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Etiqueta: agua potable

Comunidades y ecologistas alertan por impactos socioambientales del Festival Envision en Osa

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Se hace un llamado a la Fiscalía Ambiental, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Osa y el MINAE para que atiendan sus obligaciones y ordenen la paralización del evento

Desde hace aproximadamente una década el año 2011 se realiza en la comunidad de Uvita de Osa, dentro de una finca privada que fue parte del Refugio de Vida Silvestre Rancho La Merced, el Festival Internacional Envision, evento que ha convocado en sus ediciones anteriores a más de 7.000 personas, duplicando la población residente del distrito durante varios días.

La magnitud del festival genera una sobrecarga crítica de los servicios públicos y de emergencia, obligando al desplazamiento de personal adicional de la Fuerza Pública, el Ministerio de Salud, servicios hospitalarios, tránsito y cuerpos policiales desde otras localidades. Esta presión supera las capacidades institucionales de un cantón que ya enfrenta limitaciones estructurales para atender a su población regular.

El festival se desarrolla en una zona ambientalmente sensible, ubicada dentro del Corredor Biológico Paso de la Danta, estratégica para la conectividad ecológica, el tránsito de fauna silvestre y la conservación de ecosistemas. La contaminación lumínica y sonora, el tránsito vehicular masivo y la actividad continua las 24 horas generan afectaciones directas a la fauna, particularmente a aves migratorias que utilizan la zona como corredor y sitio de anidación, así como a playas cercanas que funcionan como áreas de anidación de tortugas marinas.

Estos impactos han sido señalados por el Centro de Rescate Alturas, el único centro de rescate de vida silvestre de la región, que ofreció al festival realizar una evaluación de impacto ambiental in situ y proponer medidas de sostenibilidad. Dicha propuesta no fue aceptada por la organización del evento.

Otra preocupación central es el manejo de residuos, que excede ampliamente la capacidad del cantón, el cual no cuenta siquiera con un diagnóstico y Plan de Manejo integral de su problemática de residuos sólidos. Esta situación se agrava por la cercanía con el Parque Nacional Marino Ballena, el tercer parque nacional más visitado del país, cuya alta visitación coincide con la realización del festival.

Asimismo, se han identificado riesgos sanitarios asociados al uso de servicios sanitarios móviles, cuyos procesos de limpieza y desinfección implican el uso de químicos que dejan residuos en el entorno. Existen además sospechas fundadas de que parte del evento se desarrolla sobre patrimonio natural del Estado y de que algunas construcciones afectan áreas de protección de cuerpos de agua, lo que explicaría cuestionamientos recientes en torno a la no otorgación de permisos, para su realización el año 2025.

En el plano social, la comunidad denuncia un incremento de problemáticas como robos, tráfico y consumo de drogas, contrabando y hechos violentos, incluyendo antecedentes de intoxicaciones graves y muertes. El Hospital Tomás Casas, único centro hospitalario de la región, ha visto incrementada su demanda por emergencias asociadas al evento, principalmente por consumo de drogas.

Vecino y vecinas han señalado “la falta de control migratorio y laboral, así como la presencia de personas menores de edad realizando trabajos en un entorno donde se expenden alcohol y drogas, en contravención de la legislación nacional”. También se señala una dinámica de apropiación cultural, mediante el uso de prácticas y sustancias asociadas a espiritualidades de pueblos originarios fuera de su contexto cultural, reducidas a una lógica de “fiesta psicodélica”.

Desde la comunidad se cuestiona además la exclusión del público nacional, dado que en ediciones recientes el festival ofreció alrededor de 7.000 entradas para público internacional y apenas unas 400 para personas nacionales, reforzando una lógica elitista y desconectada del territorio.

