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Etiqueta: agua potable

Comunidades Orocú y Santa Juana en Chomes denuncian falta de agua potable por causa de quebradores

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Las comunidades de Orocú y Santa Juana de Chomes llevan 13 días sin agua potable y señalan a los quebradores como principales responsables de la reducción significativa del caudal de los ríos que abastecen a las comunidades de la zona.

Roxana Flores, vecina de Orocú y lideresa comunitaria, comenta “vivo en las cercanías del río Lagartos, donde todos los años se ve afectado por la extracción masiva de materiales, en este momento en nuestra comunidad debido a la deforestación que realizan las empresas extractivas y la misma minería, el pozo que abastece a las familias que habitamos estas comunidades, se llenó de sedimento y colapsó, quemó el motor de la bomba y por 13 días no hemos tenido agua potable”.

https://docs.google.com/document/d/10xnuN80MWf-ahEHCsVSWYi0sXhooBqNo/edit?usp=sharing&ouid=109961070378619247325&rtpof=true&sd=true

Solicitan declarar nulo el Plan Regulador de Limón por omitir zona clave del acuífero de Moín

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Asociación para el Desarrollo de la Ecología denuncia que el instrumento municipal permite actividades que ponen en riesgo el derecho al agua

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó a la Sala Constitucional declarar la nulidad del Plan Regulador Urbano de Limón, por omitir la inclusión de la Zona 6 del acuífero costero de Moín, una de las áreas de mayor vulnerabilidad hidrogeológica de la región. La petición fue presentada por Marco Levy Virgo como coadyuvante en el expediente 25-018602-0007-CO, e incluye un informe técnico-legal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), fechado el 4 de agosto de 2025, que respalda la denuncia.

De acuerdo con el documento, emitido por la Dirección Regional Huetar Atlántica del AyA, la exclusión de esta zona representa una seria violación a derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la salud pública y un ambiente sano. Se advierte que la actual planificación permite actividades industriales y comerciales de alto riesgo, como gasolineras, y parcelamientos incompatibles con los estándares del AyA, lo cual compromete el abastecimiento de agua y la integridad del acuífero.

El informe técnico GSP-RHC-2025-01548 destaca que la Zona 6, caracterizada por una alta vulnerabilidad según el método EPIK, presenta riesgos severos de contaminación por infiltración de bacterias, virus, nitratos y metales pesados, debido a la presencia de dolinas que conectan directamente con el acuífero. Además, alerta sobre el impacto sanitario y ambiental que implica permitir actividades en esta área sin las restricciones recomendadas por el ente rector del recurso hídrico.

La petición también señala que la omisión contraviene acuerdos vinculantes de la Junta Directiva del AyA (2007-177 y 2011-112), así como precedentes de la Sala Constitucional que obligan a las municipalidades a incorporar las recomendaciones técnicas para proteger zonas de recarga y captación de agua. A criterio de la asociación, esto constituye una violación al principio de legalidad, al deber de protección ambiental y a derechos consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política.

Entre las medidas solicitadas a la Sala se encuentran:

  • Declarar con lugar el recurso de amparo.

  • Ordenar la nulidad del Plan Regulador por no incorporar las zonas de protección establecidas por el AyA.

  • Prohibir actividades industriales de alto riesgo en la Zona 6.

  • Disponer acciones de mitigación entre instituciones como la Municipalidad de Limón, AyA, MINAE, SENARA y el Ministerio de Salud.

  • Sancionar las responsabilidades administrativas que correspondan.

Según el recurso, la exclusión de la Zona 6 contradice principios constitucionales como el preventivo, precautorio, de no regresión y de in dubio pro natura, poniendo en peligro los derechos de las generaciones actuales y futuras. La asociación expresó su confianza en que la Sala Constitucional emitirá una resolución que garantice la sostenibilidad del acuífero y el cumplimiento de las obligaciones legales de las autoridades locales.

Imagen: Semanario Universidad.

