vehicular de un 7,4% registrado para el año 2016. Entre los diversos hallazgos relevantes con los que inicia este capítulo, se señala que: «… el decreto ejecutivo 40379 designó al Incopesca como la Autoridad Científica para especies marinas de interés pesquero y acuícola, y al MAG como Autoridad Administrativa. De esta forma, se eliminó la participación de una instancia científica colegiada en la emisión de criterios técnicos, permisos y certificados de pesca para las especies mencionadas» (página 177).
Con relación a una valiosa herramienta aplicable a megaproyectos como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se lee por ejemplo que: «Además, se determinó que no existe una metodología homogénea para la adecuada integración de la variable ambiental. La CGR analizó seis propuestas de planes de ordenamiento territorial que recibieron viabilidad ambiental entre 2010 y 2015, y encontró que en cinco de ellas falta información indispensable para evaluar el sustento técnico con que se incorpora esta variable. No se ha delimitado la naturaleza, nivel de profundidad, alcance y efectos de las medidas ambientales que deben resultar de la incorporación de la EAE, especialmente en planes reguladores municipales» (página 227).
Foto escogida para ilustrar la portada del Informe del Estado de la Nación (EDN) 2017 sobre la situación en Costa Rica.
Ello sin hablar de la situación de «estress hídrico» que viven muchas comunidades de Costa Rica. A modo de ejemplo, en la Gran Area Metropolitana (GAM), las zonas de recarga del acuífero del Barva y del Colima sufren el avance de un desarrollo urbano descontrolado: este año, el capítulo ambiental del EDN refiere a cómo este «modelo» de desarrollo urbano se ha expandido a ciudades intermedias fuera de la GAM (San Isidro de El General, Ciudad Quesada y Guápiles), las cuales ya están registrando los mismo síntomas. Mientras tanto, en Bagaces y Cañas, el arsénico detectado en el agua persiste sin que se haya encontrado una solución duradera al problema. En la costa Pacífica, la intrusión salina en los acuíferos costeros de Brasilito, Tamarindo, Potrero, Playa Panamá y Playa del Coco evidencia la deficiente política en materia de recurso hídrico. Nótese que la alta vulnerabilidad de estos acuíferos costeros a la extracción masiva e incontrolada de agua fue alertada hace más de 15 años.
Un grave conflicto no resuelto como el del agua en Sardinal amenaza con revivir, ante el anuncio de reiniciar los trabajos (véase nota de La Nación del 13 de noviembre) y ante la renuencia de las autoridades de dialogar con las comunidades concerñidas (véase esta nota y otra nota publicadas esta misma semana por CRHoy, así como una más reciente sobre el intento de legalizar proyectos ilegales). Nótese que en el caso de Sardinal, el juez constitucional procedió a una verdadera regresión declarando en febrero del 2017 que la participación ciudadana en materia ambiental ya no constituye un derecho humano (véase breve nota nuestra al respecto). En un reciente foro sobre la piña, se pudo confirmar otro tipo de renuencia por parte de las actuales autoridades costarricenses: debatir públicamente sobre los problemas que genera este monocultivo para las comunidades rurales de Costa Rica (véase nota nuestra al respecto).
Los gráficos elaborados por el EDN sobre la conflictividad socio-ambiental en Costa Rica evidencian un aumento creciente sin que se vislumbre mecanismo alguno para resolver esta grave situación (gráficos de páginas 222-223). Se lee al respecto, en la sección inicial «hallazgos relevantes» del capítulo ambiental que: «Por sexto año consecutivo, las acciones colectivas sobre asuntos ambientales se mantuvieron en sus máximos niveles desde 1993. En 2016 este tema registró su valor más alto como porcentaje del total de protestas sociales del país (15,8%)» (Página 177).
Con relación a la efectividad de los fallos del juez constitucional en materia ambiental, se lee que las entidades recurridas optan por desacatarlos: «Entre las instituciones que de manera regular incumplen lo dispuesto por la Sala se encuentran el Minae, el Minsa y las municipalidades» (páginas 224-225).
Con relación a una reglamentación inconsulta relativa al registro de nuevos agroquímicos, que movilizó al sector ecologista en los últimos años, se lee que: «estos reglamentos proveen mecanismos que facilitan el registro y posterior uso de plaguicidas. Sin embargo, se generan riesgos ambientales y de salud por las limitaciones para evaluar los productos (individual y directamente) o por la revalidación de algunos que no pasaron por los análisis que el país estableció en 2006 (decreto nº 33495-MAG-S-Minae-MEIC). Esto afecta el principio precautorio y preventivo, según el cual, en caso de duda, prevalece el objetivo de evitar posibles impactos ambientales y en salud» (página 219).