Ecologistas y las personas habitantes de la zona manifiestan una profunda preocupación por el acceso al agua potable, un servicio que ya se suspende de forma recurrente por horas en distintas comunidades debido a la presión inmobiliaria y a la fragilidad del sistema. La realización del festival incrementa esta presión, en un contexto donde incluso se ha denunciado el apoyo institucional sin consulta comunitaria, incluyendo la participación de la ASADA local y de algunas organizaciones nacionales e internacionales. La demanda de agua potable se multiplicaría por tres durante la semana del evento.

Las comunidades de Osa reiteran que este festival no representa un beneficio económico real, en una zona que ya es altamente visitada turísticamente, y llaman a las autoridades a evaluar integralmente los impactos socioambientales, sanitarios y culturales del evento, priorizando la protección de los ecosistemas, los derechos de las comunidades locales y la capacidad real del territorio.

Finalmente, preocupa el apoyo institucional y de algunas organizaciones sin consulta a la comunidad, incluyendo ONGs nacionales e internacionales que se presentan como aliadas en temas ambientales y de residuos. Incluso la última ha sido cuestionadas por el verdadero impacto de sus acciones y por sus alianzas con asociaciones de desarrollo y gobiernos locales en la administración de proyectos en la zona marítimo-terrestre.

Adicionalmente, las comunidades señalan que actualmente existe una solicitud de cancelación de permisos presentada ante la Municipalidad, así como la suspensión reciente de un taller convocado por el ICT para la participación ciudadana en el Plan Regulador Costero. Dicha suspensión fue solicitada por autoridades municipales bajo el argumento de que el festival era prioritario para la comunidad y que el taller tendría baja participación. Esta decisión evidencia una priorización de una actividad privada, cuyos beneficios se concentran en inversionistas privados, por encima de procesos de planificación y desarrollo comunitario fundamentales para el territorio.

  • Se hace un llamado a la Fiscalía Ambiental, el Ministerio de Salud, la Municipalidad de Osa y el MINAE para que atiendan sus obligaciones y ordenen la paralización del evento con base en el PRINCIPIO PRECAUTORIO, ya que no existe certeza sobre la magnitud del daño ambiental que podría generar, ni sobre si invade el área de protección de un cuerpo de agua o si se ubica dentro de Patrimonio Natural del Estado.

  • Se recuerda a estas instituciones su deber de EVITAR que situaciones de daño ambiental deriven en consecuencias ulteriores, lo cual solo puede garantizarse mediante una MEDIDA CAUTELAR, tal como ocurrió el año anterior, cuando la anterior Fiscalía Ambiental de Osa intervino e impidió la realización de este festival.

  • Asimismo, cuestionamos a las instituciones responsables para que rindan cuentas sobre el cambio de criterios que este año permite su realización.

Firman:

BLOQUE VERDE
BLOQUE AZUL
FEDERACIÓN ECOLOGISTA
APREFLOFAS
COSTA RICA POR LOS OCEANOS

San Juan de Cañas purifica su agua con innovador sistema de filtración

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La Asada de San Juan de Cañas en Guanacaste respira aliviada. Un proyecto colaborativo entre la comunidad, el Hidrocec de la UNA, el TEC y la ONG Operación Bendición permitió instalar un sistema de remoción que devolvió el agua segura a los habitantes de esta comunidad.

Tras meses de incertidumbre por la contaminación de su fuente hídrica con aluminio, San Juan de Cañas hoy cuenta con un sistema de filtración que garantiza agua segura, pues cumple con los estándares nacionales de calidad.

La problemática surgió durante los talleres Conociendo la calidad de nuestra agua, que se imparte dentro del proyecto Fortalecimiento de la gestión del agua de las Federaciones, Ligas y uniones de la Región Chorotega (FLUS Chorotega). Johanna Rojas, responsable del área de calidad de aguas del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (Hidrocec), recuerda el hallazgo: “Vimos que el pH estaba muy ácido, volvimos a leer la muestra y el pH seguía estando en cuatro. Eso nos generó bastante curiosidad”.