Parlamento Cívico Ambiental rechaza reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable

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Comunicado

Parlamento Cívico Ambiental expresa su rotundo rechazo a la reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable y exige su derogatoria

San José, 7 de julio de 2025

El Parlamento Cívico Ambiental, impulsada la iniciativa del Acuerdo 19-25 desde de su Comisión de Recurso Hídrico, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo a la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S, la cual permite la presencia de residuos de agroquímicos, incluyendo el agrotóxico clorotalonil, en el agua para consumo humano.

La propuesta eleva los niveles máximos permitidos de contaminantes, transformándolos en simples valores de referencia para análisis de riesgo, sin contar con una justificación técnica adecuada ni estudios científicos independientes. Esta modificación representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, salud pública y protección ambiental.

Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por su compromiso con la sostenibilidad y la protección del ambiente. Aprobar esta reforma pone en entredicho dicho prestigio, y contraviene los principios constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, así como los compromisos asumidos mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Diversos estudios indican que el país presenta altos índices de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, como el cáncer gástrico. Esta reforma afecta de forma desproporcionada a las comunidades con menos recursos, que tienen limitado acceso a fuentes de agua seguras, exacerbando así la desigualdad social.

Asimismo, preocupa que esta iniciativa responda a presiones de intereses económicos particulares, debilitando la legislación ambiental nacional y sacrificando el bienestar común. El Parlamento Cívico Ambiental considera inaceptable que se ponga en riesgo la salud de la población por favorecer a ciertos sectores empresariales.

Por todo lo anterior, este órgano hace un llamado urgente al Ministerio de Salud para que derogue la reforma y conforme una instancia técnica interinstitucional permanente que vele por la calidad del agua potable en el país. Además, se insta a promover políticas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos, en línea con estándares internacionales.

Se solicita asimismo a las y los diputados de la Asamblea Legislativa que continúen con su control político denunciando este tipo de medidas. Finalmente, se llama a la sociedad civil a que ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El acceso al agua potable limpia y segura es un derecho humano fundamental. No permitamos que se debiliten los logros alcanzados.

Demandas clave del PCA:

  • Derogatoria de la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S

  • Conforme la instancia técnica interinstitucional permanente requerida en esta materia.

  • Promoción de iniciativas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos.

  • Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.

  • Que diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa continúen con su control político denunciando este tipo de medidas.

  • Que la sociedad civil ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa de la salud pública producto del manejo adecuado patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.

Flexibilización de límites para plaguicidas en el agua potable genera preocupación ambiental

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Este material fue producido por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica y este indica que un reciente análisis alerta sobre una modificación normativa que elimina los límites fijos de plaguicidas en el agua potable en Costa Rica. A través de un lenguaje técnico y regulatorio, el cambio introduce una nueva forma de gestión “caso por caso” que, según el Observatorio, reduce los estándares de protección de la salud pública y beneficia intereses agroindustriales.

El artículo señala que esta transformación regulatoria se enmarca en una lógica de regresión ambiental, donde se desmantelan conquistas históricas en materia de derecho al agua y protección del bien común. La flexibilización de los controles ocurre en un país donde ya existen casos documentados de contaminación de fuentes de agua por agroquímicos, lo que afecta de forma directa a comunidades rurales y periurbanas.

Además, se cuestiona la falta de participación pública y transparencia en el proceso de modificación del reglamento. El Observatorio advierte que la lógica técnica utilizada para justificar la medida encubre una decisión política que responde a sectores económicos con influencia institucional, debilitando la capacidad del Estado de garantizar el acceso seguro al agua como derecho humano.

Lea la nota completa aquí: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-el-agua-deja-de-ser-derecho-regresion-ambiental-y-captura-del-bien-comun/

Imagen: Semanario Universidad.

Foro en vivo: Luchas por el derecho al agua en Hatillo

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SURCOS y la Alianza por una Vida Digna invitan al foro en vivo:
“Luchas por el derecho al agua: conflictividad y resistencia por racionamientos en Hatillo”, que se realizará el lunes 07 de julio a las 6:00 pm, por transmisión en Facebook Live de SURCOS DIGITAL.