El abanico de temas analizados es extremadamente ámplio y se recomienda la lectura completa de este capítulo del EDN, cuyos gráficos, fotos satelitales e ilustraciones de gran calidad permiten superar la densidad de los datos técnicos que aporta.
De cara a las próximas elecciones a realizarse en el 2018, este texto plantea, como sus antecesores, una serie de interrogantes a la sociedad costarricense y a la clase política, la cual no pareciera haber incluído el tema ambiental como un tema de campaña. Sobre este último punto, remitimos a nuestros estimables lectores al reciente artículo de opinión del Dr. Allan Astorga publicado en HablandoClaro (Radio Columbia) y titulado precisamente «Candidatos y ambiente: ¿Cuándo se va a hablar en serio?»
Foto extraída de artículo de prensa titulado «Tormenta Nate destrozó 28 mil kilómetros de esfuerzo tico» Afirma UNGL» (Prensa Libre, octubre 2017).
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El pasado sábado 18 de noviembre se realizó en el Centro de Amigos para la paz en San José, la reunión sobre el agua para definir acciones para impedir que se privatice el agua
Minuta General reunión del sábado 18 de noviembre sobre los proyectos del Agua.
Asistimos 15 personas.
Actualización sobre el tema:
La Consulta Constitucional se verá hasta dentro de meses cuando el próximo magistrado se nombre. Pero nuestra experiencia nos dice que la votación podría darse según la conveniencia de interesados e interesadas.
ACCIONES
Mapear a comunidades organizadas
Buscar contacto y articular con personas de comunidades que ya están organizadas en defensa del recurso hídrico
Generar células de acción desregionalizar
Acción de calle: falta definir fechas para jornadas informativas
Unificación de mensaje y de fácil entendimiento ¿si alguien más quiere participar?
Compas de Senara estarán capacitando a las personas en la parte técnica de la Ley Falta (contacto)
Desde el Frat haremos una cuña y lo trasmitiremos en radio
Se traerá información de Zona Sur
Se asumieron responsabilidades para el aspecto comunicacional
Traer a la próxima Asamblea Abierta zonas identificadas en lucha por el Agua para crear un mapeo: Tacares(Los Chorros), Sardinal
Propuestas de trabajo en comunidades
Información para lugares por organizar
Comunicación (actividad permanente) en redes, con amigos, familia, el pueblo.
*Próxima asamblea abierta jueves 23 de noviembre a las 5:00pm en el sótano de Generales de la UCR.
Defensores del agua se manifestaron en la Plaza de La Cultura con una actividad cultural e informativa. Luego de esta manifestación iniciaría la caminata: Cantando por el Agua.
Este miércoles 15 de noviembre frente a la Corte Suprema de Justicia de San José, se llevará a cabo tres actividades para decir presentes
8 a.m.
Auto-Convocados contra la CORRUPCIÓN frente a la Corte Suprema de Justicia en San José.
11 a.m.
Conferencia Irregularidades del Recurso Hídrico en Guanacaste. Una importante denuncia que usted no debe perderse. Será en el Centro de Amigos para la Paz.
5 p.m.
Actividad informativa Cantando por el Agua Libre. Todos los Auto-Convocad@s de los diferentes colectivos y movimientos sociales se unen por la defensa del Agua y ALERTAN a la población sobre las negociaciones con nuestra Agua que se están dando en la Asamblea Legislativa sin que muchos lo sepan.
En este momento en el boulevard de la Asamblea Legislativa quienes defienden nuestra agua de quienes quieren privatizarla se encuentran secuestrados, la policía y la seguridad de la Asamblea cerraron el tránsito peatonal, nadie puede salir ni entrar.
En este momento sigue la manifestación de defensores del agua en el boulevard de la Asamblea Legislativa.
Continúa el retén policial-legislativo con vallas metálicas, nadie puede entrar.
Lucha por el agua Mario Cabrera informa:
Estamos secuestrados, no quieren abrir los portones y de aquí no nos vamos a mover. Hasta la lucha siempre.
Hoy todos (as) a las barras de la Asamblea Legislativa; el agua es vida no mercancía; fuera la privatización de nuestra agua. Se estará todo el día.
Compañeros de Pérez Zeledón en la lucha por el agua, frente a la Asamblea Legislativa. Fotos Mario Cabrera.
La municipalidad de San Rafael de Heredia, que se vive echando flores por ser adalides, según ellos, en la defensa del ambiente, DE NUEVO fue condenada por la Sala Cuarta por violentar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, esto mediante la resolución Nº 2017-017353 del 31 de octubre del 2017.