Las pruebas de laboratorio lo confirmaron: el nivel de aluminio en el agua superaba los 0,2 miligramos por litro, el límite establecido por la normativa costarricense. “No creíamos que fuera tan peligroso. Pero ahora que inició todo eso nos dimos cuenta y tuvimos la certeza de que en verdad sí necesitábamos la ayuda para mejorar la calidad del agua”, comentó Cindy Barrantes administradora de la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asada).

El diagnóstico activó una red de apoyo. Andrea Suárez, coordinadora del Hidrocec, recordó que la articulación entre actores fue clave. La FLUS Chorotega, la ONG Operación Bendición y el Centro de Investigación en Protección Ambiental (CIPA) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), se unieron para materializar la solución.

La tecnología que devolvió la seguridad del agua a la comunidad fue un sistema de filtración de dos etapas, que desarrollaron e instalaron expertos del TEC. “El filtro lo que tiene es un tipo de piedra caliza, por ahí va a pasar el agua y luego pasa por un segundo filtro de arena. En el primero se regula el pH y se retiene la mayoría del aluminio, y en el segundo terminamos de hacer la limpieza”, explicó Luis Guillermo Romero, investigador del CIPA, quien detalló, además, que tras un día de trabajo el agua salió con un pH alrededor de siete, y el aluminio muy por debajo de la norma nacional.

Katherine Sánchez, coordinadora de Proyectos de Agua de Operación Bendición, enfatizó que su labor va más allá de lo técnico. “Los proyectos que hacemos van a cambiar la vida de las personas”, afirmó, pero también empoderan a las comunidades, pues son estas las que administran y le dan sostenibilidad al sistema.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Preocupante señal en Naranjo

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Hemos defendido la alternativa de que, un eficiente y calificado, AyA, además de operador, sea el ente rector en el contexto de la gobernabilidad del agua potable como bien demanial. Y lo hemos hecho, principalmente como respuesta a la pretensión de que esa rectoría colegiada y lógica, sea ejercida personalmente por el ministro de Ambiente, tal y como se propone en el proyecto de nueva Ley de Aguas que, negándose a ser enterrado, sigue tramitándose neciamente en la Asamblea Legislativa, ahora producto de un acuerdo tácito entre chavistas y algunos liberacionistas.

Pero es menester que esa defensa de la rectoría a favor de un ente como el AyA, nos garantice, desde el punto de vista técnico y científico, que la misma ha de ser ejercida para, por ejemplo, la emisión de políticas y reglamentos respetuosos de las competencias de otros entes administradores del agua como bien de derecho público.

Rectoría que ha de ser bien comprendida por las mismas autoridades del AyA, para evitar que el mismo pretenda usarla para actuar cual matón de pueblo, contra el gobierno local y habitantes de Naranjo, como está sucediendo en estos días.

En el necesario proyecto de desarrollo del Condominio La Esperanza constituido por 120 viviendas de interés social, que de antemano se sabía tendría una gran demanda de agua potable, una empresa ¡arrancó su construcción y la finalizó! sin cumplir los muy responsables requisitos que la municipalidad de Naranjo había técnicamente solicitado. Empresa que tampoco previó, como se plantea en otros proyectos cuando se estima que el recurso agua podría ser insuficiente, en haber optado por fuentes de agua alternativas, a la que abastece hoy ¡Y en el futuro!, a los vecinos del cantón que merecen una mayor consideración y que no tienen por qué pagar las consecuencias de los errores y malas intenciones de otros.

Pues resulta que el AyA, que no administra el acueducto de Naranjo, violentó el muy claro marco de legalidad que rige a ese Instituto. Al hacerlo por instrucciones de la Presidencia de la República, cayó en un campo político donde eventualmente chocó con una barrera, que la misma empresa contratada por el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) había estado forjando. Ello bajo la mirada cómplice de ocultos responsables que encargados garantizar el buen uso de los recursos a lo interno de la importante institución, tampoco reaccionaron con la vehemencia necesaria cuando en el presupuesto para el presente año, el exministro Nogui Acosta (ahora candidato a diputado en busca de inmunidad a partir del año entrante) disminuyó el presupuesto del BANHVI en más de 40.000 millones de colones, con las consecuencias nefastas que no es difícil imaginar, en momentos en que el país reciente la merma significativa en la construcción de viviendas de interés social.