Este espacio busca visibilizar las problemáticas sociales relacionadas con el acceso al agua en comunidades del sur de San José, así como las formas de organización comunitaria que han surgido como respuesta ante los constantes racionamientos en Hatillo.

Participan en el foro:

  • Andrés Romero, estudiante de Licenciatura en Geografía, UCR.

  • Ariana Sánchez, cofundadora del Movimiento del Sur por el Agua.

  • Edith García, fundadora del Movimiento del Sur por el Agua.

La actividad es organizada por la Alianza por una Vida Digna y forma parte de los esfuerzos por fortalecer la participación ciudadana en la defensa del derecho humano al agua.

Fecha: Lunes 7 de julio
Hora: 6:00 p.m.
Transmisión en vivo por: Facebook Live de SURCOS DIGITAL

Gobierno de Rodrigo Chaves legaliza contaminación con plaguicidas en el agua de consumo humano

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El medio oficial La Gaceta publicó este martes 24 de junio la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, que permite elevar los límites de contaminación por plaguicidas en el agua que consume la población costarricense. Esta modificación, impulsada por la ministra de Salud, Mary Munive, representa una grave regresión en la protección del recurso hídrico, en especial en regiones como la Zona Norte de Cartago.

En lugar de cumplir con su deber de proteger la salud pública, el Ministerio de Salud optó por legalizar concentraciones de sustancias peligrosas —como los metabolitos del clorotalonil— muy por encima de lo permitido por el reglamento vigente hasta el día de ayer. Esta decisión expone a la población a compuestos tóxicos que hasta ahora no se contabilizaban formalmente en el agua potable.

La reforma establece niveles “legales” para metabolitos del clorotalonil, un plaguicida prohibido en 2023 por ser cancerígeno, al igual que sus degradados. Estos residuos se habían detectado en 69 fuentes de agua en la Zona Norte de Cartago, superando los límites del reglamento vigente hasta el lunes. Con este cambio, el Gobierno no solo desatiende una emergencia ambiental, sino que blanquea su inacción frente a una contaminación comprobada.

La decisión fue adoptada a pesar del rechazo técnico, académico y social expresado durante el proceso de consulta pública por universidades estatales, entidades especializadas como ARESEP y la Defensoría de los Habitantes, así como por organizaciones ecologistas, colectivos comunitarios y diputaciones (ver listado de sectores opuestos)

El Frente Ecocipreses calificó la reforma como “una erosión grave del derecho al agua consagrado en la Constitución Política y una regresión en materia ambiental. La firma y publicación de este decreto desprotege la salud pública y deja en la impunidad la contaminación del agua con agroquímicos que sufre el país”.

Por su parte, el Bloque Verde denunció que “el Gobierno de Rodrigo Chaves ha decidido impulsar una norma anticientífica, insalubre y desproporcionada, que va a contramano del principio precautorio, la progresividad ambiental y el derecho a un ambiente sano. Le ha dado carta blanca a la industria de los agrotóxicos para que siga contaminando con impunidad nuestra agua”.

Ante esta peligrosa decisión, el sector ambiental convocará a CONARE, la Defensoría de los Habitantes y demás instancias críticas para analizar colectivamente las acciones legales y técnicas que permitan revertir este decreto.

Listado de sectores que se opusieron al Decreto 45019-S

1. Universidad de Costa Rica (Consejo Universitario y CICA-INISA). Emitió un pronunciamiento oficial en contra: riesgo de mayores residuos de plaguicidas. Propuso un comité técnico intersectorial y un debate amplio antes de reformar. Solicitó mantener el Valor Máximo Admisible y mejorar protocolos de análisis de riesgo y monitoreo.

2. Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Solicitó una reevaluación de la propuesta y un análisis más profundo, subrayando que los nuevos valores superaron significativamente los límites vigentes. Respaldo a las comunidades afectadas y petición de un comité técnico intersectorial con especialistas en toxicología, química ambiental y salud pública. Advirtió que los modelos de predicción conllevaban incertidumbres y podían no reflejar la complejidad real de los agroquímicos.

3. Universidad Técnica Nacional (UTN). Concluyó que la reforma presentaba riesgos significativos al sustituir el Valor Máximo Admisible por Valor de Alerta sin metodología adecuada. Exigió mantener los parámetros actuales, fortalecer el monitoreo continuo y compartir costos de evaluación de riesgo. Propuso eliminar cultivos contaminantes en un radio de 200 m y reforzar áreas de protección.

4. Universidad Nacional (UNA).Afirmó que no se pronunció debido al receso institucional de fin de año, lo cual impidió su participación clave. Destacó que el IRET-UNA había publicado investigaciones sobre riesgos significativos de plaguicidas para la salud y el ambiente en diversas regiones, aspecto omitido en la propuesta.

5. Defensoría de los Habitantes. Solicitó que el Ministerio priorizara el bienestar y la protección ambiental, garantizando transparencia y revisión de observaciones de consulta pública. Señaló que la población estaba consumiendo niveles superiores a los detectados con la orden sanitaria de 2022 e instó a reconocer efectos acumulativos.

6. ARESEP. Indicó desconocimiento previo de la reforma y advirtió un impacto tarifario por los costos de análisis de riesgo. Recordó su rol fiscalizador y exigió criterios científicos sólidos y participación proactiva de todos los actores.

7. Academia Nacional de Ciencias (ANC). Declaró que la modificación representaba un retroceso en salud pública y atentó contra el principio precautorio. Instó a suspender la aprobación y abrir procesos de discusión científica, subrayando la ausencia de plaguicidas muy peligrosos en su análisis.

8. Frente Ecológico Cipreses. Presentó una solicitud formal a la Ministra de Salud. Cuestionó fundamentos científicos, técnicos y jurídicos de la reforma. Exigió aclaraciones sobre el cambio de Valor Máximo Admisible a Valor de Alerta y monitoreo continuo.

9. Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR). Realizó una campaña de recolección de firmas (10.000). Denunció un retroceso para la salud pública y el medio ambiente.

10. Ex-presidenta del AyA, M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta. Advirtió un aumento del riesgo de cáncer por consumo de agua con plaguicidas. Señaló el incumplimiento de la Ley de Aguas (zona de protección de 200 m). Criticó la falta de aplicación de la normativa en casos previos de contaminación.

11. Otros colectivos y organizaciones. Bloque Verde, Frente Eco Cipreses, Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, Red de Mujeres Rurales, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Unidad Especial Silvestre De Protección y Rescate Animal, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, Movimiento de Resistencia y Formación, Frente Ecologista Universitario, Movimiento Ríos Vivos, Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, La Yunta Agroecológica, Buen Vivir Costa Rica.

12. Diputados de la República. Ariel Robles Barrantes, Rosaura Méndez Gamboa y Diputada Kattia Cambronero Aguiluz

Todos disponibles en

https://drive.google.com/drive/folders/1AG8gy_FS8Dm9SfMT-kE2bh59HTbxLMCY

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://herediaendigital.com

Técnica de recolección de agua de niebla mejora el acceso al agua en zonas alejadas de la ciudad

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La falta de acceso al agua potable en comunidades alejadas de la ciudad es una problemática que genera problemas en la salud, la seguridad alimentaria y economía de la población. Una técnica de recolección del recurso hídrico mejora el acceso al agua en comunidades con presencia de neblina y es sostenible con el ambiente. Esta técnica, comunicada por la especialista Susan Vega Guillén y el Centro de Educación Ambiental de la UNED, aprovecha el viento en zonas de alta nubosidad para recolectar agua.