La condena surgió por un recurso de amparo que presentaron vecinos de San Rafael de Heredia, organizados en el colectivo CONCEVERDE, por considerar que la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la Municipalidad de San Rafael estaban poniendo en peligro el recurso hídrico de los habitantes del Valle Central al dar pajas de agua la primera y permiso para que se fraccionara la segunda, a una finca en Concepción de San Rafael, sin contar con estudios científicos que determinaran con certeza de que no se estaría violentando ese recurso.
Aun cuando el Alcalde trató de que la Sala Constitucional se tragara el cuento de que los recurrentes presentaron argumentos falsos, la Sala no lo hizo caso y lo condenó, al igual que al gerente de la ESPH, por violentar el artículo 50 constitucional y además de ordenar pagar costas, daños y perjuicios, ordenó a la Municipalidad no otorgar permisos en el fraccionamiento cuestionado hasta que se tenga la certeza que no se éste impacto el recurso hídrico subterráneo.
Tampoco se tragó el cuento los magistrados, de que un proyecto de 36 viviendas llevado a cabo en igual número de lotes, no pondría en peligro el recurso hídrico, como alegó el Alcalde, en tanto para éste esos desarrollos no son de alta densidad. Y es que en la Municipalidad junto con desarrolladores y vendedores de lotes, tienen la costumbre para burlar requisitos ambientales, llamar desarrollos constructivos que son verdaderas urbanizaciones, como desarrollos de fraccionamientos simples aun cuando el impacto ambiental es el mismo de una urbanización y aún peor ya que no lleva sistema de tratamiento de aguas negras y residuales.
Esperamos en CONCEVERDE que cambie el actuar de la Municipalidad de San Rafael de Heredia y su Alcalde, para que algún día se merezcan cualquier galardón ambiental, pero sobre todo para que algún día dejen de atentar contra el recurso hídrico de los habitantes de San Rafael y en general del Valle Central.
Por CONCEVERDE: José Fco. Alfaro Carvajal. Cédula105180468.
Comunicado de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua
A partir de los hechos de los últimos días en torno a la tramitación del Proyecto Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico consideramos que estamos en un momento crucial para el futuro del país en un tema sumamente sensible y comprendemos lo complejo del proceso tendiente a dotar a Costa Rica de un marco legal e institucional que permita una gestión integrada, participativa, socialmente equitativa y ambientalmente sostenible de este líquido vital que garantice el reconocimiento efectivo de los derechos humanos de acceso al agua potable y al saneamiento.
Desde que varias de nuestras organizaciones, junto a diferentes actores sociales e institucionales, a finales de los años 90, iniciamos la discusión sobre la necesidad de ajustar dicho marco a los nuevos desafíos en materia hídrica, nos percatamos de la multiplicidad de visiones e intereses que giran en torno a la gestión del agua, por lo que llegar a acuerdos mínimos sería una tarea ardua.
Luego de un proceso de muchos años, con una gran cantidad de vicisitudes, se ha generado un acuerdo entre una mayoría de grupos parlamentarios en torno a un texto que, pareciera, cuenta con el aval del sector que más oposición ha externado. En ese sentido, el texto que se discute hoy en la Asamblea Legislativa, si bien no contiene todos los elementos que hubiéramos deseado en una nueva ley de aguas; es el que refleja el mayor nivel de acuerdo político que ha sido posible alcanzar en todos estos años y su aprobación significaría un primer paso en la dirección correcta.
Sin embargo, desde la ANDA consideramos que si bien este texto posee una serie de virtudes que harían que la gestión del recurso hídrico mejore considerablemente a favor de los principios que anteriormente hemos señalado, no podemos estar de acuerdo con la eliminación de los Consejos de Unidad Hidrológica que se habían establecido en el proyecto de iniciativa popular.
La participación ciudadana es un elemento esencial del espíritu del proyecto de ley. No puede haber gestión integrada del recurso hídrico ni reconocimiento efectivo de los derechos humanos de acceso al agua potable y al saneamiento sin dicha participación. Estos espacios de participación ciudadana estaban contemplados en el texto original, por lo que su eliminación podría implicar falta de conexidad entre lo planteado originalmente y lo que finalmente se apruebe.
Es por ese motivo que solicitamos a las señoras y señores diputados que consideren la permanencia de los artículos relacionados con los Consejos de Unidad Hidrológica. La participación ciudadana es parte consustancial de la vida en democracia, tal y como lo reconoce el artículo 9 de la Constitución Política.
Compartido en redes digitales por José Rafael Quesada.