Y es que, pareciere que la empresa constructora, mientras incumplía abiertamente la normativa del gobierno local, que ha demostrado a través de su alcalde estar seriamente preocupado por garantizar a los habitantes el abastecimiento de agua para el mañana, estuviere confiando en la ejecución de una acción «amistosa», de parte de algún cercano funcionario municipal. Para ello, habrán contado con la oportuna colaboración del aparato propagandístico de Casa Presidencial, que, en un momento fríamente calculado plantearía falsamente a la ciudadanía, que unos regidores y un alcalde insensibles, no les importaba dejar sin agua a 120 familias, por razones egoístas que solo ellos conocen.

En todo caso, tanto las autoridades del AyA, como el ministro de Seguridad Pública Mario Zamora (bueno para nada) y, mucho menos, el presidente de la República Rodrigo Chaves, pueden echar a la basura la estructura legal que todos los costarricenses hemos de respetar.

Apoyados en su inmunidad, presidente y ministro han gritado ¡A LA CARGA!, cual si fuesen partes de una dictadura militar tipo Ortega o Bukele, y bajo la acción amenazante de un escuadrón de policías antimotines, asaltaron las instalaciones del acueducto municipal, para que, por la fuerza, trabajadores del AyA, sin proceso legal alguno, procedieran a hacer las conexiones forzadas para abastecer de agua, los edificios recién terminados, bajo la mirada de efectivos del Ministerio de Seguridad Pública, con órdenes de actuar en caso de que autoridades del gobierno local se atrevieran a obstaculizar las órdenes del inquilino de Zapote y Monterán.

Por eso, amigos, llamamos la atención. ¡Esa preocupante señal de matonismo jamás debe tolerarse!, por lo cual esperamos que el Poder Judicial, que en este momento también tramita precisamente, un proceso contencioso administrativo alrededor del mismo caso, ordene la corrección inmediata, y terminante, del peligroso, provocador y antidemocrático hecho, que, como antecedente de tinte político-electoral, ha de preocupar a otras comunidades que enfrentan amenazas, por el uso del agua con intereses privados, que erosionan sus derechos al abastecimiento del agua en calidad y cantidad adecuadas. O que igualmente, están amenazadas por autoridades ambientales dispuestas a construir incineradores o vertederos de basura en sus alrededores, que pudieren usar la fuerza bruta para ejecutar sus deseos. Así de frágil puede ser el sistema democrático, si no le prestamos atención y lo fortalecemos día con día.

22.9.2025

Comunidades Orocú y Santa Juana en Chomes denuncian falta de agua potable por causa de quebradores

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Las comunidades de Orocú y Santa Juana de Chomes llevan 13 días sin agua potable y señalan a los quebradores como principales responsables de la reducción significativa del caudal de los ríos que abastecen a las comunidades de la zona.

Roxana Flores, vecina de Orocú y lideresa comunitaria, comenta “vivo en las cercanías del río Lagartos, donde todos los años se ve afectado por la extracción masiva de materiales, en este momento en nuestra comunidad debido a la deforestación que realizan las empresas extractivas y la misma minería, el pozo que abastece a las familias que habitamos estas comunidades, se llenó de sedimento y colapsó, quemó el motor de la bomba y por 13 días no hemos tenido agua potable”.

https://docs.google.com/document/d/10xnuN80MWf-ahEHCsVSWYi0sXhooBqNo/edit?usp=sharing&ouid=109961070378619247325&rtpof=true&sd=true