El fenómeno ocurre cuando el aire, compuesto por gotas muy pequeñas de agua, es llevado por el viento en forma horizontal y el agua se queda “atrapada” al chocar con una superficie, como hojas de los árboles. Una de las ventajas de esta técnica es que la presencia de lluvia no es necesaria para obtener el agua. Para facilitar el proceso, se puede construir un “atrapa nieblas” utilizando soportes, una malla sarán, una canaleta, manguera y reservorio. Con esta herramienta, el agua sería capturada por la malla sarán para su recolección.

Una gran ventaja de este medio de recolección de agua es que tiene muy poco impacto ambiental, complementa el acceso al agua en regiones remotas y libera presión sobre las fuentes convencionales de agua. La conservación del agua es una tarea colectiva y las técnicas sostenibles con el ambiente facilitan un recurso hídrico limpio y abundante para todos. Puede acceder la información de esta nota en el siguiente:

Foto: UNED

Tribunal acoge medida cautelar y ordena restablecer abastecimiento de agua potable en comunidades de Oreamuno ante contaminación con clorotalonil

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El Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José acogió parcialmente una medida cautelar provisionalísima solicitada por el abogado ambiental Álvaro Sagot Rodríguez y el ecologista Fabián Pacheco Rodríguez, en defensa del derecho humano al agua potable, la salud y la vida de poblaciones afectadas por la contaminación con metabolitos de clorotalonil en el cantón de Oreamuno, Cartago.

La acción legal, presentada contra el Estado costarricense y el Ministerio de Salud, cuestiona la resolución MS-DM-2187-2025, mediante la cual la ministra de Salud autorizó la suspensión de forma unilateral y arbitraria el Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo N.º 38924-S), permitiendo niveles más altos de contaminación sin una reforma reglamentaria debidamente oficializada.

En su resolución de este 18 de junio, el Tribunal ordenó al Estado y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que restablezcan el abastecimiento de agua potable por medio de camiones cisterna a las comunidades abastecidas por las ASADAS de Santa Rosa, San Pablo y Cipreses, todas ubicadas en Oreamuno de Cartago.

Es importante señalar que estas comunidades no son las únicas que están consumiendo agua con niveles por encima de los límites establecidos en el reglamento. En todos los muestreos realizados por el Estado, las fuentes de agua que abastecen a toda la zona norte de Cartago incumplen la normativa de calidad del agua potable. Ante esta emergencia ambiental, el Ministerio de Salud optó, de forma transitoria, por aplicar valores máximos permisibles más altos para los metabolitos del pesticida clorotalonil, a pesar de su reconocida toxicidad, incumpliendo así el reglamento vigente.

“Se acoge parcialmente la medida cautelar bajo la modalidad provisionalísima, considerando el bien jurídico salud y vida, además de la importancia del abastecimiento de agua potable en las comunidades (…) toda vez que se configura el presupuesto de extrema urgencia conforme el artículo 25 del Código Procesal Contencioso Administrativo”, resolvió la jueza Ana Katarina Apú Hidalgo.

Los demandantes alegaron que la resolución ministerial vulnera principios fundamentales del derecho público y ambiental, como el principio de legalidad, el derecho a un ambiente sano, y especialmente el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, al permitir —sin sustento legal ni procedimiento reglamentario— que se apliquen “valores máximos admisibles ajustados” para los metabolitos del agroquímico clorotalonil.

A su vez, la medida judicial responde a la revocación previa de tres órdenes sanitarias que desde octubre de 2024 obligaban al abastecimiento de agua potable segura en estas comunidades. Según el recurso presentado, levantar tales órdenes sin garantizar agua apta para el consumo humano expone a la población a daños irreparables en su salud y vida.

Los ecologistas solicitaron que, además de la medida provisional, se declare nulo el acto administrativo MS-DM-2187-2025 por ser una conducta abiertamente ilegal e inconstitucional, y se restituya la vigencia plena del Reglamento de Calidad del Agua Potable hasta que exista una reforma debidamente emitida por el Poder Ejecutivo.