Solicitan declarar nulo el Plan Regulador de Limón por omitir zona clave del acuífero de Moín

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología denuncia que el instrumento municipal permite actividades que ponen en riesgo el derecho al agua

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó a la Sala Constitucional declarar la nulidad del Plan Regulador Urbano de Limón, por omitir la inclusión de la Zona 6 del acuífero costero de Moín, una de las áreas de mayor vulnerabilidad hidrogeológica de la región. La petición fue presentada por Marco Levy Virgo como coadyuvante en el expediente 25-018602-0007-CO, e incluye un informe técnico-legal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), fechado el 4 de agosto de 2025, que respalda la denuncia.

De acuerdo con el documento, emitido por la Dirección Regional Huetar Atlántica del AyA, la exclusión de esta zona representa una seria violación a derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la salud pública y un ambiente sano. Se advierte que la actual planificación permite actividades industriales y comerciales de alto riesgo, como gasolineras, y parcelamientos incompatibles con los estándares del AyA, lo cual compromete el abastecimiento de agua y la integridad del acuífero.

El informe técnico GSP-RHC-2025-01548 destaca que la Zona 6, caracterizada por una alta vulnerabilidad según el método EPIK, presenta riesgos severos de contaminación por infiltración de bacterias, virus, nitratos y metales pesados, debido a la presencia de dolinas que conectan directamente con el acuífero. Además, alerta sobre el impacto sanitario y ambiental que implica permitir actividades en esta área sin las restricciones recomendadas por el ente rector del recurso hídrico.

La petición también señala que la omisión contraviene acuerdos vinculantes de la Junta Directiva del AyA (2007-177 y 2011-112), así como precedentes de la Sala Constitucional que obligan a las municipalidades a incorporar las recomendaciones técnicas para proteger zonas de recarga y captación de agua. A criterio de la asociación, esto constituye una violación al principio de legalidad, al deber de protección ambiental y a derechos consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política.

Entre las medidas solicitadas a la Sala se encuentran:

  • Declarar con lugar el recurso de amparo.

  • Ordenar la nulidad del Plan Regulador por no incorporar las zonas de protección establecidas por el AyA.

  • Prohibir actividades industriales de alto riesgo en la Zona 6.

  • Disponer acciones de mitigación entre instituciones como la Municipalidad de Limón, AyA, MINAE, SENARA y el Ministerio de Salud.

  • Sancionar las responsabilidades administrativas que correspondan.

Según el recurso, la exclusión de la Zona 6 contradice principios constitucionales como el preventivo, precautorio, de no regresión y de in dubio pro natura, poniendo en peligro los derechos de las generaciones actuales y futuras. La asociación expresó su confianza en que la Sala Constitucional emitirá una resolución que garantice la sostenibilidad del acuífero y el cumplimiento de las obligaciones legales de las autoridades locales.

Imagen: Semanario Universidad.

Parlamento Cívico Ambiental rechaza reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Comunicado

Parlamento Cívico Ambiental expresa su rotundo rechazo a la reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable y exige su derogatoria

San José, 7 de julio de 2025

El Parlamento Cívico Ambiental, impulsada la iniciativa del Acuerdo 19-25 desde de su Comisión de Recurso Hídrico, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo a la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S, la cual permite la presencia de residuos de agroquímicos, incluyendo el agrotóxico clorotalonil, en el agua para consumo humano.

La propuesta eleva los niveles máximos permitidos de contaminantes, transformándolos en simples valores de referencia para análisis de riesgo, sin contar con una justificación técnica adecuada ni estudios científicos independientes. Esta modificación representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, salud pública y protección ambiental.

Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por su compromiso con la sostenibilidad y la protección del ambiente. Aprobar esta reforma pone en entredicho dicho prestigio, y contraviene los principios constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, así como los compromisos asumidos mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Diversos estudios indican que el país presenta altos índices de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, como el cáncer gástrico. Esta reforma afecta de forma desproporcionada a las comunidades con menos recursos, que tienen limitado acceso a fuentes de agua seguras, exacerbando así la desigualdad social.

Asimismo, preocupa que esta iniciativa responda a presiones de intereses económicos particulares, debilitando la legislación ambiental nacional y sacrificando el bienestar común. El Parlamento Cívico Ambiental considera inaceptable que se ponga en riesgo la salud de la población por favorecer a ciertos sectores empresariales.

Por todo lo anterior, este órgano hace un llamado urgente al Ministerio de Salud para que derogue la reforma y conforme una instancia técnica interinstitucional permanente que vele por la calidad del agua potable en el país. Además, se insta a promover políticas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos, en línea con estándares internacionales.

Se solicita asimismo a las y los diputados de la Asamblea Legislativa que continúen con su control político denunciando este tipo de medidas. Finalmente, se llama a la sociedad civil a que ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El acceso al agua potable limpia y segura es un derecho humano fundamental. No permitamos que se debiliten los logros alcanzados.

Demandas clave del PCA:

  • Derogatoria de la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S

  • Conforme la instancia técnica interinstitucional permanente requerida en esta materia.

  • Promoción de iniciativas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos.

  • Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.

  • Que diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa continúen con su control político denunciando este tipo de medidas.

  • Que la sociedad civil ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa de la salud pública producto del manejo adecuado patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.

Flexibilización de límites para plaguicidas en el agua potable genera preocupación ambiental

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Este material fue producido por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica y este indica que un reciente análisis alerta sobre una modificación normativa que elimina los límites fijos de plaguicidas en el agua potable en Costa Rica. A través de un lenguaje técnico y regulatorio, el cambio introduce una nueva forma de gestión “caso por caso” que, según el Observatorio, reduce los estándares de protección de la salud pública y beneficia intereses agroindustriales.

El artículo señala que esta transformación regulatoria se enmarca en una lógica de regresión ambiental, donde se desmantelan conquistas históricas en materia de derecho al agua y protección del bien común. La flexibilización de los controles ocurre en un país donde ya existen casos documentados de contaminación de fuentes de agua por agroquímicos, lo que afecta de forma directa a comunidades rurales y periurbanas.

Además, se cuestiona la falta de participación pública y transparencia en el proceso de modificación del reglamento. El Observatorio advierte que la lógica técnica utilizada para justificar la medida encubre una decisión política que responde a sectores económicos con influencia institucional, debilitando la capacidad del Estado de garantizar el acceso seguro al agua como derecho humano.

Lea la nota completa aquí: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-el-agua-deja-de-ser-derecho-regresion-ambiental-y-captura-del-bien-comun/

Imagen: Semanario Universidad.

Foro en vivo: Luchas por el derecho al agua en Hatillo

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SURCOS y la Alianza por una Vida Digna invitan al foro en vivo:
“Luchas por el derecho al agua: conflictividad y resistencia por racionamientos en Hatillo”, que se realizará el lunes 07 de julio a las 6:00 pm, por transmisión en Facebook Live de SURCOS DIGITAL.

Este espacio busca visibilizar las problemáticas sociales relacionadas con el acceso al agua en comunidades del sur de San José, así como las formas de organización comunitaria que han surgido como respuesta ante los constantes racionamientos en Hatillo.

Participan en el foro:

  • Andrés Romero, estudiante de Licenciatura en Geografía, UCR.

  • Ariana Sánchez, cofundadora del Movimiento del Sur por el Agua.

  • Edith García, fundadora del Movimiento del Sur por el Agua.

La actividad es organizada por la Alianza por una Vida Digna y forma parte de los esfuerzos por fortalecer la participación ciudadana en la defensa del derecho humano al agua.