La acción legal invoca también el principio in dubio pro aqua, que ordena priorizar siempre la protección de los recursos hídricos en contextos de incertidumbre, así como jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo, que respaldan el derecho al agua segura como condición esencial para una vida digna.

“Esta es una victoria parcial, pero urgente. La vida y la salud de cientos de personas no pueden quedar al arbitrio de una interpretación administrativa que relativiza el derecho humano al agua”, señalaron los demandantes.

“El acto es absolutamente nulo por violar el principio de inderogabilidad singular del reglamento, al pretender modificar de facto una norma vigente sin pasar por el debido proceso del Poder Ejecutivo. Es un claro abuso de poder y una transgresión de derechos fundamentales”, declaró el abogado ambientalista Álvaro Sagot.

“Este caso demuestra cómo se sacrifican los derechos humanos y ambientales bajo argumentos administrativos e irregulares. Lo que está en juego es la vida y salud de cientos de personas que están recibiendo agua contaminada”, sostuvo Fabián Pacheco.

El proceso continuará en sede judicial mientras se analiza el fondo del asunto. Mientras tanto, se espera que las autoridades cumplan de inmediato la orden del Tribunal, garantizando el suministro seguro de agua potable a las comunidades afectadas.

Recurso interpuesto: https://drive.google.com/file/d/1n3m-Mh2Jbwx1ZjypggW8tPWHawiBocoP/view?usp=drive_link

Resolución cautelar: https://drive.google.com/file/d/1czVp16yUUDDQXvu6HnCzhL2K5wnpYf5q/view?usp=drive_link

Video Álvaro Sagot: https://drive.google.com/file/d/1tTRARi2_lr67wtEl4haOfcuFtEJ6e75e/view?usp=drive_link

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Privilegios de ayer siguen intactos, Chaves no se come la bronca

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Asociación Confraternidad Guanacasteca
Comunicado al pueblo de Costa Rica

Hace años venimos denunciando los privilegios de la camarilla de azucareros en Costa Rica: LAICA (Liga Agrícola Industrial de Costa Rica), entre cuyas figuras principales están la familia Arias Sánchez y Álvaro Jenkins, ex presidente de UCCAEP.

Ahora denunciamos ante la opinión pública, la opacidad con que se maneja su puerto en Punta Morales, a través del cual se importan y exportan miles de toneladas de carga a granel y liquida, desde y hacia puertos en todo el mundo. Esto sería normal si allí hubiese los controles de aduanas, migración, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Seguridad que tal operación exige. Pero no.

En Costa Rica, el puerto de LAICA carece de tales controles, y el gobierno de Rodrigo Chaves ha mantenido esta situación.

Así lo confirmó el Ministerio de Seguridad Pública luego de que una sentencia de la Sala Constitucional los obligó a responder nuestras preguntas.

Pasados más de 3 años de este gobierno, nadie en el Ministerio de Seguridad sabe nada de ese puerto. Ahora prometieron ir a conocerlo pronto.

Pertenecen a LAICA los mismos que usan el 50% del agua de Guanacaste pagando solo 20 centavos de colón por cada m3 que consumen. Los que hacen quemas de 30.000 hectáreas de caña sin que se les pidan estudios de impacto ambiental. Los que usan aviones y demás medios para fumigarnos con agroquímicos. Los que tienen contaminados nuestros ríos.

Los que nos venden el azúcar muy por encima del precio internacional, ganando un 300% sobre su precio de exportación.

Los que destilan alcohol y quieren quedarse con FANAL.

La poderosa cúpula azucarera de LAICA tiene dos ministros en su Junta Directiva. Uno de ellos, Víctor Carvajal del MAG, confiesa no saber nada de nada sobre este puerto. Tampoco de otras cosas.

No somos diabéticos. Nos gusta el azúcar. Pero no nos gustan los abusos.

No nos gusta LAICA. Por sus privilegios. Legalizados o no.