Fecha: Lunes 7 de julio
Hora: 6:00 p.m.
Transmisión en vivo por: Facebook Live de SURCOS DIGITAL

Gobierno de Rodrigo Chaves legaliza contaminación con plaguicidas en el agua de consumo humano

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

El medio oficial La Gaceta publicó este martes 24 de junio la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, que permite elevar los límites de contaminación por plaguicidas en el agua que consume la población costarricense. Esta modificación, impulsada por la ministra de Salud, Mary Munive, representa una grave regresión en la protección del recurso hídrico, en especial en regiones como la Zona Norte de Cartago.

En lugar de cumplir con su deber de proteger la salud pública, el Ministerio de Salud optó por legalizar concentraciones de sustancias peligrosas —como los metabolitos del clorotalonil— muy por encima de lo permitido por el reglamento vigente hasta el día de ayer. Esta decisión expone a la población a compuestos tóxicos que hasta ahora no se contabilizaban formalmente en el agua potable.

La reforma establece niveles “legales” para metabolitos del clorotalonil, un plaguicida prohibido en 2023 por ser cancerígeno, al igual que sus degradados. Estos residuos se habían detectado en 69 fuentes de agua en la Zona Norte de Cartago, superando los límites del reglamento vigente hasta el lunes. Con este cambio, el Gobierno no solo desatiende una emergencia ambiental, sino que blanquea su inacción frente a una contaminación comprobada.

La decisión fue adoptada a pesar del rechazo técnico, académico y social expresado durante el proceso de consulta pública por universidades estatales, entidades especializadas como ARESEP y la Defensoría de los Habitantes, así como por organizaciones ecologistas, colectivos comunitarios y diputaciones (ver listado de sectores opuestos)

El Frente Ecocipreses calificó la reforma como “una erosión grave del derecho al agua consagrado en la Constitución Política y una regresión en materia ambiental. La firma y publicación de este decreto desprotege la salud pública y deja en la impunidad la contaminación del agua con agroquímicos que sufre el país”.

Por su parte, el Bloque Verde denunció que “el Gobierno de Rodrigo Chaves ha decidido impulsar una norma anticientífica, insalubre y desproporcionada, que va a contramano del principio precautorio, la progresividad ambiental y el derecho a un ambiente sano. Le ha dado carta blanca a la industria de los agrotóxicos para que siga contaminando con impunidad nuestra agua”.

Ante esta peligrosa decisión, el sector ambiental convocará a CONARE, la Defensoría de los Habitantes y demás instancias críticas para analizar colectivamente las acciones legales y técnicas que permitan revertir este decreto.

Listado de sectores que se opusieron al Decreto 45019-S

1. Universidad de Costa Rica (Consejo Universitario y CICA-INISA). Emitió un pronunciamiento oficial en contra: riesgo de mayores residuos de plaguicidas. Propuso un comité técnico intersectorial y un debate amplio antes de reformar. Solicitó mantener el Valor Máximo Admisible y mejorar protocolos de análisis de riesgo y monitoreo.

2. Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Solicitó una reevaluación de la propuesta y un análisis más profundo, subrayando que los nuevos valores superaron significativamente los límites vigentes. Respaldo a las comunidades afectadas y petición de un comité técnico intersectorial con especialistas en toxicología, química ambiental y salud pública. Advirtió que los modelos de predicción conllevaban incertidumbres y podían no reflejar la complejidad real de los agroquímicos.

3. Universidad Técnica Nacional (UTN). Concluyó que la reforma presentaba riesgos significativos al sustituir el Valor Máximo Admisible por Valor de Alerta sin metodología adecuada. Exigió mantener los parámetros actuales, fortalecer el monitoreo continuo y compartir costos de evaluación de riesgo. Propuso eliminar cultivos contaminantes en un radio de 200 m y reforzar áreas de protección.

4. Universidad Nacional (UNA).Afirmó que no se pronunció debido al receso institucional de fin de año, lo cual impidió su participación clave. Destacó que el IRET-UNA había publicado investigaciones sobre riesgos significativos de plaguicidas para la salud y el ambiente en diversas regiones, aspecto omitido en la propuesta.