Abusan. No cumplen leyes como debe ser. Generan daño social y ambiental.

¡Hay que terminar con los privilegios! El agua es vida. Agua potable, prioridad constitucional.

Gadi Amit. Correo: confraternidad_gte@yahoo.com En los enlaces están los documentos de referencia.

La Universidad Técnica Nacional (UTN) se suma al rechazo a la reforma al reglamento de agua potable

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  • Reafirma su compromiso con la defensa del recurso hídrico y la salud pública.

  •  Insta a la revisión exhaustiva de los alcances del decreto antes de su eventual aprobación.

  • Propone acción inmediata para eliminar fuentes contaminantes.

La UTN se suma al conjunto de instituciones académicas, técnicas y sociales que cuestionan la reforma del Decreto Ejecutivo No. 38924-S, “Reglamento para la Calidad del Agua Potable”. Esta universidad basa su criterio en el análisis realizado por la carrera de Ingeniería en Manejo de Recursos Hídricos (IMRH), concluyendo que la modificación del reglamento presenta “riesgos significativos en cuanto a la flexibilización de los estándares de calidad del agua potable”.

Específicamente, aseguran que con la sustitución del término “Valor Máximo Admisible (VMA)” por “Valor de Alerta (VA)”, se podría “comprometer la salud pública y la protección ambiental, especialmente debido a la falta de datos técnicos y metodologías de evaluación de riesgos adecuadas que respalden el ajuste propuesto”.

Ante esta situación, la UTN considera fundamental “mantener los parámetros actuales de calidad del agua potable, implementar metodologías de evaluación de riesgos basadas en análisis rigurosos, fortalecer el monitoreo continuo de las fuentes de agua y garantizar su protección mediante controles más estrictos. Asimismo, se enfatiza la importancia de asignar responsabilidades claras sobre la evaluación de riesgos para evitar que los costos recaigan sobre los usuarios del servicio”.

Esta última preocupación sobre los costos de estas evaluaciones también fue advertida por la ARESEP, que señaló que las modificaciones al reglamento “impactarían las tarifas al incluir nuevos costos”.

El criterio experto del IMRH de la UTN considera que, al flexibilizar parámetros que protegen la salud pública, “se tendría como consecuencia una mayor contaminación en fuentes de agua y un posible aumento de enfermedades relacionadas con la falta de agua potable de calidad, además de una repercusión económica por la atención de pacientes y acciones de protección de los recursos naturales del país”.

Además, considera que no se cuentan con datos, registros y metodologías de evaluación del riesgo que permitan presentar una propuesta robusta para la modificación de dicho decreto.

Con ánimo propositivo, plantea soluciones como: mantener el “Valor Máximo Admisible”, implementar metodologías de evaluación de riesgos más integrales, fortalecer el monitoreo continuo y que la responsabilidad sobre los costos de las evaluaciones de riesgos sea compartida.

También propone como acción inmediata para eliminar fuentes contaminantes el cumplimiento de la legislación vigente, que establece que se deben eliminar los cultivos que contaminan las fuentes y que, además, se debe respetar un radio de 200 metros alrededor de la fuente, ya que considera que “la aplicación de la legislación incrementa el riesgo de exposición a químicos peligrosos”.

Finalmente, enlista otra serie de medidas de carácter inmediato que se consideran necesarias para reforzar:

  • Resguardo de las áreas de protección de fuentes de agua.

  • Fortalecimiento de programas de capacitación y concientización de los productores.

  • Elaboración de estudios hidrogeológicos.

  • Destinar recursos económicos para que las ASADAS puedan mejorar su funcionamiento.

  • Fortalecimiento de los programas de vigilancia y monitoreo continuo.

  • Realización de un mayor monitoreo y fiscalización del uso de plaguicidas.

  • Incluir programas de capacitación y actualización continua para profesionales.

  • Buscar propuestas con nuevas tecnologías que faciliten un monitoreo más preciso.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen ilustrativa.