5. Defensoría de los Habitantes. Solicitó que el Ministerio priorizara el bienestar y la protección ambiental, garantizando transparencia y revisión de observaciones de consulta pública. Señaló que la población estaba consumiendo niveles superiores a los detectados con la orden sanitaria de 2022 e instó a reconocer efectos acumulativos.

6. ARESEP. Indicó desconocimiento previo de la reforma y advirtió un impacto tarifario por los costos de análisis de riesgo. Recordó su rol fiscalizador y exigió criterios científicos sólidos y participación proactiva de todos los actores.

7. Academia Nacional de Ciencias (ANC). Declaró que la modificación representaba un retroceso en salud pública y atentó contra el principio precautorio. Instó a suspender la aprobación y abrir procesos de discusión científica, subrayando la ausencia de plaguicidas muy peligrosos en su análisis.

8. Frente Ecológico Cipreses. Presentó una solicitud formal a la Ministra de Salud. Cuestionó fundamentos científicos, técnicos y jurídicos de la reforma. Exigió aclaraciones sobre el cambio de Valor Máximo Admisible a Valor de Alerta y monitoreo continuo.

9. Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR). Realizó una campaña de recolección de firmas (10.000). Denunció un retroceso para la salud pública y el medio ambiente.

10. Ex-presidenta del AyA, M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta. Advirtió un aumento del riesgo de cáncer por consumo de agua con plaguicidas. Señaló el incumplimiento de la Ley de Aguas (zona de protección de 200 m). Criticó la falta de aplicación de la normativa en casos previos de contaminación.

11. Otros colectivos y organizaciones. Bloque Verde, Frente Eco Cipreses, Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, Red de Mujeres Rurales, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Unidad Especial Silvestre De Protección y Rescate Animal, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, Movimiento de Resistencia y Formación, Frente Ecologista Universitario, Movimiento Ríos Vivos, Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, La Yunta Agroecológica, Buen Vivir Costa Rica.

12. Diputados de la República. Ariel Robles Barrantes, Rosaura Méndez Gamboa y Diputada Kattia Cambronero Aguiluz

Todos disponibles en

https://drive.google.com/drive/folders/1AG8gy_FS8Dm9SfMT-kE2bh59HTbxLMCY

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://herediaendigital.com

Técnica de recolección de agua de niebla mejora el acceso al agua en zonas alejadas de la ciudad

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

La falta de acceso al agua potable en comunidades alejadas de la ciudad es una problemática que genera problemas en la salud, la seguridad alimentaria y economía de la población. Una técnica de recolección del recurso hídrico mejora el acceso al agua en comunidades con presencia de neblina y es sostenible con el ambiente. Esta técnica, comunicada por la especialista Susan Vega Guillén y el Centro de Educación Ambiental de la UNED, aprovecha el viento en zonas de alta nubosidad para recolectar agua.

El fenómeno ocurre cuando el aire, compuesto por gotas muy pequeñas de agua, es llevado por el viento en forma horizontal y el agua se queda “atrapada” al chocar con una superficie, como hojas de los árboles. Una de las ventajas de esta técnica es que la presencia de lluvia no es necesaria para obtener el agua. Para facilitar el proceso, se puede construir un “atrapa nieblas” utilizando soportes, una malla sarán, una canaleta, manguera y reservorio. Con esta herramienta, el agua sería capturada por la malla sarán para su recolección.

Una gran ventaja de este medio de recolección de agua es que tiene muy poco impacto ambiental, complementa el acceso al agua en regiones remotas y libera presión sobre las fuentes convencionales de agua. La conservación del agua es una tarea colectiva y las técnicas sostenibles con el ambiente facilitan un recurso hídrico limpio y abundante para todos. Puede acceder la información de esta nota en el siguiente:

Foto: UNED